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Marga de Matos y Nicolás Emery en MÚLTIPLEX de IB3 Ràdio sobre la situación del mercado laboral en las Baleares

Este pasado viernes la dupla formada por la abogada especializada en materia laboral Marga de Matos y el abogado y economista Nicolás Emery fueron invitados al Múltiplex de IB3 Ràdio para tratar la difícil situación del mercado laboral en las Islas Baleares provocada por la pandemia del Covid, los ERTEs y las pesimistas previsiones de los analistas acerca de la recuperación de puestos de trabajo, las cuales vaticinan que 6 de cada 10 trabajadores que se encontraban en ERTE al principio de verano no recuperarán su puesto de trabajo, lo que se traduciría en la pérdida de 270.000 empleos en toda España.


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Resumen de la nueva normativa sobre extensión de los ERTEs

Te resumimos, a continuación, el articulado del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos (que puedes ver, en su publicación del BOE de este mismo viernes y en formato pdf aquí):

ARTÍCULO 1

Se prorrogan automáticamente hasta el 30/09/2021 los ERTES por Fuerza Mayor basados en las causas del artículo 22 del RD 8/2020, los ERTES por REBROTE, Impedimento y Limitaciones.

Las exoneraciones para los ERTES DE LIMITACIONES (únicamente sobre la parte suspendida serán):

  • 85% en junio y julio si la empresa tiene menos de 50 trabajadores y del 75% en agosto y septiembre.
  • 75% en junio y julio si la empresa tiene 50 o más trabajadores y del 65% en agosto y septiembre.

Las exoneraciones para los ERTES POR IMPEDIMENTO- REBROTE:

  • 100% en las empresas de menos de 50 trabajadores para el periodo de junio a septiembre.
  • 90% en las empresas de 50 o más trabajadores para el periodo de junio a septiembre.

ARTÍCULO 2

se podrán solicitar entre el 01/06/2021 Y 30/06/2021 ERTES POR LIMITACIONES E IMPEDIMENTO, así como el cambio de uno a otro en función de las medidas socio sanitarias y situación epidemiológica en cada momento vigente.

El cambio de IMPEDIMENTO A LIMITACIONES o viceversa no precisará de nuevo ERTE, pero sí de comunicación a la Autoridad Laboral que comunicará los cambios a la inspección de trabajo para las correspondientes acciones de control.

De igual modo, se deberá informar a la TGSS para la aplicación de las correctas exoneraciones en función del tipo de ERTE, presentándose las correspondientes declaraciones responsables.

ARTÍCULO 3

Los ERTES ETOP iniciado tras un ERTE de Fuerza Mayor su fecha de efectos será retrotraerá a la fecha de fin del ERTE de Fuerza Mayor.

Se mantienen los límites del reparto de dividendos y transparencia fiscal para todos aquellos ERTES prorrogados (concedidos con anterioridad a la vigencia de este RD) como los que se concedan en virtud del mismo.

Se mantiene la cláusula del mantenimiento de empleo para las empresas que se vean beneficiadas con las exoneraciones previstas en el nuevo RD, debiéndose tomar en consideración los periodos de mantenimiento de empleo anteriores y pendientes de cumplimiento que se pudieran tener, es decir, se van a encadenar uno tras otro.

Se mantienen de igual modo los límites de nuevas contrataciones, externalizaciones y la imposibilidad de hacer horas extraordinarias.

Se vuelve a recodar que la Fuerza Mayor y las causas ETOP en las que se basaron las suspensiones y reducciones de contrato no serán justificativas de las extinciones de contrato ni de despido. Así mismo, los contratos temporales que se vean suspendidos por ser el trabajador afectado al ERTE, se prorrogarán por el tiempo que el contrato reste suspendido (fecha de suspensión hasta fecha de reincorporación o en caso de esta ser posterior al vencimiento del mismo – fecha de suspensión hasta fecha de fin vencimiento, empezando el cómputo del contrato una vez el trabajador sea reincorporado total o parcialmente).

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

ERTES por CNAE, elevada tasa de cobertura por los ERTES y reducida tasa de recuperación de actividad, así como las que pasen de ERTE Fuerza Mayor a ERTE ETOP.

Se prorrogan hasta el 30/09/2021.

Las exoneraciones serán las siguientes para la parte de la jornada TRABAJADA:

  • 95% en empresas de menos de 50 trabajadores desde junio hasta septiembre.
  • 85% en empresas de 50 o más trabajadores desde junio hasta septiembre.

