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Alquiler turístico en la Ciudad de Palma: La prohibición constituye la última de las soluciones

EL TSJIB deja sin efecto la prohibición de alquiler turístico en pisos en la Ciudad de Palma ¿Y ahora qué?

Tras dos años de prohibición absoluta de la comercialización de estancias turísticas en viviendas sitas en edificios plurifamiliares en todo el municipio de Palma (Mallorca), el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (en adelante, el “TSJIB”), ha estimado el recurso presentado por la asociación HABTUR BALEARES que interesaba la declaración de nulidad la delimitación provisional de las zonas aptas para la comercialización de estancias turísticas.

El recurso presentado por HABTUR BALEARES sostenía, entre otros motivos, que la delimitación provisional no supera el “Test de necesidad y proporcionalidad” exigido por normativa europea. Por lo que respecta a la necesidad, no se acredita la existencia de una razón imperiosa de interés general que justifique el establecimiento de barreras de entrada al mercado de esta actividad; y en relación con la proporcionalidad, por existir instrumentos menos distorsionadores para perseguir los objetivos pretendidos.

Asimismo, y en relación con lo anterior, considera la parte recurrente que el Ayuntamiento de Palma ha vulnerado los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia para restringir la libertad de empresa de los explotadores de viviendas con fines turísticos, lo que determinaría la nulidad de la norma.

Así las cosas, el TSJIB ha decidió estimar el recurso sobre la base de que la delimitación provisional permite la comercialización de ETH en viviendas unifamiliares, excluyendo siempre y en todo caso su ejercicio en viviendas plurifamiliaresimpidiendo su explotación turística de una forma radical, sin que el Ayuntamiento haya justificado las razones imperiosas de interés general sobre las que se sustenta.

En este sentido, la sentencia pone de manifiesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en aplicación de su doctrina, el Tribunal Supremo, han determinado que la explotación turística de inmuebles puede ser objeto de actuaciones preventivas y de control por parte de los entes públicos a fin de salvaguardar bienes básicos de los ciudadanos, pero estas modulaciones deben en todo caso estar amparadas en estos fines que exceden de la esfera individual, los cuales, por su trascendencia, habilitan la restricción de la regla de la libertad.

En este caso, el Ayuntamiento de Palma aprueba una vía de control tajante en cuanto a la posibilidad de explotación turística de viviendas sitas en inmuebles plurifamiliares, ya que simplemente las prohíbe, habilitando la posibilidad de comercialización en las viviendas unifamiliares, cuando el dibujo de la Ciudad de Palma demuestra que la gran mayoría de edificaciones residenciales pertenecen a la primera clasificación, y sin emplear otros mecanismos reguladores menos tajantes, no por ello carentes de efectos preventivos y dirigidos a los fines de interés general que el Consistorio trata de alcanzar a través de la ordenación provisional impugnada.

Entiende el TSJIB que las finalidades públicas perseguidas pueden obtenerse a través de medios menos radicales, ya que la prohibición constituye la última de las soluciones posibles a los efectos nocivos que la Administración demandada trata de evitar y atajar. El libre ejercicio de la actividad turística debe conjugarse con los intereses generales, y en esta interconexión pueden adoptarse decisiones administrativas que deben ser proporcionales, idóneas y necesarias para la colectividad.

La prohibición absoluta de la comercialización de ETH en edificios plurifamiliares no aparece como ponderada con las finalidades alegadas por el Ayuntamiento, el cual dispone de medios menos agresivos para la consecución de los fines perseguidos.

En efecto, el TSJIB ya se había pronunciado respecto a la problemática que presenta el alquiler turístico. Así pues, en su Sentencia nº 270/2021 pone de manifiesto que el uso como arrendamiento turístico puede comportar implantación de actividades que suponen un aumento de población flotante en detrimento de la residente, además de una posible distorsión en los precios del alquiler ordinario, alterando así el equilibrio de las ciudades. Por ello, la administración puede imponer restricciones a dichos usos turísticos por razones de convivencia, demografía, densidad, medio ambiente, escasez de recursos naturales, movilidad, entre otros.

