El impuesto AJD: El Supremo rectifica.

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ha sido sin duda, del impuesto que más se ha hablado en las últimas semanas. La decisión del Supremo generó mucha polémica, a partir de ahora serán los bancos quien deban asumir el pago del impuesto AJD. El revuelo fué generalizado: Banca, clientes, medios… Todos estabamos ansiosos por comprender la nueva doctrina que marcaba el Supremo.

A raíz de estos acontecimientos, el Supremo decidió debatir la retroactividad de la sentencia. En un primer momento se fijo en 4 años desde la publicación de la sentencia y ¡empieza la controversia! Los Bancos a disgusto por tener que desembolsar millones de euros, los afectados descontentos por el corto periodo en el que se aplica la retroactividad. Las presiones de unos y otros hizo que el Supremo se reuniera el pasado lunes de 5 de noviembre para dar una solución.

La reunión no fue nada fácil, después de 8 horas debatiendo se tuvo que postergar hasta el martes, cuando ya por fín obtenimos el fallo. “El Supremo rectifica y obliga al cliente a pagar el impuesto de las hipotecas” titula la agencia EFE la noticia.

En la prensa encontramos titulares tan contundentes como estos:

  • “El Tribunal Supremo da la razón a los bancos y falla que el cliente pague el impuesto de las hipotecas”
  • “Una guerra en el Tribunal Supremo con más perdedores que ganadores”
  • “Los bancos aplauden la decisión del Supremo: “Preserva la seguridad jurídica”
  • “Un mazazo para un millón y medio de personas”
  • “La Justicia pierde su crédito por ayudar a los bancos”
  • “El Supremo rectifica y rechaza por la mínima que la banca pague el impuesto hipotecario”
  • “Hasta un millón y medio de hipotecados se queda sin recuperar el importe del impuesto AJD”
  • “Un mazazo para un millón y medio de personas”

La pregunta es clara, ¿Por qué el Supremo ha cambiado tan radicalmente de postura? 

Para poder entender esta decisión, debemos analizar qué suponía esta sentencia. La nueva doctrina hacía que todas aquellas hipotecas que no estuvieran prescritas fiscalmente (de 2014-2018) estuvieran afectadas. Eso suponía la devolución del impuesto a más de 1 millón de hipotecas. La media del pago de este impuesto se encontraba en los 4000 €. Hacer las cuentas es sencillo: La Banca tendrían que desembolsarse más de 4mil millones de euros. Estas cifras son abismales, y si tenemos en cuenta que la sentencia dejó la puerta abierta da casi 12 millones de prestamos, podemos comprender el caos que podría llegar a generarse. (48mil millones de euros).

La Banca española no vive su mejor momento. No hace tantos meses sufrió un desplome en bolsa de 15 mil millones de euros. El análisis del mes pasado que realizó el Banco de España tuvo que replantearse a la baja y confirmar la desaceleración económica que sufre nuestro país, tanto por las situaciones políticas conflicitvas que hemos vivido (Cataluña o la moción de censura), como por las situaciones internacionales que nos afectan económicamente. Seguir adelante con la esta doctrina marcada por el Supremo hubiera supuesto otro duro golpe para la salud económica de los Bancos.

Sin embargo, ¿es este hecho suficiente para echar para atrás una sentencia que proponía dar una solución a más de un millon y medio de afectados? No sólo no se devolverá el dinero a las hipotecas firmadas a partir de 2014, si no que el cambio de criterio implica que tendrán que ser los clientes quien hagan frente a este impuesto. En definitiva, volvemos al punto de partida.

Puede que esta sentencia sea un duro mazazo para los afectados, pero todavía no ha intervenido el Tribunal de Justicia Europeo. Tal y como ya hizo con las clausulas suelo, puede que el TJUE intervenga en la causa y las más de 1 millon de hipotecas afectadas puedan ver la luz al final del tunel. Las respuestas han sido inmediata por todos los partidos políticos: desde la solicitud de la movilización ciudadana hasta promesas de suprimir el impuesto. De momento sólo nos queda resignarnos y estar pendiente de las noticias que surigirán alrededor del tema.

 

 

AJD: el único impuesto del que querrás oír hablar.

