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Nicolás Emery dedica a los AUTÓNOMOS el consultorio jurídico de Ràdio Calvià FM

El abogado y economista Nicolás Emery, que comenzó el último consultorio jurídico de Radio Calvià FM con la advertencia de la entrada en vigor de la nueva Ley Antifraude y la limitación de pagos en efectivo a 1000 €, dedicó el grueso del espacio de radio, como tema central del día, a los AUTÓNOMOS, el autoempleo o los trabajadores por cuenta propia. Repasando comparativamente las cuotas, porcentajes y bases de cotización de los autónomos en los países de nuestro entorno, posteriormente ha tratado las siguientes figuras de autónomos y sus particularidades, así como ha respondido a las cuestiones señaladas a continuación:

• La tarifa plana para autónomos
• Tipos de autónomos: el autónomo societario
• El autónomo dependiente económicamente (los falsos autónomos)
¿Es posible facturar sin estar dado de alta de autónomo?
• ¿Qué es la base mínima de cotización?
• Tipo aplicable para calcular la cuota
El futuro de las cotizaciónes: 13 tramos de autónomo, según el informe filtrado desde el Ministerio que marca tramos desde 90 € hasta 1.220 € durante un plazo de 9 años desde 2023
¿Para qué pagamos el autónomo?


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Marga de Matos y Nicolás Emery en MÚLTIPLEX de IB3 Ràdio sobre la situación del mercado laboral en las Baleares

Este pasado viernes la dupla formada por la abogada especializada en materia laboral Marga de Matos y el abogado y economista Nicolás Emery fueron invitados al Múltiplex de IB3 Ràdio para tratar la difícil situación del mercado laboral en las Islas Baleares provocada por la pandemia del Covid, los ERTEs y las pesimistas previsiones de los analistas acerca de la recuperación de puestos de trabajo, las cuales vaticinan que 6 de cada 10 trabajadores que se encontraban en ERTE al principio de verano no recuperarán su puesto de trabajo, lo que se traduciría en la pérdida de 270.000 empleos en toda España.


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Ley de Teletrabajo: multas de hasta 7.500 € por no entregar equipo informático al trabajador.

Si bien las sanciones previstas no entran en vigor hasta el próximo mes de octubre, es preciso que empresa y trabajador rubriquen su acuerdo en relación con las condiciones del teletrabajo, puesto que la Ley 10/2021, de trabajo a distancia fija tres tipos de sanciones y todas ellas están en relación con el incumplimimiento del acuerdo de teletrabajo, un documento en el que ambas partes de la relación laboral, empleado y empleador, fijan las condiciones específicas del trabajo a distancia.

Lee a cotinuación un completo artículo de elEconomista.es sobre la nueva Ley 10/2021, de trabajo a distancia, sus obligaciones para empresarios y trabajadores y las sanciones previstas para su incumplimiento. Además, puedes consultar el texto de la ley en vigor publicado en el BOE en formato pdf aquí:


Las multas a empresas por no cumplir la Ley de Teletrabajo: hasta 7.500 euros por no dar ordenador

Las sanciones no entrarán en vigor hasta octubre, pero empleados y empresa deben firmar ya su acuerdo de teletrabajo

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FUENTE: elEconomista.es 21/07/2021

La Ley de trabajo a distancia ya es una realidad en España. Aprobada hace un par de semanas, la nueva norma recoge qué se considera en concreto teletrabajo y bajo qué condiciones se debe cumplir. Y sí, también estipula sus sanciones, aunque en este caso estas no se comenzarán a ejecutar hasta octubre del presente año.

¿Pero qué tipo de sanciones recoge la Ley? La norma estipula tres tipos de sanciones y todas ellas están en relación con no cumplir el denominado ‘acuerdo de teletrabajo’, un documento que deben cumplimentar empleado y empresas para fijar las condiciones.

El acuerdo de trabajo a distancia que deben firmar empleado y empleador debe recoger un “contenido mínimo obligatorio” que menciona las herramientas que se van a usar (un ordenador, un móvil, por ejemplo), los gastos que se recogen por trabajar a distancia (la conexión a internet) y el horario estipulado. Todo este listado de mínimo aparece en el artículo 7.

Además, en ese mismo acuerdo también se pueden recoger las herramientas de control que pueda establecer la empresa para asegurarse de que el empleado está realizando sus labores a distancia.

Qué sanciones se estipulan: hasta 7.500 por no dotar de medios

En este marco, los empresarios que no proporcionen los materiales necesarios y por lo tanto falten a esta norma se enfrentarán a una multa que puede llegar a ser de 7.500 euros, al ser considerada una sanción grave.

Dependiendo del grado de incumplimiento del contrato, la sanción también puede ser considerada leve o muy grave, con las siguientes cuantías.

– Leves con multas de 70 a 150 euros en su grado mínimo; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros.

– Las graves con multa en su grado mínimo de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros.

– Las muy graves con multa en su grado mínimo de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.

Qué exige el acuerdo de teletrabajo

Todas estas vicisitudes entre empresa y trabajador deben quedar recogidas según la ley en un acuerdo de trabajo a distancia, un documento que deberá realizarse por escrito. Este acuerdo podrá estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior, pero en todo caso “deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia”, dice la norma.

Según marca el artículo 7 de la nueva Ley, será contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, “sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en los convenios o acuerdos colectivos”, los siguientes puntos:

– Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos.

– Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.

– Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad.

– Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso.

– Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.

– Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia.

– Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso.

– Medios de control empresarial de la actividad.

– Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.

– Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.

– Duración del acuerdo de trabajo a distancia


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El Gobierno pone fecha al nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos

El Gobierno ha puesto en marcha la nueva cotización por ingresos reales de los autónomos, de cara al 2023, cuando se produzca la recuperación económica, tras la salida de la crisis provocada por la situación actual sociosanitaria.

Se pretende aprobar un periodo de transitoriedad de 9 años para que tanto los autónomos que vayan a cotizar menos como los que tengan que cotizar más, vayan adaptándose. Los trabajadores por cuenta propia podrán seguir eligiendo su base de cotización en previsión de sus rendimientos netos, las cuotas irán entre los 90 y los 1.220 euros al mes.

Hoy, la base mínima de cotización de los autónomos es de 944 euros y la máxima es de 4.070 euros. Los que cotizan por la mínima pagan una cuota de unos 286 euros al mes al Estado, mientras que los que lo hacen por la máxima desembolsan unos 1.208 euros. Ahora, el autónomo decide la base en la que quiere tributar y el 86% de las personas físicas elige hacerlo por la mínima. Es decir, decide pagar 286 euros.

Lo cierto es que, con la fórmula del Ministro Escrivá, muchos autónomos pagarán una mensualidad menor, pero otros tantos verán hasta quintuplicada su cuota mensual. Para 2023, primer año de la entrada en vigor de la medida, el Gobierno ha establecido:

  • 200 euros al mes para los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o menos.
  • 215 euros para quienes tengan ingresos que oscilen entre 3.000 euros y 6.000 euros.
  • 230 euros para quienes tengan unos ingresos superiores a 6.000 euros, pero inferiores a 9.000 euros.
  • 245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.
  • 260 euros para los de 12.600 a 17.000 euros de ingresos anuales.
  • 275 euros para los de 17.000 euros a 22.000 euros.
  • 290 euros para los de 22.000 a 27.000 euros.
  • 305 euros para los de 27.000 a 32.000 euros.
  • 320 euros para los de 32.000 a 37.000 euros.
  • 340 euros para los de 37.000 a 42.000 euros.
  • 360 euros para los de 42.000 a 47.000 euros.
  • 380 euros para los de 47.000 a 48.841 euros.
  • 400 euros si se tienen unos rendimientos superiores a 48.841 euros anuales.

Vemos que, durante el primer año del periodo transitorio de aplicación de esta reforma (2023), se establecerá una cotización intermedia por tramos cuyo número se irá incrementando progresivamente para quienes más ganan. Así, los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o menos tendrán una cuota de 200 euros al mes en 2023, primer año de aplicación del nuevo sistema, que será de 215 euros para quienes tengan ingresos que oscilen entre 3.000 euros y 6.000 euros, de 230 euros para quienes tengan unos ingresos superiores a 6.000 euros, pero inferiores a 9.000 euros, y de 245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.

Con este primer planteamiento, vemos que los autónomos que ganen hasta 22.000 euros verán reducida su cuota. Ellos serán los grandes beneficiados de la reforma de Escrivá.

Sin embargo, a partir de esa cuantía, todos los autónomos pagarán más. Dicho de otra forma, el Gobierno pretende subirle los impuestos a todos los autónomos que ganen más de 22.000 euros en 2023 y que coticen por la base mínima. Ante este sistema nos podemos preguntar si va a afectar realmente a las rentas más altas, según datos del INE, el salario bruto medio anual en España es de 24.009 euros, por lo que ni siquiera se le podría considerar clase media a los autónomos que ganan 22.000 euros.

La siguiente tabla muestra los rendimientos que obtuvo cada uno de los 3 millones de autónomos que hay en España.

Para los autónomos que ganen de 22.000 a 27.000 euros la subida sería de 4 euros al mes, o 48 euros al año, que puede suponer una cantidad insignificante, pero cuanto más se incrementan los ingresos, las cuotas se disparan. Por ejemplo, los que ganen entre 32.000 y 37.000 euros tendrán que pagar 34 euros más al mes dentro de dos años, mientras que los que tengan unos rendimientos superiores a 48.841 euros anuales pagarán 114 euros. Dicho de otra forma, casi 280.000 autónomos pagarán un 40% más de impuestos en menos de dos años. Este golpe al bolsillo de los autónomos que más ganan podría suponer un desincentivo a la generación de riqueza e incluso, una invitación a la economía sumergida.

Una reforma que en un primer momento se dijo que sería de trece tramos, pero ahora se están barajando entre 5 o 7” y unas cuotas que oscilarán entre un mínimo de 90 euros y un máximo de 1.220 euros una vez finalizado el periodo de 9 años de despliegue total de la reforma.

Las intenciones del Gobierno han incendiado a las organizaciones de autónomos.

Una vez que finalice el periodo de despliegue de la reforma de 9 años, a partir de 2031 las cuotas correspondientes a cada uno de los  tramos (con ajustes vinculados a la inflación) serán de 90 euros al mes para quienes ganen menos de 3.000 euros, de 120 euros para quienes ingresen de 3.000 a 6.000 euros netos al año, de 185 euros para los autónomos con rendimientos de entre 6.000 y 9.000 euros y de 235 euros para quienes ganen entre 9.000 y 12.600 euros al año.

La idea que maneja Escrivá es que los autónomos puedan elegir provisionalmente su base de cotización entre los tramos que se aprueben, en función de sus previsiones de rendimientos con la posibilidad de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos. Si existen diferencias una vez hecha la regularización anual, el trabajador deberá proceder a su ingreso en caso de haber cotizado menos de lo que le correspondía y podrá solicitar la devolución si la cotización realizada fue superior.

Además, el documento detalla que los autónomos que tengan rendimientos fiscales declarados inferiores a la base mínima de cotización vigente cotizarán por los mismos. «Sin perjuicio de ello, a efectos de la acción protectora se reconocerá la base mínima correspondiente durante un periodo máximo de dos años», señala.

También destaca que los autónomos cuyos rendimientos fiscales derivados de la actividad por cuenta propia estén por encima de la actual base mínima de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cotizarán por los mismos y que esta base mínima se equiparará progresivamente a la del Régimen General de la Seguridad Social.

Rechazo de la propuesta: Tanto CEOE como ATA «no están de acuerdo» con esta propuesta.

Aunque el Ejecutivo de Sánchez se escude en el bien de los autónomos para vender su reforma, ya que más de la mitad de ellos pagará menos, hay que dejar claro que la reforma se hace para recaudar más, por lo que los impuestos de los autónomos que menos paguen quedarán compensados de lejos con los perjudicados. El Gobierno prevé que la reforma del Reta eleve en un 20% la recaudación de la Seguridad Social a través de las aportaciones que realizan los trabajadores por cuenta propia, es decir, unos 2.000 millones de euros más cada año, que se sumarían a los 10.000 millones de media que suponen las cotizaciones de todos los autónomos a lo largo de un año para las arcas públicas del Estado.

Aunque, todavía no hay nada cerrado y están pendientes del diálogo social. A las asociaciones de autónomos, aunque apoyan la cotización por ingresos reales, les ha indignado la medida por su contenido y porque no había sido informados previamente. “


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Economía aclara: Las ayudas directas para empresas y profesionales llegarán a las empresas, aunque no sean morosas

Las estadísticas que brindan las asociaciones de autónomos y pymes no son alentadoras: el 90% de empresarios y profesionales afectados por caídas de facturación quedan excluidos de las ayudas directas dispuestas hace ya 4 meses por el Gobierno de España y gestionadas por las Comunidades Autónomas (855 millones de € en el caso de Baleares) y, además, a día de hoy, no se han desembolsado ni la mitad de esos siete 7.000 millones de €. Hay dudas entre las CCAA y entre los solicitantes y posibles beneficiarios al respecto de qué costes pueden cubrirse con las ayudas.

Por todo lo anterior el Ministerio de Economía ha querido solventar dichos inconvenientes a través de un documento informativo (que no se ha hecho público) en el que aclara a las CCAA que las ayudas directas de que los empresarios hagan uso si les corresponden podrán destinarse por los mismos al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros (la ayuda debe destinarse primero a pagar la deuda financiera y, dentro de ella, primero a la que tiene aval público) y, por último, a abonar pérdidas contables, excluidas las pérdidas por deterioro del valor puntuales, justificando la existencia de las mismas y siempre que vengan referidas al período entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021 (que es el que cubre el decreto de las ayudas).


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Si quieres más información, lee un interesante artículo en que se da cuenta de esta noticia que te transcribimos a continuación (y pincha los enlaces directos para acceder a ellos en su lugar original de publicación):

FUENTE: LaInformación (y europapress) AUTOR: Fernando H. Valls FECHA: 19.07.2021

Calviño blinda las ayudas a empresas con pérdidas aunque no sean morosas

Economía aclara a las comunidades autónomas que el fondo de 7.000 millones puede ir también destinado a empresas con pérdidas contables por el Covid. Más de la mitad del dinero está sin repartir, según ATA.

El Gobierno dará de 4.000 a 200.000 € en ayudas a empresas y autónomos

Economía quiere que las ayudas directas lleguen ya a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia y se solucionen los inconvenientes que existen. Porque problemas hay, según han hecho saber varias comunidades autónomas al Ministerio y según han denunciado en público Cepyme y ATA. Para intentar avanzar en una solución el Gobierno aclara que aquellas compañías que hayan registrado pérdidas contables con motivo de la pandemia también pueden acceder al fondo de 7.000 millones. Aunque no tengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

Son ya cuatro meses desde la aprobación, en Consejo de Ministros, de ese paquete de ayudas directas a pymes repartidos entre Canarias y Baleares, a los que les correspondió 2.000 millones, y el resto de autonomías, con 5.000. Pero varios gobiernos autonómicos han expresado “dudas” sobre cuáles son los costes de las empresas afectadas por la pandemia que se pueden financiar con este fondo. No era una cuestión que quedaba totalmente clarificada.PUBLICIDAD

Por ello, en aras de la comprensión, Economía emitió un documento para despejar las dudas. Se llama “Aclaraciones al Título I del Real Decreto-ley 5/2021” y ya está en poder de los gobiernos autonómicos. No es un documento público pero sirve, en efecto, para blindar y clarificar qué tipo de situaciones puedes ser susceptibles de estas ayudas.

De esta forma, según esa “aclaración, y en virud de lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal de Ayudas de Estado en relación con los costes fijos, las empresas que cumplan los requisitos para percibir estas ayudas, establecidos en el mencionado Real decreto-ley, pueden destinar las ayudas a compensar pérdidas contables originadas durante la pandemia. Por ejemplo, pueden solicitar ayudas para pagar un préstamo que tuvieran contraido.

El periodo que abarca el decreto es claro: entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021. Si las empresas han tenido pérdidas contables en ese periodo pueden destinar las ayudas directas del fondo a cubrir los costes fijos generados durante ese año y tres meses, costes, eso sí, que no estén cubiertos por la contribución a los beneficios (es decir, los ingresos menos los costes variables) ni por otras fuentes como seguros, medidas temporales u otro tipo de ayudas.

Es decir, por resumir, las ayudas directas pueden destinarse por las comunidades autónomas al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros (la ayuda debe destinarse primero a pagar la deuda financiera y, dentro de ella, primero a la que tiene aval público) y, por último, a abonar pérdidas contables, excluidas las pérdidas por deterioro del valor puntuales, justificando la existencia de las mismas.

Mira también Las CCAA exigen sentarse con Montero para aclarar el lío de las ayudas directas

Cuatro meses después de la aprobación del decreto de ayudas directas la confusión entre comunidades autónomas y posibles beneficiarios de las mismas siguen las dudas. Las asociaciones de autónomos y pymes denuncian que no se han desmobolsado ni la mitad de esos 7.000 millones y que más de un 90% de los afectados por caídas de facturación quedan excluidos. Es una cifra que aporta la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

El Gobierno fijó que las ayudas directas a las empresarias serían de 3.000 y 200.000 euros y que, para recibirlas, las interesadas tendrían que acreditar una caída de sus ingresos de, cómo mínimo, un 30% de sus ingresos.

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¿Autónomo, sabes a cuánto ascenderá tu pensión de jubilación? Quizá es el momento de cambiar tu base de cotización

Por regla general, atendiendo más a la situación presente e inmediata que a la futura, el trabajador autónomo promedio en nuestro país tiende a cotizar por la base mínima de cotización, que, a día de hoy, está fijada en 944,40 € mensuales. Las estadísticas de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) arrojan este demoledor dato: aproximadamente un 90% de los autónomos en España cotizó por la base mínima el año 2019.

Quizá es el momento de cambiar tu base de cotización

Los autónomos, dependiendo de las circunstancias, pueden alterar la base de cotización a lo largo de su vida laboral en función de las previsiones o certezas que tengan acerca de sus ingresos. Aumentar o disminuir la base de cotización repercute en nuestra pensión de jubilación, pues tendrá, en función de ello, una mayor o menor cuantía.

No obstante lo anterior, el autónomo sólo puede cambiar su base de cotización de forma libre hasta los 47 años de edad, ya que con posterioridad existen limitaciones al respecto:

  • solo los trabajadores mayores de 41 años en 2021, que tengan una base de cotización de 2.052 euros en el mes de diciembre de 2020, podrán mantener esa libertad de elección.
  • Por el contrario, los que estén por debajo de ese límite no podrán elegir una base superior a 2.077,80 euros.

¿Cuántos años debo cotizar para cobrar la pensión mínima?

Según los siguientes tramos, son necesarios

  • Al menos 15 años cotizados para recibir la pensión mínima.
  • 20 años para cobrar el 50% de la pensión.
  • 36 años para cobrar el 100% de la pensión.

¿A qué importe asciende la pensión mínima?

• Un autónomo que haya cotizado 944,40 euros mensuales (base mínima) durante un periodo de 15 años (período mínimo que da derecho a pensión) habrá generado un derecho a cobrar una pensión de jubilación de 226 euros al mes.

  • Será la pensión de 561 euros/mes si se cotiza por la base mínima durante al menos 25 años.
  • La pensión de jubilación alcanzará los 789 euros/mes si la cotización por la base mínima alcanza los 36 años.

Los expertos recomiendan cotizar por la base mínima sólo los períodos estrictamente necesarios, como en los inicios de un negocio o en los períodos en que la facturación cae por falta de actividad.

¿Eres autónomo y quieres preparar con tiempo tu jubilación y quizás cambiar tu base de cotización ahora? Podemos ayudarte: ven a Moya&Emery


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La ley 11/2021 de prevención y lucha contra el fraude fiscal trae importantes cambios y quiere acabar con las sociedades zombis

La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, esta vez sí, quiere acabar con las empresas inactivas, también llamadas empresas fantasma o zombi. Así, con esta Ley:

  • Los notarios vendrán obligados a incluir el número de identificación fiscal en la escritura en que se constituya cualquier entidad jurídica; cualquier mercantil podrá ver su código revocado si no cumple sus obligaciones y, en tal caso, los notarios deberán informar a la Agencia Tributaria de las sociedades con el CIF revocado que intenten elevar a público cualquier negocio jurídico para evitar cualquier tipo de fraude.
  • La publicación en el BOE de la revocación del número de identificación fiscal impliacará la imposibilidad de que bancos y entidades de crédito realicen cargos o abonos en las cuentas o depósitos cuya titularidad corresponda a las personas jurídicas con el CIF revocado.
  • Se pone en marcha un régimen sancionador más fuerte, con multas contra las empresas que no presentan sus cuentas anuales de hasta 300.000 €.

Puedes hacer clic aquí para acceder en formato pdf al BOE con la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

Además, a continuación te transcribimos un completo artículo de Noticias Jurídicas, sobre el alcance de la nueva ley en lo que respecta a las sociedades:


Ley 11/2021, de 9 de julio: fin a las sociedades fantasma

FUENTE: Noticias Jurídicas

Se modifica el régimen de revocación del número de identificación fiscal para que las entidades inactivas no puedan realizar inscripciones en ningún registro público

Este domingo ha entrado en vigor la ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Impone un nuevo paquete de normas contra la elusión fiscal, que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior. Pondrá fin a las sociedades inactivas, zombis o fantasmas y, esta vez (se supone) de verdad.

En la modificación incluida en Ley del Notariado por el artículo 19 de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude publicada en el Boletín Oficial de Estado el pasado 10 de julio, se prevé expresamente la obligación de incluir el número de identificación fiscal en la escritura pública por la que se cree o constituya cualquier tipo de entidad jurídica.

El Consejo General del Notariado facilitará a la Administración Tributaria la identificación de aquellas entidades con número de identificación fiscal revocado que hubieran pretendido otorgar un documento público. Todo ello, con el fin de mejorar el control efectivo de estas entidades y evitar situaciones de posible fraude.

Con esta reforma de la función notarial se pretende que:

1.Ante cualquier escritura pública referida a una persona jurídica el notario compruebe previamente que su NIF no haya sido revocado accediendo a la base de datos de la Agencia Tributaria.

2.El fedatario público informe a las autoridades tributarias de estas tentativas de negocio con NIF no vigentes, para que la administración pueda investigarlo

3.En todas las constituciones de empresas se asigne un NIF en la propia notaría a efectos de facilitar su rastreo.

Modificación de la Ley General Tributaria

La publicación de la revocación del número de identificación fiscal asignado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) determinará, además de su pérdida de validez a efectos identificativos, la imposibilidad de que las entidades de crédito realicen cargos o abonos en las cuentas o depósitos bancarios en que consten como titulares o autorizados los propietarios de dichos números revocados.

Cuando la revocación se refiera al número de identificación fiscal de una entidad, su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” implicará la abstención del notario para autorizar cualquier instrumento público relativo a declaraciones de voluntad, actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, contratos y negocios jurídicos de cualquier clase, así como la prohibición de acceso a cualquier registro público, incluidos los de carácter administrativo, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal.

El registro público en el que esté inscrita la entidad a la que afecte la revocación, en función del tipo de que se trate, procederá a extender en la hoja abierta una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse inscripción alguna que afecte a aquella, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal. Excepcionalmente, se admitirá la realización de los trámites imprescindibles para la cancelación de la nota marginal anteriormente indicada.

La revocación, en ningún caso, impedirá a la Administración Tributaria exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes.

Modificación de la Ley del Notariado 

Tratándose de escrituras públicas por las que se cree o constituya una entidad con o sin personalidad jurídica el Notario deberá incluir obligatoriamente en aquellas el número de identificación fiscal. Con carácter previo a la autorización o intervención de cualquier escritura pública, acta o póliza, el notario consultará la lista de números de identificación fiscal revocados. El Notario deberá abstenerse de autorizar o intervenir cualquier instrumento público que se pretenda otorgar por una entidad jurídica con número de identificación fiscal revocado de conformidad con lo previsto en la normativa tributaria.

Finalmente, el Consejo General del Notariado suministrará a la Administración Tributaria la información relativa a las operaciones en las que se hubiera incumplido la obligación de comunicar al Notario el número de identificación fiscal para su constancia en la escritura, así como los medios de pago empleados y, en su caso, la negativa a identificar los medios de pago. Estos datos deberán constar en los índices informatizados. El Consejo General del Notariado establecerá un sistema automatizado para que el Notario a través de aquel suministre a la Administración Tributaria la identificación de aquellas entidades jurídicas con número de identificación fiscal revocado y no rehabilitado que hubieran pretendido otorgar un documento público.

Falta de depósito de cuentas 

Desde el pasado 30 de enero la regulación sobre Auditoría de Cuentas refuerza el régimen sancionador contra las empresas que no presentan sus cuentas anuales con multas de hasta 300.000 euros.

En este sentido, las disposiciones adicionales décima y undécima del Real Decreto 2/2021 da un impulso al régimen de imposición de sanciones a aquellas sociedades que incumplan la obligación de depósito de cuentas, con la introducción de una serie de medidas que completan el régimen sancionador regulado en el artículo 283 LSC.:

• Podrá encomendarse la gestión y decisión sobre los expedientes sancionadores por incumplimiento del deber de depósito de cuentas a los registradores mercantiles del domicilio de la sociedad incumplidora (la DGSJFP y el ICAC acordarán los aranceles por esta gestión), cobrando de esta manera los registradores mercantiles un nuevo protagonismo en este proceso.

• El plazo total para resolver y notificar la resolución en el procedimiento sancionador será de seis meses a contar desde la adopción por el Presidente del ICAC del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la suspensión del procedimiento y de la posible ampliación de dicho plazo según lo establecido en la LPAC.

• Se establecen los criterios para determinar el importe de la sanción (que en la práctica son los que venía aplicando el ICAC), dentro de los límites establecidos en el artículo 283.1 LSC: entre 1.200 euros a 60.000 euros (cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros el límite de la multa para cada año de retraso se elevará a 300.000 euros):

  1. La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
  2. En caso de no aportar la declaración tributaria citada, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
  3. En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento.

Por tanto, si las cuentas anuales hubiesen sido depositadas con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, la sanción se impondrá en su grado mínimo y reducida en un cincuenta por ciento. Las infracciones por falta de depósito de cuentas prescribirán a los tres años (art. 283.4 LSC)


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Entra en vigor la nueva Ley del trabajo a distancia

La Ley 10/2021, de trabajo a distancia, que entró en vigor el pasado domingo 11 de julio, comienza definiendo los conceptos de lo que deba entenderse por:

  • 𝙏𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖: se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.
  • 𝙏𝙚𝙡𝙚𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤: trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
  • 𝙏𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡: se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

Y señala posteriormente la Ley que la misma será aplicable a las relaciones de trabajo que se desarrollen a distancia con 𝙘𝙖𝙧á𝙘𝙩𝙚𝙧 𝙧𝙚𝙜𝙪𝙡𝙖𝙧 (no de forma ocasional) y sólo cuando haya acuerdo entre trabajador y empresario. Por tanto, el trabajo a distancia no puede ser impuesto sino que debe ser voluntario y precisará de haber firmado un 𝙖𝙘𝙪𝙚𝙧𝙙𝙤 𝙙𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖 con el empleador.

Lee a cotinuación un completo artículo del portal Noticias Jurídicas sobre la nueva Ley 10/2021, de trabajo a distancia y todas sus obligaciones para empresarios y trabajadores y consulta el texto de la ley en vigor publicado en el BOE en formato pdf aquí:


Ley 10/2021: así es la ley del teletrabajo y el trabajo a distancia

FUENTE: Noticias Jurídicas

La norma aumenta las sanciones previstas para las empresas incumplidoras. Las compañías deberán garantizar la provisión de medios a los empleados y la adaptabilidad de las herramientas para las personas con discapacidad

Este domingo ha entrado en vigor la Ley 10/2021, 9 jul., de trabajo a distancia. La normativa llega tras la tramitación como proyecto de Ley del RDL 28/2020, 22 de sept., convalidado en su día por el Congreso de los Diputados.

La norma tiene fecha de entrada en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (que tuvo lugar el día 10 de julio), excepto la disposición final 1ª.2 (relativa a la modificación del artículo 40 LISOS) con entrada en vigor el 1 de octubre de 2021.

Veamos las principales implicaciones de la norma en el ámbito laboral:

1. Capítulo I. Disposiciones generales y definiciones (arts. 1 a 4)

Este capítulo I desarrolla el ámbito personal de aplicación, las definiciones de trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial a los efectos de esta ley, limitaciones, así como los principios de igualdad de trato y oportunidades y no discriminación, recogiendo aspectos concretos para hacer efectivo estos principios, teniendo en cuenta las especificidades que puede conllevar el trabajo a distancia en las condiciones de trabajo.

Así, la norma será de aplicación para aquellas relaciones de trabajo (incluidas dentro del art. 1.1 ET) que se desarrollen a distancia con carácter regular. Es la primera alusión de la Ley a la exclusión de la prestación ocasional. Como analizamos en anteriores artículos, la regularidad en el uso del trabajo a distancia (y no su intensidad) es el rasgo que caracteriza el ámbito de aplicación de la norma. Añade el texto que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un período de referencia de 3 meses, un mínimo del 30% de la jornada (o porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo). En consecuencia, incluye la prestación a distancia de más de un día y medio a la semana. Si dicha prestación es inferior, no aplica esta normativa. Asimismo, y como veremos más adelante, la Ley no es aplicable al personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.

El art. 2 contiene las mismas definiciones que su norma precedente:

Trabajo a distancia: Forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.

Teletrabajo: Aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.

Trabajo presencial: El que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

También se establece que no deben existir diferencias injustificadas (igualdad de trato y no discriminación) entre las propias personas trabajadoras a distancia, una referencia expresa a la necesidad de que se establezcan las debidas medidas de prevención frente al acoso, o la obligación de que se garantice que las personas que llevan a cabo trabajo a distancia puedan acceder y ejercitar los derechos de conciliación/corresponsabilidad igual que los trabajadores presenciales.

Especial importancia revisten las causas de discriminación directa o indirecta pues, a diferencia del RDL 28/2020, la Ley amplía dichas causas con “la edad, antigüedad o grupo profesional o discapacidad (…), asegurando la igualdad de trato y la prestación de apoyos, y realizando los ajustes razonables que resulten procedentes” (art. 4.3). Por otro lado, se expresa que a las personas que desarrollan trabajo a distancia ocasional les corresponderán los mismos derechos establecidos para las personas que desarrollan trabajo no ocasional (art. 22).

