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Preguntas frecuentes respondidas por la AEAT sobre la nueva Ley Antifraude

Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

INDICE DE CUESTIONES

  1. Reducción del 60 por ciento de los rendimientos de capital inmobiliario del IRPF en los supuestos de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a viviendas.
  2. Intereses de demora
  3. Recargos por presentación de declaración o autoliquidación extemporánea.
  4. Sanciones.
  5. Sanciones por limitación de pagos en efectivo.
  6. Suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos.
  7. Responsabilidad subsidiaria de titulares de Depósitos Fiscales y Registro de Extractores de Depósitos Fiscales.

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1.       Reducción del 60 por ciento de los rendimientos de capital inmobiliario del IRPF en los supuestos de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a viviendas.

1.1.     ¿Cuándo resulta aplicable la nueva redacción del apartado 2 del artículo 23 de la Ley del IRPF?

La modificación del apartado 2 del artículo 23 de la Ley del IRPF efectuada por el artículo Tercero. Dos de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, de acuerdo con la letra d) de la Disposición Final 7ª de dicha Ley, tiene efectos a partir del día siguiente al de la publicación de la norma en el BOE.

Por tanto, resultará aplicable siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 23 de la LIRPF, en relación con las autoliquidaciones del Impuesto del ejercicio 2021 en adelante, con independencia de que se presenten dentro o fuera del plazo establecido.

Además, para el ejercicio 2021 y puesto que el impuesto se devenga el último día del periodo impositivo, la nueva redacción será aplicable a los rendimientos netos de todo el ejercicio y no solo a los exigibles a partir de la entrada en vigor de la misma.

2.       Intereses de demora.

  • ¿Ha habido algún cambio normativo que afecte al devengo de intereses de demora?

Sí, se ha modificado el artículo 26.2 f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en adelante LGT, que queda redactado como sigue:

“f) Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente, salvo que voluntariamente regularice su situación tributaria sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de esta ley relativo a la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo”.

Con la nueva redacción, desde la entrada en vigor de la Ley, se exige recargo del artículo 27 de la LGT de la siguiente forma:

  • Por la parte del reintegro, desde la fecha de la devolución.
  • Por el resto, desde el fin de plazo de declaración.

Con el régimen anterior a la entrada en vigor de la ley se exigían intereses por la parte del reintegro (es decir, por la parte de devolución indebidamente obtenida) y recargos del artículo 27 de la LGT por el exceso.

  • ¿Cuándo entrará en vigor el cambio que afecta al artículo 26. 2 f) de la LGT?

Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No hay disposición transitoria al respecto.

  • ¿Qué régimen resulta aplicable a las declaraciones complementarias presentadas fuera de plazo que incluyen reintegro de una devolución obtenida derivada de una autoliquidación anterior?
  1. Declaraciones complementarias presentadas antes de la entrada en vigor de la norma: Se exigirán intereses por la parte del reintegro (es decir, por la parte de devolución indebidamente obtenida) y recargos del artículo 27 de la LGT por el exceso.
  • Declaraciones complementarias presentadas desde la entrada en vigor de la norma, se exige recargo del artículo 27 de la LGT de la siguiente forma:

b.1) Por la parte del reintegro, desde la fecha de la devolución. b.2) Al resto, desde el fin de plazo de declaración.

La nueva redacción del precepto determina que el devengo de los intereses de demora se efectuará conforme a lo dispuesto en el art. 27 LGT.

Ahora bien, hay que distinguir según se trate de cantidades a ingresar procedentes de un reintegro de una devolución o de una cuota a ingresar.

  • Si es un reintegro de una devolución el plazo a los efectos de aplicar el art. 27 con su sistema de recargos e intereses comenzará a partir del momento de la devolución.
  • Si es una cuota a ingresar a partir del día siguiente del fin del período voluntario.
  • ¿Qué recargo procede girar si en la declaración que se presenta fuera de plazo se reintegra la devolución y se realiza un ingreso adicional?

Sobre la parte del ingreso correspondiente al reintegro de la devolución, procederá la liquidación de recargo y, en su caso, intereses de demora, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la LGT, computándose el retraso desde la fecha de la devolución.

Sobre la parte del ingreso que no se corresponda al reintegro de la devolución, procederá la liquidación de recargo y, en su caso, intereses de demora, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la LGT, computándose el retraso desde el fin del plazo reglamentario establecido para la presentación e ingreso.

Ejemplo:

Declaración que origina una devolución de 1.000 euros. Se presenta una complementaria fuera de plazo a ingresar 5.000 euros. ¿Cómo se aplica el régimen de recargos?

Se diferenciarán las siguientes partes:

  1. Reintegro de Devolución: 1.000 euros.

Este importe llevará el recargo y los intereses de demora, en su caso, del artículo 27.2 de la LGT que corresponda desde la fecha en que tuvo lugar la devolución.

  • Resto: lo ingresado en la declaración presentada fuera de plazo, complementaria, descontada la parte de reintegro de devolución, es decir,

4.000 euros.

Este importe llevará el recargo y los intereses de demora, en su caso, del artículo 27.2 de la LGT que corresponda desde el fin del plazo establecido para la presentación de la declaración.

3.        Recargos     por     presentación    de     declaración     o     autoliquidación extemporánea.

  • ¿Qué tipos se aprueban en la nueva norma respecto del régimen de recargos por presentación de declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo?

El recargo será un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso.

Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 15 por ciento.

(Artículo 27.2 de la LGT)

  • ¿Desde cuándo resulta aplicable el nuevo régimen de recargos por presentación de declaraciones o autoliquidaciones extemporáneas?

La entrada en vigor tendrá lugar el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La nueva redacción del apartado 2 del artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será de aplicación a los recargos exigidos con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el obligado tributario y el recargo no haya adquirido firmeza.

La revisión de los recargos no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizarán por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos, previa audiencia al interesado.

(Disposición Transitoria Primera de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude y art 10.2 LGT).

  • A las declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento antes de la entrada en vigor de la nueva norma, ¿Se les aplica el nuevo porcentaje de recargos?

Sí, siempre que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

  • No se haya iniciado el expediente de recargo.
  • El expediente de recargo esté en tramitación.
  • No se haya agotado el plazo para plantear recurso o reclamación contra el recargo.
  • Se encuentre en tramitación el recurso o reclamación que se haya planteado contra el recargo.
  • Se encuentre en fase de ejecución la resolución o sentencia de un recurso o reclamación que se haya planteado contra el recargo.
  • ¿Qué ocurre si una vez en vigor la ley tengo en tramitación un expediente de recargo sin que se me haya notificado la resolución de liquidación del recargo?

Tendrá derecho a que se le aplique el nuevo régimen de recargos. Se le notificará la liquidación con los nuevos porcentajes de recargos.

No es necesario que el contribuyente lo solicite a la AEAT.

  • Los Tribunales han dictado resolución aplicando la normativa vigente antes de la entrada en vigor de la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal pero todavía no se ha ejecutado dicha resolución cuando entra en vigor dicha ley, ¿cómo se va a ejecutar la misma?

La ejecución de las Resoluciones de los Tribunales una vez en vigor la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal se efectuará conforme a la normativa vigente en la fecha de la ejecución, con independencia de la normativa que aplicaron los Tribunales en el momento de su resolución.

4.        Sanciones.

  • ¿Ha afectado el cambio normativo al régimen de sanciones previsto en la Ley General Tributaria?

Sí, se modifican los porcentajes de reducción para el caso de actas con acuerdo y, por otra parte, de reducción por pronto pago y no interposición de recurso o reclamación.

También se modifica el plazo de inicio de los procedimientos sancionadores a consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección

Ver preguntas siguientes.

  • Reducción de sanciones por pronto pago y no interposición de recurso o reclamación.

Modificación del artículo 188 .3 de la LGT. La reducción del 25% pasa a ser del 40%.

  • Reducción de sanciones para actas con acuerdo.

Modificación del artículo 188.1 a) de la LGT. La reducción del 50% pasa a ser del 65%.

  • Plazo de inicio de los expedientes sancionadores a consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección.

Modificación del artículo 209.2 de la LGT. Se amplía el plazo de 3 a 6 meses.

  • ¿Desde cuándo resulta aplicable el nuevo régimen de sanciones?

La entrada en vigor será al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La nueva redacción de los apartados 1 y 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se aplicará a las sanciones acordadas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido firmeza. A estos efectos, la Administración tributaria competente rectificará dichas sanciones.

También se aplicará la nueva redacción del apartado 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si concurren las siguientes circunstancias:

  1. Que, desde su entrada en vigor y antes del 1 de enero de 2022, el interesado acredite ante la Administración tributaria competente el desistimiento del recurso o reclamación interpuesto contra la sanción y, en su caso, del recurso o reclamación interpuesto contra la liquidación de la que derive la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso o reclamación.
    1. Que en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la Administración Tributaria tras la acreditación de dicho desistimiento, se efectúe el ingreso del importe restante de la sanción.

(Disposición Transitoria Primera de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude y art 10.2 LGT).

  • He recibido una sanción antes de la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, ¿Tengo derecho a aplicar el nuevo régimen de sanciones beneficiándome del mayor porcentaje de reducción?

El nuevo régimen de sanciones es más favorable para el obligado tributario.

Esto supone que, a cualquier sanción que no haya sido recurrida y no haya adquirido firmeza en el momento de entrada en vigor de la norma se le debe aplicar el nuevo porcentaje de reducción.