Las exoneraciones serán las siguientes para la parte de la jornada NO TRABAJADA:

  • 85% en empresas de menos de 50 trabajadores desde junio hasta agosto y de un 70% en septiembre.
  • 75% en empresas de 50 o más trabajadores desde junio hasta agosto y de un 60% en septiembre.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Las empresas deberán reincorporar efectivamente a los fijos discontinuos en su plantilla durante el periodo teórico de llamamiento (01/06/2019 y 30/06/2019 periodo de referencia del llamamiento). Si el llamamiento normalmente se produce después del 30/09 se tomará como referencia la fecha del llamamiento teórico de 2020.

En el caso de que los Fijos Discontinuos llamados no pueden desarrollar su actividad por estar su empresa en un ERTE POR IMPEDIMENTO/ REBROTE o no ser necesarios entre la plantilla efectiva, deberán ser llamados igualmente y quedar afectados por el ERTE.

Para realizar estos llamamientos se tendrán 15 días y se deberá en este periodo informar a la Autoridad Laboral y realizar la solicitud colectiva para recibir las correspondientes prestaciones por desempleo.

La prestación extraordinaria para los fijos discontinuos se mantiene vigente resultará aplicable en aquellos casos en que el llamamiento teórico de la persona no se diera entre el 01/06 y 30/09, así como en aquellos casos que se den interrupciones ordinarias en la actividad en aquellos casos en que se haya dado una reincorporación efectiva.

ARTÍCULO 5

A partir del 01/06/2021 los autónomos que recibieran alguna prestación por cese de actividad tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones en los siguientes %:

  • 90% en junio, 75% en julio, 50% en agosto y 25% en septiembre.

Para ello, es necesario que el autónomo esté de alta y la base de cotización para determinar la exención será por la que venía cotizando antes de acceder a la prestación por cese de actividad. La percepción de la prestación por cese de actividad es incompatible con la exención en la cotización.

ARTÍCULO 6

Los autónomos que se vean obligados a suspender temporalmente su actividad o la mantengan suspendida, tendrán derecho a una prestación económica por cese de actividad siempre que cumplan los siguientes requisitos:

  • Estar afiliados al menos 30 días naturales de la fecha de resolución de la suspensión de la actividad.
  • Hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o ponerse al día con sus deudas en el plazo de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será del 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada. Si conviven en un mismo domicilio dos personas que tengan derecho a esta prestación, su importe para cada uno será del 40%.

El derecho nace al día siguiente de la adaptación de la medida de cierre o desde el 01 de junio si se mantiene la suspensión de la actividad con anterioridad a dicha fecha.

Pese a la exención de la obligación de cotizar, el autónomo que deberá mantenerse de alta, y se entenderá como periodo cotizado siendo asumidas las mismas por las entidades con cargo a los presupuestos.

El percibo de esta prestación es incompatible con el percibido de otra prestación por trabajo por cuenta propia, otra prestación de la seguridad social o percepción de alguna cuantía por trabajar por cuenta ajena, salvo que lo percibido por ese trabajo por cuenta ajena sea inferior a 1,25 veces el importe del SMI.

La gestión de las mismas corresponde a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y se extiende hasta el próximo 30 de septiembre de 2021.

Se debe solicitar dicha prestación dentro de los 21 días naturales posteriores siguientes a la resolución del cierre de actividad o antes del 21 de junio si la resolución de cierre de actividad fuera previa al 01/06/2021 y no se estuviera recibiendo dicha prestación.


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Nicolás Emery, en multiplex de IB3, sobre los autónomos y el avanzado cambio de su sistema de cotización

Hace poco se ha sabido que es el 14 de Junio la fecha elegida a partir de la cual se podrán solicitar las ayudas que, con un importe de 800 millones de Euros el Estado transferirá a las Baleares con el fin de salvar la maltrecha economía de autónomos y empresas. Con tal motivo el programa radiofónico Multiplex de IB3 radio quiso aprovechar para dedicar parte de su espacio del pasado martes a hablar de los AUTÓNOMOS con el socio y gerente de Moya & Emery, Nicolás Emery que en su calidad de economista y asesor de empresas cono de primera mano a este colectivo -el de los trabajadores por cuenta propia- que ha sufrido especialmente la pandemia del covid y sobre el que ahora pesa la incertidumbre del cambio anunciado de su sistema de cotizaciones para tratar de amoldarlo a los ingresos reales de los trabajadores, y que, parece ser, contará con 13 tramos de cotización distintos.


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elEconomista: “El endurecimiento de requisitos por parte del Gobierno traba la prórroga de las ayudas a Autónomos”

El Gobierno se planea endurecer las ayudas para autónomos, las cuales vencen en breve y cuya prórroga se está negociando en estos momentos.

