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El Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma destinan 11,5 millones de euros para ayudas al tejido empresarial de Ciutat

Ayer martes 8 de Junio tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre el Govern balear, el Ayuntamiento de Palma y el Consell Insular de Mallorca que permitirá conceder 11,5 millones de euros en ayudas económicas directas a los sectores económicos del municipio para contribuir a paliar las consecuencias de las restricciones motivadas por la pandemia.

El convenio firmado es parte del conjunto de medidas de acompañamiento para hacer frente a los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria que se aprobaron en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto para la Reactivación de las Illes Balears. Este paquete de medidas incluye la creación de un fondo de ayudas de 30 millones de euros para los sectores más afectados financiado conjuntamente entre el Govern, los ayuntamientos y los consejos insulares.

Ayudas

En total, se destinarán 11.503.644 euros a ayudas que beneficiarán al tejido empresarial de Palma y que están financiados a partes iguales por el Ayuntamiento, el Consell y el Govern. Cada institución aporta 3.834.548 euros.

Los 11,5 millones de euros se dividirán en hasta cinco convocatorias diferentes.

La primera de las convocatorias será de 7,8 millones de euros y se destinará a los sectores económicos afectados por la crisis de la COVID-19 para paliar su situación económica y garantizar su sostenimiento. La convocatoria la gestionará de forma directa el Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca Turisme. Una vez publicadas las bases Boletín Oficial de las Illes Balears, la solicitud es hará totalmente en línea desde la plataforma www.ajutsmallorca.com.

Se concederán ayudas directas a personas físicas y jurídicas que desarrollan su actividad económica en el municipio de Palma con menos de 20 trabajadores de media anual computando los diferentes centros de trabajo y con una facturación el 2019 inferior a un millón de euros, siempre que esta facturación haya disminuido durante el 2020 en una cantidad superior a un 20%. En el caso de hoteles y otros alojamientos, podrán solicitar la ayuda las empresas que tengan una plantilla máxima de 50 trabajadores.

La ayuda será de 2.000 euros por centro de trabajo o establecimiento, con un máximo de dos establecimientos por beneficiario (máximo: 4.000 euros). Además, se trata de ayudas compatibles con la percepción de cualquier otra subvención procedente de cualquier entidad del sector público o privado. En cuanto a los sectores beneficiarios, podrán solicitarlas los siguientes sectores:

  • comercio,
  • alimentación,
  • alojamiento,
  • agencias de viajes,
  • educación e investigación;
  • lavanderías,
  • tintorerías,
  • peluquerías y salones de belleza;
  • parques de recreo,
  • ferias
  • organización de congresos
  • recintos feriales.

Las cuatro convocatorias restantes las gestionará el Ayuntamiento. Las ayudas económicas se destinarán a los comercios, autónomos y sector de la restauración, que gestionará PalmaActiva (2,6 millones de euros); Cultura (600.000 euros), Participación (210.000 euros) y taxis (840.000 euros). Los 3,8 millones de euros municipales se complementarán con 400.000 euros del presupuesto propio. Por lo tanto, el Ayuntamiento otorgará ayudas por un importe de 4,2 millones.

Palma será uno de los 22 ayuntamientos de Mallorca para los cuales el Consell gestionará a través de ajutsmallorca.com las ayudas provenientes del fondo mixto de Consell, Govern y ayuntamientos. Otros 28 ayuntamientos convocan y tramitan las ayudas directamente.

Puedes descargar a través de los siguientes enlaces la nota informativa de prensa de la Presidencia del Govern balear, en formato pdf, tanto en catalán como en castellano.

En 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 te ayudamos en la tramitación de las ayudas a que da derecho este convenio si eres destinatario. Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮 (971728010) o 𝗖𝗮𝗹𝘃𝗶𝗮 (971132359) o a través del correo electrónico 𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆@𝗺𝗼𝘆𝗮𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆.𝗰𝗼𝗺


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Nicolás Emery sobre las bases de la convocatoria de ayudas directas a la solvencia empresarial en Baleares

El pasado 29 de mayo se publicaron en el BOIB tras su aprobacion por por parte del Govern balear las bases de la convocatoria para las Islas Baleares de las 𝐀𝐘𝐔𝐃𝐀𝐒 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐀𝐒 𝐘 𝐀 𝐅𝐎𝐍𝐃𝐎 𝐏𝐄𝐑𝐃𝐈𝐃𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄𝐒𝐀𝐒 𝐘 𝐀𝐔𝐓Ó𝐍𝐎𝐌𝐎𝐒 que el Estado, a través del Real Decreto-Ley 5/2021, puso a disposición de los afectados por el coronavirus y que ascienden a 855 millones de Euros disponibles para su solicitud. El abogado y economista de 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 Nicolás Emery dedicó el consultorio jurídico de Radio Calvia FM de esta semana a tratar estas ayudas y los siguientes aspectos:

