The Embassy of Spain to the United Kingdom would like to clarify that UK nationals who were legally residing in Spain before 1 January 2021, and as such are beneficiaries of the Withdrawal Agreement, can prove their residence status when entering Spain while entry restrictions remain in place by presenting any one of the following documents:
Residence card issued under Article 18.4 of the Withdrawal Agreement (the TIE) – ‘la tarjeta de identidad de extranjero (TIE)’.
Temporary or permanent EU residence certificate (green certificate) – ‘el certificado de registro de ciudadano de la Unión’ (tarjeta verde).
Residence card as a family member of an EU citizen – ‘la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión’.
Receipt of application to exchange an EU residence certificate (green certificate) or residence card as a family member of an EU citizen for the new TIE (residence card issued under Article 18.4 of the Withdrawal Agreement) – ‘el resguardo de expedición de la tarjeta de identidad de extranjero (TIE) o de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión’.
Confirmation of the positive outcome of your residence application from the Immigration Office – ‘la resolución favorable de reconocimiento como beneficiario del Acuerdo de Retirada emitida por la Oficina de Extranjería competente’.
Pese a que el pre-pack no se halla expresamente regulado en nuestra normativa, parece que se incorporará cuando se transponga la Directiva de reestructuraciones.
El Pre-pack concursal es una figura de creación jurisprudencial, actualmente no regulada de manera expresa en nuestra regulación, consistente en el nombramiento de un experto independiente, designado por el Juzgado del futuro concurso, con objeto de que lidere las negociaciones para la venta de una unidad productiva en un momento preconcursal. El objetivo que persigue esta figura es que, una vez declarado el concurso de acreedores, y con el nombramiento formal de Administración Concursal, el profesional pueda instar de manera ágil y rápida esa venta, aprovechando todo lo avanzado en las negociaciones, a la vez que hace uso de las posibilidades legales del concurso para hacer más atractiva la venta.
En España esta figura no se recoge de manera expresa en la normativa vigente por lo que, a la espera de la transposición de la Directiva 2019/1023, y en plena crisis económica derivada de la pandemia, con una moratoria concursal prolongada hasta 31 de diciembre próximo, la práctica ha llevado a la reciente solicitud de su uso en los juzgados de lo mercantil de Barcelona, y a la aceptación por parte de estos, que no se quedaron en su mera aplicación, sino que, incluso, redactaron unas pautas a seguir en futuros casos. Así, en un seminario que celebraron estos jueces de lo mercantil en Barcelona el pasado 20 de enero, emitieron unas directrices, con una serie de criterios que pueden consultarse aquí.
Posteriormente, los juzgados de lo mercantil de Madrid también presentaron su Guía de Buenas Prácticas para la venta de unidades productivas, ciñéndose al artículo 530 del TRLC, y por lo tanto a procedimientos concursales ya iniciados. La diferencia es clara, con respecto a los criterios de Barcelona, que se sitúan en una fase preconcursal.
Les toca ahora el turno a los juzgados de lo mercantil de Baleares, que recientemente han aprobado también su propio protocolo, propugnando un objetivo similar al de las directrices catalanas: “maximizar el precio de venta de los bienes y derechos de las empresas insolventes que no han sido todavía declaradas en concurso de acreedores, con unidad productiva en funcionamiento, evitar la destrucción del tejido empresarial, aprovechar estructuras e instalaciones de pequeño comercio (hostelería, comercio minorista, etc.), conservar el empleo y, con todo ello, conseguir una mejor satisfacción de los acreedores respecto a la que que tendría la venta de la unidad productiva dentro del procedimiento concursal sin haberse acudido a este mecanismo preconcursal, que viene a facilitar y agilizar el proceso con las debidas garantías de publicidad, transparencia, concurrencia y audiencia a los principales interesados: acreedores privilegiados, acreedores públicos y trabajadores, al haber contado el proceso con la supervisión de un experto independiente o administrador en materia de reestructuración (futuro administrador concursal) designado por el Juzgado de lo Mercantil a petición del deudor”.
Quizá, por tratar de compararlo con los criterios de Barcelona, cabría destacar los siguientes puntos de diferencia:
1. En primer lugar, que este nuevo Protocolo no incluye remisión alguna a organismo público de la Comunidad Autónoma, equivalente a la Conselleria d’Industria catalana. Recuérdese que las directrices de Barcelona exigen que la solicitud del pre-pack se acompañe de un justificante de haber cumplimentado debidamente el formulario virtual publicado en el portal del Canal Empresa de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña, a efectos de informar y de publicitar los datos esenciales de las unidades de negocio o activos en situación de crisis empresarial. Además, el solicitante catalán se compromete a informar a los potenciales postores de la existencia de un Registro de interesados donde aquellos podrán inscribirse, en el portal del Canal Empresa de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña:
2. En Barcelona se dice que el inicio del procedimiento se realiza “En el mismo escrito de comunicación al Juzgado Mercantil de la apertura de negociaciones con sus acreedores del art. 583 TRLC o en escrito posterior, dentro de los tres meses siguientes a dicha comunicación”; mientras que en Baleares se habla también de a comunicación por parte del deudor al Juzgado Mercantil de la apertura de negociaciones con sus acreedores del art. 583 TRLC, indicándose que puede solicitarse “en dicho escrito o en escrito posterior, dentro del plazo previsto en dicho precepto”.
3. En la fase concursal, Baleares hace expresa remisión a las reglas de la VUP (art. 218 TRLC), mientras que las directrices de Barcelona se remiten al 530 TRLC. No obstante, en ambos casos se prevé el plazo de 10 días para traslado de las propuestas.
En lo demás, las funciones del “experto independiente o administrador en materia de reestructuración” son prácticamente idénticas a las del protocolo catalán, y consisten en las siguientes funciones:
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“1º. Asistir y supervisar al deudor en la preparación de operaciones tendentes al proceso de búsqueda de inversores y oferentes para articular la futura venta de la Unidad Productiva.
2º. Familiarizarse con el funcionamiento empresarial de la Unidad Productiva. Para la consecución de este objetivo el deudor deberá colaborar facilitando la información de todo tipo que el experto le solicite para el adecuado desarrollo de su función y elaboración de su informe.
3º. Informar a los acreedores del proceso, participando, en su caso, en las negociaciones, especialmente, con los acreedores privilegiados y públicos, así como con los representantes de los trabajadores.
4º. Verificar y supervisar la regularidad, publicidad y transparencia en la preparación de operaciones sobre los activos de la empresa, especialmente garantizando la igualdad de acceso a la misma información y oportunidades entre los potenciales interesados o postores y la justa competencia.
5º. Emitir un informe final de la gestión realizada y, en particular, de las ventas preparadas sobre los activos de la empresa, haciendo constar sus observaciones técnicas sobre el proceso de búsqueda de oferentes e inversores y su valoración sobre la idoneidad de la propuesta de venta realizada por el deudor, incluyendo el precio y las condiciones de pago incluidas en dicha oferta.
Este informe final debería emitirse dentro del plazo de tres meses previsto en los arts. 583 ss. TRLC, a contar desde su nombramiento, salvo causa justificada y previa autorización de prórroga de dicho plazo por parte del Juzgado a petición del experto”.
A la espera de la transposición de la citada Directiva de reestructuraciones, queda por ver si más sedes de juzgados de lo mercantil optarán por esta figura del pre-pack; o lo harán por guías similares a la de las buenas prácticas de ventas de unidades productivas dentro del concurso, como las de Madrid.
El abogado y economista Nicolás Emery, aprovechó el último consultorio jurídico en Radio Calvià FM para, antes de dedicarse al tema principal elegido, hacer una serie de recordatorios importantes a los obligados a presentar declaración en esta campaña de la renta 2020 (perceptores del ingresos mínimo vital, perceptores de ingresos de 2 o más pagadores, en especial los trabajadores que hayan estado en ERTE), así como a todos los empresarios afectados por la pandemia del COVID19 con derecho a solicitar las ayudas para la solvencia aprobadas por el Gobierno, que ya pueden empezarse a tramitarse.
Una vez entrado en el tema principal del día–el IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO– el socio y gerente de @Moya & Emery hizo un repaso genérico de las características de este polémico impuesto, de los obligados a presentar declaración, de los mínimos exento de tributación, de las diferencias y bonificaciones existentes en las distintas comunidades autónomas en nuestro país, y de la necesidad de estar bien asesorado a la hora de presentarlo, etc.
A propuesta de la Vicepresidencia primera del Gobierno junto con los ministerios de Justicia; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Trabajo y Economía Social; para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Sanidad; Derechos Sociales y Agenda 2030; Igualdad; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el RD recoge las medidas destinadas a dar la necesaria cobertura jurídica y social a distintas situaciones de vulnerabilidad derivadas de la situación de crisis sanitaria, económica y social ocasionadas por la pandemia del COVID-19.
MOTIVACIÓN
La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 no solo ha causado una crisis sanitaria, sino que ha provocado una profunda crisis global, económica y social en nuestro país. Por esta razón, el Real Decreto-ley establece medidas de control sanitario de los pasajeros internacionales para prevenir la introducción de vectores de infección por el SARS-CoV-2 y sus variantes.
Asimismo, prorroga medidas de carácter económico y social, que estaban condicionadas al tiempo de vigencia del estado de alarma y que habían sido puestas en marcha para paliar sus efectos negativos sobre el tejido económico y social o específicamente adoptadas para hacer frente a las situaciones de colectivos con especial vulnerabilidad social y económica.
Además, contiene regulaciones que afectan al régimen de autorización o ratificación judicial de las medidas que hayan de adoptarse, cuando impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales, reforzando su eficacia, rapidez y homogeneidad en todo el territorio nacional.
Durante la vigencia y prórroga del estado de alarma, se han adoptado numerosas medidas a su amparo por las autoridades competentes delegadas, cuya vigencia decaerá en el mismo momento que finalice dicha prórroga. No obstante, la mayoría de dichas medidas pueden articularse en el marco definido por la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; quedando sujetas al control jurisdiccional ordinario.
Asimismo, en el tiempo de vigencia del estado de alarma se han reforzado los instrumentos de cooperación entre las autoridades sanitarias, fundamentalmente el debate y adopción de criterios por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el modelo de gobernanza compartida ha permitido adoptar las medidas de prevención a las condiciones que requiere la situación en cada ámbito territorial, y continúa plenamente vigente, al estar definido el mencionado Consejo Interterritorial en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
En consecuencia, se considera que la legislación sanitaria citada, unida a las previsiones contenidas en el resto de la normativa sanitaria, incluida la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, con las modificaciones puntuales introducidas en el presente Real Decreto-ley, constituyen un marco jurídico suficiente y adecuado para dar respuesta a la situación de crisis sanitaria en las actuales circunstancias epidemiológicas y de control de la enfermedad.
REAL DECRETO-LEY
El Real Decreto-ley se estructura en seis capítulos, quince artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
CAPÍTULO I
El Capítulo I establece una serie de medidas urgentes en el ámbito sanitario, relativas al control en los puertos y aeropuertos de los pasajeros que llegan a España. Su objetivo es detectar de manera rápida la presencia de casos importados de COVID-19 que pudieran generar brotes en nuestro país, así como localizar a los contactos estrechos de los casos, y hacer posible la inmediata adopción de las oportunas medidas de control que impidan la difusión incontrolada de la enfermedad.
Para ello, el sistema de información Spain Travel Health- SpTH permitirá la gestión de la verificación de los certificados digitales, que se puedan habilitar en el marco de la Unión Europea. Mejorará la gestión de los flujos de los pasajeros, en base a las comprobaciones realizadas previas al viaje y facilitará la localización de los viajeros sobre los que haya que realizar medidas adicionales a la llegada para disminuir el riego de importación de casos. Resulta a estos efectos prioritaria la máxima colaboración de las agencias de viaje, los operadores turísticos y compañías de transporte aéreo o marítimo.
CAPÍTULO II
El Capítulo II establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal. Se suspende la obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios hasta el 31 de diciembre de 2021, la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual, y, durante el mismo período, o hasta la celebración de la junta correspondiente, se entenderán prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de los órganos de gobierno. También se permite que la junta pueda celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios, y la posible la adopción de acuerdo sin celebración de junta mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática.
CAPÍTULO III
Por su parte, el Capítulo III establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a situaciones de vulnerabilidad económica y social por las que prorrogan por un plazo de 3 meses, medidas adoptadas para dar cobertura a dichas situaciones. Así, se amplía hasta el 9 de agosto de 2021 la garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables, prevista en la disposición adicional 4ª del Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre. También se extiende esta prórroga a los perceptores del bono social.
Se extienden a 3 meses más las medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda, establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, referidas a la suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda. Se amplía la posibilidad de aplicar una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor a aquellos contratos cuyo vencimiento estuviese establecido entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de 2021. También se extiende, hasta esa fecha, la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y se amplían por ese mismo periodo los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Se extiende hasta el 9 de septiembre de 2021 el plazo para que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria, puedan presentar la solicitud de compensación.
CAPÍTULO IV
El Capítulo IV aborda la situación de las víctimas de violencia de género y prorroga por 3 meses la consideración como servicios esenciales de los servicios públicos de información, asesoramiento, teleasistencia, seguimiento por medios telemáticos, asistencia social integral y acogida para víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, establecidos por Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
Además, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán destinar los fondos que les corresponden del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a desarrollar, en su respectivo ámbito competencial, los programas que sean necesarios para garantizar la prevención, asistencia y protección de las víctimas de violencia de género en el contexto específico de vulnerabilidad derivado de las medidas de contención de la pandemia internacional.
CAPÍTULO V
En el Capítulo V se recogen otras medidas extraordinarias de carácter socioeconómico. Se prorroga el plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, de 36 meses a 24 meses más para evitar que la crisis provocada por la pandemia obstaculice su continuidad y su consolidación como fórmula empresarial clave de la economía social y de la generación de empleo. Se minimizan los riesgos ante la pérdida de la calificación de Sociedad Laboral o ante su desaparición.
Además, se flexibiliza de forma extraordinaria y para el periodo que resta de ejercicio presupuestario, el uso del Fondo de Educación y Promoción de las cooperativas. Esta medida permite, siempre de acuerdo con los principios y valores y con los procedimientos de autogestión democrática que caracterizan a las cooperativas, destinar su Fondo de Educación y Promoción a cualquier actividad que ayude a frenar o paliar los efectos de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, bien mediante acciones propias o bien por medio de donaciones a otras entidades, públicas o privadas, o a dotar de liquidez a la cooperativa para garantizar la continuidad de su funcionamiento.
Finalmente, la necesidad de personal sanitario continúa siendo una realidad mientras se prolongue la situación de crisis sanitaria, por lo que resulta imprescindible facilitar a las administraciones públicas la contratación de dicho personal. Por ello, se considera necesario y urgente mantener la vigencia de la medida relativa a la posibilidad de que los profesionales sanitarios jubilados puedan incorporarse voluntariamente a los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades con Estatuto de autonomía, permitiendo la compatibilidad de la jubilación y el desarrollo de profesiones sanitarias sin que se vea mermada la cuantía de la pensión a percibir.
CAPÍTULO VI
El Capítulo VI regula el recurso de casación contra los autos que en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo dicten los tribunales (Tribunales Superiores de Justicia o Audiencia Nacional), cuando autorizan o revisan las medidas que las autoridades sanitarias dicten en el ámbito sanitario. En aquellos casos que dichas medidas limiten o restrinjan derechos fundamentales con el fin de prevenir, contener y limitar la crisis sanitaria derivada de la pandemia, las autoridades sanitarias pueden acordarlas, sometiéndolas a control judicial, tal y como se recoge en la legislación ordinaria. Es la Ley 3/2020, de 18 de septiembre la que atribuyó a las Salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, la competente para conocer de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas.
El RD prevé la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo dichas decisiones, a fin de garantizar la coherencia del sistema y mejorar la seguridad jurídica. La nueva regulación del recurso de casación hará posible que la tramitación y resolución de estos recursos sea sencilla, ágil, en breve plazo y tenga carácter preferente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que podrá fijar jurisprudencia sobre las cuestiones suscitadas en estos procedimientos de autorización y ratificación judicial de las medidas sanitarias restrictivas o limitativas de derechos fundamentales. De esta manera, se hace posible la aplicación uniforme de dicho marco normativo en todo el territorio nacional.
El Govern de les Illes Balears, a través del Institut Balear de Seguritat i Salut Laboral, ha puesto a disposición de los interesados las siguientes GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS FRENTE A LA COVID19, por un lado, para HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS y, por otro, para el sector de la RESTAURACIÓN. Desde Moya & Emery te acercamos estos documentos, en los que se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas de contención adecuadas para garantizar la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras ante la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en la hostelería y la restauración. Sólo tienes hacer clic en los enlaces más abajo para acceder a las guías en formato PDF:
Guía de buenas prácticas preventivas para hacer frente a la covid19 (Sars-CoV-2) de ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN Y SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (en castellano y catalán).
Guía de buenas prácticas preventivas para hacer frente a la covid19 (Sars-CoV-2) de HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS (en castellano y catalán).
Atentas aquellas personas que se encuentren desempleadas y que tengan más de 52 años, porque si cumplen una serie de requisitos a los que haremos mención en el presente artículo, pueden acceder a un subsidio especial no contributivo durante el presente año, un año complejo y repleto de incertidumbre debido a la crisis socio sanitaria derivada de la Covid-19.
Y es que muchas han sido las personas que se han visto abocadas a una situación compleja debido a esta pandemia ya sea porque no se han podido incorporar a su puesto de trabajo, ya sea porque se han visto afectados por un ERTE o directamente porque han perdido ese trabajo.
Es por eso que, mediante el presente artículo, se quiere informar de cómo el colectivo de mayores de 52 años puede acceder a una pequeña ayuda, como es este subsidio especial, cuya cuantía se ha incrementado con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado a los 564,90 €/mes.
Este subsidio está destinado, como se ha avanzado, a personas mayores de 52 años que se encuentren en situación de desempleo y cuya duración, siempre y cuando el beneficiario sigua cumpliendo los requisitos para tener acceso al mismo, se extiende hasta la edad de jubilación requerida para poder solicitar la pensión contributiva.
¿Y cuáles son los requisitos concretos que exige el SEPE para acceder a este subsidio?
Encontrarse en situación de desempleo.
Tener 52 años o más, pero no teniendo la edad mínima exigida para jubilarse, puesto que en ese caso se deberá optar por dicha pensión.
No ser fijo discontinuo.
Estar inscrito como demandante de empleo al solicitarse dicho subsidio. En este sentido, tiene un mes para inscribirse tras el fin de la prestación contributiva de desempleo (paro) y debe permanecer inscrito mientras se percibe dicho subsidio.
Fijar un compromiso de actividad.
No contar con ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (712,50€), excluyéndose las 2 pagas extraordinarias.
Tener un periodo cotizado de mínimo 15 años, habiendo cotizado mínimo 2 en los 15 últimos años anteriores a la solicitud del subsidio y al menos 6 años al desempleo durante la carrera laboral.
¿Cómo puede solicitarse dicho subsidio?
En caso de ser una persona que ya recibe dicho subsidio debe tener en cuenta que se debe renovar cada 6 meses, ¿y cómo debe hacerlo?
Existen esencialmente 3 vías:
Presencialmente: pidiéndose cita previa, se deberá rellenar el formulario de renovación y entregarlo en el registro público y oficina de prestaciones más cercana al domicilio.
Telemáticamente (vía preferente debido a las restricciones y necesidad de solicitar cita previa en los organismos públicos): mediante la página web del SEPE se poder renovar automáticamente siempre que se cuente con certificado digital.
Correo administrativo.
En el caso de ser la primera vez que se solicita dicho subsidio, también podrá hacerse dicha solicitud mediante las vías anteriormente descritas, debiéndose además de rellenar el correspondiente formulario, entregar todos aquellos documentos requeridos por el SEPE en aras a comprobar el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos. Recuerde que, para cualquier duda, consulta o para la tramitación de este subsidio, tiene usted a los profesionales de Moya&Emery a su disposición por cualquiera de los medios de contacto que le exponemos a continuación:
Finalizado ya el período transitorio del Brexit acordado por la UE y el Reino Unido te pueden haber surgido preguntas y dudas en materia laboral (contratación de británicos) y tributaria que el abogado y economista Nicolás Emery trató de abordar y darles respuesta en el último consultorio jurídico de Radio Calvià FM:
• ¿Qué hay que hacer para contratar a un trabajador británico? • ¿Qué requisitos debe cumplir un empresario para poder contratar a un trabajador extranjero? • ¿Cuáles son los trámites necesarios para ello? • ¿Qué situaciones influyen en la contratación de extranjeros? La estancia por estudios, investigación o práctica y la situación de residencia. Procedimientos específicos según otras circunstancias, como la nacionalidad. • El régimen especial de viajeros (no comunitarios) y la devolución del IVA de los productos adquiridos en el viaje. El recargo de equivalencia.
Cabe advertir que, tal y como se detalla a continuación, si bien la LSC impone una serie de obligaciones a los órganos de administración de dichas sociedades, no siempre establece un régimen sancionador para el incumplimiento de cada una de ellas. A mayor abundamiento, el régimen sancionador que, hasta ahora, establecía la LSC, era bastante impreciso, lo que en la práctica se traducía en su inaplicación por parte de las autoridades competentes.
La principal obligación de una sociedad de capital es, sin lugar a duda, el depósito de las cuentas anuales, y así se desprende de la propia LSC con la configuración del régimen sancionador derivado de su incumplimiento.
En este sentido, de conformidad con el artículo 253 de la LSC, los administradores de una sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado. Continua el artículo 164 de la LSC disponiendo que la junta general ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para aprobar las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Finalmente, el artículo 279 de la LSC, establece que el órgano de administración deberá presentar las cuentas anuales, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, dentro del mes siguiente a la aprobación de las mismas.
A pesar de que la formulación, la obligación y el depósito de las cuentas anuales son la obligación por excelencia de toda sociedad, existe otra que merecen ser nombrada: la legalización del libro de actas y del libro registro de socios.
Según el artículo 26 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio, las sociedades mercantiles deben llevar un libro de actas en el que consten todos los acuerdos tomados por las juntas generales y demás órganos colegiados. Por su parte, los artículos 104 y 116 de la LSC establecen la obligación de las sociedades de llevar un libro registro de socios o, en su caso, accionistas.
Por lo que respecta a las consecuencias del incumplimiento de tales obligaciones, éstas varían según el caso. En cuanto a las cuentas anuales, esto es, el incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositarlas dentro del plazo establecido provoca dos consecuencias directas:
cierre de la hoja registral (artículo 282 LSC); e
imposición de multa (artículo 283 LSC).
El cierre registral da lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a una sociedad mientras el incumplimiento persista, aunque existen ciertas excepciones al respecto. No obstante, el cierre registral por falta de depósito de cuentas no se produce al día siguiente de la fecha límite para depositar las cuentas, sino que, de acuerdo con el artículo 378 del RRM, tiene lugar transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social.
En lo referente a las multas, el importa mínimo de la sanción se establece en 1.200 euros, pudiendo llegar a imponerse sanciones de hasta 300.000 euros en función del volumen de facturación anual.
En cambio, la no legalización de los libros obligatorios no tiene una consecuencia directa per se. Los problemas con el incumplimiento de esta obligación se presentarían en un escenario completamente diferente. Si bien es cierto que no existe una sanción económica, la legalización de los libros tiene valor probatorio internamente y frente a terceros, organismos públicos y tribunales. Si los libros no han sido legalizados, su contenido carece de valor probatorio y eso podría generar un conflicto en situaciones litigiosas como, por ejemplo, en el seno de un concurso de acreedores.
En cualquier caso, y como se adelantaba al inicio, el Ministerio ha aprobado un real decreto en virtud del cual ha precisado la regulación del régimen sancionador aplicable al incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas en el Registro Mercantil. En concreto, la Disposición Adicional Undécima ha fijado los criterios para la imposición de las sanciones por el incumplimiento de la citada obligación. De conformidad con el Reglamento, los criterios para determinar el importe de la sanción serán los siguientes:
La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento.
En vista de cuanto antecede y bajo la premisa de una sociedad cuyo ejercicio social coincide con el año natural (de 1 de enero a 31 de diciembre), los plazos máximos para realizar las obligaciones descritas en los párrafos anteriores serían los siguientes: para la formulación de las cuentas anuales el 31 de marzo; para la aprobación de cuentas el 30 de junio; para el depósito el 30 de julio; para la legalización de libro el 30 de abril; y para el cierre de hoja registral el 31 de diciembre.
Sin embargo, y como es bien sabido, el año pasado, con motivo de la crisis del COVID-19, el Gobierno español aprobó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Dicha disposición legal incluyó un paquete de medidas extraordinarias dirigidas a las personas jurídicas, con especial atención a las sociedades de capital, al objeto de facilitar el cumplimiento por parte de estas entidades de las obligaciones de formulación, aprobación y depósito de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2019. Sin entrar a analizar a fondo el Real Decreto-Ley, ya que en breves dejara de tener efectos prácticos, dicha norma extendió los siguientes plazos para las obligaciones relativas al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2019: para la formulación de cuentas anuales el 31 de agosto de 2020; para la aprobación de cuentas el 31 de octubre de 2020; para el depósito de cuentas el 30 de noviembre de 2020; para la legalización de libros el 30 de septiembre de 2020; y para el cierre de hoja registral el 31 de mayo de 2021.
De lo anterior se deduce que, si bien las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 ya deberían estar formuladas, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil correspondiente, en caso de que una sociedad no hubiera dado cumplimento a dichas obligaciones, aun tendría la hoja registral abierta y, por tanto, podría inscribir actos en el Registro Mercantil. No obstante, para aquellas sociedades que aún no hayan depositado las cuentas anuales relativas al ejercicio 2019, téngase en cuenta que el mes que viene el Registro Mercantil procederá a cerrar la hoja registral, con todas las consecuencias descritas anteriormente.
En cualquier caso, y por lo que respecta a la imposición de multas, es importante tener en cuenta que, si bien el incumplimiento se entiende desde el momento en que finaliza el plazo para depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil y no con el cierre de la hoja registral de la sociedad, nótese que la manera más eficaz que tienen las autoridades para detectar dicho incumplimiento por parte de una sociedad es con el cierre de la hoja registral de la misma.
Por tanto, y sin perjuicio de que se puedan llegar a dar supuestos de sanción en sociedades cuya hoja registral aún no haya sido cerrada, es de vital importancia que las sociedades que aún no hayan depositado las cuentas anuales del ejercicio 2019, lo hagan antes de 31 de mayo de 2021, ya que con la entrada en vigor del Reglamento es de esperar que las autoridades intensifiquen su actividad sancionadora a este respecto.
Marta Marina
Abogada especializada en Derecho de la empresa y Derecho inmobiliario en Moya & Emery
Moya & Emery te ayuda a presentar tu declaración de la renta 2020. Es fácil: sólo tienes que concertar cita previa con nosotros y eso puedes hacerlo a través de:
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Y apunta las siguientes fechas de la campaña de la renta 2020 en tu calendario:
La Campaña de la RENTA 2020 ha generado muchas dudas en los contribuyentes y obligados a presentar la declaración del IRPF, especialmente por los efectos de la pandemia del Covid19 que ha deparado para muchos trabajadores su inclusión un ERTE, los cuales, al recibir prestaciones por parte del SEPE, habrán tenido en el ejercicio más de un pagador (su empresa, por un lado, y el SEPE, por otro). Estos trabajadores, muy probablemente, deberán hacer una declaración de renta que les saldrá a pagar.
El abogado y economista Nicolás Emery trató de explicar de forma accesible y didáctica a la audiencia de Ràdio Calvià FM todas las novedades de la campaña de la RENTA 2020 e hizo por dar respuesta a las dudas más habituales suscitadas. Comentó los hitos fundamentales del calendario de la RENTA 2020, las principales novedades del IRPF en esta campaña, dio respuesta a qué ocurre si el trabajador ha tenido dos pagadores (ERTE / empleador en su trabajo habitual), si se ha cobrado la ayuda o prestación extraordinaria por cese de actividad, si se ha realizado una reinversión por venta de vivienda habitual, si se ha cobrado el ingreso mínimo vital, además de hablar las deducciones más habituales y también del aplazamiento de pago del impuesto aprobado de manera especial para los trabajadores en ERTE.
Por si fueran pocas las obligaciones de autónomos y empresas, y como si la Inspección de Trabajo no tuviera ya una enorme carga de trabajo y múltiples aspectos que vigilar con respecto a las mismas – registro horario, fraude en los ERTES, etc.–, desde la pasada semana ha venido a sumarse a la lista una obligación más: el registro salarial.
El registro salarial de la empresa consiste en un documento en el que se deben recoger los salarios de los trabajadores y trabajadoras, el cual tiene como objetivo demostrar que, ante un mismo puesto de trabajo, un trabajador –con independencia de si se es mujer o hombre– cobra lo mismo. La norma que recoge la obligatoriedad de llevar a cabo ese registro salarial entró en vigor hace escasos días, el pasado 14 de abril: el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
Por lo que se refiere a los afectados con esta nueva obligación, se ha de tener en cuenta que la llevanza del registro salarial afectada a todos los autónomos y empresas, independientemente de su tamaño y siempre que tengan más de 1 trabajador para de esta manera, poder tener un factor comparativo.
En este punto, es importante indicar que en este registro deberán aparecer todos los trabajadores que formen parte de la plantilla empresarial incluido el personal directivo y los altos cargos. Se trata, por tanto, de poder analizar con dicho registro de manera rápida y sencilla las potenciales desigualdades salariales entre la masa laboral de una empresa que ostenten al mismo o similar cargo o categoría
Si bien es cierto que se pondrá quizás mayor atención en las empresas que cuenten con plantillas más voluminosas (empresas con 50 o más trabajadores), ya que es donde es más difícil detectar diferencias salariales injustificadas y discriminatorias, que no se despisten las pequeñas empresas y negocios que también puede ser inspeccionadas por ello.
El objetivo que persigue esta normativa es claro: el establecer la obligación de llevar un registro salarial busca acabar o reducir la brecha salarial y desigualdades que hay entre hombres y mujeres en el mercado laboral y que las empresas cumplan con sus planes de Igualdad, independientemente de su tamaño. En este punto es importante recordar, que las empresas que están obligadas a disponer de un plan de igualdad son las que cuenten con una plantilla de 50 o más trabajadores.
En el caso de que en el registro salarial se encuentren diferencias diferencias salariales de un 25% o más entre trabajadores y trabajadoras que ocupen el mismo puesto de trabajo, deberá justificarse objetivamente, probando que dichas diferencias no se deben al sexo del trabajador, sino que quedan justificadas sobre la base de otros motivos legítimos (por ejemplo, la antigüedad del trabajador).
En cuanto a la periodicidad con la que se tendrá que llevar a cabo este registro salarial, la norma establece que, con carácter general, el registro de salarios se elaborará anualmente, sin perjuicio de que las posibles modificaciones sustanciales que se den en la empresa con respecto a los salarios aconsejen la elaboración del registro en lapsos de tiempo más breves.
Llegados a este punto, es importante advertir que aquellos que no cumplan con la obligación de llevar a cabo este registro salarial o no accedan a informar a los representantes de los trabajadores de su contenido y cambios, se entenderá que incurren en una infracción de carácter grave según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden laboral (LISOS), y que puede sancionarse con multas de entre 626€ a 6.250€.
En el caso de que, además de no cumplir con la llevanza del registro salarial, sean detectadas discriminaciones salariales por razón de sexo, se entenderá que los incumplidores incurren en una infracción de caráctermuy grave según la LISOS, que puede sancionarse con multas de entre 6.251€ a 187.515€.
Otro aspecto que tomar en consideración es que los trabajadores podrán acceder a estos registros a través de sus representantes, quienes tendrán un acceso íntegro al registro salarial y deberán ser informados de su contenido o de cualquier cambio con carácter previo, concretamente 10 días. En el caso de que la empresa no cuente con representación de los trabajadores, será el trabajador el que podrá acceder a dicho registro, pero no de forma íntegra, sino únicamente a los valores medios de los conceptos que incluye dicho registro, dado que no puedo ofrecerse información personal de otros trabajadores de acuerdo con la Ley de Protección de Datos.
Finalmente, en el mentado registro salarial se deberán incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y percepciones extrasalariales de la plantilla, desglosándose por sexo e indicando correctamente la media aritmética y mediana de lo que realmente se perciba en bruto anual por cada uno de los conceptos referenciados y por cada grupo profesional, nivel, puesto de trabajo o cualquier otro sistema de clasificación que use la empresa.
Sin dudar de que la medida pueda ayudar de formar efectiva a paliar la brecha salarial entre hombre y mujeres, no me queda más que lanzar desde esta tribuna el aviso a los navegantes, léase empresarios: la Inspección de Trabajo tiene otro agujero más por el que colarse en su empresa para escudriñarle (inspeccionar) y multarle (sancionar) si no cumple con la obligación de llevar a cabo un registro de los salarios y otras obligaciones en materia de igualdad.
Marga de Matos
Abogada especializada en Derecho laboral en Moya & Emery
Por si no fueran pocas las obligaciones de autónomos y empresas, desde el pasado día 14 de abril se ha unido una más que debes conocer y llevar a cabo: el REGISTRO SALARIAL.
¿En qué consiste el registro salarial?
¿Cuál es el objetivo de instaurar este registro salarial?
¿A partir de cuándo es obligatorio tener dicho registro?
¿Quiénes están obligados a cumplimentarlo?
¿Con qué periodicidad se debe elaborar este registro salarial?
¿Qué colectivos de trabajadores se verán afectados por este registro salarial?
¿Cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo ese registro salarial o no justificar las diferencias detectadas en él?
¿Qué elementos debe contener el registro salarial?
Escucha la entrevista a la abogada especialista en Derecho laboral, Marga de Matos y encuentra respuesta a todas las preguntas acerca del nuevo registro salarial. Y si todavía te queda alguna, llámanos y concierta una cita con Moya & Emery.
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que hayan estado trabajando normalmente pero también recibido prestaciones del SEPE derivadas de su inclusión en un expediente de regulación temporal de empleo -ERTE- durante el año pasado, pueden verse obligados a presentar la declaración de la renta, dado que habrán tenido dos pagadores distintos. La obligación legal de presentar declaración de renta en caso de dos o más pagadores queda fijada por ley en 14.000 euros siempre que del segundo pagador se haya recibido una cantidad superior a 1.500 euros.
Si tenemos en cuenta que las retenciones efectuadas a los trabajadores sobre las cantidades percibidas como prestaciones de parte del SEPE han sido por regla general bajas y casi mínimas, muchos de los obligados a declarar que se encuentren en el supuesto señalado tendrán una declaración con resultado a ingresar. La obligación de acometer el pago del impuesto, en un año en que los ingresos de las familias se han visto mermados debido a los efectos económicos adversos de la pandemia del Covid-19, puede resultar muy dificultoso.
Es por ello que la Orden ministerial HAC/320/2021 ha venido a permitir la posibilidad de fraccionar el pago del IRPF para los contribuyentes que hubieran estado en ERTE en 2020, una medida más, en la senda de otras aprobadas, que facilita el fraccionamiento de deudas tributarias para tratar de mitigar la falta de liquidez de los administrados traída por el coronavirus.
¿Qué requisitos deben cumplirse para poder acceder al fraccionamiento extraordinario?
Durante el año 2020 el contribuyente de IRPF –él o un miembro de la unidad familiar en caso de tributación conjunta– debe haber sido incluido en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.
El contribuyente debe haber recibido cualquier tipo de prestación por ello.
La cuota resultante en la declaración de IRPF del interesado en fraccionar debe resultar a ingresar, en la modalidad de tributación individual o la conjunta porque hubiera optado.
¿Existen limitaciones para optar a este fraccionamiento?
¿Cuáles son los límites económicos del fraccionamiento?
En ningún caso podrá exceder de 30.000 euros el importe, en conjunto, pendiente de pago por parte del solicitante, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, de las deudas de derecho público gestionadas por la AEAT y la Hacienda Pública Estatal, incluida la deuda por IRPF 2020.
A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.
Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del órgano de recaudación competente, sin que sea precisa la consulta a otros órganos u organismos a efectos de determinar el conjunto de las mismas. No obstante, los órganos competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas acumulables que, no constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u organismos.
¿Cuándo debe ser solicitado el fraccionamiento?
Puede solicitarse el fraccionamiento si la declaración del IRPF se presenta dentro del plazo voluntario de autoliquidación e ingreso, sin que pueda fraccionarse el ingreso derivado de autoliquidaciones complementarias presentadas con posterioridad al 30 de junio de 2021.
¿Cuáles serán las fracciones del pago y qué otros caracteres, condiciones e incompatibilidades implica el fraccionamiento extraordinario?
El pago para el que se solicita fraccionamiento será efectuado en 6 fracciones, que tendrán vencimiento los días 20 de cada mes, teniendo lugar el pago de la primera fracción el día 20 de julio de 2021.
Con este fraccionamiento no se devengan intereses de demorani es preciso la aportación de garantías de ningún tipo.
El fraccionamiento extraordinario de la Orden HAC/320/2021, no es compatible con:
Este mecanismo de fraccionamiento extraordinario es de carácter opcional para los contribuyentes, por tanto, su concesión dependerá de que el interesado lo solicite y, en su caso, acredite las condiciones para que le sea aprobado en su caso.
Si tienes dudas sobre si puedes cumples los requisitos para solicitar el fraccionamiento extraordinario en el pago de la renta 2020 o si puedes solicitar cualquier otro de los aplazamientos de pago de impuestos y deudas tributarias dispuestos por nuestra normativa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros:
La pasada semana, Nicolás Emery participó en directo en los informativos de Ràdio Calvià FM a raíz del inicio de la CAMPAÑA DE LA RENTA 2020, y, como en el resto de ocasiones en que ha acudido a los medios de comunicación, ha dado las pautas clave a los oyentes para la confección y presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF.
Recuerda que puedes pedir CITA PREVIA con Moya & Emery a través del correo info@moyaemery.com para que solventemos tus dudas y recibas todo el asesoramiento necesario sobre el impuesto sobre la Renta.
Con motivo del inicio hace escasos días de la campaña de la Renta 2020, la Seguridad Social, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha iniciado una campaña para informar a los contribuyentes beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), dado que se trata del primer ejercicio de IRPF desde la aprobación esta prestación a principios de junio de 2020 (mediante el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital), en que se especificó la obligación, tanto para los beneficiarios del IMV como para los integrantes de su unidad de convivencia, de presentar esta declaración fiscal, con independencia del nivel de ingresos de sus beneficiarios.
En concreto, la Agencia Tributaria ha comenzado a informar a estos contribuyentes, para quienes estima que, en la gran mayoría de supuestos, la declaración que tendrán que realizar será muy sencilla, puesto que no tendrán que incluir ingresos y por tanto su cuota será cero, es decir, ni tendrán que ingresar, ni les tendrán que devolver.
En el documento adjunto, laborado por la Agencia Tributaria, encontrará una guía de recomendaciones e información explicativa (haz clic aquí para abrir el pdf), para facilitar la presentación de la declaración para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.
En Moya & Emery le ayudamos confeccionar su declaración de renta año 2020. Pida CITA PREVIA con nosotros a través de estos teléfonos 971132359 – 971728010.
Con motivo del inicio de la CAMPAÑA DE LA RENTA 2020, el economista y abogado de Moya y Emery Nicolás Emery ha sido invitado a IB3 Ràdio y, en los micrófonos del programa #Múltiplex, ha abordado todas las claves y novedades para la correcta presentación del impuesto.
Recuerda que puedes pedir CITA PREVIA con Moya & Emery a través del correo info@moyaemery.com para que solventemos tus dudas y recibas todo el asesoramiento necesario sobre el impuesto sobre la Renta.
Neus Lafuente, asesora jurídica en materia mercantil y contractual de Moya & Emery, en el consultorio jurídico de Ràdio Calvia Fm, sobre las últimas novedades en relación a las CLÁUSULAS BANCARIAS ABUSIVAS en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria y otros productos financieros, tratando los siguientes temas:
• ¿Qué es una cláusula abusiva en un contrato? • ¿Cuáles son las consecuencias de insertarlas en un contrato? • Algunos ejemplos de las que más pueden interesarte. • La prescripción de los gastos de hipoteca y comisiones de hipoteca (IRPH) • ¿Cuál es la tendencia actual de los tribunales? • ¿Qué se puede recuperar de los gastos de hipoteca? • ¿Qué se puede recuperar si tenías IRPH? • ¿Cómo reclamar?
Lo que hasta ahora era una cláusula jurídica contractual prácticamente inutilizada y olvidada, la denominada rebus sic stantibus, se ha convertido en la esperanza de muchas familias y, especialmente, de empresarios con contratos de arrendamiento vigentes a quienes, debido a la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 y la consecuente paralización económica, les es imposible hacer frente a las rentas negociadas previamente al coronavirus.
Y, precisamente, esa es la clave de esta construcción doctrinal de una cláusula que se traduce literalmente del latín como “estando así las cosas” y que implica que las estipulaciones recogidas en los contratos tienen en cuenta las circunstancias que concurren en el momento de su firma o celebración, si bien, cualquier alteración sustancial de esas circunstancias iniciales puede dar lugar a la modificación de dichas estipulaciones contractuales iniciales.
Sobre la base de esta cláusula, la jurisprudencia española permite –en los casos de imposibilidad sobrevenida de cumplir el contrato con motivo de la imprevisibilidaddel cambio de las circunstancias– la modificación de los términos en que fue inicialmente pactado un contrato. Esta posibilidad de cambiar los términos pactados se fundamenta en que, en caso contrario, se podrían estar vulnerando los principios jurídicos de la equidad y la buena fe, de ahí que pueda derivar en una modificación de las obligaciones inicialmente asumidas por las partes, como puede ser el pago de la renta. La cláusula viene a ser una corrección y contraposición del principio jurídico histórico pacta sunt servanda, que establece que los pactos deben cumplirse en los términos convenidos.
Al ser fundamentalmente una construcción doctrinal y jurisprudencial, son en último término los Tribunales quienes están estableciendo los requisitos para aplicación de la cláusula rebussic stantibus, si bien no existen una lista tasada o estándares de aplicación. En todo caso, los principales criterios para su aplicación son:
Que se produzca una alteración extraordinaria de las circunstancias en que se pactó el contrato la cual suponga un cambio radical de la base fáctica del contrato.
Que exista una desproporción entre las prestaciones de ambas partes del contrato, es decir, que las bases del negocio jurídico-contractual se hayan alterado de tal forma que supongan una ruptura total de los términos de reciprocidad y equivalencia entre las prestaciones en los que el contrato se perfeccionó.
La causa de desproporción debe ser calificada como imprevisible y ninguna de las dos partes podría haberla tenido en cuenta a la hora de perfeccionarse el contrato. Además, los efectos no pueden ser imputables a la parte perjudicada.
No puede existir otro remedio o pacto para conseguir el reequilibrio. Y se debe acreditar que la nueva situación ha generado un desequilibrio en las obligaciones de ambas partes, como podría ser el caso de negocios que han tenido que permanecer cerrados al público por imperativo legal, pero que sin embargo se les ha mantenido la obligación de pago de la renta.
En base a la Sentencia del Tribunal Supremo 5/2019 de 9 de enero de 2019, la imprevisibilidad es la clave para determinar si procede o no la aplicación de esta cláusula, y difícilmente una pandemia mundial pueda ser mejor ejemplo de situación imprevisible e inevitable.
Rigiéndose por estos criterios, se han dictado las primeras resoluciones judiciales en las que se modifican sustancialmente las condiciones del contrato inicialmente pactado, como son:
La dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 81 de Madrid, con fecha del 25 de septiembre de 2020, en el que por Auto se acuerda la adopción de medidas cautelares con aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. En este caso, el arrendatario de un local, concretamente una discoteca, cuya apertura no se le permite desde la declaración del Estado de alarma, solicitó la suspensión del pago de la renta hasta la reapertura de la misma y esa petición fue denegada por el arrendador alegando la obligación del cumplimiento de los pactos. Sin embargo, el Magistrado entendió que la prohibición de apertura de los establecimientos debido al Estado de alarma no puede ser considerado como un incumplimiento del arrendatario. Por lo que resolvió que “mientras estén así las cosas” se suspende el pago de la renta pactada teniendo que pagar únicamente los gastos comunes del local mientras no pueda retomar la actividad; además, también falló que una vez se le permita abrir únicamente deberá pagar la mitad de lo pactado hasta que se celebre el juicio.
Algo parecido ocurre con la resolución 1/2021, 8 de enero, del Juzgado de Primera Instancia 20 de Barcelona en el que rebajan al arrendatario, dedicado a la hostelería, la renta en un 50%.
