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Novedades de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital

A continuación, te mostramos las principales novedades y mejores introducidas en la Ley 19/2021 de 20 de diciembre, por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital tras su trámite parlamentario, las cuales serán de aplicación desde el inicio de 2022:

  • Se establece un complemento de ayuda a la infancia, para los beneficiarios de la prestación que tengan menores a cargo y para otras familias de rentas bajas, que no superen el 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar y que no superen el 150% del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar.
  • Se fijan mejoras de la cobertura para colectivos especialmente vulnerables (víctimas de violencia de género, trata y explotación sexual) y jóvenes que han estado bajo la tutela de las entidades públicas.
  • Se equiparan de las condiciones de las familias monoparentales con cuatro o más hijos o menores a cargo.
  • Se exceptúan las prestaciones de personas por dependencia y las prestaciones o subsidios por desempleo del cómputo de rentas
  • Se reduce el plazo de antigüedad de la unidad de convivencia a 6 meses.
  • El requisito de vida independiente para acceder a la prestación de los menores de 30 años se reduce a 2 años.
  • Se introduce la posibilidad de solicitar el IMV con los ingresos del año en curso (elevándose los umbrales de renta y patrimonio) para responder a situaciones de pobreza sobrevenida.
  • Se pone en marcha el Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital, para permitir a las entidades colaboradoras acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación y colaborar así en la gestión del IMV.

Puedes ver la norma en formato pdf aquí.

¿Quieres saber más sobre el ingreso mínimo vital y las novedades introducidas por la Ley 19/2021 de 20 de diciembre? Lee el artículo del portal Noticias Jurídicas que transcribimos a continuación:


Ley 19/2021: Novedades del ingreso mínimo vital

FUENTENoticiasJuridicas.com REDACCIÓN

La nueva normativa introduce un complemento de ayuda a la infancia y mejora la cobertura de colectivos especialmente vulnerables

Tras su trámite parlamentario, se han introducido en esta ley una serie de mejoras, que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2022. Una de ellas es el complemento de ayuda a la infancia, que llegará a los beneficiarios de la prestación con menores a cargo, pero también a otras familias de rentas bajas, ya que se elevarán los umbrales de renta garantizada y patrimonio establecidos para cada tipología de hogar, y que analizaremos más adelante (para menores entre 0 y 18 años)

Los hogares que lo recibirán serán aquellos que no superen el 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar y que no superen el 150% del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar; por lo tanto, lo cobrarán los actuales perceptores del IMV con menores a su cargo y otros hogares de rentas bajas, pero no en pobreza extrema.

Además, se han introducido mejoras para ampliar la cobertura de colectivos especialmente vulnerables (víctimas de violencia de género, trata y explotación sexual), como los jóvenes que han estado bajo la tutela de las entidades públicas. También se han igualado las condiciones de las familias monoparentales con cuatro o más hijos o menores a cargo. Respecto a las personas con discapacidad (superior al 65%) recibirán un complemento del 22% para la unidad de convivencia.

Finalmente, se ha exceptuado del cómputo de rentas las prestaciones que reciben las personas por dependencia y las prestaciones o subsidios por desempleo.

También se facilita el acceso al IMV a través de otras medidas, como la reducción del plazo de antigüedad de la unidad de convivencia de 12 a 6 meses. En el caso de los titulares menores de 30 años, se ha rebajado de 3 a 2 años el requisito de acreditación de vida independiente para solicitar la prestación.

Otras mejoras a destacar es que se ha convertido en permanente la posibilidad de solicitar la prestación con los ingresos del año en curso y se han elevado los umbrales de renta y patrimonio para estos casos, con el fin de que el IMV sea más sensible a las situaciones de pobreza sobrevenida.

Recientemente, el Ministerio de Inclusión puso en marcha el Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital, para permitir a las entidades colaboradoras acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación. Con esta medida, se permite a las entidades del tercer sector de acción social, las ONG, colaborar en la gestión del IMV, previa inscripción en dicho registro, otra medida con la que el Ministerio pretende ampliar el número de beneficiarios de la prestación.