  • Beneficiarios o destinatarios de las ayudas
  • Período subvencionable y cronología del proceso
  • Requisitos generales para acceder a las ayudas
  • Obligaciones que comportan las ayudas para los perceptores
  • Casos especiales
  • Gastos a que se pueden dedicar las ayudas recibidas
  • Cómo deben pedirse las ayudas
  • Explicación del proceso de tramitación
  • Justificación de las ayudas
  • Tabla de CNAEs incorporados por el RD-L 5/2021 y por la CAIB

Si has sufrido una minoración de tu facturación que alcance un 30% o más en 2020 con respecto al año anterior, puedes recibir tu ayuda y, si te queda alguna duda, no te preocupes, en 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 te ayudamos en la tramitación de las ayudas que puedan pertenecerte. Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮 (971728010) o 𝗖𝗮𝗹𝘃𝗶𝗮 (971132359) o a través del correo electrónico 𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆@𝗺𝗼𝘆𝗮𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆.𝗰𝗼𝗺


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¡Ya están aquí las ayudas para empresas y autónomos en las Islas Baleares y puedes recibir hasta 500.000 € a fondo perdido!

¡Ya están aquí las ayudas para empresas y autónomos en las Islas Baleares y puedes recibir hasta 500.000 € a fondo perdido! El Estado ha dispuesto una importante partida de fondos y las Comunidades Autónomas son las encargadas de hacerlos llegar a empresas y trabajadores.

Si has sufrido una minoración de tu facturación que alcance un 30% o más en 2020 con respecto al año anterior, puedes recibir tu ayuda.

¿Tienes dudas? No te preocupes, en Moya & Emery te ayudamos en la tramitación de todas las ayudas que te pertenecen y lo hacemos todo por ti.

¿Quieres saber más de las ayudas? Mira este vídeo del socio y gerente de Moya & Emery, Nicolás Emery, explicando la norma balear que pone en marcha estas ayudas, sus destinatarios, las condiciones de su concesión, los plazos para solicitarlas.

Y no dudes en ponerte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma – 971728010 – o Calvià – 971132359 – o a través del correo electrónico emery@moyaemery.com


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Marga de Matos sobre el registro salarial en Ràdio Calvià FM

Desde el pasado día 14 de abril existe la obligación para las empresas de una correcta llevanza del REGISTRO SALARIAL, creado con el fin de acabar con la brecha salarial discriminatoria entre hombres y mujeres.

  • ¿En qué consiste el registro salarial?
  • ¿Cuál es el objetivo de instaurar este registro salarial? ¿A partir de cuándo es obligatorio tener dicho registro?
  • ¿Quiénes están obligados a cumplimentarlo?
  • ¿Con qué periodicidad se debe elaborar este registro salarial?
  • ¿Qué colectivos de trabajadores se verán afectados por este registro salarial?
  • ¿Cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo ese registro salarial o no justificar las diferencias detectadas en él?
  • ¿Qué elementos debe contener el registro salarial?

Escucha la entrevista a la abogada especialista en Derecho laboral, Marga de Matos y encuentra respuesta a todas las preguntas acerca del nuevo registro salarial. Y si todavía te queda alguna, llámanos y concierta una cita con Moya & Emery.


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Gobierno y agentes sociales alcanzan un principio de acuerdo para extender la protección de los ERTE hasta el 30 de septiembre

• El preacuerdo permite mantener mecanismos especiales de protección de las personas trabajadoras y de las empresas

• Es el quinto consenso que se alcanzan Gobierno y agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia

• En los ERTE para sectores ultraprotegidos se incentiva la reactivación con mayores exoneraciones para los trabajadores activados que para los suspendidos

La Vicepresidencia tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han alcanzado un principio de acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre de 2021, con el objeto de extender esta medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la pandemia.

El preacuerdo permite prorrogar la aplicación de las medidas de flexibilidad que se han adoptado desde el comienzo de la crisis sanitaria y en los términos previstos en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, y las medidas extraordinarias en materia de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas. También prorroga las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo y, por último, prorroga todas aquellas medidas complementarias de protección necesarias para garantizar la estabilidad en el empleo, evitando despidos
y destrucción de puestos de trabajo.


Mantendrán su vigencia las medidas extraordinarias recogidas en el Real
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, relativas a las medidas
extraordinarias de protección del empleo relacionadas con extinciones y
despidos, la interrupción del cómputo de los contratos temporales, la
salvaguarda de empleo, así como los límites relacionados con el reparto
de dividendos y transparencia fiscal y el uso de horas extraordinarias y
nuevas externalizaciones.


