Archivo de la categoría: Laboral

El Gobierno acuerda con los agentes sociales prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo

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Protección por la COVID-19

  • Este compromiso renueva el objetivo de proteger a las personas trabajadoras y a las empresas.
  • Es la tercera prórroga que alcanza el consenso con los interlocutores sociales.
  • Se mantiene la flexibilidad del modelo actual de ERTE por COVID y se simplifica la tramitación.
  • La salvaguarda del empleo se prorroga en los términos que rigen en la actualidad.

Haz clic en este enlace para ver en formato pdf la nota de prensa conjunta del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que se da cuenta de todos los detalles del acuerdo alcanzado.

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Consulta vinculante sobre la deducibilidad (como gastos) del sueldo y las cuotas de la Seguridad Social del cónyuge y del hijo mayor de edad en un Café-Bar

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Consulta Vinculante V3075-20, de 14 de octubre de 2020 de la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Deducibilidad del sueldo y las cuotas de la Seguridad Social del cónyuge y del hijo mayor de edad. Consultante tiene actividad económica de café y bar en la que trabaja su cónyuge e hijo. El gasto está vinculado a la actividad económica desarrollada, deberán los gastos, para su deducción, cumplir los requisitos de correcta imputación temporal, de registro en la contabilidad o en los libros registros que el contribuyente deba llevar, así como estar convenientemente justificados.

DESCRIPCIÓN

El consultante tiene una actividad económica de café y bar. En la actividad trabaja su cónyuge, que está dada de alta en el RETA como autónoma colaboradora.

Asimismo, un hijo mayor de edad va a trabajar en la actividad durante las vacaciones percibiendo un sueldo y va a cotizar a la Seguridad Social o por el régimen general o por el RETA.

Deducibilidad del sueldo y las cuotas de la Seguridad Social del cónyuge y del hijo en una actividad económica

CUESTIÓN

Deducibilidad del sueldo y las cuotas de la Seguridad Social del cónyuge y del hijo mayor de edad.

CONTESTACIÓN

1.- Deducibilidad del sueldo y de las cuotas de la Seguridad Social del cónyuge.

El artículo 28 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, (BOE de 29 de noviembre) -en adelante LIRPF-, recoge las reglas generales para la determinación del rendimiento neto de las actividades económicas en régimen de estimación directa, remitiendo a las normas del Impuesto sobre Sociedades.

Junto a las reglas generales del artículo 28, el apartado 2 del artículo 30 recoge unas normas especiales para la determinación del rendimiento neto en estimación directa, estableciendo la 2ª de estas reglas especiales que “cuando resulte debidamente acreditado, con el oportuno contrato laboral y la afiliación al régimen correspondiente de la Seguridad Social, que el cónyuge o los hijos menores del contribuyente que convivan con él, trabajan habitualmente y con continuidad en las actividades económicas desarrolladas por el mismo, se deducirán, para la determinación de los rendimientos, las retribuciones estipuladas con cada uno de ellos, siempre que no sean superiores a las de mercado correspondientes a su cualificación profesional y trabajo desempeñado. Dichas cantidades se considerarán obtenidas por el cónyuge o los hijos menores en concepto de rendimientos del trabajo a todos los efectos tributarios”.

El requisito de afiliación al “régimen correspondiente de la Seguridad Social” hay que entenderlo referido al Régimen General, o a aquellos regímenes especiales aplicables a determinados sectores de trabajadores por cuenta ajena, es decir, que la afiliación a la Seguridad Social deberá realizarse a través del régimen que como trabajador por cuenta ajena le corresponda, no siendo válida la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, ya que éste no permite la afiliación de asalariados.

En este punto, cabe señalar que el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, (BOE de 31 de octubre), en sentido similar a lo establecido en el artículo 1.3.e) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, (BOE de 24 de octubre), establece en su artículo 12.1 que “… no tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo”.

La posibilidad de que la Seguridad Social pudiera no admitir la afiliación del cónyuge o hijos menores al Régimen General, rechazando por escrito la solicitud e incluyéndolos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, ha llevado a este Centro directivo a interpretar en dicho supuesto que si el titular de la actividad puede probar que el cónyuge o los hijos menores trabajan en la actividad en régimen de dependencia laboral y se cumplen los restantes requisitos del mencionado artículo 30, en tales casos las retribuciones al cónyuge o hijos menores tendrían la consideración de gasto deducible.

En correspondencia con esta calificación, las retribuciones obtenidas por el cónyuge o hijos menores tendrán para estos la consideración de rendimientos del trabajo, rendimientos que estarán sometidos a la retención por el titular de la actividad económica. Esta doble calificación procede hacerla extensible también a las cotizaciones al Régimen de Autónomos correspondientes al cónyuge, en cuanto fueran satisfechas por el titular de la actividad.

Completando lo anterior, cabe indicar que si de acuerdo con lo expuesto las retribuciones al cónyuge o hijos menores no tuvieran la consideración de deducibles, las mismas tampoco tendrían la consideración de rendimientos para el perceptor.

2.- Deducibilidad del sueldo y de las cuotas de la Seguridad Social del hijo mayor de edad.