La Ley 19/2021, con entrada en vigor el 1 de enero de 2022, se estructura en nueve capítulos, cuarenta y un artículos, diez disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, doce disposiciones finales y cuatro anexos. Veamos un resumen de las principales novedades de la norma:

1.Disposiciones generales

El capítulo I recoge las disposiciones generales del ingreso mínimo vital, regulando el objeto, el concepto y naturaleza, así como sus características. Recordemos que esta figura se considera como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, garantizándose una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias (art. 2.1).

2.Ámbito subjetivo

Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital (art. 4):

a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia (en los términos establecidos en la propia Ley).
b) Las personas de al menos 23 años que no se integren en una unidad de convivencia, siempre que no estén unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.

No se exigirá el cumplimiento del requisito de edad ni el de haber iniciado los trámites de separación o divorcio en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y explotación sexual; tampoco se exigirá a las personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes comunidades autónomas habiendo estado bajo la tutela de Entidades Públicas de protección de menores dentro de los tres años anteriores a la mayoría de edad, o sean huérfanos absolutos, siempre que vivan solos sin integrarse en una unidad de convivencia.

Además, podrán ser beneficiarias las personas que temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o socio-sanitario.

En cuanto a la titularidad, corresponde a las personas con capacidad jurídica que la soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia (en este último caso, la persona titular asumirá la representación de la citada unidad) (art. 5).

La norma incide en la unidad de convivencia, constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. Se regulan, asimismo, situaciones especiales para determinadas personas no integradas en unidades de convivencia (mujeres víctimas de violencia de género, parejas en trámites de separación, personas que abandonaron su domicilio por desahucio, etc., de acuerdo con el art. 6).

Requisitos de acceso (art. 10):

– Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud (hay excepciones a este plazo).
– Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes.

Otro de los puntos de interés es la situación de vulnerabilidad económica, que toma en consideración la capacidad económica de la persona solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, computándose los recursos de todos sus miembros (art. 11.1).

3.Acción protectora

Como sabemos, el ingreso mínimo vital consiste en una prestación económica que se fija y se hace efectiva mensualmente (art. 12).
La cuantía mensual de la prestación vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales. Es renta garantizada (art. 13.2):

a) En el caso de una persona beneficiaria individual, ascenderá al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dividido por doce. Se le sumará un complemento del 22% si el beneficiario individual tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

b) En la una unidad de convivencia, la cuantía mensual se incrementará en un 30% por miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo del 220%. Y a esta cuantía puede sumarse un complemento de monoparentalidad equivalente a un 22% de la cuantía de la letra a) si la unidad de convivencia es monoparental. También puede sumarse un 22% más si en la unidad de convivencia se incluye alguna persona con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%.

La cuantía del llamado complemento de ayuda para la infancia será, como se avanzó anteriormente, una cantidad mensual por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia, en función de la edad cumplida el día 1 de enero del correspondiente ejercicio, con arreglo a los siguientes tramos:

-Menores de tres años: 100 euros.
-Mayores de tres años y menores de seis años: 70 euros.
-Mayores de seis años y menores de 18 años: 50 euros.

Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros.

La Ley regula también el derecho a la prestación y pago, la duración (mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos legales), la modificación y actualización de la cuantía (mediante la revisión por la entidad gestora), la suspensión del derecho (por pérdida temporal de algún requisito, o incumplimiento temporal de alguna obligación, como medida cautelar, etc.), la extinción total (incluyendo el fallecimiento, la pérdida definitiva de los requisitos, la posible resolución sancionadora, la renuncia, etc.), el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, reglas sobre el cómputo de los ingresos y el patrimonio, la acreditación de los requisitos, la obligación de comunicación de los certificados por parte de los servicios sociales hacia la entidad gestora, y normas sobre cesión de datos y confidencialidad de los mismos.

4.Procedimiento

Es de aplicación lo previsto en el art. 129 LGSS, sin perjuicio de algunas especialidades.

La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social; las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social el oportuno convenio que les habilite para ello.

Tras la oportuna solicitud (art. 27) se inicia la tramitación del expediente (art. 28) que culmina con resolución del INSS en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de entrada en el registro de dicha solicitud. En cualquier caso, corresponde a este órgano la supervisión del cumplimiento de los requisitos.