Asimismo, se prevén expresas limitaciones en el trabajo a distancia para contratos celebrados con menores y en las relaciones en prácticas y para la formación y el aprendizaje (art. 3). En estos casos se deberá garantizar que un mínimo del 50% de prestación de servicios tiene carácter presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático de la formación teórica —en su caso para estos últimos—.

2. Capítulo II. El acuerdo de trabajo a distancia (arts. 5 a 8)

El capítulo II, distribuido en dos secciones, se ocupa del acuerdo de trabajo a distancia y de las obligaciones formales vinculadas al mismo.

El teletrabajo será voluntario para ambas partes. Las partes tendrán que redactar un acuerdo con un contenido mínimo, ya de manera inicial o ya sobrevenida, la no afectación al estatus laboral de la persona trabajadora, el ejercicio de la reversibilidad, el carácter acordado de las modificaciones del acuerdo y la ordenación de las prioridades de acceso, así como la remisión a la negociación colectiva en el procedimiento y criterios que deben de seguirse, debiéndose evitar la perpetuación de roles de género y fomentando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Así, en primer lugar se establece en el art. 5 que el trabajo a distancia será voluntario —sin que pueda ser impuesto, ni siquiera vía art. 41 ET— y requerirá de la firma del denominado «acuerdo de trabajo a distancia)».

En este sentido, hay que recordar la excepción general que se recoge en la disposición transitoria 3ª, es decir, el trabajo a distancia como medida de contención sanitaria. Es muy relevante esta disposición, que se mantiene desde el origen de la norma, pues obviamente el desarrollo del trabajo a distancia ha venido impuesto u obligado por la situación de pandemia en la que continuamos, si bien con la progresiva incorporación al mercado laboral presencial.

Señala también el citado precepto que la negativa de la persona trabajadora al trabajo a distancia, el ejercicio de la reversibilidadal trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Sí cabe el mencionado ejercicio de reversibilidad: la posibilidad de convertir el trabajo presencial en servicios a distancia y viceversa. Este ejercicio será posible tanto para la persona trabajadora como para la empresa, si bien en los términos, forma y modo establecidos en la negociación colectiva o, en su defecto, en los fijados en el acuerdo de trabajo a distancia.

El acuerdo de trabajo a distancia tendrá que constar por escrito. Su elaboración es obligatoria antes de que el trabajo a distancia comience

La norma continúa con las obligaciones formales del acuerdo de trabajo a distancia: deberá realizarse por escrito y antes de iniciarse dicho trabajo a distancia (art. 6). Es el documento en el que deben constar los elementos esenciales para que se garanticen los derechos de las personas trabajadoras a distancia. Su contenido mínimo obligatorio —sin perjuicio de la regulación al respecto en convenios o acuerdos colectivos— es el siguiente (art. 7):

a) Inventario de los medios, equipos y herramientas —incluidos consumibles y elementos muebles—, así como su vida útil o período máximo para su renovación;

b) Enumeración de los gastos, forma de cuantificación y momento y forma de abono —esta se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en convenio o acuerdo colectivo—;

c) Horario de trabajo y reglas de disponibilidad;

d) Porcentaje y distribución entre trabajo de presencia y trabajo a distancia —en su caso—;

e) Centro de trabajo de la empresa donde queda adscrita la persona trabajadora;

f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora;

g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de reversibilidad;

h) Medios de control empresarial de la actividad;

i) Procedimiento a seguir en caso de dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia;

j) Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, para la protección de datos

k) Instrucciones sobre seguridad de la información, específicamente aplicables al trabajo a distancia

l) Duración del acuerdo o de la prestación de servicios a distancia.

Según el artículo 8, cualquier cambio en las condiciones de prestación de servicios reflejadas en el acuerdo de trabajo a distancia requerirán de consenso entre la empresa y la persona trabajadora y, como el propio acuerdo, deberán reflejarse por escrito con carácter previo a su implementación.

Para garantizar estos extremos, la empresa estará obligada a entregar copia a los representantes legales de las personas trabajadoras —tanto de los acuerdos de trabajo a distancia como de sus actualizaciones (modificaciones)—, en un plazo no superior a 10 días desde su formalización, excluyendo aquellos datos que pudieran afectar a la intimidad personal de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales y de garantía de los derechos digitales y del art. 8.4 ET. Por su parte, los citados representantes deberán firmar tal copia a efectos de acreditar que se ha producido la entrega.

Dichas copias se registrarán ante la Oficina de Empleo.

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Aunque, como hemos indicado, el trabajo a distancia es una fórmula libremente elegida por ambas partes (voluntariedad), la Ley impone una preferencia de acceso al trabajo presencial —total o parcial— de aquellas personas que realicen trabajo a distancia duranta la totalidad de su jornada. Para ello, la empresa informará a estas personas trabajadoras y a la representación legal de las personas trabajadoras de los puestos de trabajo vacantes con carácter presencial que se produzcan.

Cabe añadir que, mediante negociación colectiva o acuerdo entre empresa y representantes de las personas trabajadoras se pueden establecer mecanismos y criterio por los que la persona que desarrolla trabajo presencial pueda pasar a trabajo a distancia —y viceversa—, así como preferencias vinculadas a determinadas circunstancias. Se deberá evitar la perpetuación de roles y se tendrá en cuenta la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Todo esto será objeto de diagnóstico y tratamiento en el correspondiente Plan de Igualdad.

3. Capítulo III. Derechos de los trabajadores a distancia (arts. 9 a 19)

El capítulo III más extenso, dividido en seis secciones), desarrolla la igualdad de derechos proclamada en el primer capítulo, mediante la mención de las especiales precauciones a tener en cuenta respecto de los derechos laborales, cuando sean predicables en relación con las personas que llevan a cabo trabajo a distancia. Podemos distinguir:

Derechos relacionados con la carrera profesional. Por un lado, se deberá garantizar la participación efectiva, en las acciones formativas, de las personas que trabajan a distancia, en términos equivalentes a aquellas que prestan servicios presencialmente e, igualmente, se deberá garantizar, previo acceso a la modalidad de trabajo a distancia, la formación necesaria para su adecuado desarrollo, tanto al momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan cambios en los medios o tecnologías utilizadas —particularmente, en el teletrabajo—. Así se desprende de la redacción del art. 9. Por otro lado, se ha de garantizar que las personas que trabajen a distancia disfruten los mismos derechos a la promoción profesional que aquellos que prestan servicios presenciales, por lo que la empresa estará obligada a informar a aquellas, de manera expresa y por escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan (sea para puestos de desarrollo presencial o a distancia), conforme al art. 10.

Derechos de contenido económico: contemplados como “derechos relativos a la dotación y mantenimiento de medios y al abono y compensación de gastos”. Así, se reconoce el derecho a las personas que trabajan a distancia a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa, de todos los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral, de conformidad con el inventario establecido en el acuerdo de trabajo a distancia y, en su caso, con los términos establecidos en el convenio o acuerdo colectivo. También se garantizará la atención necesaria en el caso de dificultades técnicas —particularmente para el teletrabajo— (art. 11). Es novedad, en la redacción de la Ley 10/2021, la protección de las personas trabajadoras con discapacidad, de modo que los medios, equipos y herramientas, incluidos los digitales, han de ser “universalmente accesibles, para evitar cualquier exclusión por esta causa”. El apartado se cierra con el derecho al abono y compensación de gastos: el trabajo a distancia debe ser sufragado/compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción, por parte de la persona trabajadora, de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados con el desarrollo de su actividad laboral. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la determinación, y compensación o abono de estos gastos (art. 12).

Derechos con repercusión en el tiempo de trabajo: el horario que debe constar en el acuerdo de trabajo a distancia es un punto de referencia, pero puede ser alterado por la persona trabajadora dentro de los límites fijados en el propio acuerdo. De este modo, la presunción es favorable a la flexibilidad horaria en beneficio del teletrabajador, siendo un rasgo en principio consustancial al teletrabajo (art. 13). A efectos de garantizar estos derechos, se expresa que la obligación de registro horario debe reflejar fielmente la jornada de trabajo, sin perjuicio de la flexibilidad horaria y, deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada (art. 14). Este papel preponderante de la negociación colectiva en materia de responsabilidad por los gastos se impuso en la redacción definitiva de la Ley, frente al borrador inicial del texto que preveía la asunción de “todos los gastos directos o indirectos”, inciso que fue posteriormente descartado.

Derecho a la prevención de riesgos laborales: de acuerdo con la LPRL, las personas que trabajan a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello se deberá realizar una evaluación de riesgos y una planificación de la actividad preventiva, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. Esta evaluación de riesgos únicamente alcanzará la zona habilitada para la prestación de servicios, sin extenderse al resto de zonas de la vivienda.

Cuando para la obtención de la información acerca de los riesgos, fuera necesaria la visita al lugar de prestación de actividades a distancia (se requerirá para ello el permiso de la persona trabajadora), deberá emitirse un informe por escrito que justifique dicho extremo, que se entregará a la persona trabajadora y a los delegados/as de prevención (art. 16). En la redacción de dicho art. 16 de la Ley 10/2021 se incluye la “accesibilidad del entorno laboral efectivo” como factor a tener en cuenta para la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

Derechos relacionados con el uso de medios digitales: en primer lugar, se garantiza expresamente el derecho a la intimidad de la persona que trabaje a distancia, y se indica que los mecanismos de control que pudieran existir serán idóneos, necesarios y proporcionados. Asimismo, las empresas deberán establecer —con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras— criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y derechos reconocidos (art. 17).

Se reconoce también en esta sección el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo, lo que conlleva una obligación a la empresa de garantizar una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y trabajo durante los períodos de descanso. Para ello, la empresa —previa audiencia a la representación legal de las personas trabajadoras— elaborará una política interna definiendo las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y sensibilización del personal sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas para evitar el riesgo de fatiga informática. También mediante negociación colectiva o acuerdo se establecerán los medios adecuadas para garantizar el indicado derecho a la desconexión y los tiempos de descanso (art. 18).

Derechos colectivos: se reconoce ese derecho a las personas trabajadoras a distancia con el mismo contenido y alcance que para el resto de las personas trabajadoras —presenciales—, lo cual será garantizado mediante condiciones pactadas por la negociación colectiva. Del mismo modo, se deberá asegurar una comunicación sin obstáculos entre las personas trabajadoras a distancia y sus representantes —y resto de personas trabajadoras—. En definitiva, se establece el principio de equiparación para el ejercicio de derechos colectivos y, a tal efecto, se establecen y especifican derechos relacionados con la comunicación, por medio de la implantación de mecanismos como el tablón virtual (art. 19).

4. Capítulo IV. Facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia (arts. 20 a 22)

El último capítulo se refiere de manera específica a las facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia, incluyendo la protección de datos y seguridad de la información, el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales y las instrucciones necesarias para preservar a la empresa frente a posibles brechas de seguridad.

A grandes rasgos, las personas trabajadoras a distancia deberán:

— Cumplir con las instrucciones sobre protección de datos establecidas por la empresa —previa participación de la representación legal de las personas trabajadoras— (art. 20.1).

— Cumplir con las instrucciones sobre seguridad de la información fijadas por la empresa —en este caso, previa información a dicha representación— (art. 20.2).

— Cumplir con las condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos informáticos establecidos en la empresa, dentro de los términos pactados, en su caso, por la negociación colectiva (art. 21).

Por su parte, la empresa podrá adoptar las medidas que estime oportunas de vigilancia y control, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, sus circunstancias personales, como la concurrencia de una discapacidad (art. 22).

5. Disposiciones adicionales, transitorias y finales. Endurecimiento de las sanciones en el orden social

Adicionalmente al articulado, la norma se cierra con disposiciones adicionales, transitorias y finales. Procedemos a destacar aquellas más relevantes vinculadas al objeto de esta norma y a la regulación laboral pues, como ya viene siendo habitual, se utiliza para introducir cuestiones diversas, como el régimen fiscal aplicable a la final femenina de la UEFA Champions League 2020, el tipo impositivo aplicable al IVA de bienes necesarios para combatir el COVID-19, o modificaciones en normativa del sector ferroviario. Incluso se trata de perfeccionar y reordenar los requisitos para la tramitación y petición del denominado ingreso mínimo vital ante los problemas que han surgido desde que la prestación fue aprobada.

Como se reflejó en el propio cuerpo normativo, la negociación colectiva (convenio o acuerdos colectivos) tiene un papel muy relevante en la Ley. Así se acentúa en la disposición adicional 1ª, donde se concede la posibilidad de establecer la identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia, las condiciones de acceso al mismo, el desarrollo de la actividad, una duración máxima, contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia y otras cuestiones que se consideren necesarias de regular; pudiendo también desarrollar una jornada mínima presencial, el ejercicio de reversibilidad, un porcentaje o período de referencia inferiores a los fijados en esta Ley como carácter regular, un porcentaje de trabajo presencial de los contratos formativos diferente al previsto (50%), así como circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión.

Otra novedad del texto de la Ley es la la disposición adicional 2ª considera domicilio de referencia, a efectos de considerar la Autoridad Laboral competente y los servicios y programas públicos de fomento del empleo aplicables, aquel que figure como tal en el contrato de trabajo y, en su defecto, el domicilio de la empresa o del centro o lugar físico de trabajo.

Asimismo, se establecen reglas transitorias aplicables a aquellas relaciones de trabajo a distancia ya vigentes. Concretamente:

1. Disposición transitoria primera: la Ley será íntegramente aplicable a las relaciones de trabajo vigentes y que estuvieran reguladas con anterioridad a su publicación (12 de julio de 2021), por acuerdos y/o convenios colectivos, desde el momento en el que estos pierdan su vigencia.

En el caso de que estos acuerdos y/o convenios no prevean un plazo de duración, la Ley resultará de aplicación una vez transcurrido un año desde su publicación en el BOE.

Excepción: salvo que las partes firmantes acuerden expresamente un plazo superior que, como máximo, podrá ser de tres años.

2. El acuerdo de trabajo a distancia deberá formalizarse en el plazo de tres meses desde que la norma resulte de aplicación, conforme con las reglas anteriores. Y ello incluso mediante las necesarias adaptaciones o modificaciones en los acuerdos de trabajo a distancia de carácter individual vigentes a la fecha de publicación de esta norma.

3. Por otro lado, y en virtud de la disp. transitoria segunda, las infracciones en el orden social cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la disp. final 1ª.2 se sancionarán conforme a las cuantías sancionatorias previstas con anterioridad a dicha fecha.

4. Disposición transitoria tercera: cuando el trabajo a distancia se haya implementado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del RDL 8/2020 —carácter preferente del trabajo a distancia durante la pandemia—, o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria, y mientras estas se mantengan —término este que queda muy abierto e indeterminado—, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria. Aun así, las empresas deberán dotar de los medios, equipos herramientas y consumibles que exige el trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario. Por otra parte, mediante negociación colectiva se establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora a distancia.

En otras palabras, la Ley no será de aplicación, y por lo tanto no se deberán formalizar acuerdos de trabajo a distancia con aquellos trabajadores que presten actividades no presenciales, si este trabajo a distancia, inexistente con anterioridad en la empresa, ha venido forzado por la actual situación de la pandemia y mientras la misma se mantenga, pero, aun y así, la empresa tendrá que dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige tal modo de trabajo pero, en principio, y salvo acuerdo en negociación colectiva expreso, no procede el abono de compensación de gastos de tipo alguno.

Debemos entender que la intención del legislador es que aquellas empresas que se hayan visto forzadas al teletrabajo no vengan obligadas a asumir más gastos en unos momentos como los actuales pero sí se comprometan a facilitar a sus empleados aquellas herramientas necesarias para teletrabajar.

5. Finalmente, se recuerda que la aplicación de esta Ley no puede instrumentalizarse para mermar derechos reconocidos a los que ya «teletrabajaban» antes de su publicación.

Por último, mediante las disposiciones finales (primera, segunda y tercera) se modifican los artículos 13, 23 y 37 del ET; el artículo 138 bis de la LRJS y los artículos 7.1 y 40 de la LISOS. Concretamente, cabe destacar:

— Se establece un derecho de las personas trabajadoras consideradas víctimas de violencia de género o del terrorismo a realizar su trabajo —total o parcialmente— a distancia o dejar de hacerlo si este fuera el sistema establecido, siempre que estas modalidades sean compatibles con el puesto y funciones desarrolladas (art. 37.8 ET) Existe también un derecho preferente de acceso al trabajo a distancia (en favor de las personas cuando cursen con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional, modificando el artículo 23.1.a ET.

— Se establece un procedimiento judicial especial y específico (art. 138 bis LRJS) aplicable a las reclamaciones relacionadas con el acceso, reversión y modificaciones del trabajo a distancia —aunque si la causa de reclamación está relacionada con el ejercicio de los derechos de conciliación se regirá por el procedimiento del artículo 139 LRJS—.

— Se especifica que se considerará Infracción grave en materia de relaciones laborales el «no formalizar por escrito el contrato de trabajo, cuando este requisito sea exigible o lo haya solicitado la persona trabajadora, o no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en los términos y con los requisitos legalmente previstos.» (artículo 7.1 LISOS).

Infracciones en materia de relaciones laborales y empleo. Tras el incremento del 20% de las cuantías de las sanciones previstas en el artículo 40 LISOS, serán castigadas las infracciones leves, en su grado mínimo, con multas de 70 a 150 euros; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros. Respecto de las infracciones graves: multa, en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros. Las muy graves serán castigadas con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros (art. 40.1 LISOS).

Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. Las nuevas sanciones son las siguientes: las infracciones leves se castigarán, en su grado mínimo, con multa de 45 a 485 euros; en su grado medio, de 486 a 975 euros; y en su grado máximo, de 976 a 2.450 euros. Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.451 a 9.830 euros; en su grado medio, de 9.831 a 24.585 euros; y en su grado máximo, de 24.586 a 49.180 euros. Y las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 49.181 a 196.745 euros; en su grado medio, de 196.746 a 491.865 euros; y en su grado máximo, de 491.866 a 983.736 euros (art. 40.2 LISOS).

FUENTE: Noticias Jurídicas


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Entra en vigor la ley antifraude que limita los pagos en efectivo a 1000 €, exige declarar las criptomonedas y castiga las herencias en vida

Con la entrada en vigor este pasado sábado, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal nos obliga a:

  • declarar las criptomonedas o divisas virtuales a través del Modelo 720
  • limitar los pagos en efectivo desde los 2.500 a los actuales 1.000 €, en el caso de que en la operación intervenga un empresario o profesional.
  • Límitar los pagos en efectivo desde los 15.000 a 10.000 € para el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Puedes hacer clic aquí para acceder en formato pdf al BOE con la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

Además, a continuación te transcribimos un completo artículo de ElEconomista, que explica el alcance de las obligaciones esenciales que la Ley Antifraude introduce:


FUENTE: El Economista AUTOR: Ignacio Faes FECHA: 30/06/2021

ElEconomista: El Congreso aprueba la ley antifraude de Montero: exige declarar las criptomonedas y castiga Sucesiones y Patrimonio

  • El texto, aprobado definitivamente, incluye las enmiendas del Senado
  • Exige declarar las “monedas virtuales” en el cuestionado ‘Modelo 720’
  • Limita los pagos en efectivo a 1.000 euros, algo que rechaza el BCE

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Los legisladores terminan así con la tramitación parlamentaria de esta normativa. El texto recoge el castigo fiscal en los impuestos relacionados con los inmuebles, como Transmisiones, Sucesiones o Patrimonio. Además, limita los pagos en efectivo en efectivo a los 1.000 euros, en contra del criterio del Banco Central Europeo (BCE).

La normativa aprobada, impulsada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esconde una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la trasmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos.

La norma apuntala, “en alas de la seguridad jurídica” las tasaciones por parte de las Comunidades Autónomas a través del Catastro

Tal y como adelantó elEconomista en octubre del año pasado, el Gobierno descarga así la tasación en el llamado Valor de Referencia del Mercado (VRM), calculado por el Catastro a través de una serie de variables que permite a las Haciendas autonómicas superar el valor real de los inmuebles. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y puede exceder el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos.

El Supremo, en una sentencia de 23 de mayo de 2018, rechazó que las Haciendas autonómicas puedan comprobar los valores de los inmuebles aplicando coeficientes sobre los valores catastrales y en otras sentencias viene a exigir que, para conocer el valor real de una vivienda, el perito se desplace al lugar. Sin embargo, la norma apuntala, “en alas de la seguridad jurídica” las tasaciones por parte de las Comunidades Autónomas a través del Catastro. El texto recoge que “el valor de referencia que establece el Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva”. Según Hacienda, la medida “cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas de forma unánime”.

Obliga a declarar las criptomonedas

La normativa introduce un refuerzo en el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, estableciendo nuevas obligaciones de información sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales. En concreto, la ley exige “la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero”.

Es decir, tal y como adelantó elEconomista en febrero, obligará a introducir estas operaciones en la declaración de bienes en el extranjero, el polémico Modelo 720. Este modelo se encuentra actualmente en estudio por la Justicia europea tras el dictamen motivado de Bruselas en el que cuestiona su aplicación por, entre otros asuntos, las elevadas multas que establece, que pueden llegar hasta el 150%. Según ha podido saber este periódico, se espera que el Abogado General presente las conclusiones sobre este asunto este mes.

En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.

Entre las novedades introducidas en las enmiendas del Senado, está la reforma de la suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos previstos en la normativa tributaria por motivo del Covid. Ahora, la ley limita los efectos de esta medida a aquellos plazos de prescripción que, sin tener en cuenta dicha suspensión, finalicen antes del día 1 de julio de 2021.

Límite al efectivo

Entre las medidas que se incluyen en el texto se encuentra la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasa de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones en el que interviene un empresario o profesional. A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.

El Banco Central Europeo (BCE) rechazó el 1 de febrero de 2019 el límite de 1.000 euros para el pago en efectivo que ahora ha aprobado el Congreso. El entonces presidente del BCE, Mario Draghi, envió un dictamen a España en el que pidió al Gobierno el freno de la medida y alertó de serios riesgos para la moneda europea y determinados sectores económicos.

El documento, al que tuvo acceso elEconomista, subraya que bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o profesional “es desproporcionada”. El BCE destaca su “posible repercusión adversa” en el sistema de pagos en efectivo.

Draghi alertó del riesgo para el Euro del los límites en efectivo a España: “Pone en peligro el concepto de curso legal”

El Supervisor alertó entonces del riesgo de la medida española para la moneda europea. “Esta limitación dificulta la liquidación de operaciones legítimas usando el efectivo como medio de pago, por lo que pone en peligro el concepto de curso legal”, subraya el Banco Central Europeo en su dictamen. El Banco niega que esta medida tenga cabida en la normativa europea antifraude. El límite para las empresas establecido en la Directiva europea antiblanqueo está en los 10.000 euros.

Por otra parte, la nueva norma contempla la prohibición por ley de las amnistías fiscales. Además, el texto rebaja de un millón de euros a 600.000 euros el umbral de la deuda con Hacienda que conlleva aparecer en el listado de deudores. También, Hacienda incluirá en esa lista de deudores a los responsables solidarios, como pueden ser los familiares o los socios.

La nueva Ley actualiza y amplía el concepto de paraísos fiscales, que pasan a denominarse “jurisdicciones no cooperativas”, término usado a nivel internacional. La lista de paraísos fiscales deberá ser actualizada periódicamente.

Castigo a las ‘herencias en vida’

La normativa recoge un castigo a los pactos sucesorios -el reparto de herencias en vida- al eliminar varias de sus ventajas. Los sucesores de los contribuyentes que escojan esta opción para legar sus bienes sufrirán un incremento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que afectará, incluso, a los pactos sucesorios ya firmados antes de que entre en vigor la ley.

La ley aprobada hoy modifica el artículo 36 de la ley del IRPF. Hacienda usará los precios de adquisición antiguos y no los del momento de la firma del pacto sucesorio para calcular la ganancia patrimonial del heredero. El nuevo redactado establecerá que si se transmite el bien antes del fallecimiento del donante, se usará la misma fecha y valor de adquisición que tenía el donante para calcular la ganancia o pérdida en IRPF, aunque el pacto sucesorio se haya formalizado muchos años antes. De esta forma, Hacienda imputará grandes beneficios a los sucesores, puesto que los precios de compra antiguos son mucho menores que los actuales.


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El próximo lunes 12 de julio acaba el plazo para solicitar las ayudas directas de 855 millones de € dispuestas en Baleares para empresas y profesionales afectados por el covid-19

𝗠𝗼𝘆𝗮&𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 quiere hacer un recordatorio que consideramos muy importantes: 𝒆𝒍 𝒑𝒓ó𝒙𝒊𝒎𝒐 𝑳𝑼𝑵𝑬𝑺 12 𝑫𝑬 𝑱𝑼𝑳𝑰𝑶 𝒔𝒆 𝒂𝒄𝒂𝒃𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒍𝒂𝒔 𝑨𝒀𝑼𝑫𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑹𝑬𝑪𝑻𝑨𝑺 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑬𝑴𝑷𝑹𝑬𝑺𝑨𝑺 𝒀 𝑷𝑹𝑶𝑭𝑬𝑺𝑰𝑶𝑵𝑨𝑳𝑬𝑺 afectados por el Covid-19 𝒆𝒏 𝑩𝑨𝑳𝑬𝑨𝑹𝑬𝑺 (855 millones de €)

Además debes recordar ya se modificaron las bases reguladores para la convocatoria de estas ayudas a empresas y profesionales para incluir • 𝐌Á𝐒 𝐂𝐍𝐀𝐄𝐬, llegando a incluir prácticamente todas las actividades económicas, y también • 𝐌Á𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐏𝐓𝐎𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐋𝐎𝐒 𝐐𝐔𝐄 𝐒𝐎𝐋𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀𝐑 𝐀𝐘𝐔𝐃𝐀𝐒, puesto que ya no es preciso que se empleen las ayudas para reducir deuda sino que una empresa o un empresario autónomo podrá pedir ayudas en base a una justificación de pérdidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.

¿Todavía no lo tienes claro? Mira el vídeo informativo de Nicolás Emery explicando la modificación de las bases reguladoras de las ayudas en Baleares a continuación y, si te queda alguna duda, contacta con cualquiera de las oficinas de 𝗠𝗼𝘆𝗮&𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆.


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El propietario de una residencia alquilada a quien el arrendatario no paga el alquiler desde marzo de 2020 ha iniciado un desahucio. ¿Cómo deben tributar las cantidades impagadas?

CONSULTA VINCULANTE

V0824-21 (descárga este documento en formato pdf aquí)

NORMATIVA

LIRPF. Ley 35/2006, arts., 14, 22, 23 y 27.

CUESTIÓN

Tributación de las cantidades impagadas.

DESCRIPCIÓN

El consultante es propietario junto con su mujer de una residencia que tiene alquilada. El arrendatario no paga las rentas del alquiler desde marzo de 2020, habiendo iniciado el consultante un procedimiento de desahucio.

CONTESTACIÓN

No se manifiesta en la consulta que se den los requisitos para la consideración del arrendamiento como actividad económica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), por lo que se parte de la consideración de que dicho arrendamiento genera rendimientos del capital inmobiliario.

El artículo 22.2 de la Ley del impuesto establece que “se computará como rendimiento íntegro del capital inmobiliario el importe que por todos los conceptos deba satisfacer el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario, incluido, en su caso, el correspondiente a todos aquellos bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario”.

El artículo 23.1 de la citada Ley incluye entre los gastos que considera necesarios para la obtención de los ingresos y, por tanto, deducibles para la determinación del rendimiento neto “los saldos de dudoso cobro en las condiciones que se establezcan reglamentariamente”.

En su desarrollo, el artículo 13 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), determina en su párrafo e) la deducibilidad de “los saldos de dudoso cobro siempre y cuando esta circunstancia quede suficientemente justificada. Se entenderá cumplido este requisito:

1º Cuando el deudor se halle en situación de concurso.

2º Cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la finalización del período impositivo hubiesen transcurrido más de seis meses, y no se hubiese producido una renovación de crédito.

Cuando un saldo dudoso fuese cobrado posteriormente a su deducción, se computará como ingreso en el ejercicio en que se produzca dicho cobro”.

No obstante, el artículo 15 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE de 23 de diciembre) establece que:

“El plazo de seis meses a que se refiere el número 2.º de la letra e) del artículo 13 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas quedará reducido a tres meses en los ejercicios 2020 y 2021.

Reglamentariamente podrá modificarse el plazo previsto en este artículo.”

De lo anteriormente expuesto cabe concluir lo siguiente:

1º. El consultante deberá imputar en el año 2020, como rendimiento íntegro del capital inmobiliario, las cantidades correspondientes al arrendamiento del inmueble, incluso aunque no hayan sido percibidas.

2º. Del rendimiento íntegro computado podrá deducir como gasto los saldos de dudoso cobro una vez transcurrido el plazo antes referido, dado que no parece que el deudor se haya encontrado en situación de concurso.

En el caso de que la deuda fuera cobrada posteriormente a su deducción como gasto, deberá computar el ingreso en el año en que se produzca dicho cobro.

En el presente caso, se parte de la hipótesis de que las gestiones de cobro se inician en 2020, reclamándose las deudas existentes a la fecha y no cobradas, por lo que dichas deudas podrán considerarse como gasto deducible imputable al ejercicio 2020 cuando desde el inicio de la gestión de cobro hasta el 31 de diciembre de 2020 hayan transcurrido más de 3 meses. Respecto a las deudas vencidas con posterioridad al inicio de las gestiones de cobro, debe tenerse en cuenta por un lado que las gestiones de cobro iniciales no podían referirse a dichas deudas, al ser inexistentes a esa fecha, y por otro, la extensión de la reclamación judicial a dichas deudas conforme éstas fueran naciendo, por lo que el plazo debe computarse para estas últimas deudas a partir de su vencimiento.

