El Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de
Igualdad, y los sindicatos más representativos de ámbito estatal, UGT y
CCOO, han firmado el pasado 30-7-2020 el «Acuerdo para el Desarrollo de
la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en el Trabajo»,
comprometiéndose con los dos proyectos de textos reglamentarios cuya
tramitación se está llevando a cabo en este momento. En este
sentido, los Ministerios firmantes procederán a efectuar todos los
trámites correspondientes para la aprobación de estas normas de
conformidad con el texto acordado en la mesa de diálogo social.
En el texto del acuerdo encontramos algunas de las futuras obligaciones para las empresas en
aspectos como: los registros retributivos, la auditoría retributiva, el
sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación
profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo que fuere
de aplicación y el derecho de información de las personas
trabajadoras.
a) registro retributivo
De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores,
todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su
plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. Este
registro tiene por objeto garantizar la transparencia en la
configuración de las percepciones, de manera fiel y actualizada, y un
adecuado acceso a la información retributiva de las empresas, al margen
de su tamaño, mediante la elaboración documentada de los datos
promediados y desglosados.
b) auditoría retributiva
Las
empresas que elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el mismo
una auditoría retributiva, previa la negociación que requieren dichos
planes de igualdad. La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la
información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la
empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación
efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de
retribución. Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para
evitar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades existentes o
que pudieran producirse en aras a garantizar la igualdad retributiva, y
asegurar la transparencia y el seguimiento de dicho sistema retributivo.
c) los planes de igualdad serán obligatorios en empresas de más de 50 trabajadores
Como
es sabido, el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación amplió gradualmente su
obligatoriedad a las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras,
introdujo modificaciones en el contenido y alcance de los planes de
igualdad y remitió la nueva regulación de los mismos a un futuro
desarrollo reglamentario.
El acuerdo
recalca la obligación de las empresas de 50 o más personas trabajadoras,
o cuando siendo inferior la plantilla si están incluidas en los apdos 3
y 4 del art. 45 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo.
Entrada en vigor
El futuro reglamento entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
En
todo caso, las empresas deberán tener negociado, aprobado y presentada
la solicitud de registro de su plan de igualdad en el plazo máximo de un
año a contar desde el día siguiente a la fecha que finalice el plazo
previsto para constituir la comisión negociadora del correspondiente
plan de igualdad, de conformidad a los plazos establecidos
normativamente.
Herramientas para el registro retributivo y valoración de los puestos de trabajo
En
el plazo de 6 meses desde la fecha de publicación del futuro real
decreto, se aprobará, a través de una Orden Ministerial del Ministerio
de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad, el formato y
herramienta informatizada de registro retributivo y un procedimiento
informatizado de valoración de puestos de trabajo, gestionado por el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
En su caso, dicha orden ministerial podrá prever que el registro de retribuciones y la valoración de puestos de trabajo efectuada cumplen con los requisitos formales exigidos en el presente reglamento, cuando para su realización se hayan utilizado dichos formatos y aplicado el procedimiento informatizado a los que se refieren el apartado primero de esta disposición final.
• Un recordatorio sobre ayudas, prestaciones y bonificaciones para AUTÓNOMOS y también para EMPRESAS, en especial las líneas de avales y los préstamos ICO existentes.
• Un explicación y advertencia acerca de la intención sancionadora del Gobierno con respecto al incumplimiento de los ERTEs.
• Información sobre la tarjeta de identificación de extranjeros -TIE-.
Con alguna que otra más que justificada ausencia, la tradicional comida de verano de Moya y Emery tuvo lugar ayer. En un agradable ambiente, el equipo que conforma nuestra asesoría y consultoría pudo disfrutar de la hospitalidad y buen hacer culinario de nuestros amigos del ristorante trattoria Il Carpaccio de Santa Ponça.
El equipo de Moya & Emery, bajo la dirección letrada del socio y gerente Nicolás Emery, consigue una sentencia favorable a los intereses de su cliente, un establecimiento hotelero con cafería y restaurante.