Y en este mismo sentido, la Ley de Turismo de las Islas Baleares (art. 75.3.b)) permite la no admisión de comercialización de estancias turísticas en viviendas en todo o en parte de su término municipal, sea con respecto a todas las tipologías edificatorias o a algunas.

Por tanto, en vista del actual marco normativo y la reciente jurisprudencia del TSJIB, es de esperar que el Ayuntamiento de Palma se apresure a aprobar una nueva normativa que regule la comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso residencial en el municipio de Palma, limitando el acceso a su desarrollo, pero esta vez, justificando la necesidad de dichas limitaciones en base al interés general, sin que, en ningún caso, pueda establecer prohibiciones de carácter genérico.

Probablemente, la nueva regulación implicará, de facto, una prohibición cuasi genérica para esta modalidad de arrendamiento en las viviendas plurifamiliares, pero esta vez, deberán hacerlo respetando los principios y los límites de nuestro ordenamiento jurídico, ya que no está de más recordar que los políticos, en su calidad de representantes de del pueblo, también están sometidos a la normativa que ellos mismos deciden aprobar.

Las reglas del juego también son aplicables a los que crean y controlan el juego”.

Marta Marina

Abogada especializada en Derecho de la empresa y Derecho inmobiliario en Moya & Emery


Artículo original publicado en Fibwi4diario – Canal4 Diario


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Migración de Dirección Electrónica Habilitada (DEH) a Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú)

A partir del 06-09-2021, TODAS las notificaciones y comunicaciones de la Agencia Tributaria estarán disponibles en la Dirección Electrónica Habilitada única (en adelante DEHú).

Actualmente las notificaciones de la AEAT están disponibles para comparecer en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, en la Dirección Electrónica Habilitada (en adelante DEH) y en Carpeta Ciudadana.

El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo en el artículo 42 sobre la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos establece en el punto 5: Toda notificación cuyo emisor pertenezca al ámbito estatal a que se refiere el artículo 1.2 de este Reglamento se pondrá a disposición del interesado a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, incluyendo el supuesto previsto en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, los emisores de ámbito estatal podrán notificar en su sede electrónica o sede electrónica asociada de forma complementaria a la puesta a disposición en la Dirección Electrónica Habilitada única.

A la DEH se envían para comparecer únicamente las notificaciones electrónicas. A la DEHú se enviarán todas las notificaciones, tal como se está haciendo actualmente en la Sede electrónica y en Carpeta Ciudadana.

Se tendrá acceso a las notificaciones depositadas por la Agencia Tributaria en la DEHú por dos vías:

  • A través del portal https://dehu.redsara.es/, autenticándose con certificado electrónico o Cl@ve PIN.
  • A través de servicios web para la descarga masiva de notificaciones ofrecido por la DEHú.
    • Instrucciones en el Portal de Administración Electrónica PAe https://administracionelectronica.gob.es/ctt/lema/descargas

Con el fin de dar tiempo para la adaptación de los desarrollos necesarios, habrá un periodo transitorio durante el que se mantendrá el envío de las notificaciones a la DEHAl finalizar ese periodo transitorio (previsiblemente en el último trimestre de 2021), no se enviarán notificaciones a la DEH.

¿Qué es la DEHú?

La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) o Punto único de notificaciones para todas las Administraciones Públicas facilita el acceso a los ciudadanos a las notificaciones y comunicaciones emitidas por las administraciones públicas en el ejercicio de su actividad.

Ante la dispersión de sedes electrónicas y de vías de puesta a disposición, la DEHú permite que los interesados, tanto personas físicas como personas jurídicas, tengan acceso a sus notificaciones y comunicaciones en un punto.

Ofrece dos vías de puesta a disposición:

• Vía web para que tanto las personas físicas como las personas jurídicas puedan acceder y comparecer a sus notificaciones y comunicaciones de manera sencilla y directa.

• Vía servicios web para grandes destinatarios  que les permite implementar procesos automatizados para acceder a sus notificaciones y comunicaciones, comparecer las notificaciones y distribuirlas entre sus diferentes centros y/o departamentos de manera rápida y eficiente.