Sectores ultraprotegidos

Estos sectores, indicados en la lista de códigos CNAE adjunta y su cadena
de valor, tendrán exoneraciones diferentes en los casos de trabajadores
en suspensión de empleo frente a los que se activen en un contexto de
mayor recuperación que en meses anteriores. Con el objetivo de incentivar
la activación de empleo, en esta ocasión se incluyen unas exoneraciones
mayores para los casos de los trabajadores que se reincorporen a la
actividad: del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del
85% para las que tienen 50 o más en los meses de junio, julio, agosto y
septiembre.


Cuando mantengan a los trabajadores suspendidos, habrá una
exoneración del 85% en junio, julio y agosto y del 70% en septiembre si la
empresa tiene menos de 50 trabajadoras. En el caso de contar con 50
trabajadores o más, las exoneraciones serán del 75% en junio, julio y
agosto y del 60% en septiembre.


En esta lista se incluyen tres nuevos sectores (1419 –Confección de otras
prendas de vestir y accesorios –, 4637 –Comercio al por mayor de café, té,
cacao y especias– y 7420 –Actividades de fotografía–). Y salen cinco (1811
–Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas–, 2670 –
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico–, 4741 –
Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas
informáticos en establecimientos especializados–, 5122 –Transporte
espacial– y 7734 – Alquiler de medios de navegación–).

Se han incluido en este listado aquellas empresas cuya CNAE entre finales
de abril de 2020 y finales de mayo han recuperado la actividad en
porcentaje inferior al 75% y tengan un porcentaje de afiliados cubiertos por
los ERTE igual o superior al 15%.


Limitación e impedimento


Por su parte, los ERTE por limitación de su actividad se verán prorrogados
con un nuevo esquema de exoneraciones: si la empresa tiene menos de
50 trabajadores, será del 85% en junio y julio, y del 75% en agosto y
septiembre. Si la empresa tiene 50 trabajadores o más, la exención será
del 75% en junio y julio y del 65% en agosto y septiembre.


Por su parte, las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad
en los próximos cuatro meses en alguno de sus centros de trabajo como
consecuencia de las restricciones administrativas para luchar contra la
pandemia podrán solicitar un “ERTE de impedimento”. Estas empresas
tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante
el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre 2021, que será del 100%
de la aportación empresarial durante el periodo de cierre si tienen menos
de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.


Actualmente hay alrededor de 558.000 trabajadores en situación de ERTE.
Del total, unos 137.000 se encuentran en ERTE por limitación y cerca de
16.300, por impedimento. Del resto, poco más 233.000, se encuadran
entre los sectores ultraprotegidos o vinculados a ellos.

Garantías de los ERTE

El sistema de ERTE vigente a partir del 1 de junio mantiene las
características de flexibilidad del modelo anterior y se ajusta al ciclo de
actividad del tejido productivo acorde con la evolución de la pandemia. Las
condiciones de cierta incertidumbre y el restablecimiento de la actividad
empresarial, en estos momentos asimétrica y sectorizada, exige mantener
las medidas excepcionales previstas en las diferentes normas adoptadas

desde el comienzo de la crisis sanitaria, todo ello sin perjuicio de la
previsible y paulatina normalización de la situación sanitaria.
La norma dispone, para el colectivo de fijos discontinuos y aquellas
personas que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas
ciertas, la obligación de que las empresas procedan a su incorporación
efectiva durante los períodos teóricos de llamamiento de las personas
trabajadoras. En caso de que no puedan desarrollar su actividad en el
periodo de llamamiento, se dispone su afectación por los expedientes de
regulación temporal de empleo vigentes a fecha de entrada en vigor de
esta norma o autorizados con posterioridad.


El denominado contador a cero continuará vigente en los términos del
artículo 8.7 del RDL 30/ 2020 de 29 de septiembre.


Los profesionales de las artes en espectáculos públicos que tuvieran derecho al acceso extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo, en los términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, podrán continuar percibiéndolas hasta el 30 de septiembre de 2021.


Esta prestación será incompatible con la realización de actividades por cuenta propia o por cuenta ajena, o con la percepción de cualquier otra prestación, renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.


Anexo
Códigos de la Clasificación Nacional de Actividades. Económicas –CNAE-09– de empresas ultraprotegidas


710 Extracción de minerales de hierro

1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas

1820 Reproducción de soportes grabados

2051 Fabricación de explosivos

2441 Producción de metales preciosos

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares

3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares

3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial

4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles

4634 Comercio al por mayor de bebidas

4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias

4932 Transporte por taxi

4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5010 Transporte marítimo de pasajeros (2)

5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores (2)

5110 Transporte aéreo de pasajeros

5223 Actividades anexas al transporte aéreo

5510 Hoteles y alojamientos similares

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia

5530 Campings y aparcamientos para caravanas

5590 Otros alojamientos 5610 Restaurantes y puestos de comidas

5630 Establecimientos de bebidas

5813 Edición de periódicos

5914 Actividades de exhibición cinematográfica

7420 Actividades de fotografía

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros

7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos

7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico

7735 Alquiler de medios de transporte aéreo

7911 Actividades de las agencias de viajes

7912 Actividades de los operadores turísticos

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina

8230 Organización de convenciones y ferias de muestras

9001 Artes escénicas

9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas

9004 Gestión de salas de espectáculos

9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento

9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel 9604 Actividades de mantenimiento físico


Puedes ver la nota de prensa, en formato pdf, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al respecto del principio de acuerdo alcanzado, aquí.