Abrimos un nuevo capítulo para las reclamaciones hipotecarias. Después de la Cláusula Suelo llega el “AJD”, el único impuesto del que querrás saber más.

El AJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) es un impuesto que se debe pagar a la Agencia Tributaria al constituir una hipoteca. Al constituir una hipoteca, lo normal era que el deudor hipotecario se encargara de cubrir los gastos del AJD, pero con la reciente sentencia del 16 de octubre del Tribunal Supremos, las cosas cambian.

La Sala de los Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dicta una sentencia por la que declara que deberá ser la entidad financiera la que se encargue de pagar este impuesto.

La cosa tiene su miga, ya que el Tribunal, que es experto en materia tributaria, anula el artículo 68.2 del reglamento del impuesto AJD por considerarlo contrario a la Ley que lo desarrollaba, ya que, el sujeto pasivo de este impuesto que nace del otorgamiento de la escritura de la hipoteca, debe ser a favor de quien se otorga, siendo esta la entidad financiera, ya que es ella a quien le interesa que el préstamo hipotecario se otorgue en escritura pública y se inscriba en el registro de la propiedad, porque si es así, tendrá carácter ejecutivo en el caso de impago por el deudor hipotecario.

Este criterio causa controversia ya que se opone al criterio que ya se encontraba consolidado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS y por lo tanto, pone en entredicho la última sentencia de la Sala de lo Civil del propio TS de febrero de 2018 que establecía en su fallo justo lo contrario.

Ahora que tenemos un poco más claro que es el AJD, viene lo más importante:

¿Quiénes pueden reclamar?

Podrás reclamar si has suscrito una hipoteca en los últimos 4 años. La Asociación de Usuarios Financieros calcula que hay alrededor de 8 millones de prestamos hipotecarios afectados por este fallo del TS, así que es muy posible que puedas reclamar. Si firmaste tu hipoteca antes de 4 años, puedes revisar que exista una cláusula abusiva por gastos impuestos al consumidor que no tendrías que asumir, como otros gastos que ya se vienen reclamando a los juzgados como los gastos de notaría, registro, tasación, etc.

Vale pero… ¿Qué es lo que puedo reclamar?

Podrás reclamar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que seguramente pagaste al constituir una hipoteca. Ahora, tendrá que pagarlo el banco. Este impuesto es gran parte de los gastos relacionados con la firma del préstamo hipotecario.

Y ¿Cuánto dinero se puede reclamar?

Cada comunidad autónoma gestiona el impuesto de forma distinta. El AJD representa un porcentaje sobre la escritura notarial en la que se formaliza la hipoteca. Este porcentaje varía en función de la comunidad autónoma en la que se haya firmado la hipoteca. En Baleares, el tipo general en documentos notariales se encuentra en el 1’2%. Así pues, nos encontramos ante una media de 4000€ que puedes llegar a reclamar.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Se recomienda interponer una reclamación por escrito a la propia entidad financiera y posteriormente al Banco de España, es decir, acudir a la vía extrajudicial. Sin embargo los bancos están derivando estas reclamaciones a la vía Administrativa.

La vía administrativa consiste en acudir a las oficinas de hacienda de las distintas comunidades autónomas. Podrás acudir conforme lo indicado en el artículo 120.3 de la Ley General Tributaria pero sólo podrás recuperar el impuesto de actos jurídicos documentados.

La otra alternativa es acudir a la vía judicial, interponiendo una demanda en la que podrás reclamar no sólo el impuesto AJD si no también todos los gastos derivados de la hipoteca como los de notaria, de gestoría, de tasación, etc.

Si quieres ponerte en marcha y recuperar lo que te pertecene, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estudiaremos tu caso y elaboraremos un plan para conseguir el éxito en tu reclamación. Puedes pedir cita previa en el 971 72 80 10 o venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca, estaremos encantados de atenderte.

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La LOPD cambia de nombre: Nuevo proyecto de ley.

El pasado 25 de mayo vivimos el “boom” de la protección de datos con la entrada en vigor del nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD). La LOPD quedó anticuada por lo que se ha lanzado un nuevo Proyecto de Ley que cambia el nombre de la ley de protección de datos a : “Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales”

La nueva norma cambia de nombre para reflejar los nuevos derechos que se han adquirido tras la publicación del reglamento. El contenido de la LOPD se actualiza para plasmar las nuevas necesidades que surgen con el uso diario de internet tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida laboral.