Los subsidios y ayudas puestas en marcha durante la pandemia destinados a trabajadores autónomos están a escasos días de vencer y las negociaciones entre Gobierno y representantes de los trabajadores para proceder a una prórroga de las mismas están encontrando serias dificultades debido a la férrea posición del Gobierno, que plantea un endurecimiento de condiciones para optar a las nuevas ayudas:  se deberán acreditar pérdidas de ingresos en los dos trimestres anteriores del 75% (hasta ahora bastaba acreditar el 50%) para acceder a la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo.

Lee el completo artículo de elEconomista, a continuación, respecto de las negociaciones para la prórroga de las ayudas a autónomos:


FUENTE: El Economista AUTOR: Gonzalo Velarde

  • Tendrán que acreditar una pérdida de ingresos de nuevo del 75%
  • Todas las asociaciones de autónomos rechazan la primera propuesta

El Gobierno y las asociaciones de autónomos avanzan en la negociación para ampliar el esquema de ayudas y bonificaciones vigente desde el inicio de la pandemia, y que al menos se extenderá hasta el próximo 31 de septiembre. Eso sí, siempre y cuando se solventen ciertos flecos de la negociación que están trabando el acuerdo, como el del endurecimiento de los requisitos para que los trabajadores por cuenta propia puedan compatibilizar el cobre de la prestación extraordinaria por cese de actividad con el desarrollo de su negocio, según una serie de condiciones.

En este sentido, según la propuesta de renovación de ayudas para autónomos del Gobierno a la que ha tenido acceso elEconomista, que recoge cuatro supuestos en los que los trabajadores del colectivo podrán acogerse a una bonificación de la cuota o a una prestación, para el supuesto de compatibilización del cese y la actividad, el Ejecutivo plantea que a partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos que a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia y no hubieran agotado los periodos de prestación previstos en el artículo 338.1 de la Ley General de la Seguridad Social (el cese de actividad ordinario), podrán continuar percibiéndola hasta el agotamiento del período pendiente de consumir o en su caso, hasta el 30 de septiembre de 2021, siempre que, durante el segundo y tercer trimestre de 2021 cumplan los requisitos que se indican en este precepto.

Es decir, según la propuesta del Ejecutivo en este punto, aquellos autónomos que vinieran cobrando la prestación compatible con la actividad, pero que ya hayan agotado el cese ordinario (que se ha descontado durante los meses de compatibilización) ya no podrían acceder a esta modalidad de ayuda. Y además, el acceso a la prestación exigirá acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 una reducción de los rendimientos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 75% de los habidos en el segundo semestre de 2019; así como no haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre de 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 6.650 euros. Mientras que en el periodo anterior se requería una disminución de más del 50% de los rendimientos de la actividad en el primer semestre de 2021 en relación al segundo semestre de 2019, además de no haber obtenido rendimiento netos superiores a 7.900 euros.

Por ello, los autónomos han exigido al Gobierno en la reunión mantenida este miércoles que se flexibilice por un lado el supuesto en el que el autónomo que agota el cese de actividad deja de poder compatibilizar la prestación con el desempeño de su actividad por un lado, al tiempo que se pide que este porcentaje de caída de ingresos repercutido sea similar tanto para el que accede de nuevas a la prestación (75%) y al que se le prorroga (50%), siendo la petición del colectivo en este caso la de alinear el volumen de caídas en ese 50% que venía operando hasta este momento.

Sobre esta reunión con el Gobierno y el posible acuerdo para la prórroga del esquema de ayudas, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, apunta que se han producido avances sustanciales con la propuesta del Gobierno para ampliar el cese extraordinario hasta el 31 de septiembre si bien reconoce que el endurecimiento de algunos requisitos para acceder a las mismo ha hecho establecer ciertas líneas rojas en la negociación. Con esta prestación, su cobro, consume días del periodo de protección pero no del periodo de carencia para acceder a una futura prestación.

“Cuando el autónomo ha generado esta prestación lo ha hecho porque tenía el periodo de carencia exigido en la normativa, periodo que ha consumido para generar ese prestación; ahora bien, una vez que ha sido beneficiario de la prestación compatible con el trabajo por cuenta propia, ha seguido cotizado por todos los conceptos, desde el primer día, independientemente de quien haya pagado la cuota, por lo que las cotizaciones correspondientes al periodo que el autónomo ha estado cobrando dicha prestación son computables para acumular un nuevo periodo de carencia a efectos de una futura prestación por cese de actividad ordinario o extraordinario, en su caso”, apunta Abad sobre la propuesta del Ejecutivo para este supuesto que afecta a miles de autónomos.