En consecuencia, podrán imputarse al ejercicio 2020 como gastos deducibles del rendimiento del capital mobiliario las deudas comprendidas en la gestión de cobro iniciada en 2020 (se parte, como se ha referido, de la hipótesis de que las gestiones para el cobro se inician en ese ejercicio), cuando hubieran transcurrido más de 3 meses desde el inicio de dichas gestiones hasta el final de dicho ejercicio, imputándose al ejercicio 2021 en el caso de que el referido plazo finalice en el ejercicio 2021.

Respecto a las deudas que hubieran nacido con posterioridad al inicio de las gestiones de cobro, podrán imputarse como gasto deducible al ejercicio en el que finalice el plazo correspondiente contado a partir de su vencimiento.

Por último, en cuanto a las cuestiones relativas a la cumplimentación del modelo 100, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Declaración anual”, se manifiesta que los aspectos relacionados con la referida cumplimentación corresponden a la competencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por lo que este Centro Directivo carece de competencias para contestar a dichas cuestiones.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


¿Tienes dudas con respecto a tu declaración de renta o cualquier otra obligación tributaria? No tardes en pedir cita en cualquiera de las oficinas de Palma o Calvià de Moya & Emery


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Moya & Emery te explica la ampliación de las ayudas directas a empresas y profesionales en Baleares y todas las sucesivas modificaciones añadidas por el Govern balear

Las bases de la convocatoria de ayudas -dispuestas por el Gobierno central- por valor de 855 millones de euros para empresas y autónomos en las islas Baleares que se hayan visto afectados por el covid19 han sido modificadas o ampliadas recientemente con el fin de que puedan solicitar dichas ayudas más empresas y más profesionales que en un principio no pudieron acceder. Hoy el abogado y economista Nicolás Emery de Moya & Emery ha hablado de todos esos cambios con Jaime Mora en Radio Calvià FM:

  • Quedan incluidos todos los CNAEs
  • Se amplía el término o plazo de presentación hasta el 12 de julio 2021 a las 15’00h
  • Es requisito haber tenido actividad en 2019/2020, pero no todo el año, por lo que amplían las ayudas a los autónomos de temporada, ya que pueden estar sin actividad en algún momento de 2019/2020, pero alta en el momento de la solicitud
  • Será obligatorio mantener la actividad en el 2022.
  • No subida de salarios a alta dirección de las empresa ni reparto de dividendos.
  • Régimen especial a las empresas afectados por el cierre de Thomas Cook
  • Reconocimiento de pérdidas y no solo de la deuda pendiente,
  • Las ayudas presentadas hay que dar de baja la declaración y presentar una nueva cambiando los importes, y subiendo la cantidad solicitada
  • Las empresas sin deudas, pero que ha puesto sus recursos propios para pagar, se incluyen ya que estas cantidades van en concepto de perdidas como elemento de justificación
  • Obligatorio informe de auditoría para poder justificar las perdidas, ya que no es un año natural (01-03-20 a 31-03-21)
  • Existirá un retraso de 2 semanas en el cobro por la ampliación del plazo de la presentación, compromiso de pago previsión para finales de julio.
  • Ayudas de la línea hasta 3.000 € caída de facturación de un 30%, a través de declaración de responsable, habrá una comprobación aleatoria
  • Los que vayan por módulos no tendrán que demostrar cada factura, pero si se tendrá que guardar el uso correcto del dinero
  • Las facturas pendientes de pago el devengo/servicio será desde marzo 20 a mayo 21, se podrán pagar con las ayudas desde el 14/07/21 hasta 2 meses después de haberlas cobrado
  • Concepto de pérdidas, incluye amortizaciones (ingresos-gastos variables)
  • Deberán estar al corriente de pago desde la solicitud hasta que se conceda la ayuda, sino sería un motivo de denegación, por lo que se tendrán que vigilar los corrientes de pago.
  • Se excluyen las deudas a proveedores por inversión
  • Créditos ICO, solo importes del crédito destinados a pago de deudas de marzo hasta mayo.
  • Los tributos locales que son pagaderos en oct/nov, aunque tengan 2 meses para efectuar los pagos, estos si se incluyen
  • Excepciones: perdidas nuevas, perdidas 2019, las nuevas no pueden salvo afectados a Thomas Cook o inversiones grandes
  • Pólizas de crédito se cubrirán los préstamos y créditos por pagos realizados de marzo20 a mayo21 para reducir el capital pendiente
  • Los ERTEs y los Impuestos personales no son susceptibles de englobar en las ayudas.

¿Todavía tienes dudas sobre las ayudas directas para empresas y profesionales que hayan sufrido las consecuencias económicas de la pandemia del covid-19 y no sabes si cumples los requisitos para acceder a ellas? Entonces ponte en contacto con Moya & Emery


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Borrador de acuerdo en materia de pensiones

28 de junio de 2021

I.     NUEVA FÓRMULA DE REVALORIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES

  • En cumplimiento de la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo a través del incremento de las pensiones el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media anual registrada en el mes de noviembre del ejercicio anterior.
  • Se garantiza que en el supuesto de inflación negativa -algo muy infrecuente y de escaso impacto incluso en las circunstancias de los últimos años– las pensiones no sufrirían merma alguna, quedando ese año inalteradas.
  • Como regla adicional, con el objetivo reforzado de preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y garantizar la suficiencia económica de los pensionistas, el Gobierno y los interlocutores sociales realizarán, en el marco del diálogo social, una evaluación periódica, cada cinco años, de los efectos de la revalorización anual de la que dará traslado al Pacto de Toledo, y que contendrá una propuesta de actuación si fuese necesario corregir alguna desviación para preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

II.     MEDIDAS PARA FAVORECER EL ACERCAMIENTO VOLUNTARIO DE LA EDAD EFECTIVA CON LA EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN

  • La actuación complementaria del conjunto de medidas incluidas en este apartado tiene como objetivo, en cumplimiento de la recomendación 12ª del Pacto de Toledo, seguir impulsando el proceso de acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria. Ello se hará en el marco del refuerzo del derecho a la jubilación consagrado en nuestro modelo de jubilación flexible, priorizando el reforzamiento de los instrumentos de incentivo y desincentivo previstos para los supuestos de jubilación anticipada o demorada sobre la citada edad ordinaria.

1.      Jubilación anticipada voluntaria.

– Se revisan los coeficientes reductores (que a partir de ahora serán mensuales) con el fin de fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación y dar un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas.

Menos de 38 años y 6 meses cotizados

Más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses

Más de 41 años y 6 meses cotizados y menos de 44 años y 6 meses

Más de 44 años y medio cotizados

  • Como excepción, se aplicarán los coeficientes reductores correspondientes a la jubilación por causa no imputable al trabajador en aquellos supuestos en los que quien se jubila anticipadamente de forma voluntaria esté percibiendo el subsidio de desempleo desde hace, al menos, tres meses.
  • Con el fin de fomentar el acercamiento voluntario de la edad efectiva de jubilación anticipada voluntaria a la edad de jubilación ordinaria de las personas con pensión teórica superior al límite máximo de pensión de la Seguridad Social, los coeficientes reductores se aplicarán sobre la cuantía de la pensión respetando la limitación máxima a la que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Seguridad Social. La eliminación de la regulación hasta ahora aplicable en los supuestos en los que la pensión teórica quedaba por encima de ese límite se hará de forma progresiva a lo largo de un periodo de diez años a contar desde el 1 de enero de 2024. En cualquier caso, estos coeficientes solo se aplicarán en la medida en que la evolución de la pensión máxima del sistema absorba completamente el efecto del aumento de coeficientes respecto a los vigentes en 2021 para estos trabajadores con base reguladora superior a la pensión máxima, de manera que la pensión reconocida no sea inferior a la que le habría correspondido con la aplicación de las reglas vigentes en 2021.
  • De la anterior previsión quedan excluidas –y, por tanto, seguirán rigiéndose por las reglas de acceso a las distintas modalidades de jubilación anticipada previas a la aprobación y entrada en vigor de esta reforma– aquellas personas, con base reguladora superior a la pensión máxima, cuya relación laboral:
  • Se haya extinguido antes de 1 de enero de 2022, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas, por un periodo superior a 12 meses, en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
    • Se extinga después de esa fecha como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o en virtud de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa o decisiones adoptadas en procedimientos concursales, que fueran aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley que dé cumplimiento a este acuerdo.
    • No obstante, las personas a las que se refieren los apartados anteriores también podrán optar por que se aplique, para el reconocimiento de su derecho a pensión, la legislación que esté vigente en la fecha del hecho causante de la misma.

Coeficientes aplicables a pensiones teóricas por encima de la máxima (con la limitación reseñada más arriba)

Menos de 38 años y 6 meses cotizados

Más de 38 años y 6 meses y menos de 41 años y 6 meses cotizados

Más de 41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses cotizados

Más de 44 años y 6 meses cotizados

2.      Jubilación anticipada involuntaria.

  • Se acuerda introducir cuatro modificaciones. Primero, a las causas de extinción contractual que dan derecho al acceso a esta modalidad de jubilación mencionadas en el art. 207.1 LGSS, se añaden el resto de causas extintivas por razones objetivas y la resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos previstos en los artículos 40.1, 41.3, 49.1.m) y 50 ET..
  • Segundo, el coeficiente aplicable sobre la pensión se determina por mes de adelanto de la jubilación, no por trimestre.
  • Tercero, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad  de  jubilación  ordinaria,  se  aplican  en  la  determinación  de  la

pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente.

– Cuarto, adicionalmente el coeficiente reductor correspondiente a cada uno de los seis meses previos a la edad de jubilación ordinaria se rebaja respecto de los propuestos para la jubilación voluntaria.

– Finalmente, no sufrirán cambios los coeficientes reductores del 0,5% por trimestre, desde la pensión máxima, aplicables a las jubilaciones anticipadas involuntarias, manteniéndose en los mismos términos vigentes hasta la fecha, estando excluida expresamente esta modalidad de la previsión de equiparación de coeficientes para la jubilación anticipada voluntaria prevista en el apartado II.1 de este Acuerdo. Esta misma garantía se extenderá a los supuestos previstos en el apartado

II.1 referidos a personas que accediendo a la jubilación anticipada voluntaria desde una situación en la que vienen percibiendo el subsidio por desempleo desde hace, al menos, tres meses, se les aplican los coeficientes reductores establecidos para la jubilación anticipada involuntaria

3.      Jubilación anticipada por razón de la actividad

  • Se acuerda la modificación del procedimiento de solicitud, y se precisan con mayor detalle los indicadores de peligrosidad o penosidad que determinan el acceso a esta modalidad de jubilación anticipada.
  • Las solicitudes de iniciación del procedimiento deberán ser formuladas conjuntamente por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas; o por las organizaciones sindicales más representativas y la administración correspondiente cuando el procedimiento afecte al personal de las administraciones públicas.
  • La fijación de los indicadores que acrediten la concurrencia de circunstancias de penosidad o peligrosidad será objeto de desarrollo reglamentario, que se abordará en el marco del diálogo social.
  • Con respecto a las solicitudes ya presentadas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establecerá en el plazo de seis meses un calendario para la resolución de los expedientes, priorizando de acuerdo con criterios objetivos la resolución de los mismos.
  • Se creará una comisión encargada de evaluar y, en su caso, instar la aprobación de los correspondientes decretos de reconocimiento de coeficientes reductores. Integrarán esta comisión los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Trabajo y Economía Social; y Hacienda; junto las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
  • Se establecerá un procedimiento para la revisión de los coeficientes reductores de edad con una periodicidad máxima de diez años.

– Por otro lado, se separan en normas distintas la jubilación anticipada por razón de la actividad y por razón de la discapacidad.

4.      Jubilación demorada

  • Se acuerda aplicar la exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que corresponda en cada caso.
  • Se acuerda mejorar los incentivos para la prolongación de la carrera profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación.
  • Se ofrecen tres tipos de incentivos, a elegir por el trabajador, por cada año de demora:
  • Un porcentaje adicional del 4 por ciento (este porcentaje adicional se sumará al que corresponda de acuerdo con el número de años cotizados y se aplicará a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión).
    • Una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas.

–     Una combinación de las opciones anteriores.

5.      Jubilación activa

En coherencia con el conjunto de previsiones de este bloque, se exige como condición para acceder a esta modalidad de jubilación el transcurso de al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.

En el plazo máximo de doce meses, el Gobierno revisará, en el marco del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales, esta modalidad de jubilación con el fin de corregir las diferencias existentes entre regímenes y sistemas especiales y favorecer el mantenimiento de la actividad de los trabajadores mayores, al tiempo que se preserva la sostenibilidad del sistema. En todo caso, la nueva regulación no podrá tener como consecuencia la sustitución de trabajadores con cotización completa por trabajadores con cotización reducida.

6.      Jubilación forzosa

  • Se acuerda que no sea posible establecer cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador por el cumplimiento de una edad inferior a 68 años. Observada esta limitación de edad, se requerirán además las siguientes condiciones:
  • Primero, que la persona trabajadora afectada tenga derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
  • Segundo, que cada extinción contractual en aplicación de esta previsión lleve aparejada simultáneamente la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos, una persona trabajadora como medida vinculada a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo.
  • Excepcionalmente, este límite podrá rebajarse hasta la edad ordinaria de jubilación fijada por la normativa de Seguridad Social cuando la tasa de ocupación de las trabajadoras en alguna de las actividades económicas correspondientes al ámbito funcional del convenio sea inferior al 20 por ciento de las personas ocupadas en las mismas.

A estos efectos, las actividades económicas en las que se ha de cumplir esta condición serán las que correspondan a los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas que figuren en el Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad (REGCON). La Administración de la Seguridad Social facilitará esta información respecto de la totalidad de trabajadores por cuenta ajena en cada una de las CNAE correspondientes en la fecha de constitución de la comisión negociadora del convenio.

La aplicación de esta excepción exigirá, además, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

  • Que la persona trabajadora afectada tenga derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
  • Que en el CNAE al que esté adscrita la persona afectada por la aplicación de esta cláusula concurra una tasa de ocupación de empleadas inferior al 20 por ciento sobre el total de trabajadores de dicho CNAE a la fecha de efectos de la decisión extintiva. Este CNAE será el que resulte aplicable para la determinación de los tipos de cotización para la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
  • Que cada extinción contractual en aplicación de esta previsión afecte a un puesto de trabajo vinculado a algunas de las actividades económicas antes mencionadas; y que cada extinción en aplicación de esta previsión lleve aparejada simultáneamente

la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos, una mujer.

La decisión extintiva de la relación laboral será, con carácter previo, comunicada por la empresa a los representantes legales de los trabajadores y al propio trabajador afectado.

– Sin perjuicio de lo anterior, las cláusulas sobre jubilación forzosa que se hubieran incluido en los convenios colectivos al amparo de la legislación hasta ahora vigente podrán ser aplicadas hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada del convenio en cuestión.

7.      Reducción en la cotización para trabajadores mayores de 62 años en procesos de IT

Con el fin de favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, se acuerda establecer una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.

III.     FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL SISTEMA:

CULMINACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE FUENTES

  • En cumplimiento de la recomendación 1ª del Pacto de Toledo, los firmantes de este acuerdo comparten la necesidad de culminar la plena implementación del principio de separación de fuentes respecto de aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no ha sido asumida todavía por el Estado.
  • Para ello, de forma adicional al mantenimiento estable de la transferencia anual ya aprobada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (13.929 millones de euros), se incrementará esta, tanto en los ejercicios de 2022 y 2023, como en años sucesivos, también de forma permanente como la transferencia aprobada para 2021, hasta alcanzar una transferencia que sirva para cubrir todos los conceptos reseñados a continuación.
  • Primero, los conceptos ya financiados por transferencia del Estado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021:

(millones de euros)

Transferencia para la financiación de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menor2.785
Transferencia  para  financiar  reducciones  en  la cotización a la Seguridad Social1.779
Subvenciones  implícitas  a REM,  SEA, contratos formación996
Complemento para reducir la brecha de género788
Integración de lagunas450
Jubilación anticipada sin coeficiente reductor y sin cotización adicional371
Pensiones en favor de familiares373
Cuantía equivalente a 2 puntos de cotización por otros conceptos de naturaleza no contributiva6.387
  • Segundo, los siguientes conceptos a incorporar dentro de la transferencia para financiar otros conceptos en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo 2020:
Coste de la pensión de jubilación anticipada involuntaria en edades inferiores a la edad ordinaria de jubilación.  2.010
Complementos      de     prestaciones      contributivas, sujetos a límite de ingresos.3.444
Cuantía equivalente a 1 punto de cotización por otros conceptos de naturaleza no contributiva3.193

De la misma forma, se reitera el compromiso del Estado como garante público del sistema de Seguridad Social. En este sentido, el Estado garantiza el equilibrio financiero del sistema en los importes y durante el tiempo estrictamente necesario en los que los ingresos derivados de cotizaciones y transferencias estables y preestablecidas desde los Presupuestos Generales del Estado, junto al resto de recursos previstos en el art. 109 de la LGSS, puedan no ser suficientes.

IV.     NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN POR INGRESOS REALES Y MEJORA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

  • En cumplimiento de la recomendación 5ª  del Pacto de Toledo,  con objeto de mejorar y reforzar el sistema de protección de este Régimen y su financiación, se acuerda establecer un sistema de cotización basado en los rendimientos reales declarados fiscalmente. La implantación de esta modificación se hará a partir del 1 de enero de 2022 de forma gradual, con objeto de permitir la más adecuada definición de los mismos y las adaptaciones técnicas necesarias por parte de la Hacienda Pública y de la propia Seguridad Social. En concreto, el nuevo sistema se aprobará en 2022, sin producir efectos económicos hasta 2023; y el despliegue será progresivo hasta un máximo de nueve años, con revisiones periódicas cada tres años en las que las organizaciones empresariales y sindicales, y las asociaciones de autónomos podrán decidir, junto al Gobierno, la aceleración del calendario.
  • Aquellos autónomos cuyos rendimientos fiscales derivados de la actividad por cuenta propia estén por encima de la actual base mínima de cotización del RETA cotizarán por los mismos. Esta base mínima se equiparará progresivamente a la del Régimen General de la Seguridad Social.
  • Los autónomos que tengan rendimientos fiscales declarados inferiores a la base mínima de cotización vigente cotizarán por los mismos. Sin perjuicio de ello, a efectos de la acción protectora se reconocerá la base mínima correspondiente durante un periodo máximo de dos años.
  • Se prevé que los trabajadores autónomos elijan provisionalmente su base de cotización entre los tramos que se determinen normativamente en función de previsiones de rendimientos. Con la posibilidad de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos.
  • Si existen diferencias una vez hecha la regularización anual, el trabajador deberá proceder a su ingreso en caso de haber cotizado menos de lo que le correspondía; y podrá solicitar la devolución si la cotización realizada fue superior.
  • Durante el periodo transitorio, y de acuerdo con lo establecido en el marco del diálogo social, se establecerá una cotización intermedia por tramos cuyo número se irá incrementando progresivamente.
  • En el plazo de doce meses, y en cumplimiento del mandato de la recomendación 4ª del Pacto de Toledo, se abordarán las diferencias de acción protectora entre el Régimen General y el RETA con el objetivo de lograr una protección social equiparable entre estos dos regímenes.

V.     MEDIDAS     PARA     PRESERVAR      EL     EQUILIBRIO      Y    LA     EQUIDAD INTERGENERACIONAL

En cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los firmantes se comprometen a negociar la sustitución del factor de sostenibilidad del artículo 211 por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027 en los términos que se describe en el párrafo siguiente. El proceso de negociación en el marco del diálogo social se abrirá inmediatamente después a la suscripción de este acuerdo, de forma que la regulación del nuevo mecanismo pueda incorporarse al proyecto de ley que dé cumplimiento al citado acuerdo antes del 15 de noviembre de 2021. Si en ese proceso de negociación en el marco del diálogo social no se alcanzara un acuerdo, el Gobierno de España procedería a regular el citado mecanismo, de forma que esté definido en el momento de entrada en vigor de la citada Ley.

Dada la dimensión intergeneracional del sistema de pensiones, y las necesidades excepcionales y acotadas en el tiempo que para su equilibrio va a suponer la jubilación de la generación del baby boom y el aumento de la esperanza de vida, es necesario recuperar para el diseño del nuevo mecanismo el planteamiento consensuado en la reforma de 2011. Ello implica incorporar indicadores que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población y que, actuando de forma equilibrada sobre el conjunto de parámetros del sistema, sirvan de base para un diseño del nuevo mecanismo que evite hacer recaer en las generaciones más jóvenes el coste derivado de la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas, repartiendo de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.

VI.     OTRAS MEDIDAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y DE LA CALIDAD DE LA ACCIÓN PROTECTORA

1. Agencia Estatal de la Seguridad Social.

Para dar cumplimiento al mandato de la recomendación octava  del Pacto de Toledo, el Gobierno aprobará en el plazo de seis meses un Proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social.

2. Viudedad de parejas de hecho

En el plazo de 6 meses, y en cumplimiento de la recomendación 13ª del Pacto de Toledo, se abordará en el marco del diálogo social una revisión del marco regulador de acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con el fin de equiparar las condiciones de acceso de este colectivo al de las parejas constituidas en matrimonio.

3.      Base reguladora de las prestaciones de incapacidad temporal en los casos de personas trabajadoras con contrato fijo-discontinuo

Se acuerda incluir en la legislación de Seguridad Social una referencia expresa para que la base reguladora diaria de la prestación por incapacidad temporal se calcule mediante el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas desde el último llamamiento al trabajo, con un máximo de tres meses inmediatamente anteriores al del hecho causante, entre el número de días naturales comprendidos en el período.

4.      Cláusula de ‘salvaguarda’

La conocida como “cláusula de salvaguarda” –derivada originalmente de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, e incorporada actualmente al ordenamiento jurídico de la Seguridad Social en el apartado 5 de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social– se mantendrá en su regulación actual con carácter indefinido, de manera que extiende sus efectos más allá del 1 de enero de 2022 garantizando la cobertura de la totalidad de personas que originalmente se preveía proteger con  la citada cláusula.

5.      Cotización de becarios

En el plazo máximo de tres meses se procederá al desarrollo reglamentario previsto en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, de modo que se garantice que la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria, determine la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado.

Se aplicará a estas prácticas una reducción del 75 por cien en la cotización a la Seguridad Social.

6.      Convenios especiales cuidadores SAAD

Se establecerán en el plazo de seis meses los oportunos cambios normativos que posibiliten que la financiación pública establecida para asumir las cuotas derivadas de los convenios especiales de los cuidadores de personas en situación de dependencia regulados en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, en los casos de personas que hayan reducido su jornada de trabajo para dedicar una parte de  la misma al cuidado de las personas en situación de dependencia, permita garantizar el mantenimiento de las bases de cotización que tenían estas personas antes de dicha reducción, así como las correspondientes actualizaciones de dicha base de cotización en los mismos términos en que lo haga el tope mínimo del Régimen General de la Seguridad Social.

VII.     INTEGRACIÓN  DE  TEXTOS  NORMATIVOS  COMO  ANEXO  DE  ESTE ACUERDO

Se integra y suscribe, como anexo inseparable de este Acuerdo, el texto normativo que concreta su contenido en los aspectos en los que corresponde y que el Gobierno incorporará fielmente en el Proyecto de Ley que remitirá a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.

Lo anterior, sin perjuicio del resto de contenidos previstos en este Acuerdo, cuya propuesta de texto normativo aún no ha sido ultimada (RETA, viudedad de parejas de hecho…), que se concretarán en los plazos previstos en cada apartado y, en cualquier caso, coincidiendo con la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley que concretará normativamente este Acuerdo.


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El BOIB publica la modificación de la Orden por la cual se incluye la justificación de pérdidas para acceder en las ayudas de los 855 millones

El Boletín Oficial de las Islas Baleares publicó ayer 1 de julio la modificación de la Orden de las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de la Línea COVID de ayudas directas a empresarios y profesionales, con el objetivo de incorporar el supuesto de las pérdidas como concepto elegible en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Esta modificación, ya anunciada la semana pasada, amplía el criterio por el cual la Orden solo se autorizaban ayudas para enjugar deuda.

Con esa ampliación se intenta hacer un llamamiento a todos los profesionales y empresas, que ahora sí podrán verse beneficiadas por estas modificaciones, a fin de que realicen la solicitud de la ayuda, después de haber facilitado su acceso.

Con esta medida, se permite incrementar la cuantía de la ayuda a aquellas empresas que ya cumplían los requisitos en el caso de tener deuda, y también permitirá acceder a las ayudas a aquellas otras compañías que, a pesar de tener pérdidas justificables en el periodo mencionado, hasta ahora no podían tener acceso por no tener deuda pendiente. En el caso de la justificación de pérdidas, hace falta un informe de la auditoría que se tiene que presentar en la fase posterior al cobro de la ayuda.

Hay que recordar que la semana pasada también se acordó la ampliación de la convocatoria a prácticamente todos los CNAEs de las actividades productivas de las Islas, con el fin de repescar aquellos sectores que hubieran podido quedar excluidos en la anterior clasificación, y hacer extensivo así las ayudas a todos los sectores de actividades productivas de las Islas, a todas las empresas y a todos los empresarios autónomos.

Asimismo, y para dar margen a las empresas y autónomos a estudiar todos estos nuevos supuestos, también se acordó ampliar hasta el 12 de julio el plazo hábil para poder presentar las solicitudes de ayudas.

Haz clic aquí para descargar la resolución en formato PDF y no dudes en ponerte en contacto con Moya & Emery si tienes alguna duda con respecto a los requisitos exigidos para acceder a las ayudas o precisas ayuda para solicitarlas:


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El Gobierno y los interlocutores sociales cierran un texto sobre PENSIONES en la mesa del diálogo social

  • Fija un marco estable de revalorización de las pensiones con el IPC medio del año anterior
  • Se flexibilizan las condiciones para la jubilación anticipada y se crean más incentivos para la demorada
  • Plantea la sustitución del actual factor de sostenibilidad de 2013 por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que se diseñará en cinco meses
  • Prevé la implantación gradual de un sistema de cotización por rendimientos reales para los trabajadores autónomos

Nota de Prensa del Ministerio de Seguridad Social del Lunes, 28 de junio de 2021.-

La Mesa Técnica de pensiones formada por los responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de los interlocutores sociales CEOE, Cepyme, CCOO y UGT ha concluido con un texto, que debe ser ratificado por los órganos correspondientes de los interlocutores sociales. El acuerdo definitivo, que traslada las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado otoño, también recogidas en parte en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se formalizará una vez que los órganos correspondientes de los agentes sociales lo ratifiquen.


En estos compromisos se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y corrigiendo definitivamente la fórmula introducida en 2013, cuya aplicación está suspendida desde 2018. De esta forma, se fija un mecanismo estable de revalorización y el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, las pensiones quedarán inalteradas.

El texto incluye además una evaluación periódica de este nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que se realizará en el marco del diálogo social cada cinco años.


En segundo lugar, siguiendo la recomendación 12ª, se incorporan diversas previsiones dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación. En este aspecto se incluyen cuatro medidas: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.


Respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasarán a ser mensuales para dar más flexibilidad a los futuros pensionistas y fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación. Además, se dará un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas (ver anexo con coeficientes). En la mayoría de los casos, además, los coeficientes serán más bajos que los actualmente vigentes con el fin de incentivar pequeñas demoras en la salida del mercado laboral.


Además, para mejorar las pensiones de las personas que acceden a la jubilación por causa no imputable al trabajador, se aplicarán los coeficientes de la jubilación anticipada voluntaria en aquellos supuestos en los que quien se jubila anticipadamente de forma voluntaria esté percibiendo el subsidio de desempleo desde hace, al menos, tres meses.

Otro de los elementos del texto en esta materia es la supresión de los aspectos regresivos del sistema, de forma que se eliminará gradualmente la regulación para personas con ingresos superiores a la pensión máxima. Esta eliminación se hará de forma progresiva durante un plazo de 10 años a partir del 1 de enero de 2024.


En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, se mejoran dos aspectos: de un lado, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales; y, de otro, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria se aplican en la determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente, entre otros.

En lo que se refiere a la jubilación anticipada por razón de la actividad, se modificará el procedimiento de solicitud y se precisarán con más detalle los indicadores de peligrosidad o penosidad que determinan el acceso a esta modalidad de jubilación anticipada de manera que su aplicación pueda ser efectiva.


Nuevos incentivos a la jubilación demorada


En el caso de la jubilación demorada, se establecerá la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda. Pero como medida más destacable, se refuerzan significativamente los incentivos, que serán de tres tipos por cada año de demora:

  • Un porcentaje adicional del 4%
  • Una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas (ver anexo)
  • Una combinación de ambas opciones

Respecto a la jubilación activa, se exigirá como condición para acceder a esta modalidad el transcurso de al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación y se revisará en el marco del diálogo social esta modalidad en el plazo máximo de doce meses.


Sobre la jubilación forzosa, se ha acordado prohibir las cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador antes de los 68 años. Este límite se podrá rebajar en algunos sectores (CNAE) con la condición de que se incremente la participación de la mujer en dichos sectores. Las cláusulas que se hubieran incluido en los convenios según la normativa vigente podrán ser aplicados mientras sigan en vigor.


Por último, dentro de esta línea que persigue favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.


Sistema en equilibrio a partir de 2023

Otro aspecto muy destacable es el fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema. Siguiendo la recomendación 1ª, se ha incluido en el documento la culminación de los gastos no contributivos de la Seguridad Social en 2022 y 2023, incluyendo otros 7.600 millones de euros, como garantía del equilibrio del sistema por parte del Estado.


Conforme a la recomendación 5ª del Pacto de Toledo, el documento prevé la implantación gradual a partir del 1 de enero de 2022 de un sistema de cotización por rendimientos reales por parte de los trabajadores autónomos. El nuevo sistema se aprobará en 2022, sin producir efectos económicos hasta 2023, con un despliegue progresivo durante un máximo de nueve años. Cada tres años, se hará una revisión periódica en la que los interlocutores sociales y las asociaciones de autónomos, junto con el Gobierno, podrán decidir la aceleración de este calendario.


Nuevo mecanismo de equidad intergeneracional en noviembre


Además, para preservar el equilibrio y la equidad intergeneracional, y en cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los firmantes se comprometen a negociar la sustitución del factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027. El proceso de negociación se abrirá inmediatamente después de la firma de este texto en el marco del diálogo social de forma que la regulación del nuevo mecanismo pueda incorporarse al proyecto de ley antes del 15 de noviembre de 2021. Si en ese proceso de negociación en el marco del diálogo social no se alcanzara un acuerdo, el Gobierno regularía el citado mecanismo para que pueda estar definido en el momento de entrada en vigor de la ley.