Entre las principales novedades que trae esta nueva norma encontramos nuevos derechos para los trabajadores, el derecho al olvido, ayudas para acceder a internet, el acceso a fichero públicos, etc. Vamos a comentar cada uno de estos temas:

DERECHOS PARA LOS TRABAJADORES:

  • Desconexión digital de los trabajadores: los trabajadores con cargos públicos tendrán derecho a la desconexión digital con la finalidad de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto del tiempo de descanso y vacaciones y por otra parte el respeto a su intimidad personal y familiar.  En cuanto a las empresas, serán estas mismas las que deberán elaborar una política de uso responsable de dispositivos con el fin de respetar el derecho a la desconexión laboral en los casos en los que se trabaje de forma total o parcialmente a distancia y sobre todo cuando sea en el domicilio del trabajador y se vinculen dispositivos digitales con finalidad laboral.
  • Acceso de la empresa a contenidos del trabajador: La normativa permitirá a las empresas a acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a sus trabajadores con la finalidad de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales y poder garantizar la integridad de estos dispositivos. Sin embargo existen ciertos requisitos para poder acceder a esta información:
    • Se deberá crear un protocolo de uso de los dispositivos digitales y se comunicará su alcance y límites directamente con los trabajadores.
    • Los protocolos de uso deberán regular con precisión el alcance de la privacidad del trabajador que no pueden anular las expectativas mínimas de protección de la intimidad de los trabajadores con los usos constitucionalmente reconocidos.
    • Para que la empresa pueda acceder a esta información será necesario que el protocolo de uso indique los casos en los que está admitido el acceso a esta información y las garantías previstas para garantizar la intimidad de los trabajadores.
  • Uso de cámaras de vigilancia: La ley contempla que la empresa pueda utilizar las grabaciones obtenidas por cámaras fotográficas y de video. En los casos en los que se necesiten datos relacionados con la localización del trabajador, se podrán obtener siempre y cuando sea para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores que se encuentran en el Estatuto de los trabajadores y se ejerza dentro de la ley. Es importante hacer incapié que la nueva LOPD indica que no podrá haber cámaras en las zonas de descanso, los baños, los vestuarios y los aseos. Por su puesto será obligatorio informar a sus empleados de la existencia y localización de estos dispositivos de grabación y de lo que supondrá descubrir determinadas actuaciones a través de ellos.

DERECHO AL OLVIDO:

El derecho al olvido es eso de lo que tanto hemos oído hablar pero que no tenemos muy claro. En el proyecto de ley se regula también este derecho por el cual los usuarios pueden exigir que se eliminen sus datos personales.

Para que los datos sean eliminados, deberá ser el usuario el que se ponga en contacto con la empresa y podrán hacer uso del derecho al olvido:

  • Cuando los datos recogidos ya no son necesarios para la finalidad para la que fueron obtenidos.
  • Cuando el usuario interesado retire el consentimiento para que se sigan usando esos datos.
  • Cuando los datos de hayan obtenido de forma ilícita.

Pero también existen situaciones en las que este derecho no podrá ser ejercitado:

  • En los casos en los que se establezca que debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión e información.
  • Cuando existan razones de interés público.

MENORES Y EDUCACIÓN DIGITAL:

Con la nueva ley se fija la edad mínima de acceso de los menores a redes sociales sin consentimiento de los padres en los 14 años. El RGPD regula que cada Estado miembro debe poner la fijación de esta edad y debe ser entre los 13 y los 16 años.

En cuanto a la difusión de imágenes de menores en redes sociales, en los casos en los que pueda suponer una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales, puede terminar en una intervención del Ministerio Fiscal.

Sobre la educación digital, se establece la necesidad de que en el ámbito educativo se garantice un uso seguro de los medios digitales, y sobre todo que se respeten los derechos reconocidos en la Constitución española. Con este propósito se insta a los profesores a que se formen en esta materia.

También deberá incluirse el uso seguro de medios digitales dentro de las materias a estudiar en las Universidades y en los temarios de oposiciones a cuerpo superiores de la Administración pública cuando esté relacionado con el ejercicio de sus funciones.