5.Cooperación entre las Administraciones públicas

La norma distingue la cooperación administrativa en el ejercicio de las funciones de supervisión (art. 30), la cooperación para la inclusión social de las personas beneficiarias (mediante estrategias del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones en colaboración con departamentos ministeriales, comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones empresariales y sindicales mas representativas, etc., según el art. 31).

La regulación se completa con mecanismos de colaboración con las Administraciones (asistencia recíproca entre órganos e intercambio de información) y la creación de dos órganos: la Comisión de seguimiento, como órgano de cooperación administrativa para el seguimiento de aplicación del contenido de la Ley, y el Consejo consultivo, órgano de consulta y participación de las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones sindicales y empresariales.

6.Régimen de financianción

Como prestación no contributiva de la Seguridad Social, se financiará de conformidad con lo previsto en el artículo 109 LGSS.

7.Régimen de obligaciones

Entre otras, las personas titulares deben, durante el tiempo de percepción de la prestación (art. 36):

-Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones.
-Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de 30 días naturales desde que estos se produzcan.
-Comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en el Padrón municipal que afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro que forme parte de la unidad de convivencia, en el plazo de 30 días naturales desde que se produzcan.
-Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
-Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al extranjero, tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por un periodo, continuado o no, superior a 90 días naturales durante cada año natural, así como, en su caso, justificar la ausencia del territorio español.
-Presentar anualmente declaración correspondiente al IRPF.
-Si no están trabajando y son personas mayores de edad o menores emancipadas, acreditar, dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la resolución por la que se concede la prestación, que figuran inscritas como demandantes de empleo (existen excepciones a esta obligación).
-En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o actividad económica, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.
-Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
-Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
El régimen se completa con las obligaciones de las personas integrantes de la unidad de convivencia, y también con la obligación de los Ayuntamientos de comunicar los cambios que se produzcan en el Padrón.

8.Infracciones y sanciones

El capítulo VIII de la Ley (arts. 38 a 40) determina la diferenciación entre infracciones leves, graves y muy graves.
Son infracciones leves no proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello no se haya derivado la percepción o conservación indebida de la prestación.

Son infracciones graves:

a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50% de la que le correspondería.
b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de 30 días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50% de la que le correspondería.
c) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves del mismo tipo.
d) El incumplimiento de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
e) El incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica.

Son infracciones muy graves:

a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50% de la que le correspondería.
b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de 30 días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50% de la que le correspondería.
c) El desplazamiento al extranjero, por tiempo superior a noventa días al año, sin haber comunicado ni justificado al INSS con carácter previo su salida de España.
d) Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, mediante la aportación de datos o documentos falsos.
e) La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves del mismo tipo.
f) El incumplimiento reiterado de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
g) El incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica.

Se añade un catálogo de sanciones, que podrán imponerse en los grados mínimo, medio y máximo. A grandes rasgos, y sin perjuicio de algunas especialidades:

-Las infracciones leves serán sancionadas con el apercibimiento de la persona infractora.
-Las infracciones graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo de hasta 3 meses. Se castigarán en su grado mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo de un mes, en su grado medio de 2 meses y en su grado máximo de 3 meses (cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción consistirá en el deber de ingresar tres mensualidades de la prestación).
-Las infracciones muy graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo de hasta 6 meses. Se castigarán en su grado mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo de 4 meses, en su grado medio de 5 meses y en su grado máximo de 6 meses.

Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracción muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa, dentro de los 5 años anteriores a la comisión de una infracción muy grave, se extinguirá la prestación y acarreará la imposibilidad de que el sujeto infractor resulte persona beneficiaria durante 5 años.

9.Régimen de control interno de la prestación

El artículo 41 conforma el capítulo IX y último regulando la modalidad de control sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación de la prestación, que será la función interventora y el control financiero permanente, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria; se exceptúa la relación de las comunidades autónomas con el INSS, para la que se reserva la modalidad de control financiero permanente de forma exclusiva.

