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Una empleada de hogar ve reconocida una incapacidad permanente absoluta para ejercer cualquier oficio debido a su fibromialgia

Un Juzgado de lo Social de Sevilla ha reconocido en este caso que la multipatología tanto física como psíquica que afecta a la empleada de hogar, por un lado fibromialgia y por otro un cuadro ansioso-depresivo, le impiden ejercer con continuidad y de manera eficaz, no sólo la suya, sino cualquier profesión y la hacen, por tanto, merecedora de la prestación de incapacidad permanente absoluta por parte del INSS.

Lee más acerca de este caso en la noticia del portal NoticiasJurídicas.com que te transcribimos a continuación:


FUENTE: Noticias Jurídicas AUTORA: Silvia León

Un juzgado reconoce la incapacidad permanente absoluta por fibromialgia a una empleada del hogar

El juez considera que las dolencias le impiden trabajar con continuidad y eficacia

La fibromialgia, así como muchas dolencias “invisibles”, siguen constituyendo hoy un doble lastre para el que los padece. No solo han de luchar diariamente para sobre llevar la fatiga, dolores físicos, depresión sino también con aquellos que cuestionan su capacidad para trabajar o que sus dolencias sean reales. Este es el caso de una empleada de hogar a quien el Juzgado de lo Social de Sevilla le ha reconocido finalmente la incapacidad permanente absoluta, por entender que la fibromialgia y la depresión que padece le limitan para el desempeño de cualquier actividad laboral, en contra del criterio de la Seguridad Social.

El letrado de la demandante, Alvaro Jiménez Bidón, socio del despacho Jiménez Bidón Abogados, comenta como “pese al cuadro multipatológico cronificado en el tiempo y de incierta recuperación de esta trabajadora de sólo 44 años, el INSS le negó la incapacidad permanente, por considerar que sus dolencias no disminuyen su capacidad laboral”. Motivo por el que la mujer no tuvo otra alternativa que “recurrir dos veces a los juzgados para que éstos le ratificasen, tanto su incapacidad laboral temporal (baja médica), como la permanente, siéndole reconocida finalmente una incapacidad laboral absoluta”.

Empleada hogar

La operaria, que trabajaba como empleada del hogar, fue dada de alta de su incapacidad temporal (baja médica por patología psíquica) por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en julio de 2017. Tras una impugnación de alta, el juez ratificó en enero de 2018 esa baja médica con efectos retroactivos al momento del alta.

Sin embargo, en marzo de 2018, de nuevo el INSS le denegó la incapacidad permanente, por considerar que “sus dolencias no disminuyen su capacidad laboral”.

Dolencias limitantes

Los informes médicos demuestran que la trabajadora padece dos tipos de patologías limitantes. Unas de carácter físico, referidas a los efectos de dolor causados por la fibromialgia, unido a las limitaciones ocasionadas por el síndrome del túnel carpiano que le afecta a los dos manos y que le suponen una importante limitación para realizar las tareas fundamentales como empleada de hogar.

Y, por otro lado, las de carácter psíquico, ya que sufre un trastorno mixto ansioso-depresivo y una neurosis obsesiva de mala evolución. Tales dolencias, según explica el informe aportado, le causan una apatía intensa con fallos de memoria de retención, que le impiden una mínima concentración para llevar a cabo cualquier tipo de trabajo por suave que sea, hasta el punto de no poder acudir al trabajo con regularidad, con horarios determinados y poder relacionarse con compañeros y jefes.

Requisitos

La sentencia recuerda que la incapacidad permanente absoluta inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Para valorar el grado de invalidez, los jueces han dictado que “más que atender a las lesiones hay que valorar las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral”. De forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando la persona no tenga capacidad alguna para desarrollar una actividad laboral.

En cambio, matiza la sentencia, sería incapacidad total para la profesión habitual si inhabilitase a la trabajadora para la realización de todos o de las principales tareas de dicha profesión con un mínimo de capacidad o eficacia, y siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Igualmente, también recalca la importancia de que esa actividad tenga un rendimiento económico aprovechable y que no se trate de un ejercicio esporádico de la actividad laboral, sino que se trate de un desempeño laboral conforme a “las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia”.