La reciente sentencia declara, en contra de lo pretendido por el trabajador, su despido disciplinario por parte de la empresa como despido procedente, sin vulneración de sus derechos y absolviendo por completo a la misma, a consencuencia del consumo de drogas reconocido por el trabajador en las instalaciones de la empresa (fumar porros), incluso fuera del horario laboral, en lo que considera una transgresión grave de la buena fe contractual.
Puedes ver la sentencia, expurgada de los datos de carácter personal, haciendo clic en este enlace.
Nicolás Emery, socio y gerente de Moya y Emery, con Jaime Mora Bosch en los micros de Radio Calvià FM para dar cuenta de la nueva norma, en forma de INSTRUCCIÓN, del Govern Balear en la que ordena cómo deben actuar las EMPRESAS EN ERTE con los trabajadores FIJOS DISCONTINUOS, cuyo incumplimiento puede salir muy caro en forma de pérdida de las exoneraciones a las que las empresas se hubieran acogido.
Como experto en ofrecer asesoría y consultoría a las empresas del sector turístico
en Baleares, en el que mayor incidencia tiene esta medida por el gran
número de trabajadores fijos discontinuos con que cuenta el sector
hotelero y la restauración, Nicolás Emery ha dado su visión y propuesto las soluciones que considera más ventajosas para dichas empresas a lo largo de la entrevista.
El Govern Balear ha publicado una nueva instrucción (haz clic en los siguientes enlaces para ver la norma publicada en el Boletín Oficial balear en castellano o en catalán) en la que ordena cómo deben actuar las empresas en ERTE con los trabajadores fijos discontinuos y desde Moya & Emery queremos recordar que incumplir esta instrucción puede salir muy caro en forma de sanciones.
El contenido de la instrucción, que consta de un artículo principal señala “[…] y para reafirmar las medidas protectoras y de salvaguarda del empleo para los trabajadores fijos discontinuos incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo, se considera necesario dictar la siguiente, Instrucción
Mantener a los trabajadores afectados, inclusive a los trabajadores fijos discontinuos, en el ERTE hasta la finalización de su vigencia, salvo previa incorporación efectiva al puesto de trabajo, si las empresas que han tramitado un expediente de regulación temporal de empleo continúan afectadas por las causas relacionadas con la COVID-19, derivadas de los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020. La persistencia en la actualidad de las causas que han motivado la tramitación de los ERTE (restricciones de actividad, limitaciones de aforo, ausencia de demanda de actividad, etc.), implica que las empresas no pueden recurrir a medidas de afectación de la relación laboral de los trabajadores fijos discontinuos distintas a las de los expedientes de regulación temporal de empleo. En caso contrario, la empresa incurriría en incumplimiento de la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020, con las consecuencias jurídicas previstas en ella, al haberse beneficiado indebidamente de medidas extraordinarias en materia de Seguridad Social.“
¿Cuántos platillos pueden hacer girar en el aire los malabaristas inspectores de Trabajo?
El Gobierno dice que uno más: el control del cumplimiento de las normas de salud e higiene en el trabajo.
Por si los inspectores de Trabajo no tuvieran ya suficiente carga de
trabajo con la campaña específica de inspecciones presentada el pasado 1
de julio de 2020 por parte del Ministerio de Trabajo en aras a
controlar y evitar fraude en los ERTES, el Gobierno ha otorgado una nueva facultad extraordinaria a la Inspección de Trabajo: la disposición final duodécima del Real Decreto 26/2020, 7 de julio otorga a los inspectores competencias propias de Sanidad,
haciendo caso omiso a las quejas por parte de los sindicatos de la
Inspección sobre su falta de medios, recursos y tiempo material para
asumir la ingente cantidad de trabajo generada por la pandemia del
COVID-19, quienes han facilitado la exorbitante cifra media de 268 ERTES
asignados a cada inspector. Ahí es nada.
Concretamente la disposición final duodécima del Real Decreto 26/2020, 7 de julio, establece en su apartado 4:
Se habilita a los funcionarios de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrantes del Cuerpo Superior
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del Cuerpo de
Subinspectores Laborales, escala de Seguridad y Salud Laboral para
vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en
relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de
salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) del artículo 7.1, y
en el párrafo d) del mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras.
Dicha habilitación se extiende a los funcionarios habilitados por
las comunidades autónomas para realizar funciones técnicas
comprobatorias, a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con
las facultades que tienen atribuidas.