“Con esta prestación, su cobro, consume días del periodo de protección pero no del periodo de carencia para acceder a una futura prestación. Esto es lo que entendemos desde UPTA, ya que no se ha producido el cierre de la actividad (baja en Hacienda y en el RETA) y además, se ha seguido cotizando”, sentencia el líder de la entidad representante del colectivo sobre la reunión mantenida.

Elevar la prestación al 70%

Por otro lado, los autónomos han trasladado al Ejecutivo, representado por el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, la petición de que la cuantía de la prestación del 50% de la base mínima de cotización que corresponda por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus ascienda al menos hasta el 70% de la base mínima.

“Consideramos que tendría que ser el 70% de la base reguladora ya que tienen el negocio cerrado por causas ajenas a su voluntad pero tienen que seguir asumiendo costes (alquileres, préstamos, suministros….), como ya se trasladó para esta modalidad de prestación correspondiente al periodo anterior”, señala Abad, asegurando que si no se atiende a estas peticiones no apoyaran el esquema presentado por el Gobierno.

La propuesta del Gobierno

Sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos afectados por la suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de la aprobación de medidas para contener la pandemia, el documento dice que los autónomos deberán estar al menos 30 días naturales en alta antes de la fecha de la resolución que acuerde la suspensión de la actividad y en todo caso antes de la fecha de inicio de la misma cuando esta se hubiese decretado con anterioridad al 1 de junio de 2021 para acceder a esta prestación.

También deberán hallarse al corriente del pago de las cuotas. La cuantía será del 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada, pero puede incrementarse un 20% si el autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo proceden de su actividad suspendida.

El documento dice que a partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial Trabajadores por Cuenta Propia o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, que estuvieran de alta en estos regímenes y vinieran percibiendo el 31 de mayo alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional.

Así, se recoge una exención del 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de junio, del 75% de las que corresponden a julio, del 50% de las que corresponden a agosto y del 25% de las de septiembre. Para que sean aplicables estos beneficios en la cotización los trabajadores autónomos deberán mantener el alta en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social hasta el 30 de septiembre de 2021.

Según el borrador, la base de cotización a efectos de la determinación de la exención será la que resulte de aplicación en cada uno de los meses en los que se apliquen las exenciones. Además, la percepción de la prestación por cese de actividad en cualquiera de sus modalidades será incompatible con la exención en la cotización.

El texto también incluye la prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos de temporada. Para acceder a ella, se deberá acreditar que se ha estado dado de alta durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de seis meses de cada uno de los años 2018 y 2019, “siempre que ese marco temporal abarque un mínimo de dos meses entre los meses de junio y septiembre de estos años”.

No deberán haber estado en alta como trabajador por cuenta ajena en el régimen de Seguridad Social correspondiente más de 60 días durante el segundo y tercer trimestre del año 2021 y no deberán tener unos ingresos netos computables fiscalmente que superen los 6.650 euros durante el segundo y tercer trimestre del año este año.

La nuevas cuotas de autónomos tras la reforma: de 90 euros a 1.220 euros al mes según los ingresos

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización que le corresponda por la actividad desempeñada. La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de junio de 2021 y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 21 días naturales de junio. En caso contrario, los efectos quedan fijados al día primero del mes siguiente de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 30 de septiembre de 2021.

Por último, el texto dice que los autónomos que, a 31 de mayo de 2021, vinieran percibiendo la prestación extraordinaria de cese de actividad podrán continuar percibiéndola con los mismos requisitos y condiciones, durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida y hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida o hasta el 30 de septiembre de 2021 si esta última fecha es anterior.


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Novedades laborales y sobre Seguridad Social vigentes a partir del 1 de Enero de 2021, que nos trae la Ley de Presupuestos Generales

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2021, incluye, entre otras, las siguientes medidas de interés de carácter laboral y de Seguridad Social:

Bases y tipos de cotización para 2021. Se mantiene el tope máximo de la base de cotización en 4.070,10 € mensuales. En cuanto a los tipos de cotización del Régimen General de la Seguridad Social, no existen modificaciones respecto de los aplicables en 2020.


Cuantías IPREM (Indicador público de Renta de efectos múltiples):

  • Diario: 18,83 euros.
  • Mensual: 564,90 euros.
  • Anual: 6778,80 euros.