Por todo ello, y teniendo en cuenta todas las limitaciones en su capacidad funcional que le provocan las patologías que padece, el juez considera patente que la demandante no puede desarrollar ninguna actividad laboral con habitualidad, rentabilidad, continuidad y eficacia. Por tanto, declara a la demandante en Incapacidad Permanente Absoluta, con la prestación que le corresponda por parte del INSS.

Consulta un resumen de la sentencia aquí

FUENTE: Noticias Jurídicas AUTORA: Silvia León



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El Abogado General del TJUE ve discriminatorio que en España se niegue la prestación por desempleo a las empleadas del hogar

El informe en que presenta sus conclusiones el Abogado General al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es claro: denegar el derecho a paro (o impedirles cotizar para poder tenerlo) de las empleadas del hogar es discriminación indirecta pr razón de sexo sin justificación alguna.

Ahora el TJUE deberá dictar sentencia, sin verse vinculado por el informe del Abogado General -aunque en pocas ocasiones se suele separar de su criterio- sobre el caso de una empleada del hogar a la que la Tesorería General de la Seguridad Social denegó la posibilidad de cotizar para tener prestación por desempleo.

¿Quieres leer más al respecto? Lee a continuación la noticia publicada por  abogacía española:


El abogado general del TJUE ve ilegal la ley española que niega prestación del paro a empleadas del hogar

FUENTE: Abogacía Española

La legislación española que excluye de las prestaciones por desempleo a las empleadas del hogar es contraria al Derecho de la Unión Europea porque constituye una discriminación indirecta hacia las mujeres, según ha concluido el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Szpunar.

En opinión del letrado, dado que estos empleados son “casi exclusivamente mujeres”, denegarles el derecho a paro “constituye una discriminación indirecta por razón de sexo y no justificada por objetivos legítimos y ajenos a toda discriminación basada en el sexo”.

Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes de cara a la futura sentencia que tendrá que emitir el TUE en los próximos meses para resolver el caso de una empleada del hogar a la que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) denegó una solicitud de cotización a la protección por desempleo para adquirir el derecho a la prestación.

El asunto fue elevado al tribunal de Luxemburgo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, que pide al TUE que interprete la directiva sobre igualdad en materia de seguridad social para determinar si existe una discriminación indirecta por razón de sexo.

Así, Szpunar señala que corresponde al juez español comprobar si la “desventaja particular” que la legislación española establece para las empleadas del hogar puede calificarse de “medida indirectamente discriminatoria”.

Si embargo, el letrado destaca que, mientras que la proporción entre hombres y mujeres es “más o menos similar” entre los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el régimen de general  de la seguridad social (en el que todos tienen derecho a una prestación por desempleo), la proporción en el caso del régimen especial para empleados del hogar “difiere considerablemente”.

En este caso, explica, las mujeres representan más del 95% de los trabajadores de este sistema y, por tanto, la cláusula de exclusión “afecta negativamente a una proporción significativamente mayor de empleados de hogar de sexo femenino que de sexo masculino”.

De esta forma, Szpunar apunta que, si el juez español llegar a la conclusión de que las empleadas del hogar están en “una posición menos ventajosa”, debería considerar que la legislación es contraria a las normas europeas “salvo que esté justificada por factores objetivos y ajenos a toda discriminación por razón de sexo”.

El Abogado General examina a continuación este último punto y rechaza las alegaciones presentadas por la TGSS y el Gobierno español, que justificaban la diferencia de trato “por objetivos basados en las características específicas de la categoría de empleados de hogar y del estatuto de sus empleadores, así como por objetivos de protección de los trabajadores, de protección del nivel de ocupación en este sector y de lucha contra el trabajo sumergido y el fraude”.

El letrado apunta, en primer lugar, que se trata de objetivos “legítimos” de protección social, pero estima que “no son ajenos a toda discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, no pueden justificar una discriminación perjudicial para las personas de sexo femenino”.