Según el Gobierno, esta facultad está pensada para que se cumplan
escrupulosamente las medidas de seguridad y salud impuestas hace un mes,
en aras a prevenir el contagio del COVID-19. Y es que durante la
desescalada, uno de los principales lugares en el que se corre el riesgo
de contagio es en el centro de trabajo.
Por ello, el Gobierno ha facultado de manera extraordinaria y temporal a los a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social a través de las comunidades autónomas para vigilar a las empresas en la implantación de las medidas obligatorias de seguridad e higiene para la protección de sus trabajadores ante el Covid-19. El Ejecutivo entiende que, de esta manera, se dará una respuesta rápida y eficiente para controlar la pandemia.
Hasta el momento la Inspección de Trabajo se limitaba a simplemente advertir
a las empresas sobre la importancia de cumplir con las medidas de
seguridad y salud en los centros de trabajo y a dar cuenta a Sanidad,
organismo competente para la realización de este tipo de funciones.
A nuestro juicio habilitar a la Inspección de Trabajo para realizar
funciones de vigilancia sobre las medidas de seguridad y salud es algo
descabellado, puesto que, como se ha puesto de manifiesto, la labor de
los Inspectores de Trabajo es actualmente excesiva. No
daban abasto con lo que tenían y se les sobrecarga de forma añadida
atribuyéndoles una nueva competencia que precisaría habilitar a unos
1.050 funcionarios, algo que a día de hoy es prácticamente imposible.
Si no se atienden las quejas y requerimientos de los sindicatos que
representan a los inspectores, está nueva normativa y su consecuente
habilitación para inspeccionar el cumplimiento de la normativa de
higiene y salud en la empresa se convertirá en papel mojado o no podrá
ser llevada a cabo con la efectividad que se debería.
Junto a ello, no debe olvidarse el posible conflicto de competencias que esta nueva atribución puede suponer, puesto que las funciones que se pretenden asignadas a la Inspección de Trabajo son propias de las autoridades sanitarias,
que son las que mejor conocen cómo realizar dichas funciones –para eso
están-. Además, cabe recordar que la función de la Inspección de Trabajo
es muy amplia, no reduciéndose a la prevención de riesgos laborales,
sino que se extiende, entre otras a materias laborales de Seguridad
Social y protección social, colocación, empleo, formación profesional
para el empleo y protección por desempleo, economía social, emigración,
movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, igualdad de trato y
oportunidades y no discriminación en el empleo, funciones de
asesoramiento, asistencia técnica y en su caso, de conciliación,
mediación y arbitraje.
Parece evidente que la intención del Gobierno es asustar
a las empresas, bajo la amenaza de elevadas sanciones, para que cumplan
con las medidas de seguridad y salud. Unas sanciones que oscilan entre
los 2.046 € y los 40.985 €, en función del número de trabajadores (a más
trabajadores, mayor sanción) y también de si la empresa ya ha sido
advertida o ha recibido un requerimiento previo. Conviene reseñar que un
incumplimiento de las normas de salud e higiene tendrá la consideración
de infracción grave de acuerdo con la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).
No obstante lo anterior, no acertamos a entender cómo el Gobierno atribuye otra función -y de vital relevancia- a la Inspección de Trabajo cuando el organismo competente es Sanidad, y mucho menos es comprensible cuando desde los propios sindicatos representantes de los implicados en la medida -los inspectores de trabajo- se ha puesto de manifiesto que la situación y carga de trabajo que están sufriendo es insostenible para cumplir con sus labores habituales, no disponiendo de los medios ni de la plantilla suficiente. El quid de la cuestión no debería radicar tanto en aprobar con bombo y platillos Reales Decretos repletos de medidas, por muy buen fin que pretendan, sino que las medidas aprobadas vinieran de la mano de una asignación de los recursos necesarios para hacerlas aplicables de forma efectiva. El mero deseo de que algo suceda, por grande que sea, desgraciadamente no lo convierte en realidad. Organismos como el SEPE, la INSPECCIÓN DE TRABAJO o la SEGURIDAD SOCIAL, y todos los funcionarios y personal que los componen, tendrán que hacer malabares con la excesiva carga de trabajo, haciendo girar en el aire con sus palillos multitud de platos, pero no podrán hacer la magia que el Gobierno les está pidiendo con la aprobación de esta medida que les habilita para inspeccionar también el cumplimiento de la normativa de salud e higiene frente al COVID-19. Alguno de esos platos caerá y se romperá. Esperemos que no todos.