AYUDAS PARA ACCEDER A INTERNET

En el proyecto de ley se menciona también el bono social para facilitar el acceso a internet a todos los sectores de la población. Son varias las razones que existen para establecer este bono, desde la falta de tecnología en zonas poco pobladas, los precios, la obligatoriedad de los trámites por la sede electrónica,… El bono ofrece descuentos sobre las cuotas de acceso a internet en función de las rentas familiares.

  • Derecho a la neutralidad de Internet: en la ley se establece que los proveedores deben proporcionar una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos. También se establece que se deberá garantizar la seguridad de las comunicaciones que los usuarios tengan, tanto si son receptores o emisores, a través de la red.
  • Derecho a testamento digital: Los familiares o herederos de fallecido pueden trasladar a los servicios de la sociedad de información la voluntad sobre el destino o la supresión de los datos, salvo que la persona fallecida lo hubiera prohibido expresamente. Con este nuevo derecho se permite a los ciudadanos designar en sus testamentos a sus herederos digitales para que reclamen ante las empresas de la información facilitada por la persona difunta.

ACCESO A FICHEROS PÚBLICOS Y ECLESIÁSTICOS

La nueva normativa facilitará el acceso de las familias del colectivo conocido como bebés robados a ficheros con sus datos, incluidos los eclesiásticos. Además, se incluye una disposición adicional que hace referencia expresa para que se atiendan las peticiones de acceso a archivos públicos y eclesiásticos que sean objeto de investigaciones policiales o judiciales. Se añade una apartado en el que se garantiza que el derecho a la privacidad no perjudicará a la investigación biomédica.

Estas son las novedades que trae el proyecto de ley para la actualización de la LOPD. Estaremos atentos a las novedades y a su publicación.

Puedes ver el proyecto de ley haciendo click aquí.

EL TJUE confirma que la excedencia por cuidado a los hijos no cuenta en las vacaciones

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  ha sacado una sentencia el pasado jueves 4 de octubre en la que dictamina que la excedencia que se tome por cuidado de hijos, no cuenta como periodo de trabajo efectivo para el cálculo de los días de vacaciones anuales retribuídas.

La excedencia por cuidado de hijos es un tiempo adicional a la baja por maternidad o paternidad y que ambos progenitores pueden solicitar para cuidar a sus hijos. En España la legislación ya especifica que estos periodos no computan para las vacaciones. Tal y como indica la norma, durante esta excedencia, no se genera nigún tipo de derecho a salario, ni si quiera de la parte proporcional de las pagas extraordinarias ni de las vacaciones.

Con esta sentencia, el TJUE no hace más que recordar que existe un derecho comunitario que garantiza un periodo de al menos 4 semanas de vacaciones anuales retribuidas para cualquier trabajador, teniendo en cuenta de que el trabajador ha trabajado durante el periodo pertinente.

Esto no quita que existan situaciones excepcionales que sí deben considerarse en el cálculo de los días de vacaciones. Estas situaciones son la baja por efermedad, por maternidad o paternidad.

La justicia europea hace un inciso para concretar que el permiso parental no tiene la misma categoría que las situaciones de excepción ya que en el permiso parental el trabajador no está sujeto a limitaciones psíquicas o físicas. Así pues, este periódo no debe contar para el cálculo de vacaciones.

La sentencia del TJUE tiene su origen en Rumanía, ya que una trabjadora le denegaron días de vacaciones retribuidas. Después de impugnar la resolución en los tribunales rumanos se trasladó el caso a Luxemburgo donde el jueves pasado se dictó la sentencia en base a la legislación comunitaria.

En Moya&Emery somos expertos en Derecho Laboral así que si necesitas asesoramiento sobre cómo coger una excedencia por cuidado de hijos o sobre cualquier otro aspecto, puedes pedirnos cita previa en el 971 72 80 10. También puedes venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca.

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Todos tus trámites de autónomo por vía telemática.

A partir de hoy, 1 de octubre, empieza una nueva era para los autónomos ya que a partir de ahora todos los trámites que tengan que realizar que estén relacionados con la afiliación, cotización y recaudación de cuotas se deberán hacer por vía electrónica.