En primer lugar, se debe hacer constar que, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las prestaciones de trabajo realizadas a un empresario por un hijo/a mayor no tienen ninguna especialidad con respecto a las que podría prestar cualquier otra persona.

Realizada esta precisión, el artículo 28.1 de la LIRPF establece que “el rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este artículo, en el artículo 30 de esta Ley para la estimación directa, y en el artículo 31 de esta Ley para la estimación objetiva.”.

Esta remisión genérica a las normas del Impuesto sobre Sociedades para la determinación del rendimiento neto de actividades económicas, nos lleva al artículo 10 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 28 de noviembre), cuyo apartado 3 establece: “3. En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.”.

Conforme a ello, cabe concluir que los salarios satisfechos al hijo del consultante por desarrollar su trabajo en régimen de dependencia, así como de las cuotas del régimen general de la Seguridad Social o, en su caso, del RETA, tendrán la consideración de gasto deducible, a efectos de la determinación del rendimiento neto de la actividad, siempre que se cumpla lo dispuesto en el párrafo siguiente.

De acuerdo con lo anterior, la deducibilidad de los gastos está condicionada por el principio de su correlación con los ingresos, de tal suerte que aquéllos respecto de los que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad, que estén relacionados con la obtención de los ingresos, serán deducibles, en los términos previstos en los preceptos legales antes señalados, mientras que cuando no exista esa vinculación o no se probase suficientemente no podrían considerarse como fiscalmente deducibles de la actividad económica. Además del requisito de que el gasto esté vinculado a la actividad económica desarrollada, deberán los gastos, para su deducción, cumplir los requisitos de correcta imputación temporal, de registro en la contabilidad o en los libros registros que el contribuyente deba llevar, así como estar convenientemente justificados

Esta correlación deberá probarse por cualquiera de los medios generalmente admitidos en derecho, siendo competencia de los correspondientes servicios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la valoración de las pruebas aportadas.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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Marga de Matos, en Radio Calvià FM, sobre la pensión de jubilación

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La abogada Marga de Matos dedicó el espacio reservado para consultorio jurídico de cada viernes en Radio Calvià FM a hablar de pensiones. Concretamente de la pensión de jubilación. Durante el mismo ha tratado de explicar qué es la jubilación, qué modalidades de jubilación existen, los requisitos necesarios para poder acceder a cada una de ellas, la cuantía que se puede llegar a percibir en caso de cumplir los requisitos para poder solicitar alguna de ellas.  

A modo resumen o de índice la abogada de Moya & Emery ha tratado los siguientes temas:

  1. Concepto de jubilación.
  2. Modalidades de jubilación.
    • Diferencia entre pensión de jubilación contributiva y no contributiva.
    • Jubilación ordinaria
    • Jubilación diferida o atrasada
    • Jubilación activa
    • Jubilacion flexible
    • Jubilación anticipada
    • Jubilacion parcial
  3. Requisitos para acceder a cada una de ellas.
  4. Cuantías a percibir.

Recuerda que puedes ponerte en contacto con cualquiera de las oficinas de Moya & Emery y pedir cita para aclarar cualquier duda con respecto a tu pensión de jubilación.

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Novedades laborales y sobre Seguridad Social vigentes a partir del 1 de Enero de 2021, que nos trae la Ley de Presupuestos Generales

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La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2021, incluye, entre otras, las siguientes medidas de interés de carácter laboral y de Seguridad Social:

Bases y tipos de cotización para 2021. Se mantiene el tope máximo de la base de cotización en 4.070,10 € mensuales. En cuanto a los tipos de cotización del Régimen General de la Seguridad Social, no existen modificaciones respecto de los aplicables en 2020.


Cuantías IPREM (Indicador público de Renta de efectos múltiples):

  • Diario: 18,83 euros.
  • Mensual: 564,90 euros.
  • Anual: 6778,80 euros.


En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional (SMI) ha sido sustituida por la referencia al IPREM será de 7.908,60 euros cuando las normas se refieran SMI en cómputo anual, salvo que excluyeran expresamente las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.778,80 euros.


El Fondo de Garantía Salarial asumirá las indemnizaciones reconocidas por sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a causa de despido o extinción de los contratos de trabajo conforme los artículos 50, 51, 52, 40.1 y 41.3 de esta ley, y de extinción de contratos conforme a los artículos 181 y 182 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, así como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan, en todos los casos con el límite máximo de una anualidad, y de 9 mensualidades en el caso del artículo 41.3 ET, sin que el salario diario pueda exceder del doble del SMI, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.


En los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, la trabajadora, sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado, se aplicará con respecto a las cuotas devengadas durante el periodo de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función, una bonificación del 50% de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.


Esa misma bonificación será aplicable, en aquellos casos en que, por razón de enfermedad profesional, en los términos y condiciones normativamente previstos, se produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador.


Las empresas y los trabajadores por cuenta propia al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar la moratoria en el pago de las cuotas con la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo tenga lugar entre los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021, en el caso de empresas, y entre los meses de enero a marzo de 2021 en el caso de trabajadores autónomos. Se aplicará un interés del 0,5%.


Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a las cuotas devengadas antes señaladas. El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada, sin que exceda en total de 12 mensualidades. El primer pago se producirá a partir del mes siguiente al que aquélla se haya dictado.