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El Gobierno confirma una nueva prórroga los ERTEs pero con cambios significativos y la más que probable supresión de exoneraciones a la Seguridad Social

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, señaló este pasado lunes que solo quedan 275.000 trabajadores en España que continúen en ERTE, según las últimas cifras, de los 4 millones de empleados que lo llegaron a estar durante los peores meses de la pandemia.

Los ERTEs fueron extendidos con una prórroga que finaliza el próximo día 30 de este mes y el Gobierno negocia ya con los agentes sociales una nueva extensión de este mecanismo, pero casi con total probabilidad se alterarán las condiciones de los ERTEs actuales y se revisarán o suprimirán muchas de las exoneraciones a la Seguridad Social. Lo cierto es que a día de hoy no hay nada seguro sobre los futuros ERTE y sus condiciones.

Visita el blog de Moya & Emery para mantenerte al día de toda la actualidad laboral, mercantil y fiscal https://blog.moyaemery.com


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¿Cuánto dinero en efectivo puedes ingresar en el banco sin que lo sepa Hacienda?

Las entidades bancarias tienen la obligación de notificar al Banco de España y a la Agencia Tributaria las operaciones a partir de determinadas cantidades de dinero en metálico.

La lucha contra la economía sumergida y la evasión fiscal ha hecho que aumente la vigilancia de estas operaciones y transacciones económicas sobre las cuales, cuando superan los 3.000 euros, pesa la obligación de que sean informadas al Banco de España y AEAT.

Lo anterior no implica que uno no pueda ingresar la cantidad que estime oportuna en su banco (la entidad bancaria no puede impedírselo) sino simplemente que los movimientos de su cuenta bancaria podrán ser escrutados y, llegado el caso,necesario dar una cumplida justificación a la administración tributaria de la procedencia de dicho patrimonio si no lo ha hecho en la declaración de la renta como rendimientos del trabajo, de su actividad económica o rendimientos de capital.

En caso de no poder demostrar el origen de la cantidad ingresada, la administración tributaria podrá entenderlo como un incremento patrimonial no justificado, que lo que podrá ser objeto de alguna de las sanciones que la ley prevé al efecto, que pueden llegar alcanzar los ciento cincuenta mil euros.


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¿Qué derechos y obligaciones tengo por ser pareja de hecho?

¿Qué es una pareja de hecho? ¿Hay diferente regulación y derechos distintos en cada comunidad autónoma? ¿Qué requisitos o condiciones se exigen para que exista una pareja de hecho? ¿Debo cumplir un período mínimo para que se me considere pareja de hecho? ¿Qué derechos tengo por ser pareja de hecho? ¿Tengo derecho a una pensión de viudedad si muere mi pareja de hecho? ¿Qué ocurre con la herencia si fallezco o muere mi pareja de hecho? ¿Qué régimen económico es aplicable? ¿Puedo ¿Cómo afecta ser pareja de hecho en el ámbito tributario?

Neus Lafuente, de Moya & Emery, nos da las respuestas a todas estas preguntas en este vídeo del consultorio jurídico de Radio Calvià FM.


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La importancia de los balances y de una correcta llevanza de la contabilidad en la empresa. Nicolás Emery en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM

Nicolás Emery nos habló de la importancia de los balances y de llevanza correcta de la contabilidad en la empresa en el último consultorio jurídico de Rádio Calvià FM, en el que pudo responder a cuestiones como:

  • ¿Qué es un balance de situación? ¿Para qué sirve la información que figura en él? ¿Cómo debe hacerse? ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo se debe interpretar?
  • ¿Por qué es importante conocer el valor del activo corriente?
  • ¿Y el pasivo corriente?
  • ¿Qué diferencia hay entre el activo no-corriente y el activo corriente? ¿Y qué diferencia entre el pasivo corriente y el pasivo no-corriente?
  • El depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil. ¿Qué empresas está obligadas a presentar cuentas y qué plazo hay? ¿Para qué sirven las cuentas anuales?
  • ¿Qué es el fondo de maniobra?