Por otro lado, Szpunar destaca que los motivos basados en las características de las empleadas del hogar (trabajadoras poco cualificadas que cobran el salario mínimo) o de sus empleadores (cabezas de familia) “parecen estar basados más bien en estereotipos de género” y, en consecuencia, “son difícilmente ajenos a una discriminación por sexo”.

Además, el Abogado General rechaza en sus conclusiones que una eventual protección de las empleadas del hogar frente al desempleo pueda incitarlos al fraude, así como que la exclusión “conduce a reforzar la concepción social tradicional de los roles”, lo que permite “no solo explotar la posición, estructuralmente más débil, de las personas que integran este sector, sino también infravalorar su trabajo”.


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Tirón de orejas a quienes tienen contratada una empleada o empleado del hogar de manera irregular, por Marga de Matos

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en adelante ITSS), sigue con sus campañas para detectar posibles fraudes a las arcas de la Seguridad Social. Primeramente, con la campaña inspección consistente en revisar los ERTES derivados de la pandemia de la COVID-19 en aras a detectar posibles irregularidades (comunicaciones extemporáneas de trabajadores que entran y salen del ERTE, constatación de la concesión del ERTE, etc.) y evitar la aplicación de exoneraciones indebidas en las cuotas de la Seguridad Social. Ahora, con la campaña de inspección dirigida a los empleadores del sistema especial de empleadas del hogar para comunicarles la necesidad de regularizar y actualizar las condiciones salariales y cotizaciones de las personas empleadas en este régimen.

La comunicación acerca de la obligación de proceder a actualizar o regularizar la situación a las personas que hacen uso de empleados/as del hogar se está realizando por carta y la campaña tiene como objetivo sensibilizar a los empleadores/as sobre sus obligaciones, además de poner a su disposición asesoramiento, asistencia, ayuda técnica e información para que puedan, de la forma más sencilla, proceder a la regularización de las condiciones salariales y cotizaciones de sus empleadas. Se trata de actualizar los salarios de estas trabajadores y trabajadores que se encuentren por debajo del salario mínimo interprofesional -950 euros desde el año 2020- y, con ello, las cotizaciones a la Seguridad Social, ya que estas cotizaciones dependen del salario percibido. De esta manera, se pretende proteger a las empleadas del hogar, evitando la merma de sus condiciones laborales, así como luchar contra la economía irregular ante la multitud de denuncias y comunicaciones presentadas ante la ITSS. Literalmente, el fin de este plan de actuación consiste en ajustar la cuantía actualmente marcada del SMI en un sector feminizado y precarizado.

¿Cómo deberían quedar los salarios en este régimen? Si se trabaja a jornada completa, el salario mínimo debe ser 950€/mes por 14 pagas o 1.108,33€ en caso de prorratearse las pagas (950 € x 2 pagas / 12 meses = 158,33 € importe prorrateo pagas extras). Si se trabaja por horas, el mínimo a cobrar debe ser 7,43 €/hora.

¿Cómo pueden regularizar los empleadores/as la situación de sus trabajadores? El empleador deberá comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social el salario real y actual desde el 1 de enero de 2021 de su empleada, sin que, como ya hemos señalado previamente, el mismo pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional.

El complicado horizonte laboral que nos ha deparado la pandemia del COVID no puede ser óbice para que se permita la manga ancha frente al incumplimiento de las obligaciones con respecto a unos trabajadores, en su inmensa mayoría mujeres, históricamente ejercientes de una actividad tan necesaria como precarias siguen siendo sus condiciones laborales.


Artículo original de Marga de Matos para el digital canal4 diario

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Guía de OTRAS MEDIDAS frente al covid-19: desahucios, alquileres, sector de la abogacía, sanitarios, empleadas del hogar, contratación pública

PROHIBICIÓN DE LOS DESAHUCIOS

Quedan paralizados los desahucios durante el plazo de 6 meses después del levantamiento del Estado de Alarma para los alquileres de casas de hasta 900€.

Tampoco los contratos de alquiler que venza dentro del periodo de Estado de Alarma.

ALQUILERES

¿Qué pasa con los pagos de las cuotas de alquiler?