En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional (SMI) ha sido sustituida por la referencia al IPREM será de 7.908,60 euros cuando las normas se refieran SMI en cómputo anual, salvo que excluyeran expresamente las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.778,80 euros.


El Fondo de Garantía Salarial asumirá las indemnizaciones reconocidas por sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a causa de despido o extinción de los contratos de trabajo conforme los artículos 50, 51, 52, 40.1 y 41.3 de esta ley, y de extinción de contratos conforme a los artículos 181 y 182 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, así como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan, en todos los casos con el límite máximo de una anualidad, y de 9 mensualidades en el caso del artículo 41.3 ET, sin que el salario diario pueda exceder del doble del SMI, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.


En los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, la trabajadora, sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado, se aplicará con respecto a las cuotas devengadas durante el periodo de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función, una bonificación del 50% de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.


Esa misma bonificación será aplicable, en aquellos casos en que, por razón de enfermedad profesional, en los términos y condiciones normativamente previstos, se produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador.


Las empresas y los trabajadores por cuenta propia al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar la moratoria en el pago de las cuotas con la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo tenga lugar entre los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021, en el caso de empresas, y entre los meses de enero a marzo de 2021 en el caso de trabajadores autónomos. Se aplicará un interés del 0,5%.


Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a las cuotas devengadas antes señaladas. El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada, sin que exceda en total de 12 mensualidades. El primer pago se producirá a partir del mes siguiente al que aquélla se haya dictado.

La solicitud de este aplazamiento determinará que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, respecto a las cuotas afectadas por el mismo, hasta que se dicte la correspondiente resolución.


Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito de formación, en función del número de trabajadores, pudiendo beneficiarse aquellas empresas que durante 2021 abran nuevos centros de trabajo y empresas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla a nuevos trabajadores. Además, las empresas que durante el año 2021 concedan permisos individuales de formación a sus trabajadores dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación adicional.


Se da nueva redacción al artículo 11 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, introduciendo un nuevo apartado 3 que contempla el contrato para la formación dual universitaria. Este contrato se formalizará en el marco de los convenios de cooperación educativa suscritos por las universidades con las entidades colaboradoras y tendrá por objeto la cualificación profesional de los estudiantes universitarios a través de un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco de su formación universitaria, para favorecer una mayor relación entre este y la formación y el aprendizaje del trabajador. Reglamentariamente se desarrollará el sistema de impartición y las características de la formación y de los aspectos relacionados con la financiación de la actividad formativa y con la retribución del trabajador contratado, que se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo, sin que en ningún caso sea inferior al salario mínimo interprofesional. El trabajador contratado se encontrará protegido por la Seguridad Social, con todas las coberturas posibles, incluido el desempleo y el Fondo de Garantía Salarial.


En los supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por cuenta ajena, quedan los empresarios y los trabajadores sujetos a una cotización especial de solidaridad de un 9% sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre ellos, a cargo del empresario el 7% y del trabajador el 2%.

En el caso de trabajadores por cuenta propia, cotizarán a este régimen especial únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, quedando sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9% sobre la base por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones.


Se suspende la aplicación del sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a empresas en las que haya disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. Esta suspensión se extenderá hasta que el Gobierno proceda a la reforma del Real Decreto 231/2017 que deberá producirse a lo largo del año 2021

Se establecen medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística, con efectos del 1 de enero, aquellas empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo y noviembre de cada año y que inicien y/o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos fijos discontinuos, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores

Mejoras en el IMV (Ingreso Mínimo Vital) para jóvenes y personas sin hogar. Podrá haber más de dos titulares del Ingreso Mínimo Vital en un mismo domicilio.

Será permanente la posibilidad de solicitarlo teniendo en cuenta los ingresos del año en curso (y no de todo el año anterior) y se reduce de 3 a 2 los años de vida independiente que deben demostrar los menores de 30 años para acceder al IMV. Además, los servicios sociales podrán acreditar algunos requisitos para acceder al IMV, con la meta de incluir a personas sin hogar a las que les resulta difícil empadronarse. En concreto, los Presupuestos destinarán 3.017 millones de euros al Ingreso Mínimo Vital y medidas para reducir la pobreza infantil, así como un incremento de las partidas en vivienda del 367,9% con 1.772 millones de euros.

Bonificaciones para empresas del sector turístico en las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes, por recaudación conjunta de Desempleo, Fogasa y Formación Profesional de sus trabajadores fijos discontinuos

El Real Decreto-ley 25/2020 establece que las empresas del sector turístico podrán acceder a una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de los trabajadores fijos discontinuos:

1. Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020, y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.