Recuerda que en Moya & Emery podemos ayudarte con la contabilidad de tu empresa o negocio. Ponte en contacto con nosotros y pide cita en cualquiera de nuestras oficinas


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Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia (elaborada por el Consejo General de Economistas y CEPYME, julio 2021)

Ante un aumento de estos procesos concursales del 45% en el primer semestre del año frente al de 2019 y con el afán de que los empresarios que están siendo azotados por la crisis económica traída por la pandemia del Covid-19 puedan anticiparse y disponer de toda la información necesaria para afrontar de la mejor manera posible una eventual situación de insolvencia en su empresa, el Consejo General de Economistas junto con la patronal CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) han elaborado una la GUÍA DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA ANTE LA INSOLVENCIA, que puedes descargar en formato pdf aquí

Si te interesa este tema, además puedes leer el artículo del digital CincoDías con un resumen de la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia del CGE y CEPYME:


Cómo se debe afrontar la insolvencia de la empresa, paso a paso

Guía de actuación de Cepyme y CGE para pymes

FUENTE: CincoDías AUTOR: Marta Yoldi

La necesidad de los empresarios, especialmente si son pequeños, de disponer de la información necesaria para afrontar la temida situación de insolvencia es cada vez mayor en el contexto de la crisis del Covid. Ante un aumento de estos procesos del 45% en el primer semestre de 2021 frente al de 2019, el Consejo General de Economistas y la patronal Cepyme han editado la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia, un recorrido paso a paso del proceso que se ha de seguir y que se resume a continuación.

Alerta temprana

La Guía aconseja, en primer lugar, detectar con anticipación la futura insolvencia para ganar tiempo y recursos. Se trata de realizar un control económico-financiero de la compañía y de observar riesgos tales como caída de facturación o márgenes, la necesidad de convertir en dinero bienes del activo inmovilizado, la pérdida de concesiones o retrasos en los pagos.

Insolvente pero viable

Los controles permiten conocer si la empresa sigue siendo solvente o no. En caso de insolvencia, cabe la posibilidad de que haya viabilidad, coyuntura en la que hay que reorganizar costes, reconducir la empresa, buscar financiación y reestructurar deudas. Para esto último, hay que negociar con los acreedores mediante acuerdos de refinanciación o pactos extrajudiciales o concursales (propuestas de convenio y acuerdos laborales).

Insolvente e inviable

Todavía se recomienda estudiar las posibilidades de acuerdos extrajudiciales para liquidar la empresa, lo que se conoce como liquidación voluntaria. Si no es posible, se solicita el concurso de liquidación.

Comunicar los acuerdos

Al abrir la negociación con los acreedores, es necesario comunicarlo al juzgado competente. Durante los siguientes tres meses, se suspenden las posibles ejecuciones contra el deudor o las ya iniciadas. En el caso de personas naturales (físicas), el plazo es de dos meses.

Acuerdos de refinanciación

Los acuerdos de refinanciación son de dos tipos: colectivos y singulares. En los primeros, el deudor llega a un pacto con sus acreedores, con o sin homologación judicial. En los singulares, el acuerdo puede ser con uno o con varios acreedores y nunca son homologados por el juez.

Pactos extrajudiciales de pagos

Este tipo de acuerdos pretenden desjudicializar los procesos y requieren la intervención de un mediador concursal. Las personas físicas no empresarias o las personas jurídicas cuya entidad no es inscribible en el Registro Mercantil deben solicitar el mediador ante notario. El resto lo harán ante el Registro Mercantil o cámara de comercio correspondiente. Hay que advertir que el mediador tiene menos responsabilidades y obligaciones que un administrador concursal.

Papel del mediador

Como primer paso, el mediador convoca al deudor y a sus acreedores, dentro de los 10 días siguientes a la aceptación del cargo, con el propósito de alcanzar el acuerdo extrajudicial de pagos. Remite una propuesta a los acreedores, con el visto bueno del deudor, que puede contemplar cualquiera de estas medidas: esperas no superiores a 10 años; quitas; conversión de créditos en acciones o participaciones de la empresa o en otros instrumentos financieros; o cesión de bienes y derechos. Si los acreedores aceptan el plan presentado, se firma en escritura pública.