Finalmente, se prevé el cumplimiento de la recomendación 8ª del Pacto de Toledo mediante la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses. En este mismo plazo, y en cumplimiento de la recomendación 13ª se abordará en el marco del diálogo social una revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a la de los matrimonios.


Asimismo, la cláusula de salvaguarda se mantendrá en su regulación actual con carácter indefinido y se realizará, en un plazo de tres meses, el desarrollo reglamentario para la inclusión en la Seguridad Social de las personas que realicen prácticas, aunque no tengan carácter remunerado. En estos casos, se establecerá una reducción de cotización del 75%.

Puedes descargar, en formato pdf, la nota de prensa del Ministerio de Seguridad Social aquí


Tienes alguna duda sobre tu pensión, no lo dudes, ponte en contacto con nosotros:


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La justicia europea rechaza los contratos ‘fijos de obra’ de la construcción por permitir abusos al encadenar trabajos

Los magistrados consideran que este contrato regulado en el convenio colectivo de la construcción en España no previene de fraude en la temporalidad al permitir renovar contratos indefinidamente en sucesivas obras, “un riesgo real de provocar una utilización abusiva de este tipo de contratos”

En pleno debate sobre la contratación temporal en España, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dado un varapalo a los contratos ‘fijos de obra’ del sector de la construcción. Se trata de un contrato temporal específico de la construcción, regulado en su convenio colectivo, por el que se ligan relaciones contractuales a las obras. Los magistrados han concluido este jueves que el contrato ‘fijo de obra’ no previene de los abusos en la temporalidad, como exige la legislación europea, al permitir encadenar sucesivos contratos de este tipo “indefinidamente”.Cinco medidas con las que el Gobierno quiere reducir el trabajo temporalSABER MÁS

Los magistrados europeos analizan los contratos ‘fijos de obra’ de la construcción en España a raíz de una cuestión prejudicial planteada por un juzgado español. El tribunal le consulta varias dudas sobre el caso de un trabajador que encadenó seis contratos fijos de obra, entre los años 1996 y 2017, con la empresa Obras y Servicios Públicos S.A. En 2017, el trabajador pasa a depender de Acciona Agua tras hacerse esta con la adjudicación de un contrato público de Canal de Isabel II que antes tenía la empresa para la que trabajaba el afectado. Su último contrato ‘fijo de obra’ se extendió durante más años, tras lo que el empleado demandó su condición de fijo.

El TJUE considera que, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar a los tribunales españoles, “no cabe considerar que el artículo 24 del Convenio Colectivo controvertido” –el que regula el contrato ‘fijo de obra’– “permita justificar la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada” dado que “entraña un riesgo real de provocar una utilización abusiva de este tipo de contratos”.

Los jueces europeos apuntan que si bien en general se limita este tipo de contrato a una sola obra, esto “se aplica a cada contrato ‘fijo de obra’ considerado por separado” y “pueden celebrarse diversos contratos de este tipo sucesivamente para diferentes obras”.

Las condiciones que recoge el convenio colectivo de la construcción para estos contratos “permite renovar los contratos ‘fijos de obra’ indefinidamente por el efecto acumulado de esos sucesivos contratos o la agregación de estos”, lo que en opinión del tribunal europeo pone “de manifiesto que dicho trabajador en realidad desempeña de modo permanente y estable tareas que forman parte de la actividad ordinaria de la entidad o de la empresa que lo emplea”.

Así lo ven los magistrados en el caso enjuiciado por el tribunal español que plantea la cuestión prejudicial. “La situación del litigio principal ilustra a la perfección esta apreciación, pues el demandante ha suscrito seis contratos ‘fijos de obra’ sucesivos con Obras y Servicios Públicos por una duración total que excede de 25 años”.

El TJUE recuerda además que el Tribunal Supremo también ha limitado la posibilidad de encadenar contratos como permite el convenio colectivo. “Viene aplicando límites temporales” a estos contratos ‘fijos de obra’ propios de otros contratos temporales según el apartado 5 del Estatuto de los Trabajadores, “de manera que, cuando un trabajador ha suscrito dos o más contratos de este tipo y se ha superado el límite temporal legal previsto en dicha disposición, adquiere la condición de indefinido”, recoge la sentencia.

Los magistrados resuelven por tanto que “una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite atender necesidades que no son provisionales, sino, al contrario, permanentes y estables, no está justificada” en la legislación europea, que obliga a la existencia de medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de los contratos temporales.

Analizar si la indemnización es suficiente medida preventiva

El TJUE emplaza al tribunal español a que analice si hay “medidas legales” para prevenir este abuso de los contratos ‘fijo de obra’ que se analizan. Las empresas alegaron la existencia de una indemnización por cese de este tipo de contrato ‘fijo de obra’, que también regula el convenio colectivo.

Los magistrados europeos apuntan que, para que esta funcione como una medida preventiva en los términos exigidos por la normativa de la UE, “la concesión de una indemnización debe tener específicamente por objeto compensar los efectos de la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada”. Además, la indemNización tiene que ser no solo proporcionada, “sino también lo bastante efectiva y disuasoria como para garantizar la plena eficacia de dicha cláusula”.

El pronunciamiento del tribunal alcanza a uno de los sectores que más utiliza la contratación temporal en España, un país que tiene una tasa media muy alta de temporalidad, del 26,3% en 2019. España es de hecho el país con más peso del trabajo temporal de la UE. En el caso de la construcción, de media, el 40% de sus trabajadores tienen contratos temporales. Con una visión más detallada, en el sector de la construcción de edificios la tasa alcanza a más de la mitad de sus afiliados a la Seguridad Social, al 55%.

FUENTE: ElDiario.es AUTOR: Laura Olías


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AFECTADOS POR EL COVID19: Ampliados los supuestos y destinatarios que pueden recibir ayudas directas para empresas y autónomos en Baleares.

Baleares amplía los supuestos y destinatarios de las ayudas de 855 millones de Euros dirigidas a empresas y autónomos: hoy, sábado 26 de junio, se ha publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares la norma que amplía las bases de dichas ayudas directas:

  • Con MÁS CNAEs INCLUIDOS: se ha ampliado el abanico de actividades económicas incluidas en la convocatoria a todos los sectores productivos.
  • Con MÁS PLAZO PARA SOLICITAR LAS AYUDAS: se ha ampliado el plazo para presentar solicitudes dos semanas más, hasta el lunes 12 de julio.
  • Con MÁS CONCEPTOS O SUPUESTOS PARA LOS QUE SOLICITAR LAS AYUDAS: se amplían los conceptos por los cuales una empresa o un empresario autónomo podrá pedir ayudas en base a una justificación de pérdidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Este supuesto amplía el actual criterio por el cual las ayudas solo se autorizaban para reducir deuda.

Consulta el BOIB con los cambios en las bases reguladores de la convocatoria de ayudas directas a empresa y autónomos ampliadas hoy, en formato pdf, aquí.

Por otro lado, si tu empresa que desarrolla actividad en el municipio de Palma había solicitado previamente las ayudas extraordinarias de la Fundación Mallorca Turismo, puedes consultar si tu solicitud ha sido aprobada en esta resolución, en formato pdf, publicada también hoy en el BOIB.

Lee a continuación nuestra anterior entrada del blog 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 en que dábamos cuenta del acuerdo para ampliar las ayudas directas:


AFECTADOS POR EL COVID19: Baleares amplía los supuestos para la distribución de las ayudas de 855 millones dirigidas a empresas y autónomos

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presidido hoy una Mesa de Diálogo Social para hacer un seguimiento de la convocatoria de ayudas a empresas y autónomos para hacer frente a las consecuencias derivadas de la COVID19, de 855 millones. Durante la reunión, se han planteado una serie de medidas para ampliar los supuestos para la distribución de este fondo estatal y conseguir así un mayor número de solicitudes, que a día de hoy ya eran 5.202 en el conjunto de las Islas.

Tres son los principales aspectos que se han abordado: se amplía el abanico de actividades económicas incluidas en la convocatoria a todos los sectores productivos; se amplía el plazo para presentar solicitudes dos semanas más, hasta el lunes 12 de julio, y se ampliarán los conceptos por los cuales una empresa o un empresario autónomo podrá pedir ayudas en base a una justificación de pérdidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Este supuesto amplía el actual criterio por el cual las ayudas solo se autorizaban para reducir deuda.

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, han explicado las novedades de esta convocatoria de ayudas durante una comparecencia posterior a la reunión de la Mesa de Diálogo Social.

Ampliación a todos los CNAE de actividades productivas

En primer lugar, la Mesa de Diálogo Social ha decidido ampliar al máximo el abanico de actividades económicas incluidas en las ayudas. Así, todas las empresas de prácticamente todos los CNAE podrán acogerse a ellas, a excepción del sector de entidades financieras y de seguros, y para Actividades de los hogares.

De este modo, se repescan aquellos sectores que hubieran podido quedar descuadrados en la anterior clasificación. Por lo tanto, las ayudas se hacen extensivas a todos los sectores de actividades productivas de las islas, a todas las empresas y a todos los empresarios autónomos.

Ampliación del plazo de solicitudes

Finalmente, y para dar margen a las empresas y autónomos a estudiar estos nuevos supuestos, la Mesa de Diálogo Social ha acordado ampliar quince días más la presentación de las solicitudes de ayudas. De este modo, el plazo se alarga hasta el 12 de julio. Se prevé que los primeros pagos se inicien a finales del mes de julio.

Posibilidad de justificar pérdidas

Además, la convocatoria ampliará los conceptos por los cuales una empresa o un autónomo podrá acogerse a las ayudas si cayó su facturación más de un 30% el 2020 respeto el año anterior, incluyendo como nuevo concepto la justificación de pérdidas en el periodo mencionado.

Este hecho tiene dos implicaciones. Por un lado, se amplían los conceptos y, por tanto, la cantidad del importe que podrán recibir los solicitantes que ya habían iniciado el trámite por deudas. Por otro lado, aquellos solicitantes que cumplían todos los requisitos de la convocatoria excepto el de tener deudas pendientes ahora sí que podrán perdir la ayuda.

De este modo, se da entrada a aquellos empresarios que cancelaron sus deudas con recursos propios y que hasta ahora se encontraban excluidos de la ayuda, flexibilizando así uno de los requisitos importantes de la convocatoria.

Para acceder a las ayudas justificando pérdidas, habrá que presentar un informe de auditoría para acreditar la solicitud, que se tendrá que presentar en la fase de justificación, una vez cobrada la ayuda.

Publicaciones al BOIB

Este sábado se publicará en el BOIB el inicio de modificación de la Orden referida a la ampliación de CNAE y a la ampliación del plazo de solicitudes. Así mismo, y después de las consultas técnicas al Ministerio de Economía, está en fase de redacción y supervisión jurídica la parte que incluye la acreditación de pérdidas para acceder en las ayudas, aspecto que se publicará la semana que viene en el BOIB.

5.202 solicitudes en 10 días

Como balance, en estos primeros 10 días desde la apertura del plazo para presentar las peticiones, el sistema telemático habilitado por la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) en la web ajutscovid.atib.es ha contabilizado 5.202 solicitudes, actualizadas a mediodía de hoy miércoles. La distribución por islas es: 3.819 en Mallorca, 594 en Menorca, 674 en Ibiza y 103 en Formentera. Además, se han recibido 12 solicitudes correspondientes a empresarios con domicilio fiscal fuera de las Islas y con establecimiento permanente en la Comunidad.

La línea de atención telefónica específica para esta convocatoria (971 678 444) ya ha atendido 3.700 consultas. Al correo electrónico (ajutscovid@atib.es) han llegado otras 2.400 peticiones de información, que ya ha sido contestadas.

FUENTE: www.caib.es Noticias


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AFECTADOS POR EL COVID19: Baleares amplía los supuestos para la distribución de las ayudas de 855 millones dirigidas a empresas y autónomos

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presidido hoy una Mesa de Diálogo Social para hacer un seguimiento de la convocatoria de ayudas a empresas y autónomos para hacer frente a las consecuencias derivadas de la COVID19, de 855 millones. Durante la reunión, se han planteado una serie de medidas para ampliar los supuestos para la distribución de este fondo estatal y conseguir así un mayor número de solicitudes, que a día de hoy ya eran 5.202 en el conjunto de las Islas.

Tres son los principales aspectos que se han abordado: se amplía el abanico de actividades económicas incluidas en la convocatoria a todos los sectores productivos; se amplía el plazo para presentar solicitudes dos semanas más, hasta el lunes 12 de julio, y se ampliarán los conceptos por los cuales una empresa o un empresario autónomo podrá pedir ayudas en base a una justificación de pérdidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Este supuesto amplía el actual criterio por el cual las ayudas solo se autorizaban para reducir deuda.

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, han explicado las novedades de esta convocatoria de ayudas durante una comparecencia posterior a la reunión de la Mesa de Diálogo Social.

Ampliación a todos los CNAE de actividades productivas

En primer lugar, la Mesa de Diálogo Social ha decidido ampliar al máximo el abanico de actividades económicas incluidas en las ayudas. Así, todas las empresas de prácticamente todos los CNAE podrán acogerse a ellas, a excepción del sector de entidades financieras y de seguros, y para Actividades de los hogares.

De este modo, se repescan aquellos sectores que hubieran podido quedar descuadrados en la anterior clasificación. Por lo tanto, las ayudas se hacen extensivas a todos los sectores de actividades productivas de las islas, a todas las empresas y a todos los empresarios autónomos.

Ampliación del plazo de solicitudes

Finalmente, y para dar margen a las empresas y autónomos a estudiar estos nuevos supuestos, la Mesa de Diálogo Social ha acordado ampliar quince días más la presentación de las solicitudes de ayudas. De este modo, el plazo se alarga hasta el 12 de julio. Se prevé que los primeros pagos se inicien a finales del mes de julio.

Posibilidad de justificar pérdidas

Además, la convocatoria ampliará los conceptos por los cuales una empresa o un autónomo podrá acogerse a las ayudas si cayó su facturación más de un 30% el 2020 respeto el año anterior, incluyendo como nuevo concepto la justificación de pérdidas en el periodo mencionado.

Este hecho tiene dos implicaciones. Por un lado, se amplían los conceptos y, por tanto, la cantidad del importe que podrán recibir los solicitantes que ya habían iniciado el trámite por deudas. Por otro lado, aquellos solicitantes que cumplían todos los requisitos de la convocatoria excepto el de tener deudas pendientes ahora sí que podrán perdir la ayuda.

De este modo, se da entrada a aquellos empresarios que cancelaron sus deudas con recursos propios y que hasta ahora se encontraban excluidos de la ayuda, flexibilizando así uno de los requisitos importantes de la convocatoria.

Para acceder a las ayudas justificando pérdidas, habrá que presentar un informe de auditoría para acreditar la solicitud, que se tendrá que presentar en la fase de justificación, una vez cobrada la ayuda.

Publicaciones al BOIB

Este sábado se publicará en el BOIB el inicio de modificación de la Orden referida a la ampliación de CNAE y a la ampliación del plazo de solicitudes. Así mismo, y después de las consultas técnicas al Ministerio de Economía, está en fase de redacción y supervisión jurídica la parte que incluye la acreditación de pérdidas para acceder en las ayudas, aspecto que se publicará la semana que viene en el BOIB.

5.202 solicitudes en 10 días

Como balance, en estos primeros 10 días desde la apertura del plazo para presentar las peticiones, el sistema telemático habilitado por la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) en la web ajutscovid.atib.es ha contabilizado 5.202 solicitudes, actualizadas a mediodía de hoy miércoles. La distribución por islas es: 3.819 en Mallorca, 594 en Menorca, 674 en Ibiza y 103 en Formentera. Además, se han recibido 12 solicitudes correspondientes a empresarios con domicilio fiscal fuera de las Islas y con establecimiento permanente en la Comunidad.

La línea de atención telefónica específica para esta convocatoria (971 678 444) ya ha atendido 3.700 consultas. Al correo electrónico (ajutscovid@atib.es) han llegado otras 2.400 peticiones de información, que ya ha sido contestadas.

FUENTE: www.caib.es Noticias


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Neus Lafuente con todas las novedades de la Ley de Segunda Oportunidad

Neus Lafuente, asesora de empresas de Moya & Emery, dedidcó el último consultorio jurídico de Ràdio Calvià FM a la Ley de Segunda Oportunidad: comentó dos novedosas sentencias al respecto de la misma, hizo referencia al reciente Congreso de Derecho Mercantil y Concursal celebrado en Palma la semana pasada en que participó y, por último, hizo un breve repaso de los requisitos exigibles para poder acogerse al mencanismo de 2ª oportunidad.


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Los autónomos tienen hasta el 30 de junio para subir o bajar su cuota de este verano

Los autónomos aún tienen dos semanas para subir o bajar su cuota de cara a este próximo verano, alterando su base de cotización antes del 30 de Junio.

Los autónomos tienen hasta el 30 de junio para cambiar su base de cotización, y así, subir o bajar su cuota de cara a este verano. Aunque todavía muchos no lo saben, los trabajadores por cuenta propia pueden modificar hasta cuatro veces al año la base por la que cotizan a la Seguridad Social y, de esta forma, adaptar sus aportaciones al momento en el que prevean que se van a encontrar en cada trimestre.

A expensas de la reforma que pretende llevar a cabo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que los autónomos coticen por sus ingresos reales -que debería pactarse con los agentes sociales en todo caso-, por el momento, el colectivo todavía puede decidir la base por la que cotiza entre la mínima -de 944,40 euros- y la máxima -de 4.070,10 euros-. Esto significa que los trabajadores por cuenta propia pueden solicitar una bajada o subida de su cuota y pasar a pagar entre 289 euros al mes y 1.245,45 euros, según les convenga en cada momento. 

De cara a un verano, que se presenta todavía incierto y aún con muchas actividades que seguirán afectadas por la pandemia, podría ser una buena opción bajar la cuota de forma temporal si se prevén ingresos bajos durante los próximos meses para, después, subirla cuando el negocio empiece a recuperarse

También podría suceder al contrario. Para aquellos autónomos de sectores que esperan grandes picos de ingresos en la época estival puede ser una buena idea subir la base de cotización mientras prevean mayor facturación para, de este modo, mejorar todas las prestaciones, tanto presentes -Incapacidad Temporal, cese de actividad…-, como futuras -jubilación, viudedad…-.

Hasta el 30 de junio para que los autónomos bajen o suban su cuota desde julio 

Sea como sea, los autónomos tienen sólo hasta el 30 de junio para cambiar su base de cotización, si quieren que la modificación en su cuota tenga efectos de cara a este verano. Si cambiaran su base en este periodo, pasarían a pagar más o menos a la Seguridad Social desde el día 1 de julio. 

Sin embargo, si el autónomo se demorara más allá del 30 de junio para efectuar el cambio de base, tendría que esperar hasta octubre para ver reflejada la modificación en su cuota mensual. 

Esto es porque la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo aprobada el pasado enero de 2018, y que regula la posibilidad de hacer cuatro cambios anuales en la base de cotización, también fija determinadas fechas a partir de las cuáles el cambio entra en vigor. Éstas serían:

  • Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, con efecto a partir del 1 de abril
  • Entre el 1 de abril  y el 30 de junio, con efecto desde el 1 de julio
  • Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, con efecto a partir del 1 de octubre
  • Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, con efecto desde el 1 de enero del año siguiente

El cambio se debe realizar telemáticamente en la Sede Electrónica de la TGSS. Desde la página principal y a través de la pestaña “Afiliación e Inscripción”, el trabajador por cuenta propia debe acceder a “Cambio en la base de cotización de autónomos”.

Una opción para autónomos que no percibieron el cese de actividad hasta junio

Este cambio de base para disminuir la cuota podría ser interesante para autónomos de sectores que no están ligados a la época estival y siempre que no hayan solicitado hasta mayo, ni prevean solicitar hasta septiembre la prestación por cese de actividad. Cabe recordar que tanto los trabajadores por cuenta propia que vinieran percibiendo hasta el pasado mes esta ayuda, como los que la vayan a solicitar en los próximos meses no tendrán que pagar cuota, o sólo tendrán que abonar una pequeña parte de ella.

Aquellos autónomos que perciban cualquiera de las modalidades de cese de actividad -extraordinarias, POECATA…- tienen derecho, o bien a la exoneración de su cuota, o bien a que su mutua se la devuelva junto a la prestación, y en ninguno de los dos casos tendrían que pagar esos meses por sus cotizaciones.

Además de estas prestaciones,  los autónomos que vinieran percibiendo el 31 de mayo de 2021 alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en el Real Decreto-Ley 2/2021, tendrán exento el pago de la cuota de autónomos con las siguientes cuantías: el 90% de la cuota de autónomos del mes de junio; el 75% de la cuota de autónomos del mes de julio; el 50% de la cuota de autónomos del mes de agosto; y el 25% de la cuota de autónomos del mes de septiembre.   

Cuidado con la edad y con mantener bases bajas demasiado tiempo

También hay que tener en cuenta que la elección de la base de cotización está sujeta a unas determinadas edades, y no todos los autónomos pueden elegir cualquier importe. Según señalan desde la Seguridad Social “si el autónomo es menor de 47 años, podrá solicitar cualquier base de cotización comprendida entre las bases máxima y mínima permitidas para el Régimen. Si es mayor de 47 años sólo podrá solicitar una base máxima igual o inferior a la base máxima para mayores de 47 años”.

A pesar de que este año la base mínima es de 944,40 euros y la máxima de 4.070.10 euros mensuales, como norma general, aquellos que tengan más de 47 años deben saber que su cambio estará limitado entre los 1.018,50 y 2.077,80 euros al mes.  

También cabe recordar que, si bien se permite modificar la base de cotización hasta cuatro veces al año, no es recomendable mantenerla demasiado baja durante mucho tiempo, ya que esto podría repercutir en el importe de algunas prestaciones, y especialmente de las que se pueden necesitar a corto plazo, ya que suelen tener en cuenta sólo los últimos años de cotización.

De este modo, mientras que bajar la cuota durante unos meses puede aliviar al autónomo en un momento puntual, mantenerla baja durante demasiado tiempo podría llegar a ser un inconveniente de cara a la jubilación, si el trabajador por cuenta propia se encuentra en los 25 años anteriores al retiro, ya que las bases de todos esos meses contarán para calcular el importe de la pensión.

Además, hay que tener en cuenta que los autónomos no están exentos de tener cualquier contingencia y, cotizando por la mínima, apenas si percibirían en una baja unos 570 euros mensuales a partir del cuarto día, y alrededor de 680 a partir del vigésimo primero. De ahí tocaría descontar lo que supone la cuota mensual de cotización (286,15 euros en 2020). Es decir, le quedarían apenas entre 280 y 380 euros para vivir mientras está de baja. Aunque gracias a las negociaciones de las organizaciones de autónomos con el Gobierno, éste eximió del pago de la cuota a los autónomos que estén dos meses o más de baja. 


FUENTE: Autónomos y Emprendedores AUTOR: Daniel Ghamlouche


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Cuestiones de procedimiento sobre la gestión de los ERTE y la protección de los trabajadores fijos discontinuos a partir de los Reales Decretos leyes 30/2020, 2/2021, 11/2021

Estas fichas de procedimiento , disponibles para su consulta y descarga a través del documento facilitado por el SEPE (en formato powerpoint aquí o en formato pdf aquí) informan de manera general sobre situaciones que pueden afectar a las prestaciones por ERTE COVID-19.

Habrá que tener siempre en cuenta que la Dirección Provincial del SEPE correspondiente puede tener establecido otro mecanismo de comunicación o de tramitación que modifique o complemente lo expuesto aquí. Si ese fuera el caso tendría prevalencia lo que se haya comunicado desde la unidad administrativa provincial.

En el documento informativo disponible para su descarga podrás encontrar el siguiente índice de temas:

Índice temático

  1. XML: Cuándo SÍ y cuándo NO enviar ficheros XML de períodos de actividad por certific@2.
  2. SUBROGACIÓN: trabajadores de una empresa en ERTE que pasan a otra empresa.
  3. TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS sin actividad a la fecha teórica de llamamiento (y 3 bis).
  4. TRABAJADORES INDEFINIDOS A T/PARCIAL con trabajos en fechas ciertas y repetidas.
  5. TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS con incorporación efectiva a la actividad – interrupciones.
  6. TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS con medidas extraordinarias COVID-19 que finalizan campaña.
  7. TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS: SÍNTESIS para la gestión de las prestaciones ERTE o FD por las empresas.
  8. IT: ¿Quién abona y cómo se comunica la baja médica durante el ERTE?
  9. IT: Información al SEPE por parte del trabajador que cae en baja médica.
  10. BAJA de la prestación ERTE: cómo comunicar el fin del cobro de la prestación.
  11. BAJA de la prestación ERTE: otras causas distintas de la reincorporación a la actividad.
  12. BAJAS en la prestación ERTE COVID-19 – ejemplos de cómo comunicar la baja.
  13. DÍAS FESTIVOS EN EL MES: cómo se comunican y quién los paga.
  14. Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: continuidad de las prestaciones extraordinarias.
  15. Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: diferencias de procedimiento ERTE FM y ETOP.
  16. Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: comunicaciones para ERTE ETOP prorrogados.
  17. Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: nuevos ERTE ETOP tras ERTE FM.
  18. Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: ERTE de limitación o impedimento tras ERTE FM.
  19. Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: casos de remisión de la solicitud colectiva.
  20. Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: contenido y remisión de ficheros XML.
  21. Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: observaciones sobre los ficheros XML.
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El Gobierno aprueba un plan que ofrecerá microcréditos sin avales para jóvenes emprendedores

La ministra de Trabajo reformará los contratos temporales para limitar su uso

El Gobierno destinará en los próximos siete años casi 5.000 millones a impulsar el empleo entre los jóvenes para luchar contra la alta tasa de paro que tiene este colectivo en España, la mayor de Europa, con casi cuatro de cada diez menores de 25 años en paro. El Consejo de Ministros aprobó el martes pasado el Plan de Garantía Juvenil Plus (PGJ+) para el periodo 2021-2027, dotado con 3.263 millones de euros, que garantiza a los inscritos una oferta de empleo o de formación antes de cuatro meses y les ofrece microcréditos sin avales para montar su propia empresa.

Además de la garantía juvenil, el Plan Estratégico Juventud Avanza dedicará otros 937 millones de euros a diversas inversiones para el empleo juvenil contempladas en el Plan de Recuperación, 600 millones a programas de formación con alternancia en el empleo y 150 millones al convenio con la Secretaría de Estado de Digitalización de Inteligencia Artificial. «Estamos ante la mayor inversión del Gobierno de España en la historia de la democracia para abordar el problema del desempleo juvenil, con una inversión que alcanza casi los 5.000 millones de euros», destacó en la rueda de prensa posterior al consejo la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que denunció que los jóvenes, por el mero hecho de serlo, no merecen sueldos y trabajos «indignos», sino todo lo contrario.

Para conseguir los objetivos de mejora de la empleabilidad y del emprendimiento de los jóvenes, el plan se sustenta sobre la orientación y el seguimiento personalizados de los usuarios en todas las actuaciones de apoyo; la formación dirigida a la adquisición de competencias y la mejora de la experiencia profesional teniendo en cuenta las necesidades de transformación del modelo productivo; la mejora de las oportunidades de empleo a través de incentivos dirigidos, especialmente, a las personas que necesiten una especial consideración; igualdad de oportunidades; emprendimiento y fomento de la iniciativa empresarial y mejora de la gestión.

Teléfono gratuito

Las personas inscritas en el plan de garantía juvenil tendrán una atención inmediata con el compromiso de que en un plazo máximo de cuatro meses hayan recibido una oferta de empleo o de formación que contará con un seguimiento especial en este período. Además, dispondrán de una línea de teléfono gratuita que permitirá resolver las dudas de la atención además de la disponibilidad de sistemas digitales complementarios.

Asimismo, con el objetivo de impulsar el emprendimiento, se concederán ayudas para afrontar el pago de cuotas a la Seguridad Social durante seis meses y también para la publicidad y transformación digital del negocio, además de formación en marketing digital y comercialización a las personas emprendedoras.

Pero no solo eso, sino que estas personas emprendedoras que no puedan acceder a un crédito ordinario podrán obtener financiación sin necesidad de avales a gracias al Programa emprende con microcréditos. Además de la aportación económica, las personas beneficiarias recibirán apoyo de orientación y asesoramiento tras la recepción del préstamo.

Golpe a los contratos temporales

Yolanda Díaz también advirtió que se realizará una reforma «de calado, estructural» para reducir el uso de los contratos temporales con una mayor justificación de las causas que permitan hacer este tipo de acuerdos laborales. «Solo se va a acudir a una modalidad temporal cuando exista una causa que lo justifique», ha defendido Díaz, quien ha dicho que el principio de contratación será la estabilidad, es decir, el indefinido. «Hay uso y abuso de ciertas modalidades contractuales», ha añadido en alusión a los contratos de obra y servicio, uno de los temporales más usados en España.

Díaz ha evitado concretar más sobre esta reforma, enmarcada en los objetivos comprometidos ante la Unión Europea, y que se debate junto a los agentes sociales. Según publica Expansión, el Gobierno quiere limitar la duración del contrato temporal por causas productivas a seis meses, o un año como máximo, si así lo establece el convenio sectorial.

Quiere obligar también a las empresas a explicar por escrito las causas, las circunstancias y la duración del contrato, y que incumplirlas suponga tener que hacer indefinido al trabajador.

Fuente: La Voz de Galicia


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Los AUTÓNOMOS sólo tienen una semana para solicitar las ayudas por CESE DE ACTIVIDAD y cobrar junio entero, si no empezarían a percibir la prestación al mes siguiente

Los autónomos sólo tienen hasta el próximo lunes 21 para solicitar las nuevas ayudas por cese de actividad y cobrar junio entero. De lo contrario, percibirían la prestación a partir del mes siguiente a su solicitud. 

Los autónomos tienen hasta el lunes 21 de junio para solicitar las nuevas ayudas por cese de actividad y cobrar el mes entero. De lo contrario, empezarían a percibir la prestación y a estar exonerados de las cuotas desde el primer día del mes siguiente a su solicitud.  