10. Últimas disposiciones

La norma se cierra con:

Disposiciones adicionales: sobre colaboración de las empresas al tránsito de los beneficiarios del IMV a la participación activa en la sociedad; la competencia del Registro de Prestaciones Sociales Públicas; la concesión de un crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ejercicio 2020 (500 millones de euros); posibles formas de gestión a estudiar por el Ejecutivo; la aplicación en los territorios forales (a través de posibles convenios con encomienda de gestión); la habilitación al titular de la Dirección del INSS para aprobar modelos normalizados; la exención del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios, y también por la expedición del DNI a menores de 14 años; el procedimiento especial de reintegro de renta mínima autonómica indebidamente percibida con motivo del reconocimiento de la prestación del IMV; y el reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia a los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%.

Disposiciones transitorias: se ocupan de los requisitos de las prestaciones económicas del IMV hasta el 31 de diciembre de 2022 (a partir del 1 de enero de 2023 la prestación transitoria devendrá en la prestación de IMV si se cumplen los requisitos legales y el interesado aporta antes del 31 de diciembre de 2022 la documentación que le requiera el INSS); la presentación de solicitudes (que veremos en la parte final); el régimen transitorio de aplicación del control financiero permanente; la exención del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios; la financiación del IMV durante 2020; la asignación por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33% e IMV; la colaboración de las Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la gestión de la prestación; y qué sucederá con los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.

-Por último, la Ley contempla una disposición derogatoria única, doce disposiciones finales (sobre modificación de determinadas normas y anuncio de futuro desarrollo reglamentario) y cuatro anexos (que contienen escalas de incrementos para el cálculo de la renta garantizada y el límite de patrimonio aplicable a los distintos supuestos).

Presentación de solicitudes

Si la solicitud se presentó antes del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

Si la solicitud se presentó a partir del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

FUENTENoticiasJuridicas.com REDACCIÓN


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¿Qué derechos y obligaciones tengo por ser pareja de hecho?

¿Qué es una pareja de hecho? ¿Hay diferente regulación y derechos distintos en cada comunidad autónoma? ¿Qué requisitos o condiciones se exigen para que exista una pareja de hecho? ¿Debo cumplir un período mínimo para que se me considere pareja de hecho? ¿Qué derechos tengo por ser pareja de hecho? ¿Tengo derecho a una pensión de viudedad si muere mi pareja de hecho? ¿Qué ocurre con la herencia si fallezco o muere mi pareja de hecho? ¿Qué régimen económico es aplicable? ¿Puedo ¿Cómo afecta ser pareja de hecho en el ámbito tributario?

Neus Lafuente, de Moya & Emery, nos da las respuestas a todas estas preguntas en este vídeo del consultorio jurídico de Radio Calvià FM.


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Nicolás Emery entrevistado por IB3 televisió a propósito de las dificultades para contratar trabajadores británicos tras el Brexit

Para los informativos del fin de semana de IB3 Televisió entrevistó al abogado y economista Nicolás Emery con motivo de las dificultades que el BREXIT ha deparado para la contratación de trabajadores británicos, esencialmente en Baleares, para el sector de la hostelería y la restauración.

Recuerda que desde 𝗠𝗼𝘆𝗮 & 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 podemos ayudarte en tus dudas laborales (contratación de británicos), mercantiles (importación y exportación de bienes o contratacion de servicios a o desde el Reino Unido) y tributarias (recargo de equivalencia/devolución del IVA). Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià y pide cita.


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Marga de Matos resuelve todas las dudas más habituales sobre la PENSIÓN DE JUBILACIÓN en Radio Calvià FM

Desde 𝗠𝗼𝘆𝗮 & 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆, a través de la abogada especializada en Derecho laboral 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒐𝒔, hemos querido dedicar íntegramente a la PENSIÓN DE JUBILACIÓN este último consultorio jurídico en Ràdio Calvià FM y explicar una serie de dudas que pueden surgir entre el colectivo de personas en edad de jubilarse o que se encuentren cercanas a dicha edad de jubilación, algunas de ellas ya planteadas por clientes de nuestro despacho de forma habitual. Por ello, se han intentado abarcar y explicar los siguientes puntos:

  • Concepto de jubilación.
  • ¿A día de hoy, cuándo me puedo jubilar?
  • ¿Cómo se verán afectadas las pensiones de jubilación con la reforma que se plantea de cara a 2022?
  • ¿Qué jubilaciones se ven afectadas por la reforma de las pensiones? Concepto de éstas.