No se aprueba el plan

En caso de que los acreedores no aprueben la propuesta, el mediador presenta concurso, llamado consecutivo. Las personas físicas lo hacen ante el Juzgado de Primera Instancia y el resto de deudores, ante un Juzgado Mercantil.

Concurso consecutivo

A este concurso se llega después de no haber alcanzado ni el acuerdo de refinanciación ni el extrajudicial de pagos, por haberlos incumplido o bien porque se haya declarado la nulidad o la ineficiencia judicial de alguno de los dos acuerdos.

Exoneración del pasivo insatisfecho

Cuando una persona física llega al concurso consecutivo aún puede recurrir al sistema se segunda oportunidad o beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho por el que el deudor se libera de las deudas existentes, con ciertas limitaciones.

Proceso del concurso consecutivo

El juez nombra administrador concursal al mediador como regla general. Si el concurso se hubiera declarado a solicitud del acreedor, el concursado podrá presentar una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que le hubiera sido notificada esa declaración. Las personas físicas solo podrán presentar un plan de liquidación de la masa activa (bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor). Para el supuesto de falta de presentación o de inadmisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio, de la falta de aprobación del convenio, y de incumplimiento del convenio aprobado, el juez acordará directamente la apertura de la fase de liquidación.

Concurso de acreedores

Este concurso tiene como objeto repartir la masa activa del deudor entre los acreedores. Se presenta en dos meses desde la insolvencia y cuando no hay acuerdo previo. Es voluntario cuando lo presenta el propio deudor y necesario cuando lo hacen los acreedores. Los necesarios son los que los que no se pueden presentar hasta el 31 de diciembre de 2021 en virtud de la moratoria concursal. Consta de tres fases. La fase común es la de solicitud de concurso, el auto de declaración y el informe del administrador concursal. La fase de convenio incluye, entre otras cosas, la presentación y admisión de las propuestas, la aprobación judicial de la propuesta aceptada mayoritariamente y su posterior cumplimiento o incumplimiento. La de liquidación es en la que se liquida la masa activa y se procede al reparto entre los acreedores.

Calificación

En esta fase del proceso se depuran las posibles responsabilidades y se determina si el concurso es culpable o fortuito

Conclusión y rendición de cuentas

El concurso se concluye por: cumplimiento del convenio aprobado; liquidación de los bienes y derechos y pago a los acreedores hasta donde alcance; inexistencia de la insolvencia por pago o por satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio; desistimiento o renuncia de los acreedores; o insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa. Esta última es la causa más frecuente de conclusión. La rendición de cuentas se presentará junto con el informe final de liquidación


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Hacienda pone el foco en los autónomos que tributan por módulos (estimación objetiva) con la nueva Ley Antifraude

La nueva Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude ha puesto el foco sobre ellos y Hacienda, como caballo de batalla, los vigilará más estrechamente: Los autónomos que tributan en el régimen de estimación objetiva (módulos) están en el punto de mira porque se entiende que estos, al no tener la obligación de presentar un balance al declarar sus ingresos, poseen una mayor facilidad para aceptar “pagos en b”. En el intento de acabar con los movimientos continuos de efectivo y de controlar sus flujos de caja de operaciones sin declarar, la nueva ley ha limitado los pagos en efectivo, reduciendo la cantidad que puede ser abonada a los 1.000 Euros (antes eran 2.500 €) y fija una sanciones, tanto para pagador como para el receptor, en caso de incumplimiento de hasta el 25% del importe pagado, En caso de que una de las dos partes de cuenta de esta práctica irregular no tendrá que abonar la sanción. Además, se ofrece una reducción del 50% por pagarla sin hacer alegaciones.

Nadie queda a salvo, pero claramente serán más susceptiblesde de verse fiscalizados por la Agencia Tributaria los trabajadores por cuenta propia DE sectores de actividad en que el empleo de efectivo como medio de pago es más habitual: pequeños comercios y bares.