La solicitud de este aplazamiento determinará que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, respecto a las cuotas afectadas por el mismo, hasta que se dicte la correspondiente resolución.


Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito de formación, en función del número de trabajadores, pudiendo beneficiarse aquellas empresas que durante 2021 abran nuevos centros de trabajo y empresas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla a nuevos trabajadores. Además, las empresas que durante el año 2021 concedan permisos individuales de formación a sus trabajadores dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación adicional.


Se da nueva redacción al artículo 11 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, introduciendo un nuevo apartado 3 que contempla el contrato para la formación dual universitaria. Este contrato se formalizará en el marco de los convenios de cooperación educativa suscritos por las universidades con las entidades colaboradoras y tendrá por objeto la cualificación profesional de los estudiantes universitarios a través de un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco de su formación universitaria, para favorecer una mayor relación entre este y la formación y el aprendizaje del trabajador. Reglamentariamente se desarrollará el sistema de impartición y las características de la formación y de los aspectos relacionados con la financiación de la actividad formativa y con la retribución del trabajador contratado, que se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo, sin que en ningún caso sea inferior al salario mínimo interprofesional. El trabajador contratado se encontrará protegido por la Seguridad Social, con todas las coberturas posibles, incluido el desempleo y el Fondo de Garantía Salarial.


En los supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por cuenta ajena, quedan los empresarios y los trabajadores sujetos a una cotización especial de solidaridad de un 9% sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre ellos, a cargo del empresario el 7% y del trabajador el 2%.

En el caso de trabajadores por cuenta propia, cotizarán a este régimen especial únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, quedando sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9% sobre la base por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones.


Se suspende la aplicación del sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a empresas en las que haya disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. Esta suspensión se extenderá hasta que el Gobierno proceda a la reforma del Real Decreto 231/2017 que deberá producirse a lo largo del año 2021

Se establecen medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística, con efectos del 1 de enero, aquellas empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo y noviembre de cada año y que inicien y/o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos fijos discontinuos, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores

Mejoras en el IMV (Ingreso Mínimo Vital) para jóvenes y personas sin hogar. Podrá haber más de dos titulares del Ingreso Mínimo Vital en un mismo domicilio.

Será permanente la posibilidad de solicitarlo teniendo en cuenta los ingresos del año en curso (y no de todo el año anterior) y se reduce de 3 a 2 los años de vida independiente que deben demostrar los menores de 30 años para acceder al IMV. Además, los servicios sociales podrán acreditar algunos requisitos para acceder al IMV, con la meta de incluir a personas sin hogar a las que les resulta difícil empadronarse. En concreto, los Presupuestos destinarán 3.017 millones de euros al Ingreso Mínimo Vital y medidas para reducir la pobreza infantil, así como un incremento de las partidas en vivienda del 367,9% con 1.772 millones de euros.

Resumen de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de las Islas Baleares en referencia a la crisis sanitaria del Covid-19

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Desde Moya & Emery queremos informarles de las nuevas medidas que planea adoptar el gobierno de las Islas Baleares en referencia a la crisis sanitaria del COVID 19.

Medidas a aprobar el próximo lunes 11 de Enero

La principal novedad, anticipada por el Govern balear en rueda de prensa, es que el próximo lunes se aprobará el cierre –que será efectivo a partir del próximo martes 12 de Enero y tendrá una duración de 2 semanas– de BARES, RESTAURANTES, GRANDES SUPERFICIES Y GIMNASIOS de la isla de Mallorca, sin que queden afectadas el resto de las islas baleares.

Con respecto a la hostelería, se señala que los bares y restaurantes no tendrán restricciones en lo que se refiere al servicio de COMIDA A DOMICILIO y el de RECOGIDA en los locales, pues la nueva medida restrictiva viene referida ala imposibilidad de atender al público en interiores de los locales o en las terrazas (sin importar el aforo). De igual forma se permitirá la apertura de establecimientos dedicados a la venta de productos de primera necesidad (alimentación o higiene) para que los consumidores tengan garantizado dicho suministro.

Medidas actualmente vigentes

Además, con respecto a las medidas ya adoptadas desde el acuerdo del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares de 14 de diciembre de 2020, señalar que se establecieron los diferentes niveles de alerta sanitaria para la comunidad autónoma, además de la introducción de modificaciones en el plan de medidas contra el COVID-19.

Estas son algunas de las modificaciones que han sido aprobadas:

1. Diferentes niveles de riesgo para cada una de las islas que conforman la comunidad autónoma:

  • Mallorca           nivel 4
  • Menorca          nivel 3
  • Ibiza                  nivel 2
  • Formentera     nivel 1

2.  Se prohíbe el consumo de tabaco en la vía pública o en espacios al aire libre de uso público cunado no se pueda mantener una distancia de seguridad de 2 metros(mínimo). También se prohíbe el consumo de tabaco en las terrazas de establecimientos de uso público o establecimientos similares.

3.  Nivel 4: Solo puede haber 6 personas en los espacios exteriores. Las reuniones sociales en espacios interiores solo se podrán reunir un máximo de 6 personas y que como máximo pertenezcan a dos núcleos de convivencia.