Las bonificaciones de cuotas se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las personas trabajadoras, y previa presentación de declaración responsable, respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de devengo, sobre su vinculación al sector del turismo.

Para que las bonificaciones resulten de aplicación las declaraciones responsables se deberán presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al período de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.

La presentación de las declaraciones responsables a las que se refiere este artículo se deberán realizar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo.

2. La bonificación regulada en este artículo será de aplicación en todo el territorio nacional.

3. Las bonificaciones previstas para las contrataciones establecidas en el Programa de Fomento del empleo regulado en esta Ley, se financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal.

4. Las bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social en las correspondientes liquidaciones de cuotas sin perjuicio de su control y revisión posterior por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

5. Estas bonificaciones serán compatibles con las exenciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social. El importe resultante de aplicar las exenciones y estas bonificaciones no podrán, en ningún caso, superar el 100 por 100 de la cuota empresarial que hubiera correspondido ingresar.

Nicolás Emery en Radio Calvià FM sobre la nueva instrucción del Govern Balear: empresas en ERTE y trabajadores fijos discontinuos

Nicolás Emery en Radio Calvià FM

Nicolás Emery, socio y gerente de Moya y Emery, con Jaime Mora Bosch en los micros de Radio Calvià FM para dar cuenta de la nueva norma, en forma de INSTRUCCIÓN, del Govern Balear en la que ordena cómo deben actuar las EMPRESAS EN ERTE con los trabajadores FIJOS DISCONTINUOS, cuyo incumplimiento puede salir muy caro en forma de pérdida de las exoneraciones a las que las empresas se hubieran acogido.

Como experto en ofrecer asesoría y consultoría a las empresas del sector turístico en Baleares, en el que mayor incidencia tiene esta medida por el gran número de trabajadores fijos discontinuos con que cuenta el sector hotelero y la restauración, Nicolás Emery ha dado su visión y propuesto las soluciones que considera más ventajosas para dichas empresas a lo largo de la entrevista.

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Sobre las nuevas medidas aprobadas en defensa del empleo, las empresas y los trabajadores por el Real Decreto-ley 24/2020 así como las ayudas extraordinarias para trabajadores autónomos en las Islas Baleares

El Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, se trata del resultado que nace a partir de un acuerdo del diálogo social y del II Acuerdo en Defensa del Empleo (II ASDE), alcanzado entre los Ministerios de Trabajo y Economía social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de España, entre ellas, la Confederación Española de Organización Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

El Decreto establece la permanencia de los expedientes de regulación temporal de empleo -ERTEs- basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 marzo, solicitados antes de su entrada en vigor, hasta el 30 de septiembre de 2020. Teniendo que reincorporar paulatinamente a los trabajadores primando la recuperación con reducciones de jornada.

Seguidamente, y como dato importante, no podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse o reanudarse externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal contemplados en este Real Decreto, a excepción de que la empresa no cuente con ningún trabajador que pueda adaptarse al puesto de trabajo concreto.

NOVEDADES

  • Se incrementa el beneficio de cotización para las empresas y entidades que, a 30 de junio de 2020, continúen en situación de fuerza mayor total.
  • Y también para aquellas empresas que, habiendo reanudado su actividad, vean imposibilitada el desarrollo de la misma por la adopción de las nuevas restricciones.

En ambos supuestos se aplicarán las exenciones contempladas en el artículo 4.1.

AUTÓNOMOS

En el título II del Real Decreto encontramos:

  • Medidas para la protección de los trabajadores autónomos que tienen por objeto aliviar, en el ámbito de la Seguridad Social, de forma progresiva, la carga del inicio o continuación de la actividad.
  • Una exención progresiva descendente en la obligación de cotizar, durante los tres primeros meses siguientes al levantamiento del estado de alarma. Para los trabajadores que, a 30 de junio, estén percibiendo la prestación por cese de actividad recogida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, siendo la anterior del 100% en el mes de julio, el 50% en agosto y el 25% en el mes de septiembre.
  • Por otro lado, se contempla una prestación extraordinaria de cese de actividad cuyos destinatarios serán los trabajadores de TEMPORADA.

EXENCIONES DEL ARTÍCULO 4.1.A)

  • La exención alcanzará el 60% de la aportación devengada en julio, agosto y septiembre de 2020, cuando el empresario hubiese tenido menos de 50 trabajadores o asimiladas antes del 29 de febrero de 2020.
  • Si en la fecha del 29 de febrero de 2020, el empresario hubiese tenido 50 o más personas trabajadoras la exención alcanzará el 40% de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

En el artículo 8 se establece que

  • Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que estuviesen percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional con las siguientes cuantías:
  1. 100% de las cotizaciones correspondientes al mes de julio
  2. 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto
  3. 25% de las cotizaciones correspondientes a septiembre
  • Dichas exenciones serán incompatibles con la percepción de la prestación por cese de actividad.