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El portal NoticiasJurídicas.com destaca en la sección de derecho concursal: “Los jueces de Baleares también se dotan de protocolo pre-pack concursal”

Pese a que el pre-pack no se halla expresamente regulado en nuestra normativa, parece que se incorporará cuando se transponga la Directiva de reestructuraciones.

FUENTE: NoticiasJuridicas.com AUTORA: Nuria Méler

El Pre-pack concursal es una figura de creación jurisprudencial, actualmente no regulada de manera expresa en nuestra regulación, consistente en el nombramiento de un experto independiente, designado por el Juzgado del futuro concurso, con objeto de que lidere las negociaciones para la venta de una unidad productiva en un momento preconcursal. El objetivo que persigue esta figura es que, una vez declarado el concurso de acreedores, y con el nombramiento formal de Administración Concursal, el profesional pueda instar de manera ágil y rápida esa venta, aprovechando todo lo avanzado en las negociaciones, a la vez que hace uso de las posibilidades legales del concurso para hacer más atractiva la venta.

En España esta figura no se recoge de manera expresa en la normativa vigente por lo que, a la espera de la transposición de la Directiva 2019/1023, y en plena crisis económica derivada de la pandemia, con una moratoria concursal prolongada hasta 31 de diciembre próximo, la práctica ha llevado a la reciente solicitud de su uso en los juzgados de lo mercantil de Barcelona, y a la aceptación por parte de estos, que no se quedaron en su mera aplicación, sino que, incluso, redactaron unas pautas a seguir en futuros casos. Así, en un seminario que celebraron estos jueces de lo mercantil en Barcelona el pasado 20 de enero, emitieron unas directrices, con una serie de criterios que pueden consultarse aquí.

Posteriormente, los juzgados de lo mercantil de Madrid también presentaron su Guía de Buenas Prácticas para la venta de unidades productivas, ciñéndose al artículo 530 del TRLC, y por lo tanto a procedimientos concursales ya iniciados. La diferencia es clara, con respecto a los criterios de Barcelona, que se sitúan en una fase preconcursal.

Les toca ahora el turno a los juzgados de lo mercantil de Baleares, que recientemente han aprobado también su propio protocolo, propugnando un objetivo similar al de las directrices catalanas: “maximizar el precio de venta de los bienes y derechos de las empresas insolventes que no han sido todavía declaradas en concurso de acreedores, con unidad productiva en funcionamiento, evitar la destrucción del tejido empresarial, aprovechar estructuras e instalaciones de pequeño comercio (hostelería, comercio minorista, etc.), conservar el empleo y, con todo ello, conseguir una mejor satisfacción de los acreedores respecto a la que que tendría la venta de la unidad productiva dentro del procedimiento concursal sin haberse acudido a este mecanismo preconcursal, que viene a facilitar y agilizar el proceso con las debidas garantías de publicidad, transparencia, concurrencia y audiencia a los principales interesados: acreedores privilegiados, acreedores públicos y trabajadores, al haber contado el proceso con la supervisión de un experto independiente o administrador en materia de reestructuración (futuro administrador concursal) designado por el Juzgado de lo Mercantil a petición del deudor”.

Quizá, por tratar de compararlo con los criterios de Barcelona, cabría destacar los siguientes puntos de diferencia:

1. En primer lugar, que este nuevo Protocolo no incluye remisión alguna a organismo público de la Comunidad Autónoma, equivalente a la Conselleria d’Industria catalana. Recuérdese que las directrices de Barcelona exigen que la solicitud del pre-pack se acompañe de un justificante de haber cumplimentado debidamente el formulario virtual publicado en el portal del Canal Empresa de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña, a efectos de informar y de publicitar los datos esenciales de las unidades de negocio o activos en situación de crisis empresarial. Además, el solicitante catalán se compromete a informar a los potenciales postores de la existencia de un Registro de interesados donde aquellos podrán inscribirse, en el portal del Canal Empresa de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña:

2. En Barcelona se dice que el inicio del procedimiento se realiza “En el mismo escrito de comunicación al Juzgado Mercantil de la apertura de negociaciones con sus acreedores del art. 583 TRLC o en escrito posterior, dentro de los tres meses siguientes a dicha comunicación”; mientras que en Baleares se habla también de a comunicación por parte del deudor al Juzgado Mercantil de la apertura de negociaciones con sus acreedores del art. 583 TRLC, indicándose que puede solicitarse “en dicho escrito o en escrito posterior, dentro del plazo previsto en dicho precepto”.