  • ¿A qué sanciones les resulta de aplicación la nueva Ley?
  • Sanciones para las que todavía no se ha iniciado el procedimiento sancionador, aun correspondiendo a infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.
  • Sanciones cuyo procedimiento se encuentre en tramitación en el momento de entrada en vigor de la ley.
  • Sanciones para las que no se haya agotado el plazo para plantear recurso o reclamación.
  • Sanciones recurridas y que tras la entrada en vigor de la ley y antes del 1 de enero de 2022, se desista del recurso, conforme se indica en la Disposición Transitoria Primera de la Ley.
  • Sanción que debe ser anulada parcialmente en ejecución de un recurso o reclamación contra la liquidación o contra la propia sanción.
  • Si la sanción está recurrida en el momento de entrada en vigor de la nueva normativa, ¿Qué se puede hacer para beneficiarse del nuevo porcentaje de reducción del 40%?

Cabe el desistimiento contra el recurso o reclamación conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera para poder beneficiarse de la aplicación de los nuevos porcentajes de reducción.

Desde la entrada en vigor de la norma y antes del 1 de enero de 2022, el interesado debe acreditar ante la Administración tributaria competente el desistimiento del recurso o reclamación interpuesto contra la sanción y, en su caso, del recurso o reclamación interpuesto contra la liquidación de la que derive la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso o reclamación.

Como requisito adicional, en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la Administración Tributaria tras la acreditación de dicho desistimiento, debe efectuar el ingreso del importe restante de la sanción.

  • ¿Basta con el desistimiento del recurso contra la sanción para poder beneficiarme de la aplicación del nuevo porcentaje de reducción de sanciones?

No, si hubiera recurso o reclamación contra la liquidación, deberá desistir tanto del recurso o reclamación contra la sanción, como del interpuesto contra la liquidación.

  • ¿Cómo acredito ante la AEAT el desistimiento de los recursos o reclamaciones interpuestos?

Deberá acreditarlo presentando ante la AEAT el documento de desistimiento que presentó ante el órgano competente para conocer del recurso o reclamación.

  • El contribuyente interpone reclamación económico-administrativa contra una liquidación provisional. Con posterioridad desiste de la misma. ¿En caso de desistimiento de la reclamación, son aplicables las reducciones del 30% y del 40%?

No, sólo la reducción del 40%. No está previsto que, con el desistimiento del recurso o reclamación contra la liquidación, se recupere la reducción por conformidad del 30%.

  • Se aprecia un defecto formal de procedimiento que retrotrae actuaciones en el procedimiento de liquidación de la deuda tributaria y se inicia un nuevo procedimiento sancionador, ¿Resulta aplicable la nueva reducción del 40%?

Sí.

  • Si se confirma parcialmente una regularización, acordándose la anulación de la liquidación para su sustitución por otra, en los casos en que proceda minorar  la  sanción,  ajustándola  al  nuevo  importe  de  la    liquidación

¿Resulta aplicable la nueva reducción del 40% al nuevo importe minorado de sanción?

Sí.

  • ¿Qué ocurre si una vez en vigor la ley se había notificado el inicio de un expediente sancionador, pero no la resolución con la imposición de la sanción?

Se notificará la sanción con los nuevos porcentajes.

No es necesario que el contribuyente lo solicite a la AEAT.

  • ¿Es posible desistir de un recurso contra la ejecución de una sanción para poder aplicar el nuevo porcentaje de reducción?

Sí.

  • ¿Está previsto el desistimiento para beneficiarse del nuevo porcentaje de reducción en el caso de actas con acuerdo?

No, la Disposición Transitoria Primera sólo prevé el desistimiento para el supuesto de reducción del artículo 188.3 de la LGT, en el caso de pronto pago y no recurso ni reclamación contra la sanción o la liquidación.

5.        Sanciones por limitación de pagos en efectivo.

  • ¿Cómo afecta la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal a las limitaciones de pagos en efectivo?

Disminuye el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros para las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional.

Se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España.

  • Relacionado con la limitación de pagos en efectivo, ¿Qué consecuencias tendría el pago de la sanción impuesta en cualquier momento posterior a la propuesta de sanción, pero antes de recibir la notificación de la resolución definitiva?

Una vez notificada la propuesta de resolución, el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la notificación de la resolución implicará la terminación del procedimiento con las siguientes consecuencias:

  • Reducción de la sanción del 50 por ciento. Esa reducción se perderá si se recurre en la vía contencioso-administrativa, exigiéndose el importe restante de la sanción sin más trámite que la notificación al interesado.
  • Terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.
  • Renuncia a formular alegaciones que, en su caso, se entenderán como no presentadas.
  • Agotamiento de la vía administrativa, sin perjuicio de la posibilidad del recurso en vía contencioso-administrativa, computándose el plazo de ese recurso desde la fecha del pago.
  • ¿Desde qué momento resultan aplicables los nuevos límites para pagos en efectivo?

Resultará aplicable para los pagos efectuados a partir de la entrada en vigor de la norma, aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.

La norma entra en vigor el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

  • ¿Resulta aplicable la nueva reducción por pago voluntario a las sanciones exigidas antes de la entrada en vigor de la ley?

Sí, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido firmeza.

Ahora bien, en el caso de que hayan sido recurridas, también se aplicará la citada reducción si concurren las siguientes circunstancias:

  1. Que, desde su entrada en vigor y antes del 1 de enero de 2022, el interesado acredite ante la Administración competente el desistimiento del recurso interpuesto contra la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso.
    1. Que en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la Administración tras la acreditación de dicho desistimiento, se efectúe el ingreso del importe restante de la sanción.
  • En caso de finalización del procedimiento sancionador por la realización del pago voluntario ¿Es posible impugnar la sanción por incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo? ¿Qué recurso puede interponerse?

El pago voluntario de la sanción reducida supone la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, y el agotamiento de la vía administrativa. Por ello, no procede la admisión del recurso de alzada.

La sanción podría ser recurrida únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El plazo para la interposición del recurso se computa desde la fecha del pago. Y la interposición de dicho recurso supondrá la pérdida de la reducción aplicada, que se exigirá sin más trámites que la notificación al interesado.

6.        Suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos.

  • ¿Ha habido algún cambio normativo que afecte a la suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo?

Sí, la disposición final tercera ha modificado el apartado 2 de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que queda redactado como sigue:

«2. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de mayo   de

2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria.

En el caso de plazos de prescripción, la suspensión del párrafo anterior solo resultará aplicable a aquellos plazos que, sin tener en cuenta la misma, finalicen antes del día 1 de julio de 2021

Por tanto, en los casos en que resulte aplicable la suspensión del plazo de prescripción prevista en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, el plazo finalizará, si no se produce la interrupción del mismo, una vez trascurridos 4 años y 78 días (periodo comprendido entre el 14/03/2020 y el 30/05/2020 durante el que estuvo suspendido el plazo).

La suspensión del cómputo señalado se aplicará a partir de la entrada en vigor de la ley a aquellos plazos de prescripción que finalizaran originariamente antes de 1 de julio de 2021.

  • ¿Qué derechos se van a ver afectados por la suspensión del plazo de prescripción prevista en el apartado 2 de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, tras la modificación efectuada por la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal?

Habrá que estar a los plazos de declaración de cada tributo y a las reglas de cómputo del plazo de prescripción de los derechos contemplados en el artículo 66 de la LGT.

Por ejemplo, en el caso del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente liquidación y suponiendo que no se hubiera producido previamente la interrupción del mismo, el último periodo impositivo al que afectaría la suspensión del plazo y el primero al que ya no resultaría aplicable, serían los siguientes:

IRPF: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo de prescripción del derecho a liquidar es el correspondiente al ejercicio 2016, para el que el plazo de declaración finalizó el 30 de junio de 2017 y para el que el plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda habría finalizado antes del 1 de julio de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Para el IRPF de los ejercicios 2017 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo de prescripción.

IVA con periodo de declaración trimestral: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión es el primer trimestre del ejercicio 2017, para el que el plazo de declaración finalizó el 20 de abril 2017 y para el que el plazo de prescripción habría finalizado antes del 1 de julio

de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Para el IVA del segundo trimestre del ejercicio 2017 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo.

IVA con periodo de declaración mensual: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo es el correspondiente al mes de mayo de 2017, para el que el plazo de declaración finalizó el 20 de junio de 2017 y para el que el plazo de prescripción habría finalizado antes del 1 de julio de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Para el IVA del mes de junio del ejercicio 2017 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo.

Impuesto sobre Sociedades de entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo de prescripción es el ejercicio 2015, para el que el plazo de declaración finalizó el 25 de julio de 2016 y para el que el plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda habría finalizado antes del 1 de julio de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Para el IS de los ejercicios 2016 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo de prescripción.

  • En el caso de que con anterioridad al 14 de marzo de 2020 se hubiese interrumpido el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria, ¿el cómputo del nuevo plazo de 4 años se ve afectado por la suspensión?

La suspensión del plazo resultará aplicable si el nuevo periodo de 4 años que estaba transcurriendo finalizaba antes del 1 de julio de 2021, sin tener en cuenta la suspensión.

Por ejemplo, supongamos que el plazo de prescripción del IRPF del ejercicio 2013 se interrumpió el 1 de abril de 2017. Dado que el transcurso del nuevo plazo de 4 años finalizaría antes del 1 de julio de 2021, dicho plazo sí se verá afectado por la suspensión, por lo que habrá que sumar al mismo 78 días.

En cambio, supongamos ahora que el plazo de prescripción del IRPF del ejercicio 2013 se interrumpió el 1 de noviembre de 2017. Dado que el transcurso del nuevo plazo de 4 años no finalizaría antes del 1 de julio de 2021, dicho plazo no se verá afectado por la suspensión y finalizará una vez completados los 4 años.

