El Gobierno impulsa una jornada laboral de 37,5 horas semanales con una nueva ley que refuerza derechos laborales y salud en el trabajo
Un nuevo paso hacia la reducción de la jornada laboral
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley para reducir la jornada laboral máxima semanal, que pasará de las actuales 40 horas a 37,5 horas en cómputo anual. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, representa un avance significativo dentro de la agenda social del Gobierno.
El proceso legislativo
El texto ha sido trasladado al Congreso de los Diputados, donde comenzará su tramitación parlamentaria. Cuenta con el aval del Consejo Económico y Social (CES), que ha contribuido con recomendaciones y observaciones incorporadas al articulado final. Este consenso institucional refuerza la legitimidad de una norma que busca adaptar la regulación del tiempo de trabajo a las realidades actuales del tejido productivo y de los modelos laborales emergentes.
Impacto en sectores desprotegidos y ajuste a la evolución económica
La propuesta legislativa tiene especial relevancia para personas trabajadoras cuyos contratos no se encuentran protegidos por convenios colectivos, como es el caso de camareros (con una media de 39,4 horas semanales), dependientas, cajeras, trabajadoras del campo o personal cuidador, cuyos horarios reales exceden el marco legal vigente. Además, la medida refleja la evolución tecnológica y económica del país, que permite redistribuir tiempo de trabajo a favor de la vida personal sin comprometer la productividad.
Beneficios en seguridad, salud laboral y productividad
Uno de los fundamentos centrales del anteproyecto es su potencial para mejorar la salud física y mental de las personas trabajadoras. Jornadas prolongadas están asociadas a un incremento en el estrés, la fatiga y los accidentes laborales. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2016 las jornadas excesivas contribuyeron a 745.000 muertes a nivel global por accidentes cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas, lo que supone un 29% más que en el año 2000.
Reducir la jornada semanal es una medida preventiva orientada a proteger la integridad de las personas en su entorno profesional, al tiempo que puede incrementar la eficiencia y reducir el absentismo.
Garantía del registro de jornada y derecho a la desconexión
Otro pilar esencial del texto es la mejora del registro horario, que deberá ser fiable e interoperable, facilitando así el control del cumplimiento de los tiempos de trabajo y asegurando el descanso efectivo. Esta herramienta es clave para eliminar la práctica de las horas extraordinarias no registradas, que vulneran derechos laborales.
Asimismo, se refuerza el derecho a la desconexión digital, garantizando que las personas trabajadoras no se vean obligadas a prestar servicios fuera del horario acordado. Se protege así su descanso, su vida privada y su intimidad, alineándose con el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En resumen
La aprobación del Anteproyecto de Ley para reducir la jornada ordinaria de trabajo a 37,5 horas semanales representa una reforma laboral estructural con efectos tangibles sobre la salud, los derechos y el bienestar de millones de personas. Refuerza la equidad para quienes carecen de la cobertura de convenios colectivos y adapta el marco normativo a las transformaciones tecnológicas y económicas actuales. Además, apuesta por una mayor protección frente al estrés y la sobrecarga laboral, en consonancia con los principios del trabajo decente promovidos por la OIT.
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