3. En la fase concursal, Baleares hace expresa remisión a las reglas de la VUP (art. 218 TRLC), mientras que las directrices de Barcelona se remiten al 530 TRLC. No obstante, en ambos casos se prevé el plazo de 10 días para traslado de las propuestas.

En lo demás, las funciones del “experto independiente o administrador en materia de reestructuración” son prácticamente idénticas a las del protocolo catalán, y consisten en las siguientes funciones:

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“1º. Asistir y supervisar al deudor en la preparación de operaciones tendentes al proceso de búsqueda de inversores y oferentes para articular la futura venta de la Unidad Productiva.

2º. Familiarizarse con el funcionamiento empresarial de la Unidad Productiva. Para la consecución de este objetivo el deudor deberá colaborar facilitando la información de todo tipo que el experto le solicite para el adecuado desarrollo de su función y elaboración de su informe.

3º. Informar a los acreedores del proceso, participando, en su caso, en las negociaciones, especialmente, con los acreedores privilegiados y públicos, así como con los representantes de los trabajadores.

4º. Verificar y supervisar la regularidad, publicidad y transparencia en la preparación de operaciones sobre los activos de la empresa, especialmente garantizando la igualdad de acceso a la misma información y oportunidades entre los potenciales interesados o postores y la justa competencia.

5º. Emitir un informe final de la gestión realizada y, en particular, de las ventas preparadas sobre los activos de la empresa, haciendo constar sus observaciones técnicas sobre el proceso de búsqueda de oferentes e inversores y su valoración sobre la idoneidad de la propuesta de venta realizada por el deudor, incluyendo el precio y las condiciones de pago incluidas en dicha oferta.

Este informe final debería emitirse dentro del plazo de tres meses previsto en los arts. 583 ss. TRLC, a contar desde su nombramiento, salvo causa justificada y previa autorización de prórroga de dicho plazo por parte del Juzgado a petición del experto”.

A la espera de la transposición de la citada Directiva de reestructuraciones, queda por ver si más sedes de juzgados de lo mercantil optarán por esta figura del pre-pack; o lo harán por guías similares a la de las buenas prácticas de ventas de unidades productivas dentro del concurso, como las de Madrid.

FUENTE: NoticiasJuridicas.com AUTORA: Nuria Méler

El incumpliento de sus obligaciones por parte de las Sociedades de Capital y la repercusión de la nueva normativa covid19

El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la “LSC”) recoge una serie de obligaciones anuales que deben cumplir todas las sociedades de capital en relación con el normal desarrollo de su actividad.

Cabe advertir que, tal y como se detalla a continuación, si bien la LSC impone una serie de obligaciones a los órganos de administración de dichas sociedades, no siempre establece un régimen sancionador para el incumplimiento de cada una de ellas. A mayor abundamiento, el régimen sancionador que, hasta ahora, establecía la LSC, era bastante impreciso, lo que en la práctica se traducía en su inaplicación por parte de las autoridades competentes.

Consciente de su imprecisión y, por tanto, de su inaplicación en la práctica, a principios de este año, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (el “Ministerio”) aprobó el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (en adelante, el “Reglamento”) que, entre otros, precisa la regulación del régimen sancionador previsto en la LSC.

La principal obligación de una sociedad de capital es, sin lugar a duda, el depósito de las cuentas anuales, y así se desprende de la propia LSC con la configuración del régimen sancionador derivado de su incumplimiento.

En este sentido, de conformidad con el artículo 253 de la LSC, los administradores de una sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado. Continua el artículo 164 de la LSC disponiendo que la junta general ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para aprobar las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Finalmente, el artículo 279 de la LSC, establece que el órgano de administración deberá presentar las cuentas anuales, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, dentro del mes siguiente a la aprobación de las mismas.

A pesar de que la formulación, la obligación y el depósito de las cuentas anuales son la obligación por excelencia de toda sociedad, existe otra que merecen ser nombrada: la legalización del libro de actas y del libro registro de socios.

Según el artículo 26 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio, las sociedades mercantiles deben llevar un libro de actas en el que consten todos los acuerdos tomados por las juntas generales y demás órganos colegiados. Por su parte, los artículos 104 y 116 de la LSC establecen la obligación de las sociedades de llevar un libro registro de socios o, en su caso, accionistas.

En este sentido, el artículo 333 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil (“RRM”) dispone que los libros deberán ser presentados a legalización antes de que transcurran los cuatro meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio.

Por lo que respecta a las consecuencias del incumplimiento de tales obligaciones, éstas varían según el caso. En cuanto a las cuentas anuales, esto es, el incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositarlas dentro del plazo establecido provoca dos consecuencias directas:

  • cierre de la hoja registral (artículo 282 LSC); e
  • imposición de multa (artículo 283 LSC).