7.        Responsabilidad subsidiaria de titulares de Depósitos Fiscales y Registro de Extractores de Depósitos Fiscales.

La entrada en vigor del Artículo octavo de la Ley 11/2021, de 9 de julio, que modifica el la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se produce con arreglo a la regla general de la norma (Disposición final séptima), por lo que, formalmente, ya se encuentra en vigor.

No obstante, hay en la propia norma un requisito cuyo cumplimiento exige ineludiblemente de un desarrollo reglamentario ya que se estable:

“los titulares de depósitos fiscales de productos comprendidos en los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre Hidrocarburos serán responsables subsidiarios del pago de la deuda tributaria correspondiente a las entregas de dichos productos efectuadas por los sujetos pasivos de las operaciones asimiladas a las importaciones de bienes devengadas con ocasión de la salida o el abandono de los bienes del régimen de depósito distinto del aduanero. Dicha responsabilidad subsidiaria solo será exigible cuando el extractor, o la persona autorizada por el mismo, no esté incluido en el Registro de extractores que reglamentariamente se establezca, y su importe no podrá exceder del de las cuotas devengadas por aplicación del artículo 19. 5.º de esta Ley con ocasión de la salida o el abandono de los bienes del régimen de depósito distinto de los aduaneros.

Por lo tanto, debe entenderse que hasta tanto el desarrollo reglamentario, al que se refiere la norma, sea completado y entre en vigor la responsabilidad a la que alude el artículo no puede ser aplicada. Así mismo, en este momento tampoco resulta posible cursar el alta en el Registro toda vez que dicho registro no ha sido creado ni se han operado las modificaciones necesarias en el modelo 036.


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Nicolás Emery dedica a los AUTÓNOMOS el consultorio jurídico de Ràdio Calvià FM

El abogado y economista Nicolás Emery, que comenzó el último consultorio jurídico de Radio Calvià FM con la advertencia de la entrada en vigor de la nueva Ley Antifraude y la limitación de pagos en efectivo a 1000 €, dedicó el grueso del espacio de radio, como tema central del día, a los AUTÓNOMOS, el autoempleo o los trabajadores por cuenta propia. Repasando comparativamente las cuotas, porcentajes y bases de cotización de los autónomos en los países de nuestro entorno, posteriormente ha tratado las siguientes figuras de autónomos y sus particularidades, así como ha respondido a las cuestiones señaladas a continuación:

• La tarifa plana para autónomos
• Tipos de autónomos: el autónomo societario
• El autónomo dependiente económicamente (los falsos autónomos)
¿Es posible facturar sin estar dado de alta de autónomo?
• ¿Qué es la base mínima de cotización?
• Tipo aplicable para calcular la cuota
El futuro de las cotizaciónes: 13 tramos de autónomo, según el informe filtrado desde el Ministerio que marca tramos desde 90 € hasta 1.220 € durante un plazo de 9 años desde 2023
¿Para qué pagamos el autónomo?


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Marga de Matos y Nicolás Emery en MÚLTIPLEX de IB3 Ràdio sobre la situación del mercado laboral en las Baleares

Este pasado viernes la dupla formada por la abogada especializada en materia laboral Marga de Matos y el abogado y economista Nicolás Emery fueron invitados al Múltiplex de IB3 Ràdio para tratar la difícil situación del mercado laboral en las Islas Baleares provocada por la pandemia del Covid, los ERTEs y las pesimistas previsiones de los analistas acerca de la recuperación de puestos de trabajo, las cuales vaticinan que 6 de cada 10 trabajadores que se encontraban en ERTE al principio de verano no recuperarán su puesto de trabajo, lo que se traduciría en la pérdida de 270.000 empleos en toda España.


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Ley de Teletrabajo: multas de hasta 7.500 € por no entregar equipo informático al trabajador.

Si bien las sanciones previstas no entran en vigor hasta el próximo mes de octubre, es preciso que empresa y trabajador rubriquen su acuerdo en relación con las condiciones del teletrabajo, puesto que la Ley 10/2021, de trabajo a distancia fija tres tipos de sanciones y todas ellas están en relación con el incumplimimiento del acuerdo de teletrabajo, un documento en el que ambas partes de la relación laboral, empleado y empleador, fijan las condiciones específicas del trabajo a distancia.

Lee a cotinuación un completo artículo de elEconomista.es sobre la nueva Ley 10/2021, de trabajo a distancia, sus obligaciones para empresarios y trabajadores y las sanciones previstas para su incumplimiento. Además, puedes consultar el texto de la ley en vigor publicado en el BOE en formato pdf aquí:


Las multas a empresas por no cumplir la Ley de Teletrabajo: hasta 7.500 euros por no dar ordenador

Las sanciones no entrarán en vigor hasta octubre, pero empleados y empresa deben firmar ya su acuerdo de teletrabajo

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FUENTE: elEconomista.es 21/07/2021

La Ley de trabajo a distancia ya es una realidad en España. Aprobada hace un par de semanas, la nueva norma recoge qué se considera en concreto teletrabajo y bajo qué condiciones se debe cumplir. Y sí, también estipula sus sanciones, aunque en este caso estas no se comenzarán a ejecutar hasta octubre del presente año.

¿Pero qué tipo de sanciones recoge la Ley? La norma estipula tres tipos de sanciones y todas ellas están en relación con no cumplir el denominado ‘acuerdo de teletrabajo’, un documento que deben cumplimentar empleado y empresas para fijar las condiciones.

El acuerdo de trabajo a distancia que deben firmar empleado y empleador debe recoger un “contenido mínimo obligatorio” que menciona las herramientas que se van a usar (un ordenador, un móvil, por ejemplo), los gastos que se recogen por trabajar a distancia (la conexión a internet) y el horario estipulado. Todo este listado de mínimo aparece en el artículo 7.

Además, en ese mismo acuerdo también se pueden recoger las herramientas de control que pueda establecer la empresa para asegurarse de que el empleado está realizando sus labores a distancia.

Qué sanciones se estipulan: hasta 7.500 por no dotar de medios

En este marco, los empresarios que no proporcionen los materiales necesarios y por lo tanto falten a esta norma se enfrentarán a una multa que puede llegar a ser de 7.500 euros, al ser considerada una sanción grave.

Dependiendo del grado de incumplimiento del contrato, la sanción también puede ser considerada leve o muy grave, con las siguientes cuantías.

– Leves con multas de 70 a 150 euros en su grado mínimo; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros.

– Las graves con multa en su grado mínimo de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros.

– Las muy graves con multa en su grado mínimo de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.

Qué exige el acuerdo de teletrabajo

Todas estas vicisitudes entre empresa y trabajador deben quedar recogidas según la ley en un acuerdo de trabajo a distancia, un documento que deberá realizarse por escrito. Este acuerdo podrá estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior, pero en todo caso “deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia”, dice la norma.

Según marca el artículo 7 de la nueva Ley, será contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, “sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en los convenios o acuerdos colectivos”, los siguientes puntos:

– Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos.

– Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.

– Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad.

– Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso.

– Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.

– Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia.

– Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso.

– Medios de control empresarial de la actividad.

– Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.

– Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.

– Duración del acuerdo de trabajo a distancia


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El Gobierno pone fecha al nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos

El Gobierno ha puesto en marcha la nueva cotización por ingresos reales de los autónomos, de cara al 2023, cuando se produzca la recuperación económica, tras la salida de la crisis provocada por la situación actual sociosanitaria.

Se pretende aprobar un periodo de transitoriedad de 9 años para que tanto los autónomos que vayan a cotizar menos como los que tengan que cotizar más, vayan adaptándose. Los trabajadores por cuenta propia podrán seguir eligiendo su base de cotización en previsión de sus rendimientos netos, las cuotas irán entre los 90 y los 1.220 euros al mes.

Hoy, la base mínima de cotización de los autónomos es de 944 euros y la máxima es de 4.070 euros. Los que cotizan por la mínima pagan una cuota de unos 286 euros al mes al Estado, mientras que los que lo hacen por la máxima desembolsan unos 1.208 euros. Ahora, el autónomo decide la base en la que quiere tributar y el 86% de las personas físicas elige hacerlo por la mínima. Es decir, decide pagar 286 euros.

Lo cierto es que, con la fórmula del Ministro Escrivá, muchos autónomos pagarán una mensualidad menor, pero otros tantos verán hasta quintuplicada su cuota mensual. Para 2023, primer año de la entrada en vigor de la medida, el Gobierno ha establecido:

  • 200 euros al mes para los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o menos.
  • 215 euros para quienes tengan ingresos que oscilen entre 3.000 euros y 6.000 euros.
  • 230 euros para quienes tengan unos ingresos superiores a 6.000 euros, pero inferiores a 9.000 euros.
  • 245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.
  • 260 euros para los de 12.600 a 17.000 euros de ingresos anuales.
  • 275 euros para los de 17.000 euros a 22.000 euros.
  • 290 euros para los de 22.000 a 27.000 euros.
  • 305 euros para los de 27.000 a 32.000 euros.
  • 320 euros para los de 32.000 a 37.000 euros.
  • 340 euros para los de 37.000 a 42.000 euros.
  • 360 euros para los de 42.000 a 47.000 euros.
  • 380 euros para los de 47.000 a 48.841 euros.
  • 400 euros si se tienen unos rendimientos superiores a 48.841 euros anuales.