De igual forma, el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 14 e Palma de Mallorca, en el que se exenta al arrendatario, FERGUS HOTELES, de abonar la renta hasta que transcurra un año desde que presentó su demanda.
Todas las resoluciones judiciales citadas se fundamentan en el mismo argumento: la disminución drástica e involuntaria de los ingresos a consecuencia de las restricciones impuestas frente al COVID19. Es por ello que, teniendo en cuenta la situación actual, estas decisiones judiciales son probablemente las primeras de muchas otras resoluciones que discurrirán en el mismo sentido.
La presidenta Armengol anuncia que los autónomos que declaran por módulos serán los primeros en cobrar y recibirán el máximo previsto de 3.000 euros
La Comisión de Seguimiento del Pacto para la Reactivación y la Diversificación Económica y Social de las Illes Balears ha compartido varias cuestiones referentes a la gestión y al pago de las ayudas directas a las empresas de las Illes Balears que se podrán acoger a la convocatoria que hará el Govern para conceder los 855 millones de euros asignados a la comunidad autónoma en el reparto del fondo estatal de 7.000 millones.
La presidenta del Govern, Francina Armengol ha anunciado que los autónomos que declaran por módulos recibirán el máximo permitido que está establecido en 3.000 euros. Además, serán los primeros en cobrar las ayudas: “esta será la ayuda más rápida, puesto que es la que menos tramitación necesita”, ha dicho Armengol.
Así mismo, la presidenta también ha transmitido un mensaje de tranquilidad al decir que “todas las empresas que se presenten a la convocatoria y que cumplan los requisitos que marca el Real decreto ley tendrán su ayuda”.
Por lo tanto, ha explicado la presidenta, la concesión “no irá por orden de entrada, sino que se hará una valoración final de todas las solicitudes y, a partir de esta, se repartirán los fondos: todo el mundo que entre en el plazo recibirá la ayuda directa”, ha aclarado.
Otro aspecto a destacar es que se ha acordado eliminar los topes que establece el Real decreto ley para definir los importes de las ayudas para las empresas. Por lo tanto, estas podrán ser superiores a los 200.000 euros.
En cuanto al porcentaje subvencionable, también se ampliará. Así pues, si el Estado establece que la ayuda se determinará para aquellas pérdidas que superen el 30% inicial, estableciendo un máximo del 40% adicional en las empresas de menos de 10 trabajadores, y del 20% en empresas de más de 10 trabajadores, en las Illes Balears estos topes se ampliarán y las empresas podrán recibir una ayuda mayor.
La convocatoria de ayudas, que diseñará y gestionará la Conselleria de Modelo Económico, garantizará que todas las empresas que cumplen los requisitos reciban una ayuda, con independencia del orden de entrada de las solicitudes.
Por otro lado, y con el objetivo de agilizar el pago, se establecerá un sistema de anticipo para que las empresas puedan recibir parte del importe concedido. Por lo tanto, primero se pagará una parte de las ayudas y, posteriormente, la Administración autonómica hará las fiscalizaciones y las comprobaciones pertinentes.
Por otro lado, también se ha informado de que el Govern ya trabaja para reforzar los equipos con objeto de garantizar una gestión rápida de estas ayudas, que suponen la partida de ayudas más grande de la historia de las Illes. Hay que recordar que las Balears, donde llegarán 855 millones de euros, son la comunidad autónoma que más aportación per cápita recibirá: 706 euros, muy por encima de los 147 euros de media en todo el Estado.
Durante la reunión también se ha tratado sobre los sectores que no entran en el mecanismo estatal de ayudas pero que, debido a la pandemia, han sufrido una bajada importante de la actividad en las Illes Balears. Tal y como se ha acordado, el Govern trabajará con los consells insulares y los ayuntamientos para canalizar ayudas en este sentido.
United Kingdom nationals travelling to the European Union and Schengen Area Member States are already going through a lot of changes, including additional checks at ports of entry, and even entry restrictions which have been imposed on third countries amid COVID-19.
Frequent travellers to the block and the borderless zone will soon face another struggle – a limited period of permitted stay within the block.
Under the Schengen Area rules of stay for third-country citizens, non-EU citizens entering the territory under the visa-free regime can stay for a maximum of 90 days, for every 180 days.
Those who overstay this period – intentionally or unintentionally – may face penalties, including deportation and entry bans.
90/180 DAYS-OF-STAY RULE EXPLAINED
The 90/180 days rule may be confusing to many, in particular for Britons, who so far did not have to worry about how long they were staying in another EU or Schengen associated country.
Every third-country citizen travelling to the Schengen Area under the visa-free entry regime is permitted to stay for a period of a total of 90 days, in any 180 days.
The 180-day period keeps rolling, thus, anytime a traveller wishes to enter the Schengen zone, he/she just have to count backwards the last 180 days, and see if they have been present in the Schengen Zone for more than 90 days throughout that period.
WHAT CONSEQUENCES WILL BRITONS FACE FOR OVERSTAYING IN EU?
The consequences that a British national may face for staying in the EU longer than permitted depend a lot on the country where he/she is caught overstaying, as well as the number of days overstayed.
Since there is no common policy for penalties for overstayers, the Member States may apply the penalties differently, some by being softer and other harsher, like for example Germany.
Despite their differences, in general, the Member States apply the following penalties on those caught overstaying, including on Britons staring from this year:
Deportation – All third-country citizens caught overstaying the number of permitted days of stay in the EU are immediately forced to leave the block. Some of the countries will imprison overstayers and deport them by themselves, while others will give overstayers a certain period of hours or days to leave.
Fines – One of the most common penalties for overstaying in the Schengen Area is being fined with an amount of money, though the fees vary from one country to another. Fines are applied alongside with deportation and are not a substitute for it. They may often be followed with an entry ban too.
Difficulties in returning to the Schengen – Almost every deported person will face difficulties to travel back to the Schengen Area. They will face prolonged border checks upon entry and may even be turned back or banned from entering for a certain period.
Entry ban – Usually the Member States ban from entering only those who have overstayed for a longer period. Bans are applied for a period of three years or even more.
Despite the consequences listed above, some travellers may not be subject to any of them, in particular those who cannot travel for a strong reason that can be proved.
El consultante ha recibido la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
CUESTIÓN
Si la prestación referida tiene la naturaleza de rendimiento del trabajo o de la actividad económica, e incidencia en el Impuesto de la exoneración de la obligación del pago de las cuotas al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que la percepción de dicha prestación conlleva.
CONTESTACIÓN
El artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE de 18 de marzo), establece una ayuda para los empresarios o profesionales incluidos en Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, consistente en un 70% de la base reguladora, o de la base mínima de cotización cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 14 de marzo), o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
Se trata, por tanto, de una prestación extraordinaria de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos, cuya naturaleza es análoga a la prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad regulada en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos (BOE del día 6 de agosto). En consecuencia, la calificación de esta prestación extraordinaria (al igual que la de las referidas prestaciones generales por cese de actividad) sería la de rendimientos del trabajo, de conformidad con el artículo 17.1 b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), que incluye entre los rendimientos íntegros del trabajo las prestaciones por desempleo, entendido éste de una forma amplia y no sólo comprensivo de la situación de cese de actividad correspondiente a los trabajadores por cuenta ajena.
Por otro lado, el apartado 4 del referido artículo dispone que el tiempo de percepción de la prestación extraordinaria “…se entenderá como cotizado, no existirá obligación de cotizar y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.”
La configuración que realiza la normativa antes referida de la exclusión total o parcial del pago de las cuotas del RETA como derivada de una inexistencia de obligación o exención, determina su falta de incidencia en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al no corresponder a ninguno de los supuestos de obtención de renta establecidos en el artículo 6 de la Ley del Impuesto, no teniendo por tanto la naturaleza de rendimiento íntegro ni correlativamente la de gasto deducible para la determinación de los rendimientos.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Nicolás Emery ha asistido a Radio Calvià FM hoy martes para tratar durante el consultorio jurídico, como tema principal, el Inicio de la campaña de la RENTA 2020, que dará comienzo este próximo 5 de abril. Durante el espacio radiofónico el abogado y economista de Moya & Emery ha repasado las novedades que nos trae el impuesto sobre la renta de este año, haciendo referencia de las particularidad con respecto a los obligados que hayan tenido dos o más pagadores (lo habitual en las personas asalariadas que hayan estado trabajando y además hayan estado en ERTE), los que hayan recibido ayudas por cese de actividad, aquellos que hayan acometido reinversión por venta de vivienda habitual (las cantidades entregadas durante la construcción de la vivienda se asimilan a reinversión) o quieran solicitar un aplazamiento.
¿Necesitas ayuda o aclaración para presentar tu declaración de la renta 2020? Moya & Emery está a tu disposición.
La pandemia mundial de la COVID-19 lleva casi un año conviviendo con nosotros y ha tenido y sigue teniendo unos devastadores efectos, entre otros, a nivel sanitario y económico.
Miles de personas son las que se han visto y todavía se ven afectadas por los Expedientes de Regulación de Empleo que se han visto obligads a solicitar sus empresas para evitar una destrucción mucho mayor de empleo de la que se ya se ha producido. Y el estar afectado a un ERTE tiene consecuencias y, entre ellas, sobre la declaración de la renta, una declaración de la renta a la que muchos temen por el resultado que les puede salir al haberse tenido 2 pagadores (empresa y SEPE). Por ello, se han de tener en cuenta varios aspectos:
En primer lugar, como muchas personas habrán tenido dos pagadores durante el año 2020, se verán obligadas a presentar la renta. Recordemos que cuando se tienen dos o más pagadores el límite de los rendimientos del trabajo se reduce de los 22.000€ anuales a 14.000€ anuales y que del segundo o restantes pagadores se deben percibir cuantías superiores a los 1.500€ anuales, requisitos éstos que la mayoría de las personas afectadas por los ERTES, como ya se ha avanzado van a cumplir, obligándolas a presentar la declaración de la renta.
En la gran parte de los casos, las retenciones que se habrán aplicado por parte del SEPE serán mínimas o inexistentes, con lo cual las diferencias deberán pagarse en la declaración de la renta.
Se recomienda que todas las personas que se encuentren en la situación descrita hagan o soliciten una simulación de su renta, ya que muy probablemente les salga a pagar y puedan estar prevenidos de ello y conocer aproximadamente el importe a que tendrán que hacer frente. La campaña de renta se inicia el próximo mes de abril, concretamente el día 7.
Se aconseja igualmente, que se domicilie el pago de la declaración dado que, de esta manera, no deberá abonarse hasta el fin de la campaña, fijado el 30 de junio, teniendo de esta manera tiempo para acumular o ahorrar la cantidad que tenga que abonarse.
En caso de no ser posible dicho pago, existe la posibilidad de fraccionar el pago, abonándose el 60% el 30 de junio y el 40% restante el 2 de noviembre, de este modo, las personas afectadas podrán aligerar la carga que pueda suponer. IMPORTANTE: dicho aplazamiento/ fraccionamiento no tendrá coste alguno, está pensado para que se tenga un menor impacto fiscal.
Otro aspecto a tener muy presente es que, dada la saturación de los organismos como el SEPE, la demora en los pagos o los pagos de más, puede ser que las cantidades recibidas en 2020 sean superiores (caso de pagos indebidos que se deberán descontar de la renta), o que las cantidades recibidas en 2020 sean inferiores y que se hayan recibido en 2021 (pagos demorados de meses en ERTE), con lo cual hay que prestar mucha atención a las fechas de devengo de cara a facilitar la información fiscal correcta y evitar errores en la declaración de la renta.
Lo mismo es extrapolable de cara a 2021 si el trabajador continúa en ERTE.
¿Qué debo hacer si he recibido pagos indebidos del ERTE y no me ha llegado la carta del SEPE?
Muchas son las personas que actualmente todavía tienen pendiente el reintegro de prestaciones indebidas derivadas del ERTE al no haber recibido la famosa carta procedente del SEPE en la cual se les debe indicar la cuantía indebidamente percibida y la cuenta bancaria en la que hacer el reintegro.
Ante dicha incertidumbre, una afectada por dicha situación ha planteado la consulta a la Dirección General de Tributos (DGT) para saber los efectos que tiene el haber recibido pagos indebidos en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de 2020 (IRPF). Su caso y consulta referida concretamente es por lo siguiente: haber recibido por error pagos indebidos procedentes del SEPE para los meses de abril, mayo y junio de 2020. Y la respuesta que ha obtenido por parte de la DGT es la siguiente: fiscalmente, no debe tener incidencia en el IRPF del periodo en el que se reintegra la cantidad sino en las liquidaciones del impuesto en los ejercicios en los que se declare su percepción. Por ejemplo, si se reintegra el importe en 2021 de un pago de 2020, no tiene efectos en la declaración de 2021, sino en la de 2020.
Artículo 120.3 Ley General Tributaria:
Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente.
Como la campaña de renta de 2020 no empieza hasta el próximo 7 de abril (pendiente aún de declarar lo percibido en 2020), no procederá realizar ninguna actuación con relación al irpf, no debiéndose reflejar en la declaración de 2020 una vez los importes recibidos sean declarados inválidos por la administración pagadora.
Por Marga de Matos
Abogada de Moya & Emery
Consulta Vinculante V0016-21, de 13 de enero de 2021, de la Subdirección General de Impuestos sobre la renta de las personas físicas
DESCRIPCIÓN
La consultante manifiesta que ha recibido por error en los meses de abril, mayo y junio de 2020 pagos del Servicio Público de Empleo Estatal y que comunicada dicha incidencia a la referida entidad, ésta le ha manifestado la próxima comunicación de una cuenta bancaria para realizar la devolución del ingreso, sin que a la fecha haya recibido dicha comunicación.
CUESTIÓN
Tratamiento en la declaración del ejercicio 2020 de los referidos pagos.
CONTESTACIÓN
Desde la perspectiva fiscal, la anulación de los actos administrativos que establecían el derecho a percibir un determinado importe, en cuanto comporta devolver el estado de las cosas a su situación inicial mediante la obligación de reintegrar el importe percibido, conlleva que la restitución no tenga su incidencia en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al período en que se acuerde el reintegro de la cantidad percibida, sino que tal incidencia tenga lugar en las liquidaciones del Impuesto correspondiente a los ejercicios en que se hubiera declarado, en su caso, la percepción de dicho pago anulado, instando a tal efecto la rectificación de la autoliquidaciones correspondientes a los ejercicios en que hubiesen declarado los importes declarados inválidos, tal como establece el artículo 120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).
En el presente supuesto, al no haberse declarado aún la percepción de los referidos importes, por haberse efectuado su cobro en el ejercicio 2020, pendiente de declaración, no procederá realizar ninguna actuación en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no procediendo su reflejo en la declaración correspondiente al ejercicio 2020 una vez declarados inválidos por la administración pagadora, al no tener la naturaleza de renta de conformidad con el artículo de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre).
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Un día más el abogado y economista Nicolás Emery ha sido invitado al programa 4Directe de Canal4 Radio, en este caso para dar un repaso explicativo a la última norma estatal que ha habilitado ayudas y subvenciones para autónomos y empresas, el Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia expresarial (publicado en el BOE el pasado 13 de maro de 2021).
Los requisitos y condiciones para poder tener acceso a las ayudas, cuándo estarán operativas, referencias a las actividades excluídas de las ayudas y el manifiesto trato discriminatorio hacia dichos sectores, así como otros muchos temas han tenido cabida en la conversacion con #YolandaHernandez.
Además, a continuación puedes ver la reseña de la entrevista al socio y gerente de Moya & Emery en el digital canal4diario.comaquí.
Nicolás Emery: “El decreto ley de medidas urgentes es injusto y discriminatorio porque deja sectores fuera”
El abogado economista del despacho Moyà & Emery Abogados, Nicolás Emery, ha asegurado que “el decreto ley de medidas urgentes es injusto y discriminatorio porque deja sectores fuera”.
Emery ha visitado este viernes el programa ‘4 Directe’ de CANAL4 Ràdio, donde ha explicado que “todo el tejido empresarial sin excepción ha visto mermados sus ingresos, por ello, dejar a una empresa fuera del listado de empresas que tienen derecho a acceder a las ayudas es discriminatorio”.
En este sentido, el abogado economista ha señalado que “hay empresas que entran en la lista para optar a estas ayudas estatales pero como no han sufrido una reducción en sus ingresos de un 30% o más, no podrán acceder a ellas y otras empresas que quedan fuera, sí cumplen en requisito”.
Por este motivo, Nicolás Emery considera que el decreto ley debería incluir “a todo el tejido empresarial ya que si tenemos requisitos como las pérdidas mínimas del 30%, incluyamos a todos los sectores ya que hay muchas empresas que no llegarán al mínimo del 30% y no podrán acceder”.
De hecho, Emery ha advertido que “me sorprende mucho que hayan excluido un sector que es turismo 100% como son los souvenirs o talleres mecánicos, pero en cambio, se incluya a videoclubs o empresas de transporte aeroespacial”.
Por otra parte, sobre las ayudas, el abogado ha afirmado que “este decreto ley lo único que deja claro es que destinan cerca de 1 millón de euros a Balears y que se puede aumentar el límite de la reducción de ingresos y el porcentaje que le puede corresponder a cada empresa”, si bien, Emery ha agradecido que estas ayudas sean a fondo perdido.
Eso sí, Nicolás Emery ha señalado que “este dinero de las ayudas, las empresas deben destinarlo a pagar proveedores o pagar deudas con bancos, pero no queda claro si tienen que estar pagadas o no para que puedas pedir la ayuda” y ha añadido que “queda en el aire si las que están al corriente de pago pueden acceder a estas ayudas o son solo para empresas que tienen deudas Covid”.
Por otro lado, sobre el acceso de las ayudas para los autónomos, el experto ha destacado que “los autónomos que vayan por estimación objetiva por módulos recibirán 4.000 euros, el resto funcionará como las pymes”.
Con todo, el abogado economista ha lamentado que “ya hemos empezado a asesorar a gente por el tema de los concursos de acreedores” y ha puntualizado que “encontramos muchas empresas que ya tiran la toalla, que no llegan para este verano”.
Asimismo, Emery espera que las ayudas lleguen lo más pronto posible. “Las ayudas deberían llegar antes de que empiece la temporada turística. En estos momentos , las ayudas que están dando en Balears tardan unos 45 días en darse”.
Frente al temor ante el vencimiento de los ERTEs en mayo de 2021, anticipación y estrategia por parte de las empresas
A tres meses de la fecha de vencimiento de vigencia de los actuales Expedientes de Regulación de Empleo -en adelante ERTEs- vinculados a la pandemia mundial de la covid-19, urge a las empresas empezar a pensar una estrategia para mantener su actividad a flote y asegurar su viabilidad, lo cual deberá pasar necesariamente por realizar ajustes de su personal.
Se ha de recordar que los ERTEs, pese a llevar un año acompañándonos, son instrumentos de naturaleza temporal que permiten suspender los contratos de trabajo (que no extinguir o finalizarlos) o reducirlas jornadas de trabajo por causas de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas y/o productivas. Con los ERTEs el objetivo es salvar los puestos de trabajo por encima de otras consideraciones.
No obstante, la pandemia de la COVID-19 tiene un componente adicional, que es la inestabilidad, ya que, lo que hasta ahora era un instrumento que ayudaba a las empresas a afrontar una situación transitoria o temporal, se ha convertido en una especie de salvavidas continuado para los trabajadores mediante la protección que se les otorgan en forma de prestaciones y a las empresas por las exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social. El futuro y no muy lejano vencimiento de los ERTEs crea temor ante la incertidumbre de lo que sucederá tras ellos.
Desde la Inspección de Trabajo se ha criticado el mantenimiento de estos ERTEs en sectores de poca viabilidad por el enorme efecto que ha tenido la pandemia sobre ellos. Entiende la Inspección que es totalmente incompatible usar un instrumento de naturaleza temporal, como es un ERTE, en empresas que ya están sentenciadas y que no tienen salvación posible. Prolongar inútilmente la vida de una empresa inviable es lo que se conoce como crear empresas zombis.
Es cierto que la enorme flexibilidad que otorgan los ERTEs hace difícil distinguir cuando se está ante un problema estructural o ante un problema transitorio y salvable en la empresa y cierto es también que la actual pandemia es una situación nueva, sin precedentes en todas las actividades.
Después de casi un año conviviendo con la pandemia y vislumbrándose en el horizonte el fin de las medidas proteccionistas, las empresas ya deberían haber reflexionado o hacerlo sin dilación sobre los próximos pasos o estrategia a seguir que faciliten su viabilidad ante cualquier posible escenario.
AJUSTES DE PERSONAL. DESPIDOS EN EMPRESAS CON ERTE: MARZO, MES CLAVE.
En aras a evitar una destrucción masiva de empleo apareció lo que parece una prohibición de despedir, al no entenderse como causa justificativa del despido aquellas que se basaran en causas ETOP o de fuerza mayor que ampararan las reducciones de jornada y suspensiones de contrato, así como la protección del empleo temporal, mediante la prórroga o extensión de los contratos por el tiempo que dicho contrato temporal hubiera estado suspendido.
Superados estos dos obstáculos cualquier empresario puede plantearse la posibilidad de realizar despidos de forma individual (artículo 49.1 k del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los TrabajadoresTRLET) o de forma colectiva (ERE previsto en el artículo 51 del TRLET) si las necesidades y la viabilidad de la empresa así lo justifican. ¡Pero ojo con los despidos individuales! Y es que ir despidiendo trabajadores de forma individual, pero en breves lapsos de tiempo, basándose en la misma causa puede llegar a considerarse despido colectivo, ya que el artículo 51 fija los umbrales para entender que se está ante un despido colectivo. Concretamente, se entiende que se está ante un despido colectivo cuando, en un período de 90 días, la extinción afecte, al menos, a:
10 trabajadores, en las empresas que ocupen a menos de 100 trabajadores.
El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.
30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores.
También se considerará despido colectivo si se afecta a la totalidad de la plantilla cuando el número de afectados sea superior a 5, extinguiéndose la actividad empresarial por causas ETOP.
Si el empresario ha sido cauto y ha tenido en cuenta todo lo estipulado en la normativa COVID-19, entonces no tendrá problema a la hora de seguir con lo previsto en el artículo 51 y podrá realizar el correspondiente ERE, cumpliendo con los requisitos de su trámite:
Período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, con una duración no superior a 30 días naturales, o 15 en caso de empresas de menos de 50 trabajadores.
Debatir sobre las posibilidades de evitar o mitigar los efectos de la decisión (despidos, medidas de acompañamiento (formación, reciclaje, recolocación…)
Constituir una única comisión negociadora compuesta por un máximo de 13 miembros en representación de ambas partes.
La comunicación de la apertura del período de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores (con copia a la Autoridad laboral), consignando:
causas del despido colectivo
número y clasificación profesional de los trabajadores afectados, así como de los empleados habitualmente en el último año,
periodo previsto para los despidos,
criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados, etc.
Al escrito se unirá una memoria, más la correspondiente documentación contable y fiscal y los informes técnicos.
Recibida la comunicación, la Autoridad laboral dará traslado de la misma a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (que deberá ser evacuado en quince días).
El período de consultas puede ser sustituido en cualquier momento, de común acuerdo, por un procedimiento de mediación o arbitraje.
Transcurrido el período de consultas, el empresario comunicará a la Autoridad laboral el resultado del mismo. Si no hay acuerdo, remitirá a dicha Autoridad y a los representantes de los trabajadores su decisión sobre el despido colectivo.
Alcanzado el acuerdo o comunicada la decisión, el empresario podrá notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados, debiendo transcurrir al menos 30 días entre la fecha de comunicación de la apertura del periodo de consultas a la Autoridad laboral y la fecha de efectos del despido.
Losrepresentantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa. Pueden establecerse prioridades de permanencia a favor de otros colectivos (trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad).
La decisión empresarial podrá ser objeto deimpugnación a través de las acciones previstas para este despido (la interposición de demanda por los representantes de los trabajadores paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta la resolución de aquella).
CONSIDERACIONES SOBRE LA JURISPRUDENCIA SOBRE DESPIDOS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID.
Pese a todo ello, el empresario que decida realizar ajustes de personal en la empresa debe asumir el riesgo de que los despidos llevados a cabo puedan considerarse improcedentes por contravenir la normativa COVID-19 u otras normas del ordenamiento laboral. Hasta la fecha, las decisiones de Jueces y Tribunales se han decantado por considerar que los despidos que incumplían la normativa COVID eran improcedentes y en pocas ocasiones nulos. Solo en un caso, debido a la grave situación por la que pasaba la empresa, se obvió el ERTE que ésta solicitó, declarando procedente el despido de los trabajadores.
Por Marga de Matos Pascual
Abogada de Moya & Emery
Recuerda que en Moya y Emery podemos ayudar a tu empresa a planificar un ajuste de personal y que para ello sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros aquí:
Se ha publicado hoy sábado en el BOE y hoy mismo entra en vigor. Puedes descargarlo en pdf a través de este enlace.
Objetivo
Proteger el tejido productivo hasta que se logre un porcentaje de vacunación que permita recuperar la confianza y la actividad económica en los sectores que todavía tienen restricciones;
evitar un impacto negativo estructural que lastre la recuperación de la economía española;
proteger el empleo en los sectores más afectados por la pandemia;
y actuar de forma preventiva para evitar un impacto negativo superior sobre las finanzas públicas y los balances del sistema financiero.
En línea con la actuación del Estado desde el inicio de la pandemia, se trata de establecer con urgencia y determinación un marco de actuación ágil, que se anticipe a la aparición de los problemas para minimizar el coste público y privado de una acción reactiva.
Fijar un marco de protección reforzado que concentre un importante volumen de recursos en proteger y apoyar a aquellas empresas, sectores y territorios potencialmente más vulnerables debido a la duración y el impacto económico de la pandemia, con el fin de reforzar la liquidez y solvencia y evitar el sobreendeudamiento del conjunto de la economía nacional, preservando así el tejido productivo y el empleo, impulsando la inversión y evitando una improductiva destrucción de valor de la actividad económica en España.
No se trata de medidas de rescate de empresas que no eran viables antes del estallido de la crisis de la COVID-19, sino de una forma de inversión en favor de la recuperación y crecimiento de aquellas empresas que, a pesar de atravesar dificultades financieras, resultan viables por disponer de un plan a medio plazo factible y un modelo de negocio idóneo.
Quedan establecidos los 4 siguientes tipos de medidas:
1. AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS. NUEVA LÍNEA COVID
Tienen como fin reducir el endeudamiento suscrito a partir del marzo del año pasado. Esta línea goza de una dotación total de 7.000 millones de euros y a través de ella se van a canalizar las ayudas directas a las empresas y autónomos cuya actividad se ha visto más negativamente afectada por la pandemia.
Estas ayudas directas tienen carácter finalista para sus perceptores, quienes podrán emplearlas para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos por ejemplo, relativos al suministro de energía y al coste de cambio de potencia, incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando estas deudas se hayan devengado a partir de 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
2. MEDIDAS PARA LA REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN
Mediante este Real Decreto-ley el Gobierno queda habilitado para adoptar medidas adicionales de flexibilización de los préstamos dotados con aval público, permitiendo así que esta financiación se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración pactados entre los bancos y sus clientes y, por lo tanto, protegiendo la estabilidad financiera. Para ello, se crea una segunda Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID, de 3.000 millones de euros, para permitir, como último recurso tras la articulación del resto de medidas de apoyo a la solvencia, la conversión de parte del aval público en transferencias a las empresas y autónomos más afectados por la crisis que cumplan con los requisitos establecidos por Acuerdo de Consejo de Ministros, dentro de un acuerdo alcanzado con las entidades financieras acreedoras.
Para detallar la articulación de las operaciones de refinanciación y reestructuración de la financiación con aval del sector público y adaptarlas a las necesidades de las diferentes empresas y sectores, se desarrollará el contenido del Código de Buenas Prácticas, que podrá ser suscrito por las entidades financieras para facilitar una adecuada respuesta del sector financiero ante la excepcional situación económica, para reforzar la solvencia empresarial y garantizar la liquidez de cara al futuro.
3. MEDIDAS PARA LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS VIABLES
Con el fin de dar apoyo a las empresas viables pero con su solvencia mermada por la pandemia del COVID-19 y no pueden acceder al fondo gestionado por SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones industriales) se instaura un nuevo Fondo, cuya gestión correrá a cargo de COFIDES, de recapitalización de empresas afectadas por COVID, dotado con 1.000 millones de euros.
4. MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL Y CONCURSAL. PRÓRROGA DE MORATORIAS
Se extienden hasta finales de año las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades como consecuencia de la pandemia puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso. Además, se mantienen las mejoras de agilidad en el proceso concursal, mientras se completa la modernización del régimen concursal español en el marco de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).En esta misma línea, se amplía a cuatro meses el aplazamiento de deudas tributarias sin intereses y se amplían los plazos para la devolución de los créditos públicos gestionados por la Secretaría General de Industria y de la PYME.
*ACTUALIZACIÓN sábado 13 de Marzo: hoy sábado ha sido publicado en el BOE el Real Decreto-ley referido, entrando hoy mismo entra en vigor. Puedes descargarlo en pdf a través de este enlace.También puedes acceder a nuestra última entrada de blog con un resumen más completo de la norma, aquí *
Desde Moya & Emery queremos informar que el Consejo de Ministros extraordinario llevado a cabo hoy viernes 12 de marzo ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a las empresas golpeadas por la pandemia del Covid-19 que viene dotado con 11.000 millones de € en forma de ayudas directas, subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su solvencia.
El Real Decreto-ley establece:
Por un lado, la creación de tres fondos de ayuda a autónomos y empresas -viables pero con su situación patrimonial deteriorada por la pandemia- por un total de 11.000 millones de euros;
Por otro, la prórroga de las moratorias concursales hasta el 31 de diciembre de 2021;
También, una serie de medidas tendentes a facilitar el aplazamiento de deudas tributarias.
Profundiza en esta noticia con la información contenida en los archivos adjuntos siguientes: la nota de prensa de La Moncloa al respecto del nuevo Real Decreto-Ley y el archivo-presentación con gráficas e indicadores económicos.
Línea de ayudas directas a autónomos y empresas
7.000 millones de euros en ayudas a autónomos y empresas cuyos ingresos hayan caído más de un 30% con respecto a 2019 para el pago de proveedores y otros acreedores desde marzo de 2020.
Dentro de este montante, existe una partida especial de 2000 millones para las empresas de las Baleares y Canarias por su especial vinculación y dependencia del sector turístico. Ayudas que pueden alcanzar El 40% de la caída de ingresos de micropymes y autónomos, y al 20% para el resto de las empresas. Se alcanzará la cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos (en régimen de estimación objetiva) y entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de las empresas.
Línea ICO
3.000 millones de € de dotación para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera. Se anticipa la creación de un código de buenas prácticas.
Fondo de recapitalización de empresas y aseguramiento de su solvencia (COFIDES)
Con un importe de 1000 millones de € destinado a empresas que no hayan quedado cubiertas por el fondo SEPI.
Medidas de ámbito concursal
Se prorroga la vigencia de las moratorias concursales previamente adoptadas hasta el 31 de diciembre de 2021: exención del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso y no admisión a trámite de las solicitudes de concurso que presenten los acreedores; y se amplían hasta esa fecha las medidas de carácter procesal tendentes a agilizar estos procesos (tramitación preferente, fomento de la subasta extrajudicial).
Esta semana, la abogada de Moya & EmeryMarga de Matos ha querido profundizar un poco más en un tema por ella tratado hace unas semanas en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM, como fue la pensión de jubilación, ante la multitud de solicitudes y preguntas que generó su anterior intervención en el espacio jurídico de la radio calvianera.
Concretamente hoy ha dedicado el tiempo del asesoramiento jurídico radiofónico al nuevo COMPLEMENTO DE MATERNIDAD -en su nueva nomenclatura COMPLEMENTO DE MATERNIDAD O DE PATERNIDAD O COMPLEMENTO DE PROGENITORES– cuya aprobación ha sido objeto de polémica entre los diferentes grupos políticos.
A modo de resumen o glosario, la letrada Marga de Matos, ha hecho referencia a:
El concepto o definición de complemento por maternidad.
Los orígenes de dicho complemento.
Quiénes pueden ser los beneficiarios del complemento por maternidad / paternidad.
Qué cuantía o importe se percibe por este complemento.
Cuáles son las reglas para la concesión del complemento de maternidad / paternidad
Qué requisitos deben cumplirse para poder solicitarlo y que sea concedido.
Cuál es la duración temporal del complemento.
No olvides que en Moya & Emery podemos ayudarte en todo lo referente a pensiones contributivas y no contributivas y sus complementos, así que ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.
Hoy en Moya & Emery queremos informar de que han sido convocadas nuevas subvenciones y ayudas para paliar los efectos del Covid 19, publicadas en el BOIB este fin de semana, destinadas a:
1) COMERCIO MAYORISTA DE MERCANCÍAS, SALAS DE BAILE Y DISCOTECAS (Mallorca)
II Convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la covid-19 al sector del comercio mayorista de mercancías y a las salas de baile y discotecas de Mallorca. Mira la resolución (formato PDF) en el BOIB aquí.
2) EMPRESAS COMERCIALES DETALLISTAS Y DETERMINADAS EMPRESAS DE SERVICIOS, CONTINUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, SERVICIOS EMBLEMÁTICOS (Baleares)
Subvenciones destinadas a fomentar la modernización de las empresas comerciales detallistas y determinadas empresas de servicios, así como la continuidad de los establecimientos comerciales y de determinados servicios considerados emblemáticos, con especial atención a los establecimientos comerciales y determinados servicios afectados por la crisis de la COVID 19. Mira la resolución (formato pdf) en elBOIB aquí.
3) EMPRENDEDORES, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Baleares)
Ayudas a los emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa con actividad en las Illes Balears para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de inversiones productivas y de liquidez para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. Mira la resolución (formato pdf) en el BOIB aquí.
Hace escasos días Neus Lafuente, de Moya & Emery, finalizó una de las series de formaciones periódicas llevadas a cabo al personal de la inmobiliaria FIRST MALLORCA. En este caso, la formación estaba dirigida al departamento de Alquileres – Rentals. En dicha formación se llevó a cabo un análisis de la modificación de la Ley 29/1994 de 24 de noviembre, de Arrenadamientos Urbanos (LAU) realizada el 5 de marzo de 2019, y que entró en vigor el 6 de marzo de 2019. Una modificación que afecta a los plazos y prorrogas de los contratos de alquiler, al derecho a resolución del contrato (resolver contrato), el incremento de la renta por mejoras, los gastos de las partes y la fianza.
Concretamente se hizo referencia también a los siguientes aspectos:
• Modificación de los plazos y prorrogas de los contratos: Actualmente es de 5 años en personas físicas, 7 en personas jurídicas; prorrogable anualmente por 3 años más. Si no se estipula el tiempo en el contrato se entiende que es de 1 año, y el tiempo mínimo sin indemnización que está el inquilino tiene de 6 meses, a partir de ahí con una anticipación de 30 días puede desistir del mismo; • Derechos y obligaciones de las dos partes del contrato de alquiler. • De la renta, la fianza y el depósito: sus máximos legales y las diferencias entre estos conceptos; • La repartición legalmente establecida de los gastos; • Las cláusulas abusivas más comunes que puedes encontrar en un contrato de arrendamiento; • Los requisitos mínimos y obligatorios que deben aparecer en un contrato de arrendamiento; • De los desahucios exprés y de la suspensión de los desahucios hasta el 9 de mayo de 2021. • La tributación de los contratos de alquiler.
La Conselleria de movilidad y vivienda ha anunciado esta mañana que el Govern Balear va a convocar próximamente una serie de ayudas directas dirigidas al sector del TRANSPORTE TERRESTRE con especial vinculación con el turismo, por un montante de tres millones de euros, otorgadas a fondo perdido y con el fin de paliar las pérdidas derivadas de la caída de actividad por la pandemia del coronavirus en el:
TRANSPORTE DISCRECIONAL Y VTC
TAXI
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
ALQUILER DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR (RENT-A-CAR)
Permanece atento al blog y las redes sociales de Moya & Emery para mantenerte informado sobre cuándo estarán disponibles las ayudas anunciadas por el Govern balear.
El último artículo de Neus Lafuente, que trata sobre la posible responsabilidad patrimonial de las distintas Administraciones que han impuesto cierres o restricciones en diversas actividades -especialmente en las Baleares en los sectores de la hostelería y restauración- por los daños y pérdidas causados a los establecimientos, tuvo cabida hace escasos días en la sección “Tribuna & Opinión” delDiario de Ibiza .
Puedes leer su artículo en formato pdf haciendo clic en este enlace o en la edición digital del periódico aquí.
¿Eres un particular acuciado por las deudas? ¿No tienes patrimonio para hacer frente a tus deudas?
Debes saber que la Ley de Segunda Oportunidad puede ser el mecanismo adecuado para poder salir de dicha situación en caso de que seas un particular (persona física). Con esta ley podrás poner en marcha un procedimiento en el que solicitar que se cancelen tus deudas, llegando a un acuerdo con tus acreedores, siempre que cumplas con todos los requisitos exigidos por la ley.
En el vídeo siguiente del consultorio jurídico de Radio Calvià FM, Neus Lafuente, abogada de Moya & Emery, responde a las siguientes preguntas sobre la Ley de Segunda Oportunidad:
• ¿qué es?
• ¿a quién va destinado?
• ¿cuáles son los requisitos?
• ¿cuánto tiempo tarda en resolverse la ley de segunda oportunidad?
• ¿desde qué momento se congelan mis deudas e intereses?
• en el caso de acuerdo extrajudicial, ¿tienen que estar todos los acreedores de acuerdo?
• ¿cuál es la función del notario en el proceso?
• ¿cuál es la función del juez en el procedimiento?
• ¿cuál es la función del mediador concursal?
• ¿cuál es la función de los abogados en el procedimiento?
• ¿se puede acoger cualquier persona?
• ¿quedará afectado mi patrimonio si me someto a ésta ley?
• ¿tengo que dejar de pagar todas mis deudas?
• ¿qué ocurriría si me demandan los acreedores mientras estoy en el procedimiento?
• ¿puedo seleccionar las deudas que presentar a concurso?
• ¿qué ocurriría si una vez canceladas las deudas se descubre que tengo patrimonio oculto?
• ¿si debo a hacienda y a la seguridad social puedo acogerme a la ley?
• ¿qué pasaría si eres coporopietaria de un inmueble?
• ¿qué pasaría si me viene mejor fortuna una vez me han cancelado las deudas?
• ¿después de tener el auto de cancelación de deuda podría comprarme una casa?
• ¿y podría pedir un préstamo?
• ¿qué documentación necesitamos para iniciar el prodecimiento?
Recuerda que en Moya & Emery podemos informarte de todos los aspectos de la Ley de Segunda Oportunidad y la posibilidad de acogerte a este mecanismo de la Ley de Segunda Oporotunidad.
El abogado y economista Nicolás Emery acudió a los micrófonos de Ràdio Calvià FM para informar de la nueva convocatoria extraordinaria de ayudas del Consell de Mallorca para paliar los efectos del Covid-19, que en este último caso están dispuestas para el sector de los EVENTOS (que incluye a feriantes, organizadores de eventos -Bodas, MICE, Deportes- y también balnearios y baños de la isla de Mallorca y, por otro lado y tras las dos previas convocatorias, una nueva dirigida al al sector de la RESTAURACIÓN (restaurantes, bares, cafeterías, heladerías). En ambos casos, la solicitud de dichas ayudas puede realizarse desde el pasado domingo 20 de febrero.
Además, como siempre el socio y gerente de Moya & Emery ha hecho un repaso a los requisitos y condiciones generales y específicas para poder optar a estas ayudas del Consell de Mallorca, el presupuesto asignado a las mismas y los plazos para solicitarlas, pero también a otros mecanismos de toda índole y origen en las diversas administraciones que han sido dispuestos para ayudar a trabajadores y autónomos y empresas: exoneraciones de pago a la Seguridad Social, bonificaciones, créditos ICO, etc.
En Moya & Emery podemos informarte personalmente de las ayudas disponibles y ayudarte en el proceso de solicitud de las mismas. Recuerda que actualmente las ayudas dispuestas por el Consell de Mallorca son para la restauración (iii), eventos, comercio mayorista y salas de baile, gimnasios y escuelas de danza.
El Consell de Mallorca ha presentado una nueva convocatoria extraordinaria de AYUDAS para paliar los efectos del Covid-19 con el objetivo de minimizar las consecuencias negativas de la pandemia y reactivar la economía de la isla, en este caso dirigidas:
Al sector de los EVENTOS: que incluye a feriantes, organizadores de eventos (bodas, MICE, deportes), balnearios y baños de Mallorca.
De nuevo, al sector de la RESTAURACIÓN (la tercera convocatoria de ayudas hasta la fecha para el sector): restaurantes, bares, cafeterías, heladerías
En ambos casos, la solicitud de dichas ayudas podrá ser realizada a partir de mañana domingo 20 de febrero. Puedes acceder al BOIB con la convocatoria de las bases y requisitos para acceder a las ayudas de la actividad EVENTOS (aquí) y RESTAURACIÓN iii (aquí).
Y recuerda, puedes pedir cita con Moya & Emery y en nuestras oficinas te informaremos de las convocatorias disponibles y te guiaremos en el proceso de solicitud de las ayudas a la restauración (iii), eventos, comercio mayorista y salas de baile, gimnasios y escuelas de danza.
Inversiones inmobiliarias por británico en Baleares tras el Brexit
Si bien la salida del Reino Unido de la Unión Europea se produjo el 1 de febrero de 2020, inicialmente se pactó un periodo de transición que reguló una salida ordenada de este país de la Unión y que terminó el 31 de diciembre de 2020. En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2021, la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea se basa en un Acuerdo de Comercio y Cooperación que supone un importante cambio para ciudadanos, empresas y administraciones de la UE y del Reino Unido.
Desde ese momento, esto es, cuando el Reino Unido dejó de ser Estado Miembro de la Unión a todos los efectos, los medios de comunicación españoles llenaron sus portadas con el siguiente titular: Los británicos solo podrán adquirir inmuebles en Baleares con un permiso militar.
Si bien la anterior afirmación no es incorrecta, tampoco es del todo precisa. De conformidad con la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional (en adelante, la “Ley”), con la finalidad de salvaguardar los intereses de la Defensa Nacional y la seguridad y eficacia de sus organizaciones e instalaciones, existen determinadas zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros, entendiéndose estos como terceros no comunitarias.
De conformidad con la Ley y su reglamento de desarrollo, los extranjeros no comunitarios que quieran adquirir un inmueble en las zonas infrascritas quedan sujetos al requisito de la autorización militar. Además, será exigible la autorización militar a las sociedades españolas cuando su capital pertenezca a personas físicas o jurídicas extranjeras en proporción superior al 50 por 100, o cuando aun no siendo así, los socios extranjeros no comunitarios tengan una situación de dominio o prevalencia en la empresa, derivada de cualquier circunstancia que permita comprobar la existencia de una influencia decisiva de los mismos en la gestión de la Sociedad.
Por tanto, al contrario de lo que podría pensarse, esta restricción no podrá sortearse con la mera constitución de una o varias sociedades españolas y/o extranjeras cuando, en realidad, sus titulares reales sean, de facto, británicos.
Por lo que respecta a la tramitación de la autorización militar, cuando se trate de solicitudes de adquisición de terrenos o fincas que no rebasen los 2.000 metros cuadrados de superficie, la concesión de autorizaciones corresponderá a la Capitanía General pertinente; sin embargo, cuando se trate de terrenos o fincas con superficie superior a los 2.000 metros cuadrados, la solicitud deberá dirigirse y será tramitada por el Ministerio de Defensa.
En cualquier caso, es importante tener en cuenta que ambas disposiciones establecen una excepción a la restricción anterior. La autorización militar no será necesaria en la superficie ocupada por los actuales núcleos urbanos de poblaciones no fronterizas o sus zonas urbanizadas o de ensanche actuales.
Así pues, si bien dicha restricción afecta a la totalidad de las islas Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera), se exceptúa y, por tanto, no será precisa la autorización militar, cuando los extranjeros no comunitarios adquieran inmuebles sitos en núcleos urbanos y zonas urbanizadas. En otras palabras, el permiso solo será preceptivo cuando los británicos quieran adquirir propiedades en suelo rústico.
Abordada la cuestión de cómo pueden invertir los británicos en Baleares, conviene destacar cual es el régimen de estancia en España que les aplica tras su salida de la Unión. Salvo que soliciten la residencia temporal o, en su caso, permanente en nuestro país, los nacionales británicos, deberán cumplir con los requisitos de entrada establecidos en el Código de Fronteras Schengen, que permite permanecer en España 90 días por periodo de 180, sea en una o en varias visitas, y en cuyo caso deberán identificarse con su pasaporte y estarán exentos de visado.