Debe considerarse retribución en especie imputable al trabajador a
efectos contributivos la cesión del uso del vehículo por parte de la empresa
durante el estado de alarma, aunque el particular/trabajador considere que el
vehículo está inmovilizado.
En primer lugar, señalar que la DGT aclara que el estado de
alarma no implica por sí la inmovilización del vehículo, sino la limitación
de los desplazamientos a los permitidos en dicho estado.
En segundo lugar, teniendo en cuenta el concepto de retribución en
especie del art. 42.1 Ley 35/2006 (Ley IRPF), que exige “la
utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos
o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun
cuando no supongan un gasto real para quien las conceda“, la
imputación al contribuyente de la retribución en especie deriva de la obtención
del derecho de uso del vehículo, existiendo dicha retribución en la medida
en que éste tenga la facultad de disponer del vehículo para usos
particulares, con independencia de que exista o no una utilización efectiva
para dichos fines. Con lo cual, procede la imputación de un rendimiento
de trabajo en especie por el vehículo.
SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas
FECHA-SALIDA
13/05/2020
NORMATIVA
LIRPF, 35/2006, Art. 42 y 43.
DESCRIPCION-HECHOS
La empresa para la que trabaja el consultante le ha
cedido un vehículo para su uso particular.
CUESTION-PLANTEADA
Si debe reflejar un rendimiento de trabajo en
especie por la cesión del uso del vehículo por la empresa durante el tiempo de
confinamiento correspondiente al estado de alarma derivado del COVID-19, al
considerar el consultante que el vehículo está inmovilizado.
CONTESTACION-COMPLETA
El artículo 42.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes
y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), en adelante LIRPF, determina que “constituyen
rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares,
de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al
normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda”.
A lo que añade —en su segundo párrafo— que “cuando el pagador de las rentas
entregue al contribuyente importes en metálico para que éste adquiera los
bienes, derechos o servicios, la renta tendrá la consideración de dineraria”.
A la valoración de las rentas en especie se refiere
el artículo 43.1 de LIRPF estableciéndola con carácter general en el valor
normal de mercado. A continuación, el mismo precepto recoge unas
especialidades, de las que procede reseñar aquí la regulada en el número 1º.b)
de ese mismo apartado, donde se dispone la siguiente valoración para los
rendimientos del trabajo en especie consistentes en la utilización o entrega de
vehículos automóviles:
“En el supuesto de entrega, el coste de
adquisición para el pagador, incluidos los tributos que graven la operación.
En el supuesto de uso, el 20 por ciento anual del
coste a que se refiere el párrafo anterior. En caso de que el vehículo no sea
propiedad del pagador, dicho porcentaje se aplicará sobre el valor de mercado
que correspondería al vehículo si fuese nuevo.
La valoración resultante de lo previsto en el
párrafo anterior se podrá reducir hasta en un 30 por ciento cuando se trate de
vehículos considerados eficientes energéticamente, en los términos y
condiciones que se determinen reglamentariamente.
En el supuesto de uso y posterior entrega, la
valoración de esta última se efectuará teniendo en cuenta la valoración resultante
del uso anterior”.
En relación con la cuestión consultada, y con
independencia de señalar que el estado de alarma no implica la inmovilización
del vehículo, sino la limitación de los desplazamientos a los permitidos en
dicho estado; partiendo del concepto de retribución en especie previsto en el
artículo 42.1 de la LIRPF, que exige “la utilización, consumo u obtención,
para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o
por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real
para quien las conceda”, debe señalarse que la imputación al contribuyente
de la retribución en especie deriva de la obtención del derecho de uso del
vehículo, existiendo dicha retribución en la medida en que éste tenga la
facultad de disponer del vehículo para usos particulares, con independencia de
que exista o no una utilización efectiva para dichos fines, por lo que procede
en consecuencia la imputación de un rendimiento de trabajo en especie en el
caso consultado.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El Real
Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, se trata del resultado que nace a partir de un
acuerdo del diálogo social y del II Acuerdo en Defensa del Empleo (II
ASDE), alcanzado entre los Ministerios de Trabajo y Economía social, y de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas de España, entre ellas, la Confederación
Española de Organización Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión
General de Trabajadores (UGT).