Vemos que, durante el primer año del periodo transitorio de aplicación de esta reforma (2023), se establecerá una cotización intermedia por tramos cuyo número se irá incrementando progresivamente para quienes más ganan. Así, los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o menos tendrán una cuota de 200 euros al mes en 2023, primer año de aplicación del nuevo sistema, que será de 215 euros para quienes tengan ingresos que oscilen entre 3.000 euros y 6.000 euros, de 230 euros para quienes tengan unos ingresos superiores a 6.000 euros, pero inferiores a 9.000 euros, y de 245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.

Con este primer planteamiento, vemos que los autónomos que ganen hasta 22.000 euros verán reducida su cuota. Ellos serán los grandes beneficiados de la reforma de Escrivá.

Sin embargo, a partir de esa cuantía, todos los autónomos pagarán más. Dicho de otra forma, el Gobierno pretende subirle los impuestos a todos los autónomos que ganen más de 22.000 euros en 2023 y que coticen por la base mínima. Ante este sistema nos podemos preguntar si va a afectar realmente a las rentas más altas, según datos del INE, el salario bruto medio anual en España es de 24.009 euros, por lo que ni siquiera se le podría considerar clase media a los autónomos que ganan 22.000 euros.

La siguiente tabla muestra los rendimientos que obtuvo cada uno de los 3 millones de autónomos que hay en España.

Para los autónomos que ganen de 22.000 a 27.000 euros la subida sería de 4 euros al mes, o 48 euros al año, que puede suponer una cantidad insignificante, pero cuanto más se incrementan los ingresos, las cuotas se disparan. Por ejemplo, los que ganen entre 32.000 y 37.000 euros tendrán que pagar 34 euros más al mes dentro de dos años, mientras que los que tengan unos rendimientos superiores a 48.841 euros anuales pagarán 114 euros. Dicho de otra forma, casi 280.000 autónomos pagarán un 40% más de impuestos en menos de dos años. Este golpe al bolsillo de los autónomos que más ganan podría suponer un desincentivo a la generación de riqueza e incluso, una invitación a la economía sumergida.

Una reforma que en un primer momento se dijo que sería de trece tramos, pero ahora se están barajando entre 5 o 7” y unas cuotas que oscilarán entre un mínimo de 90 euros y un máximo de 1.220 euros una vez finalizado el periodo de 9 años de despliegue total de la reforma.

Las intenciones del Gobierno han incendiado a las organizaciones de autónomos.

Una vez que finalice el periodo de despliegue de la reforma de 9 años, a partir de 2031 las cuotas correspondientes a cada uno de los  tramos (con ajustes vinculados a la inflación) serán de 90 euros al mes para quienes ganen menos de 3.000 euros, de 120 euros para quienes ingresen de 3.000 a 6.000 euros netos al año, de 185 euros para los autónomos con rendimientos de entre 6.000 y 9.000 euros y de 235 euros para quienes ganen entre 9.000 y 12.600 euros al año.

La idea que maneja Escrivá es que los autónomos puedan elegir provisionalmente su base de cotización entre los tramos que se aprueben, en función de sus previsiones de rendimientos con la posibilidad de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos. Si existen diferencias una vez hecha la regularización anual, el trabajador deberá proceder a su ingreso en caso de haber cotizado menos de lo que le correspondía y podrá solicitar la devolución si la cotización realizada fue superior.

Además, el documento detalla que los autónomos que tengan rendimientos fiscales declarados inferiores a la base mínima de cotización vigente cotizarán por los mismos. «Sin perjuicio de ello, a efectos de la acción protectora se reconocerá la base mínima correspondiente durante un periodo máximo de dos años», señala.

También destaca que los autónomos cuyos rendimientos fiscales derivados de la actividad por cuenta propia estén por encima de la actual base mínima de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cotizarán por los mismos y que esta base mínima se equiparará progresivamente a la del Régimen General de la Seguridad Social.

Rechazo de la propuesta: Tanto CEOE como ATA «no están de acuerdo» con esta propuesta.

Aunque el Ejecutivo de Sánchez se escude en el bien de los autónomos para vender su reforma, ya que más de la mitad de ellos pagará menos, hay que dejar claro que la reforma se hace para recaudar más, por lo que los impuestos de los autónomos que menos paguen quedarán compensados de lejos con los perjudicados. El Gobierno prevé que la reforma del Reta eleve en un 20% la recaudación de la Seguridad Social a través de las aportaciones que realizan los trabajadores por cuenta propia, es decir, unos 2.000 millones de euros más cada año, que se sumarían a los 10.000 millones de media que suponen las cotizaciones de todos los autónomos a lo largo de un año para las arcas públicas del Estado.

Aunque, todavía no hay nada cerrado y están pendientes del diálogo social. A las asociaciones de autónomos, aunque apoyan la cotización por ingresos reales, les ha indignado la medida por su contenido y porque no había sido informados previamente. “


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Economía aclara: Las ayudas directas para empresas y profesionales llegarán a las empresas, aunque no sean morosas

Las estadísticas que brindan las asociaciones de autónomos y pymes no son alentadoras: el 90% de empresarios y profesionales afectados por caídas de facturación quedan excluidos de las ayudas directas dispuestas hace ya 4 meses por el Gobierno de España y gestionadas por las Comunidades Autónomas (855 millones de € en el caso de Baleares) y, además, a día de hoy, no se han desembolsado ni la mitad de esos siete 7.000 millones de €. Hay dudas entre las CCAA y entre los solicitantes y posibles beneficiarios al respecto de qué costes pueden cubrirse con las ayudas.

Por todo lo anterior el Ministerio de Economía ha querido solventar dichos inconvenientes a través de un documento informativo (que no se ha hecho público) en el que aclara a las CCAA que las ayudas directas de que los empresarios hagan uso si les corresponden podrán destinarse por los mismos al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros (la ayuda debe destinarse primero a pagar la deuda financiera y, dentro de ella, primero a la que tiene aval público) y, por último, a abonar pérdidas contables, excluidas las pérdidas por deterioro del valor puntuales, justificando la existencia de las mismas y siempre que vengan referidas al período entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021 (que es el que cubre el decreto de las ayudas).


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Si quieres más información, lee un interesante artículo en que se da cuenta de esta noticia que te transcribimos a continuación (y pincha los enlaces directos para acceder a ellos en su lugar original de publicación):

FUENTE: LaInformación (y europapress) AUTOR: Fernando H. Valls FECHA: 19.07.2021

Calviño blinda las ayudas a empresas con pérdidas aunque no sean morosas

Economía aclara a las comunidades autónomas que el fondo de 7.000 millones puede ir también destinado a empresas con pérdidas contables por el Covid. Más de la mitad del dinero está sin repartir, según ATA.

El Gobierno dará de 4.000 a 200.000 € en ayudas a empresas y autónomos

Economía quiere que las ayudas directas lleguen ya a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia y se solucionen los inconvenientes que existen. Porque problemas hay, según han hecho saber varias comunidades autónomas al Ministerio y según han denunciado en público Cepyme y ATA. Para intentar avanzar en una solución el Gobierno aclara que aquellas compañías que hayan registrado pérdidas contables con motivo de la pandemia también pueden acceder al fondo de 7.000 millones. Aunque no tengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

Son ya cuatro meses desde la aprobación, en Consejo de Ministros, de ese paquete de ayudas directas a pymes repartidos entre Canarias y Baleares, a los que les correspondió 2.000 millones, y el resto de autonomías, con 5.000. Pero varios gobiernos autonómicos han expresado “dudas” sobre cuáles son los costes de las empresas afectadas por la pandemia que se pueden financiar con este fondo. No era una cuestión que quedaba totalmente clarificada.PUBLICIDAD

Por ello, en aras de la comprensión, Economía emitió un documento para despejar las dudas. Se llama “Aclaraciones al Título I del Real Decreto-ley 5/2021” y ya está en poder de los gobiernos autonómicos. No es un documento público pero sirve, en efecto, para blindar y clarificar qué tipo de situaciones puedes ser susceptibles de estas ayudas.

De esta forma, según esa “aclaración, y en virud de lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal de Ayudas de Estado en relación con los costes fijos, las empresas que cumplan los requisitos para percibir estas ayudas, establecidos en el mencionado Real decreto-ley, pueden destinar las ayudas a compensar pérdidas contables originadas durante la pandemia. Por ejemplo, pueden solicitar ayudas para pagar un préstamo que tuvieran contraido.

El periodo que abarca el decreto es claro: entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021. Si las empresas han tenido pérdidas contables en ese periodo pueden destinar las ayudas directas del fondo a cubrir los costes fijos generados durante ese año y tres meses, costes, eso sí, que no estén cubiertos por la contribución a los beneficios (es decir, los ingresos menos los costes variables) ni por otras fuentes como seguros, medidas temporales u otro tipo de ayudas.

Es decir, por resumir, las ayudas directas pueden destinarse por las comunidades autónomas al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros (la ayuda debe destinarse primero a pagar la deuda financiera y, dentro de ella, primero a la que tiene aval público) y, por último, a abonar pérdidas contables, excluidas las pérdidas por deterioro del valor puntuales, justificando la existencia de las mismas.

Mira también Las CCAA exigen sentarse con Montero para aclarar el lío de las ayudas directas

Cuatro meses después de la aprobación del decreto de ayudas directas la confusión entre comunidades autónomas y posibles beneficiarios de las mismas siguen las dudas. Las asociaciones de autónomos y pymes denuncian que no se han desmobolsado ni la mitad de esos 7.000 millones y que más de un 90% de los afectados por caídas de facturación quedan excluidos. Es una cifra que aporta la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

El Gobierno fijó que las ayudas directas a las empresarias serían de 3.000 y 200.000 euros y que, para recibirlas, las interesadas tendrían que acreditar una caída de sus ingresos de, cómo mínimo, un 30% de sus ingresos.