Recuerda que puedes ponerte en contacto con cualquiera de las oficinas de 𝗠𝗼𝘆𝗮 & 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 y pedir cita para aclarar cualquier duda con respecto a tu pensión de jubilación.


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Consecuencias del Brexit en materia laboral y tributaria

Finalizado ya el período transitorio del Brexit acordado por la UE y el Reino Unido te pueden haber surgido preguntas y dudas en materia laboral (contratación de británicos) y tributaria que el abogado y economista Nicolás Emery trató de abordar y darles respuesta en el último consultorio jurídico de Radio Calvià FM:

• ¿Qué hay que hacer para contratar a un trabajador británico?
• ¿Qué requisitos debe cumplir un empresario para poder contratar a un trabajador extranjero?
• ¿Cuáles son los trámites necesarios para ello?
• ¿Qué situaciones influyen en la contratación de extranjeros? La estancia por estudios, investigación o práctica y la situación de residencia. Procedimientos específicos según otras circunstancias, como la nacionalidad.
• El régimen especial de viajeros (no comunitarios) y la devolución del IVA de los productos adquiridos en el viaje. El recargo de equivalencia.



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Más precisiones de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Ministerio de Seguridad Social sobre los requisitos del ingreso mínimo vital y su acreditación

La Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el marco de sus precisiones sobre la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, ha publicado también este documento en el que fija su criterio sobre el número máximo de titulares en el domicilio, la acreditación del propio domicilio y la determinación de la unidad de convivencia. Como siempre, Moya & Emery, lo pone a tu disposición para su consulta:


PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE CABE EXTRAER DEL INFORME SOBRE EL ALCANCE DEL APARTADO 7 DEL ARTÍCULO 6 DEL REAL DECRETO-LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL INGRESO MINIMO VITAL, INTRODUCIDO POR EL REAL DECRETO-LEY 30/2020, DE 29 DE SEPIEMBRE, DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO

1.   Precisiones en relación con la consideración de domicilio conforme al artículo 6, punto 7, del RD-Ley 20/2020 a efectos de determinar el número máximo de dos titulares en un mismo domicilio que establece el artículo 5 punto 5 deI mismo:

El artículo 6.7 del RO-Ley 20/2020 dispone:

“7. Si en virtud de un contrato queda acreditado el uso individualizado, por una persona sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en establecimiento hotelero o similar, será considerado domicilio a los efectos previstos en esta norma.

Lo establecido en el párrafo anterior no será aplicable a los pactos o acuerdos entre los convivientes sobre el uso del domicilio o de determinadas zonas del mismo, sin contraprestación económica.”

Conforme a esta disposición, a efectos de determinar el número máximo de titulares en un misma. domicilio, hay que distinguir entre dirección (Calle, número, localidad, código postal … ) y domicilio, de tal forma que en una misma dirección puede haber varios domicilios independientes, si se acredita, mediante contrato· que contemple contraprestación económica o, de ser este verbal; mediante certificación del titular del establecimiento o vivienda, que la persona individual o unidad de convivencia solicitantes del IMV ocupan solamente una habitación o una parte concreta de la vivienda o establecimiento hotelero o similar.

Dentro del domicilio así acreditado es donde se limitará a dos el número máximo de titulares, conforme al artículo 5.5 del RD-Ley 20/2020.

2.   Precisiones sobre la aplicación de lo dispuesto en el punto 3 del artículo 19 del RD-Ley 2012020 (Acreditación de requisitos), en relación con lo dispuesto en el punto 7 del artículo 6 del mismo.

El punto 3 del artículo 19 dispone que: “El domicilio en España se acreditará con el certificado de empadronamiento.”

Por tanto, en primer término, y en todos los casos, también en los contemplados en el punto 7 del artículo 6, el domicilio se acreditará mediante el correspondiente  certificado de empadronamiento.