Como alternativa, hace unos años el Gobierno Español creó un visado especial para atraer inversiones extranjeras, comúnmente conocido como la Golden Visa. Así, la Golden Visa es un tipo de visado de estancia o, en su caso, residencia, apto para ciudadanos extracomunitarios que realizan una inversión inmobiliaria en España igual o superior a 500.000 euros libre de cargas o gravámenes, es decir, sin hipotecar el bien a adquirir. Este visado permite tanto residir como trabajar en España y tiene una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos. Asimismo, cabe la posibilidad de extender el visado al cónyuge y los hijos menores de 18 años, o mayores de edad que no sean objetivamente capaces de proveer sus propias necesidades, si así lo desean.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, los británicos también pueden optar por solicitar la residencia temporal o permanente en España a través del procedimiento estándar. Pero hay que tener en cuenta que, de hacerlo, su estatus fiscal se vería afectado, en cuanto pasarían a considerarse residentes fiscales en España y, consecuentemente, a tributar por determinados conceptos en nuestro país. No obstante, cabe destacar que durante sus primeros años de residencia en nuestro país podrían acogerse a la normativa fiscal conocida como “Ley Beckham”, que permite que los extranjeros que se muden a España tributen como no residentes durante un cierto número limitado de años.
En cualquier caso, y retomando el tema de la autorización militar para adquirir propiedades en Baleares, es muy probable que todo lo dispuesto anteriormente sea de aplicación durante un periodo limitado de tiempo. En la actualidad, los ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea pero sí a los países del Espacio Único Europeo o asimilados a éste (Espacio Schengen), esto es, Islandia, Noruega y Suiza, quedan plenamente equiparados a los nacionales de países de la Unión y, por tanto, exceptuados de la necesidad de autorización militar. Por tanto, es de esperar que, en un futuro no muy lejano, el Gobierno Español extienda dicho estatus a los británicos y podamos olvidar este obsoleto régimen de acceso restringido, al menos en lo que respecta a los británicos.
Marta Marina
Abogada especialista en Derecho mercantil e inmobiliario
El Consell de Mallorca y el Govern de les Illes Balears, han dispuesto una serie de ayudas, a fin de paliar los efectos económicos adversos del COVID-19 en diversos sectores de la actividad: restauración, gimnasios o escuela de danza, comercio mayorista y salas de baile/discotecas. Con estas ayudas, los titulares de esos establecimientos acceder a un mínimo de 1.500 Euros.
Con respecto a quiénes pueden solicitar las ayudas, qué sectores de la actividad pueden beneficiarse, en qué condiciones, por qué cantidades, cómo se tramitan las solicitudes, qué orden se seguirá para el reparto de las ayudas, cuánto puede demorarse la recepción de los pagos y si las partidas oficiales dispuestas para estas ayudas serán suficientes para todos los demandantes y servirán para paliar realmente la situación, la directora de #4Directe de Canal4 Ràdio, #Yolanda Hernández, interrogó al socio y gerente del despacho @Moya y Emery, el abogado y economista Nicolás Emery.
Neus Lafuente Capó, de MOYA & EMERY Asesoría y Consulting, dedicó el último consultorio jurídico de Ràdio Calvià FM a comentar tres importantes y recientes resoluciones judiciales con incidencia en hostelería, restauración o otros sectores cuya actividad haya sido paralizada o reducida por el COVID19:
1) La resolución de la Audiencia Provincial de Valencia que procede a confirmar la medida cautelar adoptada por el tribunal de primera instancia consistente en una rebaja del 50% en la renta en el arrendamiento de un hotel en Calvià, en aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”.
2) La resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco autoriza reapertura de los establecimientos cerrados por la normativa autónomica las medidas del covid.
3) Una Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, que ha condenado a una aseguradora a pagar al propietario de un establecimiento por tener paralizado su negocio a causa del Covid19.
Este martes la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha resuelto favorablemente la petición de distintas asociaciones empresariales y hosteleras de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, las cuales habían solicitado la medida cautelarísima de que se suspendiera la vigencia de la normativa del Gobierno vasco que ordenaba el cierre de los establecimientos de la hostelería.
El TSJPV ha dado la razón a los hosteleros, autorizando la reapertura –con limitaciones– de los establecimientos de los municipios vascos que estén en la denominada “zona roja”, puesto que ha considerado que no ha quedado acreditada por el Gobierno que en dicha actividad hostelera esté el origen del aumento de contagios que se intentan paliar con las medidas restrictivas recurridas. Y es por ello que el Auto concluye diciendo “No aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad”.
Además, argumenta el Tribunal, el cierre vulnera dos principios de Derecho: el de la seguridad jurídica, al no establecerse una duración determinada para el cierre decretado, y el de proporcionalidad, al considerar que dicho cierre no está justificado debidamente.
El Auto dictado que suspende las limitaciones al ejercicio de la actividad de bares y restaurantes es una resolución que no es firme y, por tanto, cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días pero, en cualquier caso, supone, por un lado, un importante varapalo al Ejecutivo vasco y probablemente una oleada en cascada de reveses a los Ejecutivos autonómicos que hayan adoptado similares restricciones y, por otro lado, un reconocimiento evidente por parte del Tribunal del perjuicio económico que han supuesto las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico para el sector hostelero en su conjunto -empresas y trabajadores- y el creciente cierre definitivos de negocios.
La hostelería de todo el país ha acogido con esperanza la decisión del TSJPV, ya que el resto de Comunidades Autónomas ven abierta una posibilidad de acabar con las medidas, al menos las más restrictivas, que pesan sobre sus bares y restaurantes y así poder sortear la crisis y lograr sobrevivir. Si bien todos debemos entender que tratamos de una resolución que resuelve la petición de medidas cautelares dentro de un recurso interpuesto en un procedimiento contencioso-administrativo contra una específica normativa del Gobierno vasco y, por tanto, no tiene una incidencia directa en el resto de Comunidades, es lógico pensar que a raíz de esta resolución sean muchos los recursos que se interpongan amparados en la misma como precedente contra las distintas normativas autonómicas dictadas para hacer frente a la pandemia que, en definitiva, han sido prácticamente igual de restrictivas, por ser copia unas de otras.
Levantadas de forma parcial, como ya hemos explicado, las restricciones a la actividad hostelera en el País Vasco vendrá la capital pregunta que deberá ser respondida tanto a nivel autonómico como estatal: ¿Debe el Ejecutivo hacerse responsable de los daños y perjuicios económicos causados por sus medidas limitadoras de la actividad? O, lo que es lo mismo, ¿Existe responsabilidad patrimonial de la Administración por las medidas adoptadas?
En mi opinión la respuesta es clara: sí.
Todo Gobierno que haya adoptado similares decisiones, imponiendo de forma arbitraria el cierre de los locales destinados a la hostelería, sin que haya podido ser demostrada de forma estadística y científica que dicha medida se ha llevado a cabo como consecuencia del aumento de los contagios imputables de forma directa a este sector, considero que tendrá la obligación de, además de permitir la reapertura de los locales, asumir la responsabilidad patrimonial de sus imposiciones, compensando económicamente de los daños y perjuicios causados a los afectados.
No hay mejor caso para ejemplificar la arbitrariedad de las medidas restrictivas que el de las Islas Baleares, ya que actualmente, a pesar de la mejora continua de la situación epidemiológica –recordemos que se ha notificado de forma simultánea la caída del 34% de los casos positivos de COVID respecto a la semana pasada y un descenso del 21% de ocupación en las UCI– se han prorrogado quince días más de las medidas de cierre de los locales de hostelería. Una incongruencia evidente a la que hay que sumarle la falta de datos objetivos de que las oleadas sean responsabilidad de unos hosteleros ya castigados con la obligación de acatar continuos cambios normativos y sometidos a una constante incertidumbre.
No parece quedar otra que estar de acuerdo con el Auto dictado, al menos en lo referido a que dichas medidas tan restrictivas suponen una vulneración del principio de proporcionalidad, ya que están suponiendo un perjuicio extremadamente alto para la hostelería, sin estar debidamente justificada la relación de causa y efecto entre la actividad hostelera –que, recordemos, estaba limitada ya y no podía ejercerse sin ciertos condicionamientos de aforo y horarios– y el aumento de contagios. Y es por ello que, en base a este principio general de derecho público, el Estado deberá reparar todos los daños ilegítimos que cause a los ciudadanos, tal y como se recoge en el artículo 139 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Mi pronóstico en este sentido es que a partir de ahora serán los Tribunales los que establecerán los límites a las normativas impuestas por los Gobiernos, ajustándolas cada vez más para que sea posible el equilibrio entre sobrevivir al virus y sobrevivir en el mundo.
Artículo original de Neus Lafuente publicado en canal4 diario
b) SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES: una empresa haya obtenido una resolución estimatoria en un ERTE de fuerza mayor por impedimento a la actividad se pueda, sin necesidad de tramitar otro nuevo expediente, pasar a aplicar sin solución de continuidad las medidas correspondientes a la situación de limitaciones al desarrollo normalizado de la actividad, y viceversa, sin perjuicio de las obligaciones de comunicación y los porcentajes de exoneración que correspondan en cada caso.
a) Se prevé la posibilidad de que las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas a partir del 01/10/2020, por autoridades españolas o extranjeras (ERTE por impedimento), y las empresas que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas a partir del 01/09/2020 tramiten un expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor (ERTE por limitación), cuya duración se limitará a las citadas nuevas medidas.
Lo que singulariza a la fuerza mayor, como causa de suspensión de los contratos de trabajo es constituir un acaecimiento externo al círculo de la empresa, y como tal extraordinario, de todo independiente de la voluntad del empresario respecto a las consecuencias que acarrea en orden a la prestación del trabajo.
El carácter inevitable se predica sobre todo de la incidencia del suceso en la continuidad de la actividad laboral. Es más, el TS, Sala 3ª, se ha pronunciado respecto a agentes atmosféricos, incluyendo como causa de fuerza mayor prevista a los mismos por su obvia condición externa a la empresa, y su inevitabilidad de sus consecuencias en el ámbito social. En otras circunstancias (STS de 10 de enero de 1990, ECLI:ES:TS:1990:97), se ha entendido que no concurre causa de fuerza mayor en cuanto que la avería producida en parte de la instalación industrial, son eventos extraordinarios imprevisibles, si no normales derivados del estado de conservación de las instalaciones, y como tal es previsible porque no “viene de fuera evitable con mínimo cuidado”. (STSJ País Vasco, Rec. 2746/2005 de 14 de febrero de 2006, ECLI:ES:TSJPV:2006:597 ).
El apdo. 1.i) 45 ET establece entre las causas de suspensión del contrato de trabajo la “Fuerza mayor temporal”. Complementando lo anterior, los arts. 31-33 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, especifican para la existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la suspensión de los contratos de trabajo (o de la reducción de jornada):
La necesaria autorización de la Autoridad Laboral competente, previa tramitación del expediente oportuno, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados. En caso contrario, la interrupción indebida de la prestación servicial por decisión del empresario no afecta a la percepción del salario.
El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad laboral competente (La autoridad laboral competente se determinará conforme a lo establecido en el art. 25 ET), acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores.
“La fuerza mayor equivale, desde luego, a un acontecimiento externo al círculo de la empresa, absolutamente independiente de la voluntad de ésta que sea imprevisible o, siendo previsible, sea inevitable”.
“(…) Ha de entenderse por fuerza mayor, y por ende, por “situación extraordinaria”, un acontecimiento externo al círculo de la empresa, absolutamente independiente de la voluntad de ésta que sea imprevisible o, siendo previsible, sea inevitable, requisitos éstos, que no concurren en el presente caso”.
STS, Rec. 1969/1997, de 22 de diciembre de 1997, ECLI:ES:TS:1997:7939
No existe en nuestro derecho una definición de la fuerza mayor que la distinga del caso fortuito, puesto que el art. 1105 del Código Civil establece una regulación omnicomprensiva de ambos supuestos, en la que se exige, que estemos en presencia de sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. La distinción, continúa esta sentencia, es de origen doctrinal y judicial, poniendo su acento bien en la imprevisión e inevitabilidad, fuerza mayor, o en la previsión y evitabilidad, caso fortuito, o por el contrario en que el acaecimiento se origine fuera de la empresa o círculo del deudor, fuerza mayor, o en el ámbito interno, caso fortuito. Pero esta distinción no puede obviar los requisitos que se derivan de la definición del art. 1105 del Código Civil, y por ello se pueden contraponer al caso fortuito los hechos que no se puedan incardinar, por no poder preverse en el curso normal de la vida, en la forma ordinaria de producirse la cosas o los acontecimientos.
“En realidad, la fuerza mayor se configura en nuestro Derecho, en el marco de la regulación de los efectos del incumplimiento del contrato (artículo 1105 del Código Civil en relación con los artículos 1101, 1102, 1103 y 1104 del mismo texto legal) como un criterio de imputación (fuerza mayor y caso fortuito frente a culpa y dolo). Aquí, sin embargo, no opera la fuerza mayor dentro del enjuiciamiento de un incumplimiento contractual, sino en la apreciación sobre la existencia de una causa de extinción del contrato de trabajo, en la que ese elemento debe valorarse a efectos de determinar la norma aplicable. En este sentido, y como muestran los antecedentes de la regulación actual -en concreto el artículo 76.6ª LCT y el artículo 20 de la LRL-, lo que hay que determinar es si concurren los dos elementos que configuran el supuesto extintivo específico de los artículos 49.h) y 51.12 del Estatuto de los Trabajadores : la imposibilidad definitiva de la prestación de trabajo y el carácter de fuerza mayor de la acción que la determina. La pérdida del uso del local en el que se desarrolla el negocio hace imposible la prestación en él del trabajo al menos hasta que no se disponga de otro. Pero el acontecimiento que lo determina -la extinción del contrato de arrendamiento- no puede calificarse en las condiciones del caso como un supuesto de fuerza mayor, que, según la doctrina de la Sala Primera de este Tribunal, debe entender como “en una fuerza superior a todo control y previsión”, ponderándose a efectos de su concurrencia “la normal y razonable previsión que las circunstancias exijan adoptar en cada supuesto concreto” (sentencias de 20 de julio de 2000 y 18 de diciembre de 2006 ). De esta forma, la fuerza mayor, a los efectos de los artículos 49.h) y 51.12 del Estatuto de los Trabajadores , ha de entenderse como la actuación de causa extraña al empresario, es decir, como la acción de elementos exteriores que quedan fuera de su esfera de control y en este sentido tiene interés el artículo 76 de la LCE , que vinculaba la fuerza mayor con fenómenos como el incendio, la inundación, el terremoto, la explosión, las plagas del campo, la guerra, el tumulto y las sediciones, aparte de la fórmula general que hace referencia a los acontecimientos de carácter extraordinario que “no hayan podido preverse o que, previstos, no se hayan podido evitar”.
“(…) la sentencia del Tribunal Supremo del 3 de Noviembre de 1988, que se menciona en la del 3 de octubre de 1994, se refiere al suceso que está fuera del círculo de actuación del obligado, o como señalan las sentencias del 2 de febrero de 1980, 4-3-1981, 25 de junio de 1982 y 3 de noviembre de 1988, la fuerza mayor se constituye por ‘aquellos hechos que aun siendo previsibles, sean sin embargo inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa que los motiva sea independiente y extraña a la voluntad del sujeto obligado’ o como señalan las sentencias del 7 de junio y 28 de septiembre de 1988 y 10 de noviembre del mismo año ‘la fuerza mayor se caracteriza por dimanar de sucesos imprevistos e inevitables que rebasan los tenidos en cuenta en el curso normal de la vida y extraños al desenvolvimiento ordinario de un proceso industrial’ o como dice la citada del 3 de noviembre de 1988, en aplicación concreta al caso litigioso, el suceso ‘no tuvo una causa externa o ajena al funcionamiento del servicio’; y la sentencia de la Sala III de este Tribunal de 29 de junio de 1998 (recurso 4505/1992), dictada sobre exoneración de la cotización a la Seguridad Social como consecuencia de la suspensión de contratos de trabajo, señalaba que, ‘Resulta de aplicación al supuesto que nos ocupa la Sentencia de esta Sala de 7 de marzo de 1995, que define la fuerza mayor como un acontecimiento externo al círculo de la empresa y del todo independiente de la voluntad del empresario, que a la vez sea imprevisible. En el mismo sentido la Sentencia de 16 de mayo de 1995, según la cual la fuerza mayor es un concepto jurídico indeterminado que comprende no solamente las causas a que se refería el art. 76.6 de la Ley de 26 de enero de 1944 del Contrato de Trabajo, sino a cualquier otra que dimane de un hecho externo ajeno a la esfera de actividad del empresario, doctrina acorde con la naturaleza de la fuerza mayor que en cada caso debe ser estimada o no, y que comporta que el hecho determinante del incumplimiento de una obligación, aunque pudiera preverse, resulte inevitable”.
B. Especificaciones situación COVID-19
El art. 22 del Real Decreto 463/2020, ha establecido como causa de fuerza mayor la suspensión o cancelación de actividades como consecuencia del COVID-19, estableciéndose a continuación como especialidades de la normativa reguladora del procedimiento establecido en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada, la necesidad de que la empresa solicitante acompañe un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa, debiendo a continuación ser constatada por la autoridad laboral la existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos, en iguales términos que los ya establecidos en el art. 31 del Reglamento del procedimiento de despido colectivo, suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada. (SJS Zamora, Nº 161/2020, de 27 de marzo, ECLI:ES:JSO:2020:1762 ).
En consecuencia, para la existencia de fuerza mayor vinculada a la COVID-19, por un lado, se encuentra la circunstancia relacionada con la libertad de movimientos que el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo impone a los ciudadanos al decretar el estado de alarma, y en cuyo artículo 10 establece la obligación de suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas. Por otro lado, se encuentra la circunstancia relacionada con las medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo y en cuyo artículo 22 se fija de manera específica el procedimiento a seguir para la suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor. (SJS Ávila, Nº 122/2020, de 13 de mayo, ECLI:ES:JSO:2020:2079 ).
Cronológicamente, las numerosas modificaciones normativas sobre los ERTE por Fuerza mayor COVID-19 pueden resumirse:
Desde 18/03/2020 hasta 22/04/2020 (art. 22 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo): Se considera fuerza mayor la suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.
Desde 23/04/2020 hasta el 12/05/2020 (modificación art. 22 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril): Se considera fuerza mayor «las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración el estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
En relación con las actividades que deban mantenerse de acuerdo con la declaración del estado de alarma, otras normas de rango legal o las disposiciones dictadas por las autoridades delegadas en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se entenderá que concurre la fuerza mayor descrita en el párrafo anterior respecto de las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de actividad no afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la actividad».
Desde el 13/05/2020 hasta el 30/06/2020 (art. 1Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo): Desde el 13 de mayo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, continuaron en situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19, aquellas empresas y entidades que contaran con un expediente de regulación temporal de empleo basado en el art. 22Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y estuvieran afectadas por las causas referidas en dicho precepto que impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020. (La D.A 1.ª Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, deja abierta la posibilidad de que el Consejo de Ministros acuerde, llegado el 30 de junio de 2020, prorrogar los ERTE por fuerza mayor total y parcial, así como, otras medidas asociadas a las mismas: exenciones o medidas de protección por desempleo).
Desde el momento en el que las causas de la fuerza mayor asociadas al COVID-19 (art. 22 Real Decreto-ley 8/2020) permitan la recuperación parcial de la actividad empresarial, y hasta el 30 de junio de 2020, las empresas se encontrarán en ERTE por fuerza mayor parcial derivada del COVID-19. Para lo que será necesario:
– Proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.
– Comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al expediente de regulación temporal de empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella.
Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas y entidades a los expedientes de regulación temporal de empleo o, en su caso, la suspensión o regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación, se efectuará previa comunicación de estas al Servicio Público de Empleo Estatal de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo.
En todo caso, estas empresas y entidades deberán comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas.
Resumiendo todo lo anterior, con carácter general, la fuerza mayor puede actuar como causa de suspensión de los contratos de trabajo (arts. 45.1.i) y 47.3ET), siempre que sea «temporal», es decir, con efectos pasajeros o presumiblemente pasajeros sobre la actividad de la empresa y las correspondientes prestaciones de trabajo. La fuerza mayor suele entenderse en el contexto de las relaciones de trabajo como hecho o acontecimiento involuntario, imprevisible o inevitable, externo al círculo del empresario que imposibilita la actividad laboral (SSTS 7 de marzo de 1995, ECLI:ES:TS:1995:9375 y STS 10 de febrero de 1997, Rec. 5367/1991, ECLI:ES:TS:1997:829). Se distingue:
a) Fuerza mayor propia (hechos catastróficos como incendios, plagas, inundaciones, terremotos, etc.).
b) Fuerza mayor impropia, simples hechos imposibilitantes no catastróficos, en la que se encaja el llamado “factum principis” decisión de los poderes públicos imprevisible o inevitable, que recae sobre una empresa e impide la continuación de la prestación laboral (STS, Rec. 3115/1999, de 5 de julio de 2000, ECLI:ES:TS:2000:5546), en todo caso, el dato de la involuntariedad resulta necesaria ya que de lo contrario no hay fuerza mayor impropia sino una ilicitud empresarial previa (STSJ de Andalucía, Nº 414/2002, ECLI:ES:TSAND:2002:3472), como puede ser el supuesto de un precinto de local y prisión preventiva del empleador por ilicitud del objeto de la actividad. SJSO de León, Nº 159/2020, de 3 de julio de 2020, ECLI:ES:JSO:2020:2156.
En relación al impacto de la crisis sanitaria producida por el coronavirus COVIUD-19, el art. 22 RD-Ley 8/2020, se encarga de definir los supuestos de fuerza mayor, los elementos que permiten apreciar en cada caso la concurrencia de la causa y el papel atribuido a la autoridad laboral; así, en primer lugar, especifica:
“(…) las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración el estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (…)”.
Con la nueva redacción del art. 22Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, dada por la D.F 8ª Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, se precisó más la extensión del concepto de fuerza mayor, contemplando la posibilidad de que sea parcial y no extenderse, por tanto, a toda la plantilla de aquellas empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales, pudiendo diferenciar en la empresa los trabajadores que realizan tareas esenciales y los que no: se entenderá que concurre la fuerza mayor respecto de las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de actividad no afectada por las condiciones de mantenimiento de la actividad. (SJS de León Nº 167/2020, de 14 de julio de 2020, ECLI:ES:JSO:2020:2154 ).
1. ¿Qué ERTES se prorrogan automáticamente desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo de 2021? ¿Es necesario algún trámite?
El art. 1 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, con carácter general fija la prórroga de los ERTES Fuerza Mayor COVID-19, dentro de estos hemos de entender que seguirán siendo aplicables y se encuentran prorrogados:
c) ERTE de fuerza mayor de limitación al desarrollo normalizado de la actividad en base a lo previsto en el art. 2.2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre hasta el 31 de mayo de 2021.
Tras la simplificación administrativa realizada por el RD-ley 2/2021, solo será necesario solicitud de ERTE para los nuevos procedimientos. La prórroga del ERTE existente no necesita comunicación a la AL, ni nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo. Procederá, como hasta el momento, el envío al SEPE de fichero XML con los periodos de actividad/inactividad y declaración responsable ante la TGSS en los supuestos de exoneraciones (recordar que en la anterior prórroga las empresas se vieron obligadas a presentar nuevo ERTE y nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo).
2. ¿Qué ERTES se podrán solicitar desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo de 2021?
– ERTES fuerza mayor por impedimento, siguiendo el procedimiento general fijado por art. 47.3ET.
– ERTE de fuerza mayor de limitación, siguiendo el procedimiento general fijado por art. 47.3ET.
– ERTE ETOP.
3. ¿Qué ocurre si una empresa no quiere prorrogar automáticamente el ERTE?
Se entenderá prorrogado automáticamente hasta que la empresa desafecte alguna o a todas las personas trabajadoras, comunicando a la Entidad Gestora la baja en la prestación de quienes dejen de estar afectadas por las medidas de suspensión o reducción con carácter previo a su efectividad.
Las empresas que decidan renunciar con carácter total y definitivo al expediente de regulación temporal de empleo deberán igualmente efectuar la comunicación referida.
Iniciación del procedimiento
A. Con carácter general
El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad laboral competente, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores.
A la solicitud se adjuntará:
Datos específicos de los trabajadores y centros afectados.
Memoria explicativa de las causas.
Medios de prueba para acreditar las causas de fuerza mayor.
B. Especificaciones situación COVID-19
El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa.
La empresa deberá comunicar su solicitud de ERTE por fuerza mayor a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.
No se ha especificado la documentación a anexar para la tramitación/comunicación de nuevos ERTES de Fuerza Mayor COVID-19 bajo las modalidades indicadas, entendiendo como suficiente acompañar a la solicitud de: informe explicativo del impacto causado por la situación de fuerza mayor indicada, periodo previsto para la aplicación de la medida y los criterios que se han tenido en cuenta para determinar los trabajadores afectados por el ERTE; documentación adicional justificativa y acreditativa de la situación de las empresas; número y clasificación profesional de los afectados; listado de trabajadores afectados por el ERTE; Comunicación entregada al comité de empresa y a los trabajadores informando de la suspensión temporal de los contratos por fuerza mayor y declaración responsable de la empresa en relación con la autorización por parte de los trabajadores de que el SEPE tramite su inscripción en dicho organismo con demandantes de empleo.
Para el tránsito de ERTE por impedimento a ERTE por limitación o viceversas, tras la simplificación administrativa realizadas por el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, no requerirá la tramitación de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo. Será suficiente con la comunicación del cambio de situación producido, la fecha de efectos, así como los centros y personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral que hubiese aprobado el expediente y a la representación legal de las personas trabajadoras.
El objeto de debate gira en torno a la aplicación de la DA 17ª ET a la Administración Pública, incluida los Ayuntamientos, y, en consecuencia, si existe una posible vulneración del principio de igualdad al no aplicar el concepto de fuerza mayor que justifica los ERTEs a las Administraciones públicas. Para la Sala de lo Social, “… conforme a la disposición adicional decimoséptima del ET, lo previsto en el artículo 47ET no será de aplicación a las Administraciones públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado. Se estableció de este modo, un nuevo régimen laboral de carácter especial para los empleados públicos, al instituir una importante barrera para la Administración, en relación con las medidas de flexibilidad interna, por cuanto, se le va a impedir que pueda usar los expedientes de regulación de empleo para suspender temporalmente los contratos o modificar jornadas”.
CUESTIONES
1. ¿En qué momento y con qué contenido ha de comunicarse a la representación legal de los trabajadores (RLT) la solicitud de ERTE?
Atendiendo a la SAN, Nº 332/2020, de 22 de octubre de 2020, ECLI:ES:AN:2020:276 , al no existir un referencia clara en el art. 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, debe acudirse a la normativa general. Siguiendo el art. 47.3 del Estatuto de los Trabajadores y art. 32 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre: “el procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores, quienes ostentarán la condición de parte interesada en la totalidad de la tramitación del procedimiento”, incluyendo el listado de afectados.
2. ¿La falta de comunicación en tiempo y forma de la solicitud de ERTE Fuerza mayor COVID-19 a la representación legal de los trabajadores supone la nulidad de este?
La falta de comunicación en tiempo y forma de la solicitud a la representación legal de los trabajadores vicia de nulidad conforme al art. 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el acto administrativo, pues los titulares de intereses colectivos ven mermadas sus posibilidades de intervenir en el procedimiento administrativo, generándose una situación de efectiva indefensión, entraremos a resolver el último de los motivos de impugnación de la actora, en el que niega la existencia de fraude de ley en su solicitud.
1. La autoridad laboral competente recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y realizará o solicitará cuantas otras actuaciones o informes considere indispensables, dictando resolución en el plazo máximo de cinco días a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.
2. En el caso de que figuren en el procedimiento y puedan ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones y pruebas distintos de los aportados por la empresa en su solicitud, se dará a ésta y a los representantes legales de los trabajadores el oportuno trámite de audiencia, que deberá realizarse en el término de un día.
3. La resolución de la autoridad laboral deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la extinción de los contratos o la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. La empresa deberá dar traslado de dicha decisión a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral.
En el supuesto de que, instruido el procedimiento, no se haya constatado la existencia de la fuerza mayor alegada, se podrá iniciar el oportuno procedimiento de despido colectivo o de suspensión de contratos o reducción de jornada, de acuerdo con lo establecido en los casos de regulación de empleo para la extinción del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Del mismo modo, la resolución de la autoridad laboral que no haya constatado la existencia de fuerza mayor por la empresa podrá ser impugnada por el empresario ante la jurisdicción social.
En el supuesto de que, instruido el procedimiento, no se haya constatado la existencia de la fuerza mayor alegada, se podrá iniciar el oportuno procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada.
En el supuesto de que, instruido el procedimiento, la resolución de la autoridad laboral no haya constatado la existencia de fuerza mayor por la empresa podrá ser impugnada por el empresario ante la jurisdicción social.
B. Especificaciones situación COVID-19
La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud -este plazo ha sido incrementado por algunas CC.AA-, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. (Art. 22.2 8/2020, de 17 de marzo).
Atendiendo a las circunstancias concurrentes como consecuencia del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 –dada la imposibilidad de realizar la entrega de la comunicación de manera presencial como consecuencia de los aislamientos impuestos por la crisis del Coronavirus–, laSAN, Nº 59/2020, de 29 de Julio de 2020, ECLI:ES:AN:2020:2087, ha validado la comunicación a las personas trabajadoras afectadas por un ERTE Fuerza mayor COVID-19 mediante e-mail, considerando que, a través de tal canal de comunicación, quedaran salvaguardados los derechos fundamentales de los trabajadores.
“(…) previendo el artículo 3.1 del Código Civil que debemos de interpretar las normas conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, nunca unas circunstancias fueron tan determinantes para permitir apartarse de lo que son los hábitos y usos ordinarios en las comunicaciones entre empresario y trabajador, de tal suerte que hemos de considerar que el medio empleado por la demandada para informar a los trabajadores acerca de su inclusión en el ERTE por fuerza mayor, fue un sistema adecuado atendiendo a las circunstancias concurrentes en ese momento, no constando a mayores que a través de tal canal de comunicación no quedaran salvaguardados los derechos fundamentales de intimidad de los trabajadores, ni se garantizase la autenticidad y fehaciencia de lo comunicado. La demanda, por consiguiente, ha de ser desestimada”.
CUESTIONES
1. ¿El silencio administrativo en los ERTE por Fuerza Mayor, se considera positivo?
Ni el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, ni el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, fijan las repercusiones del silencio administrativo por parte de la autoridad laboral, por lo que, atendiendo al régimen del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado regulado en el art. 24Ley 39/2015, de 1 de octubre, como regla general, se otorga al mismo sentido positivo.
2. ¿Cómo puede obtenerse un certificado de silencio administrativo como positivo para aportar en caso de que con posterioridad resulte necesario?
El art. 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, fija que los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver.
A TENER EN CUENTA. Algunas CC.AA regularon en su momento, mediante normativa propia, el plazo para dictar resolución por parte de la Autoridad Laboral. A modo de ejemplo:
Castilla y León
ORDEN EEI/334/2020, de 30 de marzo, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, que tengan su causa en el COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma.
Se amplía el plazo de resolución a 10 días.
Galicia
ORDEN de 31 de marzo de 2020 por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, tramitados por la Secretaría General de Empleo así como por las respectivas jefaturas territoriales en función de los respectivos ámbitos territoriales de afectación.
Resolución de 30 de marzo de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral por la que se acuerda la ampliación del plazo para resolver y notificar los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la Comunidad Valenciana.
Se amplía el plazo de resolución a 10 días.
Asturias
Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, tramitados por la Dirección General de Empleo y Formación.
El plazo de cinco días desde la solicitud del ERTE es para dictar resolución, no para notificar. Entiende la Sala que una cosa es la necesidad por parte de la Autoridad Laboral de emitir resolución en el plazo de cinco días desde la solicitud en base al art. 22 citado, y otra distinta que este plazo opere para la notificación de esta, sin perjuicio de ser ampliado excepcionalmente el plazo de 10 días (art. 21.5 Ley 39/2015). En el caso de autos no se acepta la existencia de silencio administrativo positivo dado que el 27/03/2020 se registró la comunicación de ERTE Fuerza Mayor COVID-19, dictándose resolución negativa el 03/04/2020 (quinto día hábil) y se comunicó a la empresa el 12/04/2020, es decir antes de los 10 días hábiles el plazo para resolver y notificar que fija la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El silencio administrativo, en procedimientos iniciados a solicitud del interesado -como son los ERTES por fuerza mayor COVID-19-, según la normativa aplicable como regla general, se entiende en sentido positivo. Según el fallo, atendiendo al régimen del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado regulado en el art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, como regla general, se otorga al mismo sentido positivo, no encontrándonos ante un supuesto en el que se establezca lo contrario, por lo que, debe entenderse aprobada la solicitud de la empresa por silencio administrativo positivo, si bien, con posterioridad pudiera recaer resolución expresa autorizando/anulando el ERTE por fuerza mayor.
Acciones ante la jurisdicción social
A. Con carácter general
Los trabajadores podrán impugnar la decisión empresarial sobre la extinción de contratos o las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada en los términos establecidos en los arts. 15 y 24Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
B. Especificaciones situación COVID-19
La impugnación de resolución negativa por parte de la autoridad laboral de un ERTE fuerza mayor Covid-19 no tiene previsiones normativas específicas o especiales en el art. 22.2 RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo. Debiendo seguir el art. 33.5Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, donde se prevé que “…la resolución de la autoridad laboral que no haya constatado la existencia de fuerza mayor por la empresa podrá ser impugnada por el empresario ante la jurisdicción social”. Lo que supone la necesidad de:
a) Agotar la vía administrativa recurriendo previamente en alzada la resolución denegatoria.
Se declara no conforme a derecho la resolución administrativa denegando ERTE por fuerza mayor al entender que queda acreditado que la reducción de actividad (empresa construcción) está vinculada a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19, como exige que así sea el art. 22.1 del RDL 8/2020. La oficina Territorial de Trabajo en fecha de 15-04-2020 dictó Resolución por la que se acuerda no constatar la existencia de fuerza mayor, como causa para suspender los contratos de un trabajador relacionados en la solicitud -en una empresa con C.N.A.E. 4211 dedicada a la actividad de construcción de carreteras y autopista-, dado que no aporta ningún tipo de documentación que acredite vinculación de pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19. Además, indica la resolución, que su actividad no se encuentra suspendida ni acredita circunstancia alguna que pueda ser valorada al respecto, en relación con el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, concluyendo que el expediente no tiene encaje dentro de los supuestos de suspensión de las relaciones laborales por fuerza mayor, previsto en las normas citadas.
Interpuesto recurso ante la jurisdicción social por parte de la empresa, el Juzgado de lo Social, entiende que la situación de fuerza mayor queda acreditada con la reducción de actividad vinculada a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19, como exige que así sea el art. 22.1 del RDL 8/2020: “La resolución impugnada si bien se encuentra motivada, no obstante, la motivación de la denegación no es ajustada a derecho en tanto en cuanto se basa en la inexistencia de la paralización o suspensión total de la actividad. Y es que no es necesaria la existencia de una paralización o suspensión total de la actividad, sino la existencia acreditada de “pérdidas de actividad” como consecuencia del COVID-19. Lo que, además, resulta coherente con la medida propuesta que es la de reducción del 50% de la jornada laboral de la trabajadora afectada. Sin perjuicio de que los otros trabajadores que forman la plantilla de la empresa sigan trabajando y no se vean afectados por el ERTE”.
CUESTIÓN
¿Cuál es la duración de los expedientes de regulación de empleo en causa de fuerza mayor por COVID-19?
Inicialmente, la duración de los expedientes de regulación de empleo en causa de fuerza mayor COVID-19 se relacionó con la duración del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus posibles prórrogas. Con posterioridad, el art. 1Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, prorrogó su vigencia (tanto en su posibilidad total como parcial) hasta el 30 de junio de 2020, habilitando al Consejo de Ministros, llegada esa fecha, a prorrogar los ERTE, así como, por el tiempo y en los porcentajes que se fijen, prorrogar las exenciones en las cotizaciones previstas, o incluso las medidas de protección por desempleo.
Actualmente, los ERTES Fuerza Mayor COVID-19 se han prorrogado hasta (en principio) el 31/05/2021.
Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas de los expedientes de regulación de empleo en causa de fuerza mayor por COVID-19
El Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, desarrolló un régimen sancionador con la implementación de los mecanismos de control y sanción necesarios que eviten comportamientos fraudulentos en la percepción de las prestaciones. En el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, se refuerzan estos mecanismos de control y sanción. Concretamente, se regula la sanción de los comportamientos de las empresas que presenten solicitudes que contengan falsedades e incorrecciones en los datos facilitados y se establece una responsabilidad empresarial que implica la devolución, por parte de la empresa, de las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores y trabajadoras, cuando no medie dolo o culpa de estos
Siguiendo la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en relación a las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.
Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, cuando dicha circunstancia se deduzca de las falsedades o incorrecciones en los datos facilitados por aquellas y siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas en las cuotas a la Seguridad Social.
El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, dará lugar a la devolución de las prestaciones indebidamente generadas. En tales supuestos, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
La obligación de devolver las prestaciones previstas en el párrafo anterior será exigible hasta la prescripción de las infracciones referidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que resulten aplicables.
La persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al período de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que hubiera percibido en concepto de prestación por desempleo.
CUESTIÓN
¿Es compatible un ERTE Fuerza Mayor COVID-19 con el restablecimiento de un contrato de concesión de servicios públicos?
Siguiendo la STS de 25 de enero de 2021, el ERTE por fuerza mayor es compatible con el derecho del contratista o concesionario de un servicio público al restablecimiento del equilibrio económico del contrato. El contratista que estime encontrarse en alguna de las situaciones definidas en el RD Ley 8/2020, podrá hacer uso, en su caso, de la correspondiente solicitud dirigida al órgano de contratación en la forma prevista en dicha norma.
Limitaciones asociadas al COVID-19
El vigente Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, ha supuesto la continuidad de las medidas que podríamos denominar “protectoras” asociadas a los ERTES COVID. En concreto, su art. 3 establece la prórroga de los efectos del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, tales como las especialidades aplicables a los expedientes vinculados a la COVID-19 pero basados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los límites relacionados con el reparto de dividendos y la transparencia fiscal, las horas extraordinarias y las nuevas externalizaciones, así como las limitaciones y previsiones establecidas en relación con las extinciones basadas en las causas que fundamentan los ERTE relacionados con la COVID-19 y la interrupción del cómputo de los contratos temporales. A modo de recordatorio:
A. Límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia fiscal
Los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al reparto de dividendos para empresas y sociedades acogidas a determinadas medidas de regulación temporal de empleo, recogidas en el artículo 5 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, seguirán vigentes en los términos establecidos en dicho precepto (art. 4Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre).
B. Horas extraordinarias y nuevas externalizaciones de la actividad durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor
No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse o reanudarse externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o a través de empresas de trabajo temporal, durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor (art. 7Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre).
Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, directas o indirectas, o externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras.
Estas acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
C. Salvaguarda del empleo
En lo que se refiere a la salvaguarda de empleo, el preámbulo del RDL 2/2021, es especialmente claro. Se prevé la prórroga de los efectos del artículo 5 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de manera que las condiciones aplicables a dicha salvaguarda, tanto respecto de las exoneraciones disfrutadas con carácter previo a la entrada en vigor de este real decreto-ley, como respecto a las contempladas en el mismo, son las descritas en el citado artículo 5, así:
Las empresas que, conforme a lo previsto en este real decreto-ley, reciban exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, quedan comprometidas, en base a la aplicación de dichas medidas excepcionales, a un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo, cuyo contenido, requisitos y cómputo se efectuará en los términos establecidos en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y en el propio artículo 5 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
Si la empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento del empleo previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo previsto se producirá cuando aquel hubiese terminado”.
Una vez levantado el estado de alarma debe tenerse en cuenta la jurisprudencia sobre la suspensión de los contratos y el despido posterior, como la STS, Rec. 32/2014, de 17 de julio de 2014, ECLI:ES:TS:2014:4131 , que razona: “(…) ello exigirá, que concurra al menos una de estas dos condiciones, bien la concurrencia de una causa distinta y sobrevenida de la invocada y tenida en cuenta para la suspensión, bien tratándose de la misma causa, un cambio sustancial y relevante con referencia a las circunstancias que motivaron se autorizara dicha suspensión”.
Para que resulte posible solapar ERTE y ERTE es preciso, bien la concurrencia de una causa distinta y sobrevenida de la invocada y tenida en cuenta para la suspensión; o que, siendo la misma causa, exista un cambio sustancial y relevante con referencia a las circunstancias que motivaron la primera suspensión. La consecuencia del despido colectivo basado en las mismas causas que el ERTE durante el estado de alarma por razón del COVID, es la nulidad al igual que por el incumplimiento de la empresa de entregar la documentación exigida y necesaria para un adecuado conocimiento en la negociación, con los efectos del artículo 124.11 de la LJS.
D. Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales
La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.
1. ¿Puede la empresa rescindir contratos temporales durante la vigencia de un ERTE? ¿Afecta a los contratos no incluidos en ERTE?
Los arts. 2 (Medidas extraordinarias para la protección del empleo) y 5 (Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales) del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, tratan de fomentar la inclusión en ERTE a las personas trabajadoras con contratos temporales. Cuando esto sucede el cómputo del contrato se paraliza por lo que su extinción por término no es posible hasta que, una vez recuperada la actividad, se cumpla el nuevo plazo de duración.
A modo de ejemplo: Contrato temporal cuya duración originariamente se formalizó hasta el 5 de septiembre 2020, pero ha estado suspendido desde el 1 al 30 de agosto (30 días). La interrupción es igual al período en que el contrato haya quedado suspendido, por lo tanto, el contrato no vencerá el 5 de septiembre 2020, sino el 5 de octubre.
La medida afecta a los contratos temporales incluidos en ERTES asociados a la COVID-19. No afecta, a los contratos no incluidos en el ERTE.
2. ¿Los contratos de obra -sin una fecha de límite concreta- quedarían excluidos de esta suspensión de plazo?
Los contratos de obra -sin una fecha de límite concreta- quedarían excluidos de esta suspensión de plazo (siempre que la obra o servicio termine por causa distinta al COVID-19).
El Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, fija que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22-23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
De esta forma, durante la duración del ERE temporal no se extingue ningún contrato de trabajo por motivos asociados al covid-19 (de hacerlo se trataría de un despido improcedente). En el caso de los contratos eventuales la fecha de finalización se ampliará por el tiempo que se estuvo en el ERTE. Lo mismo en caso de un contrato formativo o relevo.
No obstante, si la obra o servicio termina –por causa distinta al covid-19-, desaparece la causa de la temporalidad y el contrato terminará con independencia de que se hubiera incluido en un ERTE.
En relación con el compromiso de empleo, la D.A. 14ª Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aclara: “(…) en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación”.
3. ¿Puede la empresa rescindir contratos temporales en caso de decaer el objeto del este?
Si una vez finalizado el periodo de suspensión, tras la reanudación de la actividad durante el periodo de prórroga, o durante el tiempo ampliado concurriese alguna causa que “haga decaer el objeto del contrato”, esto es, que le ponga fin de manera válida y objetiva (finalización del tiempo convenido o por la imposibilidad de realizar la obra objeto de la contratación), se entenderá plenamente eficaz la extinción del mismo de acuerdo con los requisitos y el régimen jurídico previsto en el artículo 49.1.c) ET, no computando a efectos de cálculo para el mantenimiento del empleo.
La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.
Ante la defectuosa redacción de la norma –sin aclarar si los despidos por coronavirus realizados sin tener en cuenta la previsión legal se considerarán improcedentes o nulos–, la inseguridad jurídica en la materia queda patente con los distintos pronunciamientos judiciales interpretando el art. 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, que van desde la declaración de la nulidad del cese a su improcedencia.
Declaración de improcedencia. La SJS de Barcelona, Rec. 348/2020 de 10 de julio de 2020, ECLI:ES:JSO:2020:2248, ha considerado que el despido sin causa asociado al COVID-19 debe ser declarado improcedente, no nulo, puesto que las causas de nulidad están expresamente tasadas en la normativa. La Sala de Social, en este caso considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:
Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial consolidada sobre los despidos sin causa.
Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos fundamentales.
Porque el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición. Se limita a apuntar que las causas de fuerza mayor o de carácter económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el COVID-19, que podrían justificar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de los previstos en el Real Decreto Ley 8/2020 “no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”. Y un despido sin causa es improcedente; pero no nulo.