Con la entrada en vigor de la Orden ministerial ESS/214/2018 de 1 de marzo de 2018, y después de finalizar el plazo de 6 meses de adaptación (del 1 de abril hasta el 1 de octubre), será obligatorio presentar los trámites por la sede electrónica. Estos trámites son los relacionados con la afiliación, la cotización y la recaudación de cuotas. Además se incluyen la recepción, por comparecencia en la sede electrónica de la Seguridad Social, de las notificaciones y comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La nueva medida afecta a todos los trabajadores por cuenta propia, pero los autónomos no son los únicos que deberán incorporar la sede electrónica a sus trámites. Esta medida también afecta a los trabajadores del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA) y a los trabajadores del grupo 1 del Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Este cambio, en teoría, no debería suponer un gran trastorno para los autónomos ya que hasta el momento, el 85% de las gestiones que realizaban los autónomos ya se hacían por medios electrónicos.

A partir de ahora, los autónomos podrán llevar a cabo sus obligaciones por medio de dos vías: El Sistema Red (Sistema de Remisión Electrónica de Datos) y a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Para poder realizar los trámites a través del Sistema RED deberá hacerse a través de un autorizado que actuará en representación del autónomo.

Para utilizar la sede electrónica, se debe disponer de un sistema de autenticación que garantice la identidad del autónomo, un certificado electrónico admitido por la Seguridad Social, el DNI electrónico y el Sistema Cl@ve. Con estos medios de autenticación, el autónomo puede acceder a todos los servicios que ofrece la sede electrónica de la Seguridad Social.

Sin embargo, puede que este nuevo cambio no sea del todo sencillo para ti. No te preocupes, nosotros podemos llevar a cabo todos estos trámites para ti. En nuestro despacho Moya&Emery somos especialistas en Derecho del Trabajo y trabajamos día a día con la sede electrónica de la Seguridad Social. Si estás interesado en que te asesoremos en estos trámites, o en cualquier otros, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el 971 72 80 10 para pedir tu cita previa. También puedes venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca.

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Nuevo Real Decreto de Protección de Datos

El pasado 27 de julio se aprobó en el BOE un Real Decreto-ley por el que entran en vigor “medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos”.

Este nuevo Real Decreto-ley modifica nuestro derecho para que se adapte al nuevo reglamento europeo de protección de datos que tanto ha dado que hablar.

El tratamiento de datos afecta únicamente a las personas físicas, es decir, sólo se verán afectados los datos de personas físicas y no los de empresas. En este caso hablamos de los datos personales y su libre circulación según la nueva normativa europea después de la entrada en vigor del RGPD el pasado 25 de mayo. Este nuevo Real Decreto-ley supone una modificación de nuestra LOPD para adecuarla a los nuevos aspectos que se incorporan en el nuevo reglamento de protección de datos.

De forma muy resumida comentamos los aspectos más interesantes de este Real Decreto-ley:

  1. Capítulo I: hace referencia a la necesidad de identificar al personal competente para el ejercicio de poderes de investigación que el Reglamento otorga a las autoridades de control.
  2. Capitulo II: trata todo el régimen sancionador y reemplaza los tipos infractores actuales de la LOPD. Hay dos temas muy importantes a tener en cuenta:
    • Los sujetos que son responsables del tratamiento de datos.
    • Los plazos de prescripción de las infracciones y las sanciones.
  3. Capítulo III: regula el procedimiento es los casos en los que exista una posible vulneración del Reglamento. En los casos de los datos transfronterizos, el reglamento prevé una serie de trámites en caso de reclamación ante la AEPD.

En este Real Decreto-ley se designa a al AEPD (Agencia Española e Protección de Datos) como la autoridad representante de España en el Comité Europeo.

¿Necesitas asesoramiento para implantar la protección de datos en tu empresa? Puedes ponerte en contacto con nosotros y te daremos asesoramiento para cumplir con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Puedes pedirnos cita previa en el 971 72 80 10 o venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca. 

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Los whatsapp: como convertirlas en la prueba definitiva.