¿Quieres saber más de este tema? Lee a continuación el interesante artículo de elEconomista.es al respecto o nuestras entradas previas al respecto de la Ley antifraude.


Estos son los autónomos perseguidos por Hacienda por exceder los límites de efectivo

FUENTE: elEconomista.es

La Ley contra el Fraude aprobada recientemente por el Gobierno ha puesto el foco en el colectivo de autónomos. La Inspección es consciente de que este segmento del tejido empresarial español es un ecosistema perfecto para que florezca la economía sumergida. De ahí, que uno de los caballos de batalla de esta ley haya sido el dinero en efectivo.

Básicamente, la norma reduce la cantidad máxima abonada en efectivo, pasando de los 2.500 euros hasta los 1.000 euros. La sanción que establece la Administración asciende hasta el 25% del pago realizado para ambas partes, pagador y receptor.

¿A quién persigue Hacienda?

El fisco lleva tiempo poniendo el foco en un grupo de autónomos dentro del colectivo en concreto. Los ‘moduleros’, los trabajadores por cuenta propia que tributan en el régimen de estimación objetiva, no están obligados a presentar un balance de ingresos, por lo que es el caldo de cultivo perfecto para que se den casos de economía sumergida.

Estos profesionales tributan dentro de este régimen porque llevan a cabo actividades en las que hay mucho movimiento de efectivo y el flujo de caja es continuo, lo que dificulta en gran medida hacer un seguimiento de las cuentas. Por este motivo, declaran a Hacienda en base a unos segmentos de ingresos establecidos por la Administración, los módulos.

Precisamente, este es el motivo de que sea más fácil llevar a cabo transferencias de dinero en efectivo no declaradas. Este es el verdadero grupo de autónomos perseguido por la Inspección.

Para saber qué autónomos entran dentro de esta parte del colectivo tan solo hay que pensar en aquellas actividades en las que es más habitual el uso de efectivo. Atendiendo a esta referencia, los trabajadores por cuenta propia más vigilados por el fisco serían los hosteleros y los comerciantes. Dentro de estas dos áreas ya es posible especificar los subsectores más vigilados.

Por ejemplo, dentro de la hostelería, es más fácil que se ponga el foco en un bar que en un hotel, ya que en este último es más habitual ver los pagos con tarjeta o, incluso por transferencia desde la cuenta bancaria. Dentro del comercio, estará más vigilada una pequeña tienda de ropa que una gran franquicia de inmuebles, en la que es muy común que el ticket medio supere los 1.000 euros.


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Sentencia: Un trabajador es despedido por mentir en el currículum

En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) ha venido a ratificar recientemente el despido de un trabajador que mintió a la empresa -por partida doble- para llegar a ser contratado. Y es que el empleado mintió tanto en el currículum entregado a la empresa como en la declaración jurada y responsable que se le solicitó debido a la imposibilidad de llevar a cabo un reconocimiento médico previo a su incorporación, ocultando una limitación funcional para llevar a cabo las laborales que el puesto de mensajero precisaba (manipulación y carga de paquetería) por su limitación funcional de extremidades y columna por trastorno del disco intervertebral, síndrome de túnel carpiano y síndrome álgico.

¿Te ha intesado esta noticia? Entonces sigue leyendo más al respecto en este interesante artículo del portal Noticias Jurídicas, desde donde podrás, además, tener acceso a la sentencia referida:


Un empleado es despedido por mentir en el currículo

FUENTE: Redacción Noticias Jurídicas   

El trabajador firmó una declaración responsable para conseguir un puesto de trabajo cuando, por sus limitaciones físicas, no podría desarrollarlo

El TSJ Castilla y León avala el despido de un empleado que mintío, tanto en su currículo como en la declaración responsable, para conseguir el puesto de carga y descarga de paquetería, ocultándo su limitación funcional para desempeñar las funciones que el empleo acarreaba.