Asimismo, el artículo 9, sobre la Prestación de cese de actividad y trabajo por cuenta propia, establece para aquellos casos de trabajadores autónomos que viniesen percibiendo desde el 30 de junio la prestación extraordinaria de cese de actividad prevista en el art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020. Estos, podrán solicitar la prestación por cese de actividad prevista en el artículo 327 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en los apartados a), b), d) y e) del artículo 330.1 de la misma ley.

Para poder acceder a la misma, se tendrá que demostrar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del 2020, de por lo menos el 75% en comparación con el año 2019. Así como no haber obtenido, durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 €.

Para solicitar dicha prestación, se deberá cumplimentar una declaración responsable que será requerida por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Plazo de finalización de la prestación: 30 de septiembre de 2020. (Siempre que se cumplan los requisitos del artículo 330 de la Ley General de la Seguridad Social).

  • El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras con efectos del 1 de julio, si se solicita antes del 15 de julio. O con efecto desde el día siguiente, debiendo ser regularizada a partir del 31 de enero de 2021.
  • Las mutuas serán las que recaben en las administraciones tributarias los datos de los ejercicios de 2019 y 2020. En el caso de que no pudiesen acceder a estos datos. El empresario tendrá que aportar:
  1. Modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), correspondiente a las declaraciones del segundo y tercer trimestre de los años 2019 y 2020.
  • Modelo 130 de la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del segundo y tercer trimestre de los años 2019 y 2020.

En segundo lugar, se establece una Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada (artículo 10). Dicha ayuda viene reconocida a aquellos Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar que hayan desarrollado su actividad durante los meses de marzo y octubre, que hayan permanecido en alta durante al menos cinco meses al año durante ese periodo. Sin llegar a superar los 120 días a lo largo de los años 2018 y 2019. Requisito que se encuentran en el artículo 10.2 del Real Decreto-ley 24/2020.

Cabe tener en cuenta que tendrá una duración de 4 meses, y sus efectos se aplican a partir del 1 de junio 2020.

La gestión de la prestación podrá solicitarse desde la entrada en vigor del decreto, es decir, desde el 27 de junio de 2020 hasta el mes de octubre de 2020.

RESUMEN GENERAL

  1. Se prorroga la exención de las cuotas de la Seguridad Social para los autónomos que estuviesen recibiendo las prestaciones extraordinarias hasta el 30 de junio. Aplicándose exenciones del 100% en julio, 50% en agosto y del 25% en septiembre.
  • Para aquellos autónomos que se acogieron a la prestación ordinaria por cese de actividad, podrán solicitarla si demuestran que su facturación se ha visto reducida en 75% respecto al año 2019. El disfrute de la misma duraría hasta el 30 de septiembre de 2020
  • Se establece una ayuda para los autónomos de temporada, estos podrán acceder a la prestación extraordinaria, es decir, el 70% de la base reguladora más la exoneración de las cotizaciones sociales, cuyos efectos se aplicarían desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre.

Solicitud que se realiza a través de las mutuas colaboras de la Seguridad Social, sin que sea exigible periodo mínimo de cotización. A su vez, añadir que la prestación es compatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social.

AYUDAS PARA AUTÓMOS EN LAS ISLAS BALEARES

Por su parte, el Govern Balear ha publicado en su web información relevante respecto a la convocatoria extraordinaria de ayudas dirigidas a los autónomos.

El trámite, de carácter telemático, constará de dos fases:

  • en la fase 1, del 22 al 26 de julio se abrirán las solicitudes de cita previa para el trámite telemático
  • y en la fase 2 para iniciar el trámite que será a partir del 27 de julio.

Los enlaces para realizar el trámite se publicarán el 11 de julio y se actualizarán en la siguiente página http://dgpe.caib.es. Por último, la convocatoria se publicará el 11 de julio.

Asimismo, se ha habilitado un específico teléfono para solicitar información 900 101 798.

Las cuantías de las ayudas son las siguientes:

  • 2.000€ si no tienen trabajadores
  • 2.500€ si tienen entre 1 y 2 trabajadores
  • 3.000€ si tienen más de 2 trabajadores

La ayuda se destina tanto a autónomos con actividad durante todo el año como para autónomos temporales.