Para los arrendatarios: Se crea una línea de microcréditos avalados al 100% por el Gobierno al tipo intereses del 05, sin comisiones de apertura, para hacer frente al pago de los alquileres. Estos podrán devolverse en plazo máximo de 6 años y existen dificultades económicas este plazo se podrán prorrogar durante 4 años más.

¿Qué pasa con los arrendadores?

En este punto se ha de distinguir entre los:

Pequeños arrendadores: Los pequeños arrendadores de viviendas tiene asegurado el cobro de sus rentas. Se entenderá pequeño arrendador aquel que alquile 9 o menos viviendas. 

Grandes arrendadores: El arrendador posee más de 10 viviendas, deberá elegir entre conceder una moratoria de cuatro meses del pago del alquiler, a devolver en 3 años; o rebajar el 50% del alquiler al inquilino durante cuatro meses.

SECTOR ABOGACÍA

ABOGADOS AUTÓNOMOS

1- ¿La labor que realiza un abogado se considera servicio o actividad esencial?

Sí, de acuerdo con el artículo 1 del RD 10/2020 de 29 de marzo el permiso retribuido no resulta de aplicación a despacho profesionales, empresas dedicadas a asesoramiento legal, fiscal, empresarial y socio-laboral. Además de las personas trabajadoras que prestan servicios esenciales para la administración de justicia.

Por tanto, los abogados autónomos (independientemente de su régimen de previsión RETA o Mutua), no se verán afectados por el permiso retribuido.

2- ¿Puede un abogado por ejemplo ir a su despacho o celebrar un juicio?

Sí, los abogados podrán desplazarse desde su domicilio hasta su despacho profesional conforme al artículo 7.1 c) del RD 463/2020 de 14 de marzo: únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

No obstante, se recomienda en la medida de lo posible el teletrabajo, quedando limitados los desplazamientos a los estrictamente necesarios, urgentes e indispensables. Recordar que los abogados no podrán recibir personalmente a sus clientes en los despachos.

Respecto a la celebración de juicios, de acuerdo a la disposición adicional segunda del mismo RD quedan suspendidos los plazos procesales para todas las órdenes jurisdiccionales, existiendo excepciones muy limitadas y tasadas (procedimientos de protección de derechos fundamentales, procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de la jurisdicción social, medidas o disposiciones de protección para los menores, autorizaciones judiciales para el internamiento no voluntaria por razón de trastorno psíquico).

Por tanto, con carácter general y fuera de los supuestos enumerados los abogados no podrían acudir a juicio, quedan restringidos a aquellas actuaciones procesales que no estuvieran suspendidas.

ABOGADOS POR CUENTA AJENA

1- ¿Se verán afectados los abogados por cuenta ajena del permiso retribuido?

Sí, excepto en aquellos casos que deban asistir a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/202 y por tanto, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas

SERVICIOS ABOGACÍA Y REGISTROS:

  • Continuará la prestación de servicios esenciales del Registro Civil.
  • Colegios de abogados en las siguientes actividades:
  • Asistencia jurídica gratuita
  • Servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.
  • Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

LA ABOGACÍA Y EL TELETRABAJO:

A medida que el coronavirus avanza, más son las empresas que optan por el teletrabajo, entre ellas se encuentran los despachos de abogados.

Y es que el mundo de la abogacía está muy bien dotado de servicios tecnológicos de manera que se pueda seguir prestando un servicio de calidad a los clientes de forma eficaz y evitando los tiempos de inactividad, pudiendo ser productivos independientemente de la situación y el lugar de trabajo.

¿Cómo pueden los abogados mantener la productividad?

  • Asegurarse que se tiene acceso a todos los archivos y expedientes, así como aquellos datos que se requieran.
  • Tener acceso a la nube teniendo acceso 24 horas a todos los documentos, correos… sin necesidad de complejas conexiones de red.
  • Comprobación de que se tiene el sistema correcto en los casos de tener que trabajar vía remoto, ya que pueden existir limitaciones o incompatibilidades.
  • Eliminar dispositivos, aplicaciones y actualizaciones innecesarias que gasten recursos para evitar problemas de conectividad.