4.  Quedarán suspendidas todas las actividades complementarias y extraescolares, tanto las organizadas por los centros educativos como por entidades externas, excepto aquellas en que los alumnos formen parte de un mismo grupo de convivencia. De estas se excluyen:

  • Programa de acompañamiento Escolar (PAE)
  • Talleres de lengua catalana para recién llegados.

5.  No se permiten las pernoctaciones fuera del centro residencial, excepto si están en periodo de vacaciones o alta temporal del centro.

6.   Nivel 4: Se permiten la práctica de deportes en equipo, con la posibilidad de contacto físico, así como las competiciones deportivas correspondientes a equipos o deportistas de categorías estatales.

El resto de los deportistas tienen que asegurarse de que respetan la distancia de seguridad, al menos un metro y medio y evitar todas las situaciones de contacto físico. También se prohíben el uso de los vestuarios, excepto en el caso de desplazamientos interislas o fuera de la comunidad autónoma. Se deben adaptar a estas condiciones:

Deportes de campo.

  • No federados: grupos de entrenamiento estables de 6 personas. (máx.)
  • Federados: grupos de entrenamiento estables de 30 personas. (máx.)

Deportes de pista.

  • No federados: grupos de entrenamiento estables de 6 personas. (máx.)
  • Federados: grupos de entrenamiento estables de 20 personas. (máx.)

Deportes de contacto.

  • No federados: grupos de entrenamiento estables de 5 personas. (máx.)
  • Federados: grupos de entrenamiento estables de 10personas. (máx.)
  • En el caso de deportistas no federados o de categorías no estatales las sesiones de entrenamiento se deben limitar a 2 por semana.

7.  Nivel 4: Se prohíbe la asistencia de público en todas las instalaciones deportivas, excepto en competiciones de carácter estatal, que pueden tener un 25% de capacidad, hasta un máximo de 200 personas. (Para la práctica de actividades estáticas en sala).

Nivel 4: Se prohíbe la asistencia de público en todas las instalaciones deportivas, excepto en competiciones de carácter estatal, que pueden tener un 50% de capacidad, hasta un máximo de 400 personas. (Para la práctica de actividades en carriles de piscina).

9. Nivel 3: Máximo el 50 % de la capacidad máxima autorizada,300 personas máximo en espacios cerrados y 1000 personas si se tratan de actividades al aire libre.

Nivel 4: Máximo el 50 % de la capacidad máxima autorizada,200 personas en espacios cerrados y 400 personas si se trata de espacios al aire libre.

Este punto número 9 hace referencia a: cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, así como recintos al aire libre y en otros locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas.

10.  Nivel 4: Se prohíbe el servicio de restauración en espacios interiores. Queda prohibida también la utilización de máquinas recreativas, o similares en el interior de los establecimientos. Todos los establecimientos de restauración tienen como hora de cierre la legalmente autorizada y en ningún caso podrá superar las 24. 00h.Entre las 22.00 h y las 24.00 h sólo se permite la prestación de servicio a domicilio. No se permite el consumo en las barras de los establecimientos.

Excepciones al cierre al público en espacios interiores en el nivel 4:

  • Hoteles y alojamiento turístico siempre que sea para el uso exclusivo de los clientes alojados.
  • Los servicios de restauración integrantes de centros de formación no incluidos en el parágrafo anterior y los servicios de comedero de carácter social.
  • Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el parágrafo anterior y los servicios de restauración d ellos centros de trabajo destinados a las personas trabajadoras.

En estos casos se reducirá el aforo – 30% de la capacidad máxima autorizada.

11.  Nivel 4: 75% de la capacidad máxima autorizada, máximo 6 personas por mesa. Los viernes sábados y vigilias solo se permite el uso de las terrazas hasta las 18.00h.

12.  Las mesas de los establecimientos de restauración deben disponer de la información relativa a las medidas de precaución adoptadas.

13.  Nivel 4: 50% de capacidad máxima autorizada del espacio y grupos de máximo 6 personas.

14.   Nivel 3: 50% de capacidad máxima autorizada del espacio. Todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales tiene como hora de cierre las 22.00h (máx.).

15.  Nivel 4: 50% de la capacidad máxima autorizada del espacio, excepto en el caso de centros comerciales y grandes establecimientos comerciales, en los cuales se debe aplicar un 30 % de la capacidad máxima autorizada del espacio hasta un máximo de:

  • 400 personas en superficies de entre 2500 a 4000 metros cuadrados.
  • 600 personas en superficies de entre 4001 a 6000 metros cuadrados.
  • 800 personas en superficies de entre 6001 a 8000 metros cuadrados.
  • 1000 personas en superficies de entre 8001 a 10000 metros cuadrados.
  • 1200 personas en superficies de entre 10001 a 12000 metros cuadrados.
  • 1400 personas en superficies de entre 12001 a 15000 metros cuadrados.
  • Para superficies de más de 15001 metros cuadrados, el máximo se tiene que calcular asegurando que se dispone de un mínimo de 8 metros por persona.

Todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales tienen como hora de cierre la legalmente autorizada, y no pueden superar las 22.00h.

16.  Los espacios considerados centros comerciales y grandes establecimientos comerciales tienen que establecer sistemas de control de acceso y de capacidad en tiempo real. Estos espacios comerciales deben disponer de personal de seguridad que vele para que se respete la capacidad máxima y las distancias de seguridad.