¿Autónomo, sabes a cuánto ascenderá tu pensión de jubilación? Quizá es el momento de cambiar tu base de cotización

Por regla general, atendiendo más a la situación presente e inmediata que a la futura, el trabajador autónomo promedio en nuestro país tiende a cotizar por la base mínima de cotización, que, a día de hoy, está fijada en 944,40 € mensuales. Las estadísticas de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) arrojan este demoledor dato: aproximadamente un 90% de los autónomos en España cotizó por la base mínima el año 2019.

Quizá es el momento de cambiar tu base de cotización

Los autónomos, dependiendo de las circunstancias, pueden alterar la base de cotización a lo largo de su vida laboral en función de las previsiones o certezas que tengan acerca de sus ingresos. Aumentar o disminuir la base de cotización repercute en nuestra pensión de jubilación, pues tendrá, en función de ello, una mayor o menor cuantía.

No obstante lo anterior, el autónomo sólo puede cambiar su base de cotización de forma libre hasta los 47 años de edad, ya que con posterioridad existen limitaciones al respecto:

  • solo los trabajadores mayores de 41 años en 2021, que tengan una base de cotización de 2.052 euros en el mes de diciembre de 2020, podrán mantener esa libertad de elección.
  • Por el contrario, los que estén por debajo de ese límite no podrán elegir una base superior a 2.077,80 euros.

¿Cuántos años debo cotizar para cobrar la pensión mínima?

Según los siguientes tramos, son necesarios

  • Al menos 15 años cotizados para recibir la pensión mínima.
  • 20 años para cobrar el 50% de la pensión.
  • 36 años para cobrar el 100% de la pensión.

¿A qué importe asciende la pensión mínima?

• Un autónomo que haya cotizado 944,40 euros mensuales (base mínima) durante un periodo de 15 años (período mínimo que da derecho a pensión) habrá generado un derecho a cobrar una pensión de jubilación de 226 euros al mes.

  • Será la pensión de 561 euros/mes si se cotiza por la base mínima durante al menos 25 años.
  • La pensión de jubilación alcanzará los 789 euros/mes si la cotización por la base mínima alcanza los 36 años.

Los expertos recomiendan cotizar por la base mínima sólo los períodos estrictamente necesarios, como en los inicios de un negocio o en los períodos en que la facturación cae por falta de actividad.

¿Eres autónomo y quieres preparar con tiempo tu jubilación y quizás cambiar tu base de cotización ahora? Podemos ayudarte: ven a Moya&Emery


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La ley 11/2021 de prevención y lucha contra el fraude fiscal trae importantes cambios y quiere acabar con las sociedades zombis

La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, esta vez sí, quiere acabar con las empresas inactivas, también llamadas empresas fantasma o zombi. Así, con esta Ley:

  • Los notarios vendrán obligados a incluir el número de identificación fiscal en la escritura en que se constituya cualquier entidad jurídica; cualquier mercantil podrá ver su código revocado si no cumple sus obligaciones y, en tal caso, los notarios deberán informar a la Agencia Tributaria de las sociedades con el CIF revocado que intenten elevar a público cualquier negocio jurídico para evitar cualquier tipo de fraude.
  • La publicación en el BOE de la revocación del número de identificación fiscal impliacará la imposibilidad de que bancos y entidades de crédito realicen cargos o abonos en las cuentas o depósitos cuya titularidad corresponda a las personas jurídicas con el CIF revocado.
  • Se pone en marcha un régimen sancionador más fuerte, con multas contra las empresas que no presentan sus cuentas anuales de hasta 300.000 €.

Puedes hacer clic aquí para acceder en formato pdf al BOE con la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

Además, a continuación te transcribimos un completo artículo de Noticias Jurídicas, sobre el alcance de la nueva ley en lo que respecta a las sociedades:


Ley 11/2021, de 9 de julio: fin a las sociedades fantasma

FUENTE: Noticias Jurídicas

Se modifica el régimen de revocación del número de identificación fiscal para que las entidades inactivas no puedan realizar inscripciones en ningún registro público

Este domingo ha entrado en vigor la ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Impone un nuevo paquete de normas contra la elusión fiscal, que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior. Pondrá fin a las sociedades inactivas, zombis o fantasmas y, esta vez (se supone) de verdad.

En la modificación incluida en Ley del Notariado por el artículo 19 de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude publicada en el Boletín Oficial de Estado el pasado 10 de julio, se prevé expresamente la obligación de incluir el número de identificación fiscal en la escritura pública por la que se cree o constituya cualquier tipo de entidad jurídica.

El Consejo General del Notariado facilitará a la Administración Tributaria la identificación de aquellas entidades con número de identificación fiscal revocado que hubieran pretendido otorgar un documento público. Todo ello, con el fin de mejorar el control efectivo de estas entidades y evitar situaciones de posible fraude.

Con esta reforma de la función notarial se pretende que:

1.Ante cualquier escritura pública referida a una persona jurídica el notario compruebe previamente que su NIF no haya sido revocado accediendo a la base de datos de la Agencia Tributaria.

2.El fedatario público informe a las autoridades tributarias de estas tentativas de negocio con NIF no vigentes, para que la administración pueda investigarlo

3.En todas las constituciones de empresas se asigne un NIF en la propia notaría a efectos de facilitar su rastreo.

Modificación de la Ley General Tributaria

La publicación de la revocación del número de identificación fiscal asignado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) determinará, además de su pérdida de validez a efectos identificativos, la imposibilidad de que las entidades de crédito realicen cargos o abonos en las cuentas o depósitos bancarios en que consten como titulares o autorizados los propietarios de dichos números revocados.

Cuando la revocación se refiera al número de identificación fiscal de una entidad, su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” implicará la abstención del notario para autorizar cualquier instrumento público relativo a declaraciones de voluntad, actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, contratos y negocios jurídicos de cualquier clase, así como la prohibición de acceso a cualquier registro público, incluidos los de carácter administrativo, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal.

El registro público en el que esté inscrita la entidad a la que afecte la revocación, en función del tipo de que se trate, procederá a extender en la hoja abierta una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse inscripción alguna que afecte a aquella, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal. Excepcionalmente, se admitirá la realización de los trámites imprescindibles para la cancelación de la nota marginal anteriormente indicada.

La revocación, en ningún caso, impedirá a la Administración Tributaria exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes.

Modificación de la Ley del Notariado 

Tratándose de escrituras públicas por las que se cree o constituya una entidad con o sin personalidad jurídica el Notario deberá incluir obligatoriamente en aquellas el número de identificación fiscal. Con carácter previo a la autorización o intervención de cualquier escritura pública, acta o póliza, el notario consultará la lista de números de identificación fiscal revocados. El Notario deberá abstenerse de autorizar o intervenir cualquier instrumento público que se pretenda otorgar por una entidad jurídica con número de identificación fiscal revocado de conformidad con lo previsto en la normativa tributaria.

Finalmente, el Consejo General del Notariado suministrará a la Administración Tributaria la información relativa a las operaciones en las que se hubiera incumplido la obligación de comunicar al Notario el número de identificación fiscal para su constancia en la escritura, así como los medios de pago empleados y, en su caso, la negativa a identificar los medios de pago. Estos datos deberán constar en los índices informatizados. El Consejo General del Notariado establecerá un sistema automatizado para que el Notario a través de aquel suministre a la Administración Tributaria la identificación de aquellas entidades jurídicas con número de identificación fiscal revocado y no rehabilitado que hubieran pretendido otorgar un documento público.

Falta de depósito de cuentas 

Desde el pasado 30 de enero la regulación sobre Auditoría de Cuentas refuerza el régimen sancionador contra las empresas que no presentan sus cuentas anuales con multas de hasta 300.000 euros.

En este sentido, las disposiciones adicionales décima y undécima del Real Decreto 2/2021 da un impulso al régimen de imposición de sanciones a aquellas sociedades que incumplan la obligación de depósito de cuentas, con la introducción de una serie de medidas que completan el régimen sancionador regulado en el artículo 283 LSC.:

• Podrá encomendarse la gestión y decisión sobre los expedientes sancionadores por incumplimiento del deber de depósito de cuentas a los registradores mercantiles del domicilio de la sociedad incumplidora (la DGSJFP y el ICAC acordarán los aranceles por esta gestión), cobrando de esta manera los registradores mercantiles un nuevo protagonismo en este proceso.

• El plazo total para resolver y notificar la resolución en el procedimiento sancionador será de seis meses a contar desde la adopción por el Presidente del ICAC del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la suspensión del procedimiento y de la posible ampliación de dicho plazo según lo establecido en la LPAC.

• Se establecen los criterios para determinar el importe de la sanción (que en la práctica son los que venía aplicando el ICAC), dentro de los límites establecidos en el artículo 283.1 LSC: entre 1.200 euros a 60.000 euros (cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros el límite de la multa para cada año de retraso se elevará a 300.000 euros):

  1. La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
  2. En caso de no aportar la declaración tributaria citada, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
  3. En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento.

