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Firmado el «Acuerdo para el Desarrollo de la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en el Trabajo»

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Igualdad, y los sindicatos más representativos de ámbito estatal, UGT y CCOO, han firmado el pasado 30-7-2020 el «Acuerdo para el Desarrollo de la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en el Trabajo», comprometiéndose con los dos proyectos de textos reglamentarios cuya tramitación se está llevando a cabo en este momento. En este sentido, los Ministerios firmantes procederán a efectuar todos los trámites correspondientes para la aprobación de estas normas de conformidad con el texto acordado en la mesa de diálogo social.

En el texto del acuerdo encontramos algunas de las futuras obligaciones para las empresas en aspectos como: los registros retributivos, la auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo que fuere de aplicación y el derecho de información de las personas trabajadoras. 

a) registro retributivo

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores, todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. Este registro tiene por objeto garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones, de manera fiel y actualizada, y un adecuado acceso a la información retributiva de las empresas, al margen de su tamaño, mediante la elaboración documentada de los datos promediados y desglosados.

b) auditoría retributiva

Las empresas que elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el mismo una auditoría retributiva, previa la negociación que requieren dichos planes de igualdad. La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución. Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para evitar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades existentes o que pudieran producirse en aras a garantizar la igualdad retributiva, y asegurar la transparencia y el seguimiento de dicho sistema retributivo.

c) los planes de igualdad serán obligatorios en empresas de más de 50 trabajadores

Como es sabido, el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación amplió gradualmente su obligatoriedad a las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras, introdujo modificaciones en el contenido y alcance de los planes de igualdad y remitió la nueva regulación de los mismos a un futuro desarrollo reglamentario.

El acuerdo recalca la obligación de las empresas de 50 o más personas trabajadoras, o cuando siendo inferior la plantilla si están incluidas en los apdos 3 y 4 del art. 45 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo.

Entrada en vigor

El futuro reglamento entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

En todo caso, las empresas deberán tener negociado, aprobado y presentada la solicitud de registro de su plan de igualdad en el plazo máximo de un año a contar desde el día siguiente a la fecha que finalice el plazo previsto para constituir la comisión negociadora del correspondiente plan de igualdad, de conformidad a los plazos establecidos normativamente.

Herramientas para  el registro retributivo y valoración de los puestos de trabajo

En el plazo de 6 meses desde la fecha de publicación del futuro real decreto, se aprobará, a través de una Orden Ministerial del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad, el formato y herramienta informatizada de registro retributivo y un procedimiento informatizado de valoración de puestos de trabajo, gestionado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

En su caso, dicha orden ministerial podrá prever que el registro de retribuciones y la valoración de puestos de trabajo efectuada cumplen con los requisitos formales exigidos en el presente reglamento, cuando para su realización se hayan utilizado dichos formatos y aplicado el procedimiento informatizado a los que se refieren el apartado primero de esta disposición final.

Fuente: Iberley

Puedes tener acceso al documento haciendo clic en este enlace.

Coste de instalación de un ascensor en una comunidad de propietarios para facilitar la accesibilidad a un vecino. ¿Aumenta el coste de adquisición de una vivienda transmitida a los efectos de calcular la ganancia patrimonial del vendedor?

Una señora ha transmitido una vivienda en cuya finca fue necesaria la instalación de un ascensor para facilitar la accesibilidad de un vecino. El coste de la obra se distribuye entre todos los vecinos, correspondiéndole a la señora una determinada cantidad.

La cuestión planteada es si el coste de la obra que sufraga la señora forma parte del valor de adquisición de la vivienda a efectos del cálculo de la ganancia patrimonial.

La DGT concluye que, en el caso planteado, la instalación de un ascensor, como elemento nuevo, en un edificio no se puede considerar en ningún caso como gasto de reparación y conservación del edificio (un gasto de reparación y conservación no formará parte del valor de adquisición).

En este caso, se trata de una mejora del edificio en su conjunto, la cual repercute en los propietarios del mismo, los cuales por la normativa reguladora de la propiedad horizontal están obligados a costear. Y como tal mejora, aumentará el valor de adquisición de la vivienda a efectos de la ganancia o pérdida patrimonial que se haya podido producir en dicha venta. Dicho aumento será en el importe sufragado exclusivamente por la señora.