Según establece el tribunal, el modo abierto en el que está configurada la transgresión de la buena fe contractual, para tener efectos disciplinarios a efectos de justificar un despido, se basa primordialmente en la pérdida de la confianza en el trabajador; quiebra de la confianza que puede derivar de conductas de engaño u ocultación, destinadas a conseguir y mantener el vínculo de trabajo sobre unas condiciones de capacidad laboral irreales y parcialmente incompatibles con las exigencias del puesto desempeñado.

La sentencia (disponible en este enlace) estima que se da esta pérdida de confianza porque el trabajador, tanto en su currículo como en la declaración responsable firmada antes de acceder al puesto de trabajo, ocultó, no su discapacidad, pero sí su limitación funcional para poder desarrollar las labores que iba a asumir.

Sustitución del reconocimiento médico

Ante la imposibilidad de llevar a cabo un examen previo a su incorporación por las circunstancias derivadas del estado de alarma a consecuencia del COVID-19, se tuvo que sustituir el reconocimiento médico por la declaración jurada y responsable. En ella, el trabajador, que pretendía acceder a un puesto de mensajería y reparto de paquetes, indicó que medicamente no presentaba limitaciones para la manipulación manual de cargas – siendo ésta una tarea esencial de la categoría para la que iba a ser contratado-, y declaró su compromiso de informar a la empresa de cualquier variación en su situación médica que pudiese influir en su puesto de trabajo.

Previamente, y conociendo que la labor a desarrollar sería carga y descarga de paquetería, había señalado en su CV su facilidad para el trabajo físico y que solo estaba impedido para trabajar en la construcción, ocultando un informe del EVO, previo a la declaración de discapacidad superior al 33% en el que se había constar una limitación funcional de extremidades y columna por trastorno del disco intervertebral, síndrome de túnel carpiano y síndrome álgico.

La empresa solo conocía la clasificación del trabajador como demandante de empleo protegido en razón a su tipo y grado de minusvalía, y no fue hasta que se pudo realizar el reconocimiento médico – que fue evitado por el trabajador mientras pudo negarse a su realización-, cuando se toma conocimiento de que no podía manejar pesos superiores a 7 kilos, lo que entra en una clara contradicción con lo que había declarado dos meses antes, al inicio de la relación laboral, al afirmar que podía manipular cargas sin limitaciones cuando no era cierto.

Valora también la sala que, una vez que la empresa tuvo conocimiento de las limitaciones funcionales del trabajador, intentó buscarle otro puesto de trabajo lo que no resultó posible por la demanda del mercado, siendo la actitud del trabajador, desde entonces, la de proferir toda clase de insultos y amenazas contra la empresa sobre que no tenía licencia y permisos necesarios para funcionar, avisando verbalmente a algunos compañeros que iba a coger una baja para que no le pudieran despedir y para que la empresa tuviera que pagarle por no trabajar.

También, y a pesar de las instrucciones dadas expresamente al trabajador, vino haciendo hasta el último día caso omiso de las normas de seguridad y salud laboral, al manipular él solo y sin medios auxiliares bultos de 15 kilos o no pedir ayuda al compañero con el que realizaba la ruta que tenía asignada.


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¿Qué pasa con mis vacaciones si sufro un contagio de Covid-19 o tengo que hacer cuarentena durante las mismas? ¿Qué pasa si me veo obligado a hacer cuarentena y estoy fuera de mi lugar de residencia?

Según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que fija la regla general y de mínimos al respecto de las vacaciones (es decir, puede ser mejorada por convenio colectivo o acuerdos con el propio empleado), el trabajador que durante su período vacacional sufra una situación de incapacidad temporal -y un contagio de Covid-19 tiene tal consideración- podrá suspender sus vacaciones (total o parcialmente, según el caso) y tendrá derecho a disfrutar de las mismas una vez haya recibido el alta médica. Para disfrutar el nuevo período es necesario volver a estar de alta (que haya finalizado la incapacidad temporal), ponerse de acuerdo con la empresa sobre la nueva fecha de disfrute y, como último requisito o condición, que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.