¡Ay el whatsapp! Qué aplicación tan fantástica, ¿no? Y cuantos quebraderos de cabeza nos da: que si la hora de conexión, que si el doble check, que si ahora en azul,…
Desde que aparición en 2009 se ha convertido en nuestra forma más cotidiana de comunicarnos, tanto es así que a los juzgados ya llegan “despidos por whatsapp”. Pero como bien sabemos, los whatsapps pueden falsearse, por lo tanto ¿pueden servir como una prueba veraz para un juicio?

No es poco frecuente ya encontrar casos en los que las redes sociales y la mensajería tienen protagonismo, ya que las nuevas tecnologías están instaladas en nuestra vida cotidiana. Los juzgados han tenido que “modernizarse” ya que en algunos casos la mensajería instantánea ha sido determinantes para resolver un litigio hacía un sentido u otro.

De entre todas las opciones que existen para comunicarse, los españoles somos más de Whatsapp, y además la utilizamos a diario. Por lo tanto es muy importante tener en cuenta que existen unos procedimientos para poder aportar “los whatsapps” como una prueba esencial para determinar el fallo a tu favor y que no pueda ser impugnada.

Hay dos motivos por los que un whatsapp aportado en un juicio como una prueba pueda ser impugnado:

  • LICITUD: habrá que demostrar que la obtención del contenido de la conversación habrá sido de forma correcta.
  • AUTENTICIDAD: habrá que demostrar que los whatsapps son auténticos.

Como hemos dicho antes, los whatsapps se pueden falsear, pero como vemos no es el único inconveniente para presentarlos como pruebas, también deben haberse obtenido de forma correcta. ¿Qué significa esto? En este punto entra en juego el artículo 90.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en el que se nos dice que no serán admitidas las pruebas que se haya obtenido de forma directa o indirectamente a través de procedimientos que supongan una violación de los derechos fundamentales. ¿Por qué es este artículo interesante? Porque es el desencadenante de muchos alegatos en contra de estas pruebas ya que se suele apelar a que la empresa ha violado el derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones. Pero esto acudir a este artículo no garantiza la seguridad de la impugnación de la prueba ya que existen muchas sentencias que descartan que se hayan vulnerado derechos fundamentales para la obtención de dichas pruebas.

Hay que tener en cuenta que, en caso de impugnación estas pruebas no se retirarían del proceso ni del examen judicial valorativo, si no que el tribunal podrá valorarlas siguiendo las normas de la sana crítica como nos indica la Ley de Enjuiciamiento Civil.

¿Qué hacer? Pues la solución es sencilla. Lo recomendable es aportar medios que aprueben la autenticidad de los mensajes de whatsapp, mediante una prueba pericial. Sin embargo, también puede admitirse como prueba de autenticidad la testifical de alguno de los interlocutores de la conversación.

Otra opción es aportar el teléfono al letrado de la Administración de Justicia o a un notario para que levante acta de su contenido, con los números de teléfono involucrados y la hora de la conversación.

¿Te encuentras ante un despido por whatsapp? Si necesitas asesoramiento sobre cómo actuar con pruebas obtenidas por mensajería instantánea o redes sociales puedes ponerte en contacto con nosotros. Nuestros equipo de abogados te asesorará sobre todos las precauciones que tomar para demostrar la validez de las pruebas.

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¿Podremos los autónomos cotizar por los ingresos reales?

Los autónomos de España siempre han sido los menos beneficiados si los comparamos con los autónomos del resto de Europa. Con la llegada de la Ley de Reformas Urgentes, que nos trajo la tarifa plana, los trabajadores por cuenta propia pudieron ver un poco de luz. Sin embargo una de las grandes demandas de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha sido la cotización por ingresos reales. Con el cambio de Gobierno, una de las propuestas que se puso encima de la mesa fue precisamente implantar un sistema de cotización para los autónomos por ingresos reales. 

La voluntad de implantar este sistema viene ya expresada en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, en la que se planteaba la necesidad de someter a estudio algunos aspectos del trabajo autónomo con una reforma del RETA. Sin embargo esta propuesta se ha ido retrasando en el tiempo hasta día de hoy, y ahora nos encontramos que en Agosto se hará efectiva la subida de la cuota de autónomo en casi 4 euros, debido al incremento del 1’4% de la base mínima de cotización de autónomo que se presentó en los Presupuestos Generales del Estado. Puede que 4 euros no parezca una cuantiosa suma, pero estos 4 euros suponen una cuota de 278,87 euros mensuales, una cuota bastante elevada para los autónomos con pocos ingresos.