Se considera improcedente el despido elevando la indemnización a 9 meses de salario, tenido en cuenta aspectos como:
El empleado había sido contratado 7 meses antes, lo que supuso un trasladó desde Argentina a España sujeto a un sueldo de 6.666,67 euros/mes.
El despido se efectuó en pleno estado de alarma por supuestas causas objetivas de carácter organizativo, que, en realidad, existían antes de su contratación.
La empresa sabía de antemano que el contrato no sería de muy larga duración.
Atendiendo a los parámetros legales para el cálculo de la indemnización por despido improcedente, la cuantía correspondiente a los 33 días/año trabajado, ascendería a 4.219 euros (ni un mes de salario), insuficiente -según el JS- para compensar al trabajador.
El despido supuso para el trabajador verse “en la calle, en un país que no es el suyo y sin cotización suficiente para acceder a la prestación contributiva por desempleo“.
Se considera que, la extinción de contrato de la actora se produjo como consecuencia de la situación derivada de la declaración del Estado de Alarma y la existencia de circunstancias que habilitaban a la empresa para adoptar las medidas previstas en RD 8/2020 por lo que, al extinguir la relación laboral de la actora no solo aduce una causa que no justifica la extinción, según los artículos 22 y 23 de RDL 8/2020 y artículo 2 de RDL 9/2020, sino que supone un incumplimiento de las disposiciones legales adoptadas por el legislador con la finalidad de evitar la destrucción de empleo, finalidad que se refleja en Exposición de Motivos (III) del RD 8/20, en que sostiene que las medidas del Cap. III del RD-Ley 8/20 están orientadas a evitar despidos y a conservar el empleo, y esa finalidad habrá de predominar en la hermenéutica que regula los despido en el ámbito excepcional del COVID-19, siendo esta finalidad la que justifica la redacción del art. 2 RD-Ley 9/2020.
Siendo así, termina el fallo:
“(…) consideramos de aplicación el art. 6.3 de Código Civil por cuanto la extinción del contrato de trabajo de la actora constituye un acto contrario a norma imperativa además de constituir un fraude de ley, art. 6.4 de Código Civil, pues la empresa se ampara en causa inexistente para conseguir un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, esto es, la extinción de la relación laboral a fecha 28.3.2020, cuando las normas vigentes proscriben la destrucción de empleo derivada de la situación excepcional del Estado de alarma derivado de COVID-19. En consecuencia procede declarar la nulidad del despido notificado a la actora con efectos de 28.3.2020, con las consecuencias previstas en artículo 55.6 TRLET”.
Declaración de procedencia. En la última vuelta de tuerca al asunto, la SJS de Barcelona, Nº 283/2020, de 15 de diciembre, ha sido la primera en considerar procedente un despido basado en las pérdidas económicas causadas por el impacto del COVID-19.
“En el presente caso la demandada ha acreditado varios elementos que justifican el despido. La bajada de facturación en el año 2019 respecto al 2018, y sobre todo de 2019-2020 sigue en regresión. Igualmente el hecho de que en el 3T de 2019 se perdiera un importante cliente (que sin duda repercute en la facturación), sin que el reconocimiento de que hubieran captado a otros clientes tuviera una repercusión en la facturación tal y como se observan de los fríos números. Todas estas circunstancias alejan cualquier viso de desproporción en la medida empresarial que aparece totalmente justificada. En cuanto a las medidas productivas, son de obviedad en el entorno notorio de la pandemia, los efectos en los clientes, proveedores (y de los diferentes “stake holders”), que supone una inevitable adaptación a las circunstancias”.
Para la Sala de lo Social, la imposibilidad de limitar los despidos atenta contra el derecho de libertad de empresa instaurada tanto por el art. 16 Tratado de la Unión Europea como por el art. 18 CE.
“El artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea, al disponer que la Unión establecerá un mercado interior, dispone que “obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social […]” Una economía de mercado competitiva requiere así mismo tanto la protección del derecho a la prestación de trabajo como la protección del derecho a la libertad de empresa, derecho fundamental este último que tiene reconocimiento expreso como tal en el artículo 38 de la Constitución Española y en la Carta Europea de Derechos Fundamentales cuyo artículo 16 reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales. Protege en consecuencia el marco normativo europeo tanto el derecho a emprender una actividad empresarial como el derecho a desarrollar la misma. Ciertamente el desarrollo de la actividad económica de los particulares no es enteramente libre, sino que está regulada por los poderes públicos y, por tanto, sujeta a diversos trámites, requisitos, reglas y/o prohibiciones, de forma que se ve limitada. Sin embargo, la limitación impuesta por los poderes públicos no puede ser de tal índole que vacíe de contenido el derecho e impida la propia actividad. La normativa española, en tanto en cuanto establece una prohibición incondicionada a una tradicional medida de readaptación empresarial de amplio reconocimiento en todas las economías de la Unión Europea, y que todas las legislaciones someten a varios requisitos formales, materiales y de compensación -en cuanto no es una causa imputable al trabajador- no respeta esa legalidad comunitaria, de establecer un marco común de desarrollo social y económico, por lo que generando derechos subjetivos en los justiciables merecen la protección y tutela de los órganos jurisdiccionales como tribunales de la Unión. Ciertamente se podría plantear la necesidad de instar una cuestión prejudicial en el ámbito del TJUE (art. 267 del TFUE), en el sentido señalado por la STC 37/2019 (y jurisprudencia constitucional que señala), pero como sea que esta resolución es susceptible de recurso (por lo que el planteamiento deviene una posibilidad pero no una obligación), y que en cualquier caso no se encontraría el juzgador ante dudas interpretativas, sino el pleno convencimiento (atendidas las notorias circunstancias actuales) de que la normativa interna no respeta dicho precepto del TUE (art. 3.3) y de consuno de la CEDF (art. 16), procede su inaplicación (STJCEE 15/07/1964 Costa-Enel) en tanto en cuanto es merecedora de tutela el derecho de la demanda reconocido en los preceptos del TFUE y CEDF señalados”.
A TENER EN CUENTA. Complementando lo anterior, la STSJ Madrid, Nº 1036/2020, de 25 de noviembre 2020, ECLI:ES:TSJM:2020:13714 rechaza la declaración de nulidad de los despidos sin causa asociados al impacto de la COVID-19 bajo una interpretación sistemática del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, donde “pudiendo haber calificado al despido como nulo, ha optado por no hacerlo”.
“(…) en el supuesto de autos, de los datos que constan acreditados no se infiere que la enfermedad que padecía el trabajador sea equiparable a una situación de discapacidad en el sentido indicado por la sentencia citada, toda vez que no consta más que un proceso de baja médica, en el momento del despido, sin que de las circunstancias acreditadas – ni tampoco de lo reseñado en el propio parte de baja – se infiera que fuera previsible su duración en el tiempo. Por lo expuesto, el despido debe ser declarado improcedente sin que proceda tampoco la petición de indemnización por daño moral al no apreciarse vulneración de derecho fundamental alguno ni acreditarse ningún daño moral más allá del inherente a cualquier despido improcedente”.
Denegación del ERTE Fuerza Mayor Covid-19 a un despacho de abogados por ser servicio esencial durante el estado de alarma. El despacho demandante presentó en su memoria, alegando como causa de la solicitud es la fuerza mayor «no ser la abogacía servicio básico e indispensable de conformidad con la regulación del estado de alarma». Sin embargo, a juicio del Juzgado de lo Social, el referido Real Decreto especifica como fuerza mayor, a fin de poder acogerse con base al estado de alarma a la regulación de la suspensión temporal como la que se pretende de los contratos de trabajo, “la suspensión o cancelación de actividades como consecuencia del COVID-19”; posteriormente, y en el Anexo del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, se establecen las actividades consideradas esenciales, y «en lógica consecuencia», excluidas de la suspensión o cancelación derivadas del estado de alarma, recogiéndose entre las mismas la actividad de abogados, procuradores, graduados sociales, traductores e intérpretes que asistan a los actos procesales no suspendidos por el Real Decreto 463/2020, cumpliendo con los servicios esenciales fijados para la Administración de Justicia, así como personas que prestan servicios en despachos y asesorías legales en materia de seguridad laboral.
Únicamente las actividades suspendidas por el estado de alarma, excluidas las especificadas en el Anexo del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, se pueden acoger al ERTE por fuerza mayor derivada de la declaración de la alarma sanitaria.
La Sala de lo Social confirma la resolución impugnada, en tanto en cuanto la actividad única de la empresa es la de asesoramiento legal y defensa jurídica, expresamente incluida en la relación de actividades esenciales, sin perjuicio de que, como igualmente se señala en la resolución administrativa, la empresa pudiere solicitar la autorización del ERTE con fundamento en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, con cumplimiento de los requisitos, presupuestos y procedimiento aplicable para dichas causas.
Contradiciendo el anterior pronunciamiento citado, se reconoce el derecho a realizar ERTE Fuerza Mayor Covid-19 a un abogado sobre su única empleada (secretaria encargaba de citar a clientes y responder llamadas) como consecuencia de la disminución sustancial de la actividad del Letrado para el que presta servicios.
“Pues bien, con la suspensión de los plazos procesales y la falta de notificación de resoluciones por parte de los Juzgados y Tribunales, la función de llevanza de la agenda del Letrado y control de los plazos procesales, no se puede llevar a cabo por la trabajadora, ni siquiera de forma telemática, al haberse prácticamente paralizado la actividad del Letrado para el que presta servicios, por lo que en la actualidad ‘carece de agenda’ hasta que no se alce la suspensión de los plazos procesales, que está vinculada a la declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas.
Por otra parte, la atención al público en el despacho del Letrado, tampoco se puede llevar a cabo por parte de la trabajadora, dada la limitación de la movilidad de las personas establecida en el artículo 7 del RD 463/2020, que solo permite circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las actividades expresamente permitidas, entre las que no se puede considerar incluida acudir al despacho de un abogado, ni siquiera dentro de los desplazamientos como causa de fuerza mayor, salvo que se tratase de algún asunto de los incluidos dentro de los servicios esenciales, si bien, en cualquier caso, son muy escasos y serían atendidos directamente por el Letrado, puesto que la trabajadora solo realiza funciones administrativas y no jurídicas.
A ello debe unirse el hecho de que el artículo 10 del mencionado RD 463/2020, acuerda la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, con las excepciones mencionadas en el mismo.
En consecuencia, a la vista de lo expuesto, dado que la actividad del letrado para el que la trabajadora presta servicios ha quedado suspendida y paralizada prácticamente en su totalidad, como consecuencia de la casi paralización de la actividad jurisdiccional, a salvo de los servicios esenciales por la declaración del estado de alarma derivado del COVID-19, la trabajadora codemandada se ha visto imposibilitada para continuar desempeñando su trabajo, resultando por tanto, que se cumplen los criterios exigidos en la normativa aplicable, por cuanto existe una imposibilidad objetiva de continuar prestando servicios, y ha sido consecuencia de la cancelación de actividades debido al COVID-19, por lo que no se aprecia razón alguna para haber denegado el expediente de regulación de empleo por razones de fuerza mayor solicitado.”
Se valida la denegación de ERTE al no constar acreditación alguna referente a la falta de suministros necesarios para el desarrollo de la actividad. “En el caso presente, en primer lugar, la actora considera que conforme al Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo debería haberse autorizado por la Oficina Territorial de Trabajo de Ávila el ERTE solicitado dada la actividad económica no esencial que desarrolla la demandante. Ahora bien, conforme a lo que se deduce del informe de la inspección de trabajo, cuyo contenido obra como hecho segundo de esta Sentencia, la actividad económica de la actora ha sido encuadrada en la fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración, correspondiente al CNAE 1072 según el listado del RD 475/2007 de 13 de abril por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009. Teniendo en cuenta el valor de presunción de veracidad de los informes evacuados por la Inspección de Trabajo (art. 77.5 de la Ley 39/2015), ha de tenerse en cuenta, a falta de prueba que desvirtúe el hecho constatado por la inspección, que la actividad desarrollada por la actora es la que consta en dicho Registro administrativo de actividades. En consecuencia, teniendo en cuenta lo previsto en el propio art. 10 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo la actividad que desarrolla la actora cumple con la excepción a la regla de suspensión de apertura de los establecimientos comerciales a la que se refiere dicho artículo (establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad…). En conclusión, respecto a esta cuestión no puede tener favorable acogida el argumento de la actora relativo a que la actividad desarrollada por ella esté incluida en el Anexo que desarrolla el art. 10.3 de dicho Real Decreto, como si croissanteries y asimilables se tratase.
En lo que respecta a la cuestión referida a la alegación concreta de la solicitud formulada por la actora relativa a que la causa de fuerza mayor es debida a la Anulación de ingresos por cierre total de los puntos de venta como consecuencia de la declaración del estado de alarma, que implica la cancelación de la actividad de fabricación y venta de productos de pastelería y confitería, y la falta de suministros necesarios para el desarrollo de la actividad, así como por la prevención en la difusión y transmisión del virus COVID-19 entre empleados y clientes y teniendo en cuenta lo dicho con anterioridad sobre la concreta actividad de las denominadas como esenciales que la actora desarrolla, a falta de prueba que acredite lo contrario, la pérdida de ingresos relacionados con el cierre total decidido motu propio por la demandante es incompatible con un caso de fuerza mayor. Por cuanto como ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal Supremo debe tratarse de un suceso que esté fuera del círculo de actuación del obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable, entre otras, la STS de 20-11-2018, Rec. 2/2018″.
“En todo caso si la parte acude al ERTE por fuerza mayor derivado de situaciones concretas referidas a la falta de suministros u otras urgentes y extraordinarias debe acreditar su existencia. En definitiva, son situaciones las alegadas por la actora que requieren de prueba que las acredite; tal y como el propio contenido del art. 22.1 lo exige. Lo que sin duda constituye un claro reflejo en el procedimiento judicial de la carga de la prueba derivado del art. 217.2LEC.
Llevado al caso lo anterior ha de concluirse con que no consta acreditación alguna referente a la falta de suministros necesarios para el desarrollo de la actividad, al que la parte actora se refiere en su solicitud administrativa. Se desconoce qué tipo o clase de suministro necesario para el desarrollo de la actividad de la actora son los que la parte no recibe”.
La Fundación Mallorca Turismo, publica nuevas ayudas de carácter extraordinario, que tienen por objetivo contribuir a paliar los efectos de la pandemia en negocios como los de distribución mayorista de mercancías. Llegan poco después de haber convocado para la restauración, los gimnasios, otros centros deportivos y escuelas de danza y ascienden a un total de 12,5 millones de euros.
El Consell de Mallorca, a través de la Fundación Mallorca Turismo, abre una nueva convocatoria extraordinaria de un millón de euros para paliar los efectos de la Covid-19 en los sectores económicos de la isla. El Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) ya ha publicado estas ayudas y ya está abierto el plazo para solicitarlas.
Así, las empresas dedicadas a la distribución mayorista de toda clase de mercancías, de materias primas agrarias, productos alimenticios, y otros productos que se han visto afectados por el cierre de los bares y restaurantes pueden optar a ayudas directas de 1.500 euros. Además, esta convocatoria también posibilita que aquellas salas de baile y discotecas con ERTE desde el mes de marzo de 2020 puedan solicitar también 1.500 euros en concepto de ayuda.
En ambos casos la ayuda puede ser de máximo 3.000 euros por persona (es decir, dos establecimientos por cada solicitante) y la solicitud podrá hacerse en línea desde el pasado viernes 5 de febrero hasta el próximo día 28 de febrero de 2021.
La información completa y los enlaces para las solicitudes puedes encontrarlos aquí: www.ajutsmallorca.com y recuerda que en Moya & Emery puedes recibir un completo asesoramiento sobre todas las ayudas y subvenciones disponibles para todos los distintos sectores de actividad y podemos acompañarte en todo el proceso de solicitud, que se realiza de manera telemática.
Ayudas a los sectores económicos más afectados
La Fundación Mallorca Turismo destina un millón de euros a esta convocatoria. De este modo, la institución insular pone a disposición de la ciudadanía recursos públicos para ayudar a superar la complicada situación económica que ha dejado la pandemia. Estas ayudas se suman a las ya publicadas anteriormente: dos convocatorias de un total de 10 millones de euros para el sector de la restauración (1.500 euros para restaurantes, bares, cafeterías, heladerías, horchaterías) y otra para gimnasios y escuelas de danza por un valor total de 1,5 millones de euros (en este caso, 3.000 euros por establecimiento).
Todo ello se enmarca en la voluntad del Consell Insular de paliar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia y surge de la interlocución y la colaboración con el Gobierno balear, la sociedad civil, partidos políticos y agentes sociales y económicos.
Fundación Mallorca Turismo
Recordemos que el mes de enero se creó una oficina específica dentro de la Fundación Mallorca Turismo para gestionar, tramitar y conceder de la manera más sencilla y rápida posible todas las ayudas para la reactivación económica que contribuirán a paliar la situación generada por la pandemia del Covidien-19.
De momento, la Fundación ha recibido 221 solicitudes de ayuda de parte de gimnasios, escuelas de danza y otros centros de deportes, y este fin de semana habrá abonado los primeros 150.000 euros de esta convocatoria. Por otra parte, a finales de semana se habrán abonado ya 3,1 millones de euros de la convocatoria de restauración.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en adelante ITSS), sigue con sus campañas para detectar posibles fraudes a las arcas de la Seguridad Social. Primeramente, con la campaña inspección consistente en revisar los ERTES derivados de la pandemia de la COVID-19 en aras a detectar posibles irregularidades (comunicaciones extemporáneas de trabajadores que entran y salen del ERTE, constatación de la concesión del ERTE, etc.) y evitar la aplicación de exoneraciones indebidas en las cuotas de la Seguridad Social. Ahora, con la campaña de inspección dirigida a los empleadores del sistema especial de empleadas del hogar para comunicarles la necesidad de regularizar y actualizarlas condiciones salariales y cotizaciones de las personas empleadas en este régimen.
La comunicación acerca de la obligación de proceder a actualizar o regularizar la situación a las personas que hacen uso de empleados/as del hogar se está realizando por carta y la campaña tiene como objetivo sensibilizar a los empleadores/as sobre sus obligaciones, además de poner a su disposición asesoramiento, asistencia, ayuda técnica e información para que puedan, de la forma más sencilla, proceder a la regularización de las condiciones salariales y cotizaciones de sus empleadas. Se trata de actualizar los salarios de estas trabajadores y trabajadores que se encuentren por debajo del salario mínimo interprofesional -950 euros desde el año 2020- y, con ello, las cotizaciones a la Seguridad Social, ya que estas cotizaciones dependen del salario percibido. De esta manera, se pretende protegera las empleadas del hogar, evitando la merma de sus condiciones laborales, así como luchar contra la economía irregular ante la multitud de denuncias y comunicaciones presentadas ante la ITSS. Literalmente, el fin de este plan de actuación consiste en ajustar la cuantía actualmente marcada del SMI en un sector feminizado y precarizado.
¿Cómo deberían quedar los salarios en este régimen? Si se trabaja a jornada completa, el salario mínimo debe ser 950€/mes por 14 pagaso 1.108,33€ en caso de prorratearse las pagas (950 € x 2 pagas / 12 meses = 158,33 € importe prorrateo pagas extras). Si se trabaja por horas, el mínimo a cobrar debe ser 7,43 €/hora.
¿Cómo pueden regularizar los empleadores/as la situación de sus trabajadores? El empleador deberá comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social el salario real y actual desde el 1 de enero de 2021 de su empleada, sin que, como ya hemos señalado previamente, el mismo pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional.
El complicado horizonte laboral que nos ha deparado la pandemia del COVID no puede ser óbice para que se permita la manga ancha frente al incumplimiento de las obligaciones con respecto a unos trabajadores, en su inmensa mayoría mujeres, históricamente ejercientes de una actividad tan necesaria como precarias siguen siendo sus condiciones laborales.
Artículo original de Marga de Matos para el digital canal4 diario
Debes saber que la Ley de Segunda Oportunidad puede ser el mecanismo adecuado para poder salir de dicha situación en caso de que seas un particular o persona física. Con esta ley podrás poner en marcha un procedimiento en el que solicitar que se cancelen tus deudas, llegando a un acuerdo con tus acreedores, siempre que cumplas con todos los requisitos exigidos por la ley.
En el vídeo siguiente vídeo del consultorio jurídico de Radio Calvià, Neus Lafuente, de Moya & Emery, responde a las siguientes preguntas sobre la Ley de Segunda Oportunidad:
• ¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?
• ¿A quién va destinado este mecanismo?
• ¿Cuáles son los requisitos?
• ¿Cuánto tiempo tarda en resolverse la ley de segunda oportunidad?
• ¿Desde qué momento se congelan mis deudas e intereses?
• En el caso de acuerdo extrajudicial, ¿tienen que estar todos los acreedores de acuerdo?
• ¿Cuál es la función del notario en el proceso?
• ¿Cuál es la función del juez en el procedimiento?
• ¿Cuál es la función del mediador concursal?
• ¿Cuál es la función de los abogados en el procedimiento?
• ¿Se puede acoger cualquier persona?
• ¿Quedará afectado mi patrimonio si me someto a ésta ley?
• ¿Tengo que dejar de pagar todas mis deudas?
• ¿Qué ocurriría si me demandan los acreedores mientras estoy en el procedimiento?
• ¿Puedo seleccionar las deudas que presentar a concurso?
• ¿Qué ocurriría si una vez canceladas las deudas se descubre que tengo patrimonio oculto?
• ¿Si debo a hacienda y a la seguridad social puedo acogerme a la ley?
• ¿Qué pasaría si eres coporopietaria de un inmueble?
• ¿Qué pasaría si me viene mejor fortuna una vez me han cancelado las deudas?
• ¿Después de tener el auto de cancelación de deuda podría comprarme una casa?
• ¿y podría pedir un préstamo?
• ¿Qué documentación necesitamos para iniciar el prodecimiento?
El Consell de Mallorca, a través de la Fundación Mallorca Turismo, con la colaboración del Govern de les Illes Balears, con el fin de ayudar a paliar los efectos económicos negativos que generan las medidas para controlar la COVID-19 en el sector del deporte ha dispuesto la convocatoria de ayudas, que puedes consultar en el BOIB a través de este enlace.
Si eres titular de un gimnasio o escuela de danza en Mallorca puedes acceder a una ayuda de 3.000€ por establecimiento con un máximo de dos (6.000€). El montante dispuesto para este tipo de ayudas asciende a millón y medios de euros.
Para conocer los requisitos y la documentación necesarios para acceder a estas ayudas puedes consultar toda la informaciónaquíy realizar la tramitación electrónica de la subvención, a partir de mañana domingo, aquí. Por supuesto, si precisas cualquier información adicional de ésta y otras medidas de ayuda para el sector del deporte u otro sector de actividad al que pertenezcas, ya sea como trabajador autónomo o como empresa, no dudes en ponerte en contacto con Moya & Emery:
No, se trata de una prestación diferente y extraordinaria, recogida en el Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 (ARTICULO 17), puesto que, entre otras cuestiones, se han modificado cuantía, duración y requisitos de acceso a la misma con el objetivo de que pueda acogerse un mayor número de beneficiarios. La vigencia está limitada a un mes a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, por el que se ha declarado el estado de alarma para la gestión de la crisis ocasionada por el Covid-19. En todo caso, si el estado de alarma se prorrogara más allá del mes de duración inicial, la prestación finalizará el último día del mes en que se finalice dicho estado de alarma.
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos cuyas actividades hayan quedado suspendidas por la declaración del estado de alarma (según el anexo del RD 463/2020),
O, en otro caso, cuando la facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida al menos un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
Sí, los que tengan trabajadores a su cargo y hayan tenido que cerrar por la declaración del estado de alarma o sufrido una reducción de su facturación al menos de un 75%, pueden presentar un ERTE para sus trabajadores y solicitar a su vez esta prestación extraordinaria.
Estar afiliados y en alta en Seguridad Social en la fecha de la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020), ya sea en el Régimen de los Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
Sólo en el supuesto de que su actividad no se haya suspendido por la declaración del estado de alarma, deberán acreditar la reducción de su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación al menos en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto, una vez acreditada, producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
A diferencia de la prestación ordinaria del Cese de Actividad, no se exige un periodo de cotización de 12 meses para acceder a la prestación.
Durante el periodo de percepción de la prestación extraordinaria por cese de actividad, el trabajador autónomo que suspenda la actividad no deberá tramitar la baja en la Seguridad Social y continuar de alta en su actividad económica en Hacienda.
Si la causa del derecho a la prestación es la reducción de la facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación en un 75 por ciento en relación con la efectuada en el semestre anterior, deberá permanecer, en todo caso, de alta en el correspondiente régimen de Seguridad Social, para que le sea de aplicación la normativa excepcional del RDL 8/2020.
Durante el periodo de percepción de la prestación extraordinaria por cese de actividad el trabajador autónomo que suspenda la actividad no deberá tramitar la baja en la Seguridad Social, es necesario por tanto que continúe de alta en el régimen de autónomos.
No. Transcurrida la duración de la prestación volverán, en su caso, a ser de aplicación los beneficios en la cotización que se vinieran disfrutando con anterioridad a la concesión de esta prestación.
No, este periodo de prestación no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
Las cuotas ingresadas que se superpongan con alguno de los días del periodo durante el que se tiene derecho a la prestación de carácter extraordinario han sido devueltas por la Tesorería General. La resolución del reconocimiento del derecho a la devolución se ha notificado en la SEDESS y el importe se ha abonado en la misma cuenta bancaria en la que se efectuó el cargo. En el caso de no haberse tramitado la devolución puede solicitarla a través del correspondiente servicio de la SEDESS.
Como se ha comentado, estos trabajadores tendrán derecho a la prestación si acreditan la caída en la facturación de al menos un 75%, no existiendo problema alguno en compatibilizar la prestación y la actividad.
Se determinará aplicando el 70% a la base reguladora, calculada igual que en la prestación ordinaria del cese de actividad, o sea el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores.
Como no se exige el periodo de 12 meses de cotización para acceder a la prestación, cuando éste no se acredite la cuantía de la prestación será siempre equivalente al 70% de la base mínima de cotización del Régimen de Autónomos que será aplicable también a los Trabajadores del Mar (70% de 944,35€=661,04 €).
Tendrá una duración de un mes, ampliándose hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma en el caso de que dicha situación se prorrogue más allá del mes establecido.
Además, el tiempo que dure su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que pueda tener derecho en el futuro.
El trabajador que cumpla con los requisitos tendrá derecho a percibir la prestación con efectos del 14 de marzo de 2020, fecha en la que entró en vigor el RD 463/2020 que declaró el Estado de Alarma.
Aquellos cuya actividad se encuentra entre las suspendidas por el RD 463/2020:
Solicitud de prestación y declaración jurada.
Modelo 145 de datos al pagador.
Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte.
Número de Cuenta Bancaria, código IBAN.
Los dos últimos recibos de cotización.
Libro de familia en el caso de hijos a cargo.
Además de esta documentación, cuando la causa de la prestación sea la disminución de la facturación deberán de acreditar dicha reducción. En el formulario de la página web se indicará la documentación a presentar en cada caso.
Esta prestación será compatible con cualquier otra prestación de seguridad social que el beneficiario viniera percibiendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será incompatible con la percepción de la ayudas por paralización de la flota.
La gestión de esta prestación corresponderá a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina en el ámbito del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, si los trabajadores autónomos tienen cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades con esta entidad gestora de la Seguridad Social.
Si tiene cubierta esta protección con el Instituto Nacional de la Seguridad Social debe solicitar la prestación ante la Mutua Colaboradora por la que opte en el momento de solicitar la prestación.
Además, también puede acceder al modelo de solicitud de las ayudas y los anexos con las declaraciones responsables exigidas, que también encontrará en la pagina oficial habilitada al efecto http://ajutsmallorca.com/:
Si está usted interesado en recibir más información sobre esta nueva ayuda disponible, pida cita con Moya & Emery y le guiaremos durante todo el proceso de solicitud de ayudas a la restauración de Mallorca, que, en este caso sólo admite una solicitud por vía electrónica.
La pandemia de la COVID-19 ha supuesto una crisis sanitaria a nivel mundial sin precedentes, que se ha transmitido de manera volátil e inusitada al tejido económico y social, provocando una paralización de la economía mundial.
En el caso de España, la expansión de la enfermedad obligó a la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se estableció el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que conllevó importantes medidas restrictivas de la movilidad y la economía que implicaron el cese parcial o total de determinadas actividades.
La comunidad autónoma de las Illes Balears, con un modelo económico de marcado carácter terciario y propulsado por actividades turísticas, ha sido uno de los territorios más afectados por la crisis sanitaria de la COVID-19, que se inició previamente al lanzamiento masivo de la temporada turística del año 2020. No deben obviarse las dificultades del sector turístico que desarrolla su actividad en un entorno económico globalizado, profundamente cambiante.
Para dar respuesta, desde un punto de vista social, a la situación generada por la crisis de la COVID-19, el Gobierno del Estado aprobó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante el cual se garantizaron medidas de flexibilidad y de protección del tejido productivo y social de nuestro país, a través de la figura jurídica de los expedientes de regulación temporal de empleo (en adelante ERTE).
En la comunidad autónoma de las Illes Balears los ERTE han tenido un especial nivel de cobertura, gracias a la inclusión de las trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos, inclusive aun cuando no habían sido llamados antes del inicio del estado de alarma, de manera que se han visto protegidos mediante una prestación extraordinaria por desempleo.
A pesar de los esfuerzos del Govern de las Illes Balears y de los agentes sociales por impulsar la temporada turística durante el año 2020, con un con una mayor activación en el mes de julio, fruto de los resultados de la Prueba Piloto para un turismo seguro, la evolución de la crisis sanitaria impidió extender la reactivación del sector desde mediados del mes de agosto. Así las cosas, la crisis de la COVID-19 significó además de un inicio tardío de la temporada turística, una finalización anticipada de la misma, pues suele darse por concluida, con carácter general, en los meses de octubre y noviembre.
Ante esta situación se hacía imprescindible garantizar la protección de las trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos, pues son quienes responden a la estacionalidad de la actividad turística en nuestras islas, además de dar cobertura al tejido empresarial, evitando una situación de descapitalización que podría generar la obligación de abonar cuotas de Seguridad Social en periodos prolongados de inactividad.
Con este propósito, el 16 de septiembre de 2020, la Mesa de Diálogo Social de las Illes Balears acordó establecer el 30 de septiembre como fecha de fin de temporada y actividad para las trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos. De este modo, se habilitó a las empresas para que procedieran a interrumpir la relación laboral del colectivo de fijos discontinuos, quedando exentas de la obligación de abonar las cuotas de Seguridad Social correspondientes a estas personas trabajadoras. Este acuerdo tuvo traslado a la Instrucción del Conseller de Model Econòmic,Turisme i Treball, de 29 de septiembre, sobre finalización de la temporada de las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo, publicada el 30 de septiembre en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).
Para evitar la desprotección prestacional del colectivo de fijos discontinuos una vez interrumpida la relación laboral, la Mesa de Diálogo Social acordó solicitar al Ministerio de Trabajo y Economía Social el establecimiento de una prestación extraordinaria por desempleo, con las mismas condiciones que las inicialmente reconocidas en el Real Decreto Ley 8/2020, que además permitiera la flexibilidad de entrada y salida a la prestación sin ningún perjuicio para la trabajadora o trabajador.
El acuerdo y las solicitudes alcanzadas en la Mesa de Diálogo de las Illes Balears tuvieron su reconocimiento y materialización en el Real Decreto Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, aprobado por el Gobierno de España. El artículo 9 de la mencionada norma reconoció el derecho de las trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos a percibir, desde el inicio del periodo de inactividad, una prestación extraordinaria en la misma cuantía que la reconocida durante la afectación por el expediente de regulación temporal de empleo, con una vigencia hasta el 31 de enero de 2021. Asimismo, se dotó de flexibilidad a la medida, permitiendo a empresas y personas trabajadoras ajustar la entrada y salida de la prestación a las necesidades productivas de la actividad económica.
Como bien es conocido, recientemente, y fruto también del trabajo realizado por el diálogo social de las Illes Balears, la Mesa de Diálogo Social de nivel nacional ha alcanzado un acuerdo en materia de prorroga de las medidas de protección del empleo hasta el 31 de mayo de 2021. En este sentido, se han prorrogado, hasta la indicada fecha, las distintas figuras de ERTE vigentes al amparo del Real Decreto Ley 30/2020, las medidas extraordinarias en materia de cotización a la Seguridad Social vinculadas a los mismos, y también las prestaciones extraordinarias para las trabajadores y trabajadoras, incluida, la correspondiente a la protección del colectivo de fijos discontinuos.
De este modo, y hasta el 31 de enero de 2021, se blinda la protección de las trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos, medida fundamental para el mercado laboral de nuestras islas, debido a la particular importancia de esta figura jurídica en la actividad turística y su volumen en la población activa.
Acuerdo
En el momento actual, en España y en la mayoría de países del mundo, entre ellos nuestros principales mercados emisores, se está registrando una tendencia ascendente en el número de casos de personas enfermadas por la COVID-19. La complicada situación epidemiológica por la que atravesamos ha propiciado la adopción, por parte de las Administraciones Públicas, de medidas sanitarias de prevención y protección de la COVID-19, que han supuesto la restricción de movilidad de las personas, y sustancialmente, de determinadas actividades económicas.
Como bien se ha expuesto anteriormente, el modelo económico de nuestras islas tiene como motor el sector terciario, turístico, que funciona y desarrolla su actividad en un entorno globalizado y de desplazamiento de las ciudadanas y ciudadanos. En este contexto de situación sanitaria, resulta necesario afrontar la protección de nuestro principal tejido productivo, a expensas de la fecha en la que pueda realizarse el lanzamiento de la temporada turística, evitando que puedan producirse procesos cierre.
Con este objetivo las partes acuerdan:
Garantizar la protección de las trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos mediante el acceso a la prestación extraordinaria que vienen percibiendo en base al artículo 9 del Real Decreto Ley 30/2020, con vigencia hasta el 31 de mayo de 2021.
Permitir a las empresas mantener a las personas trabajadoras del colectivo de fijos discontinuos en la protección extraordinaria hasta el 31 de mayo de 2021, evitando la necesidad de efectuar el correspondiente llamamiento e incorporación al expediente de regulación temporal de empleo que tuviere vigente la empresa. Con ello, se pretende la protección del empleo, pues se evita que las empresas deban asumir el abono de cuotas de la Seguridad Social correspondientes a este colectivo de empleadas y empleados, que podría dar lugar a procesos de descapitalización al tratarse de un periodo temporal sin actividad económica.
Sin perjuicio de lo anterior, se acuerda la flexibilidad para que las empresas ajusten el llamamiento de los trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos a las necesidades productivas que puedan tener lugar hasta el 31 de mayo de 2021, con la pertinente entrada y salida de la protección de la prestación extraordinaria y del ERTE, sin afectación para los derechos de la persona trabajadora.
Unfortunately, the provided information is not accurate and Moya & Emery wants to clarify that the mentioned military authorization is not required if a British wants to purchase an urban property (flats, villas, etc.) according to section 35.1 of the Royal Decree 689/1978.
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SELF-EMPLOYED. DEADLINE FOR WAIVER OF THE COVID-ASSOCIATED STOPPED ACTIVITY BENEFIT ENDS 31 JANUARY 2021 (unless extensions are approved in the next few days).
Article 13 of Royal Decree-Law 30/2020, of 29 September on employment protection measures, anticipating possible breaches of the requirements for access to the benefit by the self-employed, established two aspects to be taken into account: the possibility for the interested party to renounce the benefit or its refund.
Thus, after setting a series of requirements such as being registered and up to date in the payment of contributions, not being entitled to the “ordinary” unemployment benefit, not having income from self-employed activity in the last quarter of the 2020 financial year that exceeds the minimum interprofessional wage, or suffering, in the fourth quarter of 2020, a reduction in income from self-employed activity of at least 50% in relation to the income in the first quarter of 2020; the regulation allows the self-employed who have applied for payment of the benefit to renounce it at any time, and to do so at the same time as the self-employed who have applied for payment of the benefit:
– To renounce it at any time before 31 January 2021, with the renunciation taking effect the month following its communication.
– To return the benefit for cessation of activity on their own initiative, without having to wait for a claim from the mutual society collaborating with the Social Security or the managing body, when they consider that the income received during the fourth quarter of 2020 or the drop in turnover in the same period will exceed the established thresholds with the corresponding loss of entitlement to the benefit.
SELF-EMPLOYED. FROM 1 MARCH 2021, ALL PROVISIONAL RULINGS WILL BE REVIEWED.
The mutual insurance companies are already reviewing whether the self-employed who have been receiving unemployment benefits since 2020 meet the requirements, they have verified or will verify this in different periods and could request the return of the benefits if they do not meet the requirements.
From 1 March 2021, article 13.2 of Royal Decree-Law 30/2020, of 29 September, empowers the mutual insurance companies collaborating with the Social Security, or the Social Marine Institute, as the competent bodies for the recognition of the benefit, to request from the Ministry of Finance the tax data corresponding to the year 2019 and 2020 of the self-employed workers who are granted this extraordinary benefit.
Once the data has been checked by the collaborating or managing entity competent to recognize the benefit, it will proceed to claim the benefits received by those self-employed workers who exceed the income limits established in this provision, or who do not accredit a reduction in turnover during the fourth quarter of 2020 of at least 75% in relation to the same period in 2019.
The competent entity for the claim will set the date for payment of the amounts claimed, which must be made without interest or surcharge. Once the deadline has passed, the General Treasury of the Social Security will proceed to claim the outstanding debt, with the appropriate surcharges and interest.
In this mutual insurance company verification form, the self-employed person must attach – as a general rule – the income and expenditure ledger that includes all the invoices corresponding to the months in which they received the benefit and which they must compare to verify the drop of 75% or more in turnover with respect to the six months prior to the state of alarm (from September 2019 to February 2020).
In any case, the documentation to be provided will be required by the form itself, once you have entered and chosen the parameters that identify your type of taxation. In the event that the interested party is not entitled to the benefit, the procedures for claiming the amounts unduly received will be initiated.
To this end, the aforementioned entities will issue a decision setting the amount to be reimbursed, which must be made without interest or surcharge within the period indicated in the notification to the interested party.
Once the period established in the decision has elapsed, the Social Security General Treasury will proceed to claim the outstanding debt, with the appropriate surcharges and interest in accordance with the administrative collection procedure established in Royal Decree 939/2005, of 29 July, which approves the General Collection Regulations.
The institution would require the self-employed to pay a minimum of 2,000 euros – corresponding to 661 euros per month for three months at 70% of the minimum contribution base – together with the exemptions from contributions for the same period of time, which would amount to around 800 euros – once again, in the case of paying the minimum contribution base.
The refund must be made at once and within a period of around 10 days.
El socio y gerente de Moya y Emery, Nicolás Emery, invitado hoy al consultorio jurídico de Radio Calvià FM, ha dedicado el espacio radiofónico a hablar de la ayuda que el Govern balear ha dispuesto, en la cuantía de 1.500 euros mensuales, para bares, restaurantes, gimnasios y spas -negocios afectados por las últimas restricciones y cierres decretados en dichas actividades- durante los meses de enero, febrero y marzo.
Mira el vídeo completo del consultorio y entérate de ésta y otras ayudas dispuestas para autónomos, pequeñas empresas y trabajadores asalariados a nivel autonómico y estatal.
Este compromiso renueva el objetivo de proteger a las personas trabajadoras y a las empresas.
Es la tercera prórroga que alcanza el consenso con los interlocutores sociales.
Se mantiene la flexibilidad del modelo actual de ERTE por COVID y se simplifica la tramitación.
La salvaguarda del empleo se prorroga en los términos que rigen en la actualidad.
Haz clic en este enlace para ver en formato pdf la nota de prensa conjunta del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que se da cuenta de todos los detalles del acuerdo alcanzado.
Consulta Vinculante V3075-20, de 14 de octubre de 2020 de la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Deducibilidad del sueldo y las cuotas de la Seguridad Social del cónyuge y del hijo mayor de edad. Consultante tiene actividad económica de café y bar en la que trabaja su cónyuge e hijo. El gasto está vinculado a la actividad económica desarrollada, deberán los gastos, para su deducción, cumplir los requisitos de correcta imputación temporal, de registro en la contabilidad o en los libros registros que el contribuyente deba llevar, así como estar convenientemente justificados.
DESCRIPCIÓN
El consultante tiene una actividad económica de café y bar. En la actividad trabaja su cónyuge, que está dada de alta en el RETA como autónoma colaboradora.
Asimismo, un hijo mayor de edad va a trabajar en la actividad durante las vacaciones percibiendo un sueldo y va a cotizar a la Seguridad Social o por el régimen general o por el RETA.
Deducibilidad del sueldo y las cuotas de la Seguridad Social del cónyuge y del hijo en una actividad económica
CUESTIÓN
Deducibilidad del sueldo y las cuotas de la Seguridad Social del cónyuge y del hijo mayor de edad.
CONTESTACIÓN
1.- Deducibilidad del sueldo y de las cuotas de la Seguridad Social del cónyuge.
Junto a las reglas generales del artículo 28, el apartado 2 del artículo 30 recoge unas normas especiales para la determinación del rendimiento neto en estimación directa, estableciendo la 2ª de estas reglas especiales que “cuando resulte debidamente acreditado, con el oportuno contrato laboral y la afiliación al régimen correspondiente de la Seguridad Social, que el cónyuge o los hijos menores del contribuyente que convivan con él, trabajan habitualmente y con continuidad en las actividades económicas desarrolladas por el mismo, se deducirán, para la determinación de los rendimientos, las retribuciones estipuladas con cada uno de ellos, siempre que no sean superiores a las de mercado correspondientes a su cualificación profesional y trabajo desempeñado. Dichas cantidades se considerarán obtenidas por el cónyuge o los hijos menores en concepto de rendimientos del trabajo a todos los efectos tributarios”.
El requisito de afiliación al “régimen correspondiente de la Seguridad Social” hay que entenderlo referido al Régimen General, o a aquellos regímenes especiales aplicables a determinados sectores de trabajadores por cuenta ajena, es decir, que la afiliación a la Seguridad Social deberá realizarse a través del régimen que como trabajador por cuenta ajena le corresponda, no siendo válida la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, ya que éste no permite la afiliación de asalariados.
La posibilidad de que la Seguridad Social pudiera no admitir la afiliación del cónyuge o hijos menores al Régimen General, rechazando por escrito la solicitud e incluyéndolos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, ha llevado a este Centro directivo a interpretar en dicho supuesto que si el titular de la actividad puede probar que el cónyuge o los hijos menores trabajan en la actividad en régimen de dependencia laboral y se cumplen los restantes requisitos del mencionado artículo 30, en tales casos las retribuciones al cónyuge o hijos menores tendrían la consideración de gasto deducible.
En correspondencia con esta calificación, las retribuciones obtenidas por el cónyuge o hijos menores tendrán para estos la consideración de rendimientos del trabajo, rendimientos que estarán sometidos a la retención por el titular de la actividad económica. Esta doble calificación procede hacerla extensible también a las cotizaciones al Régimen de Autónomos correspondientes al cónyuge, en cuanto fueran satisfechas por el titular de la actividad.
Completando lo anterior, cabe indicar que si de acuerdo con lo expuesto las retribuciones al cónyuge o hijos menores no tuvieran la consideración de deducibles, las mismas tampoco tendrían la consideración de rendimientos para el perceptor.
2.- Deducibilidad del sueldo y de las cuotas de la Seguridad Social del hijo mayor de edad.
En primer lugar, se debe hacer constar que, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las prestaciones de trabajo realizadas a un empresario por un hijo/a mayor no tienen ninguna especialidad con respecto a las que podría prestar cualquier otra persona.
Realizada esta precisión, el artículo 28.1 de la LIRPF establece que “el rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este artículo, en el artículo 30 de esta Ley para la estimación directa, y en el artículo 31 de esta Ley para la estimación objetiva.”.
Esta remisión genérica a las normas del Impuesto sobre Sociedades para la determinación del rendimiento neto de actividades económicas, nos lleva al artículo 10 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 28 de noviembre), cuyo apartado 3 establece: “3. En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.”.
Conforme a ello, cabe concluir que los salarios satisfechos al hijo del consultante por desarrollar su trabajo en régimen de dependencia, así como de las cuotas del régimen general de la Seguridad Social o, en su caso, del RETA, tendrán la consideración de gasto deducible, a efectos de la determinación del rendimiento neto de la actividad, siempre que se cumpla lo dispuesto en el párrafo siguiente.