SANITARIOS Y CENTROS DE MAYORES, DISCAPACITADOS O DEPENDIENTES

¿Pueden estos servicios elaborar un ERTE?

No, puesto que son considerados servicios esenciales, por tanto, deben mantener su actividad pudiendo únicamente proceder a reducir o suspender la misma parcialmente en los términos en que así lo permitan las autoridades competentes.

EMPLEADAS DEL HOGAR

El RD 11/2020 prevé un subsidio para las empleadas del hogar que estuvieran de alta antes de la entrada en vigor del Estado de Alarma.

Se podrán beneficiar de ese subsidio, las empleadas del hogar que hayan tenido que dejar de prestar sus servicios total o parcialmente de forma temporal en aras a reducir las posibilidades de contagio por causas ajenas a su voluntad e uno o varios domicilios, todo ello debido al COVID-19.

¿A cuánto asciende la prestación?

al 70% de su base reguladora.

¿A qué periodo se extiende la prestación?

El derecho a la prestación será desde la fecha de baja en la Seguridad Social o desde la fecha que figure en la declaración responsable firmada por el empleador.

EFECTOS SOBRE LOS 3 SECTORES DE ACTIVIDAD

EFECTOS SOBRE EL SECTOR PRIMARIO

Se incluyen: las materias primas, agricultura, ganadería, pesca y acuicultura. Al tenerse que garantizar los productos de primera necesidad y servicios de producción en este sector no se pueden presentar ERTE por fuerza mayor, excepto que concurra alguna de las situaciones urgentes o extraordinarias reguladas en el artículo 22.1 del RD 8/2020.

Incluidas en este sector también están la explotación forestar y silvicultura que, pese a no orientarse al abastecimiento de productos alimentarios, se consideran de suministro de materias primas y por tanto tampoco se podrán ver afectadas por ERTE a no ser que se acrediten como en el caso anterior las circunstancias urgentes o extraordinarias.

EFECTOS SOBRE EL SECTOR SECUNDARIO (INDUSTRIAL):

Este sector no está incluido en las actividades de los artículos 9, 10 y anexo del RD 463/2020 que deben suspender sus actividades, con lo cual con carácter general seguirán prestando sus servicios, respetándose en todo caso el resto de las medidas.

Las empresas de este sector que quieran reducir jornadas o suspender contratos deberán hacerlo con carácter general por causas económicas y/o productivas.

Las empresas de este sector que quieran reducir jornadas o suspender contratos deberán hacerlo con carácter general por causas económicas y/o productivas por el procedimiento del artículo 23 del RD 8/2020, al entenderse que no son causa directa sus posibles pérdidas del COVID-19.

¿Nunca se puede presentar un ERTE por fuerza mayor en este sector?

NO. Existen 2 excepciones, que deben ser acreditadas por la empresa:

  • Falta de suministros por parte de proveedores para el proceso productivo de forma que no se pueda seguir con la actividad.
  • Suspensión o cancelación de actividades (pérdida de todos los clientes que provoque la cancelación o suspensión de actividades).

SECTOR CONSTRUCCIÓN

Tampoco está incluido en las actividades vetadas o suspendidas de actividad, por tanto con carácter general también continuarán prestando sus servicios. OJO: tener en cuenta las paralizaciones del 30 al 9 de abril prevista por el  RD 11/2020. Estos días sí se verá suspendida su actividad.

Por tanto, en el caso de quererse presentar un ERTE en este sector deberá ser por causas productivas y/o económicas.

EXISTE UNA EXCEPCIÓN: falta de proveedores que impida la continuación de la actividad, algo que tendrá que ser acreditado por la empresa.

SECTOR TERCIARIO (SERVICIOS)

El artículo 10 del RD 463/2020 se establece un listado de actividades que pueden mantener su actividad al considerarse de primera necesidad, por tanto, los ERTES en estas actividades no se entenderán como fuerza mayor sino como causa productiva o económico (descenso de demanda e ingresos).

¿Qué establecimientos y actividades deben permanecer cerrados al público?