La diferencia entre hacer la solicitud antes de ese día o después sería dejar de percibir, al menos, un mínimo de 450 euros (el 70% de la base de cotización mínima, dependiendo de la modalidad), además de tener que pagar la cuota de junio. Así viene recogido en el Real Decreto Ley 11/2021, que regula las cinco nuevas modalidades de ayudas por cese de actividad y establece sus nuevas condiciones de acceso.  

Como se ha venido haciendo en las anteriores prórrogas, la Seguridad Social da veinte días para que los autónomos prevean si van a tener caídas en sus ingresos y soliciten las nuevas ayudas, excepto la prestación extraordinaria por cierre, que se puede solicitar a partir de la fecha en la que la autoridad competente suspenda la actividad, y la exoneración de cotizaciones para aquellos que no soliciten ninguna prestación, que es automática. 

Hasta el 21 de junio para solicitar el cese de actividad  

Como ya avanzó este diario, las ayudas se articulan esta vez en cuatro prestaciones: dos para cubrir a los autónomos que esperan en los próximos meses una caída de ingresos y baja facturación, otra para casos en los que la autoridad sanitaria correspondiente les cierre el negocio, y una última para cubrir a los trabajadores por cuenta propia de temporada. Así mismo, y como novedad, se pone en marcha una exoneración en las cuotas hasta septiembre que, como ocurrió el verano pasado, será decreciente mes a mes y cubrirá a todos aquellos autónomos que, habiendo percibido el cese de actividad hasta mayo, no pidan las demás prestaciones.  

A partir del pasado martes 1 de junio, los autónomos ya pueden solicitar una de las modalidades de prestación ante su mutua. Dependiendo de la prestación a la que tenga derecho el trabajador por cuenta propia, cambiará el procedimiento de solicitud.

Hay tres modalidades en las que es especialmente recomendable solicitar la ayuda antes del día 21, si se prevén caídas en la facturación o bajos rendimientos durante este verano. 

Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia (POECATA)  

A partir de junio, los autónomos que todavía conserven periodo contributivo -es decir, aquellos que lo hayan empezado a cobrar más tarde de octubre de 2020, o que cotizaran por cese antes de 2019, por ejemplo- podrán acceder de nuevo a la prestación compatible con la actividad hasta septiembre. Este cese de actividad será, una vez más, del 70% de la base de cotización del autónomo (661 euros, si cotiza por la mínima). 

Si bien tanto ésta como las demás prestaciones se pueden solicitar en cualquier momento hasta su fecha de finalización (que es el 30 de septiembre), es recomendable que los autónomos que ya prevean que cumplirán los requisitos de caída de facturación y bajos rendimientos la soliciten a su mutua cuanto antes. 

En caso de que el autónomo pida la prestación entre el día 1 y el 21 de junio de 2021, percibirá el dinero correspondiente a todo el mes de junio, además de que estará exento de pagar toda su cuota de este mes. 

Sin embargo, si la solicita más allá del 21 de junio, se empezará a percibir el dinero ya no desde junio, sino desde el primer día del mes siguiente a la solicitud. 

Prestación extraordinaria para aquellos que no puedan acceder a la POECATA  

Como novedad, los autónomos que a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y no puedan causar derecho a la prestación compatible con la actividad (POECATA), podrán acceder a partir del 1 de junio de 2021 a la prestación de cese de actividad extraordinaria.  

La cuantía de esta prestación extraordinaria será del 50% de la base mínima de cotización, y no de la base de cotización del autónomo. Es decir, sería, por norma general, de 460 euros fijos al mes. 

En este caso se establecen las mismas fechas de  solicitud que en la POECATA: hasta el 21 de junio para percibir el mes entero y beneficiarse de la exoneración de las cuotas correspondiente a junio. Si se solicita más allá, los autónomos beneficiar de esta modalidad desde el primer día del mes siguiente.  

Prestación extraordinaria para autónomos de temporada  

Por último, se vuelve a recoger una vez más en este decreto una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada. En este caso, al igual que con la POECATA y la prestación extraordinaria para autónomos que no cuentan con periodo contributivo suficiente, el trabajador por cuenta propia deberá rellenar el formulario de solicitud de la prestación y enviárselo a su mutua antes del 21 de junio para cobrar el mes entero. 

Así, esta prestación podrá empezar a devengarse con efectos 1 de junio de 2021 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que se presente la solicitud entre el 1 y el 21 de junio. En caso contrario, los efectos quedan fijados al día primero del mes siguiente de la presentación de solicitud. 

Dos excepciones: la exoneración de cuotas decreciente y el cese por cierre de actividad  

Además de las anteriores prestaciones, los autónomos que vinieran percibiendo el 31 de mayo de 2021 alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en el Real Decreto-Ley 2/2021, tendrán exento el pago de la cuota de autónomos con las siguientes cuantías: el 90% de la cuota de autónomos del mes de junio; el 75% de la cuota de autónomos del mes de julio; el 50% de la cuota de autónomos del mes de agosto; y el 25% de la cuota de autónomos del mes de septiembre.   

En este caso, no es necesario solicitar estas exoneraciones, sino que se aplicarán de oficio, siempre y cuando no se solicite ninguna de las demás prestaciones recogidas en el nuevo Real Decreto-Ley 11/2021.  

Por otro lado, a partir del 1 de junio, aquellos autónomos que se vean obligados a suspender su actividad económica a consecuencia de las medidas restrictivas que adopte la autoridad competente, tendrán derecho a una prestación extraordinaria.  Sin embargo, en este caso, la fecha límite para solicitar el cese de actividad y cobrar la prestación de todo el mes de junio ya no será el día 21. Sea cual sea el mes en el que se le obligue a cerrar, el trabajador por cuenta propia deberá presentar la solicitud en los primeros 21 días siguientes a la entrada en vigor de las medidas restrictivas si quiere percibir la prestación desde el primer día de la entrada en vigor de dichas medidas.

FUENTE: Autónomos y Emprendedores AUTOR: Daniel Ghamlouche


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¿Quién puede jubilarse con 65, 64 ó 63 años este año 2021?

Un trabajador puede retirarse de forma anticipada voluntaria si cumple los requisitos de edad y cotización fijados por la ley

Cuanto antes mejor. Esto es lo que desean muchos trabajadores en España respecto a la jubilación. Y más en estos momentos en que se negocia una reforma de las pensiones que viene a traer aún más incertidumbre a quienes ven cerca su fecha de retiro.

Como definición, hay que recordar que la prestación por jubilación en su modalidad contributiva cubre la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando, alcanzada la edad establecida, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, poniendo fin a su vida laboral, o reduce su jornada de trabajo y su salario en los términos legalmente vigentes.

En 2021, la edad ordinaria de jubilación en España está establecida en 66 años para aquellos trabajadores que hayan cotizado menos de 37 años y tres meses; y en 65 años para quienes hayan cotizado 37 años y tres meses o más.

La jubilación anticipada se produce cuando el trabajador accede al retiro antes de la edad ordinaria legal, bien de forma voluntaria o forzosa. A fecha de junio de 2021, pueden acceder a esta modalidad de jubilación anticipada voluntaria los trabajadores, incluidos en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, que tengan cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad exigida que resulte de aplicación en cada caso.

Para tener derecho a la modalidad de jubilación anticipada ordinaria, hay que acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años. Del período de cotización, al menos dos años deberán estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o al momento en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar.

De esta forma, en 2021 pueden retirarse de forma voluntaria quienes:

  • Con 66 años hayan cumplido con los requisitos de cotización establecidos para acceder a una pensión contributiva (al menos 15 años). La cuantía de la prestación aumenta cuantos más años se haya cotizado.
  • Con 65 años cumplidos, hayan cotizado 37 años y tres meses o más. En este caso, se jubilan también con la edad legalmente establecida -no anticipada- y cobrarán el 100% de la prestación a la que tengan derecho.
  • Los trabajadores con 65 y 64 años que hayan cotizado más de 35 años y menos de 37 años y tres meses y deseen retirarse de forma anticipada, sufrirán una reducción de la cuantía de la prestación según los coeficientes legalmente establecidos.
  • Con 63 años cumplidos, pueden retirarse de forma anticipada quienes hayan cotizado 37 años y tres meses o más. En este caso sufrirán una reducción de la cuantía de la prestación según los coeficientes legalmente establecidos.

En caso de lograr una jubilación anticipada, hay que tener en cuenta que la cuantía de la prestación será diferente a la ordinaria. Para calcular el montante de la pensión habrá que aplicar un porcentaje reductor por cada trimestre que se haya adelantado el retiro. Ese coeficiente reductor oscila entre el 1,5% y el 1,875% por cada trimestre. La reducción depende de la cantidad de años cotizados. A mayor cotización, menor reducción.

FUENTE: Las Provincias


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Reforma laboral: el Gobierno propone que el despido sea nulo cuando se extinga un contrato temporal sin causa justificada

Podíamos leer en elEconomista.es, haciéndose eco a su vez de la noticia publicada por Europa Press, que el despido será nulo (y dejará, por tanto, de ser considerado un despido improcedente, que es lo que ahora sucede) cuando el empresario extinga un contrato temporal sin causa justificada, según ha planteado el Gobierno en el borrador o propuesta presentada a los agentes sociales en el marco de las negociaciones de la reforma laboral. La consecuencia más importante de calificación de un despido como nulo es que conlleva la obligación de readmitir al trabajador de forma inmediata y, además, la obligación por parte del empleador de abonar los salarios atrasados. Además, se plantea que sólo cabrán los contratos temporales cuando existan picos en la demanda o vengan justificado por la necesidad de una sustitución.

El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales que el despido de los trabajadores con contrato de duración determinada sea considerado nulo, en lugar de improcedente, si dicho contrato no está debidamente justificado o no se ha realizado por escrito, y todo ello con independencia de la causa que alegue la empresa para extinguir la relación laboral.

Así figura en el borrador, con fecha 2 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa que aborda una parte de la reforma del mercado laboral, la referida a los contratos temporales, los convenios colectivos y la subcontratación.

La calificación de despido nulo de los contratados bajo una modalidad de duración determinada no justificada implicaría la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir.

Lo que hace el Ejecutivo en el borrador es proponer la adición de un nuevo apartado en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores en la parte relativa al despido nulo para el caso de los trabajadores que hayan suscrito un contrato de duración determinada no justificado.


FUENTE: elEconomista.es y Europa Press


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Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2017

El Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 8 de junio, contiene un conjunto de medidas de orientación personalizada a los jóvenes para dotarles de las habilidades y capacitación necesarias para su inserción laboral, destinado a menores de 30 años con escasa formación, pero también a quienes tienen una sobrecualificación.

Plan de Garantía Juvenil Plus

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para personas jóvenes que servirá de referencia para las entidades vinculadas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el mismo periodo. Este plan permitirá que la Unión Europea libere fondos del FSE+ destinados al empleo juvenil.

El Plan de Garantía Juvenil Plus tiene como objetivo mejorar la cualificación de las personas jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral. El Plan de Garantía Juvenil se inscribe en una inversión global, el Plan Estratégico Juventud Avanza, que agrupa el conjunto de acciones para el empleo juvenil y que destinará 4.950 millones a estos fines, la mayor cantidad destinada hasta el momento por un Gobierno para acciones de empleo juvenil.

Su elaboración cuenta con las aportaciones que las comunidades autónomas trasladaron en la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se celebró el 28 de abril, con el conocimiento del Diálogo Social y con la colaboración del Instituto de la Juventud y del Consejo de la Juventud.

Es también una herramienta fundamental para conseguir los ODS 5 y 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Pilares del Plan

Para conseguir los objetivos de mejora de la empleabilidad y del emprendimiento de las personas jóvenes, el plan se sustenta sobre la orientación y el seguimiento personalizados de las usuarias y usuarios en todas las actuaciones de apoyo; la formación dirigida a la adquisición de competencias y la mejora de la experiencia profesional teniendo en cuenta las necesidades de transformación del modelo productivo; la mejora de las oportunidades de empleo a través de incentivos dirigidos, especialmente, a las personas que necesiten una especial consideración; igualdad de oportunidades; emprendimiento y fomento de la iniciativa empresarial y mejora de la gestión.

Medidas del Plan de Garantía Juvenil Plus

Para promover la creación de oportunidades del empleo e incrementar la cualificación e inserción laboral de las personas jóvenes, dotándolas de más competencias profesionales, superando la brecha tecnológica y la segregación, el Plan de Garantía Juvenil Plus (2021-2027) incorpora, entre otras actuaciones, las siguientes medidas:

Flexibilidad y agilidad de la gestión: Para una orientación más efectiva, las personas inscritas en el plan tendrán una atención inmediata con el compromiso de que en un plazo máximo de cuatro meses hayan recibido una oferta de empleo o de formación que contará con un seguimiento especial en este periodo. Las personas interesadas dispondrán de una línea de teléfono gratuita que permitirá resolver las dudas de la atención además de la disponibilidad de sistemas digitales complementarios.

Un espacio virtual específico permitirá la formación y también la búsqueda y selección de ofertas de empleo.

Emprendimiento para personas jóvenes afectadas por la crisis sanitaria

La situación provocada por la crisis sanitaria del COVID-19 hace necesario apoyar de manera decidida el emprendimiento juvenil. Se impulsarán ayudas para afrontar el pago de cuotas a la Seguridad Social durante seis meses y también para la publicidad y transformación digital del negocio además de formación en marketing digital y comercialización a las personas emprendedoras.

Programa emprende con microcréditos: Permitirá obtener financiación, sin necesidad de avales, a personas emprendedoras que no puedan acceder a un crédito ordinario. Además de la aportación económica, las personas beneficiarias recibirán apoyo de orientación y asesoramiento tras la recepción del préstamo.

Refuerzo de la orientación: La red Re-Orienta recibirá un nuevo impulso y se promocionará la estabilidad profesional y la carrera profesional de las personas orientadoras. La calidad del sistema de orientación será objeto de evaluación.

La orientación dirigida a las personas jóvenes con responsabilidades familiares, especialmente mujeres cuyas cargas de cuidado no resultan visibles a menudo, reforzará la corresponsabilidad y acabar con los estereotipos de géneros. La formación en derechos laborales, el acceso a contratos formativos y la disposición de herramientas digitales serán algunos de los instrumentos para impulsar su integración en el mercado laboral.

La igualdad, la conciliación y la corresponsabilidad se fomentarán mediante diferentes actuaciones desde el ámbito de la orientación, en el marco de los Planes de Igualdad vigentes, el apoyo al estudio, al empleo y a las mujeres jóvenes en el medio rural que les permita mejorar su empleo y acceder a fórmulas de trabajo autónomo y emprendimiento.

Se adoptarán medidas para visibilizar el papel de las mujeres jóvenes en las profesiones STEM con acciones formativas específicas y también en el ámbito de la Responsabilidad Social de las Empresas.

Favorecer la formación: La prevención del abandono escolar retorno a la formación es fundamental para consolidar carreras profesionales y responder a las necesidades del mercado laboral. Los itinerarios personalizados priorizarán favorecer la reincorporación a la educación reglada de las personas que hayan abandonado el sistema educativo de manera prematura.

Primera experiencia profesional: Las personas inscritas en Garantía Juvenil podrán participar en el programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas que permitirá dotarse de experiencia y acceder a un empleo de calidad, un eje transversal del plan.

Reincorporación al mercado laboral: De las personas jóvenes que no buscan un empleo porque creen que no lo encontrarán. Los servicios públicos de empleo trabajarán desde una perspectiva local, mediante acciones coordinadas con los servicios sociales y de juventud para facilitar su integración en los servicios de orientación, en el Sistema Nacional de Empleo o bien en el sistema educativo.

Acciones de empleo para personas LGTBI: La discriminación asociada a la LGTBIfobia condiciona la integración laboral de este colectivo que dispondrá de un programa piloto de inserción sociolaboral para incorporar medidas específicas para erradicar situaciones discriminatorias.

Las personas orientadoras recibirán cualificación específica en este ámbito, se financiarán acciones de visibilización, en especial para favorecer las políticas de Responsabilidad Social Corporativa y se realizarán campañas de sensibilización en las empresas para facilitar que todas las personas puedan acceder al mercado laboral con independencia de su identidad sexual.

Migrantes: En el caso de las personas jóvenes migrantes se incidirá en la orientación y la inserción laboral.

Personas con discapacidad: El colectivo de jóvenes con discapacidad soporta tasas de paro, especialmente de larga duración, de inactividad y de riesgo de exclusión por encima de la media. Se incidirá en la cualificación específica de las personas orientadoras que atiendan este colectivo y se financiarán acciones que den visibilidad a la inclusión de este colectivo en el empleo y también las que permitan sensibilizar a las empresas.

Se reforzará el “Servicio Puente” con la contratación de preparadores laborales de apoyo para el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción para favorecer un empleo digno, de calidad y con autonomía personal.

Regeneración de espacios rurales y urbanos en declive: La recuperación de estos entornos abre una ventana de oportunidad para generar empleo juvenil. La orientación para la regeneración de espacios rurales y urbanos es una medida dirigida especialmente a jóvenes con iniciativa creativa que busquen llevar a cabo acciones con un fin principalmente social. Todo ello permitirá obtener un doble impacto: la creación de empleo y responder a demanda habitacional de personas vulnerables.

Las medidas de sucesión generacional en el ámbito rural están encaminadas a dar relevo generacional en empleos tradicionales

A través de la promoción de escuelas taller, talleres de empleo y programas mixtos de Empleo-Formación se incentivará la puesta en valor del patrimonio histórico, natural y cultural, la recuperación de oficios y generación de oportunidades laborales.

En los programas de Empleo-Formación se incluirá la experiencia profesional en las empresas de la zona de intervención, con especial atención a la formación y el empleo en el marco del turismo rural.

El programa Redes Taller Joven facilitará la movilidad dentro del territorio nacional en función de los intereses de las personas jóvenes con una ayuda específica que permitirá mejorar sus oportunidades.

Oportunidades en la transición económica: Economía circular, economía digital, energías renovables, transición ecológica y economía azul.

La economía digital es uno de los ejes fundamentales de transformación económica. Favorecer el acceso a la a tecnología y desarrollar habilidades digitales incide en la capacidad de relación social y también en la búsqueda y de acceso a las oportunidades laborales.

La formación en estas materias en los talleres de alfabetización digital incide de manera destacada en la inclusión de los colectivos más vulnerables. Estos talleres podrán contar con programas complementarios de búsqueda de empleo mediante herramientas informáticas. Se apoyarán las iniciativas orientadas a la reducción de las desigualdades económicas y sociales a través de la digitalización prestando especial atención al factor territorial.

En otra transición, hacia una economía sostenible y eficiente, la economía circular se perfila como un sector con gran demanda laboral con gran incidencia en los perfiles especializados en materias relacionadas con la tecnología y la investigación, características que comparten con las energías renovables o la transición ecológica, con fuerte potencial de creación de empleo. Un potencial que también se observa en el campo de la economía azul con oportunidades en materias como la logística portuaria y de transporte, recursos marinos, turismo o renovables de origen marino.

En estos ámbitos se llevará a cabo un mapa de oportunidades y necesidades en los diferentes territorios, desarrollar itinerarios integrales de empleo con programas de formación específicos.

El Plan de Garantía Juvenil Plus apoyará la estancia de las personas jóvenes en centros de investigación y empresas tecnológicas.

Escuelas profesionales duales: Permitirán conectar la Formación Profesional con el empleo mediante una oportunidad laboral real y remunerada en empresas y un acompañamiento personalizado de entre 12 y 18 meses de duración.

Escuelas de segunda oportunidad: Permitirán incrementar las oportunidades laborales de aquellas personas que abandonaron sus estudios a una edad temprana, adquiriendo formación en materias clave que permitan el acceso a la formación para obtener Certificados de Profesionalidad.

ANEXO. Tabla de inversiones
INICIATIVAFONDOS DISPONIBLES
Plan GJ+ (2021-2027)3.263 M€ en todo el periodo(A través del Fondo Social Europeo +)
Inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPrimeras Experiencias: 330 M€Investigo: 315 M€Tándem: 120 M€Total: 765 M€
Otras inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia172 M€
Programas de Formación en alternancia del empleo600 M€
Convenio con la Secretaría de Estado de Digitalización Inteligencia Artificia150 M€
TOTAL4.950 M €

Descarga toda la información de este documento en formato pdf aquí


¿Crees que puedes ser destinatario de las medidas del Plan de Garantía Juvenil Plus pero tienes dudas? ¿Necesitas más información u orientación sobre las ayudas y programas específicos y cómo acceder a ellos? En 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 te ayudamos. Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮 (971728010) o 𝗖𝗮𝗹𝘃𝗶𝗮 (971132359) o a través del correo electrónico 𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆@𝗺𝗼𝘆𝗮𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆.𝗰𝗼𝗺


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El Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma destinan 11,5 millones de euros para ayudas al tejido empresarial de Ciutat

Ayer martes 8 de Junio tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre el Govern balear, el Ayuntamiento de Palma y el Consell Insular de Mallorca que permitirá conceder 11,5 millones de euros en ayudas económicas directas a los sectores económicos del municipio para contribuir a paliar las consecuencias de las restricciones motivadas por la pandemia.

El convenio firmado es parte del conjunto de medidas de acompañamiento para hacer frente a los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria que se aprobaron en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto para la Reactivación de las Illes Balears. Este paquete de medidas incluye la creación de un fondo de ayudas de 30 millones de euros para los sectores más afectados financiado conjuntamente entre el Govern, los ayuntamientos y los consejos insulares.

Ayudas

En total, se destinarán 11.503.644 euros a ayudas que beneficiarán al tejido empresarial de Palma y que están financiados a partes iguales por el Ayuntamiento, el Consell y el Govern. Cada institución aporta 3.834.548 euros.

Los 11,5 millones de euros se dividirán en hasta cinco convocatorias diferentes.

La primera de las convocatorias será de 7,8 millones de euros y se destinará a los sectores económicos afectados por la crisis de la COVID-19 para paliar su situación económica y garantizar su sostenimiento. La convocatoria la gestionará de forma directa el Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca Turisme. Una vez publicadas las bases Boletín Oficial de las Illes Balears, la solicitud es hará totalmente en línea desde la plataforma www.ajutsmallorca.com.

Se concederán ayudas directas a personas físicas y jurídicas que desarrollan su actividad económica en el municipio de Palma con menos de 20 trabajadores de media anual computando los diferentes centros de trabajo y con una facturación el 2019 inferior a un millón de euros, siempre que esta facturación haya disminuido durante el 2020 en una cantidad superior a un 20%. En el caso de hoteles y otros alojamientos, podrán solicitar la ayuda las empresas que tengan una plantilla máxima de 50 trabajadores.

La ayuda será de 2.000 euros por centro de trabajo o establecimiento, con un máximo de dos establecimientos por beneficiario (máximo: 4.000 euros). Además, se trata de ayudas compatibles con la percepción de cualquier otra subvención procedente de cualquier entidad del sector público o privado. En cuanto a los sectores beneficiarios, podrán solicitarlas los siguientes sectores:

  • comercio,
  • alimentación,
  • alojamiento,
  • agencias de viajes,
  • educación e investigación;
  • lavanderías,
  • tintorerías,
  • peluquerías y salones de belleza;
  • parques de recreo,
  • ferias
  • organización de congresos
  • recintos feriales.

Las cuatro convocatorias restantes las gestionará el Ayuntamiento. Las ayudas económicas se destinarán a los comercios, autónomos y sector de la restauración, que gestionará PalmaActiva (2,6 millones de euros); Cultura (600.000 euros), Participación (210.000 euros) y taxis (840.000 euros). Los 3,8 millones de euros municipales se complementarán con 400.000 euros del presupuesto propio. Por lo tanto, el Ayuntamiento otorgará ayudas por un importe de 4,2 millones.

Palma será uno de los 22 ayuntamientos de Mallorca para los cuales el Consell gestionará a través de ajutsmallorca.com las ayudas provenientes del fondo mixto de Consell, Govern y ayuntamientos. Otros 28 ayuntamientos convocan y tramitan las ayudas directamente.

Puedes descargar a través de los siguientes enlaces la nota informativa de prensa de la Presidencia del Govern balear, en formato pdf, tanto en catalán como en castellano.

En 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 te ayudamos en la tramitación de las ayudas a que da derecho este convenio si eres destinatario. Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮 (971728010) o 𝗖𝗮𝗹𝘃𝗶𝗮 (971132359) o a través del correo electrónico 𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆@𝗺𝗼𝘆𝗮𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆.𝗰𝗼𝗺


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Nicolás Emery sobre las bases de la convocatoria de ayudas directas a la solvencia empresarial en Baleares

El pasado 29 de mayo se publicaron en el BOIB tras su aprobacion por por parte del Govern balear las bases de la convocatoria para las Islas Baleares de las 𝐀𝐘𝐔𝐃𝐀𝐒 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐀𝐒 𝐘 𝐀 𝐅𝐎𝐍𝐃𝐎 𝐏𝐄𝐑𝐃𝐈𝐃𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄𝐒𝐀𝐒 𝐘 𝐀𝐔𝐓Ó𝐍𝐎𝐌𝐎𝐒 que el Estado, a través del Real Decreto-Ley 5/2021, puso a disposición de los afectados por el coronavirus y que ascienden a 855 millones de Euros disponibles para su solicitud. El abogado y economista de 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 Nicolás Emery dedicó el consultorio jurídico de Radio Calvia FM de esta semana a tratar estas ayudas y los siguientes aspectos:

  • Beneficiarios o destinatarios de las ayudas
  • Período subvencionable y cronología del proceso
  • Requisitos generales para acceder a las ayudas
  • Obligaciones que comportan las ayudas para los perceptores
  • Casos especiales
  • Gastos a que se pueden dedicar las ayudas recibidas
  • Cómo deben pedirse las ayudas
  • Explicación del proceso de tramitación
  • Justificación de las ayudas
  • Tabla de CNAEs incorporados por el RD-L 5/2021 y por la CAIB

Si has sufrido una minoración de tu facturación que alcance un 30% o más en 2020 con respecto al año anterior, puedes recibir tu ayuda y, si te queda alguna duda, no te preocupes, en 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 te ayudamos en la tramitación de las ayudas que puedan pertenecerte. Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮 (971728010) o 𝗖𝗮𝗹𝘃𝗶𝗮 (971132359) o a través del correo electrónico 𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆@𝗺𝗼𝘆𝗮𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆.𝗰𝗼𝗺


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¡Ya están aquí las ayudas para empresas y autónomos en las Islas Baleares y puedes recibir hasta 500.000 € a fondo perdido!

¡Ya están aquí las ayudas para empresas y autónomos en las Islas Baleares y puedes recibir hasta 500.000 € a fondo perdido! El Estado ha dispuesto una importante partida de fondos y las Comunidades Autónomas son las encargadas de hacerlos llegar a empresas y trabajadores.

Si has sufrido una minoración de tu facturación que alcance un 30% o más en 2020 con respecto al año anterior, puedes recibir tu ayuda.

¿Tienes dudas? No te preocupes, en Moya & Emery te ayudamos en la tramitación de todas las ayudas que te pertenecen y lo hacemos todo por ti.

¿Quieres saber más de las ayudas? Mira este vídeo del socio y gerente de Moya & Emery, Nicolás Emery, explicando la norma balear que pone en marcha estas ayudas, sus destinatarios, las condiciones de su concesión, los plazos para solicitarlas.

Y no dudes en ponerte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma – 971728010 – o Calvià – 971132359 – o a través del correo electrónico emery@moyaemery.com


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Reclamación a la aseguradora por pérdida de beneficios del negocio debido al Covid-19

𝗡𝗲𝘂𝘀 𝗟𝗮𝗳𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 ya nos había avanzado en previos consultorios que una resolución judicial del pasado febrero condenó a pagar en concepto de indemnización a la compañía aseguradora de una empresa que había contratado un seguro y que había sufrido pérdida de beneficios o paralización de la actividad debido al COVID. Hoy la asesora de empresas de Moya & Emery ha vuelto al consultorio jurídico de @Radio Calvia FM para informar de cómo proceder para reclamar a nuestra compañía de seguros en casos similares, y ha respondido a preguntas tales como:

• ¿qué requisitos debe cumplir la póliza para poder reclamar?

• ¿qué cantidad tendremos derecho a reclamar?

• ¿qué respuesta han dado hasta ahora las aseguradoras al realizar una reclamación previa extrajudicial?

• ¿Por qué la Audiencia Provincial de Girona ha dado la razón a la empresa reclamante?

• ¿Se considera válida una limitación o renuncia de derechos recogida en una póliza?

También en este espacio jurídico radiofónico 𝗡𝗲𝘂𝘀 𝗟𝗮𝗳𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 ha podido hacer un repaso del mecanismo de la 𝗦𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮 𝗢𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱.


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Marga de Matos sobre el registro salarial en Ràdio Calvià FM

Desde el pasado día 14 de abril existe la obligación para las empresas de una correcta llevanza del REGISTRO SALARIAL, creado con el fin de acabar con la brecha salarial discriminatoria entre hombres y mujeres.

  • ¿En qué consiste el registro salarial?
  • ¿Cuál es el objetivo de instaurar este registro salarial? ¿A partir de cuándo es obligatorio tener dicho registro?
  • ¿Quiénes están obligados a cumplimentarlo?
  • ¿Con qué periodicidad se debe elaborar este registro salarial?
  • ¿Qué colectivos de trabajadores se verán afectados por este registro salarial?
  • ¿Cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo ese registro salarial o no justificar las diferencias detectadas en él?
  • ¿Qué elementos debe contener el registro salarial?

Escucha la entrevista a la abogada especialista en Derecho laboral, Marga de Matos y encuentra respuesta a todas las preguntas acerca del nuevo registro salarial. Y si todavía te queda alguna, llámanos y concierta una cita con Moya & Emery.


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Resumen de la nueva normativa sobre extensión de los ERTEs

Te resumimos, a continuación, el articulado del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos (que puedes ver, en su publicación del BOE de este mismo viernes y en formato pdf aquí):

ARTÍCULO 1

Se prorrogan automáticamente hasta el 30/09/2021 los ERTES por Fuerza Mayor basados en las causas del artículo 22 del RD 8/2020, los ERTES por REBROTE, Impedimento y Limitaciones.