De acuerdo con lo anterior, la deducibilidad de los gastos está condicionada por el principio de su correlación con los ingresos, de tal suerte que aquéllos respecto de los que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad, que estén relacionados con la obtención de los ingresos, serán deducibles, en los términos previstos en los preceptos legales antes señalados, mientras que cuando no exista esa vinculación o no se probase suficientemente no podrían considerarse como fiscalmente deducibles de la actividad económica. Además del requisito de que el gasto esté vinculado a la actividad económica desarrollada, deberán los gastos, para su deducción, cumplir los requisitos de correcta imputación temporal, de registro en la contabilidad o en los libros registros que el contribuyente deba llevar, así como estar convenientemente justificados
Esta correlación deberá probarse por cualquiera de los medios generalmente admitidos en derecho, siendo competencia de los correspondientes servicios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la valoración de las pruebas aportadas.
La abogada Marga de Matos dedicó el espacio reservado para consultorio jurídico de cada viernes en Radio Calvià FM a hablar de pensiones. Concretamente de la pensión de jubilación. Durante el mismo ha tratado de explicar qué es la jubilación, qué modalidades de jubilación existen, los requisitos necesarios para poder acceder a cada una de ellas, la cuantía que se puede llegar a percibir en caso de cumplir los requisitos para poder solicitar alguna de ellas.
A modo resumen o de índice la abogada de Moya & Emery ha tratado los siguientes temas:
Concepto de jubilación.
Modalidades de jubilación.
Diferencia entre pensión de jubilación contributiva y no contributiva.
Jubilación ordinaria
Jubilación diferida o atrasada
Jubilación activa
Jubilacion flexible
Jubilación anticipada
Jubilacion parcial
Requisitos para acceder a cada una de ellas.
Cuantías a percibir.
Recuerda que puedes ponerte en contacto con cualquiera de las oficinas de Moya & Emery y pedir cita para aclarar cualquier duda con respecto a tu pensión de jubilación.
On 30 December last, following the agreement of the Council of Ministers, Royal Decree-Law 38/2020 of 29 December was published in the Official State Gazette (BOE) number 340, adopting measures to adapt the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the situation of a third country following the end of the transitional period provided for in the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community of 31 January 2020 (access to BOE regulations, here)
Chapter II of this RD-Law establishes the rules applicable to “Professional and Labour Relations” and is divided into 5 sections:
Section 1: “Professions and public service”, regulates access to and exercise of professions, and the rules applicable to access to and maintenance of the status of public employees of United Kingdom nationals in the service of Spanish public administrations.
Section 2: “Industrial relations” contains two articles, one on the transitional arrangements applicable to workers temporarily posted in the framework of the provision of services and the other on European Works Councils in Community-scale undertakings or Community-scale groups of undertakings.
Section 3: on the exercise of research and innovation activities in a single article, Article 8, which allows United Kingdom nationals, who on 31 December 2020 are exercising these activities in Spain, to continue to do so on the same terms as those under which they are recognized, subject to the application of the Spanish legislation in force, provided that reciprocal treatment is recognized for Spanish nationals by the competent United Kingdom authorities.
Section 4: “Social Security”, contains, in a single article, Article 9, the rules for determining the applicable legislation on the same terms as those established prior to the date of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union. This will allow Spain to continue to apply these same rules to those persons who are subject to UK social security legislation, provided that the United Kingdom acts reciprocally in respect of those persons who are subject to security legislation Spanish social security system.
In Section 5, Article 10 regulates measures to enable United Kingdom nationals to access unemployment benefits for periods of contribution up to 31 December 2020 (end of the transitional period), in any Member State of the European Union including periods of contribution in the United Kingdom, provided that the last contributions were made in Spain and that the right of legal residence in Spain is maintained.
By way of summary, among the measures included in this RD-Law, we highlight the following:
Companies established in Spain which on 1 January 2021 had workers temporarily posted to the United Kingdom or Gibraltar must continue to apply the legislation of that country, which transposes Directive 96/71/EC of 16 December, during the period of posting and provided that reciprocal treatment is recognized.
Similarly, companies established in the United Kingdom or Gibraltar with workers posted to Spain before 31 December 2020 may remain in Spain from 1 January and continue to provide their services until 31 December. After that, in order to continue the activity, it will be necessary to apply for a residence and work permit.
European Union citizens who commute to Gibraltar for work will be eligible for unemployment benefits until 31 December 2022
Workers who were posted to provide services will not have to apply for residence and work permits from 1 January 2021 if the planned duration of the posting is not extended
Workers posted to Spain as from 1 January 2021 must obtain the visas and/or residence and work permits provided for in Spanish immigration law, without prejudice to the agreements and commitments that may be assumed in a possible agreement between the European Union and the United Kingdom.
Access to unemployment benefit or cessation of activity is allowed until 31 December 2022, for citizens of the European Union who travel daily to Gibraltar to work without having to make contributions in Spain last. As from 1 January 2021, provision is made for the reimbursement of benefits paid by Spain to be claimed from the United Kingdom authorities, once an international instrument establishing the mechanisms for collaboration in this area has been agreed.
For nationals of EU Member States, periods accredited in the UK social security system up to 31 December 2020 will be considered for the calculation of unemployment benefits or benefits for cessation of activity, when these contributions are made last in Spain and provided that the right to reside legally in Spain is maintained, in accordance with the regulations on the co-ordination of social security systems. UK citizens will have their periods of work in any EU Member State recognized until 31 December for the purpose of calculating their pensions when contributions are made last in Spain.
Persons receiving unemployment benefits in Spain who were authorized to export their entitlement before 1 January 2021 may continue to receive them until the end of the initial three-month period for which they were authorized to export.
European Works Councils or procedures for consulting workers which have been set up or agreed before 1 January 2021 will be maintained. This measure concerns European companies in which workers or companies from the United Kingdom participate and which have their management centralized in Spain.
From 1 January 2021, the relationship between the United Kingdom and the European Union is based on the “Trade and Co-operation Agreement” which is a major change for citizens, companies and administrations in the EU and the United Kingdom.
The content of this Agreement is divided into four main blocks: the first on Free Trade, which eliminates quotas and tariffs between the UK and the EU and establishes conditions of fair competition. The second establishes a framework for economic, social, environmental and fisheries cooperation which includes provisions to ensure energy and transport connectivity, as well as coordination in areas related to social security. The third regulates a partnership on internal security based on existing mechanisms such as Europol or Eurojust and includes provisions on the surrender of detainees, the fight against money laundering and the fight against the financing of terrorism. Finally, a fourth block establishes a common governance framework with governance underpinned by an institutional framework that includes an “Association Council”, co-chaired by a member of the European Commission and a representative of the British government at ministerial level, which will supervise the implementation of the Agreement and will be assisted by specialized committees and working groups.
Bases y tipos de cotización para 2021. Se mantiene el tope máximo de la base de cotización en 4.070,10 € mensuales. En cuanto a los tipos de cotización del Régimen General de la Seguridad Social, no existen modificaciones respecto de los aplicables en 2020.
Cuantías IPREM (Indicador público de Renta de efectos múltiples):
Diario: 18,83 euros.
Mensual: 564,90 euros.
Anual: 6778,80 euros.
En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional (SMI) ha sido sustituida por la referencia al IPREM será de 7.908,60 euros cuando las normas se refieran SMI en cómputo anual, salvo que excluyeran expresamente las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.778,80 euros.
El Fondo de Garantía Salarialasumirá lasindemnizaciones reconocidas por sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a causa de despido o extinción de los contratos de trabajo conforme los artículos 50, 51, 52, 40.1 y 41.3 de esta ley, y de extinción de contratos conforme a los artículos 181 y 182 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, así como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan, en todos los casos con el límite máximo de una anualidad, y de 9 mensualidades en el caso del artículo 41.3 ET, sin que el salario diario pueda exceder del doble del SMI, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
En los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, la trabajadora, sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado, se aplicará con respecto a las cuotas devengadas durante el periodo de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función, una bonificación del 50% de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.
Esa misma bonificación será aplicable, en aquellos casos en que, por razón de enfermedad profesional, en los términos y condiciones normativamente previstos, se produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador.
Las empresas y los trabajadores por cuenta propia al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar la moratoria en el pago de las cuotas con la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo tenga lugar entre los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021, en el caso de empresas, y entre los meses de enero a marzo de 2021 en el caso de trabajadores autónomos. Se aplicará un interés del 0,5%.
Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a las cuotas devengadas antes señaladas. El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada, sin que exceda en total de 12 mensualidades. El primer pago se producirá a partir del mes siguiente al que aquélla se haya dictado.
La solicitud de este aplazamiento determinará que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, respecto a las cuotas afectadas por el mismo, hasta que se dicte la correspondiente resolución.
Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito de formación, en función del número de trabajadores, pudiendo beneficiarse aquellas empresas que durante 2021 abran nuevos centros de trabajo y empresas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla a nuevos trabajadores. Además, las empresas que durante el año 2021 concedan permisos individuales de formación a sus trabajadores dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación adicional.
Se da nueva redacción al artículo 11 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, introduciendo un nuevo apartado 3 que contempla el contrato para la formación dual universitaria. Este contrato se formalizará en el marco de los convenios de cooperación educativa suscritos por las universidades con las entidades colaboradoras y tendrá por objeto la cualificación profesional de los estudiantes universitarios a través de un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco de su formación universitaria, para favorecer una mayor relación entre este y la formación y el aprendizaje del trabajador. Reglamentariamente se desarrollará el sistema de impartición y las características de la formación y de los aspectos relacionados con la financiación de la actividad formativa y con la retribución del trabajador contratado, que se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo, sin que en ningún caso sea inferior al salario mínimo interprofesional. El trabajador contratado se encontrará protegido por la Seguridad Social, con todas las coberturas posibles, incluido el desempleo y el Fondo de Garantía Salarial.
En los supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por cuenta ajena, quedan los empresarios y los trabajadores sujetos a una cotización especial de solidaridad de un 9% sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre ellos, a cargo del empresario el 7% y del trabajador el 2%.
En el caso de trabajadores por cuenta propia, cotizarán a este régimen especial únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, quedando sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9% sobre la base por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones.
Se suspende la aplicación del sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a empresas en las que haya disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. Esta suspensión se extenderá hasta que el Gobierno proceda a la reforma del Real Decreto 231/2017 que deberá producirse a lo largo del año 2021
Se establecen medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística, con efectos del 1 de enero, aquellas empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo y noviembre de cada año y que inicien y/o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos fijos discontinuos, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores
Mejoras en el IMV (Ingreso Mínimo Vital) para jóvenes y personas sin hogar. Podrá haber más de dos titulares del Ingreso Mínimo Vital en un mismo domicilio.
Será permanente la posibilidad de solicitarlo teniendo en cuenta los ingresos del año en curso (y no de todo el año anterior) y se reduce de 3 a 2 los años de vida independiente que deben demostrar los menores de 30 años para acceder al IMV. Además, los servicios sociales podrán acreditar algunos requisitos para acceder al IMV, con la meta de incluir a personas sin hogar a las que les resulta difícil empadronarse. En concreto, los Presupuestos destinarán 3.017 millones de euros al Ingreso Mínimo Vital y medidas para reducir la pobreza infantil, así como un incremento de las partidas en vivienda del 367,9% con 1.772 millones de euros.
Desde Moya & Emery queremos informarles de las nuevas medidas que planea adoptar el gobierno de las Islas Baleares en referencia a la crisis sanitaria del COVID 19.
Medidas a aprobar el próximo lunes 11 de Enero
La principal novedad, anticipada por el Govern balear en rueda de prensa, es que el próximo lunes se aprobará el cierre –que será efectivo a partir del próximo martes 12 de Enero y tendrá una duración de 2 semanas– de BARES, RESTAURANTES, GRANDES SUPERFICIES Y GIMNASIOS de la isla de Mallorca, sin que queden afectadas el resto de las islas baleares.
Con respecto a la hostelería, se señala que los bares y restaurantes no tendrán restricciones en lo que se refiere al servicio de COMIDA A DOMICILIO y el de RECOGIDA en los locales, pues la nueva medida restrictiva viene referida ala imposibilidad de atender al público en interiores de los locales o en las terrazas (sin importar el aforo). De igual forma se permitirá la apertura de establecimientos dedicados a la venta de productos de primera necesidad (alimentación o higiene) para que los consumidores tengan garantizado dicho suministro.
Medidas actualmente vigentes
Además, con respecto a las medidas ya adoptadas desde el acuerdo del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares de 14 de diciembre de 2020, señalar que se establecieron los diferentes niveles de alerta sanitaria para la comunidad autónoma, además de la introducción de modificaciones en el plan de medidas contra el COVID-19.
Estas son algunas de las modificaciones que han sido aprobadas:
1. Diferentes niveles de riesgo para cada una de las islas que conforman la comunidad autónoma:
Mallorca nivel 4
Menorca nivel 3
Ibiza nivel 2
Formentera nivel 1
2. Se prohíbe el consumo de tabaco en la vía pública o en espacios al aire libre de uso público cunado no se pueda mantener una distancia de seguridad de 2 metros(mínimo). También se prohíbe el consumo de tabaco en las terrazas de establecimientos de uso público o establecimientos similares.
3. Nivel 4: Solo puede haber 6 personas en los espacios exteriores. Las reuniones sociales en espacios interiores solo se podrán reunir un máximo de 6 personas y que como máximo pertenezcan a dos núcleos de convivencia.
4. Quedarán suspendidas todas las actividades complementarias y extraescolares, tanto las organizadas por los centros educativos como por entidades externas, excepto aquellas en que los alumnos formen parte de un mismo grupo de convivencia. De estas se excluyen:
Programa de acompañamiento Escolar (PAE)
Talleres de lengua catalana para recién llegados.
5. No se permiten las pernoctaciones fuera del centro residencial, excepto si están en periodo de vacaciones o alta temporal del centro.
6. Nivel 4: Se permiten la práctica de deportes en equipo, con la posibilidad de contacto físico, así como las competiciones deportivas correspondientes a equipos o deportistas de categorías estatales.
El resto de los deportistas tienen que asegurarse de que respetan la distancia de seguridad, al menos un metro y medio y evitar todas las situaciones de contacto físico. También se prohíben el uso de los vestuarios, excepto en el caso de desplazamientos interislas o fuera de la comunidad autónoma. Se deben adaptar a estas condiciones:
Deportes de campo.
No federados: grupos de entrenamiento estables de 6 personas. (máx.)
Federados: grupos de entrenamiento estables de 30 personas. (máx.)
Deportes de pista.
No federados: grupos de entrenamiento estables de 6 personas. (máx.)
Federados: grupos de entrenamiento estables de 20 personas. (máx.)
Deportes de contacto.
No federados: grupos de entrenamiento estables de 5 personas. (máx.)
Federados: grupos de entrenamiento estables de 10personas. (máx.)
En el caso de deportistas no federados o de categorías no estatales las sesiones de entrenamiento se deben limitar a 2 por semana.
7. Nivel 4: Se prohíbe la asistencia de público en todas las instalaciones deportivas, excepto en competiciones de carácter estatal, que pueden tener un 25% de capacidad, hasta un máximo de 200 personas. (Para la práctica de actividades estáticas en sala).
Nivel 4: Se prohíbe la asistencia de público en todas las instalaciones deportivas, excepto en competiciones de carácter estatal, que pueden tener un 50% de capacidad, hasta un máximo de 400 personas. (Para la práctica de actividades en carriles de piscina).
9. Nivel 3: Máximo el 50 % de la capacidad máxima autorizada,300 personas máximo en espacios cerrados y 1000 personas si se tratan de actividades al aire libre.
Nivel 4: Máximo el 50 % de la capacidad máxima autorizada,200 personas en espacios cerrados y 400 personas si se trata de espacios al aire libre.
Este punto número 9 hace referencia a: cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, así como recintos al aire libre y en otros locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas.
10. Nivel 4: Se prohíbe el servicio de restauración en espacios interiores. Queda prohibida también la utilización de máquinas recreativas, o similares en el interior de los establecimientos. Todos los establecimientos de restauración tienen como hora de cierre la legalmente autorizada y en ningún caso podrá superar las 24. 00h.Entre las 22.00 h y las 24.00 h sólo se permite la prestación de servicio a domicilio. No se permite el consumo en las barras de los establecimientos.
Excepciones al cierre al público en espacios interiores en el nivel 4:
Hoteles y alojamiento turístico siempre que sea para el uso exclusivo de los clientes alojados.
Los servicios de restauración integrantes de centros de formación no incluidos en el parágrafo anterior y los servicios de comedero de carácter social.
Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el parágrafo anterior y los servicios de restauración d ellos centros de trabajo destinados a las personas trabajadoras.
En estos casos se reducirá el aforo – 30% de la capacidad máxima autorizada.
11. Nivel 4: 75% de la capacidad máxima autorizada, máximo 6 personas por mesa. Los viernes sábados y vigilias solo se permite el uso de las terrazas hasta las 18.00h.
12. Las mesas de los establecimientos de restauración deben disponer de la información relativa a las medidas de precaución adoptadas.
13. Nivel 4: 50% de capacidad máxima autorizada del espacio y grupos de máximo 6 personas.
14.Nivel 3: 50% de capacidad máxima autorizada del espacio. Todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales tiene como hora de cierre las 22.00h (máx.).
15. Nivel 4: 50% de la capacidad máxima autorizada del espacio, excepto en el caso de centros comerciales y grandes establecimientos comerciales, en los cuales se debe aplicar un 30 % de la capacidad máxima autorizada del espacio hasta un máximo de:
400 personas en superficies de entre 2500 a 4000 metros cuadrados.
600 personas en superficies de entre 4001 a 6000 metros cuadrados.
800 personas en superficies de entre 6001 a 8000 metros cuadrados.
1000 personas en superficies de entre 8001 a 10000 metros cuadrados.
1200 personas en superficies de entre 10001 a 12000 metros cuadrados.
1400 personas en superficies de entre 12001 a 15000 metros cuadrados.
Para superficies de más de 15001 metros cuadrados, el máximo se tiene que calcular asegurando que se dispone de un mínimo de 8 metros por persona.
Todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales tienen como hora de cierre la legalmente autorizada, y no pueden superar las 22.00h.
16. Los espacios considerados centros comerciales y grandes establecimientos comerciales tienen que establecer sistemas de control de acceso y de capacidad en tiempo real. Estos espacios comerciales deben disponer de personal de seguridad que vele para que se respete la capacidad máxima y las distancias de seguridad.
17. Se permite la actividad de las atracciones infantiles o atracciones de feria con las siguientes condiciones. Nivel 1,2,3 y 4: Las atracciones se pueden habilitar en grupos de máximo 3, y debe haber una distancia mínima de 25 metros entre grupos de atracciones. En caso de que las atracciones sean de uso exclusivo individual (un usuario por viaje) no se compatibilizan en el cómputo total de atracciones.
Nicolás Emery visitó los estudios de Radio Calvià FM para responder a muchos de los interrogantes que está generando el BREXIT tanto para los empresarios baleares como para los numerosos ciudadanos británicos que son residentes en las islas o que son turistas asiduos o poseedores de una segunda residencia:
¿Qué implicaciones para empresarios de Baleares tiene el Brexit? ¿Puedo seguir contratando a ciudadanos del Reino Unido en mi empresa? ¿Tendrá el trabajador la consideración de no-comunitario)? ¿Qué pasa con la compra de mercancías procedentes del Reino Unido? ¿Hay que liquidar el IVA en la aduana? ¿Seguirá funcionando el método de inversión del sujeto pasivo? ¿Hay que pagar aranceles? ¿Qué ocurrirá con la prestación de servicios? serán operaciones intracomunitarias exentas? ¿Qué régimen será aplicable a los turistas del Reino Unido en sus visitas a España? ¿Podrán solicitar la devolución del IVA pagado por los productos adquiridos en los comercios locales en su estancia? ¿Qué ajustes tiene que hacer el proveedor en recargo de equivalencia que efectúa la devolución de cuotas al viajero? ¿Pueden los ciudadanos del Reino Unido seguir viajando con sólo el DNI o necesitarán pasaporte? ¿Qué ocurre con la Seguridad Social? ¿Y con la sanidad? ¿Y si son pensionistas?
La jurisprudencia hasta el momento había vinculado la duración de los contratos de obra o servicio determinado a la contrata, algo que ha sido modificado por el TS.
Aquellas empresas que prestan sus servicios a terceros desarrollan su actividad esencial a través de la contratación con éstos, siendo ilógico pensar que el grueso de la actividad se basa en la obra o servicio determinado que se deba atender.
El TS entiende que una empresa no puede fundamentar su actividad en una plantilla sujeta a la indeterminación de las relaciones laborales, ya que hacerlo puede menoscabar algunas de las garantías del DUE.
El TS matiza y actualiza su doctrina y declara que los contratos de obra o servicios determinados de duración inusualmente larga se convierten en indefinidos
Cuando una relación laboral se mantiene ininterrumpidamente y sin alteración durante un largo lapso, la autonomía e identidad de la contrata justificativa de la contratación se desdibuja convirtiéndose en una actividad que, por su extensión temporal, necesariamente se incorpora en la esencia de la empresa.
Es decir, cuando la celebración de un contrato temporal vinculado a una contrata se extiende en el tiempo esa temporalidad y, por tanto, la finalización del contrato se torna remota.
CUESTIÓN POR TRATAR:
La validez de un contrato para obra o servicio determinado cuya temporalidad viene anudada a la de una encomienda de servicios (“contrata”) que discurre entre la empleadora y una empresa cliente.
15.12.1998 suscripción del contrato entre empleadora y cliente que se prorroga varias veces.
15.11.2013 deseo de una de las partes de extinguir el contrato al terminar el año.
Durante la vigencia de la relación laboral las partes suscribieron diversos contratos de prestación de servicios.
Ante estos hechos, lo que se pretende es determinar si cuando se produce la finalización de una contrata y sin solución de continuidad se prorroga o se produce una nueva adjudicación del servicio a la misma empresa que venía realizándolo, en las mismas o similares circunstancias y sin que se produzca cese alguno en la prestación del servicio, suponiendo la extinción de los contratos de obra o servicio determinado suscrito con los trabajadores de la empresa contratista o por el contrario los mismos permanecen vigentes hasta la finalización total del servicio adjudicado.
1. El contrato para obra o servicio determinados es el que se concierta para la realización de una obra o la prestación de un servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta.
Cuando el convenio colectivo que resulte de aplicación haya identificado los trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con esta modalidad contractual, se estará a lo establecido en el mismo a efectos de su utilización.
Consideraciones por tomar en consideración de esta modalidad contractual:
a) El contrato deberá especificar e identificar suficientemente, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto.
b) La duración del contrato será la del tiempo exigido para la realización de la obra o servicio.
Si el contrato fijara una duración o un término, éstos deberán considerarse de carácter orientativo en función de lo establecido en el párrafo anterior.
Requisitos que deben concurrir en los contratos de obra y servicios determinados para considerarse ajustados a Derecho:
a) Que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa;
b) Que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta;
c) Que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto;
d) Que, en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas.
Doctrina legitimando contratos para obra o servicio por la existencia de una “contrata” entre empresas:
Se admite la validez de la contratación para obra o servicio cuyo objeto sea la realización de actividad contratada con un tercero por tiempo determinado, extendiéndose su duración por el tiempo que abarca la contrata, aunque su celebración no esté expresamente prevista en el convenio colectivo.
Si bien es cierto que al formalizar un contrato de obra o servicio determinado siendo su objeto una actividad contratada no existe un trabajo dirigido a la ejecución de una obra entendida como elaboración de una cosa determinada dentro de un proceso con principio y fin, y tampoco existe un servicio determinado entendido como una prestación de hacer que concluye con su total realización, sí existe una necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa y objetivamente definida, conocido ese límite temporal por las partes y operando como un marco de referencia temporal finito.
No cabe argumentar que la realización de este tipo de trabajos constituye la actividad normal de la empresa, porque esa normalidad no altera el carácter temporal de la necesidad de trabajo.
Novaciones de la contrata y dinamismo de las relaciones laborales:
La sucesiva renovación de contratas comporta:
a) La paralela terminación de los contratos para obra o servicio adscritos a ella.
b) La novación de los contratos y conversión en indefinidos.
c) El mantenimiento de tales vínculos, pero sin mutar su naturaleza temporal.
Abuso de la temporalidad:
La doctrina viene manteniendo esta Sala desde 1997 constituye una excepción a la regla general conforme a la cual la autonomía y sustantividad que legitima la contratación temporal de personas para acometer una necesidad empresarial de mano de obra debe valorarse atendiendo a los trabajos realizados en sí mismos. No es casualidad que surja, precisamente, al hilo de encargos para realizar tareas en el sector de la construcción.
Eso debiera impedir que, al amparo de esa consolidada doctrina, se considere posible que aparezcan indefinidamente como temporales quienes están adscritos a una empresa que trabaja para otra principal a virtud de un negocio jurídico renovado de forma sucesiva
Que los límites legales para evitar esa perpetuación de temporalidad (el tope de tres años para los contratos de obra o servicio, la regla del artículo 15.5 sobre transformación de los contratos temporales válidos) resulten inaplicables, por razones cronológicas, al presente caso no significa que ahí concluya el examen de validez.
Porque al tiempo que legitima el recurso a contratos para obra o servicio por existir una “contrata” entre empresas, nuestra doctrina sigue recalcando que ello no exime de cumplir con los presupuestos generales de esta modalidad contractual.
Una cosa es la mera prórroga de la contrata y otra la sucesiva renegociación de sus términos, desde el temporal hasta el funcional. Ello, por tanto, con independencia de que la trabajadora siempre haya desempeñado las mismas funciones, porque lo que legitima su inicial (y válida temporalidad) no es la duración determinada de sus concretas tareas sino, como reiteradamente venimos exponiendo, la acotada duración de la colaboración entre las empresas.
En ese sentido, matizando y actualizando nuestra doctrina, hemos de advertir que la “autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa” pedida por el legislador para legitimar el recurso a esta modalidad contractual deja de concurrir cuando la contrata se nova y es sucedida por otra diversa. Lo contrario acaba desembocando en un abuso de derecho (art. 7.2 CC), que deslegitima lo inicialmente válido.
Sostener la tesis contraria tampoco parece acorde con uno de los predicados esenciales del contrato de trabajo: la prestación de servicios “por cuenta ajena” (art. 1.1 ET). La ilimitada sucesión de renovaciones de la contrata traslada el riesgo empresarial a quienes aportan su actividad asalariada y desdibuja los perfiles típicos de quienes vienen vinculados por ese tipo de contrato.
Un contrato válidamente celebrado como temporal por estar vinculado a la contrata mantiene esa naturaleza cuando, ante la prologada duración de la colaboración empresarial, la expectativa de finalización del mismo se torna excepcionalmente remota.
No puede bastar con alegar que la relación laboral, mantenida ininterrumpidamente y sin alteración alguna a lo largo de más de 14 años, estaba ligada a las vicisitudes de la contrata y, a la vez, pretender que es ésa una circunstancia de delimitación temporal del vínculo.
Hoy toca hacer balance de este año tan diferente que nos ha tocado vivir.No ha sido fácil, y hemos tenido que aprender sobre la marcha cómo seguir trabajando con una pandemia mundial que ha puesto todo nuestro mundo patas arriba. Gracias por estar con nosotros, por dejar que te acompañemos en este aprendizaje de “estados de alarma”, “ERTES”, “confinamiento”, “teletrabajo” y “nueva normalidad”.Todos estos términos ahora forman parte de nuestro día a día, pero ahí está 2021, que nos trae nuevas esperanzas, nuevos sueños y nuevos propósitos. ¡Feliz año nuevo! 2021, te esperamos con ganas.
A
partir de día 1 de enero de 2021 Reino Unido pasará a tener la condición de tercer país y,
por tanto, las mercancías que se envíen
o procedan a/de Reino Unido se tratarán como las exportadas/importadas desde
cualquier otro país con quien la Unión Europea no haya suscrito ningún acuerdo
comercial o de otro tipo que pueda afectar a las formalidades aduaneras.
¿Cómo se verá afectada mi empresa tras el Brexit tras el final del periodo transitorio?
Desde
el punto de vista del IVA, las exportaciones son entregas exentas y las
importaciones están sujetas a IVA que será liquidado por la aduana.
El
ingreso del IVA se hace en los plazos del arancel (10 o 30 días si se solicita
aplazamiento) salvo que opte por diferimiento del ingreso a la declaración
mensual que corresponda. Dicha opción requiere estar inscrito en REDEME y se
debe ejercer en noviembre del período anterior.
Para operadores
que envían mercancías a Reino Unido.
¿A
partir de la fecha de retirada del Reino Unido de la Unión Europea tendré que
cumplir alguna formalidad aduanera?
1 de enero – A partir de ese día Reino Unido pasará a tener
la condición de tercer país y, por tanto, las mercancías que se envíen a Reino
Unido se tratarán como las enviadas a cualquier otro país con quien la Unión
Europea no haya suscrito ningún acuerdo comercial o de otro tipo que pueda
afectar a las formalidades aduaneras.
Entre otras formalidades, eso implica que para enviar/traer
mercancía a/de Reino Unido habrá que presentar una declaración de exportación.
Ahora bien, el Acuerdo de Retirada contempla un período
transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el que se seguirá
aplicando la legislación comunitaria en el Reino Unido en relación con el
mercado interior, unión aduanera y las políticas comunitarias. La Unión Europea
tratará al Reino Unido como si fuese un Estado miembro, excepto en lo referente
a su participación en las instituciones de la UE y en las estructuras de
gobernanza. En particular, durante ese periodo las empresas no tendrán que
realizar formalidades aduaneras.
¿Tendré
que pagar aranceles y otros gravámenes en Reino Unido?
Durante el periodo transitorio no se pagará aranceles ni
otros gravámenes en el Reino Unido.
Salvo que se negocie y ratifique un acuerdo comercial que
establezca otro tipo de medidas, para saber las medidas que resultarán
aplicables en Reino Unido una vez finalice el periodo transitorio debe
consultar la información publicada en el siguiente enlace.
¿Qué
implicaciones tiene la salida de Reino Unido a efectos de IVA tras el final del
periodo transitorio?
Los envíos de mercancías a Reino Unido dejarán de tener la consideración de entregas intracomunitarias a efectos de la normativa de IVA para pasar a considerarse exportaciones. A estos efectos, la declaración de exportación será el justificante de la exención en la entrega ligada a la exportación. No obstante, se aplicará la normativa comunitaria del IVA respecto de los bienes expedidos o transportados desde el territorio del Reino Unido al territorio de un Estado miembro, y viceversa, siempre que la expedición o el transporte se haya iniciado antes del fin del periodo transitorio y finalice después de este.
Recuerde que para cualquier duda o aclaración, puede ponerse en contacto con Moya & Emery,
Al abandonar la UE, el Reino Unido ha decidido poner fin a la libre circulación de personas entre la UE y el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021.
Todos los movimientos posteriores al 1 de enero de 2021 estarán sujetos a la legislación de inmigración vigente de la UE y el Reino Unido aplicable a todos los nacionales de terceros países.
Quienes se encontraban o se encontraban ya en una situación transfronteriza entre la UE y el Reino Unido antes del 1º de enero de 2021 están amparados por el Acuerdo de Retirada, que permite la continuidad de su derecho a permanecer, garantiza la no discriminación y protege sus derechos de seguridad social.
COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y VISADOS PARA VISITAS DE CORTA DURACIÓN
¿Qué cambia el 1 de enero de 2021?
Al abandonar la UE, el Reino Unido ha decidido poner fin a la libre circulación de personas entre la UE y el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021.
Todos los movimientos posteriores al 1 de enero de 2021 estarán sujetos a la legislación de inmigración vigente de la UE y el Reino Unido aplicable a todos los nacionales de terceros países.
Quienes se encontraban o se encontraban ya en una situación transfronteriza entre la UE y el Reino Unido antes del 1º de enero de 2021 están amparados por el Acuerdo de Retirada, que permite la continuidad de su derecho a permanecer, garantiza la no discriminación y protege sus derechos de seguridad social.
¿Qué abarca el proyecto de Acuerdo de
Comercio y Cooperación?
El Reino Unido se negó a incluir un capítulo sobre la movilidad en el Acuerdo, o cualquier disposición destinada a facilitar las visitas de corta duración o las estancias de larga duración. La única excepción se refiere al desplazamiento temporal de personas físicas con fines comerciales, o al modo 4, tal como se define en el capítulo sobre el comercio de servicios de este documento). Por consiguiente, el Acuerdo no abarca el derecho a entrar (con o sin visado), trabajar, residir o permanecer de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido o de los nacionales del Reino Unido en la UE.
No obstante, el Acuerdo contiene varias medidas de coordinación de la seguridad social destinadas a proteger los derechos de los ciudadanos de la UE que permanecen, se trasladan o trabajan temporalmente en el Reino Unido y de los nacionales británicos que permanecen, se trasladan o trabajan temporalmente en la UE después del 1º de enero de 2021.
¿Significa esto que se necesitarán
visados para todos los viajes entre la UE y el Reino Unido?
No. La Unión Europea ya ha adoptado la decisión de permitir a los nacionales del Reino Unido visitas de corta duración sin visado de hasta 90 días dentro de un período de 180 días, a partir del 1º de enero de 2021. El Reino Unido también ha decidido permitir visitas de corta duración sin visado a los ciudadanos de la UE.
La decisión de la Unión Europea está condicionada a que el Reino Unido siga disponiendo la igualdad de viajes sin visado para las visitas de corta duración de los ciudadanos de la Unión Europea de todos los Estados miembros de la Unión Europea, sin discriminación entre los nacionales de la Unión Europea.
En caso de que el Reino Unido introduzca el requisito de visado para los nacionales de al menos un Estado miembro, se aplicará sin demora el mecanismo de reciprocidad de la UE (artículo 7 del Reglamento (UE) 2018/1806), lo que significa que se adoptará una serie de medidas cada vez más amplias, que podrían dar lugar a la suspensión de la exención de visado del Reino Unido, en caso de que éste, tras celebrar consultas, no elimine el requisito de visado.
¿Puede el Reino Unido discriminar entre
los ciudadanos de la Unión Europea en el contexto de los viajes de corta
duración o de la seguridad social?
Si bien la Unión Europea y el Reino Unido tienen libertad para determinar sus respectivas políticas en materia de visados, el Reino Unido debe tratar por igual a todos los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea; no puede decidir conceder una exención de visado para los viajes de corta duración a los ciudadanos de determinados Estados miembros, excluyendo a los demás.
Este principio de no discriminación entre los ciudadanos de la UE también es aplicable en otros ámbitos del acuerdo que son directamente pertinentes para los ciudadanos, como en relación con las estancias temporales por motivos de negocios, la coordinación de la seguridad social o la participación en programas de la Unión.
¿Qué ocurre con las estancias de larga
duración?
Los nacionales del Reino Unido que tengan la intención de permanecer en un Estado miembro de la UE por períodos superiores a 90 días para cualquier propósito (por ejemplo, trabajo, investigación, estudio, formación) podrán hacerlo en las condiciones de entrada y estancia de los nacionales de terceros países establecidas en la legislación de la UE y las leyes nacionales de los Estados miembros.
Los ciudadanos de la UE que tengan intención de trasladarse al Reino Unido deberán cumplir las condiciones de inmigración aplicables establecidas por el Gobierno del Reino Unido.
¿A quiénes se aplican las disposiciones
sobre la coordinación de la seguridad social?
El Acuerdo abarca a los ciudadanos de la UE, los nacionales del Reino Unido y de terceros países, los apátridas y los refugiados, en situación transfronteriza a partir del 1º de enero de 2021, que residan legalmente en la UE o en el Reino Unido y cuya situación no se limite a un solo país desde el punto de vista de la seguridad social. También cubre a sus familiares y supervivientes.
¿Qué es exactamente lo que se cubrirá
bajo la coordinación de los sistemas de seguridad social?
El Acuerdo garantiza la coordinación de las prestaciones de seguridad social. También garantiza que sólo se aplique un conjunto de normas a una persona en un momento dado. De este modo se evitará el riesgo de que esa persona pague el doble de las cotizaciones a la seguridad social o de que no se le aplique ninguna legislación en un momento dado y, por lo tanto, se quede sin protección de la seguridad social.
El proyecto de acuerdo ofrece una amplia protección a los ciudadanos de la UE y del Reino Unido. La mayoría de las prestaciones de seguridad social se coordinarán y protegerán entre la UE y el Reino Unido, de modo que los ciudadanos conserven sus derechos si, por ejemplo:
están o estarán en una situación transfronteriza y trabajan o trabajarán en más de un país, siendo uno de ellos el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021;
residen en una Parte y trabajan en otra;
trasladan su residencia a la otra Parte; o
viajan entre la UE y el Reino Unido para una estancia temporal.
Más específicamente, dicha persona no perderá su derecho a las pensiones de vejez y de supervivencia, a los subsidios por fallecimiento, a las prestaciones previas a la jubilación o a las prestaciones de maternidad/paternidad relacionadas con el nacimiento de un hijo en la otra Parte.
Los accidentes de trabajo también se coordinarán para que una persona que trabaje fuera del Estado del seguro pueda ser tratada en el Estado de trabajo en el que ocurrió el accidente. Si se trasladan a la otra Parte, también podrán seguir recibiendo allí sus prestaciones en efectivo.
¿Qué es lo que no estará cubierto?
El Acuerdo prevé la igualdad de trato de los ciudadanos de la UE con los nacionales del Reino Unido y viceversa a efectos de las contribuciones y prestaciones de la seguridad social.
Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, ciertas prestaciones no están incluidas en el Acuerdo y eso significa que el acceso a esas prestaciones se dejará en manos de la legislación nacional, que podrá entonces optar por tratar de manera diferente a las personas interesadas.
Entre esas prestaciones figuran las prestaciones familiares, los cuidados a largo plazo, las prestaciones especiales no contributivas o los servicios de concepción asistida.
¿Qué sucede con los períodos trabajados
tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido en lo que respecta a las
prestaciones de las personas?
Una persona no perderá los períodos trabajados en la UE y en el Reino Unido, que se tendrán en cuenta cuando se determinen y calculen sus prestaciones (por ejemplo, las prestaciones de desempleo, las pensiones de vejez y de supervivencia).
Los períodos trabajados en el Reino Unido y en la UE también se tendrán en cuenta al determinar el derecho de una persona a las prestaciones de invalidez.
¿Qué disposiciones existen para la
asistencia sanitaria?
La atención de la salud está incluida en el ámbito del Acuerdo y, en principio, seguirán aplicándose las disposiciones actuales.
Por ejemplo, un ciudadano de la UE que se encuentre temporalmente en el Reino Unido (un turista, un estudiante o un hombre de negocios) seguirá beneficiándose de la asistencia sanitaria necesaria (como la de emergencia) basada en la Tarjeta Europea de Seguro de Enfermedad.
Sin embargo, para estancias más largas, la legislación nacional de inmigración puede establecer requisitos adicionales. En particular, el Reino Unido impone a los nacionales de terceros países, por el momento, un recargo por atención médica como condición para la expedición de un visado de entrada para estancias superiores a 6 meses. Este recargo deberá ser pagado también por los ciudadanos de la UE, pero se reembolsará a los estudiantes y personas que permanezcan asegurados en su Estado miembro (titulares del Documento Portátil S1 como se explica más adelante).
Los pensionistas seguirán beneficiándose de la asistencia sanitaria en su Estado de residencia en nombre del Estado que paga su pensión si se trasladan al Reino Unido o a la UE. Lo mismo ocurre con los trabajadores fronterizos, que trabajan en un Partido y residen en otro. Si bien es posible que se apliquen requisitos adicionales en virtud de la legislación nacional de inmigración, el Acuerdo garantiza que el país de seguro reembolse al país de residencia, de modo que en última instancia se aplican las mismas disposiciones que ahora.
¿Qué ocurre con los trabajadores
desplazados?
El desplazamiento de trabajadores forma parte de la libre circulación de servicios dentro de la Unión Europea, sujeta a condiciones. El Acuerdo no incluye normas para el desplazamiento de trabajadores del Reino Unido en la UE, ni viceversa. Esto significa que, por ejemplo, un trabajador enviado por el Reino Unido a la UE para trabajar tendrá que pagar las contribuciones a la seguridad social en el Estado miembro de la UE y estará sujeto a la legislación de ese país.
No obstante, se acordó que en esta esfera, y como disposición transitoria, los Estados miembros pueden solicitar, previa notificación a la Comisión, que se mantenga el sistema de desplazamiento tal como existe actualmente por un período de hasta 15 años. Los Estados Miembros pueden poner fin al sistema de contabilización antes.
Durante este período de tiempo, los trabajadores desplazados pagarán entonces sus contribuciones a la seguridad social en la Parte que los envió (es decir, el Reino Unido en el ejemplo proporcionado).
Este subsidio está regulado en el artículo 1 del Real Decreto-ley
32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales
complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector
cultural, para aquellas personas que hubieran agotado prestaciones por
desempleo entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020.
El nuevo plazo será de un mes desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley. Por lo que el nuevo período comenzará el próximo 25 de diciembre.
Es importante destacar que si se realizó la solicitud entre el 6 y el 30 de noviembre y está todavía en fase de tramitación no debe presentarse de nuevo.
Ya os dábamos cuenta en la anterior publicación de que el Consell de Mallorca, en colaboración con el Govern balear, ha aprobado recientemente unas AYUDAS PARA EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN DE MALLORCA -restaurantes, bares y cafeterías- cuyo contenido, alcance y requisitos ha sido repasado por el socio y gerente de Moya & Emery esta mañana en Radio Calvià FM y que, a grandes rasgos, son:
• Establecimiento abierta el día en que se decretó el nivel 4 • Presupuesto total de las ayudas 5.000.000.00€ que debería alcanzar a +/- 3.300 locales de Mallorca • Máximo 20 trabajadores de media, independiente horario • Importe de las ayudas: 1.500 €, máximo 3.000 si se tiene más de 2 locales • Requisitos, estar al corriente de pago de sus obligaciones con la AEAT y SS.
Además, el abogado y economista Nicolás Emery, ha dedicado informar sobre las medidas anunciadas para su aprobación en el Consejo de Ministros de esta mañana sobre los ALQUILERES/ARRENDAMIENTOS, PROPIETARIOS (grandes y pequeños tenedores), INQUILINOS, EXONERACIONES EN LAS RENTAS MENSUALES: • Beneficios fiscales para los arrendadores de menos de 10 locales • Reducción alquiler 50% para grandes tenedores • Periodo de las quitas – durante el estado de alarma. • No se tiene que haber llegado a acuerdos previos.
De igual forma, Nicolás Emery ha hecho referencia a la viabilidad jurídica de las POSIBLES RECLAMACIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS A LA ADMINISTRACIÓN por parte del sector de la restauración, que ha anunciado el ejercicio de acciones para la reclamación de unas pérdidas que consideran debidas a una legislación errática y a los agravios sufridos por su sector durante la crisis del Covid-19 con respecto a otras actividades. El éxito de estas reclamaciones dependerá, a juicio de Nicolás Emery, de la interpretación que den los juzgados de lo Contencioso administrativos con respecto a los cierres decretados y las limitaciones en la actividad, ya que la Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 34, establece que no son indemnizables los daños derivados de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existencias en el momento de producción de aquellos.
Si estás interesado en recibir más información al respecto, precisas nuestro asesoramiento o quieres encargarnos la gestión de cualquier trámite o solicitud, puedes pedir cita con Moya & Emery a través de:
El Consell de Mallorca ha presentado la convocatoria extraordinaria de ayudas para paliar los efectos del Covid-19 en el sector de la restauración de Mallorca, con el objetivo de minimizar las consecuencias negativas de la pandemia y reactivar al máximo la actividad turística del isla.
Se trata de una línea de subvenciones dirigidas a establecimientos de restauración que se han abierto este diciembre o que se han cerrado este mes y han tenido que cerrar por no cumplir con las restricciones del nivel 4 de la alerta Covid-19. Cada titular de establecimiento beneficiario podrá acceder a una subvención de 1.500 euros y, si tiene más de un proyecto de restauración, hasta un máximo de 3.000 euros.
Puedes ver el extracto de la convocatoria, publicada hoy sábado 19 de diciembre en el BOIB, aquí.
Si está usted interesado en recibir toda la información al respecto, pida cita con Moya & Emery y en nuestras oficinas le tramitaremos o le guiaremos durante todo el proceso de solicitud de ayudas a la restauración.
La entrada en vigor de
dicha ordenanza será a partir del día 1 de enero de 2021 y afectará a todo el término municipal
de Calviá, una vez
tenga fuerza vinculante, quedarán derogadas la vigente ordenanza fiscal núm. 9
reguladora de la tasa por el servicio de recogida de residuos, y la núm. 45
reguladora de la tasa por el servicio de tratamiento y eliminación de residuos.