Aparecen establecidas en los artículos 9 y 10 del RD 463/2020 así como en su Anexo. Estas actividades son las que por imposición legal deben mantenerse cerradas. En su caso, las empresas comprendidas en estas actividades sí podrán presentar un ERTE por fuerza mayor al ser la causa directa de las suspensiones y reducciones el COVID-19. No obstante, no se considerará fuerza mayor aquella actividad que pudiera seguir realizándose sin abrirse al público (restaurar obras de arte).

Los trabajadores que presten servicios de entrega a domicilio tampoco se verán afectadas por la fuerza mayor.

Los talleres de reparación, mantenimiento de vehículos a motor y actividades adicionales tienen permitida su apertura (no entre el 30-9 de abril) pero de forma limitada.

¿Hasta dónde llega la restricción de movilidad de las personas del artículo 7 del RD 463/2020?

Los ciudadanos no pueden acceder a la vía pública para actividades diferentes a las previstas en el artículo 7 ni acceder a lugares diferentes a los previstos en ese artículo.

Se apreciará la fuerza mayor en actividades que sus reducciones o suspensiones tengan su causa directa en las restricciones en el transporte público y movilidad de las personas (ejemplo: agencias inmobiliarias), pese a tenerse que valorar la posibilidad de seguir trabajando mediante alternativas como el teletrabajo.

OTROS SUPUESTOS DE FUERZA MAYOR

  • Paralización de la actividad por riesgo grave e inminente.
  • No poder proveer a los trabajadores de los EPIS o no tener los suficientes para toda la plantilla.
  • Cierre de instalaciones por recomendaciones sanitarias o del Gobierno.

CONTRATAS Y SUBCONTRATAS (EXCLUÍDAS DEL SECTOR PÚBLICO)

Las empresas contratistas cuya empresa estuviera afectada por un ERTE por fuerza mayor podrán igualmente presentar un ERTE por fuerza mayor, se entiende que la contratista no puede prestar los servicios para los que fue contratada y con ello es una pérdida directa y justificada en el COVID-19. A sensu contrario, si la empresa principal puede seguir desarrollando su actividad, la contratista no se entenderá afectada por fuerza mayor.

Ahora bien, si la contrata va a percibir los ingresos igualmente pactados en contrato no cabría ERTE, ya que en caso contrario sería un enriquecimiento injusto. Por tanto, se ha de analizar caso por caso.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Existen medidas específicas en el artículo 34 del RD 8/2020 para cada tipo de contrato:

  • Casos donde la ejecución sea imposible como consecuencia del COVID-19 quedan automáticamente suspendidos desde que se produjo el hecho causante que provoca dicha suspensión y hasta que pueda reanudarse.  El contratista tiene acreditar la situación y la entidad adjudicadora abonará a la contratista una indemnización por los daños y perjuicios sufridos (incluye gastos de personal afectado durante todo el periodo de suspensión). Los contratos de estos trabajadores no se verán afectados ni por fuerza mayor ni por otra causa.
  • Contratos de obra pública: pertenecientes al Sector Público y cuya finalidad no hubiera desaparecido, pero sean imposibles de llevar cabo durante esta situación, se podrán suspender y darán lugar a una indemnización de la contratista al personal vinculado a esta obra, por tanto, sus contratos no se pueden ver suspendidos ni por fuerza mayor ni por otra causa.
  • Contratos públicos de servicios y suministros: en estos casos se prevé el aplazamiento de las obligaciones del contratista, por tanto, se podrán suspender los contratos de los trabajadores afectados teniendo en cuenta el sector y supuesto concreto.
  • Contratos de seguridad, limpieza, mantenimiento de sistemas informáticos  entre otros: no existe normativa alguna que contemple estos supuestos por tanto se deberá estar al caso concreto. Si se acredita la imposibilidad de prestar los servicios y pérdidas se podrá apreciar fuerza mayor. En caso contrario, no cabrá suspensión de los contratos ya que en caso contrario (abono del precio sin reducción) se daría un enriquecimiento injusto.

Por Marga de Matos

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