El cierre registral da lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a una sociedad mientras el incumplimiento persista, aunque existen ciertas excepciones al respecto. No obstante, el cierre registral por falta de depósito de cuentas no se produce al día siguiente de la fecha límite para depositar las cuentas, sino que, de acuerdo con el artículo 378 del RRM, tiene lugar transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social.

En lo referente a las multas, el importa mínimo de la sanción se establece en 1.200 euros, pudiendo llegar a imponerse sanciones de hasta 300.000 euros en función del volumen de facturación anual.

En cambio, la no legalización de los libros obligatorios no tiene una consecuencia directa per se. Los problemas con el incumplimiento de esta obligación se presentarían en un escenario completamente diferente. Si bien es cierto que no existe una sanción económica, la legalización de los libros tiene valor probatorio internamente y frente a terceros, organismos públicos y tribunales. Si los libros no han sido legalizados, su contenido carece de valor probatorio y eso podría generar un conflicto en situaciones litigiosas como, por ejemplo, en el seno de un concurso de acreedores.

En cualquier caso, y como se adelantaba al inicio, el Ministerio ha aprobado un real decreto en virtud del cual ha precisado la regulación del régimen sancionador aplicable al incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas en el Registro Mercantil. En concreto, la Disposición Adicional Undécima ha fijado los criterios para la imposición de las sanciones por el incumplimiento de la citada obligación. De conformidad con el Reglamento, los criterios para determinar el importe de la sanción serán los siguientes:

  • La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
  • En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
  • En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento.

En vista de cuanto antecede y bajo la premisa de una sociedad cuyo ejercicio social coincide con el año natural (de 1 de enero a 31 de diciembre), los plazos máximos para realizar las obligaciones descritas en los párrafos anteriores serían los siguientes: para la formulación de las cuentas anuales el 31 de marzo; para la aprobación de cuentas el 30 de junio; para el depósito el 30 de julio; para la legalización de libro el 30 de abril; y para el cierre de hoja registral el 31 de diciembre.

Sin embargo, y como es bien sabido, el año pasado, con motivo de la crisis del COVID-19, el Gobierno español aprobó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Dicha disposición legal incluyó un paquete de medidas extraordinarias dirigidas a las personas jurídicas, con especial atención a las sociedades de capital, al objeto de facilitar el cumplimiento por parte de estas entidades de las obligaciones de formulación, aprobación y depósito de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2019. Sin entrar a analizar a fondo el Real Decreto-Ley, ya que en breves dejara de tener efectos prácticos, dicha norma extendió los siguientes plazos para las obligaciones relativas al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2019: para la formulación de cuentas anuales el 31 de agosto de 2020; para la aprobación de cuentas el 31 de octubre de 2020; para el depósito de cuentas el 30 de noviembre de 2020; para la legalización de libros el 30 de septiembre de 2020; y para el cierre de hoja registral el 31 de mayo de 2021.

De lo  anterior se deduce que, si bien las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 ya deberían estar formuladas, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil correspondiente, en caso de que una sociedad no hubiera dado cumplimento a dichas obligaciones, aun tendría la hoja registral abierta y, por tanto, podría inscribir actos en el Registro Mercantil. No obstante, para aquellas sociedades que aún no hayan depositado las cuentas anuales relativas al ejercicio 2019, téngase en cuenta que el mes que viene el Registro Mercantil procederá a cerrar la hoja registral, con todas las consecuencias descritas anteriormente.

En cualquier caso, y por lo que respecta a la imposición de multas, es importante tener en cuenta que, si bien el incumplimiento se entiende desde el momento en que finaliza el plazo para depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil y no con el cierre de la hoja registral de la sociedad, nótese que la manera más eficaz que tienen las autoridades para detectar dicho incumplimiento por parte de una sociedad es con el cierre de la hoja registral de la misma.

Por tanto, y sin perjuicio de que se puedan llegar a dar supuestos de sanción en sociedades cuya hoja registral aún no haya sido cerrada, es de vital importancia que las sociedades que aún no hayan depositado las cuentas anuales del ejercicio 2019, lo hagan antes de 31 de mayo de 2021, ya que con la entrada en vigor del Reglamento es de esperar que las autoridades intensifiquen su actividad sancionadora a este respecto.

Marta Marina

Abogada especializada en Derecho de la empresa y Derecho inmobiliario en Moya & Emery


Artículo original publicado en Canal4diario


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Nueva obligación: ha llegado el Registro Salarial, artículo de Marga de Matos para Canal4 Diario

Por si fueran pocas las obligaciones de autónomos y empresas, y como si la Inspección de Trabajo no tuviera ya una enorme carga de trabajo y múltiples aspectos que vigilar con respecto a las mismas – registro horario, fraude en los ERTES, etc.–, desde la pasada semana ha venido a sumarse a la lista una obligación más: el registro salarial.