Estas son algunas de las cuestiones más
importantes de la nueva ordenanza publicada por el ayuntamiento de Calviá:
El ayuntamiento de
Calviá será competente para la recogida de los
residuos municipales generados y depositados en el municipio en la forma que se
establezca en esta Ordenanza y en las formas previstas en la legislación de
residuos estatal y autonómica y en la legislación de régimen local.
Además, será competente
para aprobar su propio programa de gestión de residuos y/o su programa de
prevención de residuos, recoger los residuos comerciales no peligrosos en los términos que se
establecen en esta Ordenanza y recoger los residuos domésticos generados en las
industrias en las formas que se establecen en esta Ordenanza.
También será el
Ayuntamiento de Calviá el que tendrá la potestad de vigilancia e inspección y la potestad
sancionadora en el ámbito de sus competencias.
Según el artículo 5 de esta nueva ordenanza
constituye el hecho de la prestación del servicio de recepción obligatoria, la recogida y
transporte de las basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos, lugares de amarre en puertos deportivos y locales o
establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios.
También constituye
supuesto de hecho de la prestación del servicio, de carácter voluntario y
previa solicitud de los interesados, la recogida y transporte, de muebles, enseres y
colchones no procedentes de viviendas particulares, restos de jardinería y
poda, y animales muertos.
Con respecto a la
prestación del servicio, una vez iniciada, el devengo se producirá el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural.
Esta ordenanza, además,
trae aparejada una serie de excepciones y bonificaciones que grosso modo son: tendrán una bonificación del 50 % del importe
de la tarifa por la prestación patrimonial pública de carácter no tributario en
la vivienda que constituya residencia habitual de la persona obligada,
cuando las personas obligadas al pago por la prestación sean pensionistas o
discapacitadas y los ingresos de la unidad familiar sean inferiores al Sueldo
Mínimo Interprofesional (SMI). La aplicación de la tarifa bonificada se efectuará a instancias
de los interesados y tendrá carácter anual.
Finalmente, la liquidacióny recaudación de la prestación patrimonial se llevará a cabo por la empresa municipal CALVIÀ 2000 SA, que además con una periodicidad mínima bienal procederá a la revisión de los costes de eliminación de los residuos, y la modificación de las tarifas contenidas en esta ordenanza, en todo caso, cuando estos costes sean inferiores a los contemplados en el estudio que sustente las tarifas vigentes.
Unlike previous years, self-employed workers who pay taxes in the form of tax modules, IF THEY WANT TO OPTIMISE THEIR TAX BILL, they will have to take out the calculator and count the days they have actually worked. In general, taxpayers who determine their income through the objective estimation by modules can already calculate their income tax and VAT budget for the year 2021 as of this December. Order HAC/1155/2020, of 25 November, determines the limits to be taken into account. Before starting to calculate their tax budget for the year, self-employed workers have the difficult task of correctly calculating their 2020 invoice. Atypical year due to the situation generated by the COVID 19. Therefore, they should take out the calculator and take into account the following:
– Adjust the work variable actually worked, taking into account that the alarm state has lasted 72 days.
– There are economic activities that have had their activity suspended beyond the alarm state.
– Adjusting the variables that affect those signs that have to do with the capacity of the activity. Many activities have seen their capacity reduced by 50% for a long time.
– Needless to say, those activities which have still suspended their activity, when dedicated to leisure activities.
As can be seen, this is not an
easy task.
All of the above regarding
personal income tax. What about VAT? The signs or modules are the same. The
method for calculating the VAT due is the same, but this is not the amount you
will have to pay. Self-employed workers
will be able to deduct from the accrued VAT calculated by estimation all the
VAT paid during the year 2020. However, it must be taken into account that the
VAT paid on purchases will be lower than in previous years, and the VAT on
general expenses, such as rental of business premises, will be lower due to the
total or partial reduction and remission of income.
The MOYA & EMERY tax team will help you with the 2020 tax calculation, calculate the 2021 tax and analyse whether it is appropriate to waive the module method.
What about the year 2021?
On 4 December, the Ministry of Finance recently published Order HAC/1155/2020, of 25 November, which develops, for the year 2021, the method of objective estimation of Personal Income Tax and the special simplified regime of Value Added Tax: It is customary during these dates to update each year the variables to be taken into account by self-employed workers who have chosen to calculate the taxable base of their economic activity (IRPF) and the amount of VAT due that they will have to use in submitting their returns for 2021.
From our firm we are already
in a position to help advisers on the variations introduced on the limits and
when the option to tax by objective estimation by modules can be waived
The aforementioned order
determines, as it does in 2020, the year in which the project is to be carried
out:
The amount of the signs, indices or modules, as well as the instructions
for their application, in the special simplified VAT regime and objective
estimate regime for personal income tax applied in the immediately preceding
year.
The 5 percent reduction in the net yield of modules (in objective
estimation of personal income tax) derived from the agreements reached at the
Bureau of Self-Employment.
The reduction on the net yield calculated by the objective estimate method
for personal income tax and on the quota accrued for current operations under
the special simplified VAT regime for economic activities carried out in the
municipality of Lorca (reduction of 20% of the net yield).
The exclusion limits for 2021
for the application of the objective assessment method are extended, while the
limits for 2020 remain unchanged.
– 250,000 for all economic activities, except agriculture, livestock and forestry, regardless of whether or not there is an obligation to issue an invoice.
– 125,000 euros for operations for which there is an obligation to issue an invoice when the recipient is an entrepreneur.
– EUR 250 000 for all agricultural, forestry and stockbreeding activities.
– 250,000 euros for purchases and imports of goods and services for all business or professional activities, excluding those relating to fixed assets.
If you exceed any of these limits in 2020 you will be excluded from modules for the following three years (2021, 2022 and 2023). You can also waive (or revoke the waiver) for 2021 by submitting form 036 / 037 until 31 December 2020 or by submitting the return-settlement for the first quarter of 2021 in time by applying the direct assessment of income tax method or the general VAT system.
Follow the CANAL4DIARIO link to read the published version, here.
A diferencia de años anteriores, los trabajadores autónomos que
tributen por la modalidad de módulos en el IRPF e IVA, en la medida en
que quieran optimizar su factura fiscal, tendrán que sacar la
calculadora y contar los días que realmente han trabajado.
Por lo general, los contribuyentes que determinan su renta a través
de la estimación objetiva por módulos ya pueden calcular desde este mes
de diciembre su presupuesto de impuestos de IRPF e IVA para el año 2021.
La Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, determina los límites a tener en cuenta.
Los trabajadores autónomos antes de empezar a calcular su presupuesto
de impuesto para el año tienen la difícil tarea de calcular de forma
correcta su factura de 2020, un año atípico debido a la situación
generada por el COVID 19. Por ello, deberán, con la calculadora en la
mano, tener en cuenta lo siguiente:
Que han de ajustar la variable de trabajo efectivamente realizado,
teniendo en cuenta que el estado de alarma ha durado 72 días y, por
tanto, deben restar dichos días del cómputo de días trabajados.
Que existen actividades económicas que han tenido suspendida su
actividad más allá del estado de alarma y, de igual forma, deben
computarse correctamente los efectivos días de actividad.
Que también deben ajustarse todas las variables que afectan a
aquellos signos que tienen ver con el aforo de la actividad, dado que
muchas actividades han visto reducido su aforo en un 50% durante mucho
tiempo.
Ni que decir tiene que deben hacer lo anterior todas aquellas
actividades todavía suspendidas, como los que se dediquen a ciertas
actividades de ocio.
Como cabe imaginar, esta tarea de cálculo no es algo sencillo ni
siquiera para los que nos dedicamos a ello y, por ello, les recomiendo
que acudan al auxilio de un profesional.
Todo lo anterior viene referido al IRPF pero ¿Qué sucede con el IVA?
Los signos o módulos son los mismos. La metrología para el cálculo del
IVA devengado es el mismo, pero este no es el importe que tendrá que
pagar. El trabajador autónomo podrá deducir del IVA devengado calculado
por estimación, la totalidad de todos los IVAs soportados durante el año
2020. Ahora bien, habrá de tener en cuenta que los IVAs pagados por
compras serán inferiores a los años anteriores, y los IVAs de gastos
generales, tales como alquileres de locales de negocio, serán menores
debido a la reducción y condonación total o parcial de las rentas.
¿Qué ocurre con el año 2021?
El Ministerio de Hacienda publicó el pasado 4 de diciembre la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre,
por la que se desarrollan, para el año 2021, tanto el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
como el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido. Es habitual durante estas fechas que cada año se actualicen las
variables que deben tener en cuenta los trabajadores autónomos que han
elegido el cálculo de la base imponible de su actividad económica (IRPF)
y el importe del IVA devengado que tendrán que utilizar en la
presentación de sus declaraciones del año 2021.
La mencionada Orden ministerial
recientemente publicada no introduce modificaciones importantes. No
obstante, una vez realizados los cálculos para el año 2021, estos están
fuera del alcance del trabajador autónomo, al ser la estimación objetiva
una modalidad de tributación voluntaria puede renunciar (o revocar la
renuncia) para 2021 presentando el modelo 036 / 037 hasta el 31 de
diciembre de 2020 o presentando en plazo la declaración-liquidación
correspondiente al primer trimestre del 2021 aplicando el método de
estimación directa del IRPF o el régimen general del IVA.
También tendrá que renunciar en los mismos plazos si se ha superado alguno de los límites durante el año 2020.
Artículo original de Nicolás Emery para el diario digital canal4diario.com
En el consultorio jurídico de @radio calvia fm de este viernes, el abogado y economista Nicolás Emery ha hecho una llamada a los trabajadores autónomos y a todos los trabajadores asalariados que hayan percibido ayudas o prestaciones (ya sean derivadas de ERTEs o cualesquiera de las traídas por el Covid u otras distintas) para regularizar fiscalmente dichas percepciones de cara a la futura presentación en la forma adecuada de los impuestos pertinentes: impuesto sobre la renta de las personas físicas e IVA en su caso.
Con respecto a los autónomos, ha advertido el socio y gerente de Moya & Emery que deben realizar los ajustes necesarios haciendo un cálculo correcto de las horas y días trabajados durante este año debido al cierre total impuesto por el Estado de Alarma (72 días de duración), así como los cálculos correctores correspondientes a la reducción fijada en el aforo de los locales abiertos al público y tener en cuenta que la declaración de IVA que presentemos en enero próximo nos va a marcar la base imponible de la actividad económica en la declaración de renta año 2020 a presentar en 2021. Además, Nicolás Emery también ha dado otras claves prácticas para los autónomos y pequeños empresarios que opten por la estimación directa simplificada o la normal.
No dudes en ponerte en contacto con Moya & Emery para recibir un asesoramiento adecuado para cumplir con tus obligaciones tributarias.
Consulta Vinculante V2779-20, de 10 de Septiembre de 2020 de la
Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas físicas
DESCRIPCIÓN
La consultante va a
adquirir junto con su pareja de hecho un local donde va a comenzar a ejercer
una actividad económica. Si, a pesar de que el
local va a ser adquirido al 50 por ciento por la consultante y su pareja, puede
considerarse el mismo como elemento patrimonial afecto a la actividad económica
en su totalidad.
CUESTIÓN
Si, a pesar de que el local va a ser adquirido al 50 por
ciento por la consultante y su pareja, puede considerarse el mismo como
elemento patrimonial afecto a la actividad económica en su totalidad.
CONTESTACIÓN
El artículo 22 del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo (BOE de 4 de agosto) –en adelante RIRPF- regula los
elementos patrimoniales afectos a una actividad económica, estableciendo que:
“1. Se considerarán elementos
patrimoniales afectos a una actividad económica desarrollada por el
contribuyente, con independencia de que su titularidad, en caso de matrimonio,
resulte común a ambos cónyuges, los siguientes:
a) Los bienes inmuebles en los que se
desarrolle la actividad.
b) Los bienes destinados a los
servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la
actividad.
c) Cualesquiera otros elementos
patrimoniales que sean necesarios para la obtención de los respectivos
rendimientos.
En ningún caso tendrán la
consideración de elementos afectos a una actividad económica los activos
representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la
cesión de capitales a terceros y los destinados al uso particular del titular
de la actividad, como los de esparcimiento y recreo.
2. Sólo se considerarán elementos
patrimoniales afectos a una actividad económica aquéllos que el contribuyente
utilice para los fines de la misma.
No se entenderán afectados:
1º Aquéllos que se utilicen
simultáneamente para actividades económicas y para necesidades privadas, salvo
que la utilización para estas últimas sea accesoria y notoriamente irrelevante
de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de este artículo.
2º Aquéllos que, siendo de la
titularidad del contribuyente, no figuren en la contabilidad o registros
oficiales de la actividad económica que esté obligado a llevar el
contribuyente, salvo prueba en contrario.
3. Cuando se trate de elementos
patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de la actividad, la
afectación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se
utilice en la actividad de que se trate. En este sentido, sólo se considerarán
afectadas aquellas partes de los elementos patrimoniales que sean susceptibles
de un aprovechamiento separado e independiente del resto. En ningún caso serán
susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles.
(…).”
De acuerdo con lo anteriormente
dispuesto, la parte indivisa del local que se adquiera por la consultante se
considerará elemento patrimonial afecto y, en consecuencia, serán deducibles
las cantidades que en concepto de amortización corresponda a dicha parte
indivisa.
Todo ello sin perjuicio que pudieran
considerarse deducibles las cantidades que, en su caso, satisfaga a su pareja
por el uso de la parte indivisa del local adquirida por ésta.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Si tienes un local alquilado como establecimiento para tu negocio y estás sufriendo los efectos del covid lee esta sentencia que te acerca Moya & Emery a sobre la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus“.
La pandemia generada por el covid ha deparado un cambio imprevisible y sustancial con respecto a las circunstancias en que se pactó o que fueron tenidas en cuenta por las partes que firmaron un contrato de arrendamiento. Ello ha deparado un aumento significativo de los costes para alguna o ambas partes del contrato que debe ser ponderado en cada caso concreto. En el caso de esta reciente sentencia de un Juzgado de primera instancia de Barakaldo (que puedes ver haciendo clic aquí) se responde a una demanda de quien tomó en alquiler (arrendatario) un local de negocio, quien solicitó la adopción de medidas de forma cautelar que impidieran al arrendador resolver el contrato, ejecutar las garantías prestadas, impedir el desahucio y reclamar el impago de rentas.
La resolución ha atendido la petición del demandante y fija, de manera cautelar, un periodo de carencia en el pago de la renta durante el Estado de Alarma (y para el caso de un nuevo rebrote) y fija una renta de alquiler con carácter provisional que va ligada porcentualmente a las ventas del arrendatario. Además, de igual forma, la sentencia reduce al 50% de la totalidad de los gastos y contribuciones relacionadas con el Centro Comercial donde se ubica el local alquilado.
Si eres arrendador o arrendatario de un local de negocio y precisas soluciones a tu caso concreto, infórmate con Moya & Emery.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de octubre de 2020, aclara que la presunción de certeza de los informes y de las actas de infracción, se aplica sin perjuicio de su posterior contradicción en el procedimiento por los interesados, siendo lo relevante la constatación o comprobación que se desprende de los informes de la Inspección y de otras pruebas practicadas.
El TS señala en la sentencia referida que lo realmente esencial (al margen de las valoraciones jurídicas contenidas en los mismos introducidas por sus redactores o emisores) es en qué medida lo que en esos informes se haya podido constatar o comprobar quedó desvirtuado por la prueba practicada en ese proceso judicial concreto y que la presunción de veracidad decayó por los errores o inconcreciones advertidos en los mismos, por lo que dichos informes no han sido relevantes para dictar la resolución judicial que se trataba de recurrir ante el TS y que finalmente este Tribunal ha ratificado. Dichos errores o inconcreciones en los informes de Inspección de Trabajo en el caso concreto no han contribuido a que por el Tribunal se tomaran como documentos relevantes y preferentes respecto del resto de material probatorio, que ha prevalecido para dictar la resolución. EL TS, por tanto, ha entendido que aquella presunción de certeza se ha visto desvirtuada por otras pruebas.
Además, al respecto de la presunción de certeza de los hechos constatados por Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, te reproducimos este interesante artículo de IBERLEYa continuación:
Presunción de certeza de los hechos
constatados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social gozan de presunción de certeza (siempre
que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación observando los
requisitos legales pertinentes), sin perjuicio de las pruebas que en defensa de
los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados. (art. 23Ley 23/2015, de 21 de julio)
Como hemos reiterado, el procedimiento sancionador por infracciones en el
orden social y de liquidación de cuotas de la Seguridad Social se iniciará,
siempre de oficio, en virtud de acta de infracción o acta de liquidación,
previas las investigaciones y comprobaciones que permitan conocer los hechos o
circunstancias que la motivan.
La Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, otorga a los hechos
constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, la presunción de certeza (1), sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados.
La presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección se
encuentra en la imparcialidad y especialización, que en
principio, debe reconocerse al Inspector actuante; presunción de certeza
perfectamente compatible con el derecho fundamental a la presunción de
inocencia, ya que la legislación se limita a atribuir a tales actas el
carácter de prueba de cargo, dejando abierta la posibilidad de
practicar prueba en contrario. En consonancia con esto, reiterada jurisprudencia
del Tribunal Supremo ha limitado el valor atribuible a las Actas de la
Inspección, limitando la presunción de certeza a solo los hechos que
por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a
los inmediatamente deducibles de aquellos o acreditados por medios de prueba
consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones
incorporadas a la misma. (TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso,
de 02/07/2004 y TS, Sala de lo Social, de 17/11/2009,
Rec. 2893/2008))
La citada presunción de veracidad de las actas de inspección puede
ser, según los Tribunales, destruida mediante prueba en contrario
(STSJ Pais Vasco, de 02/11/1999). No obstante, la presunción “iuris tantum” de veracidad
no se refiere sólo a las actas de infracción o de liquidación sino que comprende
también los informes o requerimientos en cuanto se trate de hechos que
respondan a una comprobación directa efectuada por la Inspección de Trabajo
(STS 22/05/2012, Rec. 76/2011).
Recalcando el valor probatorio de las actas de los funcionarios de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social:
“Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho
que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste.
También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en
cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros.”
Art. 319 LEC (Fuerza probatoria de los documentos públicos)
“1. Con los requisitos y en los casos de los artículos siguientes,
los documentos públicos comprendidos en los números 1.º a 6.º del artículo 317
harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la
fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y
demás personas que, en su caso, intervengan en ella.
2. La fuerza probatoria de los documentos administrativos no comprendidos
en los números 5.º y 6.º del artículo 317 a los que las leyes otorguen el
carácter de públicos, será la que establezcan las leyes que les reconozca tal
carácter. En defecto de disposición expresa en tales leyes, los hechos, actos o
estados de cosas que consten en los referidos documentos se tendrán por
ciertos, a los efectos de la sentencia que se dicte, salvo que otros medios de
prueba desvirtúen la certeza de lo documentado.
3. En materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando
libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado
primero de este artículo.”
“Las actas extendidas por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social tienen naturaleza de documentos públicos. Las actas formalizadas con
arreglo a los requisitos establecidos en el artículo anterior estarán dotadas
de presunción de certeza de los hechos y circunstancias reflejados en la misma
que hayan sido constatados por el funcionario actuante, salvo prueba en
contrario, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
cuarta.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social”
“Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de
liquidación, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción
de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos
derechos o intereses pueden aportar los interesados.
El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes
emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia de
comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por
los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales
aplicables.
No se verá afectada la presunción de certeza a que se refieren los
párrafos anteriores por la sustitución del funcionario o funcionarios durante
el periodo de la actuación inspectora, si bien se deberá comunicar en tiempo y
forma a los interesados dicha sustitución antes de la finalización de aquella,
en los términos que se establezcan reglamentariamente.”
A lo anterior puede añadirse, únicamente, algún argumento
relacionado con la presunción de certeza de las Actas de
Infracción establecida en el art. 53.2LISOS, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, según el cual los hechos constatados por los
referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se
formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en
el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin
perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses
puedan aportar los interesados. (2)
El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes
emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos
concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de
su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas
procedimentales aplicables.
La presunción de certeza y la inversión de la carga de prueba
Los hechos relatados en el acta de infracción gozan de una presunción de
certeza o veracidad en cuanto que han sido constatados directa y personalmente
por el funcionario actuante, lo que es perfectamente compatible con el
derecho fundamental a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 24.2
de la Constitución Española, ya que el citado artículo 52.2 de
la Ley 8/1988, de 7 de abril, se limita a atribuir a tales actas el carácter de
prueba de cargo, dejando abierta la posibilidad de practicar prueba en
contrario, si bien queda limitada a solo los hechos que por su
objetividad hubiera percibido directamente el inspector o controlador laboral,
o a aquellos inmediatamente deducibles de los primeros o acreditados en virtud
de medios de prueba referidos en la propia acta, sin que se reconozca la
inicial infalibilidad o veracidad a las simples apreciaciones globales, juicios
de valor o calificaciones jurídicas, si bien, la presunción de que se trata,
por su misma naturaleza “iuris tantum”, cede y decae cuando se
aportan pruebas acreditativas de la falta de correspondencia entre lo
consignado en el acta y la realidad de los hechos, en la medida que las
que sean valoradas por el Tribunal posibiliten jurisdiccionalmente asentar su
discrepancia con el soporte fáctico del acto controvertido; no se excluye así
un control judicial de los medios empleados por el inspector o controlador,
requiriéndose asimismo que el contenido de las actas, de infracción o de
liquidación, determinen ” las circunstancias del caso” y los ”
datos”· que hayan servido para su elaboración, cuyo detalle deviene
imprescindible para conformar la base del valor probatorio de las actas
inspectoras. Por tanto, la presunción de certeza despliega la carga de
la prueba al administrado, de modo que es este quien debe acreditar con las
pruebas precisas que no se ajustan a la realidad los hechos descritos
por la inspección. STSJ Madrid Nº 1287/2005, Sala de lo Contencioso,
Sección 3, Rec 631/2004 de 8 de noviembre de 2005
ROYAL DECREE 34/2020 OF 17 NOVEMBER ON URGENT MEASURES
TO SUPPORT BUSINESS SOLVENCY AND THE ENERGY AND TAX SECTORS.
Extension of the maturity and grace periods for
financing operations for the self-employed and businesses which have received a
public guarantee channelled through the Official Credit Institute ICO LOANS.
Extension of the maturity of the guarantees released
in accordance with Royal Decree 18/2020 of 17 March for a maximum additional
period of 3 years, provided that the requirements for this purpose continue to
be met and that the total maturity of the guaranteed operation does not exceed
8 years from the date of the initial formalisation of the operation. The
extension of the maturity of the guarantee will coincide with the extension of
the maturity of the guaranteed loan.
The request for extension must be made by the debtor.
Similarly, the grace period for the repayment of the
principal of the guaranteed operation is increased by a maximum of 12 months (1
year), but provided that the total grace period, including the initial grace
period, does not exceed 24 months (2 years).
The capital of the instalments of the grace period by
prior agreement between the parties may be accumulated to the last instalment
of the loan, pro rata to the remaining instalments or combined with both
systems. In the absence of agreement, it will be pro-rated on the remaining
instalments.
The limits of the working capital lines granted to all
debtors are maintained until 30.06.2021 if they comply with the regulations.
Requirementsfor requesting such extension by the debtor:
The extension must have been requested.
The financed operation cannot be in arrears (unpaid +
90 days) nor other financing granted by the entity to the same client.
The debtor cannot appear as being in default on the
CIRBE on the date of the request for extension.
The financial institution must not have notified the
institution granting the guarantee of non-payment by the debtor on the date of
the request for extension.
The debtor must not be involved in bankruptcy
proceedings.
The guaranteed operation must be prior to the
publication of these regulations.
The application must be made before 15.05.2021.
The debtor must comply with the limits of the EU State
Aid rules.
Obligations of financial institutions:
Application of best banking practices for the benefit
of customers and may not condition the modification of the conditions of loans
covered by the public guarantee or other measures.
The costs of the loans will remain in line with the
costs charged before the extension and may only be increased to reflect an
increase in the remuneration of the guarantee.
They will indicate in their accounting and risk
management the modification of the terms initially foreseen and in their cao,
the new conditions in order to facilitate their traceability and will
incorporate this signalling in their declaration to the central risk
information.
MOYA & EMERY have agreements with different financial entities, for more information call + 34 971728010 or send email click here.
Nicolás Emery en Radio Calvià este viernes 27 de noviembre
El abogado y economista Nicolás Emery de Moya & Emery se ha encargado este viernes de desgranar la medida aprobada por el Ejecutivo hace escasos días consistente en la extensión de los créditos ICO, por la cual se ampliará hasta el 30 de junio el plazo para solicitar avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), permitirá extender en 3 años los vencimientos de los préstamos (con un máximo de 8 años) y aquellos que lo deseen podrán ampliar desde los 12 hasta los 24 meses el periodo de carencia en el pago del principal de los créditos, que para una mayoría del medio millón aproximado de empresas que los solicitarion expira este mes de marzo.
Además, Nicolás Emery ha empleado otra parte del consultorio a tratar sobre el cierre de año fiscal de las empresas, que ya está proximo -31 de Diciembre- y de la importancia de la confección sobre la base de la contabilidad de la empresa.
FUENTE: Artículo original de IBERLEY, de 24/11/2020.
Se publica en el BOE del 24 de noviembre la Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, por la que se modifica la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria.
Con entrada en vigor el 1 de enero de 2021 se publica en el BOE del 24 de noviembre de 2020 la Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, por la que se modifica la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo,
por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el
Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria.
Esta Orden tiene por objeto adaptar
el contenido y diseños de los Libros registro llevados a través de la
Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
a los cambios normativos y también para adecuarlo a las necesidades
asistenciales que se han puesto a disposición del sujeto pasivo
recientemente.
En consecuencia, en primer lugar, esta orden se hace necesaria para que, a partir del 1 de enero de 2021, pueda ser posible la llevanza de las operaciones a que se refiere el número 3.º del apartado 1 del artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
del libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias, a
través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria mediante el suministro electrónico de la información.
Esta modificación normativa tiene su origen en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero,
de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios
fiscales, el cual introdujo modificaciones en la normativa reguladora
del Impuesto sobre el Valor Añadido con la finalidad de proceder a la
incorporación al ordenamiento interno de la Directiva (UE) 2018/1910,
del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE
en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de
determinadas normas del régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido en
la imposición de los intercambios entre los Estados miembros.
En virtud del citado Real Decreto-ley, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
incorporó a nuestro ordenamiento interno las reglas armonizadas de
tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido de los denominados
acuerdos de venta de bienes en consigna. Esto es, los acuerdos
celebrados entre empresarios o profesionales para la venta
transfronteriza de mercancías, en las que un empresario (proveedor), o
un tercero en su nombre y por su cuenta, envía bienes desde un Estado
miembro a otro, dentro de la Unión Europea, para que queden almacenados
en el Estado miembro de destino a disposición de otro empresario o
profesional (cliente), que puede adquirirlos en un momento posterior a
su llegada.
Con el
objetivo de simplificar estas operaciones y reducir las cargas
administrativas de los empresarios y profesionales que realizan
aquellas, la nueva regulación establece que las entregas de
bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en
consigna darán lugar a una entrega intracomunitaria de bienes exenta en
el Estado miembro de partida efectuada por el proveedor, y a una
adquisición intracomunitaria de bienes en el Estado miembro de llegada
de los bienes efectuada por el cliente, cumplidos determinados
requisitos.
Entre los requisitos, se establece la obligación de que los empresarios y profesionales que participan en los acuerdos de ventas de bienes en consigna,
incluido en su caso el empresario o profesional que sustituya a aquel
al que inicialmente estaban destinados los bienes, anoten dentro del
libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias el envío o
recepción de los bienes comprendidos en un acuerdo de ventas de bienes
en consigna. Esta obligación registral se configura no únicamente como
un requisito formal sino como un requisito sustantivo, puesto que su
cumplimiento será necesario para la aplicación de la simplificación. En
este sentido, el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 del Consejo, de 4
de diciembre de 2018, ha modificado el Reglamento de Ejecución (UE)
282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011 para regular de forma
armonizada el registro de estas operaciones.
Siguiendo
esta línea, el Real Decreto-ley 3/2020 modificó el Reglamento del
Impuesto, para regular, dentro del libro registro de determinadas
operaciones intracomunitarias que deben llevar los sujetos pasivos del
Impuesto, los movimientos de mercancías y las operaciones derivadas de
un acuerdo de ventas de bienes en consigna.
No
obstante, para facilitar su cumplimiento y el desarrollo técnico
necesario para su aplicación, el registro de los envíos o recepciones de
los bienes comprendidos en un acuerdo de ventas de bienes en consigna
dentro del nuevo libro registro de determinadas operaciones
intracomunitarias a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria para los empresarios y profesionales
acogidos al suministro inmediato de información, se retrasó hasta el 1
de enero de 2021.
Con
el objeto de hacer posible que los empresarios y profesionales acogidos
al suministro inmediato de información puedan cumplir con las
obligaciones registrales derivadas de un acuerdo de ventas de bienes en
consigna a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a partir de 1 de enero de 2021, esta orden
aprueba las especificaciones funcionales de los elementos integrantes de
los mensajes XML de alta y modificación de los registros del libro
registro de determinadas operaciones intracomunitarias.
En segundo lugar, esta orden tiene por objeto introducir mejoras
de carácter técnico en las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el
Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
para ayudar al correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias
asociadas, principalmente relacionadas con la cumplimentación de las
autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido.
De este modo, se
añade en el libro registro de facturas recibidas una marca para
identificar, con carácter opcional, las cuotas soportadas por la
adquisición o importación de bienes de inversión.
También
en el libro registro de facturas recibidas, se introducen los campos
necesarios para que, en caso de que el contribuyente decida deducir el
Impuesto sobre el Valor Añadido soportado en un periodo posterior al de
registro pueda, con carácter opcional, indicarlo, así como el ejercicio y
periodo en que ejercitará el derecho a deducir.
Finalmente, esta orden establece que aquellas entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal y las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 20.Tres de la Ley 37/1992, que estén incluidas en el suministro inmediato de información, deberán informar de las adquisiciones de bienes o servicios al margen de cualquier actividad empresarial o profesional en los mismos términos que las mismas entidades deben informar en la declaración informativa anual sobre operaciones con terceras personas, modelo 347, cuando no están incluidas en el Suministro Inmediato de Información.
FUENTE: Artículo original de IBERLEY, de 24/11/2020.
La Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el marco de sus precisiones sobre la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, ha publicado también este documento en el que fija su criterio sobre el número máximo de titulares en el domicilio, la acreditación del propio domicilio y la determinación de la unidad de convivencia. Como siempre, Moya & Emery, lo pone a tu disposición para su consulta:
PREGUNTAS Y
RESPUESTAS QUE CABE EXTRAER DEL INFORME SOBRE EL ALCANCE DEL APARTADO 7 DEL
ARTÍCULO 6 DEL REAL DECRETO-LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE
EL INGRESO MINIMO VITAL, INTRODUCIDO POR EL REAL DECRETO-LEY 30/2020, DE 29 DE
SEPIEMBRE, DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO
1. Precisiones en relación con la consideración de domicilio conforme al artículo 6, punto 7, del RD-Ley 20/2020 a efectos de determinar el número máximo de dos titulares en un mismo domicilio que establece el artículo 5 punto 5 deI mismo:
El artículo 6.7 del RO-Ley 20/2020 dispone:
“7. Si en virtud de un contrato queda acreditado el uso
individualizado, por una persona sola o por
una unidad de convivencia, de una habitación en establecimiento
hotelero o similar, será considerado domicilio
a los efectos previstos en esta
norma.
Lo establecido en el párrafo anterior no
será aplicable a los pactos o acuerdos entre los convivientes sobre el uso del domicilio o de determinadas
zonas del mismo, sin contraprestación económica.”
Conforme a esta disposición, a efectos de determinar el número máximo de titulares en un misma. domicilio, hay que distinguir entre dirección (Calle, número, localidad, código postal … ) y domicilio, de tal forma que en una misma dirección puede haber varios domicilios independientes, si se acredita, mediante contrato· que contemple contraprestación económica o, de ser este verbal; mediante certificación del titular del establecimiento o vivienda, que la persona individual o unidad de convivencia solicitantes del IMV ocupan solamente una habitación o una parte concreta de la vivienda o establecimiento hotelero o similar.
Dentro del domicilio así acreditado es donde se limitará a dos el número máximo de titulares, conforme al artículo 5.5 del RD-Ley 20/2020.
2. Precisiones sobre la aplicación de lo dispuesto en el punto 3 del artículo 19 del RD-Ley 2012020 (Acreditación de requisitos), en relación con lo dispuesto en el punto 7 del artículo 6 del mismo.
El punto 3 del artículo 19 dispone que: “El domicilio en España se
acreditará con el certificado de
empadronamiento.”
Por
tanto, enprimer término,
y en todos los casos,
también en los contemplados en el punto 7 del artículo 6, el domicilio se
acreditará mediante el correspondiente
certificado de empadronamiento.
Una vez acreditado el empadronamiento
en la dirección que figure en la solicitud;
si se trata de un supuesto de los contemplados en el punto 7 del artículo 6, además, el solicitante (individual o unidad
de convivencia) deberá acreditar mediante el correspondiente contrato, en los
términos expuestos en el punto anterior, que su domicilio, a efectos de lo dispuesto en
el RO-Ley 20/2020, se localiza en una habitación o zona concreta de la
vivienda o establecimiento hotelero o similar.
3. Precisiones
sobre la determinación de la unidad de convivencia en relación con las
previsiones del punto 7 del artículo 6 del RD-Ley 20/2020.
En los supuestos contemplados en el punto 7 del artículo 6, es decir, aquellos en los que se acredite debidamente que el solicitante ocupa una habitación o zona concreta en un establecimiento hotelero o similar, a cambio de una contraprestación económica, dicho espacio será considerado su domicilio a los efectos de determinar la unidad de convivencia de la que, en su caso, forma parte.
Se ha publicado por parte de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este documento que hace referencia, en el marco del INGRESO MÍNIMO VITAL, al requisito de vivir de forma independiente en las unidades de convivencia que sufran variaciones antes, durante o después de la solicitud de la prestación y desde Moya & Emery lo ponemos a tu disposición a continuación:
PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE CABE EXTRAER DEL
“INFORME SOBRE EL REQUISITO DE VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 7.2 DEL REAL DECRETO LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL INGRESO MÍNIMO VITAL, EN LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA QUE SUFREN VARIACIONES ANTES,
DURANTE O DESPUÉS DE LA SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN.”
Requisito
de haber vivido de forma independiente.
El artículo 7 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29
de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (IMV), en la nueva
redacción dada por el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas
sociales en defensa del empleo, dispone:
“2. Las personas beneficiarias a las
que se refiere el artículo 4.1.b), que sean menores de 30 años en la fecha de
la solicitud del ingreso mínimo vital, deberán acreditar haber vivido de forma
independiente en España, durante al menos los tres años inmediatamente
anteriores a la indicada fecha.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá
que una persona ha vivido de forma independiente siempre que acredite que su
domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante
los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en dicho periodo
hubiere permanecido durante al menos doce meses, continuados o no, en situación
de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad
Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, o en una mutualidad de
previsión social alternativa al Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.
Las personas beneficiarias a las que se refiere el
artículo 4.1.b), que sean mayores de 30 años en la fecha de la solicitud, deberán
acreditar que, durante el año inmediatamente anterior a dicha fecha, su
domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores.
Los requisitos previstos en los párrafos
anteriores no se exigirán a las personas que por ser víctimas de violencia de
género hayan abandonado su domicilio habitual, a las que hayan iniciado los
trámites de separación o divorcio o a las que se encuentren en otras
circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.
(…)
4. Los requisitos relacionados en los apartados
anteriores deberán cumplirse en el momento de presentación de la solicitud o al
tiempo de solicitar su revisión, y
mantenerse al dictarse la resolución y durante el tiempo de percepción del
ingreso mínimo vital.”
El requisito del artículo 7.2 de “haber
vivido de forma independiente”, conlleva 2 exigencias:
haber vivido de forma independiente en España en
un domicilio distinto al de los progenitores, tutores o acogedores durante los
3 años inmediatamente anteriores a la solicitud del IMV,
y, además, haber permanecido en situación de alta
12 meses, continuados o no, dentro de dicho periodo.
A las
unidades de convivencia unidas con vínculo de parentesco no se les exige el
requisito de “haber vivido de forma independiente”.
El
requisito de “haber vivido de forma independiente” tampoco se exige a los
mayores de 30 años. A éstos sólo se les exige acreditar que su domicilio en
España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores 1 año
inmediatamente anterior a la solicitud del IMV.
No se
exigirá el requisito de “haber vivido de forma independiente”, aunque el
solicitante sea menor de 30 años, en los siguientes casos:
personas que por ser víctimas de violencia de
género hayan abandonado su domicilio habitual.
Personas que hayan iniciado los trámites de
separación o divorcio.
personas que se encuentren en otras circunstancias
que puedan determinarse reglamentariamente.
Dicho
requisito sí se exige a los menores de 30 años que viven solos o que comparten
domicilio con una unidad de convivencia en la que no están integrados (no tienen
vínculo de parentesco).
2. Cuando se exige haber vivido de forma independiente cuando las unidades de convivencia con vínculo de parentesco se extinguen por el fallecimiento de alguno de sus integrantes, quedando éste como único beneficiario.
Si el
fallecimiento de uno de los integrantes de la unidad de convivencia provoca que
la misma deje de existir por quedar una persona sola, no se exige al miembro
supérstite haber vivido de forma independiente.
Tampoco
se exigirá al miembro supérstite haber vivido de forma independiente si la
unidad familiar ya hubiese solicitado el IMV y su reconocimiento se encontrase
en trámite.
Si no
hubiese llegado a solicitarse el IMV por la unidad de convivencia cuando tiene
lugar el fallecimiento, sí procede exigir al único solicitante del IMV los
requisitos de acceso a la prestación que se exigen a los beneficiarios
individuales, entre ellos el de haber vivido de forma independiente.
Madrid, a 6 de noviembre de 2020
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA
Las empresas o autónomos que soliciten la ampliación de
plazos no deberán estar en mora ni incursos en procedimientos
concursales
Las entidades financieras garantizarán que no se producen
incrementos injustificados en los tipos de interés, ni exigirán la
contratación de productos vinculados
Para favorecer la recuperación y el mantenimiento de
empresas viables, se amplía el alcance temporal de algunas medidas
aprobadas en materia concursal
Se incentiva el desarrollo de los mercados de financiación
alternativa, elevándose el umbral de capitalización para que una
empresa pueda seguir en el mercado de capitales de Pymes
Se extiende a 2021 la posibilidad de celebrar por medios
electrónicos o telemáticos las juntas generales o las asambleas de
asociados
Se prorroga el IVA del 0% para la compra de determinados
productos sanitarios por parte de hospitales y se rebaja el IVA de las
mascarillas al 4%
Se modifica la Ley del Mercado de Valores para que el
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el
vicepresidente y los consejeros no natos puedan continuar en el
ejercicio de sus funciones hasta el nombramiento de quienes les sucedan
El
Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas
urgentes para apoyar la liquidez y la solvencia de empresas y
trabajadores autónomos, con la adopción de nuevas medidas en los ámbitos
financiero y concursal.
Con el objetivo de que puedan seguir
disponiendo de la financiación adecuada para cubrir sus necesidades de
liquidez o realizar sus proyectos de inversión, se amplía hasta el 30 de
junio el plazo de concesión de las dos Líneas de hasta 140.000 millones
de avales públicos gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial
(ICO).
Las empresas y autónomos que lo soliciten y que cumplan con
los criterios de elegibilidad (fundamentalmente, no estar en mora ni
incursas en procedimiento concursal) podrán disponer de una ampliación
en el vencimiento de los préstamos de la Línea de Avales del ICO para
liquidez de hasta tres años adicionales, con un máximo de ocho años,
desde los cinco actuales. Adicionalmente, podrán gozar de un plazo
adicional de carencia en el pago del principal de 12 meses, siempre y
cuando la carencia total no supere los 24 meses.
Más del 73% de
las operaciones concedidas con cargo a la línea de liquidez tienen un
plazo de entre 4 y 5 años, según los datos disponibles hasta el 31 de
octubre.
Asimismo, las entidades financieras no podrán
incrementar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la
contratación de productos vinculados y habrán de mantener las líneas de
circulante hasta el 30 de junio de 2021 para los clientes que cumplan
los criterios de elegibilidad y cuenten con un préstamo avalado al
amparo de alguna de las dos Líneas de Avales de ICO.
Las entidades financieras aprobarán la ampliación de los plazos a solicitud del cliente en un máximo de 30 días.
A
partir de la entrada en vigor de estos cambios, todas las operaciones
de financiación garantizadas con aval del ICO contarán con un plazo de
amortización que puede llegar a los ocho años. Se igualan así las
características de la Línea de Avales aprobada en marzo con la de la
Línea de Avales para inversión y liquidez, que se aprobó en julio, y que
ya tenía ese plazo máximo.
Se prevé, asimismo, una rebaja de
hasta el 50% de los aranceles notariales y registrales correspondientes a
las operaciones relativas a la extensión de los plazos.
Menos cargas financieras
Con las
modificaciones aprobadas se alivia de manera notable la carga financiera
de autónomos y empresas que lo necesiten, de forma que puedan disponer
de más tiempo para recuperar su actividad empresarial y hacer frente a
sus obligaciones financieras.
Por ejemplo, para el crédito medio
concedido en el sector de bienes de consumo y comercio al por menor
(operación de 77.500 euros con un tipo del 2,5%) y que tuviera un plazo
de devolución de tres años y ya hubiera agotado el periodo de carencia,
el cliente, al tener 12 meses de carencia y extender tres años el plazo
de devolución, pasaría de pagar 2.667 euros de cuota mensual a abonar
161 euros los próximos 12 meses y 1.518 a partir de entonces.
En
el ámbito de turismo, ocio y cultura, en el que el crédito medio
concedido tiene un importe de 100.270 euros al 2,2%, con un plazo de
devolución de cinco años y que contara con 12 meses de carencia, el
cliente mantendría su cuota durante un año adicional en 183 euros y, al
extender el plazo de devolución en tres años más, una vez finalizada la
carencia vería reducida su cuota de 2.184 a 1.487 euros.
En el
crédito tipo del sector de la industria de alimentación y bebidas, con
un plazo de devolución de cuatro años, un importe de 270.600 euros y una
cuota del 2,1%, la extensión del plazo de devolución en otros tres
ejercicios y la introducción de 12 meses de carencia permitiría bajar la
cuota mensual de 6.688 a 473 euros durante un año y, a partir de
entonces, situarla en 4.344 euros.
Con datos a cierre del pasado
mes de octubre, los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes
de consumo, y el de industria textil y moda, junto al comercio al por
menor de estos ámbitos, concentran 274.000 operaciones, casi un tercio
de los créditos concedidos, por lo que estas medidas pueden ayudar de
manera notable a proteger la solvencia de los autónomos y empresas
vinculados a los mismos.
Medidas adicionales
Asimismo, para reforzar
las medidas de apoyo a la liquidez y ampliar su alcance, podrán
beneficiarse de los avales de la Línea de 40.000 millones de euros para
liquidez e inversión aprobada en julio los pagarés incorporados al
Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). De esta forma se fomenta el
mantenimiento de las fuentes de liquidez proporcionadas por los mercados
de capitales, como alternativa a la financiación bancaria.
Estas
medidas son adicionales a las ya aprobadas en las últimas semanas por la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para reforzar la
solvencia y la financiación empresarial, en particular para apoyar a
las empresas exportadoras a través de la Compañía Española de Seguros de
Crédito a la Exportación (CESCE).
En primer lugar, se ha creado
una línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante dotada
con 1.000 millones de euros, dando así continuidad a la línea del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. En segundo lugar, se ha ampliado en
100 millones de euros la línea especial de avales y circulante para PYME
y empresas no cotizadas. Y, finalmente, se ha creado una nueva línea de
cobertura de avales para empresas cotizadas, por un importe de 1.000
millones de euros de euros y con vigencia temporal hasta diciembre de
2021.
Medidas en el ámbito concursal
El RDL
establece también otras medidas para apoyar la solvencia, recuperación y
mantenimiento de las empresas viables, evitando así el posible impacto
sobre la continuidad de la actividad económica y la estabilidad
financiera generado por el desencadenamiento automático de procesos de
liquidación derivados de la caída transitoria de los ingresos por la
situación excepcional generada por la pandemia sanitaria. Con este
objetivo, se amplía el alcance temporal de algunas medidas aprobadas en
materia concursal.
De forma específica, se extiende hasta el 14 de
marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del
concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a
trámite las solicitudes de concurso necesario presentado por los
acreedores.