Las exoneraciones para los ERTES DE LIMITACIONES (únicamente sobre la parte suspendida serán):

  • 85% en junio y julio si la empresa tiene menos de 50 trabajadores y del 75% en agosto y septiembre.
  • 75% en junio y julio si la empresa tiene 50 o más trabajadores y del 65% en agosto y septiembre.

Las exoneraciones para los ERTES POR IMPEDIMENTO- REBROTE:

  • 100% en las empresas de menos de 50 trabajadores para el periodo de junio a septiembre.
  • 90% en las empresas de 50 o más trabajadores para el periodo de junio a septiembre.

ARTÍCULO 2

se podrán solicitar entre el 01/06/2021 Y 30/06/2021 ERTES POR LIMITACIONES E IMPEDIMENTO, así como el cambio de uno a otro en función de las medidas socio sanitarias y situación epidemiológica en cada momento vigente.

El cambio de IMPEDIMENTO A LIMITACIONES o viceversa no precisará de nuevo ERTE, pero sí de comunicación a la Autoridad Laboral que comunicará los cambios a la inspección de trabajo para las correspondientes acciones de control.

De igual modo, se deberá informar a la TGSS para la aplicación de las correctas exoneraciones en función del tipo de ERTE, presentándose las correspondientes declaraciones responsables.

ARTÍCULO 3

Los ERTES ETOP iniciado tras un ERTE de Fuerza Mayor su fecha de efectos será retrotraerá a la fecha de fin del ERTE de Fuerza Mayor.

Se mantienen los límites del reparto de dividendos y transparencia fiscal para todos aquellos ERTES prorrogados (concedidos con anterioridad a la vigencia de este RD) como los que se concedan en virtud del mismo.

Se mantiene la cláusula del mantenimiento de empleo para las empresas que se vean beneficiadas con las exoneraciones previstas en el nuevo RD, debiéndose tomar en consideración los periodos de mantenimiento de empleo anteriores y pendientes de cumplimiento que se pudieran tener, es decir, se van a encadenar uno tras otro.

Se mantienen de igual modo los límites de nuevas contrataciones, externalizaciones y la imposibilidad de hacer horas extraordinarias.

Se vuelve a recodar que la Fuerza Mayor y las causas ETOP en las que se basaron las suspensiones y reducciones de contrato no serán justificativas de las extinciones de contrato ni de despido. Así mismo, los contratos temporales que se vean suspendidos por ser el trabajador afectado al ERTE, se prorrogarán por el tiempo que el contrato reste suspendido (fecha de suspensión hasta fecha de reincorporación o en caso de esta ser posterior al vencimiento del mismo – fecha de suspensión hasta fecha de fin vencimiento, empezando el cómputo del contrato una vez el trabajador sea reincorporado total o parcialmente).

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

ERTES por CNAE, elevada tasa de cobertura por los ERTES y reducida tasa de recuperación de actividad, así como las que pasen de ERTE Fuerza Mayor a ERTE ETOP.

Se prorrogan hasta el 30/09/2021.

Las exoneraciones serán las siguientes para la parte de la jornada TRABAJADA:

  • 95% en empresas de menos de 50 trabajadores desde junio hasta septiembre.
  • 85% en empresas de 50 o más trabajadores desde junio hasta septiembre.

Las exoneraciones serán las siguientes para la parte de la jornada NO TRABAJADA:

  • 85% en empresas de menos de 50 trabajadores desde junio hasta agosto y de un 70% en septiembre.
  • 75% en empresas de 50 o más trabajadores desde junio hasta agosto y de un 60% en septiembre.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Las empresas deberán reincorporar efectivamente a los fijos discontinuos en su plantilla durante el periodo teórico de llamamiento (01/06/2019 y 30/06/2019 periodo de referencia del llamamiento). Si el llamamiento normalmente se produce después del 30/09 se tomará como referencia la fecha del llamamiento teórico de 2020.

En el caso de que los Fijos Discontinuos llamados no pueden desarrollar su actividad por estar su empresa en un ERTE POR IMPEDIMENTO/ REBROTE o no ser necesarios entre la plantilla efectiva, deberán ser llamados igualmente y quedar afectados por el ERTE.

Para realizar estos llamamientos se tendrán 15 días y se deberá en este periodo informar a la Autoridad Laboral y realizar la solicitud colectiva para recibir las correspondientes prestaciones por desempleo.

La prestación extraordinaria para los fijos discontinuos se mantiene vigente resultará aplicable en aquellos casos en que el llamamiento teórico de la persona no se diera entre el 01/06 y 30/09, así como en aquellos casos que se den interrupciones ordinarias en la actividad en aquellos casos en que se haya dado una reincorporación efectiva.

ARTÍCULO 5

A partir del 01/06/2021 los autónomos que recibieran alguna prestación por cese de actividad tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones en los siguientes %:

  • 90% en junio, 75% en julio, 50% en agosto y 25% en septiembre.

Para ello, es necesario que el autónomo esté de alta y la base de cotización para determinar la exención será por la que venía cotizando antes de acceder a la prestación por cese de actividad. La percepción de la prestación por cese de actividad es incompatible con la exención en la cotización.

ARTÍCULO 6

Los autónomos que se vean obligados a suspender temporalmente su actividad o la mantengan suspendida, tendrán derecho a una prestación económica por cese de actividad siempre que cumplan los siguientes requisitos:

  • Estar afiliados al menos 30 días naturales de la fecha de resolución de la suspensión de la actividad.
  • Hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o ponerse al día con sus deudas en el plazo de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será del 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada. Si conviven en un mismo domicilio dos personas que tengan derecho a esta prestación, su importe para cada uno será del 40%.

El derecho nace al día siguiente de la adaptación de la medida de cierre o desde el 01 de junio si se mantiene la suspensión de la actividad con anterioridad a dicha fecha.

Pese a la exención de la obligación de cotizar, el autónomo que deberá mantenerse de alta, y se entenderá como periodo cotizado siendo asumidas las mismas por las entidades con cargo a los presupuestos.

El percibo de esta prestación es incompatible con el percibido de otra prestación por trabajo por cuenta propia, otra prestación de la seguridad social o percepción de alguna cuantía por trabajar por cuenta ajena, salvo que lo percibido por ese trabajo por cuenta ajena sea inferior a 1,25 veces el importe del SMI.

La gestión de las mismas corresponde a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y se extiende hasta el próximo 30 de septiembre de 2021.

Se debe solicitar dicha prestación dentro de los 21 días naturales posteriores siguientes a la resolución del cierre de actividad o antes del 21 de junio si la resolución de cierre de actividad fuera previa al 01/06/2021 y no se estuviera recibiendo dicha prestación.


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Guía de nuevas medidas extraordinarias de apoyo a los trabajadores autónomos (Junio 2021) * Pendiente de publicación en el BOE

Índice

1. Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero. (artículo 5)
2. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19. (artículo 6)
3. Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia. (artículo 7)
4. Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos que ejercen actividad y a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista en el artículo 7 de este real decreto-ley (artículo 8)
5. Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada. (artículo 9)

1. Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero. (artículo 5)

A partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el 31 de mayo de 2021 algunas de las prestaciones por cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del RD-Ley 2/2021 (*Alguna de las ayudas de cese de actividad que se han percibido entre febrero y mayo de 2021) , tendrán exento el pago de la cuota de autónomos con las siguientes cuantías:
a) El 90% de la cuota de autónomos del mes de junio.
b) El 75% de la cuota de autónomos del mes de julio.
c) El 50% de la cuota de autónomos del mes de agosto.
d) El 25% de la cuota de autónomos del mes de septiembre.


A) ¿Qué requisitos hay que cumplir para que se apliquen estas exenciones sobre la cuota de autónomos?
Tienes que haber percibido hasta 31 de mayo alguna de las prestaciones de cese de actividad reguladas en los artículos 6 ó 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero.

B) ¿Hay que solicitarlo?
No, se aplicará de oficio, siempre y cuando no solicites ninguna de las prestaciones que se explican a continuación.

2. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19. (artículo 6)


A partir del 1 de junio de 2021 aquellos autónomos que se vieran obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de la adopción de medidas restrictivas por parte de autoridad competente tendrán derecho a una prestación económica extraordinaria.


A) ¿Qué requisitos hay que cumplir?

  • Estar afiliados y en alta en RETA al menos 30 días naturales antes de la fecha en la que se decreta la suspensión temporal de toda la actividad.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas
    B) ¿Qué importe voy a recibir? ¿Tendré que pagar la cuota de autónomos?
  • La cuantía será del 70% de la base mínima de cotización que le corresponda a la actividad.
  • La cuantía será de un 40% de la base mínima de cotización que le corresponda a la actividad para el caso de que convivan en un mismo domicilio personas con vínculo familiar o análogas donde dos o más miembros tengan derecho a esta prestación.
  • El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre.
  • Tendrás exoneradas las cuotas a la seguridad, desde el primer día del mes en el que se adopte la medida y hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida.
    C) ¿Con qué es incompatible esta prestación?
  • Con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena. Salvo que los ingresos que se perciban por ese trabajo sean inferiores al 1,25 del SMI (* Inferior a 1.385,41€)
  • Con el desarrollo de otra actividad por cuenta propia.
  • Con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre.
  • Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
    D) ¿Cómo y cuándo la solicito?
  • Ante tu mutua colaboradora con la seguridad social.
  • Deberá solicitarse dentro de los primeros 21 días naturales siguientes a la entrada en vigor de las medidas restrictivas, para percibir la prestación desde el primer día de la entrada en vigor de las medidas. En caso contrario, los efectos quedan fijados el primer día del mes siguiente al que se presente la solicitud y el trabajador quedará exento de la obligación de cotizar desde el día que tenga derecho a percibir la prestación.

3. Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia. (artículo 7)


A partir del 1 de junio de 2021, los autónomos que a 31 de mayo de 2021vinieran percibiendo la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia regulada en el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y no hubieran agotado los periodos de prestación, podrán continuar percibiéndola hasta el 30 de septiembre de 2021.
Asimismo, aquellos autónomos que no hubieran solicitado las prestaciones anteriores y tuvieran a fecha de junio periodo de prestación, podrán solicitar esta ayuda siempre que cumplan con los requisitos que indicamos a continuación.
A) ¿Qué requisitos tengo que cumplir?

  • Estar afiliados y en alta en RETA.
  • No haber agotado los períodos de prestación: el tiempo de prestación a la que se tiene derecho depende del tiempo que lleve el autónomo cotizando por cese de actividad, tal y como se indica en la siguiente tabla, de acuerdo con el artículo 338.1 de la LGSS.

PERÍODO COTIZADO MESES DE PRESTACIÓN
De 12 a 17 meses 4 meses
De 18 a 23 meses 6 meses
De 24 a 29 meses 8 meses
De 30 a 35 meses 10 meses
De 36 a 42 meses 12 meses
De 43 a 47 meses 16 meses
De 48 meses en adelante 24meses

  • No haber cumplido la edad ordinaria de jubilación o de haberlo hecho no cumplir con el resto de requisitos para poder acceder a la misma (*No es compatible con la jubilación activa, parcial o total).
  • Hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas.
  • Acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 una reducción de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más de un 50% de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia habidos en el segundo y tercer trimestre de 2019, así como no haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre de 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros.
    *Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el segundo y tercer trimestre de 2019 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos habidos en el segundo y tercer trimestre de 2021 en la misma proporción
    B) ¿Cómo y cuándo la solicito? ¿Cuánto tiempo dura?
  • Ante tu mutua colaboradora con la seguridad social.
  • Si la solicitas entre el día 1 y el 21 de junio de 2021, la percibirás desde el día 1 de junio.
  • Si la solicitas más allá del 21 de junio, la percibirás desde el día primero del mes siguiente a la solicitud.
    C) ¿Con qué es incompatible esta prestación?
  • Con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena. Salvo que los ingresos que se perciban por ese trabajo sean inferiores al 1,25 del SMI (* 1385,41€).
  • Los ingresos netos computables fiscalmente procedentes del trabajo por cuenta propia y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no podrá superar 2,2 veces el salario mínimo interprofesional (* 2.438,33€)
  • Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

D) ¿Cuánto será la prestación y qué pasará con la cuota de autónomos?

  • La prestación será el 70% de la base reguladora.
  • La prestación será el 50% de la base mínima de cotización que corresponda en función de la actividad, para los autónomos que estén en pluriactividad, de acuerdo con las incompatibilidades del apartado anterior.
  • Durante el tiempo que este percibiendo el autónomo esta prestación deberá ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de sus cotizaciones.
    La mutua abonará al trabajador autónomo junto con el importe de la prestación el importe de las cotizaciones por contingencias comunes (*

El tipo de contingencias comunes es un 28,30% que se aplica sobre la base de cotización del autónomo, en este caso el autónomo sí abonará el tipo de contingencias profesionales, cese de actividad y formación profesional que es un 2% de su base de cotización. Ejemplo: Si el autónomo cotiza sobre la base mínima de 944,40 la mutua le devolverá 267,26€ y el autónomo asumirá 18,88€.)


  • E) ¿Qué documento tengo que aportar? ¿Tendré que aportar alguna documentación para justificar la bajada de ingresos fiscalmente computables?
  • Al presentar la solicitud solo tendrás que cumplimentar el formulario que las mutuas ponen a disposición.
  • A partir del 1 de abril de 2022 se podrán revisar por parte de las mutuas todas las prestaciones concedidas:
    o Las mutuas, recabaran la información tributaria de cada autónomo beneficiario de la prestación del Ministerio de Hacienda, para el caso de que estas no pudieran acceder a esa información tributaria, le pedirá al autónomo que, en un plazo de diez días, aporte a siguiente documentación que le correspondiera en función del régimen fiscal en el que se encuentre:
    Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), correspondiente a las declaraciones del segundo y tercer trimestre del año 2019 y del segundo y tercer trimestre de 2021.
    Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del primer, segundo y tercer trimestre del año 2019 y delaño 2021.

 Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo
131) deberán aportar la documentación necesaria o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.


No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el segundo y tercer trimestre de 2019, se entenderá que los trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva han experimentado esa reducción siempre que el número medio diario de las personas trabajadoras afiliadas y en alta al sistema de la Seguridad Social en la actividad económica correspondiente (*Hace referencia a los datos estadísticos sobre afiliados en alta laboral y empresas cotizantes en el Sistema de la Seguridad Social por CNAE que se publican. Pinchando en el enlace podéis acceder a una sede electrónica desde la que podréis consultar los datos relativos a la afiliación por CNAEs, años y meses), expresada a 4 dígitos (CNAE), durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior en más de un 7,5 por ciento al número medio diario correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2019.


F) ¿Qué pasa si se prevé que no se va a mantener una bajada del 50% de los ingresos?
Los trabajadores autónomos que soliciten esta prestación podrán:
o Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2021.
o Devolver por iniciativa propia la prestación cuando considere que los rendimientos netos computables fiscalmente percibidos durante el segundo y tercer trimestre de 2021 superarán los umbrales indicados.

4. Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos que ejercen actividad y a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista en el artículo 7 de este real decreto-ley (artículo 8)

Los trabajadores autónomos que a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y no pueda causar derecho a la prestación del articulo 7 (ver aquí), podrán acceder a partir del 1 de junio de 2021 a la prestación de cese de actividad extraordinaria.


A) ¿Qué requisitos hay que cumplir?

  • Estar de alta en RETA desde antes del 1 de abril de 2020.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas
  • No tener rendimientos netos fiscalmente computables procedentes de la actividad por cuenta propia en el segundo y tercer trimestre de 2021 superiores a 6.650,00€
  • Acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 unos ingresos fiscalmente computables de la actividad por cuenta propia inferiores a los habidos el primer trimestre de 2020.
    B) ¿Qué importe voy a recibir? ¿Tendré que pagar la cuota de autónomos?
  • La cuantía será del 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada (* Si la base mínima de la actividad es la ordinaria, 944,40, el importe de la prestación ascenderá a 472,20€) o La cuantía será de un 40% de la base mínima cotización que corresponda por la actividad desarrollada para el caso de que convivan en un mismo domicilio personas con vínculo familiar o análogas donde dos o más miembros tengan derecho a esta prestación.
  • Durante el tiempo que este percibiendo el autónomo esta prestación deberá ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de sus cotizaciones.

La mutua abonará al trabajador autónomo junto con el importe de la prestación el importe de las cotizaciones por contingencias comunes (* El tipo de contingencias comunes es un 28,30% que se aplica sobre la base de cotización del autónomo, en este caso el autónomo sí abonará el tipo de contingencias profesionales, cese de actividad y formación profesional que es un 2% de su base de cotización. Ejemplo: Si el autónomo cotiza sobre la base mínima de 944,40 la mutua le devolverá 267,26€ y el autónomo asumirá 18,88€).
C) ¿Con qué es incompatible esta prestación?

  • Con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena.
  • Con el desempeño de otra actividad por cuenta propia.
  • Con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad.
  • Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
    D) ¿Cómo y cuándo la solicito? ¿Cuánto tiempo dura?
  • Ante tu mutua colaboradora con la seguridad social.
  • Si la solicitas entre el día 1 y el 21 de junio de 2021, la percibirás desde el día 1 de junio y durante 4 meses.
  • Si la solicitas más allá del 21 de junio, la percibirás desde el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 30 de septiembre de 2021.
    E) ¿Qué documento tengo que aportar? ¿Tendré que aportar alguna documentación para justificar la bajada de ingresos fiscalmente computables?
  • Al presentar la solicitud solo tendrás que cumplimentar el formulario que las mutuas ponen a disposición.
  • A partir del 1 de enero de 2022 se podrán revisar por parte de las mutuas todas las prestaciones concedidas:
    o Las mutuas, recabaran la información tributaria de cada autónomo beneficiario de la prestación del Ministerio de Hacienda, para el caso de que estas no pudieran acceder a esa información tributaria, le pedirá al autónomo que, en un plazo de diez días, aporte a siguiente documentación que le correspondiera en función del régimen fiscal en el que se encuentre:

 Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020 y sus liquidaciones trimestrales (modelos 303), así como las liquidaciones del segundo y tercer trimestre del año 2021 (modelos 303).
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación de cada trimestre a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2020, así como las autoliquidaciones del segundo y tercer trimestre del año 2021.
 Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo
131) deberán aportar la documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.

F) ¿Y si mientras estoy recibiendo la prestación, me doy cuenta de que no voy a cumplir los requisitos de la bajada de ingresos fiscalmente computables?

  • Puedes renunciar a la prestación en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2021.
  • Devolver por iniciativa propia la prestación.

5. Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada. (artículo 9)


A) ¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a esta prestación?
o Haber estado de alta y cotizando como trabajador autónomo durante un mínimo de 4 meses y un máximo de 7 meses de cada uno de los años 2018 y 2019, siempre que al menos, ese marco temporal, haya estado de alta 2 meses de junio y septiembre del año 2018 y del año 2019
o No haber estado de alta o asimilado al alta por cuenta ajena durante más de 120 días durante 2018 y durante 2019.
o No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena más de 60 días durante el segundo y tercer trimestre de 2021.
o No haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre del año 2021 unos ingresos netos computables fiscalmente superiores a 6.650 euros.
o Hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas.

B) ¿Qué importe se va a percibir?
o La cuantía de la prestación será la equivalente al 50% de la base mínima de cotización que corresponda.

C) ¿A partir de qué momento se percibirá la prestación?
o Podrá empezar a devengarse con efectos 1 de junio de 2021 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que se presente la solicitud entre el 1 y el 21 de junio. En caso contrario, los efectos quedan fijados al día primero del mes siguiente de la presentación de solicitud.

D) Cotización
o Durante la percepción de la prestación no será obligatorio cotizar, permaneciendo el trabajador autónomo en situación de alta.

E) ¿Con qué es incompatible esta prestación?

  • Con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena.
  • Con el trabajo por cuenta propia
  • Con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre.
  • Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
    F) ¿Qué pasa si se prevé que no se va a cumplir con los requisitos?
    Los trabajadores autónomos que soliciten esta prestación podrán:
    o Renunciar a ella en cualquier momento antes del 30 de agosto de 2021.
    o Devolver por iniciativa propia la prestación cuando considere que los ingresos percibidos durante el ejercicio de la actividad superarán los umbrales indicados.

G) ¿Qué documentación tengo que aportar?
o Hay que rellenar el modelo de solicitud que ponga a disposición cada mutua en el cual podrás autorizar a la mutua a consultar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios.

Puedes descargar esta guía en formato pdf aquí.


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Entrada destacada

Gobierno y agentes sociales alcanzan un principio de acuerdo para extender la protección de los ERTE hasta el 30 de septiembre

• El preacuerdo permite mantener mecanismos especiales de protección de las personas trabajadoras y de las empresas

• Es el quinto consenso que se alcanzan Gobierno y agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia

• En los ERTE para sectores ultraprotegidos se incentiva la reactivación con mayores exoneraciones para los trabajadores activados que para los suspendidos

La Vicepresidencia tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han alcanzado un principio de acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre de 2021, con el objeto de extender esta medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la pandemia.

El preacuerdo permite prorrogar la aplicación de las medidas de flexibilidad que se han adoptado desde el comienzo de la crisis sanitaria y en los términos previstos en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, y las medidas extraordinarias en materia de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas. También prorroga las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo y, por último, prorroga todas aquellas medidas complementarias de protección necesarias para garantizar la estabilidad en el empleo, evitando despidos
y destrucción de puestos de trabajo.


Mantendrán su vigencia las medidas extraordinarias recogidas en el Real
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, relativas a las medidas
extraordinarias de protección del empleo relacionadas con extinciones y
despidos, la interrupción del cómputo de los contratos temporales, la
salvaguarda de empleo, así como los límites relacionados con el reparto
de dividendos y transparencia fiscal y el uso de horas extraordinarias y
nuevas externalizaciones.


Sectores ultraprotegidos

Estos sectores, indicados en la lista de códigos CNAE adjunta y su cadena
de valor, tendrán exoneraciones diferentes en los casos de trabajadores
en suspensión de empleo frente a los que se activen en un contexto de
mayor recuperación que en meses anteriores. Con el objetivo de incentivar
la activación de empleo, en esta ocasión se incluyen unas exoneraciones
mayores para los casos de los trabajadores que se reincorporen a la
actividad: del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del
85% para las que tienen 50 o más en los meses de junio, julio, agosto y
septiembre.


Cuando mantengan a los trabajadores suspendidos, habrá una
exoneración del 85% en junio, julio y agosto y del 70% en septiembre si la
empresa tiene menos de 50 trabajadoras. En el caso de contar con 50
trabajadores o más, las exoneraciones serán del 75% en junio, julio y
agosto y del 60% en septiembre.


En esta lista se incluyen tres nuevos sectores (1419 –Confección de otras
prendas de vestir y accesorios –, 4637 –Comercio al por mayor de café, té,
cacao y especias– y 7420 –Actividades de fotografía–). Y salen cinco (1811
–Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas–, 2670 –
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico–, 4741 –
Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas
informáticos en establecimientos especializados–, 5122 –Transporte
espacial– y 7734 – Alquiler de medios de navegación–).

Se han incluido en este listado aquellas empresas cuya CNAE entre finales
de abril de 2020 y finales de mayo han recuperado la actividad en
porcentaje inferior al 75% y tengan un porcentaje de afiliados cubiertos por
los ERTE igual o superior al 15%.


Limitación e impedimento


Por su parte, los ERTE por limitación de su actividad se verán prorrogados
con un nuevo esquema de exoneraciones: si la empresa tiene menos de
50 trabajadores, será del 85% en junio y julio, y del 75% en agosto y
septiembre. Si la empresa tiene 50 trabajadores o más, la exención será
del 75% en junio y julio y del 65% en agosto y septiembre.


Por su parte, las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad
en los próximos cuatro meses en alguno de sus centros de trabajo como
consecuencia de las restricciones administrativas para luchar contra la
pandemia podrán solicitar un “ERTE de impedimento”. Estas empresas
tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante
el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre 2021, que será del 100%
de la aportación empresarial durante el periodo de cierre si tienen menos
de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.


Actualmente hay alrededor de 558.000 trabajadores en situación de ERTE.
Del total, unos 137.000 se encuentran en ERTE por limitación y cerca de
16.300, por impedimento. Del resto, poco más 233.000, se encuadran
entre los sectores ultraprotegidos o vinculados a ellos.

Garantías de los ERTE

El sistema de ERTE vigente a partir del 1 de junio mantiene las
características de flexibilidad del modelo anterior y se ajusta al ciclo de
actividad del tejido productivo acorde con la evolución de la pandemia. Las
condiciones de cierta incertidumbre y el restablecimiento de la actividad
empresarial, en estos momentos asimétrica y sectorizada, exige mantener
las medidas excepcionales previstas en las diferentes normas adoptadas

desde el comienzo de la crisis sanitaria, todo ello sin perjuicio de la
previsible y paulatina normalización de la situación sanitaria.
La norma dispone, para el colectivo de fijos discontinuos y aquellas
personas que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas
ciertas, la obligación de que las empresas procedan a su incorporación
efectiva durante los períodos teóricos de llamamiento de las personas
trabajadoras. En caso de que no puedan desarrollar su actividad en el
periodo de llamamiento, se dispone su afectación por los expedientes de
regulación temporal de empleo vigentes a fecha de entrada en vigor de
esta norma o autorizados con posterioridad.


El denominado contador a cero continuará vigente en los términos del
artículo 8.7 del RDL 30/ 2020 de 29 de septiembre.


Los profesionales de las artes en espectáculos públicos que tuvieran derecho al acceso extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo, en los términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, podrán continuar percibiéndolas hasta el 30 de septiembre de 2021.


Esta prestación será incompatible con la realización de actividades por cuenta propia o por cuenta ajena, o con la percepción de cualquier otra prestación, renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.


Anexo
Códigos de la Clasificación Nacional de Actividades. Económicas –CNAE-09– de empresas ultraprotegidas


710 Extracción de minerales de hierro

1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas

1820 Reproducción de soportes grabados

2051 Fabricación de explosivos

2441 Producción de metales preciosos

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares

3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares

3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial

4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles

4634 Comercio al por mayor de bebidas

4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias

4932 Transporte por taxi

4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5010 Transporte marítimo de pasajeros (2)

5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores (2)

5110 Transporte aéreo de pasajeros

5223 Actividades anexas al transporte aéreo

5510 Hoteles y alojamientos similares

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia

5530 Campings y aparcamientos para caravanas

5590 Otros alojamientos 5610 Restaurantes y puestos de comidas

5630 Establecimientos de bebidas

5813 Edición de periódicos

5914 Actividades de exhibición cinematográfica

7420 Actividades de fotografía

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros

7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos

7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico

7735 Alquiler de medios de transporte aéreo

7911 Actividades de las agencias de viajes

7912 Actividades de los operadores turísticos

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina

8230 Organización de convenciones y ferias de muestras

9001 Artes escénicas

9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas

9004 Gestión de salas de espectáculos

9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento

9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel 9604 Actividades de mantenimiento físico


Puedes ver la nota de prensa, en formato pdf, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al respecto del principio de acuerdo alcanzado, aquí.


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Entrada destacada

Nicolás Emery, en multiplex de IB3, sobre los autónomos y el avanzado cambio de su sistema de cotización

Hace poco se ha sabido que es el 14 de Junio la fecha elegida a partir de la cual se podrán solicitar las ayudas que, con un importe de 800 millones de Euros el Estado transferirá a las Baleares con el fin de salvar la maltrecha economía de autónomos y empresas. Con tal motivo el programa radiofónico Multiplex de IB3 radio quiso aprovechar para dedicar parte de su espacio del pasado martes a hablar de los AUTÓNOMOS con el socio y gerente de Moya & Emery, Nicolás Emery que en su calidad de economista y asesor de empresas cono de primera mano a este colectivo -el de los trabajadores por cuenta propia- que ha sufrido especialmente la pandemia del covid y sobre el que ahora pesa la incertidumbre del cambio anunciado de su sistema de cotizaciones para tratar de amoldarlo a los ingresos reales de los trabajadores, y que, parece ser, contará con 13 tramos de cotización distintos.


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Entrada destacada

Tramitació Ajuts Covid

Guia dels ajuts directes de l’Estat per a les empreses que han patit les conseqüències de la COVID-19 a les Illes Balears (Desplegament dels RDL 5/2021 i 6/2021)

Fes clic i descarrega aquesta guia en format pdf

Uns ajuts sense precedents

El 12 de març de 2021, el Butlletí Oficial de l’Estat publicava el Reial decret llei 5/2021 através del qual s’establien les condicions per donar suport a les empreses més afectades per la COVID-19, amb un import global d’11.000 milions d’euros. D’aquest import, un important fons de 7.000 milions d’euros s’han de distribuir en ajuts directes per contribuir a la viabilitat de les empreses, dels quals les Illes Balears percebrà 855,7 milions.

El Govern de les Illes Balears, conscient que es tracta d’un fons sense precedents, va obrir el diàleg social a través del Pacte de Reactivació Econòmica, i va estudiar conjuntament amb els agents econòmics i socials de les illes el text del Govern de l’Estat, a fi de concretar les necessitats de les empreses balears, amb especificitats de cada illa, i permetre una distribució més òptima d’aquests ajuts.

Va ser així que, en virtut del RDL 6/2021 que modificava el Reial decret llei anterior per facilitar la participació de les comunitats autònomes en el disseny dels ajuts, a la llista de 92 CNAE aprovada inicialment pel Govern d’Espanya, el Govern de les Illes Balears hi va afegir gairebé 50 activitats més, i va ajustar així el teixit productiu propi, per la qual cosa s’arriba a un total de gairebé 140 activitats diferents.

A més, també acordà apujar el topall de 200.000 € d’ajuda màxima inicial fins a 500.000 €, sempre amb l’objectiu de facilitar la viabilitat de les empreses i millorar-ne la solvència.

Finalment, s’acordà obrir el ventall dels ajuts a quatre tipus d’empreses amb situacions concretes de les Illes Balears:

  • Empresaris autònoms de temporada
  • Empreses afectades per Thomas Cook
  • Empreses de nova creació
  • Empreses que van dur a terme fortes inversions el 2019

Objecte dels ajuts

Els ajuts de l’Estat tenen una finalitat molt concreta: ajudar les empreses i els empresaris autònoms a fer front a deutes pendents, a fi de millorar la seva solvència mitjançant la reducció o la supressió de deutes que han hagut d’adquirir a causa de la davallada d’activitat econòmica.