TEXTO DE LA CONSULTA:

NUM-CONSULTA

V1992-20

ORGANO

SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

FECHA-SALIDA

17/06/2020

NORMATIVA

LIRPF, Ley 35/2006, Art. 33 a 35.

DESCRIPCION-HECHOS

La consultante ha transmitido una vivienda en cuya finca fue necesaria la instalación de un ascensor para facilitar la accesibilidad de un vecino. El coste de la obra se distribuyó entre todos los vecinos, correspondiéndole a la consultante una determinada cantidad.

CUESTION-PLANTEADA

Si el coste la obra que sufragó la consultante forma parte del valor de adquisición de la vivienda a efectos del cálculo de la ganancia patrimonial.

CONTESTACION-COMPLETA

La transmisión de la vivienda generará en la transmitente una ganancia o pérdida patrimonial, al producirse una variación en el valor de su patrimonio que se pone de manifiesto con ocasión de una alteración en su composición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF.

La ganancia o pérdida patrimonial vendrá dada por la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de la vivienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la LIRPF, valores que vienen definidos en los artículos 35 y 36, para las transmisiones onerosas y lucrativas respectivamente.

El artículo 35 de la LIRPF establece lo siguiente:

“1. El valor de adquisición estará formado por la suma de:

a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiera efectuado.

b) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por el adquirente.

En las condiciones que reglamentariamente se determinen, este valor se minorará en el importe de las amortizaciones.

2. El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado. De este valor se deducirán los gastos y tributos a que se refiere el párrafo b) del apartado 1 en cuanto resulten satisfechos por el transmitente.

Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste”.

De acuerdo con este precepto, a efectos de la determinación de la ganancia o pérdida patrimonial, formarán parte del valor de adquisición el importe real por el que dicha adquisición se hubiere efectuado, así como el correspondiente a las inversiones y mejoras efectuadas en la vivienda y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por la adquirente.

El concepto de mejora no aparece contemplado expresamente en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ahora bien, la Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (BOE de 8 de marzo de 2013), en el apartado 3 de su norma segunda entiende por “mejora” el conjunto de actividades mediante las que se produce una alteración en un elemento del inmovilizado, aumentando su anterior eficiencia productiva.

Asimismo, el apartado 3 de la norma segunda de la citada Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas define el concepto de ampliación, que consiste en un proceso mediante el cual se incorporan nuevos elementos a un inmovilizado, obteniéndose como consecuencia una mayor capacidad productiva.

Por el contrario, no formarán parte del valor de adquisición los gastos de reparación y conservación de la vivienda a los cuales sí hace referencia el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, BOE de 31 de marzo, en adelante RIRPF, en su artículo 13, al señalar los gastos deducibles en la determinación del rendimiento del capital inmobiliario, entre los que incluye los gastos de conservación y reparación, que define como “los efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los bienes materiales, tales como el pintado, revoco o arreglo de instalaciones”, así como “los de sustitución de elementos, como instalaciones de calefacción, ascensor, puertas de seguridad y otros”.

De acuerdo con estos preceptos, debe entenderse que constituyen reparaciones y conservaciones las destinadas a mantener la vida útil del inmueble y su capacidad productiva o de uso, mientras que cabe considerar como ampliaciones o mejoras las que redundan, bien en un aumento de la capacidad o habitabilidad del inmueble, bien en un alargamiento de su vida útil.

En el caso planteado, se debe señalar que la instalación de un ascensor, como elemento nuevo, en un edificio no se puede considerar, en ningún caso, como un gasto de reparación y conservación del edificio, circunstancia que implicaría, en determinados casos, la deducibilidad del mismo en el IRPF.

En definitiva, se trata de una mejora del edificio en su conjunto, la cual repercute en los propietarios del mismo, los cuales por la normativa reguladora de la propiedad horizontal están obligados a costear.