Además, las cuarentenas, por positivo o contacto estrecho, o períodos de aislamiento tienen la consideración de incapacidad temporal por enfermedad común, así que sucede lo mismo que con un contagio por Covid-19 en lo que respecta a las vacaciones.

El obligado a guardar cuarentena que se encuentre disfrutando las vacaciones en España pero fuera de su lugar habitual de residencia habitual podrá desplazarse a su domicilio pero en vehículo privado y firmando una declaración responsable. Y -atentos los residentes en las Islas Baleares y Canarias- si la única opción de desplazamiento a nuestro hogar fuera en un medio de transporte público, “este se realizará previa valoración y autorización de la autoridad de salud pública de origen y destino debiéndose asegurar que las medidas de distanciamiento del contacto, respecto al resto de personas, sean aplicadas desde el punto de partida y durante todo el trayecto”.

¿Quieres saber más al respecto de este tema? Lee a continuación un interesante artículo del diario CincoDias Legal:


¿Qué ocurre con las vacaciones si me contagio de COVID-19 durante su disfrute?

Esta pregunta, o si el trabajador puede desplazarse desde el lugar de descanso al de su residencia para hacer cuarentena, tienen respuesta

FUENTE: CINCODIAS LEGAL AUTOR: MARCELINO ABAD RAMÓN  

Las vacaciones correspondientes al mes de agosto ya han dado el pistoletazo de salida. Y lo han hecho en plena quinta ola de contagios por el nuevo coronavirus. Aunque en España el 59,1% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación y el 69,3% tiene al menos una dosis, según datos del Ministerio de Sanidad actualizados el día 5, se siguen produciendo nuevos contagios. Ante esta situación, cabe la pregunta acerca de qué ocurriría si por desgracia el trabajador se contagia durante su periodo de descanso o si tiene que hacer la cuarentena de 10 días por haber tenido un contacto estrecho con una persona infectada.

De conformidad con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, la persona tendría derecho a disfrutar de las vacaciones una vez recibido el alta médica. Y es que, estas se suspenderían, de forma que se podría hacer uso de ellas una vez que finalizase la situación de incapacidad temporal, previo acuerdo con la empresa sobre la fecha, “y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado”.

Es decir, si el trabajador comienza su incapacidad temporal, por ejemplo, el 24 de diciembre de 2021, las vacaciones pendientes de ese año natural (2021) podrían disfrutarse hasta el 30 de junio de 2023. Con respecto a las vacaciones devengadas en 2022, se podrían disfrutar hasta el 30 de junio de 2024. Estas reglas sobre disfrute de vacaciones pueden ser mejoradas por convenio, acuerdo colectivo o acuerdo individual.

Tal y como apunta el Ministerio de Seguridad Social en su página web, los periodos de aislamiento “se considerarán como incapacidad temporal por enfermedad común”. La emisión de los partes de baja, confirmación y alta corresponderá al Servicio Público de Salud de la comunidad autónoma a la que esté vinculado el trabajador en función de su domicilio.

No obstante, a efectos del pago, estos periodos se consideran “accidentes de trabajo” y no “incapacidades temporales por enfermedad común”. Esto significa que la prestación económica se produce desde el día siguiente al de la baja y no desde el cuarto como ocurre con las bajas por enfermedad común, según señala el departamento que dirige José Luis Escrivá.

Dónde hacer la cuarentena

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad explica que si la persona debe guardar cuarentena por positivo o por contacto estrecho con una persona infectada mientras se encuentra de vacaciones en un lugar distinto al de su residencia, puede hacerla en el lugar en el que se encuentre en ese momento o donde tenga su residencia habitual.

Pese a ello, el transporte se deberá realizar en coche privado y firmando un documento de declaración responsable. Pero si por cualquier circunstancia la única opción de desplazamiento fuera en un medio de transporte público, como puede ser el caso de las islas, “este se realizará previa valoración y autorización de la autoridad de salud pública de origen y destino debiéndose asegurar que las medidas de distanciamiento del contacto, respecto al resto de personas, sean aplicadas desde el punto de partida y durante todo el trayecto”.


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