Los requisitos generales son la residencia en las Islas Baleares, o centro de trabajo o actividad desarrollada en dicha comunidad autónoma, no tener otra ayuda que invalide esta misma y estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.

Como requisitos específicos se encuentran: el haber cesado forzosamente su actividad o haber tenido una reducción en su facturación de como mínimo un 75%, la concesión de ERTE por fuerza mayor o ser autónomo de temporada afectado por el Real Decreto 463/2020.

Para todo ello, se ha destinado un crédito de ocho millos de euros.

La presentación de las solicitudes se realizará en la página web de la Dirección General de Promoción, Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular http://dgpe.caib.es estará disponible la información de la convocatoria y se habilitará el acceso a la sede electrónica para formular la solicitud.

La documentación necesaria para aportar y las bases se encuentran en la página de la CAIB.

Moya & Emery – Información de contacto

Nicolás Emery y Marga de Matos en el consultorio jurídico de Ràdio Calvià FM sobre bonificaciones a trabajadoras autónomas, bonificaciones a la contratación en la hostelería, ingréso mínimo vital y otros temas

Moya y Emery por partida doble, con Nicolás Emery y Marga De Matos Pascual, para tratar en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM sobre los siguientes temas de la actualidad jurídica laboral:

1. Bonificaciones a las autónomas tras su reincorporación al trabajo por nacimiento de hijo/a, adopción, guarda, acogimiento y tutela.
2. Bonificaciones en la contratación (sector hostelería)
3. Ingreso mínimo vital.
4. ERTEs fuerza mayor total y fuerza mayor parcial, sus implicaciones y consecuencias.

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Criterios para la inspección de los ERTEs tramitados

Desde Moya & Emery hemos venido advirtiendo de que los inspectores de trabajo han dado inicio a su labor inspectora con respecto a los ERTEs aprobados para comprobar que se ajustan a derecho y, por ello, que las exoneraciones o bonificaciones que conllevan han sido correctamente aplicadas por las empresas o, por contra, deberán ser devueltas.

De cara a clarificar y unificar criterios de actuación, el Área de Coordinación del Ministerio de Trabajo ha elaborado una NOTA INFORMATIVA que fija pautas de actuación a la Dirección Especial y a las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social en los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) tramitados como consecuencia del impacto económico y social causado por el COVID-19, como documento complementario del previamente elaborado por la Dirección General de Trabajo y dirigido a las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas.

En palabras de la propia nota, el objeto del documento “es procurar que las actuaciones de la Dirección Especial y de las Inspecciones Provinciales en los ERTE derivados del COVID-19 sean homogéneas en todo el territorio nacional. Esa homogeneidad implica que las argumentaciones mantenidas en los informes de la ITSS han de ser coherentes, sin perjuicio de que la valoración de las circunstancias de cada caso ha de corresponder a cada funcionario actuante, que conserva su autonomía técnica y funcional a todos los efectos.”

Los aspectos generales más importantes que deben valorarse por la inspección quedan resumidos en los siguientes:

  • Se considera necesaria la motivación, la justificación y la acreditación de las circunstancias invocadas por la empresa, tanto más cuanto la apreciación de la fuerza mayor dependa de conceptos jurídicos indeterminados (“falta de suministros que impidan gravemente…”, restricciones en el transporte público y… de la movilidad de las personas “que queden debidamente acreditados”, etc.)
  • Se entiende preciso valorar la proporcionalidad de la medida y el equilibrio en el reparto de cargas. No puede olvidarse que el ERTE por fuerza mayor persigue liberar al empresario de la carga de abonar el salario, cuando la prestación laboral deviene imposible como consecuencia de un hecho externo al círculo de la empresa, imprevisible o, en todo caso, inevitable.

    Por tanto, cuando el empresario no tiene una merma de ingresos como consecuencia del hecho externo, no procede la apreciación de fuerza mayor, pues ello provocaría un enriquecimiento injusto del empresario y un perjuicio, tanto para el trabajador, como para el erario público.
  • Debe tenerse siempre en consideración, a efectos de la existencia de una imposibilidad de mantenimiento del trabajo, la previsión del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, según el cual, “se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a
    distancia, debiendo para ello la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario es proporcionado
    ”.
  • Resulta necesario que la actuación no sólo se centre en la apreciación de la fuerza mayor, sino en la constatación de que no existe fraude, bien porque no se haya producido un cese real de la actividad, bien porque se incluyen trabajadores que no deberían estarlo, o bien por cualquier otra causa.

Puedes ver la nota informativa completa en este enlace.