El Decreto establece la permanencia de los expedientes de regulación
temporal de empleo -ERTEs- basados en el artículo 22 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 marzo, solicitados antes de su entrada en vigor, hasta el
30 de septiembre de 2020. Teniendo que reincorporar paulatinamente a los trabajadores primando la
recuperación con reducciones de jornada.
Seguidamente, y como dato importante, no podrán
realizarse horas extraordinarias, establecerse o reanudarse externalizaciones
de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones durante la aplicación de
los expedientes de regulación temporal contemplados en este Real Decreto, a excepción de que la
empresa no cuente con ningún trabajador que pueda adaptarse al puesto de
trabajo concreto.
NOVEDADES
Se incrementa el
beneficio de cotización para las empresas y entidades que, a 30 de junio de
2020, continúen en situación de fuerza mayor total.
Y también para aquellas empresas que, habiendo
reanudado su actividad, vean imposibilitada el desarrollo de la misma por la
adopción de las nuevas restricciones.
En ambos supuestos se aplicarán las exenciones
contempladas en el artículo 4.1.
AUTÓNOMOS
En el título II del Real Decreto encontramos:
Medidas para la
protección de los trabajadores autónomos que tienen por objeto aliviar, en el ámbito de la
Seguridad Social, de forma progresiva, la carga del inicio o continuación de la
actividad.
Una exención
progresiva descendente en la obligación de cotizar, durante los tres primeros
meses siguientes al levantamiento del estado de alarma. Para los trabajadores
que, a 30 de junio, estén percibiendo la prestación por cese de actividad
recogida en el artículo 17 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, siendo la anterior del 100% en el mes de julio, el
50% en agosto y el 25% en el mes de septiembre.
Por otro lado, se
contempla una prestación extraordinaria de cese de actividad
cuyos destinatarios serán los trabajadores de
TEMPORADA.
EXENCIONES DEL ARTÍCULO 4.1.A)
La exención alcanzará el
60% de la aportación devengada en julio, agosto y septiembre de 2020, cuando el
empresario hubiese tenido menos de 50 trabajadores o asimiladas antes del 29 de
febrero de 2020.
Si en la fecha del 29 de
febrero de 2020, el empresario hubiese tenido 50 o más personas trabajadoras la
exención alcanzará el 40% de la aportación empresarial devengada en julio,
agosto y septiembre de 2020.
MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES
AUTÓNOMOS
En el artículo 8 se establece que
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que estuviesen percibiendo
el 30 de junio la prestación extraordinaria para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19 tendrán derecho a una exención
de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional con las siguientes cuantías:
100% de las cotizaciones correspondientes al mes de julio
50% de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto
25% de las cotizaciones correspondientes a septiembre
Dichas exenciones serán incompatibles con la percepción de la prestación
por cese de actividad.
Asimismo, el artículo 9, sobre la Prestación de cese de actividad y trabajo
por cuenta propia, establece para aquellos casos de trabajadores autónomos que
viniesen percibiendo desde el 30 de junio la prestación extraordinaria de cese de
actividad prevista en el art. 17
del Real
Decreto-ley 8/2020. Estos, podrán solicitar la prestación por cese de actividad prevista en
el artículo 327 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en los apartados a), b), d)
y e) del artículo 330.1 de la misma ley.
Para poder acceder a la misma, se tendrá que
demostrar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del 2020,
de por lo menos el 75% en comparación con el año 2019. Así como no haber
obtenido, durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos
superiores a 5.818,75 €.
Para solicitar dicha prestación, se deberá
cumplimentar una declaración responsable que será requerida por
las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Plazo de finalización de la prestación: 30 de septiembre de
2020. (Siempre que se cumplan los requisitos del artículo 330 de la Ley General
de la Seguridad Social).
El reconocimiento a la
prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras con efectos del 1 de
julio, si se solicita antes del 15 de julio. O con efecto desde el día
siguiente, debiendo ser regularizada a partir del 31 de enero de 2021.