17.  Se permite la actividad de las atracciones infantiles o atracciones de feria con las siguientes condiciones. Nivel 1,2,3 y 4: Las atracciones se pueden habilitar en grupos de máximo 3, y debe haber una distancia mínima de 25 metros entre grupos de atracciones. En caso de que las atracciones sean de uso exclusivo individual (un usuario por viaje) no se compatibilizan en el cómputo total de atracciones.

Nicolás Emery en Radio Calvià FM sobre el BREXIT

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Nicolás Emery visitó los estudios de Radio Calvià FM para responder a muchos de los interrogantes que está generando el BREXIT tanto para los empresarios baleares como para los numerosos ciudadanos británicos que son residentes en las islas o que son turistas asiduos o poseedores de una segunda residencia:

¿Qué implicaciones para empresarios de Baleares tiene el Brexit? ¿Puedo seguir contratando a ciudadanos del Reino Unido en mi empresa?  ¿Tendrá el trabajador la consideración de no-comunitario)? ¿Qué pasa con la compra de mercancías procedentes del Reino Unido? ¿Hay que liquidar el IVA en la aduana? ¿Seguirá funcionando el método de inversión del sujeto pasivo? ¿Hay que pagar aranceles? ¿Qué ocurrirá con la prestación de servicios? serán operaciones intracomunitarias exentas? ¿Qué régimen será aplicable a los turistas del Reino Unido en sus visitas a España? ¿Podrán solicitar la devolución del IVA pagado por los productos adquiridos en los comercios locales en su estancia? ¿Qué ajustes tiene que hacer el proveedor en recargo de equivalencia que efectúa la devolución de cuotas al viajero? ¿Pueden los ciudadanos del Reino Unido seguir viajando con sólo el DNI o necesitarán pasaporte? ¿Qué ocurre con la Seguridad Social? ¿Y con la sanidad? ¿Y si son pensionistas?

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El Tribunal Supremo matiza y actualiza su doctrina y declara que los contratos de obra o servicios determinados de duración inusualmente larga se convierte en indefinidos

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La jurisprudencia hasta el momento había vinculado la duración de los contratos de obra o servicio determinado a la contrata, algo que ha sido modificado por el TS.

Aquellas empresas que prestan sus servicios a terceros desarrollan su actividad esencial a través de la contratación con éstos, siendo ilógico pensar que el grueso de la actividad se basa en la obra o servicio determinado que se deba atender.

El TS entiende que una empresa no puede fundamentar su actividad en una plantilla sujeta a la indeterminación de las relaciones laborales, ya que hacerlo puede menoscabar algunas de las garantías del DUE.

El TS matiza y actualiza su doctrina y declara que los contratos de obra o servicios determinados de duración inusualmente larga se convierten en indefinidos

Cuando una relación laboral se mantiene ininterrumpidamente y sin alteración durante un largo lapso, la autonomía e identidad de la contrata justificativa de la contratación se desdibuja convirtiéndose en una actividad que, por su extensión temporal, necesariamente se incorpora en la esencia de la empresa.

Es decir, cuando la celebración de un contrato temporal vinculado a una contrata se extiende en el tiempo esa temporalidad y, por tanto, la finalización del contrato se torna remota.

CUESTIÓN POR TRATAR:

La validez de un contrato para obra o servicio determinado cuya temporalidad viene anudada a la de una encomienda de servicios (“contrata”) que discurre entre la empleadora y una empresa cliente.

15.12.1998 suscripción del contrato entre empleadora y cliente que se prorroga varias veces.

15.11.2013 deseo de una de las partes de extinguir el contrato al terminar el año.

Durante la vigencia de la relación laboral las partes suscribieron diversos contratos de prestación de servicios.

Ante estos hechos, lo que se pretende es determinar si cuando se produce la finalización de una contrata y sin solución de continuidad se prorroga o se produce una nueva adjudicación del servicio a la misma empresa que venía realizándolo, en las mismas o similares circunstancias y sin que se produzca cese alguno en la prestación del servicio, suponiendo la extinción de los contratos de obra o servicio determinado suscrito con los trabajadores de la empresa contratista o por el contrario los mismos permanecen vigentes hasta la finalización total del servicio adjudicado.

1. El contrato para obra o servicio determinados es el que se concierta para la realización de una obra o la prestación de un servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta.

Cuando el convenio colectivo que resulte de aplicación haya identificado los trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con esta modalidad contractual, se estará a lo establecido en el mismo a efectos de su utilización.

Consideraciones por tomar en consideración de esta modalidad contractual:

a) El contrato deberá especificar e identificar suficientemente, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto.

b) La duración del contrato será la del tiempo exigido para la realización de la obra o servicio.

Si el contrato fijara una duración o un término, éstos deberán considerarse de carácter orientativo en función de lo establecido en el párrafo anterior.

Requisitos que deben concurrir en los contratos de obra y servicios determinados para considerarse ajustados a Derecho:

a) Que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa;

b) Que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta;

c) Que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto;

d) Que, en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas.