También se amplía el alcance temporal de las medidas
de inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento
de convenio que presenten los acreedores y de las solicitudes de
incumplimiento de acuerdo de refinanciación.
Estas medidas
permitirán evitar el concurso de empresas que, en condiciones de
normalidad, serían viables, proporcionándoles un tiempo adicional para
su recuperación o para la negociación con sus acreedores.
Por otra
parte, se eleva de 500 a 1.000 millones de euros el umbral de
capitalización recogido en la Ley del Mercado de Valores a partir del
cual una empresa está obligada a solicitar que la negociación de sus
acciones pase de realizarse exclusivamente en un mercado de Pyme en
expansión a hacerlo en un mercado regulatorio. De este modo se incentiva
el desarrollo de los mercados de financiación alternativa.
Adicionalmente,
se amplía el plazo de vigencia durante el ejercicio 2021 para que las
juntas generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios
electrónicos, cuando no esté previsto en sus estatutos.
En
relación con el régimen de autorización previa de inversiones
extranjeras, se aclaran los sectores estratégicos en los que se requiere
autorización para llevar a cabo una inversión. Asimismo, de forma
temporal hasta el 30 de junio de 2021, se incluyen en el régimen de
autorización previa las inversiones extranjeras directas realizadas por
residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación
Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en
sociedades no cotizadas si la inversión es superior a 500 millones de
euros.
Con el fin de garantizar la continuidad de las
instituciones en tanto se produce el proceso de renovación, se prevé
que, tras la finalización del mandato del presidente, vicepresidente y
consejeros no natos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), éstos puedan continuar en el ejercicio de sus funciones hasta el
nombramiento de sus sucesores.
Finalmente, mediante este Real Decreto-Ley se prorroga la rebaja al 0% del IVA aplicable a la compra de determinados productos sanitarios por parte de hospitales y se rebaja el IVA de las mascarillas del 21% al 4% y se adoptan una serie de disposiciones para la transposición de la normativa comunitaria en materia energética.
La abogada de Moya & EmeryMarga de Matos estuvo ayer en los estudios de Radio Calvià FM para explicarnos el concepto de despido, decirnos qué modalidades de despido hay (despido disciplinario, despido objetivo, colectivo) contarnos las implicaciones que tienen cada uno de ellos, tanto para la empresa como para el trabajador o trabajadores que lo sufran, mostrarnos las diferentes calificaciones que pueden tener los despidos (procedente, improcedente o nulo) y, por último, volver a explicar las obligaciones de mantenimiento del empleo para las empresas acogidas a ERTE (y sus nuevas modalidades) y las implicaciones que tiene no cumplir con la obligación de mantenimiento del empleo que conllevan, en concreto sobre la calificación del despido.
Consulta Vinculante V2239-20, de 1 de julio de 2020 de la
Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Deducción de cuotas soportadas. Acreditación. La sociedad interesada ha recibido liquidación provisional por parte de la Agencia Tributaria no admitiendo la deducción de las cuotas soportadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al arrendamiento de una vivienda, al no considerarse el mismo afecto a la actividad empresarial. La vivienda ha sido arrendada por la sociedad para alojar a trabajadores desplazados por motivos laborales. Respecto a la forma de documentar el arrendamiento en cuestión, a efectos de probar su afectación a la actividad empresarial o profesional de la interesada, como ya se ha señalado esta circunstancia deberá probarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, según dispone el artículo 106 de la Ley General Tributaria. En todo caso, la competencia para la valoración de los medios de prueba aportados por la consultante corresponde a los órganos de Gestión e Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sin que este Centro directivo pueda pronunciarse sobre la validez preferente de unos u otros
DESCRIPCIÓN
La sociedad consultante ha recibido
liquidación provisional por parte de la Agencia Tributaria no admitiendo la
deducción de las cuotas soportadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido
correspondientes al arrendamiento de una vivienda, al no considerarse el mismo
afecto a la actividad empresarial. La vivienda ha sido arrendada por la
sociedad consultante para alojar a trabajadores desplazados por motivos
laborales.
CUESTIÓN
Forma de documentar el
mencionado arrendamiento de forma o medios de prueba que se deben aportar en
caso de futuros requerimientos por parte de la Administración, para demostrar
la afectación a la actividad empresarial y poder deducir las cuotas soportadas
por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
A estos efectos el artículo
93.Cuatro de la Ley del Impuesto dispone que:
“Cuatro.
No podrán ser objeto de deducción, en ninguna medida ni cuantía, las cuotas
soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o
servicios efectuadas sin la intención de utilizarlos en la realización de
actividades empresariales o profesionales, aunque ulteriormente dichos bienes o
servicios se afecten total o parcialmente a las citadas actividades.”.
Por
su parte, el artículo 94.Uno.1º del mismo texto legal establece que:
“Uno.
Los sujetos pasivos a que se refiere el apartado uno del artículo anterior
podrán deducir las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido comprendidas en
el artículo 92 en la medida en que los bienes o servicios, cuya adquisición o
importación determinen el derecho a la deducción, se utilicen por el sujeto
pasivo en la realización de las siguientes operaciones:
1º.
Las efectuadas en el ámbito espacial de aplicación del impuesto que se indican
a continuación:
a)
Las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
b)
Las prestaciones de servicios cuyo valor esté incluido en la base imponible de
las importaciones de bienes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de
esta Ley.
c)
Las operaciones exentas en virtud de lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23,
24 y 25 de esta ley, así como las demás exportaciones definitivas de bienes
fuera de la Comunidad que no se destinen a la realización de las operaciones a
que se refiere el número 2º de este apartado.
Los
servicios prestados por agencias de viaje que estén exentos del impuesto en
virtud de lo establecido en el artículo 143 de esta Ley.”.
En el
presente supuesto el consultante afirma la afectación a su actividad
empresarial del arrendamiento de vivienda a que se refiere la consulta. Ésta es
una cuestión de hecho que deberá acreditar por cualquiera de los medios
admitidos en Derecho, cuya carga incumbe a la misma de acuerdo con lo señalado
en esto en materia de prueba en la Sección 2º del capítulo II del título III de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, (BOE del 18), en particular lo señalado en su
artículo 105.1 según el cual quien haga valer su derecho deberá probar los
hechos constitutivos del mismo.
“Uno.
Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o
satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no
se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.
Dos.
No se entenderán afectos directa y exclusivamente a la actividad empresarial o
profesional, entre otros:
1º.
Los bienes que se destinen habitualmente a dicha actividad y a otras de naturaleza
no empresarial ni profesional por períodos de tiempo alternativos.
2º.
Los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades
empresariales o profesionales y para necesidades privadas.
3º.
Los bienes o derechos que no figuren en la contabilidad o registros oficiales
de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo.
4º.
Los bienes y derechos adquiridos por el sujeto pasivo que no se integren en su
patrimonio empresarial o profesional.
5º.
Los bienes destinados a ser utilizados en la satisfacción de necesidades
personales o particulares de los empresarios o profesionales, de sus familiares
o del personal dependiente de los mismos, con excepción de los destinados al
alojamiento gratuito en los locales o instalaciones de la empresa del personal
encargado de la vigilancia y seguridad de los mismos, y a los servicios
económicos y socio-culturales del personal al servicio de la actividad.
Tres.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las cuotas soportadas por
la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de
los bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de
la actividad empresarial o profesional podrán deducirse de acuerdo con las
siguientes reglas:
1ª.
Cuando se trate de bienes de inversión distintos de los comprendidos en la
regla siguiente, en la medida en que dichos bienes vayan a utilizarse
previsiblemente, de acuerdo con criterios fundados, en el desarrollo de la
actividad empresarial o profesional.
2ª.
Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques,
ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la
actividad empresarial o profesional en la proporción del 50 por ciento.
(…).
3ª.
Las deducciones a que se refieren las reglas anteriores deberán regularizarse
cuando se acredite que el grado efectivo de utilización de los bienes en el
desarrollo de la actividad empresarial o profesional es diferente del que se
haya aplicado inicialmente.
La
mencionada regularización se ajustará al procedimiento establecido en el
Capítulo I del Título VIII de esta Ley para la deducción y regularización de
las cuotas soportadas por la adquisición de los bienes de inversión,
sustituyendo el porcentaje de operaciones que originan derecho a la deducción
respecto del total por el porcentaje que represente el grado de utilización en
el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.
4ª.
El grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o
profesional deberá acreditarse por el sujeto pasivo por cualquier medio de
prueba admitido en derecho. No será medio de prueba suficiente la
declaración-liquidación presentada por el sujeto pasivo ni la contabilización o
inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los registros
oficiales de la actividad empresarial o profesional.
(….).”.
En
virtud de lo dispuesto en este artículo para que se genere el derecho a la
deducción de cuotas soportadas por la adquisición de bienes o recepción de
servicios se precisa, en principio, que la afectación a la actividad
empresarial sea directa y exclusiva. No obstante, se admite la afectación
parcial cuando sea un bien de inversión el objeto de la adquisición,
importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título.
En
cuanto al modo de acreditar este grado de afectación por el consultante, además
de lo previsto en la ya citada Ley General Tributaria, deberá tenerse en
cuenta que a estos efectos será válido cualquier medio admitido en Derecho,
pero no será prueba suficiente la declaración-liquidación presentada por el
propio sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes
bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad empresarial, sin
perjuicio de que esta anotación sea otra condición necesaria para poder
ejercitar el derecho a la deducción.
3.-
Por último, en cuanto a la forma de documentar el arrendamiento objeto de
consulta, a efectos de probar su afectación a la actividad empresarial o
profesional de la consultante, como ya se ha señalado esta circunstancia deberá
probarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, según dispone
el artículo 106 de la Ley General
Tributaria.
En
todo caso, la competencia para la valoración de los medios de prueba aportados
por la consultante corresponde a los órganos de Gestión e Inspección de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, sin que este Centro directivo
pueda pronunciarse sobre la validez preferente de unos u otros.
Consulta Vinculante V2295-20, de 7 de julio de 2020 de la Subdirección
General de Impuestos sobre la Renta de las Personas físicas
DESCRIPCIÓN
El consultante, persona física mayor de 70 años
y farmacéutico titular de una oficina de farmacia, está acogido a la jubilación
activa cobrando el 50 por ciento de la pensión de jubilación desde hace más de
tres años. Dado que su deseo es retirarse definitivamente, se está planteando
donar su negocio a su hijo que también es farmacéutico.
Exención
en el IRPF de la donación de un negocio por el titular a su hijo
En primer lugar, debe indicarse que el
análisis de la tributación de la transmisión de un negocio de farmacia requiere
distinguir entre existencias y elementos de inmovilizado. Por lo que respecta a
las primeras, la donación supondrá la obtención de un rendimiento íntegro de la
actividad económica de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre). En
lo que respecta a la valoración del rendimiento obtenido, el artículo 28.4 de
la citada Ley señala que se atenderá al valor normal en el mercado de los
bienes o servicios objeto de la actividad, que el contribuyente ceda o preste
de forma gratuita o destine al uso o consumo propio.
En cuanto al inmovilizado, tanto material
como intangible, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 28.2 de la
Ley del Impuesto, según el cual “para la determinación del rendimiento
neto de las actividades económicas no se incluirán las ganancias o pérdidas
patrimoniales derivadas de elementos patrimoniales afectos a las mismas, que se
cuantificarán conforme a lo previsto en la sección 4ª del presente
capítulo”.
Por tanto, por lo que se refiere al
inmovilizado, la donación generará en el donante una ganancia o pérdida
patrimonial, cuyo importe vendrá determinado por la diferencia entre los
valores de adquisición y transmisión del elemento que se transmite, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Impuesto, valores que vienen
definidos en los artículos 35 y 36 del mismo texto legal.
Si de esta cuantificación resultase una
ganancia patrimonial, su importe se deberá integrar en la base imponible del
ahorro, conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Ley del Impuesto.
Si, por el contrario, resultase una pérdida
patrimonial, no se computaría a efectos del IRPF, al establecer el artículo
33.5.c) de la misma Ley que no se computarán como pérdidas patrimoniales las derivadas
de transmisiones lucrativas por actos ínter vivos o liberalidades.
No obstante, el artículo 33.3 de la Ley del
Impuesto señala que:
“3. Se estimará que no existe ganancia o
pérdida patrimonial en los siguientes supuestos:
Los elementos patrimoniales que se afecten
por el contribuyente a la actividad económica con posterioridad a su adquisición
deberán haber estado afectos ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco
años anteriores a la fecha de la transmisión.”
El apartado 6 del artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, establece una reducción en la base imponible de dicho
Impuesto por la transmisión “ínter vivos”, en favor del cónyuge y
determinados parientes, de una empresa individual, un negocio profesional o de
participaciones en entidades del donante a los que sea de aplicación la
exención a la que antes se ha hecho referencia regulada en el apartado octavo
del artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio y que cumplan
determinados requisitos.
Por tanto, en la medida en que se cumplan los
requisitos establecidos en este último artículo, con independencia de que el
donatario aplique o no la referida reducción, se estimará la inexistencia de
ganancia o pérdida patrimonial para el donante como consecuencia de la
transmisión del inmovilizado afecto al negocio donado, siendo irrelevantes a
dichos efectos los requisitos que establezca la normativa autonómica.
Por último, en lo que respecta a la
incidencia de la jubilación, sea parcial o total, en la aplicación de los
beneficios fiscales previstos en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y,
en definitiva, en la presunción de inexistencia de ganancia o pérdida
patrimonial conforme al artículo 33.3.c) de la Ley 35/2006, cabe
resaltar, al respecto, que el Tribunal Supremo, en Sentencias de 12 de marzo y
10 de junio de 2009, ha declarado que la existencia de pensión de jubilación es
cuestión ajena a la normativa tributaria por lo que, si concurren los
requisitos legales establecidos para el beneficio tributario, la percepción de
aquella no es obstáculo para la procedencia de éste.
Las responsabilidades que pueden recaer sobre los empresarios en caso de omisión de las medidas de prevención y protección de los trabajadores frente al contagio por Covid-19 son variadas, por ejemplo, pueden causar responsabilidades administrativas.
En concreto, el RD Legislativo 5/ 2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social prevé como infracción grave el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales si este incumplimiento crea un riesgo grave para la salud de los trabajadores.
Las consecuencias derivadas de un contagio por coronavirus pueden llegar a ser muy graves, por lo que, si el trabajador acredita que el contagio se ha producido en el centro de trabajo como consecuencia de la omisión de las medidas de seguridad, podría derivarse para el empresario una infracción de carácter muy grave que, si se denunciara a la Inspección de Trabajo, daría lugar a la imposición de una sanción administrativa, con la multa proporcionada a la gravedad de los hechos.
El RD-Ley 21/2020, de 9 de junio, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge las principales medidas que tendrían que adoptarse en los centros de trabajo para los trabajadores que realizan su trabajo de forma presencial y el RD- Ley 26/2020, de 7 de julio de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, habilitó de forma especial y extraordinaria a la Inspección de Trabajo y a los funcionarios autonómicos para la realización de labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales (vigilancia, requerimientos y propuestas de sanciones ante los eventuales incumplimientos empresariales).
Estas sanciones no agotan otras responsabilidades laborales exigibles en el ámbito de la Ley General de Seguridad Social, por ejemplo si un trabajador sufre un perjuicio en su salud derivado de la falta o insuficiencia de las debidas medidas de seguridad, la empresa podría afrontar la obligación de hacerse cargo del pago de recargo de prestaciones que correspondiera, así como de abonar una indemnización adicional.
En el ámbito penal se podría atribuir a los empresarios esa responsabilidad si se pusiera a los trabajadores en peligro grave para la vida, la salud o la integridad física por no haberse facilitado las medidas de seguridad e higiene adecuadas, basta con que se haya permitido el riesgo, aunque no haya habido un resultado dañino para el empleado. Han de ser infracciones muy graves que impliquen un riesgo muy grave para la vida, salud o integridad física del trabajador. Las penas varían, dependiendo si ha sido un acto consciente de infracción o si ha sido una imprudencia grave, por haber adoptado medidas insuficientes o defectuosas y si desgraciadamente la salud del trabajador resultará gravemente dañada o falleciera. Además, derivada de la responsabilidad penal, podría surgir responsabilidad civil e incluso cabe la responsabilidad civil contractual, aun sin responsabilidad penal, con base en lo que se establece en el Código Civil: “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”. Esta responsabilidad consistiría en satisfacer al perjudicado una indemnización de daños y perjuicios, que sería fijada en atención a las circunstancias concurrentes y a los daños realmente producidos.
La actual situación requiere una especial diligencia por parte de los empresarios tanto en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales como en la atención a las normas específicas dictadas con ocasión del Covid-19, con sus continuas modificaciones y las aplicaciones concretas en cada comunidad autónoma e incluso en cada municipio en función del avance de la pandemia
TRABAJADORES
Los trabajadores tienen obligaciones en relación al cumplimiento de la normativa general de prevención y de las instrucciones que el empresario les haya indicado, además, corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional.
Entre las obligaciones propias del trabajador se indican las siguientes: no acudir al centro de trabajo si presenta síntomas compatibles con Covid-19, deberán cumplir con el aislamiento domiciliario pertinente si recibe un diagnóstico por Covid-19 o guardar un periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con Covid-19;
El trabajador deberá informar inmediatamente a la empresa y/o delegados de prevención Covid-19 para que puedan llevarse a cabo las medidas de prevención y protección que se consideren oportunas para proteger al resto de los trabajadores y así el empresario tomar las medidas pertinentes, inclusive el aislamiento del resto de los trabajadores si estuviera realizando trabajo presencial.
Si el trabajador incumple lo anterior, puede llegar a ser sancionado por la dirección de la empresa de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable, y si su irresponsabilidad dañase a terceros, estaría obligado a responder por la vía civil e incluso el propio empresario podría causar responsable civilmente por el daño a terceros de su trabajador.
Ya ha habido varias resoluciones en el ámbito de la jurisdicción social en las que, principalmente en casos de trabajos con especial riesgo de contagio, se ha reconocido la vulneración por parte de la empresa del derecho a la integridad física de los trabajadores, al no disponerse de medidas preventivas o equipos de protección.
Consulta Vinculante
V2496-20, de 22 de julio de 2020 de la Subdirección General de Impuestos sobre
la Renta de las Personas Físicas
DESCRIPCIÓN
Se remite a la cuestión
planteada.
Límite máximo que puede
percibir un trabajador en concepto de dietas
CUESTIÓN
Cuál es el límite máximo que
puede percibir un trabajador en concepto de dietas respecto al total de su
salario obtenido, para que su importe esté exento de gravamen (pudiendo justificar
el desplazamiento).
CONTESTACIÓN
En lo que a la materia
tributaria concierne, cabe señalar que las «asignaciones para gastos de
locomoción y para gastos de manutención y estancia» se incluyen con carácter
general entre los rendimientos íntegros del trabajo, pero, excepcionalmente y
al amparo de la habilitación contenida en el artículo 17.1.d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre),
el artículo 9 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de
30 de marzo, en adelante RIRPF, exonera de gravamen estas
asignaciones cuando las percibe el trabajador por cuenta ajena que, en virtud
del poder de organización que asiste al empresario, debe desplazarse fuera de
su centro de trabajo para desarrollar el mismo; ello bajo la concurrencia de
determinados requisitos reglamentarios, entre los que se encuentra,
básicamente, que el empleado o trabajador se desplace fuera del centro de
trabajo para realizar su trabajo en un lugar distinto.
De acuerdo a ello, las
cantidades que abone la empresa y que deriven del desplazamiento de los
trabajadores a un municipio distinto de su lugar de trabajo habitual y del que
constituya su residencia, no estarán sujetas al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas ni a su sistema de retenciones a cuenta, en la medida que
cumplan de acuerdo al artículo 9.A.3 del RIRPF, los siguientes requisitos:
a) Que traten de compensar
gastos de manutención y estancia en establecimientos de hostelería.
b) Que en cada uno de los
municipios distintos del habitual del trabajo no se permanezca por el perceptor
más de nueve meses (límite temporal) y,
c) Que tales dietas no
superen los límites cuantitativos señalados en dicho artículo 9.A.3, letra a),
del Reglamento del Impuesto, y que actualmente en vigor son:
a.- Cuando se haya
pernoctado
– Por gastos de estancia,
los importes que se justifiquen.
– Por gastos de manutención,
53,34 euros diarios por desplazamiento dentro del territorio español, o 91,35
euros diarios por desplazamiento al extranjero.
b.- Cuando no se haya
pernoctado
Se considerarán exceptuadas
de gravamen las asignaciones para gastos de manutención que no excedan de 26,67
ó 48,08 euros diarios, según se trate de desplazamiento dentro del territorio
español o al extranjero, respectivamente.
La norma reglamentaria exige
que tiene que tratarse de desplazamientos a un municipio distinto del lugar
habitual del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia.
Toda cantidad que se satisfaga por este concepto de asignaciones para gastos de
manutención y estancia que no responda a los términos reglamentarios señalados,
estaría sometida en su totalidad a tributación por el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
Debe insistirse que tiene
que tratarse de desplazamientos a un municipio distinto del lugar habitual de
trabajo, interpretando dicha expresión o término en el sentido de que el
trabajador debe estar destinado en un centro de trabajo y salir o desplazarse
fuera del mismo para realizar en otro centro de trabajo su labor.
Además de lo anterior, debe
precisarse al respecto que a efectos de lo dispuesto en el artículo 9.A.3 del
Reglamento del Impuesto, las cantidades satisfechas por gastos de manutención
en desplazamientos con pernocta o no dentro del territorio español o al
extranjero, a municipios distintos del lugar de trabajo habitual del perceptor
y del que constituya su residencia, no necesitan acreditación en cuanto a su
importe, en referencia a los límites cuantitativos que en dicho precepto se
señalan, para su consideración como asignaciones para gastos normales de
manutención exceptuadas de gravamen, sin perjuicio de la acreditación por parte
del pagador del día y lugar del desplazamiento, así como su razón o motivo.
Respecto a la justificación
que deberá efectuarse por el pagador de la realidad de los desplazamientos, la
misma podrá realizarse por medio de cualquiera de los medios de prueba
admitidos en Derecho, si bien corresponderá a los órganos de gestión e
inspección de la Administración Tributaria su valoración.
En referencia a las cuantías
que tienen la consideración de asignaciones para gastos normales de manutención
y estancia en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de hostelería,
para los casos en que se pernocta en municipio distinto, el Reglamento del
Impuesto considera exceptuadas de gravamen los gastos de estancia los importes
que se justifiquen.
Debe señalarse que, a estos
efectos, los justificantes admisibles son únicamente los correspondientes a
estancia en hoteles y demás establecimientos de hostelería, sin que puedan
asimilarse a los mismos las cantidades destinadas al alquiler o arrendamiento
de una vivienda.
Por otro lado, la regulación
de los gastos de locomoción que pueden estar exonerados de gravamen se recoge
en la actualidad en el artículo 9.A.2 del RIRPF, que establece lo siguiente:
“Se exceptúan de
gravamen las cantidades destinadas a compensar los gastos de locomoción del
empleado o trabajador que se desplace fuera de la fábrica, taller, oficina, o
centro de trabajo, para realizar su trabajo en lugar distinto, en las
siguientes condiciones e importes:
a) Cuando el empleado o
trabajador utilice medios de transporte público, el importe del gasto que se
justifique mediante factura o documento equivalente.
b) En otro caso, la cantidad
que resulte de computar 0,19 euros por kilómetro recorrido, siempre que se
justifique la realidad del desplazamiento, más los gastos de peaje y
aparcamiento que se justifiquen”.
A su vez, el apartado 5
señala que “las cuantías exceptuadas de gravamen en este artículo serán
susceptibles de revisión por el Ministro de Economía y Hacienda, en la
proporción en que se revisen las dietas de los funcionarios públicos”,
mientras que el apartado 6 señala que “las asignaciones para gastos de
locomoción, manutención y estancia que excedan de los límites previstos en este
artículo estarán sujetas a gravamen”.
Respecto a la justificación
de la realidad de los desplazamientos, la misma podrá realizarse por medio de
cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho, según dispone el artículo 106 de la Ley General Tributaria (Ley
58/2003, de 17 de diciembre), si bien corresponderá a los órganos de gestión e
inspección de la Administración Tributaria su valoración.
Por último, el exceso
percibido, en su caso, sobre las cantidades que se acaban de indicar en los
apartados 2 y 3 del artículo 9.A. del RIRPF, está plenamente sujeto a gravamen
en concepto de rendimientos del trabajo, y en lo que se refiere a la retención
aplicable, al tratarse de rendimientos del trabajo, la misma se determinará de
acuerdo con el procedimiento general establecido en el artículo 82 y siguientes
del Reglamento del Impuesto.
La abogada de Moya & Emery Neus Lafuente, especializada en el Derecho mercantil, societario y contractual, estuvo a cargo del consultorio jurídico del pasado viernes en Radio Calvià FM, dedicando su intervención en el espacio radiofónico a tratar la problemática de los alquileres de local de negocio en época COVID y las posibilidades de los arrendatarios de suspender, congelar o paralizar el pago de las rentas.
La abogada hizo un repaso de la normativa actual, de los principios jurídicos que rigen este tipo de contratos, las más recientes sentencias al respecto y un conjunto de buenas recomendaciones para arrendatarios y arrendadores, todos afectados por la situación excepcional que estamos sufriendo por la pandemia.
Para
la cotización por contingencias profesionales, el tipo de cotización
será el 1,1 por ciento.
Para
el cese de actividad, el tipo de cotización será del 0,8 por ciento.
De conformidad con lo anterior, se informa de que se ha
procedido por la Tesorería General a la actualización de los tipos de
cotización que se han venido aplicando hasta el período de liquidación de septiembre
de 2020, y que correspondían a los previstos para el año 2019. Como
consecuencia de la citada actualización, las cuotas correspondientes al período
de octubre de 2020 y posteriores se calcularán ya con los nuevos
tipos.
Respecto de la regularización que proceda hacer de
las cuotas correspondientes a los meses de enero a septiembre, señalar
que la misma se abordará en las próximas semanas y en su momento se informará
del período de recaudación en el que se procederá al cargo en cuenta de las complementarias
correspondientes.
Para mayor información contacte con el servicio de atención
telefónica de la Tesorería General de la Seguridad Social 901 50 20 50.
Es el resumen anual de los 111 (impuesto en el que se
reflejan las retenciones practicadas sobre los trabajadores en nómina y a los
profesionales en facturas presentándose éste trimestralmente -enero-abril-julio-octubre-).
¿Cuándo se presenta el 190?
Entre el 1 y 31 de enero del año posterior en el que se
practican las citadas retenciones.
¿Qué consideración tendrán las prestaciones de
los ERTES recibidas por los trabajadores?
Tendrán la consideración de rendimiento del trabajo y no
estarán exentas de tributación.
Posiblemente, mucha gente el año que viene se encontrará que
ha tenido dos o más pagadores (el SEPE y empresa).
¿Cuándo habrá obligación de presentar la
renta?
Si
se han tenido dos pagadores o más y la suma de los rendimientos del trabajador
es superior a los 22.000€.
Si
el rendimiento del trabajo obtenido del segundo pagador y demás pagadores es
superior a 1.500€ y la suma total de los rendimientos del trabajo supera los
14.000€
¿Cómo reflejar estas prestaciones en el modelo
190?
Como clave C (prestaciones por desempleo, subsidios). De
igual manera se reflejarán las prestaciones por cese de actividad de los
autónomos.
¿Qué pasa con aquellas prestaciones obtenidas
indebidamente?
Aquí se han de toma en consideración dos situaciones:
La
devolución del indebido se da antes de la presentación del modelo 190:
Se
informará del neto recibido.
La
devolución del indebido se da una vez presentado el modelo 190:
Se informará
en el modelo 190 de 2021 y en el ejercicio de devengo (2020) en signo negativo.
¿Y las prestaciones por cese de actividad de
los autónomos qué consideración merecen?
Dichas prestaciones son prestaciones por desempleo, por
tanto, según el artículo 17.1.b) de la Ley de IRPF, las prestaciones por
desempleo se califican como rendimientos de trabajo.
Pese a provenir de la actividad económica de la actividad
del autónomo, no es un ingreso inherente de la misma y por tanto, no debe
reflejarse como ingreso en el modelo 130 de pago fraccionado del IRPF.
Frente a los últimos datos obtenidos sobre la evolución de la pandemia en nuestro país que denotan un aumento en el número de casos (segunda ola de la pandemia), el Gobierno de la Nación en fecha 25 de octubre de 2020 publicó, el Real Decreto 926/2020 en el que vuelve a declararse el Estado de Alarma afectando a la totalidad del territorio nacional.
A continuación, se expone un breve resumen de su contenido:
El contacto social tanto en espacios públicos como cerrados se ha convertido a día de hoy en uno de los principales focos de contagio (un tercio de los brotes, lo que implica casi una cuarta parte de los casos).
Es por ello que en este Real Decreto quiere manifestarse la importancia de reducir las reuniones familiares y sociales entre personas no convivientes, el permanecer en el domicilio, evitando desplazamientos si no son de vital importancia y el restringir la actividad nocturna que es donde se han detectado los mayores incumplimientos o relajaciones en cuanto a las medidas adoptadas inicialmente para afrontar el COVID-19.
¿Qué implica la declaración del
Estado de Alarma?
Que la autoridad competente será el Gobierno nacional (centralización).
¿Quiere decir eso que las CCAA
(Comunidades Autónomas) no pueden decidir nada? NO, evidentemente los gobiernos
autonómicos y las autoridades sanitarias de las CCAA conocen específicamente la
situación de la CCAA con lo cual están mejor posicionados para la toma de
ciertas decisiones en función de los datos.
Es por ello que el Gobierno Nacional permite a las autoridades competentes delegadas, poder dictar las resoluciones, disposiciones u órdenes que estimen necesarias sin necesidad de pasar por un procedimiento administrativo.
Por tanto, se trata de una
centralización de decisiones con matices y dejando la puerta abierta a ciertas
decisiones a las autoridades delegadas de las CCAA.
¿Hasta cuando se mantiene en vigor
el nuevo Estado de Alarma?
Hasta el 9 de mayo de 2021 a las
0:00 horas, sin perjuicio de su posible prórroga o derogación previa en función
de la evolución de la pandemia. Con lo cual es una fecha referencial.
Como se ha comentado, los datos han
demostrado que la mayoría de los brotes de contagio provienen de las reuniones
familiares/sociales tanto en público como en privado y que las actividades
realizadas durante el horario nocturno son en las que se han relajado las
medidas de seguridad o donde se encuentran la mayor parte de los
incumplimientos.
Es por ello que se ha limitado la libertad de circulación entre la franja horaria de 23:00 a 06:00 horas, pudiéndose únicamente circular por alguno de los siguientes motivos:
a)
Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera
necesidad.
b)
Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c)
Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
d)
Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales,
institucionales o legales.
e)
Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las
actividades previstas en este apartado.
f)
Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
g)
Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h)
Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
i) Repostaje en
gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la
realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.
Matiz a tener en cuenta: la autoridad
competente de cada CCAA podrá flexibilizar dicha franja horaria de la siguiente
manera determinar que la hora de inicio de dicha restricción sea entre las
22:00 -00:00 horas y la de finalización sea entre las 05:00-07:00 horas.
¿Hay limitaciones para desplazarse
entre CCAA?
Sí, los desplazamientos que se entienden como justificados para poder moverse
entre CCAA son los siguientes:
a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos
sanitarios.
b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales,
empresariales, institucionales o legales.
c) Asistencia a centros universitarios, docentes y
educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.
d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores,
dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros
o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.
g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos
públicos, judiciales o notariales.
h) Renovaciones de permisos y documentación oficial,
así como otros trámites administrativos inaplazables.
i) Realización de exámenes o pruebas oficiales
inaplazables.
j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza,
debidamente acreditada.
La autoridad competente de la CCAA
podrá determinar si caben dichas restricciones para ámbitos geográficos
inferiores a la CCAA (por ejemplo, a nivel provincial).
¿Cómo quedan las limitaciones de
las reuniones en grupo tanto en el ámbito publico como privado?
Se limitan a 6 dichas reuniones
tanto en ámbito público como privado, salvo entre convivientes y excepciones en
instalaciones, dependencias o establecimientos abiertos al público.
En función de los datos y evolución
de la pandemia, la autoridad competente podrá determinar que el límite de 6
personas sea aún inferior, salvo cuando se trata de convivientes.
Fuera de estas limitaciones quedan
las actividades laborales, profesionales e institucionales.
IMPORTANTE: todas estas medidas de podrán flexibilizar, modificar o suspender en función de la evolución de la pandemia a nivel nacional y en función de la situación en que se encuentre cada territorio.
La Agencia Tributaria (AEAT) ha elaborado una nota con aclaraciones
relativas a las prestaciones derivadas de un expediente de regulación
temporal de empleo y también a la prestación extraordinaria por cese de
actividad de cara a la cumplimentación del modelo 190 correspondiente al
ejercicio 2020 (a presentar en enero de 2021).
La AEAT ha considerado oportuno dar traslado de las siguientes
aclaraciones con el objetivo de que la presentación de esta información
sea correcta.
A continuación indicamos dichas aclaraciones:
Las prestaciones derivadas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) se califican como rendimiento de trabajo sujetas a gravamen. No están exentas del IRPF.
El cobro de las prestaciones derivadas de ERTEs implicará en la
práctica totalidad de los casos que existan dos pagadores de
rendimientos de trabajo. Si un contribuyente ha obtenido durante el
ejercicio 2020 rendimientos de trabajo de dos pagadores distintos:
Si
el importe percibido del segundo y restantes pagadores no supera los
1.500 euros, no existirá obligación de declarar por IRPF si la suma
total de rendimientos del trabajo no supera los 22.000 euros.
Si
el importe percibido del segundo y restantes pagadores supera los 1.500
euros, no existirá obligación de declarar por IRPF si la suma total de
rendimientos del trabajo percibidos en el ejercicio no supera los 14.000
euros.
Las prestaciones satisfechas por un ERTE se deben declarar en el modelo 190, con clave C (desempleo).
Se trata de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19 en materia de protección por desempleo.
En el caso de ser reciban prestaciones de ERTEs improcedentes, que
posteriormente el perceptor deba devolver, se deberá tener en cuenta:
si
la devolución se produce en el ejercicio 2020: el pagador de estas
prestaciones presentará el modelo 190 correspondiente al ejercicio 2020
reflejando únicamente el neto correspondiente que proceda.
si la
devolución se produce en el ejercicio 2021: el pagador de estas
prestaciones informará de las cantidades que han sido devueltas en el
modelo 190 correspondiente a 2021, con ejercicio de devengo 2020 y signo
negativo.
Las cantidades por el concepto de prestación extraordinaria por
cese de actividad percibidas por los autónomos satisfechas por la Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina
en el ámbito del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, deben declararse en el modelo 190, con clave C (prestaciones y subsidios de desempleo).
La prestación extraordinaria por cese de actividad percibidas
por los autónomos se califica al igual que la prestación «ordinaria» por
cese de actividad de los autónomos regulada en los artículos 327 y ss.
LGSS, la prestación extraordinaria por cese de actividad es una prestación
del sistema de protección de desempleo; según el artículo 17.1.b) de la
Ley de IRPF, las prestaciones por desempleo se califican como
rendimientos de trabajo. Aunque su origen esté en la actividad
económica del autónomo, no se trata de un ingreso inherente a la misma y
por tanto no puede calificarse como un rendimiento de actividades
económicas. Consecuentemente, esta prestación no debe incluirse
como un ingreso más del trimestre en el modelo 130 de pago fraccionado
del IRPF.
A continuación transcribimos la nota informativa de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina, a la que también puedes tener acceso en formato pdf a través de este enlace:
El Instituto Social de la Marina tiene encomendada, entre otras, la gestión de las prestaciones por desempleo de los trabajadores incluidos dentro del campo de aplicación del Real Decreto 47/2015, de 21 de octubre reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.
Por ello, y en orden a gestionar de una manera más eficaz las prestaciones incluidas en el real decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre, se dictan una serie de pautas para que dicha gestión se realice de forma más rápida, eliminando en la medida de lo posible, los retrasos en el pagos de dichas prestaciones.
A tal fin, se ha habilitado el siguiente buzón 07.ism-baleares.ertes@seg-social.es, para que se envíe la documentación que se indica y referida a empresas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar-
Para la gestión de las distintas prestaciones, habrá que distinguir entre:
A.- SOLICITUDES COLECTIVAS 1.- En el caso de las solicitudes recogidas en los artículos 1 y 9 del real decreto antes señalado, al remitir dichas solicitudes al buzón señalado , en el asunto se consignará “Solicitud ERTE R.D Ley 30/2020” seguido del nombre de la empresa. 2.- Incidencias posteriores al inicio de la prestación 2.1.- Comunicación de altas y/o bajas de I.T, inicio de prestación de nacimiento y cuidado de hijos, una vez ya está reconocida la prestación por desempleo: Dichas incidencias se comunicarán al mismo buzón, consignando en el asunto “incidencia ERTE trabajador DNI/NIE ” y se indicará el número del DNI/NIE, adjuntando parte de baja/alta médicos, o comunicando el inicio del disfrute de la prestación de nacimiento y cuidado de hijo, en cualquiera de los periodos de disfrute. 2.2.- Inclusión de trabajadores en la solicitud colectiva que no deberían de haberse incluido en la misma por encontrarse en situación de I.T., nacimiento y cuidado de hijos o excedencia en el momento de inicio del ERTE. Si hemos incluido en la solicitud inicial, a algún trabajador en el ERTE, que NO lo deberíamos haber incluido, se hará al mismo buzón señalado anteriormente, indicando en el asunto “trabajador reconocido en ERTE sin derecho” e indicar DNI/NIE. 2.3.- Una vez finalizado el periodo indicado en el apartado 2.2 (I.T., nacimiento, excedencia, etc.), se deberá enviar el EXCEL, incluyendo únicamente a dichos trabajadores, indicando en el campo inicio suspensión/reducción el día siguiente a la finalización de dicha causa.
B.- BAJAS DE PRESTACIONES Las bajas de prestaciones, se pueden enviar bien por el fichero EXCEL, o a través de fichero XML. B.1 Bajas de prestaciones por colocación continuada sin variaciones de jornada ni reducción Las bajas de prestaciones, se habrán de comunicar con carácter previo a dicha baja, consignando en el campo día de la baja en la prestación, el día de la colocación (NO el día anterior). El acceso al fichero para su cumplimentación y grabación se hará a través del siguiente enlace: https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/Plantilla-BAJA-ERTE-COVID-19.xlsx., enviando el fichero que se ha generado al buzón indicado con el asunto “Baja ERTE R.D. Ley 30/2020”, seguido del nombre de la empresa. En este caso no se enviarán periodos de actividad de dichos trabajadores. B.2 Bajas de prestaciones por haber distintos periodos de actividad dentro de un mes y/o reducción de jornada 1.- Se enviará el fichero EXCEL generado en el apartado B.1 anterior siempre consignando como fecha de baja de prestaciones el día 1 del mes que se produzca la baja y/o reducción o en su defecto la fecha en la que el trabajador se incorporó al ERTE si esta es posterior al día del mes en curso. (ej. Alta ERTE 5 de octubre y comienza a variar jornada el 20/10/2020. En este caso la fecha de la baja no sería el 1 de octubre sino el 5 de octubre). 2.- El mes siguiente, en los primeros 25 días naturales, deberemos de cumplimentar el fichero EXCEL al cual se accede en el enlace siguiente , y una vez cumplimentado, debemos de generar el fichero XML con el botón habilitado para ello, siguiendo las instrucciones del propio fichero. https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/asistente-para-generar-ficheros-XML.xlsm Una vez generado el fichero XML, hay que enviarlo como ya hemos indicado, en los primeros 25 naturales siguientes al mes siguiente a la fecha en que es produjo la baja y/o reducción, a través de la aplicación Certificad@s, que se encuentra en el siguiente enlace: https://sede.sepe.gob.es/DCertificadosWeb/ActionNavegacion.do?accion=navegacion
Una vez enviado el fichero se tendrá que comunicar al ISM a través del buzón habilitado para ello, el número de envío para proceder a su validación.
Palma, octubre de 2020
Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina Moll Vell, 15, 07012 Palma de Mallorca TEL.: 971 227 144 / 137 CORREO ELECTRONICO CORREU ELECTRÒNIC illesbalears.dirprov.ism@seg-social.es
No va a ser todo trabajo y Derecho en Moya & Emery. Nuestros amigos de Radio Calviá FM invitaron a la letrada Marga de Matos este pasado lunes a su espacio “Las 10 canciones de…” para hacer un repaso de las diez canciones que ponen banda sonora a su vida y explicarnos el porqué de su elección.
Puedes escucharlas la selección musical de Marga de Matos completa en este vídeo de la entrada de nuestro blog y también a través del siguiente enlace de audio al IVOOX de Radio Calvià.
¿AUTÓNOMO? Entonces seguro que te interesa ver el último consultorio jurídico de Moya & Emery en Radio Calvià FM, con todas las novedades con respecto a las ayudas a trabajadores autónomos desde octubre 2020, sobre las que debes recordar que el plazo para su solicitud finaliza mañana, 19/10/2020.
Además, Nicolás Emery trató más temas: dudas con respecto a la los trabajadores fijos discontinuos y la prestación especial para ellos y también sobre reclamaciones sobre arrendamientos, de parte de los propietarios a los inquilinos a raíz de una reciente sentencia.
Este pasado miércoles, el abogado y economista Nicolás Emery fue invitado al informatiu vespre de IB3 ràdio, en la sección dedicada al análisis político, la cual tuvo como tema principal de debate la situación financiera del Govern con la crisis del Covid-19.
La paralización de la economía por la pandemia amenaza la previsión de ingresos del Gobierno para este año. Hasta el mes de septiembre la caída de ingresos propios es, según Hacienda, de 140 millones de Euros, lo que equivale a un 18%. El impuesto sobre el turismo sostenible es el que más baja, un 70%. Se ha dejado de recaudar 88 millones de Euros respecto del més de Septiembre del año pasado. La previsión para este año era ingresar 128 millones de Euros de la Ecotasa y de momento se han ingresado 35. En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la caída es de 37 millones de Euros. Con estos datos parece claro que los prespuestos de 2021 se tendrán que adaptar a esta caída de ingresos, pero ¿Cómo? Escucha el programa para conocer la opinión de nuestro experto.
No olvides que puedes acceder a la programación de radio y televisión de IB3 a través de su web www.ib3.org
Hoy Moya & Emery te acerca los nuevos reales decretos aprobados ayer sobre IGUALDAD RETRIBUTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRE, PLANES DE IGUALDAD y REGISTRO Y DEPÓSITO DE CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS:
Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres: https://bit.ly/3nQYFeU
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo: https://bit.ly/33XvTBz
¿Se produce la prórroga automática de todos los ERTE de fuerza Mayor vigentes a 30 de septiembre? Sí, se prorrogan automáticamente todos los ERTE de fuerza mayor vigentes a 30 de septiembre hasta el 31 de enero de 2021.
¿Se prorrogan también automáticamente las exoneraciones a la Seguridad Social vigentes a 30 de septiembre para los ERTE de Fuerza mayor? Únicamente se prorrogan las exoneraciones para aquellas empresas que pertenecen a determinados sectores, con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad. Las empresas pertenecientes a estos sectores, identificados a través de una serie de CNAE 2009 que se relacionan en el anexo del Real Decreto Ley 30/2020, de 29 de septiembre, prorrogan su ERTE junto con las exoneraciones previstas en la norma, sin necesidad de realizar trámite alguno. También podrán acceder a las exoneraciones previstas en la norma para estas CNAE, las empresas que sean calificadas como integrantes de su cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas, previa solicitud presentada al efecto ante la autoridad laboral.
¿Cuáles son las empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes de las empresas pertenecientes a los sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad? Son empresas con un ERTE por fuerza mayor prorrogado cuya facturación, durante el año 2019, se haya generado, al menos, en un cincuenta por ciento, en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09 referidos en el anexo indicado, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en dichos códigos CNAE-09.
¿Cómo pueden acreditar las empresas su condición de dependientes o integrantes de la cadena de valor de empresas pertenecientes a los sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad? La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor de una empresa perteneciente a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad debe presentarse ante la autoridad laboral competente, junto con un informe o memoria explicativos y toda aquella documentación acreditativa que se considere oportuno. Además, la empresa debe comunicar dicha circunstancia a las personas trabajadoras de su empresa y trasladar toda la documentación a la representación de las mismas, en caso de haberla.
¿Cuál es la autoridad laboral competente para acreditar que una empresa tiene la condición de pertenecer a la cadena de valor o ser económicamente dependiente de empresas pertenecientes a los sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad? La autoridad laboral competente es la autoridad laboral que resolvió favorablemente, bien por resolución expresa, bien por silencio administrativo positivo, el ERTE de fuerza mayor prorrogado.