El registro salarial de la empresa consiste en un documento en el que se deben recoger los salarios de los trabajadores y trabajadoras, el cual tiene como objetivo demostrar que, ante un mismo puesto de trabajo, un trabajador –con independencia de si se es mujer o hombre– cobra lo mismo.  La norma que recoge la obligatoriedad de llevar a cabo ese registro salarial entró en vigor hace escasos días, el pasado 14 de abril: el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Por lo que se refiere a los afectados con esta nueva obligación, se ha de tener en cuenta que la llevanza del registro salarial afectada a todos los autónomos y empresas, independientemente de su tamaño y siempre que tengan más de 1 trabajador para de esta manera, poder tener un factor comparativo.

En este punto, es importante indicar que en este registro deberán aparecer todos los trabajadores que formen parte de la plantilla empresarial incluido el personal directivo y los altos cargos. Se trata, por tanto, de poder analizar con dicho registro de manera rápida y sencilla las potenciales desigualdades salariales entre la masa laboral de una empresa que ostenten al mismo o similar cargo o categoría

Si bien es cierto que se pondrá quizás mayor atención en las empresas que cuenten con plantillas más voluminosas (empresas con 50 o más trabajadores), ya que es donde es más difícil detectar diferencias salariales injustificadas y discriminatorias, que no se despisten las pequeñas empresas y negocios que también puede ser inspeccionadas por ello.

El objetivo que persigue esta normativa es claro: el establecer la obligación de llevar un registro salarial busca acabar o reducir la brecha salarial y desigualdades que hay entre hombres y mujeres en el mercado laboral y que las empresas cumplan con sus planes de Igualdad, independientemente de su tamaño. En este punto es importante recordar, que las empresas que están obligadas a disponer de un plan de igualdad son las que cuenten con una plantilla de 50 o más trabajadores.

En el caso de que en el registro salarial se encuentren diferencias diferencias salariales de un 25% o más entre trabajadores y trabajadoras que ocupen el mismo puesto de trabajo, deberá justificarse objetivamente, probando que dichas diferencias no se deben al sexo del trabajador, sino que quedan justificadas sobre la base de otros motivos legítimos (por ejemplo, la antigüedad del trabajador).

En cuanto a la periodicidad con la que se tendrá que llevar a cabo este registro salarial, la norma establece que, con carácter general, el registro de salarios se elaborará anualmente, sin perjuicio de que las posibles modificaciones sustanciales que se den en la empresa con respecto a los salarios aconsejen la elaboración del registro en lapsos de tiempo más breves.

Llegados a este punto, es importante advertir que aquellos que no cumplan con la obligación de llevar a cabo este registro salarial o no accedan a informar a los representantes de los trabajadores de su contenido y cambios, se entenderá que incurren en una infracción de carácter grave según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden laboral (LISOS), y que puede sancionarse con multas de entre 626€ a 6.250€.

En el caso de que, además de no cumplir con la llevanza del registro salarial, sean detectadas discriminaciones salariales por razón de sexo, se entenderá que los incumplidores incurren en una infracción de carácter muy grave según la LISOS, que puede sancionarse con multas de entre 6.251€ a 187.515€.

Otro aspecto que tomar en consideración es que los trabajadores podrán acceder a estos registros a través de sus representantes, quienes tendrán un acceso íntegro al registro salarial y deberán ser informados de su contenido o de cualquier cambio con carácter previo, concretamente 10 días. En el caso de que la empresa no cuente con representación de los trabajadores, será el trabajador el que podrá acceder a dicho registro, pero no de forma íntegra, sino únicamente a los valores medios de los conceptos que incluye dicho registro, dado que no puedo ofrecerse información personal de otros trabajadores de acuerdo con la Ley de Protección de Datos.

Finalmente, en el mentado registro salarial se deberán incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y percepciones extrasalariales de la plantilla, desglosándose por sexo e indicando correctamente la media aritmética y mediana de lo que realmente se perciba en bruto anual por cada uno de los conceptos referenciados y por cada grupo profesional, nivel, puesto de trabajo o cualquier otro sistema de clasificación que use la empresa.

Sin dudar de que la medida pueda ayudar de formar efectiva a paliar la brecha salarial entre hombre y mujeres, no me queda más que lanzar desde esta tribuna el aviso a los navegantes, léase empresarios: la Inspección de Trabajo tiene otro agujero más por el que colarse en su empresa para escudriñarle (inspeccionar) y multarle (sancionar) si no cumple con la obligación de llevar a cabo un registro de los salarios y otras obligaciones en materia de igualdad.