Por lo tanto, como tal mejora aumentará el valor de adquisición de la vivienda de la consultante a efectos de la ganancia o pérdida patrimonial que se le haya podido producir en dicha venta. Dicho aumento será en el importe sufragado exclusivamente por la consultante.

Finalmente, resta por indicar que la ganancia patrimonial se integrará en la base imponible del ahorro, en la forma prevista en el artículo 49 de la ley del Impuesto.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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Marga de Matos y Nicolás Emery en Radio Calvià FM sobre las ayudas, prestaciones y bonificaciones a AUTÓNOMOS y EMPRESAS, sobre las sanciones en los ERTEs y la tarjeta de identificación de extranjeros (TIE).

Marga De Matos Pascual y Nicolás Emery, de Moya y Emery asesores en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM para tratar los siguientes temas:

• Un recordatorio sobre ayudas, prestaciones y bonificaciones para AUTÓNOMOS y también para EMPRESAS, en especial las líneas de avales y los préstamos ICO existentes.

• Un explicación y advertencia acerca de la intención sancionadora del Gobierno con respecto al incumplimiento de los ERTEs.

• Información sobre la tarjeta de identificación de extranjeros -TIE-.

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El equipo que conforma Moya & Emery se reúne en la tradicional comida de verano

Con alguna que otra más que justificada ausencia, la tradicional comida de verano de Moya y Emery tuvo lugar ayer. En un agradable ambiente, el equipo que conforma nuestra asesoría y consultoría pudo disfrutar de la hospitalidad y buen hacer culinario de nuestros amigos del ristorante trattoria Il Carpaccio de Santa Ponça.

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Nicolás Emery en el 5dies de IB3 TV sobre sanciones a establecimientos abiertos al público y la posiblidad de cierre de los mismos

El abogado y economista Nicolás Emery fue invitado al magazine 5dies IB3 para abordar las sanciones a locales abiertos al público y la posibilidad de cierre de los mismos por incumplimiento de la normativa, al hilo del calvario que pasan los vecinos de ciertos establecimientos en los que parece no cumplirse la normativa de horas de cierre, ruidos y demás y que han venido denunciando tanto ante las autoridades administrativas como ante los medios de comunicación dichas situaciones de forma reiterada.

Con nuestro agradecimiento desde Moya & Emery a la invitación de nuestros amigos del 5dies por delante, queremos recordarte que puedes ver la programación completa de IB3 a través de su web en la sección IB3 a la carta.

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Un juzgado declara, a favor de los intereses del cliente de Moya & Emery, que fumar porros en las instalaciones de la empresa, incluso fuera del horario laboral, es motivo válido para fundamentar la procedencia de un despido disciplinario al trabajador por transgresión de la buena fe contractual.

El equipo de Moya & Emery, bajo la dirección letrada del socio y gerente Nicolás Emery, consigue una sentencia favorable a los intereses de su cliente, un establecimiento hotelero con cafería y restaurante.

La reciente sentencia declara, en contra de lo pretendido por el trabajador, su despido disciplinario por parte de la empresa como despido procedente, sin vulneración de sus derechos y absolviendo por completo a la misma, a consencuencia del consumo de drogas reconocido por el trabajador en las instalaciones de la empresa (fumar porros), incluso fuera del horario laboral, en lo que considera una transgresión grave de la buena fe contractual.

Puedes ver la sentencia, expurgada de los datos de carácter personal, haciendo clic en este enlace.

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Nicolás Emery en Radio Calvià FM sobre la nueva instrucción del Govern Balear: empresas en ERTE y trabajadores fijos discontinuos

Nicolás Emery en Radio Calvià FM

Nicolás Emery, socio y gerente de Moya y Emery, con Jaime Mora Bosch en los micros de Radio Calvià FM para dar cuenta de la nueva norma, en forma de INSTRUCCIÓN, del Govern Balear en la que ordena cómo deben actuar las EMPRESAS EN ERTE con los trabajadores FIJOS DISCONTINUOS, cuyo incumplimiento puede salir muy caro en forma de pérdida de las exoneraciones a las que las empresas se hubieran acogido.