Por tanto, si las cuentas anuales hubiesen sido depositadas con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, la sanción se impondrá en su grado mínimo y reducida en un cincuenta por ciento. Las infracciones por falta de depósito de cuentas prescribirán a los tres años (art. 283.4 LSC)


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Entra en vigor la nueva Ley del trabajo a distancia

La Ley 10/2021, de trabajo a distancia, que entró en vigor el pasado domingo 11 de julio, comienza definiendo los conceptos de lo que deba entenderse por:

  • 𝙏𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖: se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.
  • 𝙏𝙚𝙡𝙚𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤: trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
  • 𝙏𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡: se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

Y señala posteriormente la Ley que la misma será aplicable a las relaciones de trabajo que se desarrollen a distancia con 𝙘𝙖𝙧á𝙘𝙩𝙚𝙧 𝙧𝙚𝙜𝙪𝙡𝙖𝙧 (no de forma ocasional) y sólo cuando haya acuerdo entre trabajador y empresario. Por tanto, el trabajo a distancia no puede ser impuesto sino que debe ser voluntario y precisará de haber firmado un 𝙖𝙘𝙪𝙚𝙧𝙙𝙤 𝙙𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖 con el empleador.

Lee a cotinuación un completo artículo del portal Noticias Jurídicas sobre la nueva Ley 10/2021, de trabajo a distancia y todas sus obligaciones para empresarios y trabajadores y consulta el texto de la ley en vigor publicado en el BOE en formato pdf aquí:


Ley 10/2021: así es la ley del teletrabajo y el trabajo a distancia

FUENTE: Noticias Jurídicas

La norma aumenta las sanciones previstas para las empresas incumplidoras. Las compañías deberán garantizar la provisión de medios a los empleados y la adaptabilidad de las herramientas para las personas con discapacidad

Este domingo ha entrado en vigor la Ley 10/2021, 9 jul., de trabajo a distancia. La normativa llega tras la tramitación como proyecto de Ley del RDL 28/2020, 22 de sept., convalidado en su día por el Congreso de los Diputados.

La norma tiene fecha de entrada en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (que tuvo lugar el día 10 de julio), excepto la disposición final 1ª.2 (relativa a la modificación del artículo 40 LISOS) con entrada en vigor el 1 de octubre de 2021.

Veamos las principales implicaciones de la norma en el ámbito laboral:

1. Capítulo I. Disposiciones generales y definiciones (arts. 1 a 4)

Este capítulo I desarrolla el ámbito personal de aplicación, las definiciones de trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial a los efectos de esta ley, limitaciones, así como los principios de igualdad de trato y oportunidades y no discriminación, recogiendo aspectos concretos para hacer efectivo estos principios, teniendo en cuenta las especificidades que puede conllevar el trabajo a distancia en las condiciones de trabajo.

Así, la norma será de aplicación para aquellas relaciones de trabajo (incluidas dentro del art. 1.1 ET) que se desarrollen a distancia con carácter regular. Es la primera alusión de la Ley a la exclusión de la prestación ocasional. Como analizamos en anteriores artículos, la regularidad en el uso del trabajo a distancia (y no su intensidad) es el rasgo que caracteriza el ámbito de aplicación de la norma. Añade el texto que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un período de referencia de 3 meses, un mínimo del 30% de la jornada (o porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo). En consecuencia, incluye la prestación a distancia de más de un día y medio a la semana. Si dicha prestación es inferior, no aplica esta normativa. Asimismo, y como veremos más adelante, la Ley no es aplicable al personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.

El art. 2 contiene las mismas definiciones que su norma precedente:

Trabajo a distancia: Forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.

Teletrabajo: Aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.

Trabajo presencial: El que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

También se establece que no deben existir diferencias injustificadas (igualdad de trato y no discriminación) entre las propias personas trabajadoras a distancia, una referencia expresa a la necesidad de que se establezcan las debidas medidas de prevención frente al acoso, o la obligación de que se garantice que las personas que llevan a cabo trabajo a distancia puedan acceder y ejercitar los derechos de conciliación/corresponsabilidad igual que los trabajadores presenciales.

Especial importancia revisten las causas de discriminación directa o indirecta pues, a diferencia del RDL 28/2020, la Ley amplía dichas causas con “la edad, antigüedad o grupo profesional o discapacidad (…), asegurando la igualdad de trato y la prestación de apoyos, y realizando los ajustes razonables que resulten procedentes” (art. 4.3). Por otro lado, se expresa que a las personas que desarrollan trabajo a distancia ocasional les corresponderán los mismos derechos establecidos para las personas que desarrollan trabajo no ocasional (art. 22).

Asimismo, se prevén expresas limitaciones en el trabajo a distancia para contratos celebrados con menores y en las relaciones en prácticas y para la formación y el aprendizaje (art. 3). En estos casos se deberá garantizar que un mínimo del 50% de prestación de servicios tiene carácter presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático de la formación teórica —en su caso para estos últimos—.

2. Capítulo II. El acuerdo de trabajo a distancia (arts. 5 a 8)

El capítulo II, distribuido en dos secciones, se ocupa del acuerdo de trabajo a distancia y de las obligaciones formales vinculadas al mismo.

El teletrabajo será voluntario para ambas partes. Las partes tendrán que redactar un acuerdo con un contenido mínimo, ya de manera inicial o ya sobrevenida, la no afectación al estatus laboral de la persona trabajadora, el ejercicio de la reversibilidad, el carácter acordado de las modificaciones del acuerdo y la ordenación de las prioridades de acceso, así como la remisión a la negociación colectiva en el procedimiento y criterios que deben de seguirse, debiéndose evitar la perpetuación de roles de género y fomentando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Así, en primer lugar se establece en el art. 5 que el trabajo a distancia será voluntario —sin que pueda ser impuesto, ni siquiera vía art. 41 ET— y requerirá de la firma del denominado «acuerdo de trabajo a distancia)».

En este sentido, hay que recordar la excepción general que se recoge en la disposición transitoria 3ª, es decir, el trabajo a distancia como medida de contención sanitaria. Es muy relevante esta disposición, que se mantiene desde el origen de la norma, pues obviamente el desarrollo del trabajo a distancia ha venido impuesto u obligado por la situación de pandemia en la que continuamos, si bien con la progresiva incorporación al mercado laboral presencial.

Señala también el citado precepto que la negativa de la persona trabajadora al trabajo a distancia, el ejercicio de la reversibilidadal trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Sí cabe el mencionado ejercicio de reversibilidad: la posibilidad de convertir el trabajo presencial en servicios a distancia y viceversa. Este ejercicio será posible tanto para la persona trabajadora como para la empresa, si bien en los términos, forma y modo establecidos en la negociación colectiva o, en su defecto, en los fijados en el acuerdo de trabajo a distancia.

El acuerdo de trabajo a distancia tendrá que constar por escrito. Su elaboración es obligatoria antes de que el trabajo a distancia comience

La norma continúa con las obligaciones formales del acuerdo de trabajo a distancia: deberá realizarse por escrito y antes de iniciarse dicho trabajo a distancia (art. 6). Es el documento en el que deben constar los elementos esenciales para que se garanticen los derechos de las personas trabajadoras a distancia. Su contenido mínimo obligatorio —sin perjuicio de la regulación al respecto en convenios o acuerdos colectivos— es el siguiente (art. 7):

a) Inventario de los medios, equipos y herramientas —incluidos consumibles y elementos muebles—, así como su vida útil o período máximo para su renovación;

b) Enumeración de los gastos, forma de cuantificación y momento y forma de abono —esta se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en convenio o acuerdo colectivo—;

c) Horario de trabajo y reglas de disponibilidad;

d) Porcentaje y distribución entre trabajo de presencia y trabajo a distancia —en su caso—;

e) Centro de trabajo de la empresa donde queda adscrita la persona trabajadora;

f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora;

g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de reversibilidad;

h) Medios de control empresarial de la actividad;

i) Procedimiento a seguir en caso de dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia;

j) Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, para la protección de datos

k) Instrucciones sobre seguridad de la información, específicamente aplicables al trabajo a distancia

l) Duración del acuerdo o de la prestación de servicios a distancia.

Según el artículo 8, cualquier cambio en las condiciones de prestación de servicios reflejadas en el acuerdo de trabajo a distancia requerirán de consenso entre la empresa y la persona trabajadora y, como el propio acuerdo, deberán reflejarse por escrito con carácter previo a su implementación.

Para garantizar estos extremos, la empresa estará obligada a entregar copia a los representantes legales de las personas trabajadoras —tanto de los acuerdos de trabajo a distancia como de sus actualizaciones (modificaciones)—, en un plazo no superior a 10 días desde su formalización, excluyendo aquellos datos que pudieran afectar a la intimidad personal de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales y de garantía de los derechos digitales y del art. 8.4 ET. Por su parte, los citados representantes deberán firmar tal copia a efectos de acreditar que se ha producido la entrega.

Dichas copias se registrarán ante la Oficina de Empleo.

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Aunque, como hemos indicado, el trabajo a distancia es una fórmula libremente elegida por ambas partes (voluntariedad), la Ley impone una preferencia de acceso al trabajo presencial —total o parcial— de aquellas personas que realicen trabajo a distancia duranta la totalidad de su jornada. Para ello, la empresa informará a estas personas trabajadoras y a la representación legal de las personas trabajadoras de los puestos de trabajo vacantes con carácter presencial que se produzcan.

Cabe añadir que, mediante negociación colectiva o acuerdo entre empresa y representantes de las personas trabajadoras se pueden establecer mecanismos y criterio por los que la persona que desarrolla trabajo presencial pueda pasar a trabajo a distancia —y viceversa—, así como preferencias vinculadas a determinadas circunstancias. Se deberá evitar la perpetuación de roles y se tendrá en cuenta la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Todo esto será objeto de diagnóstico y tratamiento en el correspondiente Plan de Igualdad.