Marga de Matos

Abogada especializada en Derecho laboral en Moya & Emery


Artículo original publicado en Canal4diario


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Marga de Matos invitada a Canal4 Ràdio para explicar el nuevo REGISTRO SALARIAL

Por si no fueran pocas las obligaciones de autónomos y empresas, desde el pasado día 14 de abril se ha unido una más que debes conocer y llevar a cabo: el REGISTRO SALARIAL.

  • ¿En qué consiste el registro salarial?
  • ¿Cuál es el objetivo de instaurar este registro salarial?
  • ¿A partir de cuándo es obligatorio tener dicho registro?
  • ¿Quiénes están obligados a cumplimentarlo?
  • ¿Con qué periodicidad se debe elaborar este registro salarial?
  • ¿Qué colectivos de trabajadores se verán afectados por este registro salarial?
  • ¿Cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo ese registro salarial o no justificar las diferencias detectadas en él?
  • ¿Qué elementos debe contener el registro salarial?

Escucha la entrevista a la abogada especialista en Derecho laboral, Marga de Matos y encuentra respuesta a todas las preguntas acerca del nuevo registro salarial. Y si todavía te queda alguna, llámanos y concierta una cita con Moya & Emery.


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Nicolás Emery en Canal4 Ràdio sobre las ayudas y subvenciones para autónomos y empresas del Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias

Un día más el abogado y economista Nicolás Emery ha sido invitado al programa 4Directe de Canal4 Radio, en este caso para dar un repaso explicativo a la última norma estatal que ha habilitado ayudas y subvenciones para autónomos y empresas, el Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia expresarial (publicado en el BOE el pasado 13 de maro de 2021).

Los requisitos y condiciones para poder tener acceso a las ayudas, cuándo estarán operativas, referencias a las actividades excluídas de las ayudas y el manifiesto trato discriminatorio hacia dichos sectores, así como otros muchos temas han tenido cabida en la conversacion con #YolandaHernandez.

Además, a continuación puedes ver la reseña de la entrevista al socio y gerente de Moya & Emery en el digital canal4diario.com aquí.


Nicolás Emery: “El decreto ley de medidas urgentes es injusto y discriminatorio porque deja sectores fuera”

Por Redacción Canal4diario.com – 19 marzo, 2021

El abogado economista del despacho Moyà & Emery Abogados, Nicolás Emery, ha asegurado que “el decreto ley de medidas urgentes es injusto y discriminatorio porque deja sectores fuera”.

Emery ha visitado este viernes el programa ‘4 Directe’ de CANAL4 Ràdio, donde ha explicado que “todo el tejido empresarial sin excepción ha visto mermados sus ingresos, por ello, dejar a una empresa fuera del listado de empresas que tienen derecho a acceder a las ayudas es discriminatorio”.

En este sentido, el abogado economista ha señalado que “hay empresas que entran en la lista para optar a estas ayudas estatales pero como no han sufrido una reducción en sus ingresos de un 30% o más, no podrán acceder a ellas y otras empresas que quedan fuera, sí cumplen en requisito”.

Por este motivo, Nicolás Emery considera que el decreto ley debería incluir “a todo el tejido empresarial ya que si tenemos requisitos como las pérdidas mínimas del 30%, incluyamos a todos los sectores ya que hay muchas empresas que no llegarán al mínimo del 30% y no podrán acceder”.

De hecho, Emery ha advertido que “me sorprende mucho que hayan excluido un sector que es turismo 100% como son los souvenirs o talleres mecánicos, pero en cambio, se incluya a videoclubs o empresas de transporte aeroespacial”.

Por otra parte, sobre las ayudas, el abogado ha afirmado que “este decreto ley lo único que deja claro es que destinan cerca de 1 millón de euros a Balears y que se puede aumentar el límite de la reducción de ingresos y el porcentaje que le puede corresponder a cada empresa”, si bien, Emery ha agradecido que estas ayudas sean a fondo perdido.

Eso sí, Nicolás Emery ha señalado que “este dinero de las ayudas, las empresas deben destinarlo a pagar proveedores o pagar deudas con bancos, pero no queda claro si tienen que estar pagadas o no para que puedas pedir la ayuda” y ha añadido que “queda en el aire si las que están al corriente de pago pueden acceder a estas ayudas o son solo para empresas que tienen deudas Covid”.

Por otro lado, sobre el acceso de las ayudas para los autónomos, el experto ha destacado que “los autónomos que vayan por estimación objetiva por módulos recibirán 4.000 euros, el resto funcionará como las pymes”.

Con todo, el abogado economista ha lamentado que “ya hemos empezado a asesorar a gente por el tema de los concursos de acreedores” y ha puntualizado que “encontramos muchas empresas que ya tiran la toalla, que no llegan para este verano”.

Asimismo, Emery espera que las ayudas lleguen lo más pronto posible. “Las ayudas deberían llegar antes de que empiece la temporada turística. En estos momentos , las ayudas que están dando en Balears tardan unos 45 días en darse”.


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