Como experto en ofrecer asesoría y consultoría a las empresas del sector turístico en Baleares, en el que mayor incidencia tiene esta medida por el gran número de trabajadores fijos discontinuos con que cuenta el sector hotelero y la restauración, Nicolás Emery ha dado su visión y propuesto las soluciones que considera más ventajosas para dichas empresas a lo largo de la entrevista.

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Nueva instrucción del Govern Balear sobre cómo deben actuar las empresas en ERTE con sus trabajadores fijos discontinuos si no se quieren perder las bonificaciones o exenciones a que se hayan acogido

El Govern Balear ha publicado una nueva instrucción (haz clic en los siguientes enlaces para ver la norma publicada en el Boletín Oficial balear en castellano o en catalán) en la que ordena cómo deben actuar las empresas en ERTE con los trabajadores fijos discontinuos y desde Moya & Emery queremos recordar que incumplir esta instrucción puede salir muy caro en forma de sanciones.

El contenido de la instrucción, que consta de un artículo principal señala “[…] y para reafirmar las medidas protectoras y de salvaguarda del empleo para los trabajadores fijos discontinuos incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo, se considera necesario dictar la siguiente,
Instrucción

  1. Mantener a los trabajadores afectados, inclusive a los trabajadores fijos discontinuos, en el ERTE hasta la finalización de su vigencia, salvo previa incorporación efectiva al puesto de trabajo, si las empresas que han tramitado un expediente de regulación temporal de empleo continúan afectadas por las causas relacionadas con la COVID-19, derivadas de los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020.
    La persistencia en la actualidad de las causas que han motivado la tramitación de los ERTE (restricciones de actividad, limitaciones de aforo, ausencia de demanda de actividad, etc.), implica que las empresas no pueden recurrir a medidas de afectación de la relación laboral de los trabajadores fijos discontinuos distintas a las de los expedientes de regulación temporal de empleo. En caso contrario, la empresa incurriría en incumplimiento de la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020, con las consecuencias jurídicas previstas en ella, al haberse beneficiado indebidamente de medidas extraordinarias en materia de Seguridad Social.

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Excesivas medidas contra el turismo de excesos

En distintas charlas con empresarios y clientes de la zona afectada comentan, no pocos de ellos, que han realizado inversiones importantes para cumplir la normativa sanitaria contra el covid-19. Es más, muchos de ellos han solicitado ya, o están en trámite, las subvenciones públicas disponibles por inversiones realizadas en medidas de protección.

Siendo rigurosos, y dicho con todo el respeto, creemos que, si se ha cumplido con la normativa sanitaria por parte de estas empresas, entonces la medida de cierre parece excesiva, sobre todo cuando uno se da cuenta con la lectura del decreto del pasado miércoles, que el alcance de la medida afecta a comercios como estancos, tiendas de alimentación, etc. Estos comercios no tienen incidencia sobre la oferta turística y respuesta de la demanda.

En conversación con dos empresarios de la zona de Palma Nova, uno de ellos se quejaba de que la policía le había llamado la atención por tener un cliente a las 2:15 am en el local mientras que el otro empresario intentaba hacerle ver que las normas se han de cumplir. Es decir, si la hora de cierre está estipulada a las 2:00, entonces a las 2.15 no tiene que haber nadie. Puso el ejemplo de los pubs británicos, los cuales preavisan a los 10 minutos de la hora de cierre y, una vez tomada la última pinta de cerveza, los clientes marchan tranquilamente. Está claro que existe una imposibilidad material de alcanzar el control absoluto del cumplimiento de las normas, dado que la autoridad policial no puede alcanzar a supervisar en todo momento todos los locales abiertos al público. Quizás sería conveniente crear turnos de vigilancia diaria y horaria para que, al menos cada dos o tres días, los locales de ocio y los clientes se sientan vigilados de verdad. Un ejemplo de esta actuación con efecto disuasorio sería la mera presencia policial en las rotondas (sin necesidad de establecer controles efectivos) o la existencia conocida de radares con control fotográfico de velocidad. El conductor está en guardia y con esas medidas ya se evitan accidentes y con un presupuesto reducido. Por eso creo que la implantación de un plan de estas características podría ser positiva, reduciendo los recursos humanos necesarios, y consiguiendo evitar medidas tan drásticas como los cierres zonales. De esta forma, la gente podría divertirse cumpliendo las medidas de seguridad y salud. Otro ejemplo a seguir sería la ordenada celebración de la consecución del título de liga por parte del Real Madrid hace escasos días, que sucedió sin incidentes ni contravención de las normas.