Volviendo al tema que nos atañe hoy, que es la implantación de un sistema de cotización por ingresos reales para autónomos, las dos grandes asociaciones de autónomos que son el UPTA y la ATA, han realizado una propuesta basada en una reforma en el RETA. Las asociaciones proponen un sistema de cotización por tramos donde los autónomos que tengan unos ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (735,90 euros) tendrían una cuota de 50 euros mensuales. En esta misma propuesta encontramos hasta 5 tramos distintos en función del beneficio neto del autónomo.

Es importante mencionar, que si esta propuesta se aprobase, la Seguridad Social tendría en cuenta los ingresos que le queden al autónomo una vez que haya cumplido con sus obligaciones, y haya pagado sus gastos, impuestos y otros conceptos resultantes de su actividad. Sería similar al criterio que se sigue en la declaración de la Renta con los rendimientos de trabajo, menos en los casos en los que los ingresos fueran inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos quiere incluir estas propuestas en la nueva ley de Reforma del RETA que está prevista que vea la luz el próximo año 2019. Como hemos comentado anteriormente, esta reforma estaba pendiente desde la publicación de la ley de autónomos, sin embargo y debido al panorama político que hemos vivido en los últimos meses, ha quedado relegado a un segundo plano. Tendremos que esperar un poco más para ver como se desarrollan los acontecimientos.

Pero si en esta propuesta se propone pagar una cuota que corresponda a los ingresos, ¿qué pasará con la tarifa plana? Si se aprobara dicha reforma, la tarifa plana dejaría de ser accesible a todos los nuevos autónomos tal y como se establece en la ley a día de hoy, ya que la intención es ponerla a disposición de aquellas personas que realmente tengan un la necesidad de recibir esta ayuda.

Otras de las ideas que se formulan dentro de la nueva reforma son la bonificación del 100% de la cuota de autónomo por contingencias comunes para aquellos trabajadores por cuenta propia que tengan la baja por Incapacidad Temporal. Por lo tanto, los trabajadores autónomos que nunca se ponen enfermos podrán permitirse este lujo ya que no tendrían que pagar la cuota de la Seguridad Social durante el tiempo que perciben la prestación. Pero no es oro todo lo que reluce y esta bonificación tiene sus triquiñuelas. Para aquellas personas que disfruten alguna otra bonificación en la cuota no se le podrá aplicar la bonificación del 100%.

También es muy importante comentar que dentro de estas asociaciones hay una gran preocupación por el control de los falsos autónomos por lo que además, en dicha propuesta, se establecería un control del autónomo dependiente, lo que nos llevaría a poder establecer un control sobre los falsos autónomos. De esta forma, mediante el registro de los contratos por parte de las empresas del SEPE, se podría reducir esta mala praxis.

En definitiva, las nuevas propuestas de reforma del RETA traen luces y sombras. La cotización por ingresos resulta muy atractiva para aquellos autónomos con varios años a las espaldas y unos ingresos reducidos pero poco interesante para aquellos que están pensando en iniciarse en el trabajo por cuenta propia.

No olvides comentar en nuestras redes sociales qué te parece esta nueva propuesta de la reforma del RETA.

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Nuevas puertas abiertas para las reclamaciones por cláusula suelo

El Tribunal Supremo nos trae una nueva sentencia sobre cláusulas suelo que supone nuevas perspectivas para los afectados por las cláusulas suelo. El Tribunal anuló una cláusula suelo de una hipoteca que fue revisada por la prestataria y por el banco años después por una novación.

El caso corresponde a una negociación donde la clienta aceptó expresamente la cláusula abusiva por la entidad que emitió el préstamo, el Banco Popular. A pesar de ello, el Tribunal Supremo considera aún habiendo firmado y aceptado la cláusula existía un déficit de información, por lo que este motivo le hico revocar el fallo de la Audiencia de Sevilla que el pasado 2014 le dio la razón al banco.

Esta sentencia supone un antes y un después en la historia de las cláusulas suelo y también para ls hipotecas con Euribor, abriendo un precedente para la jurisprudencia y creando nuevas vías de reclamación para los afectados.