Una vez acreditado el empadronamiento en la dirección que figure en la solicitud; si se trata de un supuesto de los contemplados en el punto 7 del artículo 6, además, el solicitante (individual o unidad de convivencia) deberá acreditar mediante el correspondiente contrato, en los términos expuestos en el punto anterior, que su domicilio, a efectos de lo dispuesto  en  el  RO-Ley  20/2020, se  localiza  en  una habitación o zona concreta    de la vivienda o establecimiento hotelero o similar.

3. Precisiones sobre la determinación de la unidad de convivencia en relación con las previsiones del punto 7 del artículo 6 del RD-Ley 20/2020.

En los supuestos contemplados en el punto  7  del  artículo 6, es decir, aquellos en los  que se acredite debidamente que el solicitante  ocupa  una  habitación  o zona concreta  en un establecimiento hotelero o  similar,  a  cambio  de  una  contraprestación económica, dicho espacio será considerado su domicilio a los efectos de determinar la unidad de convivencia  de la que, en su caso, forma parte.

19 de octubre de  2020


Acerca del informe sobre el requisito de vivir de forma independiente a que se refiere el art. 7.2 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de Mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital en las unidades de convivencia que sufren variaciones antes, durante o después de la solicitud de prestación

Se ha publicado por parte de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este documento que hace referencia, en el marco del INGRESO MÍNIMO VITAL, al requisito de vivir de forma independiente en las unidades de convivencia que sufran variaciones antes, durante o después de la solicitud de la prestación y desde Moya & Emery lo ponemos a tu disposición a continuación:  


PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE CABE EXTRAER DEL “INFORME SOBRE EL REQUISITO DE VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7.2 DEL REAL DECRETO LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL INGRESO MÍNIMO VITAL, EN LAS UNIDADES DE  CONVIVENCIA QUE SUFREN VARIACIONES ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN.”

  1. Requisito de haber vivido de forma independiente.

El artículo 7 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (IMV), en la nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, dispone:

2. Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean menores de 30 años en la fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital, deberán acreditar haber vivido de forma independiente en España, durante al menos los tres años inmediatamente anteriores a la indicada fecha.

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que una persona ha vivido de forma independiente siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en dicho periodo hubiere permanecido durante al menos doce meses, continuados o no, en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, o en una mutualidad de previsión social alternativa al  Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean mayores de 30 años en la fecha de la solicitud, deberán acreditar que, durante el año inmediatamente anterior a dicha fecha, su domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores.

Los requisitos previstos en los párrafos anteriores no se exigirán a las personas que por ser víctimas de violencia de género hayan abandonado su domicilio habitual, a las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.

(…)

4. Los requisitos relacionados en los apartados anteriores deberán cumplirse en el momento de presentación de la solicitud o al tiempo de solicitar su revisión, y mantenerse al dictarse la resolución y durante el tiempo de percepción del ingreso mínimo vital.”

  • El requisito del artículo 7.2 de “haber vivido de forma independiente”, conlleva 2 exigencias:
  • haber vivido de forma independiente en España en un domicilio distinto al de los progenitores, tutores o acogedores durante los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud del IMV,
  • y, además, haber permanecido en situación de alta 12 meses, continuados o no, dentro de dicho periodo.
  • A las unidades de convivencia unidas con vínculo de parentesco no se les exige el requisito de “haber vivido de forma independiente”.
  • El requisito de “haber vivido de forma independiente” tampoco se exige a los mayores de 30 años. A éstos sólo se les exige acreditar que su domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores 1 año inmediatamente anterior a la solicitud del IMV.
  • No se exigirá el requisito de “haber vivido de forma independiente”, aunque el solicitante sea menor de 30 años, en los siguientes casos:
  • personas que por ser víctimas de violencia de género hayan abandonado su domicilio habitual.
  • Personas que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio.
  • personas que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.
  • Dicho requisito sí se exige a los menores de 30 años que viven solos o que comparten domicilio con una unidad de convivencia en la que no están integrados (no tienen vínculo de parentesco).

2.      Cuando se exige haber vivido de forma independiente cuando las unidades de convivencia con vínculo de parentesco se extinguen por el fallecimiento de alguno de sus integrantes, quedando éste como único beneficiario.