¿Cuándo se puede solicitar la condición de empresa incluida en la cadena de valor o económicamente dependiente de una empresa perteneciente a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación? El plazo para solicitar dicha condición es del 5 al 19 de octubre de 2020.
¿Cuál es el ámbito de las exoneraciones tanto de las empresas pertenecientes, a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación, como de las que pertenecen a su cadena de valor y las que son económicamente dependiente de ellas? El ámbito de las exoneraciones tanto de las empresas pertenecientes a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación, como de las que pertenecen a su cadena de valor y las que son dependientes de ellas, es el ERTE de fuerza mayor prorrogado por cuyas personas trabajadoras se aplican las exoneraciones. Si el ERTE afectaba únicamente a uno o varios centros de trabajo de una empresa, este será su ámbito.
¿Cuál es el plazo que tiene la autoridad laboral para resolver sobre la declaración de empresa incluida en la cadena de valor o económicamente dependiente de una empresa perteneciente a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación? El plazo para que la autoridad resuelva la solicitud de empresa incluida en la cadena de valor o dependiente de empresas pertenecientes a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación es de 5 días hábiles, con silencio administrativo positivo.
¿Cuál es la cuantía de las exoneraciones de los ERTE de Fuerza Mayor tanto de las empresas pertenecientes, a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación, como de las que pertenecen a su cadena de valor y las que son económicamente dependiente de ellas? El porcentaje de exoneración de los ERTE de Fuerza Mayor de las empresas pertenecientes, a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación, como de las que pertenecen a su cadena de valor y las que son económicamente dependiente de ellas: • El 85% de la cotización a la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta para las empresas de menos de 50 personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020. • 75 % de la cotización a la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta para las empresas de 50 y más personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020. Estos porcentajes se aplicarán a todos las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de octubre, o que la hubieran reiniciado desde el 12 de mayo, así como a aquellos que se mantengan en situación de suspensión de contrato o reducción de jornada hasta el 31 de enero de 2021, en los porcentajes de jornada afectados por la suspensión.
¿Se prevé que se puedan solicitar nuevos ERTE vinculados a exoneraciones por fuerza mayor derivada de la Covid-19? Las empresas, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan, afectadas en su actividad por la Covid-19 podrán acceder a nuevos ERTE exonerados. Concretamente los supuestos previstos son los siguientes:
Las empresas que en alguno de sus centros de trabajo vean impedido el desarrollo de su actividad como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de octubre de 2020, por autoridades españolas o extranjeras y por los centros de trabajo afectados por el cierre, previa tramitación de un ERTE por fuerza mayor.
Las empresas que en alguno de sus centros de trabajo vean limitado el desarrollo de su actividad económica normalizada como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, por los centros de trabajo donde sufran esas limitaciones y por las personas trabajadoras en situación de suspensión de contrato o reducción de jornada, previa tramitación de un ERTE por fuerza mayor.
¿Cuál es el procedimiento para que las empresas que vean impedida o limitada su actividad económica puedan exonerarse de las cuotas de la Seguridad Social? Las empresas cuya actividad económica se vea impedida por nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria o se vean limitadas en el desarrollo de su actividad normalizada por decisiones o medidas de las autoridades competentes en los términos descritos en el Item anterior y por los centros de trabajo afectados, deberán tramitar un expediente de regulación temporal de empleo, conforme a lo previsto en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores.
¿Cuáles son los porcentajes a aplicar en los ERTE por impedimentos o limitaciones de actividad derivados de las nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria?
Para las empresas que tengan su actividad impedida por nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria: a) Empresas con menos de 50 personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020. El 100% de la aportación empresarial por la cotización a la Seguridad Social, así como la relativa a las cuotas de aportación conjunta, durante el periodo de cierre con el límite del 31 de enero de 2021, respecto de las personas trabajadoras, los centros de trabajo afectados y por el período de duración de las nuevas medidas. b) Empresas con 50 o más personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020. El 90 % de la aportación empresarial y cuotas por conceptos de recaudación conjunta, durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021, respecto de las personas trabajadoras, los centros de trabajo afectados y por el período de duración de las nuevas medidas.
Para las empresas que tengan limitaciones en el desarrollo normalizado de su actividad: a) Empresas con menos de 50 personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020. La exención respecto de la aportación empresarial y las cuotas de recaudación conjunta devengadas en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021 será el 100 %, 90 %, 85 % y 80 %, respectivamente, para las personas trabajadoras que tengan sus jornadas suspendidas o reducidas en los centros de trabajo donde esté limitada la actividad y por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión. b) Empresas con 50 o más personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020. La exención respecto de la aportación empresarial y las cuotas de recaudación conjunta devengadas en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021 será el 90%, 80%, 60% y 50% respectivamente, para las personas trabajadoras que tengan sus jornadas suspendidas o reducidas en los centros de trabajo en los que esté limitada la actividad y por los periodos y porcentajes de jornada afectados por a suspensión.
¿Se pueden transformar ERTE por Fuerza mayor vigentes en ERTE por causas económicas organizativas y de producción -ETOP-? Sí, se puede tramitar un ERTE ETOP mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor, y en el caso de que el ERTE ETOP se inicie tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.
¿Se pueden prorrogar los ERTE ETOP una vez finalizado el plazo pactado por las partes? Sí, se pueden prorrogar ante la autoridad laboral receptora de la comunicación final del ERTE, siempre que se llegue a un acuerdo durante el periodo de consultas. La prórroga deberá ser tramitada conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre y con las especialidades incluidas en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
¿Tienen derecho a exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social los ERTE ETOP? Los ERTE ETOP que tienen derecho a exoneraciones son los siguientes:
Los ERTE ETOP, posteriores al 1 de octubre de 2020 que provengan de una transformación de ERTE por fuerza mayor o que se iniciaran al finalizar un ERTE por fuerza mayor, siempre y cuando el ERTE por fuerza mayor del que provienen tuviera derecho a exoneraciones de cuotas a partir del 1 de octubre de 2020 y en la misma cuantía que correspondiera a dicho ERTE.
Los ERTE ETOP que tuvieran derecho a exoneraciones a 30 de septiembre de 2020, siempre que cumplan los mismos requisitos establecidos en los ERTE de fuerza mayor para ser considerados empresas pertenecientes a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación, o empresas dependientes o integrantes de la cadena de valor de aquellas.
¿Existe alguna diferencia en la protección por desempleo de las personas trabajadoras incluidos en ERTE por Fuerza Mayor previstos en el artículo 22 del RDL 8/2020, los ERTE ETOP del artículo 23 del RDL 8 /2020 y por ERTE por suspensión o limitación de actividad previstos en el artículo 2 del RDL /20? No. La protección por desempleo de las personas trabajadoras es idéntica con independencia del ERTE en el que se encuentren incluidos, siempre que éste, ya sea por fuerza mayor, ETOP o de suspensión o limitación de actividad económica derive de la crisis del COVID-19.
¿Existe un nuevo compromiso de mantenimiento del empleo? Sí, para aquellas empresas que reciban exoneraciones conforme a lo previsto en el RDL 30/2020, de 29 de septiembre, se abre un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo que comienza a contar desde la primera reincorporación al trabajo de un trabajador afectado por el ERTE. o desde que finalizara el anterior compromiso del empleo de ser esa fecha posterior.
Los ERTES suspensivos y por reducción
de jornada por Fuerza Mayor autorizados hasta la fecha se prorrogan
automáticamente hasta el próximo 31 de enero de 2021.
Dudas:
¿Habrá exoneraciones a la Seguridad Social para esta prórroga? Si es así, ¿Cuáles
son los % de exoneración? ¿Se prorrogan los % de exoneración previstos hasta 30
de septiembre? ¿Es el mismo % para trabajadores recuperados y para los
afectados por reducciones de jornada?
Artículo 2:
ERTES POR REBROTE.
Concepto ERTE por Rebrote y empresas que
se pueden ver beneficiadas por el mismo:
Empresas o entidades que independientemente
del sector o actividad vean impedido el desarrollo de su actividad como
consecuencia de las nuevas restricciones o medidas de contención sanitarias
adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020 por autoridades españolas o
extranjeras y tengan previamente autorizado un ERTE.
Empresas o entidades que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de las decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, previa autorización de un expediente de regulación temporal de Fuerza Mayor por limitaciones (este inciso da pie a pensar que es un nuevo tipo de ERTE no un complemento del anterior, ya que, en caso contrario, entendemos que debería poner previa autorización de un ERTE por FM en base al artículo 22 del RD 8/2020.
Se
accederá a estas exoneraciones a instancia del empresario y previa comunicación
por su parte a los organismos competentes de los trabajadores afectados y los
periodos de suspensión y reducción de jornada afectados. Todo ello, mediante
declaración responsable.
La
renuncia expresa al ERTE determina el fin de las exoneraciones desde la fecha
de efectos de la renuncia, debiéndose comunicar a la TGSS y a la Autoridad
Laboral.
Estas
exoneraciones no afectarán a la cotización de los trabajadores, es decir, ni
los que se vean afectados por suspensiones ni por reducciones de jornada verán
mermadas sus cotizaciones, sino que seguirán cotizando al 100% de su jornada
habitual previa al ERTE. Ejemplo: Trabajador reducido a un 50% de
su jornada, su cotización es del 100% es decir, como si hiciera una jornada del
100%.
Artículo 3:
ERTE POR CAUSAS ETOP.
Estos ERTEs se tramitarán manteniendo las
particularidades del artículo 23 del RD 8/2020. Ejemplo: el
periodo de consultas no se puede extender más allá de los 7 días.
Estos ERTEs pueden iniciarse:
Mientras
está vigente el de FM: en
este caso, si el ERTE ETOP es finalmente autorizado, su fecha de efectos se
retrotrae a la fecha de solicitud.
Después
de finalizar el ERTE de FM: la fecha del ERTE ETOP se retrotrae a
la fecha de fin del ERTE de FM.
ERTEs
ETOP tramitados antes de la entrada en vigor de este RD 30/2020:
Mantienen
su vigencia hasta la fecha prevista de fin de los mismos con posibilidad de
prorrogarse en caso de que la fecha de fin cayera durante la vigencia del RD
30/2020, siempre que se consiga acuerdo en periodo de consultas.
La prórroga
se tramitará ante la Autoridad Laboral receptora de la comunicación final del
ERTE ETOP inicial.
Duda:¿Cuál
será el % de exoneración de estos ERTES?
Artículo 5:
SALVAGUARDA DE EMPLEO.
Se mantiene la garantía de empleo de los 6
meses para los trabajadores afectados por el ERTE.
Cabe recordar que el acceso a las
bonificaciones y el no retorno de las ya aplicadas depende de cumplir con este
mantenimiento de empleo, ya que en caso de incumplimiento pese a ser un solo
trabajador, implica el retorno completo (todos los meses y todos
los trabajadores) del importe exonerado.
Las empresas que se beneficien de las
exoneraciones anteriormente referenciadas quedan sujetas a un nuevo periodo de
mantenimiento de empleo de 6 meses.
Si la empresa afectada por un compromiso de
mantenimiento de empleo previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo de 6
meses se producirá cuando aquél haya terminado.
Artículo 6:
PROHIBICIÓN DE DESPEDIR EN BASE A CAUSAS ETOP O FUERZA MAYOR
DERIVADAS DEL COVID-19 (al declararse improcedentes e implicar, si es una persona afectada por
ERTE, el retorno de las exoneraciones al no cumplirse con el mantenimiento de
empleo de 6 meses).
EXTENSIÓN DE LOS CONTRATOS EVENTUALES QUE VENCEN DENTRO DEL PERIODO
AFECTADO POR EL ERTE POR EL TIEMPO QUE EL CONTRATO HAYA RESTADO SUSPENDIDO
ENTRE EL INICIO DE LA AFECTACIÓN AL ERTE Y LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL MISMO.
Artículo 7:
PROHIBICIÓN DE LA REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS, EXTERNALIZACIONES
Y NUEVAS CONTRACTACIONES, se EXCEPTUAN personas afectadas que no
puedan por formación, capacitación o razones objetivas justificadas desarrollar
las funciones encomendadas. También en el caso de que la empresa no tenga
ninguna persona contratada o con la categoría para la función concreta a
desarrollar
No cumplir con lo dispuesto implica cometer
una infracción sujeta a Inspección de Trabajo.
Artículo 8:
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO.
Se extienden al igual que los ERTEs hasta el
31.01.2021 las prestaciones por desempleo.
IMPORTANTE: las
empresas afectas por las prórrogas y las que apliquen un ERTE por causas ETOP a
fecha de entrada en vigor de esta norma, deberán formular una nueva
solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del 20.10.2020.
Las
empresas que desafecten a todos o algunos de los trabajadores del ERTE, lo
deben comunicar con CARÁCTER PREVIO a su efectividad a la entidad
gestora. Igualmente la renuncia total y definitiva del ERTE requiere su previa
comunicación.
IMPORTANTE: se
mantiene el importe a percibir, sin perjuicio de los topes en función de la
situación familiar concreta, del 70% de la base reguladora de los 6 meses
previos al ERTE inicial, todo ello hasta 31 de enero de 2021.
Casos
de regularización de las prestaciones por desempleo cuando en un mes natural se
alternen periodos de actividad e inactividad, así como reducciones de jornada,
la empresa deberá comunicar la información sobre los días trabajados en el mes
anterior (periodos de actividad).
En el
caso de las reducciones de jornada se convertirán en días equivalentes de
actividad, (2 días a jornada del 50%, son 1 día a jornada completa). Todo ello
con carácter previo a la aplicación de la reducción de jornada.
Nº
horas trabajadas efectivamente/nº de horas de una jornada habitual sin reducción
de jornada.
PROTECCIÓN AL CONSUMO DEL
DESEMPLEO.
Con el
fin de proteger a las personas afectadas por la crisis socio sanitaria y ERTES,
NO se computarán en ningún momento como consumidas de cara al desempleo durante
el ERTE antes del 01.01.2022 que accedan a un nuevo derecho a percibirlo y sea
como consecuencia de el fin de un contrato temporal, despido individual o
colectivo por causas ETOP o despidos declarados improcedentes.
Artículo 9:
PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS DE LOS FIJOS DISCONTINUOS.
Los beneficiarios serán los FIJOS
DISCONTINUOS afectados durante todo o parte del periodo de actividad por un
ERTE cuando dejen de estar afectados por el ERTE por fin temporada.
Asimismo, los fijos discontinuos que hayan
sido beneficiarias de cualquiera de las medidas siempre que las hayan agotado,
continúen desempleadas y sin derecho a percibir las prestaciones por desempleo
o las agoten antes del 31.01.2021.
Se exige que la empresa presente la solicitud
de prestaciones extraordinarias incluyendo a todos los fijos discontinuos que
dejen de estar afectados por el ERTE.
El
plazo de presentación es de 15 días siguientes al fin temporada o para las
situaciones previas a este RD, 15 días desde la entrada en vigor del mismo.
La prestación se prevé hasta el 31.01.2021 y
podrá interrumpirse por reincorporación total en cuyo caso la empresa debe
comunicar la baja de dicha prestación
Será el trabajador quien deberá comunicar
dicha baja cuando inicie una actividad como autónomo o por cuenta ajena en una
empresa diferente en la que está contratado como Fijo Discontinuo.
Dicha prestación se puede reanudar cuando el
trabajador acredite el cese involuntario como autónomo o se encuentre de nuevo
en desempleo, eso siempre previo al 31.01.2021.
Dicha prestación es compatible con el trabajo
a tiempo parcial por cuenta ajena que se tenga al nacer el derecho a recibir
dicha prestación o aquel iniciado a posteriori, previa deducción en su importe
por la parte proporcional del tiempo trabajado.
EMPRESAS PERTENENCIENTES A SECTORES CON ELEVADA TASA DE COBERTURA
POR ERTE Y REDUCIDA TASA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVIDAD:
CONCEPTO: Las
empresas con ERTE por FM prorrogados hasta el 31.01.2021 y que se incluyan en
la lista expuesta en el Anexo I del RD 30/2020.
También aquellas empresas cuyo negocio
dependa indirectamente y en su mayoría de las empresas referidas en este Anexo
o que formen parte de la cadena de valor de éstas.
Se entiende por ser integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente aquellas cuya facturación durante el año 2019 se haya generado, al menos un 50% en operaciones hechas de forma directa con las incluidas en el Anexo I, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada por empresas incluidas en dichos códigos CNAES del Anexo I.
EL TRANSPORTE ESPACIAL Y EL ALQUILER DE CINTAS DE VÍDEO EN LA LISTA DE EMPRESAS QUE MÁS SUFREN EL COVID-19
La
dirección estratégica de un gobierno democrático, elegido libremente por los
ciudadanos del país, debería ser la de liderar con la máxima seguridad
jurídica e implantar aquellas normas de su competencia para garantizar la
optimización de recursos de toda índole, que aseguren la
libertad y convivencia en todo el territorio. Es necesario que los gobiernos
actúen con un plan establecido de antemano como si de una gran empresa se
tratara, de forma que obtengan el máximo beneficio con los mínimos recursos o
esfuerzo.
Durante
los últimos seis meses el entorno económico mundial está en guerra contra una
pandemia que dista mucho de tener soluciones sanitarias a corto plazo en
España. Mientras esto ocurre, el Estado español da apariencia de estar ciego,
tomando medidas económicas a corto plazo, que, más que ayudar a los
reales generadores de empleo -pequeñas y medias empresas-, está llevando a cabo
una mera política de subvenciones -a través del subsidio de desempleo y la
exoneración de cuotas a la seguridad social- que incentivan a que las empresas
no incorporen sus trabajadores a sus puestos y no haya más que una mínima
actividad económica.
Hay
que dar un paso hacia atrás para tener una mejor visión de la situación en que
nos encontramos. El pasado día 29 de septiembre, la Ministra de Trabajo llevó
al Consejo de Ministros el acuerdo logrado con los representantes sindicales y
la patronal, firmado esa misma mañana -en el tiempo de descuento- que
entraría en vigor al día siguiente, con su publicación en el BOE, y con efectos
reales a partir del día primero de octubre. La inseguridad jurídica que
ello genera a todos los operadores que actuamos en el ámbito laboral –empresas,
trabajadores, abogados, asesores, etc.– no es de recibo. No nos lo merecemos
cuando, además, esto no viene de nuevas: la situación con la que convivimos se
inició a mediados de marzo y el cortoplacismo –sucesivas prórrogas de tres en
tres meses– de estas medidas sólo genera dudas, incertezas y desazón
a todos. El peor mensaje para la generación de empleo y recuperación económica.
Además
de lo anterior, hay que tener en cuenta que las supuestas medidas a adoptar que
se iban filtrando a los medios de comunicación no han coincidido finalmente con
lo que realmente se ha plasmado en papel. ¿Por qué no se hacen las cosas
bien? ¿Por qué no se toma medidas a más largo plazo?
Haré a
continuación un breve resumen de la situación en que quedan los ERTES a partir
del 1 de octubre.
¿Mantienen
los ERTEs las exoneraciones?No. Salvo mejor
interpretación de la Seguridad Social, los expedientes de regulación de empleo
aprobados, en vigor y prorrogados hasta el 31 de enero de 2021, pierden las
exoneraciones de que venían beneficiándose hasta el 30 de septiembre.
Se
crea una nueva figura de ERTE Fuerza Mayor, que, si se quiere mantener
algún tipo de exoneración, sustituye a los ERTEs que las empresas y
trabajadores venían disfrutando hasta el 30 de septiembre pasado. Este
nuevo ERTE se desdobla en dos ERTEs, bien por impedimento, bien por
limitaciones de actividad. Los mismos sí tendrán derecho a una exoneración
en el pago de cuotas a la Seguridad Social, que para el mes de octubre puede
ser del 100% de la parte del salario del trabajador que no ha trabajado. Dicha
exoneración del 100% se verá reducida en un 10% cada mes hasta llegar al mes de
enero de 2021. Pero¿Para cuándo una exoneración del 100% para el
trabajador recuperado (sacado del ERTE) y trabajando?
Las
empresas, antes del 19 de octubre, a través de sus asesores laborales o
abogados de empresas tendrán que rellenar una comunicación de ERTE,
indicando la situación que se encuentra la empresa ERTE, por Fuerza Mayor (FM),
por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (ETOP), de
limitación, de impedimento, DR, R S, W XML, DAE, AL, ITSS, TGSS, SEPE, más un
sinfín de tramites más. Todo ello, y después de haber leído el ANEXO de las
actividades de CNAE – 09, que, entre otras, incluye sectores tan importantes
para la economía como el transporte espacial y el alquiler de cintas de
video y disco. Me viene a la memoria la película Las
doce pruebas de Astérix, vista más de una vez en formato VHS
durante mi infancia.
Todo indica que la salud sanitaria se corregirá implantando y/o copiando a otros países, los cuales ya NO tienen nuestros actuales altos niveles de contagio. Pero entiendo que la salud económica podría ir restableciéndose sin que se esté solventando la crisis sanitaria, si bien para ello se hace imprescindible la generación de estímulos a la empresa para que le sea más barato recuperar a un trabajador en ERTE que dejarlo en dicha situación o mandarlo al paro. Esta política también bonificaría a las arcas de la Seguridad Social y a la reducción del gasto en subsidios de desempleo. No basta con prohibir horas extras y despedir, hay que hacer algo más.
Artículo de opinión a cargo de Nicolás Emery para el digital Canal4 Diario
En ella las empresas podrán saber qué deben hacer a partir del 1 de octubre si sus trabajadores siguen en ERTE; conocer quién, dónde, cómo y cuándo presentar una solicitud colectiva de prestaciones por desempleo derivadas de ERTEs por COVID-19; qué actividades deben ser comunicadas al SEPE a partir del 1 de Octubre, cómo se calculan los días de actividad equivalente (DAE), cómo debe hacer dicha comunicación y cuándo; además, de cara a evitar los errores precedentes en la comunicación y solicitudes con el SEPE, se dan las pautas de utilización de ficheros XML a empresas y gestores.
En primer lugar, un ejemplo práctico de cómo afectará al trabajador en su declaración de la renta de este 2020 el haber estado incluido en ERTE y, posteriormente, un repaso completo a toda la actualidad laboral acercándote todas las novedades sobre las ayudas para trabajadores autónomos desde octubre 2020; la recién aprobada prórroga de los expedientes de regulación temporal del empleo -ERTES- y sus particularidades; y el conjunto de medidas extraordinarias de protección del desempleo y demás regulación recogida en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. Eso encontrarás en este vídeo de la charla del abogado y economista Nicolás Emery con nuestros amigos de Radio Calvià FM en el consultorio jurídico del pasado viernes.
Los
ERTES suspensivos y por reducción de jornada por Fuerza Mayor autorizados hasta
la fecha se prorrogan automáticamente hasta el próximo 31 de enero de 2021.
Dudas:
¿habrá exoneraciones a la Seguridad Social para esta prórroga? Si es así,
¿cuáles son los % de exoneración? ¿se prorrogan los % de exoneración previstos
hasta 30 de septiembre? ¿es el mismo % para trabajadores recuperados y para los
afectados por reducciones de jornada?
ERTES POR REBROTE (artículo 2):
Concepto
ERTE por Rebrote y empresas que se pueden ver beneficiadas por el mismo:
Empresas o entidades que independientemente
del sector o actividad vean impedido el desarrollo de su actividad como
consecuencia de las nuevas restricciones o medidas de contención sanitarias
adoptadas a partir del 01 de octubre de 2020, por autoridades españolas o
extranjeras y tengan previamente autorizado un ERTE.
Empresas o entidades que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de las decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, previa autorización de un expediente de regulación temporal de Fuerza Mayor por limitaciones (este inciso da pie a pensar que es un nuevo tipo de ERTE no un complemento del anterior, ya que si no pienso que debería poner previa autorización de un ERTE por FM en base al artículo 22 del RD 8/2020.
Se accederá a estas
exoneraciones a instancia del empresario y previa comunicación por su parte a
los organismos competentes los trabajadores afectados y los periodos de
suspensión y reducción de jornada afectados. Todo ello, mediante declaración
responsable.
La renuncia expresa al
ERTE determina el fin de las exoneraciones desde la fecha de efectos de la
renuncia, debiéndose comunicar a la TGSS y a la Autoridad Laboral.
Estas exoneraciones no
afectarán a la cotización de los trabajadores, es decir, ni los que se vean
afectados por suspensiones ni por reducciones de jornada verán mermadas sus cotizaciones,
sino que seguirán cotizando al 100% de su jornada habitual previa al ERTE. Ejemplo:
Trabajador reducido a un 50% de su jornada, su cotización es del 100% es decir,
como si hiciera una jornada del 100%.
ERTE POR CAUSAS
ETOP (artículo 3):
Estos ERTES se tramitarán manteniendo las particularidades del artículo
23 del RD 8/2020. Ejemplo: el periodo de consultas no se puede
extender más allá de los 7 días.
Estos ERTES pueden iniciarse:
Mientras esta vigente el de FM:
en este caso si el ERTE ETOP es finalmente autorizado, su fecha de efectos se
retrotrae a la fecha de solicitud.
Después de finalizar el ERTE de FM:
la fecha del ERTE ETOP se retrotrae a la fecha de fin del ERTE de FM.
ERTES ETOP tramitados
antes de la entrada en vigor de este RD 30/2020:
Mantienen su vigencia hasta la fecha
prevista de fin de los mismos con posibilidad de prorrogarse en caso de que la
fecha de fin cayera durante la vigencia del RD 30/2020, siempre que se consiga
acuerdo en periodo de consultas.
La prórroga se tramitará ante la Autoridad
Laboral receptora de la comunicación final del ERTE ETOP inicial.
Duda:¿% de exoneración de
estos ERTES?
SALVAGUARDA DE
EMPLEO (artículo 5):
Se mantiene la garantía de empleo de los 6 meses para los trabajadores
afectados por el ERTE.
Recordar que el acceso a las bonificaciones y el no retorno de las ya
aplicadas depende de cumplir con este mantenimiento de empleo, ya que en caso
de incumplimiento pese a ser un solo trabajador, implica el RETORNO
COMPLETO (todos los meses y todos los trabajadores) del importe
exonerado.
Las empresas que se beneficien de las exoneraciones anteriormente
referenciadas, quedan sujetas a un nuevo periodo de mantenimiento de empleo de
6 meses.
Si la empresa afectada por un compromiso de mantenimiento de empleo
previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo de 6 meses se producirá
cuando aquél haya terminado.
Artículo 6
PROHIBICIÓN DE
DESPEDIR EN BASE A CAUSAS ETOP O FUERZA MAYOR DERIVADAS DEL COVID-19 (al declararse
improcedentes e implicar si es una persona afectada por ERTE el retorno de las
exoneraciones al no cumplirse con el mantenimiento de empleo de 6 meses).
EXTENSIÓN DE
LOS CONTRATOS EVENTUALES QUE VENCEN DENTRO DEL PERIODO AFECTADO POR EL ERTE POR
EL TIEMPO QUE EL CONTRATO HAYA RESTADO SUSPENDIDO ENTRE EL INICIO DE LA
AFECTACIÓN AL ERTE Y LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL MISMO.
Artículo 7:
PROHIBICIÓN DE
LA REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS, EXTERNALIZACIONES Y NUEVAS
CONTRACTACIONES, se
EXCEPTUAN personas afectadas que no puedan por formación, capacitación o
razones objetivas justificadas desarrollar las funciones encomendadas. También
en el caso de que la empresa no tenga ninguna persona contratada o con la
categoría para la función concreta a desarrollar
No cumplir con lo dispuesto implica cometer una infracción sujeta a
Inspección de Trabajo.
MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO (artículo 8):
Se extienden al igual que los ERTES hasta el 31.01.2021 las prestaciones
por desempleo.
IMPORTANTE: las empresas afectas por las prórrogas y las que
apliquen un ERTE por causas ETOP a fecha de entrada en vigor de esta norma, deberán
formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del
20.10.2020.
Las empresas que desafecten a todos o algunos
de los trabajadores del ERTE, lo deben comunicar con CARÁCTER PREVIO
a su efectividad a la entidad gestora. Igualmente la renuncia total y
definitiva del ERTE requiere su previa comunicación.
IMPORTANTE: se mantiene el importe a percibir, sin perjuicio de los
topes en función de la situación familiar concreta, del 70% de la base
reguladora de los 6 meses previos al ERTE inicial, todo ello hasta 31 de enero
de 2021.
Casos de regularización de las prestaciones
por desempleo cuando en un mes natural se alternen periodos de actividad e
inactividad, así como reducciones de jornada, la empresa deberá comunicar la
información sobre los días trabajados en el mes anterior (periodos de
actividad).
En el caso de las reducciones de jornada se
convertirán en días equivalentes de actividad, (2 días a jornada del 50%, son 1
día a jornada completa). Todo ello con carácter previo a la aplicación de la
reducción de jornada.
Nº horas trabajadas efectivamente/nº de horas
de una jornada habitual sin reducción de jornada.
PROTECCIÓN AL CONSUMO DEL DESEMPLEO:
Con el fin de proteger a las personas
afectadas por la crisis socio sanitaria y ERTES, NO se computarán en ningún
momento como consumidas de cara al desempleo durante el ERTE antes del
01.01.2022 que accedan a un nuevo derecho a percibirlo y sea como consecuencia
de el fin de un contrato temporal, despido individual o colectivo por causas
ETOP o despidos declarados improcedentes.
PRESTACIONES
EXTRAORDINARIAS DE LOS FIJOS DISCONTINUOS (artículo 9):
Los beneficiarios serán los FIJOS DISCONTINUOS afectados durante todo o
parte del periodo de actividad por un ERTE cuando dejen de estar afectados por
el ERTE por fin temporada.
Asimismo, los fijos discontinuos que hayan sido beneficiarias de
cualquiera de las medidas siempre que las hayan agotado, continúen desempleadas
y sin derecho a percibir las prestaciones por desempleo o las agoten antes del
31.01.2021.
Se exige que la empresa presente la solicitud de prestaciones
extraordinarias incluyendo a todos los fijos discontinuos que dejen de estar
afectados por el ERTE.
El plazo de presentación es de 15
días siguientes al fin temporada o para las situaciones previas a este RD, 15
días desde la entrada en vigor del mismo.
La prestación se prevé hasta el 31.01.2021 y podrá interrumpirse por
reincorporación total en cuyo caso la empresa debe comunicar la baja de dicha
prestación
Será el trabajador quien deberá comunicar dicha baja cuando inicie una
actividad como autónomo o por cuenta ajena en una empresa diferente en la que
está contratado como Fijo Discontinuo.
Dicha prestación se puede reanudar cuando el trabajador acredite el cese
involuntario como autónomo o se encuentre de nuevo en desempleo, eso siempre
previo al 31.01.2021.
Dicha prestación es compatible con el trabajo a tiempo parcial por
cuenta ajena que se tenga al nacer el derecho a recibir dicha prestación o
aquel iniciado a posteriori, previa deducción en su importe por la parte
proporcional del tiempo trabajado.
EMPRESAS
PERTENENCIENTES A SECTORES CON ELEVADA TASA DE COBERTURA POR ETE Y REDUCIDA
TASA DE RECUPERACIÓN DE ACRTIVIDAD:
CONCEPTO: Las empresas con ERTE por FM prorrogados hasta el 31.01.2021 y que se
incluyan en la lista expuesta en el Anexo I del RD 30/2020.
También aquellas empresas cuyo negocio dependa indirectamente y en su
mayoría de las empresas referidas en este Anexo o que formen parte de la cadena
de valor de éstas.
Se entiende por ser integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente aquellas cuya facturación durante el año 2019 se haya generado, al menos un 50% en operaciones hechas de forma directa con las incluidas en el Anexo I, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada por empresas incluidas en dichos códigos CNAES del Anexo I.
Puedes acceder al Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, con toda la nueva regulación laboral y su tabla anexa de sectores/actividades incluidas aquí.
Hoy se ha publicado el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, que aprueba el conjunto de medidas pactadas y MOYA & EMERY Asesoría y Consulting te acerca este resumen con los aspectos más importantes:
Se prorrogan automáticamente todos los ERTE de fuerza mayor vigentes.
Será posible solicitar nuevos ERTE de fuerza mayor, tanto por impedimento como por limitación de actividades en todos los sectores, altamente exonerados en el pago de cuotas.
Se establecen exoneraciones en la cotización para empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad y su cadena de valor, con ERTE prorrogado, sin necesidad de solicitar uno nuevo.
Los trabajadores fijos discontinuos podrán percibir una prestación extraordinaria.
No se reducirá el porcentaje de base reguladora para calcular las prestaciones por ERTE cuando se hayan percibido 6 meses de prestación.
Se mantiene el “contador a cero” y el acceso a prestaciones de desempleo sin carencia previa.
Se mantiene la limitación de repartir dividendos y de acceso a ayudas por empresas situadas en paraísos fiscales.
Se establece una nueva salvaguarda de empleo de 6 meses.
Puedes acceder al Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, con toda la nueva regulación laboral y su tabla anexa de sectores/actividades incluidas aquí.
RESUMEN
RD 30/2020 de 29 de septiembre de 2020, de medidas sociales en defensa del
Empleo
ERTES FUERZA MAYOR (artículo 1):
Los
ERTES suspensivos y por reducción de jornada por Fuerza Mayor autorizados hasta
la fecha se prorrogan automáticamente hasta el próximo 31 de enero de 2021.
Dudas:
¿habrá exoneraciones a la Seguridad Social para esta prórroga? Si es así,
¿cuáles son los % de exoneración? ¿se prorrogan los % de exoneración previstos
hasta 30 de septiembre? ¿es el mismo % para trabajadores recuperados y para los
afectados por reducciones de jornada?
ERTES POR REBROTE (artículo 2):
Concepto
ERTE por Rebrote y empresas que se pueden ver beneficiadas por el mismo:
Empresas o entidades que independientemente
del sector o actividad vean impedido el desarrollo de su actividad como
consecuencia de las nuevas restricciones o medidas de contención sanitarias
adoptadas a partir del 01 de octubre de 2020, por autoridades españolas o
extranjeras y tengan previamente autorizado un ERTE.
Empresas o entidades que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de las decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, previa autorización de un expediente de regulación temporal de Fuerza Mayor por limitaciones (este inciso da pie a pensar que es un nuevo tipo de ERTE no un complemento del anterior, ya que si no pienso que debería poner previa autorización de un ERTE por FM en base al artículo 22 del RD 8/2020.
Se accederá a estas
exoneraciones a instancia del empresario y previa comunicación por su parte a
los organismos competentes los trabajadores afectados y los periodos de
suspensión y reducción de jornada afectados. Todo ello, mediante declaración
responsable.
La renuncia expresa al
ERTE determina el fin de las exoneraciones desde la fecha de efectos de la
renuncia, debiéndose comunicar a la TGSS y a la Autoridad Laboral.
Estas exoneraciones no
afectarán a la cotización de los trabajadores, es decir, ni los que se vean
afectados por suspensiones ni por reducciones de jornada verán mermadas sus cotizaciones,
sino que seguirán cotizando al 100% de su jornada habitual previa al ERTE. Ejemplo:
Trabajador reducido a un 50% de su jornada, su cotización es del 100% es decir,
como si hiciera una jornada del 100%.
ERTE POR CAUSAS
ETOP (artículo 3):
Estos ERTES se tramitarán manteniendo las particularidades del artículo
23 del RD 8/2020. Ejemplo: el periodo de consultas no se puede
extender más allá de los 7 días.
Estos ERTES pueden iniciarse:
Mientras esta vigente el de FM:
en este caso si el ERTE ETOP es finalmente autorizado, su fecha de efectos se
retrotrae a la fecha de solicitud.
Después de finalizar el ERTE de FM:
la fecha del ERTE ETOP se retrotrae a la fecha de fin del ERTE de FM.
ERTES ETOP tramitados
antes de la entrada en vigor de este RD 30/2020:
Mantienen su vigencia hasta la fecha
prevista de fin de los mismos con posibilidad de prorrogarse en caso de que la
fecha de fin cayera durante la vigencia del RD 30/2020, siempre que se consiga
acuerdo en periodo de consultas.
La prórroga se tramitará ante la Autoridad
Laboral receptora de la comunicación final del ERTE ETOP inicial.
Duda:¿% de exoneración de
estos ERTES?
SALVAGUARDA DE
EMPLEO (artículo 5):
Se mantiene la garantía de empleo de los 6 meses para los trabajadores
afectados por el ERTE.
Recordar que el acceso a las bonificaciones y el no retorno de las ya
aplicadas depende de cumplir con este mantenimiento de empleo, ya que en caso
de incumplimiento pese a ser un solo trabajador, implica el RETORNO
COMPLETO (todos los meses y todos los trabajadores) del importe
exonerado.
Las empresas que se beneficien de las exoneraciones anteriormente
referenciadas, quedan sujetas a un nuevo periodo de mantenimiento de empleo de
6 meses.
Si la empresa afectada por un compromiso de mantenimiento de empleo
previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo de 6 meses se producirá
cuando aquél haya terminado.
Artículo 6
PROHIBICIÓN DE
DESPEDIR EN BASE A CAUSAS ETOP O FUERZA MAYOR DERIVADAS DEL COVID-19 (al declararse
improcedentes e implicar si es una persona afectada por ERTE el retorno de las
exoneraciones al no cumplirse con el mantenimiento de empleo de 6 meses).
EXTENSIÓN DE
LOS CONTRATOS EVENTUALES QUE VENCEN DENTRO DEL PERIODO AFECTADO POR EL ERTE POR
EL TIEMPO QUE EL CONTRATO HAYA RESTADO SUSPENDIDO ENTRE EL INICIO DE LA
AFECTACIÓN AL ERTE Y LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL MISMO.
Artículo 7:
PROHIBICIÓN DE
LA REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS, EXTERNALIZACIONES Y NUEVAS
CONTRACTACIONES, se
EXCEPTUAN personas afectadas que no puedan por formación, capacitación o
razones objetivas justificadas desarrollar las funciones encomendadas. También
en el caso de que la empresa no tenga ninguna persona contratada o con la
categoría para la función concreta a desarrollar
No cumplir con lo dispuesto implica cometer una infracción sujeta a
Inspección de Trabajo.
MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO (artículo 8):
Se extienden al igual que los ERTES hasta el 31.01.2021 las prestaciones
por desempleo.
IMPORTANTE: las empresas afectas por las prórrogas y las que
apliquen un ERTE por causas ETOP a fecha de entrada en vigor de esta norma, deberán
formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del
20.10.2020.
Las empresas que desafecten a todos o algunos
de los trabajadores del ERTE, lo deben comunicar con CARÁCTER PREVIO
a su efectividad a la entidad gestora. Igualmente la renuncia total y
definitiva del ERTE requiere su previa comunicación.
IMPORTANTE: se mantiene el importe a percibir, sin perjuicio de los
topes en función de la situación familiar concreta, del 70% de la base
reguladora de los 6 meses previos al ERTE inicial, todo ello hasta 31 de enero
de 2021.
Casos de regularización de las prestaciones
por desempleo cuando en un mes natural se alternen periodos de actividad e
inactividad, así como reducciones de jornada, la empresa deberá comunicar la
información sobre los días trabajados en el mes anterior (periodos de
actividad).
En el caso de las reducciones de jornada se
convertirán en días equivalentes de actividad, (2 días a jornada del 50%, son 1
día a jornada completa). Todo ello con carácter previo a la aplicación de la
reducción de jornada.
Nº horas trabajadas efectivamente/nº de horas
de una jornada habitual sin reducción de jornada.
PROTECCIÓN AL CONSUMO DEL DESEMPLEO:
Con el fin de proteger a las personas
afectadas por la crisis socio sanitaria y ERTES, NO se computarán en ningún
momento como consumidas de cara al desempleo durante el ERTE antes del
01.01.2022 que accedan a un nuevo derecho a percibirlo y sea como consecuencia
de el fin de un contrato temporal, despido individual o colectivo por causas
ETOP o despidos declarados improcedentes.
PRESTACIONES
EXTRAORDINARIAS DE LOS FIJOS DISCONTINUOS (artículo 9):
Los beneficiarios serán los FIJOS DISCONTINUOS afectados durante todo o
parte del periodo de actividad por un ERTE cuando dejen de estar afectados por
el ERTE por fin temporada.
Asimismo, los fijos discontinuos que hayan sido beneficiarias de
cualquiera de las medidas siempre que las hayan agotado, continúen desempleadas
y sin derecho a percibir las prestaciones por desempleo o las agoten antes del
31.01.2021.
Se exige que la empresa presente la solicitud de prestaciones
extraordinarias incluyendo a todos los fijos discontinuos que dejen de estar
afectados por el ERTE.
El plazo de presentación es de 15
días siguientes al fin temporada o para las situaciones previas a este RD, 15
días desde la entrada en vigor del mismo.
La prestación se prevé hasta el 31.01.2021 y podrá interrumpirse por
reincorporación total en cuyo caso la empresa debe comunicar la baja de dicha
prestación
Será el trabajador quien deberá comunicar dicha baja cuando inicie una
actividad como autónomo o por cuenta ajena en una empresa diferente en la que
está contratado como Fijo Discontinuo.
Dicha prestación se puede reanudar cuando el trabajador acredite el cese
involuntario como autónomo o se encuentre de nuevo en desempleo, eso siempre
previo al 31.01.2021.
Dicha prestación es compatible con el trabajo a tiempo parcial por
cuenta ajena que se tenga al nacer el derecho a recibir dicha prestación o
aquel iniciado a posteriori, previa deducción en su importe por la parte
proporcional del tiempo trabajado.
EMPRESAS
PERTENENCIENTES A SECTORES CON ELEVADA TASA DE COBERTURA POR ETE Y REDUCIDA
TASA DE RECUPERACIÓN DE ACRTIVIDAD:
CONCEPTO: Las empresas con ERTE por FM prorrogados hasta el 31.01.2021 y que se
incluyan en la lista expuesta en el Anexo I del RD 30/2020.
También aquellas empresas cuyo negocio dependa indirectamente y en su
mayoría de las empresas referidas en este Anexo o que formen parte de la cadena
de valor de éstas.
Se entiende por ser integrantes de la cadena de valor o dependientes
indirectamente aquellas cuya facturación durante el año 2019 se haya generado,
al menos un 50% en operaciones hechas de forma directa con las incluidas en el
Anexo I, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la
desarrollada por empresas incluidas en dichos códigos CNAES del Anexo I.
Ya se ha publicado el RDL 28/2020, de 22 de septiembre, que regula
el trabajo a distancia, conocido hasta ahora como TELETRABAJO. A
continuación, os pasamos un resumen de los aspectos más importantes de los
aspectos que recoge el RDL. La nueva regulación entra en vigor a los 20 días de
su publicación y NO tendrá efecto sobre trabajo a distancia implantado
excepcionalmente como consecuencia de las medidas de contención sanitaria
derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá resultando
de aplicación la normativa laboral ordinaria.
Las modalidades de trabajo que especifica
la ley:
«Trabajo a
distancia»: forma de organización del trabajo o de realización de la
actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la
persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o
parte de ella, con carácter regular.
«Teletrabajo»:
aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o
prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de
telecomunicación.
«Trabajo
presencial»: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el
lugar determinado por la empresa.
Ley de teletrabajo: ámbito de
aplicación
Se entenderá que es regular el trabajo a
distancia que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un
mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje
proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.
Se limita su aplicación a los
contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en
prácticas y para la formación y el aprendizaje, solo cabrá un acuerdo de
trabajo a distancia que garantice, como mínimo, un porcentaje del
cincuenta por ciento de prestación de servicios presencial, sin perjuicio
del desarrollo telemático, en su caso, de la formación teórica vinculada a
estos últimos.
Y tendrá la misma igualdad de trato, de
oportunidades y no discriminación, que la persona trabajadora que preste los
servicios en el centro de trabajo.
Es necesario un acuerdo del trabajo a
distancia
El trabajo a distancia será voluntario para
la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma del
acuerdo, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en
un momento posterior.
La negativa de la persona trabajadora a
trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y
las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a
distancia, no serán causas justificativas de la extinción de la
relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de
trabajo.
La decisión de trabajar a distancia desde
una modalidad de trabajo presencial será reversible para la empresa y
la persona trabajadora.
Obligaciones formales del acuerdo
El acuerdo debe realizarse por escrito. Podrá
estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un
momento posterior, pero en todo caso deberá formalizarse antes de que se
inicie el trabajo a distancia.
La empresa deberá entregar a la
representación legal de las personas trabajadoras una copia de todos los
acuerdos de trabajo a distancia que se realicen y de sus actualizaciones, y
posteriormente, dicha copia se enviará a la oficina d