3. Capítulo III. Derechos de los trabajadores a distancia (arts. 9 a 19)

El capítulo III más extenso, dividido en seis secciones), desarrolla la igualdad de derechos proclamada en el primer capítulo, mediante la mención de las especiales precauciones a tener en cuenta respecto de los derechos laborales, cuando sean predicables en relación con las personas que llevan a cabo trabajo a distancia. Podemos distinguir:

Derechos relacionados con la carrera profesional. Por un lado, se deberá garantizar la participación efectiva, en las acciones formativas, de las personas que trabajan a distancia, en términos equivalentes a aquellas que prestan servicios presencialmente e, igualmente, se deberá garantizar, previo acceso a la modalidad de trabajo a distancia, la formación necesaria para su adecuado desarrollo, tanto al momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan cambios en los medios o tecnologías utilizadas —particularmente, en el teletrabajo—. Así se desprende de la redacción del art. 9. Por otro lado, se ha de garantizar que las personas que trabajen a distancia disfruten los mismos derechos a la promoción profesional que aquellos que prestan servicios presenciales, por lo que la empresa estará obligada a informar a aquellas, de manera expresa y por escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan (sea para puestos de desarrollo presencial o a distancia), conforme al art. 10.

Derechos de contenido económico: contemplados como “derechos relativos a la dotación y mantenimiento de medios y al abono y compensación de gastos”. Así, se reconoce el derecho a las personas que trabajan a distancia a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa, de todos los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral, de conformidad con el inventario establecido en el acuerdo de trabajo a distancia y, en su caso, con los términos establecidos en el convenio o acuerdo colectivo. También se garantizará la atención necesaria en el caso de dificultades técnicas —particularmente para el teletrabajo— (art. 11). Es novedad, en la redacción de la Ley 10/2021, la protección de las personas trabajadoras con discapacidad, de modo que los medios, equipos y herramientas, incluidos los digitales, han de ser “universalmente accesibles, para evitar cualquier exclusión por esta causa”. El apartado se cierra con el derecho al abono y compensación de gastos: el trabajo a distancia debe ser sufragado/compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción, por parte de la persona trabajadora, de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados con el desarrollo de su actividad laboral. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la determinación, y compensación o abono de estos gastos (art. 12).

Derechos con repercusión en el tiempo de trabajo: el horario que debe constar en el acuerdo de trabajo a distancia es un punto de referencia, pero puede ser alterado por la persona trabajadora dentro de los límites fijados en el propio acuerdo. De este modo, la presunción es favorable a la flexibilidad horaria en beneficio del teletrabajador, siendo un rasgo en principio consustancial al teletrabajo (art. 13). A efectos de garantizar estos derechos, se expresa que la obligación de registro horario debe reflejar fielmente la jornada de trabajo, sin perjuicio de la flexibilidad horaria y, deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada (art. 14). Este papel preponderante de la negociación colectiva en materia de responsabilidad por los gastos se impuso en la redacción definitiva de la Ley, frente al borrador inicial del texto que preveía la asunción de “todos los gastos directos o indirectos”, inciso que fue posteriormente descartado.

Derecho a la prevención de riesgos laborales: de acuerdo con la LPRL, las personas que trabajan a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello se deberá realizar una evaluación de riesgos y una planificación de la actividad preventiva, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. Esta evaluación de riesgos únicamente alcanzará la zona habilitada para la prestación de servicios, sin extenderse al resto de zonas de la vivienda.

Cuando para la obtención de la información acerca de los riesgos, fuera necesaria la visita al lugar de prestación de actividades a distancia (se requerirá para ello el permiso de la persona trabajadora), deberá emitirse un informe por escrito que justifique dicho extremo, que se entregará a la persona trabajadora y a los delegados/as de prevención (art. 16). En la redacción de dicho art. 16 de la Ley 10/2021 se incluye la “accesibilidad del entorno laboral efectivo” como factor a tener en cuenta para la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

Derechos relacionados con el uso de medios digitales: en primer lugar, se garantiza expresamente el derecho a la intimidad de la persona que trabaje a distancia, y se indica que los mecanismos de control que pudieran existir serán idóneos, necesarios y proporcionados. Asimismo, las empresas deberán establecer —con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras— criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y derechos reconocidos (art. 17).

Se reconoce también en esta sección el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo, lo que conlleva una obligación a la empresa de garantizar una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y trabajo durante los períodos de descanso. Para ello, la empresa —previa audiencia a la representación legal de las personas trabajadoras— elaborará una política interna definiendo las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y sensibilización del personal sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas para evitar el riesgo de fatiga informática. También mediante negociación colectiva o acuerdo se establecerán los medios adecuadas para garantizar el indicado derecho a la desconexión y los tiempos de descanso (art. 18).

Derechos colectivos: se reconoce ese derecho a las personas trabajadoras a distancia con el mismo contenido y alcance que para el resto de las personas trabajadoras —presenciales—, lo cual será garantizado mediante condiciones pactadas por la negociación colectiva. Del mismo modo, se deberá asegurar una comunicación sin obstáculos entre las personas trabajadoras a distancia y sus representantes —y resto de personas trabajadoras—. En definitiva, se establece el principio de equiparación para el ejercicio de derechos colectivos y, a tal efecto, se establecen y especifican derechos relacionados con la comunicación, por medio de la implantación de mecanismos como el tablón virtual (art. 19).

4. Capítulo IV. Facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia (arts. 20 a 22)

El último capítulo se refiere de manera específica a las facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia, incluyendo la protección de datos y seguridad de la información, el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales y las instrucciones necesarias para preservar a la empresa frente a posibles brechas de seguridad.

A grandes rasgos, las personas trabajadoras a distancia deberán:

— Cumplir con las instrucciones sobre protección de datos establecidas por la empresa —previa participación de la representación legal de las personas trabajadoras— (art. 20.1).

— Cumplir con las instrucciones sobre seguridad de la información fijadas por la empresa —en este caso, previa información a dicha representación— (art. 20.2).

— Cumplir con las condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos informáticos establecidos en la empresa, dentro de los términos pactados, en su caso, por la negociación colectiva (art. 21).

Por su parte, la empresa podrá adoptar las medidas que estime oportunas de vigilancia y control, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, sus circunstancias personales, como la concurrencia de una discapacidad (art. 22).

5. Disposiciones adicionales, transitorias y finales. Endurecimiento de las sanciones en el orden social

Adicionalmente al articulado, la norma se cierra con disposiciones adicionales, transitorias y finales. Procedemos a destacar aquellas más relevantes vinculadas al objeto de esta norma y a la regulación laboral pues, como ya viene siendo habitual, se utiliza para introducir cuestiones diversas, como el régimen fiscal aplicable a la final femenina de la UEFA Champions League 2020, el tipo impositivo aplicable al IVA de bienes necesarios para combatir el COVID-19, o modificaciones en normativa del sector ferroviario. Incluso se trata de perfeccionar y reordenar los requisitos para la tramitación y petición del denominado ingreso mínimo vital ante los problemas que han surgido desde que la prestación fue aprobada.

Como se reflejó en el propio cuerpo normativo, la negociación colectiva (convenio o acuerdos colectivos) tiene un papel muy relevante en la Ley. Así se acentúa en la disposición adicional 1ª, donde se concede la posibilidad de establecer la identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia, las condiciones de acceso al mismo, el desarrollo de la actividad, una duración máxima, contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia y otras cuestiones que se consideren necesarias de regular; pudiendo también desarrollar una jornada mínima presencial, el ejercicio de reversibilidad, un porcentaje o período de referencia inferiores a los fijados en esta Ley como carácter regular, un porcentaje de trabajo presencial de los contratos formativos diferente al previsto (50%), así como circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión.

Otra novedad del texto de la Ley es la la disposición adicional 2ª considera domicilio de referencia, a efectos de considerar la Autoridad Laboral competente y los servicios y programas públicos de fomento del empleo aplicables, aquel que figure como tal en el contrato de trabajo y, en su defecto, el domicilio de la empresa o del centro o lugar físico de trabajo.

Asimismo, se establecen reglas transitorias aplicables a aquellas relaciones de trabajo a distancia ya vigentes. Concretamente:

1. Disposición transitoria primera: la Ley será íntegramente aplicable a las relaciones de trabajo vigentes y que estuvieran reguladas con anterioridad a su publicación (12 de julio de 2021), por acuerdos y/o convenios colectivos, desde el momento en el que estos pierdan su vigencia.

En el caso de que estos acuerdos y/o convenios no prevean un plazo de duración, la Ley resultará de aplicación una vez transcurrido un año desde su publicación en el BOE.

Excepción: salvo que las partes firmantes acuerden expresamente un plazo superior que, como máximo, podrá ser de tres años.

2. El acuerdo de trabajo a distancia deberá formalizarse en el plazo de tres meses desde que la norma resulte de aplicación, conforme con las reglas anteriores. Y ello incluso mediante las necesarias adaptaciones o modificaciones en los acuerdos de trabajo a distancia de carácter individual vigentes a la fecha de publicación de esta norma.

3. Por otro lado, y en virtud de la disp. transitoria segunda, las infracciones en el orden social cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la disp. final 1ª.2 se sancionarán conforme a las cuantías sancionatorias previstas con anterioridad a dicha fecha.

4. Disposición transitoria tercera: cuando el trabajo a distancia se haya implementado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del RDL 8/2020 —carácter preferente del trabajo a distancia durante la pandemia—, o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria, y mientras estas se mantengan —término este que queda muy abierto e indeterminado—, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria. Aun así, las empresas deberán dotar de los medios, equipos herramientas y consumibles que exige el trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario. Por otra parte, mediante negociación colectiva se establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora a distancia.