  • Si el fallecimiento de uno de los integrantes de la unidad de convivencia provoca que la misma deje de existir por quedar una persona sola, no se exige al miembro supérstite haber vivido de forma independiente.
  • Tampoco se exigirá al miembro supérstite haber vivido de forma independiente si la unidad familiar ya hubiese solicitado el IMV y su reconocimiento se encontrase en trámite.
  • Si no hubiese llegado a solicitarse el IMV por la unidad de convivencia cuando tiene lugar el fallecimiento, sí procede exigir al único solicitante del IMV los requisitos de acceso a la prestación que se exigen a los beneficiarios individuales, entre ellos el de haber vivido de forma independiente.

Madrid, a 6 de noviembre de 2020

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA

Las líneas de avales del ICO con la banca arrancan hoy

Línea de Avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo

DOTADA CON HASTA  100.000 MILLONES DE EUROS

Activación del primer tramo de 20.000 millones de euros 

El Consejo de Ministros, de acuerdo con lo regulado en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias, ha aprobado con fecha 24 de marzo, –BOE 26 de marzo– las condiciones y requisitos para acceder al primer tramo de avales, otorgados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, hasta un importe de 20.000 millones de euros, para facilitar acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Esta Línea de Avales del Estado para empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital será gestionada por el ICO a través de las entidades financieras que concedan financiación a empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del COVID-19, garantizando la liquidez y cubriendo las necesidades de circulante de autónomos, pymes y empresas, con el fin de mantener la actividad productiva y el empleo.

Las empresas y autónomos tendrán acceso a estos avales a través de sus entidades financieras, mediante la formalización de nuevas operaciones de financiación o renovación de las existentes. 

En el primer tramo activado de la Línea de Avales, por importe de 20.000 millones de euros, se crean dos subtramos:

  • Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes.
  • Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que no reúnan la condición de pyme.

La Línea está sujeta a la normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea.

Características y forma de tramitación

¿Cuál es la finalidad de esta Línea?

Facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, teniendo como objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación como:

  • Pagos de salarios
  • Facturas de proveedores pendientes de liquidar
  • Alquileres de locales, oficinas e instalaciones
  • Gastos de suministros
  • Necesidad de circulante
  • Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias

No podrán financiarse con cargo a la Línea de Avales las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, así como la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.

¿Qué entidades financieras operan en esta línea?

  • Entidades de crédito
  • Establecimientos financieros de crédito
  • Entidades de dinero electrónico
  • Entidades de pagos

Deberán estar registradas y supervisadas por el Banco de España y haber suscrito con ICO un contrato marco para participar en la Línea de Avales.

¿Cómo funciona esta Línea y dónde tienen que dirigirse los autónomos y empresas?

Los autónomos y empresas interesados en acogerse a esta línea deberán dirigirse a cualquiera de las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago o entidades de dinero electrónico que suscriban con el Instituto de Crédito Oficial los correspondientes contratos marco para participar en la Línea de Avales.

La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos.

Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.

Dichas entidades financieras podrán recurrir a la Línea de Avales para avalar operaciones de financiación otorgadas a autónomos y empresas.

¿Qué operaciones pueden ser avaladas?

Nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y renovaciones de operaciones otorgados a autónomos y empresas de todos los sectores de actividad que tengan domicilio social en España y que se hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID-19 siempre que: 

  • Los préstamos y operaciones hayan sido formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 2020.
  • Las empresas y autónomos:
    • No figuren en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019.
    • No estén sujetos a un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020, bien por haber presentado solicitud de declaración de concurso, o por darse las circunstancias a que se refiere el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, para que el concurso sea solicitado por sus acreedores.
    • Cuando sea aplicable el Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea no encontrarse en situación de crisis a 31.12.2019 conforme a los criterios establecidos en el artículo 2 (18) del Reglamento de la Comisión Nº 651/2018, de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior.
  • La financiación avalada no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.

¿Desde cuándo y hasta cuándo se pueden solicitar garantías con cargo a la Línea de Avales?

Las entidades financieras pueden solicitar el aval para los préstamos y operaciones suscritas con autónomos y empresas formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020.

El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo de Ministros. 