Són, per tant, uns ajuts de caràcter finalista: eixugar el deute bé a proveïdors o bé al crèdit.

En concret, es preveu cobrir deutes pendents provinents de prestacions de serveis o de subministrament, així com tributs, salaris, arrendaments o reducció del deute financer, inclosos els deutes amb socis o administradors i, en general, qualsevol altre deute amb un creditor. Aquests deutes s’han d’haver meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021.

Cal ressenyar que el disseny de l’Estat preveu cobrir deutes a les empreses pels imports que superin el 30 % de la caiguda de facturació l’any 2020 respecte de 2019, atribuïble a les mesures restrictives adoptades per fer front a la pandèmia.

Col·lectius beneficiaris

L’ajut s’estableix en dues línies:

LÍNIA 1. Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva sobre la renda de les persones físiques (estimació per mòduls). (Màxim de 3.000 €)

LÍNIA 2. Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa sobre la renda de les persones físiques i empresaris que apliquin l’impost de societats o l’impost sobre renda de no residents. (De 4.000 a 500.000 €)

Després d’haver determinat la quantia per al grup d’empresaris i autònoms de la línia 1 (màxim 3.000 €), per determinar les quanties de la línia 2 es prorratejarà l’import restant entre tots els sol·licitants que s’ajusten a totes les condicions de la convocatòria.

Es prorratejarà el 100 % dels recursos disponibles, seguint la regla d’assignació per la qual el percentatge de cobertura de pèrdues serà del doble per a les empreses de fins a 10 treballadors, respecte de les empreses de més de 10 treballadors. (Amb un màxim de 500.000 €)

Per tant: TOTES les empreses i els autònoms que compleixin els requisits tindran ajuda.

L’ajut de les empreses de la línia 2 no es podrà determinar fins que es tanqui el període de sol·licituds i s’integrin totes les

Requisits principals

La convocatòria és complexa i presenta un seguit de requisits per poder-se acollir als ajuts. Aquí se’n destaquen els més específics.

PER A LES DUES LÍNIES

Que l’empresa o l’autònom sol·licitant estiguin inclosos en algun dels gairebé 150 CNAE recollits en el RDL 5/2021 i els específics determinats a les Balears.

PER A LA LÍNIA 2.

Acreditar el 2020 més d’un 30 % de caiguda en el volum d’operacions respecte de 2019, exceptuant les empreses de nova creació (entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020).

Acreditar que la base imposable de 2019 va ser positiva (amb l’excepció de les empreses afectades per la fallida de Thomas Cook i les que han duit a terme fortes inversions el 2019).

OBLIGACIONS.

A més, les empreses o els autònoms beneficiaris s’han d’obligar a:

  • Mantenir-se d’alta en el cens d’empresaris fins al dia 30 de juny de 2022.
  • No tenir un repartiment de dividends ni en el 2021 ni en el 2022.
  • No aplicar increments en la retribució del personal d’alta direcció en dos anys.

Calendari tramitació (I)

CALENDARI DE SOL·LICITUDS I PAGAMENT

24 de maig. Autorització de despesa – Consell de Govern.

29 de maig. Publicació de la convocatòria.

14 de juny. Inici del termini de sol·licituds. (*)

28 de juny. Finalització del termini de sol·licituds per a les dues línies (1 i 2) i establiment del prorrateig d’ajudes per a TOTES empreses i persones autònomes per a la línia 2

Pagaments:

Línia 1. A partir del 20 de juliol. Els beneficiaris de la línia 1 començaran a cobrar abans perquè la tramitació no requereix més documentació ni càlculs addicionals.

Línia 2. A partird el adarrerase tman ad e juliol.

(*)L’inici devalidaciópera la concessiód’ajutsdelalínia 1 començarà abans de finalitzar el període de sol·licituds, per poder avançar els pagaments.

Calendari tramitació (II)

CALENDARI DE JUSTIFICACIÓ

A partir del cobrament dels ajuts, les empreses i els autònoms beneficiaris hauran de justificar el pagament dels deutes bonificats pels ajuts.

Període de pagament de deutes. S’hauran de fer des del 14 de juny fins als dos mesos posteriors comptadors des del dia en què es va ingressar l’ajut al beneficiari.

Període de justificació de la subvenció. S’hauran de justificar els pagaments dels deutes entre l’endemà de la data del pagament de l’ajut i el 31 de març de 2022.

Segons l’import del deute:

  • Fins a 6.000 €: la justificació s’ha de fer amb una declaració responsable.
  • Entre 6.001 i 60.000 €: caldrà presentar una declaració classificada de despeses satisfetes mitjançant l’import concedit, amb identificació del creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i la data de pagament.
  • Més de 60.000 €: s’obliga a un informe d’auditoria.

Més CNAE incorporats

D’acord amb el RDL 6/2021, el Govern de les Illes Balears va iniciar una ronda de conversacions amb bona part del teixit productiu de les Illes Balears per incloure més activitats que havien quedat excloses en la llista de CNAE que l’Estat proposava.

Fruit d’aquesta tasca, s’han incorporat gairebé 50 noves activitats que es podran beneficiar dels ajuts directes, que se sumen a les 93 de l’annex del RDL 5/2021.

Criteris d’inclusió de nous CNAE:

a Subsectors amb una caiguda molt rellevant de l’activitat que no tenien un encaix clar dins la classificació dels CNAE i necessitaven d’una inclusió particular.

a Sectors estratègics de l’economia balear, molts lligats a la indústria pròpia.

a Sectors que conformen la cadena de valor de l’activitat turística i que, malgrat això, quedaren exclosos en la primera llista. Aquests sectors s’evidencien perquè hagueren de sol·licitar un ERTO per cadena de valor.

a Sectors econòmics que s’han vist subjectes a decisions del Govern per reduir la seva activitat al llarg dels mesos posteriors a juny de 2020 per

CNAE incorporats CAIB

INDUSTRIA TRADICIONAL

Processat i conservació de carn

Elaboració de productes carnis i de volateria

Fabricació d’oli d’oliva

Fabricació de formatges

Preparació de llet i altres productes lactis

Elaboracions de vins

Elaboració d’altres begudes no destil·lades

Fabricació de cervesa

Fabricació de begudes no alcohòliques

Fabricació d’articles de marroquineria, viatge

 Fabricació de calçat

Fabricació de terra de fusta acoblats

 Fabricació d’altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció

Fabricació d’altres productes de fusta; articles de goma, cistelleria i esparteria

Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament

Fabricació de perfums i cosmètics

Fabricació d’altres productes químics NCAP

Fabricació d’altres productes de goma Fabricació d’envasos i embalatges de plàstic

Fabricació d’altres productes de plàstic

Tractament i revestiment de metalls Fabricació de productes de perns

Fabricació de mobles d’oficina

Fabricació de mobles de cuina

Fabricació d’altres mobles

ACTIVITATS AMB RESTRICCIONS DES DE JULIOL 2020

Educació preprimària. (escoletes)

Educació esportiva i recreativa

Educació cultura

Activitats de les escoles de conducció i pilotatge

Altes educacions NCAP. Acadèmies, centres de formació i centres privats d’ensenyament no reglat

Activitats de radiodifusió

Serveis de representació de mitjans de comunicación

INFORMÀTICA

Activitats de programació informàtica

Activitats de consultoria informàtica

Gestió de recursos informàtics

Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica

Processos de dades, allotjament i activitats relacionades

Portals web

Activitats de les agències de notícies

Altres serveis d’informació NCAP

COMERÇ

Comerç a l’engròs de fruites i hortalisses

Comerç a l’engròs de carns i productes carnis

Comerç a l’engròs de productes làctics, ous, olis i greixos comestibles

Comerç a l’engròs de productes del tabac

Comerç a l’engròs de productes de perfumeria i cosmètica

Comerç a l’engròs de productes químics

Comerç al detall de ferreteries, pintura i vidre (souvenirs)

Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats

Edició de libres

CNAE RDL 5/2021

Extracció de minerals de ferro

Elaboració de gelats

Elaboració de cafè, te i infusions

Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques

Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a base de fruita

Confecció d’altres peces de roba exteriors

Confecció d’altres peces de roba i accessoris

Fabricació d’articles de pelleteria

Confecció d’altres peces de roba de punt

Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes

Altres activitats d’impressió i arts gràfiques

Serveis preimpressió i preparació de suports

Enquadernació i serveis relacionats

Reproducció de suports gravats

Fabricació d’explosius

Fabricació de metalls preciosos

Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic

Fabricació de cables de fibra òptica

Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars

Reparació i manteniment aeronàutic i espacial

Subministrament de vapor i aire condicionat

Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de roba, pelleteria, calçat i articles de cuir

Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac

Comerç majorista de cuir i pells

Comerç majorista de begudes

Comerç majorista de sucre, xocolata i confiteria

Comerç majorista de peix, marisc i altres productes alimentaris

Comerç majorista, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac

Comerç majorista de porcellana, cristalleria i articles de neteja

Comerç majorista d’articles de rellotgeria i joieria

Altre comerç minorista a establiments no especialitzats

Comerç minorista de pa i productes de forn, confiteria i pastisseria a establiments especialitzats

Comerç minorista de begudes a establiments especialitzats

Comerç minorista d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics a establiments especialitzats

Comerç minorista de tèxtils a establiments especialitzats

Comerç minorista de diaris i articles de papereria a establiments especialitzats

Comerç minorista de peces de roba a establiments especialitzats

Comerç minorista de calçat i articles de cuir a establiments especialitzats

Comerç minorista d’articles de rellotgeria i joieria a establiments especialitzats

Comerç minorista de productes tèxtils, peces de roba i calçat a llocs de venda o mercats ambulants

Comerç minorista d’altres productes a llocs de venda o mercats ambulants

Altres comerços minoristes no realitzat ni a establiments, ni a llocs de venda ni a mercats ambulants.

Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers

Transport per taxi

Tipus de transport terrestre de passatgers NCAP

Transport marítim de passatgers

Transport de passatgers per vies navegables interiors

Transport aeri de passatgers

Activitats annexes al transport terrestre

Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors

Activitats annexes al transport aeri

Hotels i allotjaments similars

Allotjaments turístics i altres allotjaments de llarga estada

Càmpings i aparcaments per a caravanes

Altres allotjaments

Restaurants i establiments de menjars

Provisió de menjar preparat per a esdeveniments

Altres serveis de menjar

Establiments de begudes

Edició de diaris

Activitats d’exhibició cinematogràfica

Activitats de fotografia

Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers

Lloguer de camions

Lloguer d’articles d’oci i esportius

Lloguer de cintes de vídeo i discs

Lloguer d’altres productes personals i articles d’us domèstic

Lloguer de maquinària i d’equip d’oficina, inclosos ordinadors

Lloguer de mitjans de navegació

Lloguer de mitjans de transport aeri.

Lloguer de maquinària, equips i béns intangibles NCAP

Activitats de les agències de viatge

Activitats dels operadors turístics

Altres serveis de reserva i activitats relacionades amb aquestes

Activitats de fotocòpies, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina

Organització de convencions i fires de mostres

Altres activitats de suport a les empreses

Arts escèniques

Activitats auxiliars a les arts escèniques

Gestió de sales d’espectacle

Activitats de museus

Gestió de llocs i edificis històrics

Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.

Activitats de jocs d’atzar i apostes

Gestió d’instal·lacions esportives

Activitats dels gimnasos

Altres activitats esportives

Activitats dels parcs d’atraccions i dels parcs temàtics

Altres activitats recreatives i d’entreteniment

Reparació de calçat i articles de cuir

Reparació de rellotges i joieria

Neteja de peces de roba de tèxtil i de pell

Activitats de manteniment físic

Com s’ha de demanar l’ajut

La tramitació per a la sol·licitud dels ajuts serà exclusivament telemàtica.

Serà un procés àgil, dissenyat per facilitar la tramitació de la sol·licitud.

Una vegada emplenades les dades obligatòries per a cada cas, s’inicia el procés de validació per atorgar o no l’ajut a cada empresa o autònom sol·licitant.

El Govern de les Illes Balears obrirà un centre d’atenció telefònica per atendre els dubtes sobre la convocatòria. Aquest número de telèfon es facilitarà quan la convocatòria estigui en funcionament.

Així mateix, les conselleries de Model Econòmic, Turisme i Treball i d’Hisenda i Relacions Exteriors obriran una pàgina web específica en la qual es donarà informació sobre aquests ajuts i els formularis per cursar les sol·licituds.

Un altre instrument d’informació que s’habilitarà serà un compte de correu electrònic específic per als ajuts.

Fes clic i descarrega aquesta guia en format pdf


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Nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno balear sobre niveles de alerta sanitaria, modificación del plan de medidas de prevención frente al Covid-19 y prórroga de medidas expecionales de contención de la pandemia.

Hoy desde Moya & Emery te acercamos dos recientes normas aprobadas en Consejo de Gobierno que vienen a modificar los niveles de alerta sanitaria en las Islas Baleares, modifican también el plan de medidas de prevención contra el Covid-19, y prorrogan y modifican las medidas de prevención excepcionales aplicables de forma temporal a las islas:

  • Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de mayo de 2021 por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas, se modifica puntualmente el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2021, por el cual se aprobó el nuevo Plan de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las islas, aquí en versión pdf
  • Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2021 por el que se prorrogan y modifican las medidas excepcionales establecidas mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021 para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante el mes de mayo de 2021, aquí en versión pdf

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elEconomista: “El endurecimiento de requisitos por parte del Gobierno traba la prórroga de las ayudas a Autónomos”

El Gobierno se planea endurecer las ayudas para autónomos, las cuales vencen en breve y cuya prórroga se está negociando en estos momentos.

Los subsidios y ayudas puestas en marcha durante la pandemia destinados a trabajadores autónomos están a escasos días de vencer y las negociaciones entre Gobierno y representantes de los trabajadores para proceder a una prórroga de las mismas están encontrando serias dificultades debido a la férrea posición del Gobierno, que plantea un endurecimiento de condiciones para optar a las nuevas ayudas:  se deberán acreditar pérdidas de ingresos en los dos trimestres anteriores del 75% (hasta ahora bastaba acreditar el 50%) para acceder a la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo.

Lee el completo artículo de elEconomista, a continuación, respecto de las negociaciones para la prórroga de las ayudas a autónomos:


FUENTE: El Economista AUTOR: Gonzalo Velarde

  • Tendrán que acreditar una pérdida de ingresos de nuevo del 75%
  • Todas las asociaciones de autónomos rechazan la primera propuesta

El Gobierno y las asociaciones de autónomos avanzan en la negociación para ampliar el esquema de ayudas y bonificaciones vigente desde el inicio de la pandemia, y que al menos se extenderá hasta el próximo 31 de septiembre. Eso sí, siempre y cuando se solventen ciertos flecos de la negociación que están trabando el acuerdo, como el del endurecimiento de los requisitos para que los trabajadores por cuenta propia puedan compatibilizar el cobre de la prestación extraordinaria por cese de actividad con el desarrollo de su negocio, según una serie de condiciones.

En este sentido, según la propuesta de renovación de ayudas para autónomos del Gobierno a la que ha tenido acceso elEconomista, que recoge cuatro supuestos en los que los trabajadores del colectivo podrán acogerse a una bonificación de la cuota o a una prestación, para el supuesto de compatibilización del cese y la actividad, el Ejecutivo plantea que a partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos que a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia y no hubieran agotado los periodos de prestación previstos en el artículo 338.1 de la Ley General de la Seguridad Social (el cese de actividad ordinario), podrán continuar percibiéndola hasta el agotamiento del período pendiente de consumir o en su caso, hasta el 30 de septiembre de 2021, siempre que, durante el segundo y tercer trimestre de 2021 cumplan los requisitos que se indican en este precepto.

Es decir, según la propuesta del Ejecutivo en este punto, aquellos autónomos que vinieran cobrando la prestación compatible con la actividad, pero que ya hayan agotado el cese ordinario (que se ha descontado durante los meses de compatibilización) ya no podrían acceder a esta modalidad de ayuda. Y además, el acceso a la prestación exigirá acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 una reducción de los rendimientos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 75% de los habidos en el segundo semestre de 2019; así como no haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre de 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 6.650 euros. Mientras que en el periodo anterior se requería una disminución de más del 50% de los rendimientos de la actividad en el primer semestre de 2021 en relación al segundo semestre de 2019, además de no haber obtenido rendimiento netos superiores a 7.900 euros.

Por ello, los autónomos han exigido al Gobierno en la reunión mantenida este miércoles que se flexibilice por un lado el supuesto en el que el autónomo que agota el cese de actividad deja de poder compatibilizar la prestación con el desempeño de su actividad por un lado, al tiempo que se pide que este porcentaje de caída de ingresos repercutido sea similar tanto para el que accede de nuevas a la prestación (75%) y al que se le prorroga (50%), siendo la petición del colectivo en este caso la de alinear el volumen de caídas en ese 50% que venía operando hasta este momento.

Sobre esta reunión con el Gobierno y el posible acuerdo para la prórroga del esquema de ayudas, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, apunta que se han producido avances sustanciales con la propuesta del Gobierno para ampliar el cese extraordinario hasta el 31 de septiembre si bien reconoce que el endurecimiento de algunos requisitos para acceder a las mismo ha hecho establecer ciertas líneas rojas en la negociación. Con esta prestación, su cobro, consume días del periodo de protección pero no del periodo de carencia para acceder a una futura prestación.

“Cuando el autónomo ha generado esta prestación lo ha hecho porque tenía el periodo de carencia exigido en la normativa, periodo que ha consumido para generar ese prestación; ahora bien, una vez que ha sido beneficiario de la prestación compatible con el trabajo por cuenta propia, ha seguido cotizado por todos los conceptos, desde el primer día, independientemente de quien haya pagado la cuota, por lo que las cotizaciones correspondientes al periodo que el autónomo ha estado cobrando dicha prestación son computables para acumular un nuevo periodo de carencia a efectos de una futura prestación por cese de actividad ordinario o extraordinario, en su caso”, apunta Abad sobre la propuesta del Ejecutivo para este supuesto que afecta a miles de autónomos.

“Con esta prestación, su cobro, consume días del periodo de protección pero no del periodo de carencia para acceder a una futura prestación. Esto es lo que entendemos desde UPTA, ya que no se ha producido el cierre de la actividad (baja en Hacienda y en el RETA) y además, se ha seguido cotizando”, sentencia el líder de la entidad representante del colectivo sobre la reunión mantenida.

Elevar la prestación al 70%

Por otro lado, los autónomos han trasladado al Ejecutivo, representado por el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, la petición de que la cuantía de la prestación del 50% de la base mínima de cotización que corresponda por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus ascienda al menos hasta el 70% de la base mínima.

“Consideramos que tendría que ser el 70% de la base reguladora ya que tienen el negocio cerrado por causas ajenas a su voluntad pero tienen que seguir asumiendo costes (alquileres, préstamos, suministros….), como ya se trasladó para esta modalidad de prestación correspondiente al periodo anterior”, señala Abad, asegurando que si no se atiende a estas peticiones no apoyaran el esquema presentado por el Gobierno.

La propuesta del Gobierno

Sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos afectados por la suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de la aprobación de medidas para contener la pandemia, el documento dice que los autónomos deberán estar al menos 30 días naturales en alta antes de la fecha de la resolución que acuerde la suspensión de la actividad y en todo caso antes de la fecha de inicio de la misma cuando esta se hubiese decretado con anterioridad al 1 de junio de 2021 para acceder a esta prestación.

También deberán hallarse al corriente del pago de las cuotas. La cuantía será del 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada, pero puede incrementarse un 20% si el autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo proceden de su actividad suspendida.

El documento dice que a partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial Trabajadores por Cuenta Propia o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, que estuvieran de alta en estos regímenes y vinieran percibiendo el 31 de mayo alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional.

Así, se recoge una exención del 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de junio, del 75% de las que corresponden a julio, del 50% de las que corresponden a agosto y del 25% de las de septiembre. Para que sean aplicables estos beneficios en la cotización los trabajadores autónomos deberán mantener el alta en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social hasta el 30 de septiembre de 2021.

Según el borrador, la base de cotización a efectos de la determinación de la exención será la que resulte de aplicación en cada uno de los meses en los que se apliquen las exenciones. Además, la percepción de la prestación por cese de actividad en cualquiera de sus modalidades será incompatible con la exención en la cotización.

El texto también incluye la prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos de temporada. Para acceder a ella, se deberá acreditar que se ha estado dado de alta durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de seis meses de cada uno de los años 2018 y 2019, “siempre que ese marco temporal abarque un mínimo de dos meses entre los meses de junio y septiembre de estos años”.

No deberán haber estado en alta como trabajador por cuenta ajena en el régimen de Seguridad Social correspondiente más de 60 días durante el segundo y tercer trimestre del año 2021 y no deberán tener unos ingresos netos computables fiscalmente que superen los 6.650 euros durante el segundo y tercer trimestre del año este año.

La nuevas cuotas de autónomos tras la reforma: de 90 euros a 1.220 euros al mes según los ingresos

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización que le corresponda por la actividad desempeñada. La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de junio de 2021 y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 21 días naturales de junio. En caso contrario, los efectos quedan fijados al día primero del mes siguiente de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 30 de septiembre de 2021.

Por último, el texto dice que los autónomos que, a 31 de mayo de 2021, vinieran percibiendo la prestación extraordinaria de cese de actividad podrán continuar percibiéndola con los mismos requisitos y condiciones, durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida y hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida o hasta el 30 de septiembre de 2021 si esta última fecha es anterior.


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Leído en el diario EXPANSIÓN: “Una mujer sin pareja puede acumular el permiso de maternidad y de paternidad”

En la versión digital del diario EXPANSIÓN podemos leer -dentro de la sección Laboral-: “Una mujer sin pareja puede acumular el permiso de maternidad y paternidad“. Y es que el juzgado de lo social Nº 16 de Valenacia ha dictado una sentencia por la que se reconoce el derecho de una madre sin pareja (familia monoparental) a disfrutar, tras el alumbramiento, de los permisos de maternidad y paternidad de forma acumulada.

Lee este interesante artículo transcrito a continuación y recuerda que en Moya y Emery podemos brindarte todo el asesoramiento que precises sobre permisos de nacimiento y cuidados del menor y las prestaciones de maternidad y paternidad, así como otros subsidios y su solicitud o tramitación.


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FUENTE: Expansión

La sentencia también se refiere a la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que las normas en materia de protección de la maternidad han de ser interpretadas a la luz del principio general del interés superior del menor.

El juzgado de lo social número 16 de Valencia ha hecho pública una sentencia en la que reconoce el derecho de una madre sin pareja, en situación de familia monoparental, a disfrutar de los permisos de maternidad y paternidad, tras dar a luz.

En la resolución, ganada por CSIF Comunidad Valenciana, el tribunal condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General, que se negaron a conceder el permiso de paternidad.

Esta es la segunda sentencia en España sobre este mismo asunto (el TSJ del País Vasco se pronunció en la misma línea en 2020) que contradice los criterios de la Seguridad Social, organismo que hasta el momento ha denegado estas peticiones.

Los fallos, en concreto, reconocen el derecho de una mujer sin pareja a disfrutar de sus 16 semanas de maternidad a las que se sumarían las 8 adicionales que le corresponderían al padre (en 2020 a los padres les correspondían 12 semanas, de las que se descontarían 4 que se deben disfrutar de manera inmediata tras el parto).

Según explican desde CSIF, los tribunales están dando la razón a las madres atendiendo a la Convención sobre los Derechos del Niño, norma que prevalecerá sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico en caso de conflicto con ellas. En concreto -apunta la sentencia-“si se deniega la prestación a la beneficiaria en los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de la igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (…) por cuanto que la atención, cuidado y desarrollo del menor afectado va a sufrir una clara merma respecto a la que van a recibir otros que en situación semejante, encuadrados dentro de un modelo familiar biparental”.

La sentencia también se refiere a la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que las normas en materia de protección de la maternidad han de ser interpretadas a la luz del principio general del interés superior del menor. Además, concluye que en el caso de denegación “se puede suscitar una quiebra del principio de Igualdad del artículo 14 de la Constitución Española”.

FUENTE: Expansión
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Important information for British citizens who wish to enter Spain

The Embassy of Spain to the United Kingdom would like to clarify that UK nationals who were legally residing in Spain before 1 January 2021, and as such are beneficiaries of the Withdrawal Agreement, can prove their residence status when entering Spain while entry restrictions remain in place by presenting any one of the following documents:

  • Residence card issued under Article 18.4 of the Withdrawal Agreement (the TIE) – ‘la tarjeta de identidad de extranjero (TIE)’.​
  • Temporary or permanent EU residence certificate (green certificate) – ‘el certificado de registro de ciudadano de la Unión’ (tarjeta verde).​
  • Residence card as a family member of an EU citizen – ‘la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión’.​​
  • Receipt of application to exchange an EU residence certificate (green certificate) or residence card as a family member of an EU citizen for the new TIE (residence card issued under Article 18.4 of the Withdrawal Agreement) – ‘el resguardo de expedición de la tarjeta de identidad de extranjero (TIE) o de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión’.
  • Confirmation of the positive outcome of your residence application from the Immigration Office – ‘la resolución favorable de reconocimiento como beneficiario del Acuerdo de Retirada emitida por la Oficina de Extranjería competente’.

It is possible to request proof of beneficiary of the Withdrawal Agreement on line, through the Mercurio application:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/mercurio/inicioMercurio.html


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El portal NoticiasJurídicas.com destaca en la sección de derecho concursal: “Los jueces de Baleares también se dotan de protocolo pre-pack concursal”

Pese a que el pre-pack no se halla expresamente regulado en nuestra normativa, parece que se incorporará cuando se transponga la Directiva de reestructuraciones.

FUENTE: NoticiasJuridicas.com AUTORA: Nuria Méler

El Pre-pack concursal es una figura de creación jurisprudencial, actualmente no regulada de manera expresa en nuestra regulación, consistente en el nombramiento de un experto independiente, designado por el Juzgado del futuro concurso, con objeto de que lidere las negociaciones para la venta de una unidad productiva en un momento preconcursal. El objetivo que persigue esta figura es que, una vez declarado el concurso de acreedores, y con el nombramiento formal de Administración Concursal, el profesional pueda instar de manera ágil y rápida esa venta, aprovechando todo lo avanzado en las negociaciones, a la vez que hace uso de las posibilidades legales del concurso para hacer más atractiva la venta.

En España esta figura no se recoge de manera expresa en la normativa vigente por lo que, a la espera de la transposición de la Directiva 2019/1023, y en plena crisis económica derivada de la pandemia, con una moratoria concursal prolongada hasta 31 de diciembre próximo, la práctica ha llevado a la reciente solicitud de su uso en los juzgados de lo mercantil de Barcelona, y a la aceptación por parte de estos, que no se quedaron en su mera aplicación, sino que, incluso, redactaron unas pautas a seguir en futuros casos. Así, en un seminario que celebraron estos jueces de lo mercantil en Barcelona el pasado 20 de enero, emitieron unas directrices, con una serie de criterios que pueden consultarse aquí.

Posteriormente, los juzgados de lo mercantil de Madrid también presentaron su Guía de Buenas Prácticas para la venta de unidades productivas, ciñéndose al artículo 530 del TRLC, y por lo tanto a procedimientos concursales ya iniciados. La diferencia es clara, con respecto a los criterios de Barcelona, que se sitúan en una fase preconcursal.

Les toca ahora el turno a los juzgados de lo mercantil de Baleares, que recientemente han aprobado también su propio protocolo, propugnando un objetivo similar al de las directrices catalanas: “maximizar el precio de venta de los bienes y derechos de las empresas insolventes que no han sido todavía declaradas en concurso de acreedores, con unidad productiva en funcionamiento, evitar la destrucción del tejido empresarial, aprovechar estructuras e instalaciones de pequeño comercio (hostelería, comercio minorista, etc.), conservar el empleo y, con todo ello, conseguir una mejor satisfacción de los acreedores respecto a la que que tendría la venta de la unidad productiva dentro del procedimiento concursal sin haberse acudido a este mecanismo preconcursal, que viene a facilitar y agilizar el proceso con las debidas garantías de publicidad, transparencia, concurrencia y audiencia a los principales interesados: acreedores privilegiados, acreedores públicos y trabajadores, al haber contado el proceso con la supervisión de un experto independiente o administrador en materia de reestructuración (futuro administrador concursal) designado por el Juzgado de lo Mercantil a petición del deudor”.

Quizá, por tratar de compararlo con los criterios de Barcelona, cabría destacar los siguientes puntos de diferencia:

1. En primer lugar, que este nuevo Protocolo no incluye remisión alguna a organismo público de la Comunidad Autónoma, equivalente a la Conselleria d’Industria catalana. Recuérdese que las directrices de Barcelona exigen que la solicitud del pre-pack se acompañe de un justificante de haber cumplimentado debidamente el formulario virtual publicado en el portal del Canal Empresa de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña, a efectos de informar y de publicitar los datos esenciales de las unidades de negocio o activos en situación de crisis empresarial. Además, el solicitante catalán se compromete a informar a los potenciales postores de la existencia de un Registro de interesados donde aquellos podrán inscribirse, en el portal del Canal Empresa de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña:

2. En Barcelona se dice que el inicio del procedimiento se realiza “En el mismo escrito de comunicación al Juzgado Mercantil de la apertura de negociaciones con sus acreedores del art. 583 TRLC o en escrito posterior, dentro de los tres meses siguientes a dicha comunicación”; mientras que en Baleares se habla también de a comunicación por parte del deudor al Juzgado Mercantil de la apertura de negociaciones con sus acreedores del art. 583 TRLC, indicándose que puede solicitarse “en dicho escrito o en escrito posterior, dentro del plazo previsto en dicho precepto”.

3. En la fase concursal, Baleares hace expresa remisión a las reglas de la VUP (art. 218 TRLC), mientras que las directrices de Barcelona se remiten al 530 TRLC. No obstante, en ambos casos se prevé el plazo de 10 días para traslado de las propuestas.

En lo demás, las funciones del “experto independiente o administrador en materia de reestructuración” son prácticamente idénticas a las del protocolo catalán, y consisten en las siguientes funciones:

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“1º. Asistir y supervisar al deudor en la preparación de operaciones tendentes al proceso de búsqueda de inversores y oferentes para articular la futura venta de la Unidad Productiva.