Como ya decía el alcalde de Calvià en una reciente entrevista en Radio Calvià FM, estamos de acuerdo en que se tenían que tomar medidas, pero personalmente creo que se han adelantado a la realidad sanitaria del momento. Muchas empresas, que han realizado un esfuerzo importante para abrir sus locales, ahora se encuentran en una situación económica peor a la que tenían en la situación de cierre de actividad económica, dado que ya no puede solicitar un ERTE por fuerza mayor y a los trabajadores fijos discontinuos tienen que mantenerlos en las condiciones del Convenio del sector.

Como profesional del derecho entiendo que es obligatorio analizar cada supuesto concreto antes de emitir una opinión jurídica, si bien no dudo en animar a los empresarios que han visto cerrados sus negocios a que reclamen responsabilidades económicas a la administración Balear, que es la que ha tomado la medida, por los perjuicios que estas medidas les acareen. Y deben recordar que, para ello, deberán presentar la reclamación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación de la medida, acompañándola de un Informe económico que motive y justifique la cuantía de sus pérdidas, más por una falta de previsión del Govern que la medida en particular tomada.

Cabe puntualizar que la medida tomada no afecta solamente a los locales de la calle Punta Ballena, sino que tiene alcance al interior del perímetro de la zona marcada en la Ley 1/2020 de 17 de enero. Las aplicaciones para esta zona afectada son, por un lado, la reducción del aforo del local -limitando el mismo a la utilización de la terraza del local, con reducción, parecido a la fase II-; la limitación en el uso de recipientes de tamaño superior a 600 cc -lo supone que no se puede servir una jarra de sangría durante la cena ni siquiera en un hotel-; la limitación del tamaño de pajitas…

Todo esto está muy bien, pero el local que está cumpliendo con las normas sanitarias también se ve afectado al suponerle una reducción de su capacidad productiva, creando situaciones de exceso de contratación (de personal, de servicios o de mercaderías…) que se traducirán en perdidas irrecuperables para el empresario y darán sin duda lugar a cierres empresariales y destrucción de empleo para temporadas futuras. Al igual que los empresarios de las zonas afectadas por el cierre, estos también han realizado inversiones importantes para seguir adelante con su actividad empresarial si bien, de haber sabido que a los 5 minutos de haber empezado este partido las normas iban a cambiar tan drásticamente, se hubieran pensado dos veces jugarlo y abriendo sus negocios.

La decisión del gobierno Balear de cerrar establecimientos turísticos utilizando el COVID–19 como excusa es una traición al pequeño y mediano empresario, que sufrirá sus consecuencias en corto plazo, y también para los trabajadores, que pueden quedar fuera del mercado laboral y con la prestación por desempleo (paro) consumida hasta más allá de diciembre 2020. Se pueden prever ya las colas de empresarios a las puertas del juzgado para liquidar sus empresas debido a la adopción de estas medidas gubernamentales precipitadas y sin previa valoración de su impacto económico real, las cuales, OTRA VEZ, han venido a romper los planes que los empresarios estaban llevando a cabo para tratar de salir de la situación generada por la pandemia.

Por Nicolás Emery, para el digital canal4diario.com (publicación original, aquí)

Marga de Matos y Nicolás Emery en Radio Calvià sobre la nueva facultad de los inspectores de trabajo de vigilancia de la salud e higiene frente al Covid-19 en las empresas

Hoy en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM Moya y Emery, de la mano de Marga De Matos Pascual y Nicolás Emery, para tratar los siguientes temas:

• La nueva facultad extraordinaria atribuida a la inspección de Trabajo: el control de las normas de salud e higiene anti-covid19 en el trabajo.

• Explicación de los conceptos básicos de la nómina

• El cierre de locales de ocio nocturno

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