Doctrina legitimando contratos para obra o servicio por la existencia de una “contrata” entre empresas:

Se admite la validez de la contratación para obra o servicio cuyo objeto sea la realización de actividad contratada con un tercero por tiempo determinado, extendiéndose su duración por el tiempo que abarca la contrata, aunque su celebración no esté expresamente prevista en el convenio colectivo.

Si bien es cierto que al formalizar un contrato de obra o servicio determinado siendo su objeto una actividad contratada no existe un trabajo dirigido a la ejecución de una obra entendida como elaboración de una cosa determinada dentro de un proceso con principio y fin, y tampoco existe un servicio determinado entendido como una prestación de hacer que concluye con su total realización, sí existe una necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa y objetivamente definida, conocido ese límite temporal por las partes y operando como un marco de referencia temporal finito.

No cabe argumentar que la realización de este tipo de trabajos constituye la actividad normal de la empresa, porque esa normalidad no altera el carácter temporal de la necesidad de trabajo.

Novaciones de la contrata y dinamismo de las relaciones laborales:

La sucesiva renovación de contratas comporta:

 a) La paralela terminación de los contratos para obra o servicio adscritos a ella.

 b) La novación de los contratos y conversión en indefinidos.

c) El mantenimiento de tales vínculos, pero sin mutar su naturaleza temporal.

Abuso de la temporalidad:

La doctrina viene manteniendo esta Sala desde 1997 constituye una excepción a la regla general conforme a la cual la autonomía y sustantividad que legitima la contratación temporal de personas para acometer una necesidad empresarial de mano de obra debe valorarse atendiendo a los trabajos realizados en sí mismos. No es casualidad que surja, precisamente, al hilo de encargos para realizar tareas en el sector de la construcción.

Eso debiera impedir que, al amparo de esa consolidada doctrina, se considere posible que aparezcan indefinidamente como temporales quienes están adscritos a una empresa que trabaja para otra principal a virtud de un negocio jurídico renovado de forma sucesiva

Que los límites legales para evitar esa perpetuación de temporalidad (el tope de tres años para los contratos de obra o servicio, la regla del artículo 15.5 sobre transformación de los contratos temporales válidos) resulten inaplicables, por razones cronológicas, al presente caso no significa que ahí concluya el examen de validez.

Porque al tiempo que legitima el recurso a contratos para obra o servicio por existir una “contrata” entre empresas, nuestra doctrina sigue recalcando que ello no exime de cumplir con los presupuestos generales de esta modalidad contractual.

Una cosa es la mera prórroga de la contrata y otra la sucesiva renegociación de sus términos, desde el temporal hasta el funcional. Ello, por tanto, con independencia de que la trabajadora siempre haya desempeñado las mismas funciones, porque lo que legitima su inicial (y válida temporalidad) no es la duración determinada de sus concretas tareas sino, como reiteradamente venimos exponiendo, la acotada duración de la colaboración entre las empresas.

En ese sentido, matizando y actualizando nuestra doctrina, hemos de advertir que la “autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa” pedida por el legislador para legitimar el recurso a esta modalidad contractual deja de concurrir cuando la contrata se nova y es sucedida por otra diversa. Lo contrario acaba desembocando en un abuso de derecho (art. 7.2 CC), que deslegitima lo inicialmente válido.

Sostener la tesis contraria tampoco parece acorde con uno de los predicados esenciales del contrato de trabajo: la prestación de servicios “por cuenta ajena” (art. 1.1 ET). La ilimitada sucesión de renovaciones de la contrata traslada el riesgo empresarial a quienes aportan su actividad asalariada y desdibuja los perfiles típicos de quienes vienen vinculados por ese tipo de contrato.

Un contrato válidamente celebrado como temporal por estar vinculado a la contrata mantiene esa naturaleza cuando, ante la prologada duración de la colaboración empresarial, la expectativa de finalización del mismo se torna excepcionalmente remota.

No puede bastar con alegar que la relación laboral, mantenida ininterrumpidamente y sin alteración alguna a lo largo de más de 14 años, estaba ligada a las vicisitudes de la contrata y, a la vez, pretender que es ésa una circunstancia de delimitación temporal del vínculo.

#MoyaEmery #laboral #contratos #obrayservicio #trabajadores

Preguntas y respuestas sobre el acuerdo para el brexit entre Reino Unido y la Unión Europea del pasado 24 de diciembre

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¿Qué cambia el 1 de enero de 2021?

Al abandonar la UE, el Reino Unido ha decidido poner fin a la libre circulación de personas entre la UE y el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021.

Todos los movimientos posteriores al 1 de enero de 2021 estarán sujetos a la legislación de inmigración vigente de la UE y el Reino Unido aplicable a todos los nacionales de terceros países.

Quienes se encontraban o se encontraban ya en una situación transfronteriza entre la UE y el Reino Unido antes del 1º de enero de 2021 están amparados por el Acuerdo de Retirada, que permite la continuidad de su derecho a permanecer, garantiza la no discriminación y protege sus derechos de seguridad social.

COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y VISADOS PARA VISITAS DE CORTA DURACIÓN

¿Qué cambia el 1 de enero de 2021?

Al abandonar la UE, el Reino Unido ha decidido poner fin a la libre circulación de personas entre la UE y el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021.