El punto clave de la sentencia es el déficit de información en las cláusulas suelo. Este caso ha estado dando vueltas entres los distintos juzgados, ya que antes de llegar al Tribunal Supremo, había pasado por la Audiencia de Sevilla dándole la razón al banco, oponiéndose al criterio inicial del juzgado mercantil de Sevilla que en 2014 había fallado a favor de la demandante y anulado la cláusula suelo por falta de transparencia.

La Audiencia dio la razón al banco por considerar que la afectada había aceptado una cláusula suelo “clara, concreta y sencilla”. Sin embargo la afectada decidió recurrir esta casación y el TS le da la razón por considerar que ni en ninguna ocasión, ni en la hipoteca principal ni en la novación, se realizó un “plus de información y tratamiento principal de la cláusula suelo que permitía a la clienta adoptar su decisión con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que comportaba dicha cláusula”. Con esta afirmación el TS nos abre una nueva puerta ya que firmar una novación no significa consentimiento expreso. por lo tanto, se considera que el banco siempre mantuvo un “déficit de información, que no queda suplido por la lectura de la escritura o por la claridad gramatical que pueda resultar de la redacción de la cláusula suelo”.

Uno de los motivos principales por los que muchos de los afectados no se iniciaban en el proceso de reclamación de cláusulas suelo se debía a que se habían realizado modificaciones a sus préstamos hipotecarios iniciales, pero con esta nueva sentencia se abre una nueva vía para todas aquellas personas afectadas por la cláusula suelo, ya que a partir de ahora se entiende que el consumidor siempre estará en desventaja con la entidad bancaria.

¿Eres un afectado de la cláusula suelo? ¿Tenías miedo a reclamar por haber firmado una novación de tu hipoteca? Llámanos y te asesoraremos para que te devuelvan lo que es tuyo. 

Pide tu cita previa en el 971 72 80 10 o en nuestras oficinas en Mallorca.

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¿Cuanto me pagan por hora? Los días de vacaciones cuentan

¿Cómo calculamos la hora de trabajo? Cuando hacemos una entrevista de trabajo, tanto si participas como candidato o eres seleccionador de trabajadores, uno de los puntos clave es el salario. Discutir los brutos y los netos es algo frecuente pero muchas veces nos olvidamos de saber realmente a cúanto se cobrará la hora de trabajo.

Cuando hablamos de contratos a tiempo parcial, existen casos en los que el salario que se estipula según el convenio que corresponda, incluyen la retribucióna percibir durante las vacaciones. Para saber qué corresponde a los días de vacaciones no sería correcto dividir el salario entre las horas que son exclusivamente de trabajo, ya que ese resultado no nos daría un valor real de la relación de hora/trabajo. El pasado 14 de Junio la Audiencia Nacional estableció en una sentencia cómo se obtiene este valor real.

En la sentencia de la Audiencia Nacional, la magistrada determina que la operación que hemos indicado anteriormente supone un problema ya que la jornada del convenio y el salario no son parámetros que se correspondan. Esto se debe a que en el salario anual además se incluyen las prorratas de pagas extraordinarias y la retribución que corresponde a las vacaciones. Mientras tanto, la jornada anual sólo comprende la horas de trabajo efectivo, es decir, sin las vacaciones.

Teniendo en cuenta las diferencias entre salario anual y jornada anual, no podemos hacer una división del salario entre las horas de trabajo, porque como hemos comentado en el salario se incluyen las horas de vacaciones y por lo tanto, las vacaciones se abonarían por dubplicado en la nómima correspondiente al mes de disfrute. Por lo tanto también supondrían una desigualdad con los trabajadores a tiempo completo que no recibirían “las dobles vacaciones”.

Con la nueva aplicación los trabajadores que se vieron afectados en este caso deberán se tratados de forma que no sufran un perjucio por su jornada reducida.

¿Necesitas asesoramiento sobre el coste real de tus trabajadores? En Moya&Emery somos expertos de Derecho Laboral y contamos con profesionales especialistas en la materia que podrán asesorarte en todas tus dudas laborales. Puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestras oficinas en Mallorca o bien puedes llamarnos por teléfono al 971 72 80 10.

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