En otras palabras, la Ley no será de aplicación, y por lo tanto no se deberán formalizar acuerdos de trabajo a distancia con aquellos trabajadores que presten actividades no presenciales, si este trabajo a distancia, inexistente con anterioridad en la empresa, ha venido forzado por la actual situación de la pandemia y mientras la misma se mantenga, pero, aun y así, la empresa tendrá que dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige tal modo de trabajo pero, en principio, y salvo acuerdo en negociación colectiva expreso, no procede el abono de compensación de gastos de tipo alguno.

Debemos entender que la intención del legislador es que aquellas empresas que se hayan visto forzadas al teletrabajo no vengan obligadas a asumir más gastos en unos momentos como los actuales pero sí se comprometan a facilitar a sus empleados aquellas herramientas necesarias para teletrabajar.

5. Finalmente, se recuerda que la aplicación de esta Ley no puede instrumentalizarse para mermar derechos reconocidos a los que ya «teletrabajaban» antes de su publicación.

Por último, mediante las disposiciones finales (primera, segunda y tercera) se modifican los artículos 13, 23 y 37 del ET; el artículo 138 bis de la LRJS y los artículos 7.1 y 40 de la LISOS. Concretamente, cabe destacar:

— Se establece un derecho de las personas trabajadoras consideradas víctimas de violencia de género o del terrorismo a realizar su trabajo —total o parcialmente— a distancia o dejar de hacerlo si este fuera el sistema establecido, siempre que estas modalidades sean compatibles con el puesto y funciones desarrolladas (art. 37.8 ET) Existe también un derecho preferente de acceso al trabajo a distancia (en favor de las personas cuando cursen con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional, modificando el artículo 23.1.a ET.

— Se establece un procedimiento judicial especial y específico (art. 138 bis LRJS) aplicable a las reclamaciones relacionadas con el acceso, reversión y modificaciones del trabajo a distancia —aunque si la causa de reclamación está relacionada con el ejercicio de los derechos de conciliación se regirá por el procedimiento del artículo 139 LRJS—.

— Se especifica que se considerará Infracción grave en materia de relaciones laborales el «no formalizar por escrito el contrato de trabajo, cuando este requisito sea exigible o lo haya solicitado la persona trabajadora, o no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en los términos y con los requisitos legalmente previstos.» (artículo 7.1 LISOS).

Infracciones en materia de relaciones laborales y empleo. Tras el incremento del 20% de las cuantías de las sanciones previstas en el artículo 40 LISOS, serán castigadas las infracciones leves, en su grado mínimo, con multas de 70 a 150 euros; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros. Respecto de las infracciones graves: multa, en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros. Las muy graves serán castigadas con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros (art. 40.1 LISOS).

Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. Las nuevas sanciones son las siguientes: las infracciones leves se castigarán, en su grado mínimo, con multa de 45 a 485 euros; en su grado medio, de 486 a 975 euros; y en su grado máximo, de 976 a 2.450 euros. Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.451 a 9.830 euros; en su grado medio, de 9.831 a 24.585 euros; y en su grado máximo, de 24.586 a 49.180 euros. Y las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 49.181 a 196.745 euros; en su grado medio, de 196.746 a 491.865 euros; y en su grado máximo, de 491.866 a 983.736 euros (art. 40.2 LISOS).

FUENTE: Noticias Jurídicas


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Entra en vigor la ley antifraude que limita los pagos en efectivo a 1000 €, exige declarar las criptomonedas y castiga las herencias en vida

Con la entrada en vigor este pasado sábado, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal nos obliga a:

  • declarar las criptomonedas o divisas virtuales a través del Modelo 720
  • limitar los pagos en efectivo desde los 2.500 a los actuales 1.000 €, en el caso de que en la operación intervenga un empresario o profesional.
  • Límitar los pagos en efectivo desde los 15.000 a 10.000 € para el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Puedes hacer clic aquí para acceder en formato pdf al BOE con la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

Además, a continuación te transcribimos un completo artículo de ElEconomista, que explica el alcance de las obligaciones esenciales que la Ley Antifraude introduce:


FUENTE: El Economista AUTOR: Ignacio Faes FECHA: 30/06/2021

ElEconomista: El Congreso aprueba la ley antifraude de Montero: exige declarar las criptomonedas y castiga Sucesiones y Patrimonio

  • El texto, aprobado definitivamente, incluye las enmiendas del Senado
  • Exige declarar las “monedas virtuales” en el cuestionado ‘Modelo 720’
  • Limita los pagos en efectivo a 1.000 euros, algo que rechaza el BCE

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Los legisladores terminan así con la tramitación parlamentaria de esta normativa. El texto recoge el castigo fiscal en los impuestos relacionados con los inmuebles, como Transmisiones, Sucesiones o Patrimonio. Además, limita los pagos en efectivo en efectivo a los 1.000 euros, en contra del criterio del Banco Central Europeo (BCE).

La normativa aprobada, impulsada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esconde una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la trasmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos.

La norma apuntala, “en alas de la seguridad jurídica” las tasaciones por parte de las Comunidades Autónomas a través del Catastro

Tal y como adelantó elEconomista en octubre del año pasado, el Gobierno descarga así la tasación en el llamado Valor de Referencia del Mercado (VRM), calculado por el Catastro a través de una serie de variables que permite a las Haciendas autonómicas superar el valor real de los inmuebles. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y puede exceder el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos.

El Supremo, en una sentencia de 23 de mayo de 2018, rechazó que las Haciendas autonómicas puedan comprobar los valores de los inmuebles aplicando coeficientes sobre los valores catastrales y en otras sentencias viene a exigir que, para conocer el valor real de una vivienda, el perito se desplace al lugar. Sin embargo, la norma apuntala, “en alas de la seguridad jurídica” las tasaciones por parte de las Comunidades Autónomas a través del Catastro. El texto recoge que “el valor de referencia que establece el Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva”. Según Hacienda, la medida “cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas de forma unánime”.

Obliga a declarar las criptomonedas

La normativa introduce un refuerzo en el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, estableciendo nuevas obligaciones de información sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales. En concreto, la ley exige “la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero”.

Es decir, tal y como adelantó elEconomista en febrero, obligará a introducir estas operaciones en la declaración de bienes en el extranjero, el polémico Modelo 720. Este modelo se encuentra actualmente en estudio por la Justicia europea tras el dictamen motivado de Bruselas en el que cuestiona su aplicación por, entre otros asuntos, las elevadas multas que establece, que pueden llegar hasta el 150%. Según ha podido saber este periódico, se espera que el Abogado General presente las conclusiones sobre este asunto este mes.

En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.

Entre las novedades introducidas en las enmiendas del Senado, está la reforma de la suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos previstos en la normativa tributaria por motivo del Covid. Ahora, la ley limita los efectos de esta medida a aquellos plazos de prescripción que, sin tener en cuenta dicha suspensión, finalicen antes del día 1 de julio de 2021.

Límite al efectivo

Entre las medidas que se incluyen en el texto se encuentra la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasa de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones en el que interviene un empresario o profesional. A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.

El Banco Central Europeo (BCE) rechazó el 1 de febrero de 2019 el límite de 1.000 euros para el pago en efectivo que ahora ha aprobado el Congreso. El entonces presidente del BCE, Mario Draghi, envió un dictamen a España en el que pidió al Gobierno el freno de la medida y alertó de serios riesgos para la moneda europea y determinados sectores económicos.

El documento, al que tuvo acceso elEconomista, subraya que bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o profesional “es desproporcionada”. El BCE destaca su “posible repercusión adversa” en el sistema de pagos en efectivo.

Draghi alertó del riesgo para el Euro del los límites en efectivo a España: “Pone en peligro el concepto de curso legal”

El Supervisor alertó entonces del riesgo de la medida española para la moneda europea. “Esta limitación dificulta la liquidación de operaciones legítimas usando el efectivo como medio de pago, por lo que pone en peligro el concepto de curso legal”, subraya el Banco Central Europeo en su dictamen. El Banco niega que esta medida tenga cabida en la normativa europea antifraude. El límite para las empresas establecido en la Directiva europea antiblanqueo está en los 10.000 euros.

Por otra parte, la nueva norma contempla la prohibición por ley de las amnistías fiscales. Además, el texto rebaja de un millón de euros a 600.000 euros el umbral de la deuda con Hacienda que conlleva aparecer en el listado de deudores. También, Hacienda incluirá en esa lista de deudores a los responsables solidarios, como pueden ser los familiares o los socios.

La nueva Ley actualiza y amplía el concepto de paraísos fiscales, que pasan a denominarse “jurisdicciones no cooperativas”, término usado a nivel internacional. La lista de paraísos fiscales deberá ser actualizada periódicamente.

Castigo a las ‘herencias en vida’

La normativa recoge un castigo a los pactos sucesorios -el reparto de herencias en vida- al eliminar varias de sus ventajas. Los sucesores de los contribuyentes que escojan esta opción para legar sus bienes sufrirán un incremento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que afectará, incluso, a los pactos sucesorios ya firmados antes de que entre en vigor la ley.

La ley aprobada hoy modifica el artículo 36 de la ley del IRPF. Hacienda usará los precios de adquisición antiguos y no los del momento de la firma del pacto sucesorio para calcular la ganancia patrimonial del heredero. El nuevo redactado establecerá que si se transmite el bien antes del fallecimiento del donante, se usará la misma fecha y valor de adquisición que tenía el donante para calcular la ganancia o pérdida en IRPF, aunque el pacto sucesorio se haya formalizado muchos años antes. De esta forma, Hacienda imputará grandes beneficios a los sucesores, puesto que los precios de compra antiguos son mucho menores que los actuales.


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