Todos los movimientos posteriores al 1 de enero de 2021 estarán sujetos a la legislación de inmigración vigente de la UE y el Reino Unido aplicable a todos los nacionales de terceros países.

Quienes se encontraban o se encontraban ya en una situación transfronteriza entre la UE y el Reino Unido antes del 1º de enero de 2021 están amparados por el Acuerdo de Retirada, que permite la continuidad de su derecho a permanecer, garantiza la no discriminación y protege sus derechos de seguridad social.

¿Qué abarca el proyecto de Acuerdo de Comercio y Cooperación?

El Reino Unido se negó a incluir un capítulo sobre la movilidad en el Acuerdo, o cualquier disposición destinada a facilitar las visitas de corta duración o las estancias de larga duración. La única excepción se refiere al desplazamiento temporal de personas físicas con fines comerciales, o al modo 4, tal como se define en el capítulo sobre el comercio de servicios de este documento). Por consiguiente, el Acuerdo no abarca el derecho a entrar (con o sin visado), trabajar, residir o permanecer de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido o de los nacionales del Reino Unido en la UE.

No obstante, el Acuerdo contiene varias medidas de coordinación de la seguridad social destinadas a proteger los derechos de los ciudadanos de la UE que permanecen, se trasladan o trabajan temporalmente en el Reino Unido y de los nacionales británicos que permanecen, se trasladan o trabajan temporalmente en la UE después del 1º de enero de 2021.

¿Significa esto que se necesitarán visados para todos los viajes entre la UE y el Reino Unido?

No. La Unión Europea ya ha adoptado la decisión de permitir a los nacionales del Reino Unido visitas de corta duración sin visado de hasta 90 días dentro de un período de 180 días, a partir del 1º de enero de 2021. El Reino Unido también ha decidido permitir visitas de corta duración sin visado a los ciudadanos de la UE.

La decisión de la Unión Europea está condicionada a que el Reino Unido siga disponiendo la igualdad de viajes sin visado para las visitas de corta duración de los ciudadanos de la Unión Europea de todos los Estados miembros de la Unión Europea, sin discriminación entre los nacionales de la Unión Europea.

En caso de que el Reino Unido introduzca el requisito de visado para los nacionales de al menos un Estado miembro, se aplicará sin demora el mecanismo de reciprocidad de la UE (artículo 7 del Reglamento (UE) 2018/1806), lo que significa que se adoptará una serie de medidas cada vez más amplias, que podrían dar lugar a la suspensión de la exención de visado del Reino Unido, en caso de que éste, tras celebrar consultas, no elimine el requisito de visado.

¿Puede el Reino Unido discriminar entre los ciudadanos de la Unión Europea en el contexto de los viajes de corta duración o de la seguridad social?

Si bien la Unión Europea y el Reino Unido tienen libertad para determinar sus respectivas políticas en materia de visados, el Reino Unido debe tratar por igual a todos los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea; no puede decidir conceder una exención de visado para los viajes de corta duración a los ciudadanos de determinados Estados miembros, excluyendo a los demás.

Este principio de no discriminación entre los ciudadanos de la UE también es aplicable en otros ámbitos del acuerdo que son directamente pertinentes para los ciudadanos, como en relación con las estancias temporales por motivos de negocios, la coordinación de la seguridad social o la participación en programas de la Unión.

¿Qué ocurre con las estancias de larga duración?

Los nacionales del Reino Unido que tengan la intención de permanecer en un Estado miembro de la UE por períodos superiores a 90 días para cualquier propósito (por ejemplo, trabajo, investigación, estudio, formación) podrán hacerlo en las condiciones de entrada y estancia de los nacionales de terceros países establecidas en la legislación de la UE y las leyes nacionales de los Estados miembros.

Los ciudadanos de la UE que tengan intención de trasladarse al Reino Unido deberán cumplir las condiciones de inmigración aplicables establecidas por el Gobierno del Reino Unido.

¿A quiénes se aplican las disposiciones sobre la coordinación de la seguridad social?

El Acuerdo abarca a los ciudadanos de la UE, los nacionales del Reino Unido y de terceros países, los apátridas y los refugiados, en situación transfronteriza a partir del 1º de enero de 2021, que residan legalmente en la UE o en el Reino Unido y cuya situación no se limite a un solo país desde el punto de vista de la seguridad social. También cubre a sus familiares y supervivientes.

¿Qué es exactamente lo que se cubrirá bajo la coordinación de los sistemas de seguridad social?

El Acuerdo garantiza la coordinación de las prestaciones de seguridad social. También garantiza que sólo se aplique un conjunto de normas a una persona en un momento dado. De este modo se evitará el riesgo de que esa persona pague el doble de las cotizaciones a la seguridad social o de que no se le aplique ninguna legislación en un momento dado y, por lo tanto, se quede sin protección de la seguridad social.

El proyecto de acuerdo ofrece una amplia protección a los ciudadanos de la UE y del Reino Unido. La mayoría de las prestaciones de seguridad social se coordinarán y protegerán entre la UE y el Reino Unido, de modo que los ciudadanos conserven sus derechos si, por ejemplo:

  • están o estarán en una situación transfronteriza y trabajan o trabajarán en más de un país, siendo uno de ellos el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021;
  • residen en una Parte y trabajan en otra;
  • trasladan su residencia a la otra Parte; o
  • viajan entre la UE y el Reino Unido para una estancia temporal.