¿Cuál es el importe máximo de los préstamos por cliente que puede avalar esta Línea?

En función del régimen aplicable conforme a la normativa de la Unión Europea:

  • Para préstamos o renovaciones de hasta un máximo de 1,5 millones de euros en una o varias operaciones de préstamo a autónomos y empresas, se aplicarán las disposiciones específicas del Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, cuando sea aplicable.

    En este caso el principal de la operación de préstamo u otras modalidades de financiación según el régimen de minimis aplicable, hasta un máximo de 1.500.000€ para la mayoría de los sectores, o el límite que corresponda para algunos sectores específicos (agricultura, pesca y transporte por carretera de mercancías) con normativa comunitaria especifica de minimis.
    Las entidades financieras solicitarán a las empresas y autónomos una declaración responsable y les informará sobre otras cuestiones relacionadas con el aval, conforme a los modelos basados en la normativa de ayudas minimis de la UE y otra información relevante sobre las condiciones y finalidad.
  • Para préstamos por encima de 1,5 millones de euros, o para importes inferiores cuando no sea aplicable el régimen de minimis, hasta el máximo establecido en el Marco Temporal de Ayudas de Estado de la Comisión Europea tanto para autónomos y empresas que reúnan la condición de pyme como para empresas que no reúnan la condición de pyme.

    La aplicación del Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea en estos casos, establece unos límites sobre el principal de la operación para aquellas con vencimiento posterior a 31.12.2020.  Simplificando serían:
    • Doble de la masa salarial en 2019, (incluyendo cotizaciones sociales y coste del personal de las subcontratas desempeñadas en las sedes).
    • 25% de la facturación de 2019
    • Necesidades de liquidez debidamente justificadas y certificadas para los próximos:
      • PYME 18 meses
      • No PYME 12 meses
    • Excepciones superiores condicionadas debidamente justificadas.

Las entidades financieras solicitarán a las empresas y autónomos acogidos al Marco Temporal de Ayudas de la UE la información y documentación relevante en relación con los requisitos, condiciones, límites del principal y finalidad de la financiación.   

¿Cuál es el porcentaje máximo de cobertura del aval?

  • En el caso de autónomos y pymes el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones.
  • Para el resto de empresas, que no tengan la consideración de pyme, el aval cubrirá el 70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones.

El aval no da cobertura a conceptos distintos al principal de la operación, tales como pago de intereses, comisiones u otros gastos inherentes a las operaciones.

Se considerarán pymes aquellas empresas que reúnan esta condición de acuerdo con el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

¿Cuál es el plazo de vigencia del aval?

El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación, hasta un máximo de 5 años.

¿Puede la entidad financiera trasladar al autónomo o empresa el coste del aval?

La entidad financiera tiene la obligación de garantizar que los costes de las nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura.

Además, las entidades financieras deberán trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma, entre otras opciones, de menores intereses o mayor plazo, o más financiación, o periodo de carencia del principal, etc.

Como se ha indicado, la entidad no podrá condicionar la aprobación de estos préstamos a la contratación por el cliente de ningún otro servicio o producto.

¿Se pueden recortar líneas de financiación existentes y beneficiarse de los avales?

No. La entidad financiera también asume el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.

¿Cómo se distribuyen los avales entre las entidades financieras?

Para asegurar un adecuado reparto de los avales entre los operadores financieros (entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico) se ha aprobado una distribución separada de los dos subtramos, uno para PYMES y Autónomos y otro para grandes empresas.

En cada uno de ellos, el importe se distribuirá entre cada entidad financiera en función de su cuota de mercado a cierre de 2019, por un lado, en relación al crédito a autónomos y pymes y, por otro lado, a grandes empresas según la información comunicada por el Banco de España. También tendrán acceso a esta línea las entidades financieras que a cierre de 2019 no tuvieran saldo de crédito registrado en el Banco de España con una cuota agregada del 1%.
                           
A partir del 30 de abril, los importes de aval asignados y no utilizados por las entidades se distribuirán entre el resto de operadores que hubieran agotado sus líneas, de forma proporcional al importe de aval que hubieran utilizado hasta dicha fecha.
 

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FUENTE: Instituto de Crédito Oficial