Las mutuas serán las que
recaben en las administraciones tributarias los datos de los ejercicios de 2019
y 2020. En el caso de que no pudiesen acceder a estos datos. El empresario
tendrá que aportar:
Modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),
correspondiente a las declaraciones del segundo y tercer trimestre de los años
2019 y 2020.
Modelo 130 de la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del segundo y tercer trimestre de los
años 2019 y 2020.
En segundo lugar, se establece una Prestación
extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada (artículo 10). Dicha ayuda viene
reconocida a aquellos Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de
Trabajadores del Mar que hayan desarrollado su actividad durante los meses de
marzo y octubre, que hayan permanecido en alta durante al menos cinco meses al
año durante ese periodo. Sin llegar a superar los 120 días a lo largo de los
años 2018 y 2019. Requisito que se encuentran en el artículo 10.2 del Real Decreto-ley
24/2020.
Cabe tener en cuenta que tendrá una duración de 4
meses, y sus efectos se aplican a partir del 1 de junio 2020.
La gestión de la prestación podrá solicitarse desde
la entrada en vigor del decreto, es decir, desde el 27 de junio de 2020 hasta el mes de
octubre de 2020.
RESUMEN GENERAL
Se prorroga la exención de las cuotas de la Seguridad Social para los autónomos que
estuviesen recibiendo las prestaciones extraordinarias hasta el 30 de junio.
Aplicándose exenciones del 100% en julio, 50% en agosto y del 25% en
septiembre.
Para aquellos autónomos que se acogieron a la prestación ordinaria por cese de actividad, podrán solicitarla si
demuestran que su facturación se ha visto reducida en 75% respecto al año 2019.
El disfrute de la misma duraría hasta el 30 de septiembre de 2020
Se establece una ayuda para los autónomos de
temporada, estos podrán acceder a la prestación extraordinaria, es decir,
el 70% de la base reguladora más la exoneración de las cotizaciones sociales,
cuyos efectos se aplicarían desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre.
Solicitud
que se realiza a través de las mutuas colaboras de la Seguridad Social, sin que
sea exigible periodo mínimo de cotización. A su vez, añadir que la prestación
es compatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social.
AYUDAS PARA AUTÓMOS EN LAS ISLAS BALEARES
Por su parte, el Govern Balear ha
publicado en su web información relevante respecto a la convocatoria
extraordinaria de ayudas dirigidas a los autónomos.
El trámite, de carácter telemático, constará de dos
fases:
en
la fase 1, del 22 al 26 de julio se abrirán las solicitudes de cita
previa para el trámite telemático
y
en la fase 2 para iniciar el trámite que será a partir del 27 de julio.
Los enlaces para realizar el trámite se
publicarán el 11 de julio y se actualizarán en la siguiente página http://dgpe.caib.es. Por último, la convocatoria
se publicará el 11 de julio.
Asimismo, se ha habilitado un específico teléfono
para solicitar información 900 101 798.
Las cuantías de las ayudas son las
siguientes:
2.000€
si no tienen trabajadores
2.500€
si tienen entre 1 y 2 trabajadores
3.000€ si tienen más de 2 trabajadores
La ayuda se destina tanto a autónomoscon actividad durante todo el año como para autónomos temporales.
Los requisitos generales son la residencia
en las Islas Baleares, o centro de trabajo o actividad desarrollada en dicha
comunidad autónoma, no tener otra ayuda que invalide esta misma y estar al
corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.
Como requisitos específicos se encuentran:
el haber cesado forzosamente su actividad o haber tenido una reducción en su
facturación de como mínimo un 75%, la concesión de ERTE por fuerza mayor o ser
autónomo de temporada afectado por el Real Decreto 463/2020.
Para todo ello, se ha destinado un crédito de ocho
millos de euros.
La presentación de las solicitudes se
realizará en la página web de la Dirección General de Promoción, Económica,
Emprendimiento y Economía Social y Circularhttp://dgpe.caib.es estará disponible la información de la
convocatoria y se habilitará el acceso a la sede electrónica para formular la
solicitud.
La documentación necesaria para aportar y las bases se encuentran en la página de la CAIB.