Más específicamente, dicha persona no perderá su derecho a las pensiones de vejez y de supervivencia, a los subsidios por fallecimiento, a las prestaciones previas a la jubilación o a las prestaciones de maternidad/paternidad relacionadas con el nacimiento de un hijo en la otra Parte.

Los accidentes de trabajo también se coordinarán para que una persona que trabaje fuera del Estado del seguro pueda ser tratada en el Estado de trabajo en el que ocurrió el accidente. Si se trasladan a la otra Parte, también podrán seguir recibiendo allí sus prestaciones en efectivo.

¿Qué es lo que no estará cubierto?

El Acuerdo prevé la igualdad de trato de los ciudadanos de la UE con los nacionales del Reino Unido y viceversa a efectos de las contribuciones y prestaciones de la seguridad social.

Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, ciertas prestaciones no están incluidas en el Acuerdo y eso significa que el acceso a esas prestaciones se dejará en manos de la legislación nacional, que podrá entonces optar por tratar de manera diferente a las personas interesadas.

Entre esas prestaciones figuran las prestaciones familiares, los cuidados a largo plazo, las prestaciones especiales no contributivas o los servicios de concepción asistida.

¿Qué sucede con los períodos trabajados tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido en lo que respecta a las prestaciones de las personas?

Una persona no perderá los períodos trabajados en la UE y en el Reino Unido, que se tendrán en cuenta cuando se determinen y calculen sus prestaciones (por ejemplo, las prestaciones de desempleo, las pensiones de vejez y de supervivencia).

Los períodos trabajados en el Reino Unido y en la UE también se tendrán en cuenta al determinar el derecho de una persona a las prestaciones de invalidez.

¿Qué disposiciones existen para la asistencia sanitaria?

La atención de la salud está incluida en el ámbito del Acuerdo y, en principio, seguirán aplicándose las disposiciones actuales.

Por ejemplo, un ciudadano de la UE que se encuentre temporalmente en el Reino Unido (un turista, un estudiante o un hombre de negocios) seguirá beneficiándose de la asistencia sanitaria necesaria (como la de emergencia) basada en la Tarjeta Europea de Seguro de Enfermedad.

Sin embargo, para estancias más largas, la legislación nacional de inmigración puede establecer requisitos adicionales. En particular, el Reino Unido impone a los nacionales de terceros países, por el momento, un recargo por atención médica como condición para la expedición de un visado de entrada para estancias superiores a 6 meses. Este recargo deberá ser pagado también por los ciudadanos de la UE, pero se reembolsará a los estudiantes y personas que permanezcan asegurados en su Estado miembro (titulares del Documento Portátil S1 como se explica más adelante).

Los pensionistas seguirán beneficiándose de la asistencia sanitaria en su Estado de residencia en nombre del Estado que paga su pensión si se trasladan al Reino Unido o a la UE. Lo mismo ocurre con los trabajadores fronterizos, que trabajan en un Partido y residen en otro. Si bien es posible que se apliquen requisitos adicionales en virtud de la legislación nacional de inmigración, el Acuerdo garantiza que el país de seguro reembolse al país de residencia, de modo que en última instancia se aplican las mismas disposiciones que ahora.

¿Qué ocurre con los trabajadores desplazados?

El desplazamiento de trabajadores forma parte de la libre circulación de servicios dentro de la Unión Europea, sujeta a condiciones. El Acuerdo no incluye normas para el desplazamiento de trabajadores del Reino Unido en la UE, ni viceversa. Esto significa que, por ejemplo, un trabajador enviado por el Reino Unido a la UE para trabajar tendrá que pagar las contribuciones a la seguridad social en el Estado miembro de la UE y estará sujeto a la legislación de ese país.

No obstante, se acordó que en esta esfera, y como disposición transitoria, los Estados miembros pueden solicitar, previa notificación a la Comisión, que se mantenga el sistema de desplazamiento tal como existe actualmente por un período de hasta 15 años. Los Estados Miembros pueden poner fin al sistema de contabilización antes.

Durante este período de tiempo, los trabajadores desplazados pagarán entonces sus contribuciones a la seguridad social en la Parte que los envió (es decir, el Reino Unido en el ejemplo proporcionado).

Nuevo plazo de solicitud del Subsidio Especial por Desempleo

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El Boletín Oficial del Estado BOE ha publicado el 23 de diciembre el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, en el que, entre otras medidas, se establece un nuevo plazo para la solicitud del Subsidio Especial por Desempleo.

En este enlace puedes consultar el texto íntegro de esta disposición legal.

Este subsidio está regulado en el artículo 1 del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural, para aquellas personas que hubieran agotado prestaciones por desempleo entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020.

El nuevo plazo será de un mes desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley. Por lo que el nuevo período comenzará el próximo 25 de diciembre.

Es importante destacar que si se realizó la solicitud entre el 6 y el 30 de noviembre y está todavía en fase de tramitación no debe presentarse de nuevo.

En este enlace puedes encontrar más información sobre el subsidio excepcional por desempleo para las personas que han agotado su prestación entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020

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