2º. Familiarizarse con el funcionamiento empresarial de la Unidad Productiva. Para la consecución de este objetivo el deudor deberá colaborar facilitando la información de todo tipo que el experto le solicite para el adecuado desarrollo de su función y elaboración de su informe.

3º. Informar a los acreedores del proceso, participando, en su caso, en las negociaciones, especialmente, con los acreedores privilegiados y públicos, así como con los representantes de los trabajadores.

4º. Verificar y supervisar la regularidad, publicidad y transparencia en la preparación de operaciones sobre los activos de la empresa, especialmente garantizando la igualdad de acceso a la misma información y oportunidades entre los potenciales interesados o postores y la justa competencia.

5º. Emitir un informe final de la gestión realizada y, en particular, de las ventas preparadas sobre los activos de la empresa, haciendo constar sus observaciones técnicas sobre el proceso de búsqueda de oferentes e inversores y su valoración sobre la idoneidad de la propuesta de venta realizada por el deudor, incluyendo el precio y las condiciones de pago incluidas en dicha oferta.

Este informe final debería emitirse dentro del plazo de tres meses previsto en los arts. 583 ss. TRLC, a contar desde su nombramiento, salvo causa justificada y previa autorización de prórroga de dicho plazo por parte del Juzgado a petición del experto”.

A la espera de la transposición de la citada Directiva de reestructuraciones, queda por ver si más sedes de juzgados de lo mercantil optarán por esta figura del pre-pack; o lo harán por guías similares a la de las buenas prácticas de ventas de unidades productivas dentro del concurso, como las de Madrid.

FUENTE: NoticiasJuridicas.com AUTORA: Nuria Méler

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Nicolás Emery tratando el Impuesto sobre el Patrimonio, en Ràdio Calvià FM

El abogado y economista Nicolás Emery, aprovechó el último consultorio jurídico en Radio Calvià FM para, antes de dedicarse al tema principal elegido, hacer una serie de recordatorios importantes a los obligados a presentar declaración en esta campaña de la renta 2020 (perceptores del ingresos mínimo vital, perceptores de ingresos de 2 o más pagadores, en especial los trabajadores que hayan estado en ERTE), así como a todos los empresarios afectados por la pandemia del COVID19 con derecho a solicitar las ayudas para la solvencia aprobadas por el Gobierno, que ya pueden empezarse a tramitarse.

Una vez entrado en el tema principal del día–el IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO– el socio y gerente de @Moya & Emery hizo un repaso genérico de las características de este polémico impuesto, de los obligados a presentar declaración, de los mínimos exento de tributación, de las diferencias y bonificaciones existentes en las distintas comunidades autónomas en nuestro país, y de la necesidad de estar bien asesorado a la hora de presentarlo, etc.


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Medidas de diversa índole a aplicar tras la finalización del Estado de Alarma: El Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo resumido

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, que se aplicarán tras la finalización del estado de alarma, declarado por el RD 926/2020, de 25 de octubre para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. La vigencia de dicho estado de alarma fue prorrogada hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021 en virtud del RD 956/2020, de 3 de noviembre.

A propuesta de la Vicepresidencia primera del Gobierno junto con los ministerios de Justicia; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Trabajo y Economía Social; para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Sanidad; Derechos Sociales y Agenda 2030; Igualdad; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el RD recoge las medidas destinadas a dar la necesaria cobertura jurídica y social a distintas situaciones de vulnerabilidad derivadas de la situación de crisis sanitaria, económica y social ocasionadas por la pandemia del COVID-19.

MOTIVACIÓN

La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 no solo ha causado una crisis sanitaria, sino que ha provocado una profunda crisis global, económica y social en nuestro país. Por esta razón, el Real Decreto-ley establece medidas de control sanitario de los pasajeros internacionales para prevenir la introducción de vectores de infección por el SARS-CoV-2 y sus variantes.

Asimismo, prorroga medidas de carácter económico y social, que estaban condicionadas al tiempo de vigencia del estado de alarma y que habían sido puestas en marcha para paliar sus efectos negativos sobre el tejido económico y social o específicamente adoptadas para hacer frente a las situaciones de colectivos con especial vulnerabilidad social y económica.

Además, contiene regulaciones que afectan al régimen de autorización o ratificación judicial de las medidas que hayan de adoptarse, cuando impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales, reforzando su eficacia, rapidez y homogeneidad en todo el territorio nacional.

Durante la vigencia y prórroga del estado de alarma, se han adoptado numerosas medidas a su amparo por las autoridades competentes delegadas, cuya vigencia decaerá en el mismo momento que finalice dicha prórroga. No obstante, la mayoría de dichas medidas pueden articularse en el marco definido por la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; quedando sujetas al control jurisdiccional ordinario.

Asimismo, en el tiempo de vigencia del estado de alarma se han reforzado los instrumentos de cooperación entre las autoridades sanitarias, fundamentalmente el debate y adopción de criterios por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el modelo de gobernanza compartida ha permitido adoptar las medidas de prevención a las condiciones que requiere la situación en cada ámbito territorial, y continúa plenamente vigente, al estar definido el mencionado Consejo Interterritorial en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

En consecuencia, se considera que la legislación sanitaria citada, unida a las previsiones contenidas en el resto de la normativa sanitaria, incluida la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, con las modificaciones puntuales introducidas en el presente Real Decreto-ley, constituyen un marco jurídico suficiente y adecuado para dar respuesta a la situación de crisis sanitaria en las actuales circunstancias epidemiológicas y de control de la enfermedad.

REAL DECRETO-LEY

El Real Decreto-ley se estructura en seis capítulos, quince artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

CAPÍTULO I

El Capítulo I establece una serie de medidas urgentes en el ámbito sanitario, relativas al control en los puertos y aeropuertos de los pasajeros que llegan a España. Su objetivo es detectar de manera rápida la presencia de casos importados de COVID-19 que pudieran generar brotes en nuestro país, así como localizar a los contactos estrechos de los casos, y hacer posible la inmediata adopción de las oportunas medidas de control que impidan la difusión incontrolada de la enfermedad.

Para ello, el sistema de información Spain Travel Health- SpTH permitirá la gestión de la verificación de los certificados digitales, que se puedan habilitar en el marco de la Unión Europea. Mejorará la gestión de los flujos de los pasajeros, en base a las comprobaciones realizadas previas al viaje y facilitará la localización de los viajeros sobre los que haya que realizar medidas adicionales a la llegada para disminuir el riego de importación de casos. Resulta a estos efectos prioritaria la máxima colaboración de las agencias de viaje, los operadores turísticos y compañías de transporte aéreo o marítimo.

CAPÍTULO II

El Capítulo II establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal. Se suspende la obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios hasta el 31 de diciembre de 2021, la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual, y, durante el mismo período, o hasta la celebración de la junta correspondiente, se entenderán prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de los órganos de gobierno. También se permite que la junta pueda celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios, y la posible la adopción de acuerdo sin celebración de junta mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática.

CAPÍTULO III

Por su parte, el Capítulo III establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a situaciones de vulnerabilidad económica y social por las que prorrogan por un plazo de 3 meses, medidas adoptadas para dar cobertura a dichas situaciones. Así, se amplía hasta el 9 de agosto de 2021 la garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables, prevista en la disposición adicional 4ª del Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre. También se extiende esta prórroga a los perceptores del bono social.

Se extienden a 3 meses más las medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda, establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, referidas a la suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda. Se amplía la posibilidad de aplicar una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor a aquellos contratos cuyo vencimiento estuviese establecido entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de 2021. También se extiende, hasta esa fecha, la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y se amplían por ese mismo periodo los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Se extiende hasta el 9 de septiembre de 2021 el plazo para que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria, puedan presentar la solicitud de compensación.

CAPÍTULO IV

El Capítulo IV aborda la situación de las víctimas de violencia de género y prorroga por 3 meses la consideración como servicios esenciales de los servicios públicos de información, asesoramiento, teleasistencia, seguimiento por medios telemáticos, asistencia social integral y acogida para víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, establecidos por Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

Además, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán destinar los fondos que les corresponden del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a desarrollar, en su respectivo ámbito competencial, los programas que sean necesarios para garantizar la prevención, asistencia y protección de las víctimas de violencia de género en el contexto específico de vulnerabilidad derivado de las medidas de contención de la pandemia internacional.

CAPÍTULO V

En el Capítulo V se recogen otras medidas extraordinarias de carácter socioeconómico. Se prorroga el plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, de 36 meses a 24 meses más para evitar que la crisis provocada por la pandemia obstaculice su continuidad y su consolidación como fórmula empresarial clave de la economía social y de la generación de empleo. Se minimizan los riesgos ante la pérdida de la calificación de Sociedad Laboral o ante su desaparición.

Además, se flexibiliza de forma extraordinaria y para el periodo que resta de ejercicio presupuestario, el uso del Fondo de Educación y Promoción de las cooperativas. Esta medida permite, siempre de acuerdo con los principios y valores y con los procedimientos de autogestión democrática que caracterizan a las cooperativas, destinar su Fondo de Educación y Promoción a cualquier actividad que ayude a frenar o paliar los efectos de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, bien mediante acciones propias o bien por medio de donaciones a otras entidades, públicas o privadas, o a dotar de liquidez a la cooperativa para garantizar la continuidad de su funcionamiento.

Finalmente, la necesidad de personal sanitario continúa siendo una realidad mientras se prolongue la situación de crisis sanitaria, por lo que resulta imprescindible facilitar a las administraciones públicas la contratación de dicho personal. Por ello, se considera necesario y urgente mantener la vigencia de la medida relativa a la posibilidad de que los profesionales sanitarios jubilados puedan incorporarse voluntariamente a los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades con Estatuto de autonomía, permitiendo la compatibilidad de la jubilación y el desarrollo de profesiones sanitarias sin que se vea mermada la cuantía de la pensión a percibir.

CAPÍTULO VI

El Capítulo VI regula el recurso de casación contra los autos que en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo dicten los tribunales (Tribunales Superiores de Justicia o Audiencia Nacional), cuando autorizan o revisan las medidas que las autoridades sanitarias dicten en el ámbito sanitario. En aquellos casos que dichas medidas limiten o restrinjan derechos fundamentales con el fin de prevenir, contener y limitar la crisis sanitaria derivada de la pandemia, las autoridades sanitarias pueden acordarlas, sometiéndolas a control judicial, tal y como se recoge en la legislación ordinaria. Es la Ley 3/2020, de 18 de septiembre la que atribuyó a las Salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, la competente para conocer de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas.

El RD prevé la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo dichas decisiones, a fin de garantizar la coherencia del sistema y mejorar la seguridad jurídica. La nueva regulación del recurso de casación hará posible que la tramitación y resolución de estos recursos sea sencilla, ágil, en breve plazo y tenga carácter preferente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que podrá fijar jurisprudencia sobre las cuestiones suscitadas en estos procedimientos de autorización y ratificación judicial de las medidas sanitarias restrictivas o limitativas de derechos fundamentales. De esta manera, se hace posible la aplicación uniforme de dicho marco normativo en todo el territorio nacional.


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Guías -del IBASSAL Govern balear- de buenas prácticas frente a la COVID19 para los sectores de la Restauración y para la Hostelería

El Govern de les Illes Balears, a través del Institut Balear de Seguritat i Salut Laboral, ha puesto a disposición de los interesados las siguientes GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS FRENTE A LA COVID19, por un lado, para HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS y, por otro, para el sector de la RESTAURACIÓN. Desde Moya & Emery te acercamos estos documentos, en los que se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas de contención adecuadas para garantizar la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras ante la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en la hostelería y la restauración. Sólo tienes hacer clic en los enlaces más abajo para acceder a las guías en formato PDF:

  • Guía de buenas prácticas preventivas para hacer frente a la covid19 (Sars-CoV-2) de ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN Y SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (en castellano y catalán).
  • Guía de buenas prácticas preventivas para hacer frente a la covid19 (Sars-CoV-2) de HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS (en castellano y catalán).

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El subsidio especial para desempleados mayores de 52 años

Atentas aquellas personas que se encuentren desempleadas y que tengan más de 52 años, porque si cumplen una serie de requisitos a los que haremos mención en el presente artículo, pueden acceder a un subsidio especial no contributivo durante el presente año, un año complejo y repleto de incertidumbre debido a la crisis socio sanitaria derivada de la Covid-19.

Y es que muchas han sido las personas que se han visto abocadas a una situación compleja debido a esta pandemia ya sea porque no se han podido incorporar a su puesto de trabajo, ya sea porque se han visto afectados por un ERTE o directamente porque han perdido ese trabajo.

Es por eso que, mediante el presente artículo, se quiere informar de cómo el colectivo de mayores de 52 años puede acceder a una pequeña ayuda, como es este subsidio especial, cuya cuantía se ha incrementado con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado a los 564,90 €/mes.

Este subsidio está destinado, como se ha avanzado, a personas mayores de 52 años que se encuentren en situación de desempleo y cuya duración, siempre y cuando el beneficiario sigua cumpliendo los requisitos para tener acceso al mismo, se extiende hasta la edad de jubilación requerida para poder solicitar la pensión contributiva.

¿Y cuáles son los requisitos concretos que exige el SEPE para acceder a este subsidio?

  • Encontrarse en situación de desempleo.
  • Tener 52 años o más, pero no teniendo la edad mínima exigida para jubilarse, puesto que en ese caso se deberá optar por dicha pensión.
  • No ser fijo discontinuo.
  • Estar inscrito como demandante de empleo al solicitarse dicho subsidio. En este sentido, tiene un mes para inscribirse tras el fin de la prestación contributiva de desempleo (paro) y debe permanecer inscrito mientras se percibe dicho subsidio.
  • Fijar un compromiso de actividad.
  • No contar con ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (712,50€), excluyéndose las 2 pagas extraordinarias.
  • Tener un periodo cotizado de mínimo 15 años, habiendo cotizado mínimo 2 en los 15 últimos años anteriores a la solicitud del subsidio y al menos 6 años al desempleo durante la carrera laboral.

¿Cómo puede solicitarse dicho subsidio?

En caso de ser una persona que ya recibe dicho subsidio debe tener en cuenta que se debe renovar cada 6 meses, ¿y cómo debe hacerlo?

Existen esencialmente 3 vías:

  • Presencialmente: pidiéndose cita previa, se deberá rellenar el formulario de renovación y entregarlo en el registro público y oficina de prestaciones más cercana al domicilio.
  • Telemáticamente (vía preferente debido a las restricciones y necesidad de solicitar cita previa en los organismos públicos): mediante la página web del SEPE se poder renovar automáticamente siempre que se cuente con certificado digital.
  • Correo administrativo.

En el caso de ser la primera vez que se solicita dicho subsidio, también podrá hacerse dicha solicitud mediante las vías anteriormente descritas, debiéndose además de rellenar el correspondiente formulario, entregar todos aquellos documentos requeridos por el SEPE en aras a comprobar el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos. Recuerde que, para cualquier duda, consulta o para la tramitación de este subsidio, tiene usted a los profesionales de Moya&Emery a su disposición por cualquiera de los medios de contacto que le exponemos a continuación:

Marga de Matos
Abogada de Moya&Emery

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Consecuencias del Brexit en materia laboral y tributaria

Finalizado ya el período transitorio del Brexit acordado por la UE y el Reino Unido te pueden haber surgido preguntas y dudas en materia laboral (contratación de británicos) y tributaria que el abogado y economista Nicolás Emery trató de abordar y darles respuesta en el último consultorio jurídico de Radio Calvià FM:

• ¿Qué hay que hacer para contratar a un trabajador británico?
• ¿Qué requisitos debe cumplir un empresario para poder contratar a un trabajador extranjero?
• ¿Cuáles son los trámites necesarios para ello?
• ¿Qué situaciones influyen en la contratación de extranjeros? La estancia por estudios, investigación o práctica y la situación de residencia. Procedimientos específicos según otras circunstancias, como la nacionalidad.
• El régimen especial de viajeros (no comunitarios) y la devolución del IVA de los productos adquiridos en el viaje. El recargo de equivalencia.



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El incumpliento de sus obligaciones por parte de las Sociedades de Capital y la repercusión de la nueva normativa covid19

El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la “LSC”) recoge una serie de obligaciones anuales que deben cumplir todas las sociedades de capital en relación con el normal desarrollo de su actividad.

Cabe advertir que, tal y como se detalla a continuación, si bien la LSC impone una serie de obligaciones a los órganos de administración de dichas sociedades, no siempre establece un régimen sancionador para el incumplimiento de cada una de ellas. A mayor abundamiento, el régimen sancionador que, hasta ahora, establecía la LSC, era bastante impreciso, lo que en la práctica se traducía en su inaplicación por parte de las autoridades competentes.

Consciente de su imprecisión y, por tanto, de su inaplicación en la práctica, a principios de este año, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (el “Ministerio”) aprobó el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (en adelante, el “Reglamento”) que, entre otros, precisa la regulación del régimen sancionador previsto en la LSC.

La principal obligación de una sociedad de capital es, sin lugar a duda, el depósito de las cuentas anuales, y así se desprende de la propia LSC con la configuración del régimen sancionador derivado de su incumplimiento.

En este sentido, de conformidad con el artículo 253 de la LSC, los administradores de una sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado. Continua el artículo 164 de la LSC disponiendo que la junta general ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para aprobar las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Finalmente, el artículo 279 de la LSC, establece que el órgano de administración deberá presentar las cuentas anuales, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, dentro del mes siguiente a la aprobación de las mismas.

A pesar de que la formulación, la obligación y el depósito de las cuentas anuales son la obligación por excelencia de toda sociedad, existe otra que merecen ser nombrada: la legalización del libro de actas y del libro registro de socios.

Según el artículo 26 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio, las sociedades mercantiles deben llevar un libro de actas en el que consten todos los acuerdos tomados por las juntas generales y demás órganos colegiados. Por su parte, los artículos 104 y 116 de la LSC establecen la obligación de las sociedades de llevar un libro registro de socios o, en su caso, accionistas.

En este sentido, el artículo 333 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil (“RRM”) dispone que los libros deberán ser presentados a legalización antes de que transcurran los cuatro meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio.

Por lo que respecta a las consecuencias del incumplimiento de tales obligaciones, éstas varían según el caso. En cuanto a las cuentas anuales, esto es, el incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositarlas dentro del plazo establecido provoca dos consecuencias directas:

  • cierre de la hoja registral (artículo 282 LSC); e
  • imposición de multa (artículo 283 LSC).

El cierre registral da lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a una sociedad mientras el incumplimiento persista, aunque existen ciertas excepciones al respecto. No obstante, el cierre registral por falta de depósito de cuentas no se produce al día siguiente de la fecha límite para depositar las cuentas, sino que, de acuerdo con el artículo 378 del RRM, tiene lugar transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social.

En lo referente a las multas, el importa mínimo de la sanción se establece en 1.200 euros, pudiendo llegar a imponerse sanciones de hasta 300.000 euros en función del volumen de facturación anual.

En cambio, la no legalización de los libros obligatorios no tiene una consecuencia directa per se. Los problemas con el incumplimiento de esta obligación se presentarían en un escenario completamente diferente. Si bien es cierto que no existe una sanción económica, la legalización de los libros tiene valor probatorio internamente y frente a terceros, organismos públicos y tribunales. Si los libros no han sido legalizados, su contenido carece de valor probatorio y eso podría generar un conflicto en situaciones litigiosas como, por ejemplo, en el seno de un concurso de acreedores.

En cualquier caso, y como se adelantaba al inicio, el Ministerio ha aprobado un real decreto en virtud del cual ha precisado la regulación del régimen sancionador aplicable al incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas en el Registro Mercantil. En concreto, la Disposición Adicional Undécima ha fijado los criterios para la imposición de las sanciones por el incumplimiento de la citada obligación. De conformidad con el Reglamento, los criterios para determinar el importe de la sanción serán los siguientes:

  • La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
  • En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
  • En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento.

En vista de cuanto antecede y bajo la premisa de una sociedad cuyo ejercicio social coincide con el año natural (de 1 de enero a 31 de diciembre), los plazos máximos para realizar las obligaciones descritas en los párrafos anteriores serían los siguientes: para la formulación de las cuentas anuales el 31 de marzo; para la aprobación de cuentas el 30 de junio; para el depósito el 30 de julio; para la legalización de libro el 30 de abril; y para el cierre de hoja registral el 31 de diciembre.

Sin embargo, y como es bien sabido, el año pasado, con motivo de la crisis del COVID-19, el Gobierno español aprobó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Dicha disposición legal incluyó un paquete de medidas extraordinarias dirigidas a las personas jurídicas, con especial atención a las sociedades de capital, al objeto de facilitar el cumplimiento por parte de estas entidades de las obligaciones de formulación, aprobación y depósito de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2019. Sin entrar a analizar a fondo el Real Decreto-Ley, ya que en breves dejara de tener efectos prácticos, dicha norma extendió los siguientes plazos para las obligaciones relativas al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2019: para la formulación de cuentas anuales el 31 de agosto de 2020; para la aprobación de cuentas el 31 de octubre de 2020; para el depósito de cuentas el 30 de noviembre de 2020; para la legalización de libros el 30 de septiembre de 2020; y para el cierre de hoja registral el 31 de mayo de 2021.

De lo  anterior se deduce que, si bien las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 ya deberían estar formuladas, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil correspondiente, en caso de que una sociedad no hubiera dado cumplimento a dichas obligaciones, aun tendría la hoja registral abierta y, por tanto, podría inscribir actos en el Registro Mercantil. No obstante, para aquellas sociedades que aún no hayan depositado las cuentas anuales relativas al ejercicio 2019, téngase en cuenta que el mes que viene el Registro Mercantil procederá a cerrar la hoja registral, con todas las consecuencias descritas anteriormente.

En cualquier caso, y por lo que respecta a la imposición de multas, es importante tener en cuenta que, si bien el incumplimiento se entiende desde el momento en que finaliza el plazo para depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil y no con el cierre de la hoja registral de la sociedad, nótese que la manera más eficaz que tienen las autoridades para detectar dicho incumplimiento por parte de una sociedad es con el cierre de la hoja registral de la misma.

Por tanto, y sin perjuicio de que se puedan llegar a dar supuestos de sanción en sociedades cuya hoja registral aún no haya sido cerrada, es de vital importancia que las sociedades que aún no hayan depositado las cuentas anuales del ejercicio 2019, lo hagan antes de 31 de mayo de 2021, ya que con la entrada en vigor del Reglamento es de esperar que las autoridades intensifiquen su actividad sancionadora a este respecto.

Marta Marina

Abogada especializada en Derecho de la empresa y Derecho inmobiliario en Moya & Emery


Artículo original publicado en Canal4diario


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Pide cita previa en Moya & Emery para presentar tu declaración del impuesto sobre la renta – Campaña de la Renta 2020

Moya & Emery te ayuda a presentar tu declaración de la renta 2020. Es fácil: sólo tienes que concertar cita previa con nosotros y eso puedes hacerlo a través de:

  • whatsapp (escanea el código qr o sigue este enlace en tu móvil)
  • teléfono en el 971 728 010 (oficina de Palma) o en el 971 132 359 (oficina de Palmanova – Calvià)
  • correo electrónico en info@moyaemery.com

Desde 30 € podrás disfrutar de nuestro servicio para presentar tu renta, ahora también de forma telemática, que incluye la descarga de tus datos fiscales, la comprobación de su exactitud y la presentación de declaración en plazo voluntario. (* se excluyen las rentas con actividades profesionales *).

Y apunta las siguientes fechas de la campaña de la renta 2020 en tu calendario:



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Nicolás Emery con todas las claves, consejos prácticos y respuestas a las dudas habitauales para los obligados a presentar declaración de renta 2020

La Campaña de la RENTA 2020 ha generado muchas dudas en los contribuyentes y obligados a presentar la declaración del IRPF, especialmente por los efectos de la pandemia del Covid19 que ha deparado para muchos trabajadores su inclusión un ERTE, los cuales, al recibir prestaciones por parte del SEPE, habrán tenido en el ejercicio más de un pagador (su empresa, por un lado, y el SEPE, por otro). Estos trabajadores, muy probablemente, deberán hacer una declaración de renta que les saldrá a pagar.

El abogado y economista Nicolás Emery trató de explicar de forma accesible y didáctica a la audiencia de Ràdio Calvià FM todas las novedades de la campaña de la RENTA 2020 e hizo por dar respuesta a las dudas más habituales suscitadas. Comentó los hitos fundamentales del calendario de la RENTA 2020, las principales novedades del IRPF en esta campaña, dio respuesta a qué ocurre si el trabajador ha tenido dos pagadores (ERTE / empleador en su trabajo habitual), si se ha cobrado la ayuda o prestación extraordinaria por cese de actividad, si se ha realizado una reinversión por venta de vivienda habitual, si se ha cobrado el ingreso mínimo vital, además de hablar las deducciones más habituales y también del aplazamiento de pago del impuesto aprobado de manera especial para los trabajadores en ERTE.


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Nueva obligación: ha llegado el Registro Salarial, artículo de Marga de Matos para Canal4 Diario

Por si fueran pocas las obligaciones de autónomos y empresas, y como si la Inspección de Trabajo no tuviera ya una enorme carga de trabajo y múltiples aspectos que vigilar con respecto a las mismas – registro horario, fraude en los ERTES, etc.–, desde la pasada semana ha venido a sumarse a la lista una obligación más: el registro salarial.

El registro salarial de la empresa consiste en un documento en el que se deben recoger los salarios de los trabajadores y trabajadoras, el cual tiene como objetivo demostrar que, ante un mismo puesto de trabajo, un trabajador –con independencia de si se es mujer o hombre– cobra lo mismo.  La norma que recoge la obligatoriedad de llevar a cabo ese registro salarial entró en vigor hace escasos días, el pasado 14 de abril: el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Por lo que se refiere a los afectados con esta nueva obligación, se ha de tener en cuenta que la llevanza del registro salarial afectada a todos los autónomos y empresas, independientemente de su tamaño y siempre que tengan más de 1 trabajador para de esta manera, poder tener un factor comparativo.

En este punto, es importante indicar que en este registro deberán aparecer todos los trabajadores que formen parte de la plantilla empresarial incluido el personal directivo y los altos cargos. Se trata, por tanto, de poder analizar con dicho registro de manera rápida y sencilla las potenciales desigualdades salariales entre la masa laboral de una empresa que ostenten al mismo o similar cargo o categoría

Si bien es cierto que se pondrá quizás mayor atención en las empresas que cuenten con plantillas más voluminosas (empresas con 50 o más trabajadores), ya que es donde es más difícil detectar diferencias salariales injustificadas y discriminatorias, que no se despisten las pequeñas empresas y negocios que también puede ser inspeccionadas por ello.

El objetivo que persigue esta normativa es claro: el establecer la obligación de llevar un registro salarial busca acabar o reducir la brecha salarial y desigualdades que hay entre hombres y mujeres en el mercado laboral y que las empresas cumplan con sus planes de Igualdad, independientemente de su tamaño. En este punto es importante recordar, que las empresas que están obligadas a disponer de un plan de igualdad son las que cuenten con una plantilla de 50 o más trabajadores.

En el caso de que en el registro salarial se encuentren diferencias diferencias salariales de un 25% o más entre trabajadores y trabajadoras que ocupen el mismo puesto de trabajo, deberá justificarse objetivamente, probando que dichas diferencias no se deben al sexo del trabajador, sino que quedan justificadas sobre la base de otros motivos legítimos (por ejemplo, la antigüedad del trabajador).

En cuanto a la periodicidad con la que se tendrá que llevar a cabo este registro salarial, la norma establece que, con carácter general, el registro de salarios se elaborará anualmente, sin perjuicio de que las posibles modificaciones sustanciales que se den en la empresa con respecto a los salarios aconsejen la elaboración del registro en lapsos de tiempo más breves.

Llegados a este punto, es importante advertir que aquellos que no cumplan con la obligación de llevar a cabo este registro salarial o no accedan a informar a los representantes de los trabajadores de su contenido y cambios, se entenderá que incurren en una infracción de carácter grave según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden laboral (LISOS), y que puede sancionarse con multas de entre 626€ a 6.250€.

En el caso de que, además de no cumplir con la llevanza del registro salarial, sean detectadas discriminaciones salariales por razón de sexo, se entenderá que los incumplidores incurren en una infracción de carácter muy grave según la LISOS, que puede sancionarse con multas de entre 6.251€ a 187.515€.

Otro aspecto que tomar en consideración es que los trabajadores podrán acceder a estos registros a través de sus representantes, quienes tendrán un acceso íntegro al registro salarial y deberán ser informados de su contenido o de cualquier cambio con carácter previo, concretamente 10 días. En el caso de que la empresa no cuente con representación de los trabajadores, será el trabajador el que podrá acceder a dicho registro, pero no de forma íntegra, sino únicamente a los valores medios de los conceptos que incluye dicho registro, dado que no puedo ofrecerse información personal de otros trabajadores de acuerdo con la Ley de Protección de Datos.

Finalmente, en el mentado registro salarial se deberán incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y percepciones extrasalariales de la plantilla, desglosándose por sexo e indicando correctamente la media aritmética y mediana de lo que realmente se perciba en bruto anual por cada uno de los conceptos referenciados y por cada grupo profesional, nivel, puesto de trabajo o cualquier otro sistema de clasificación que use la empresa.

Sin dudar de que la medida pueda ayudar de formar efectiva a paliar la brecha salarial entre hombre y mujeres, no me queda más que lanzar desde esta tribuna el aviso a los navegantes, léase empresarios: la Inspección de Trabajo tiene otro agujero más por el que colarse en su empresa para escudriñarle (inspeccionar) y multarle (sancionar) si no cumple con la obligación de llevar a cabo un registro de los salarios y otras obligaciones en materia de igualdad.

Marga de Matos

Abogada especializada en Derecho laboral en Moya & Emery


Artículo original publicado en Canal4diario


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Marga de Matos invitada a Canal4 Ràdio para explicar el nuevo REGISTRO SALARIAL

Por si no fueran pocas las obligaciones de autónomos y empresas, desde el pasado día 14 de abril se ha unido una más que debes conocer y llevar a cabo: el REGISTRO SALARIAL.

  • ¿En qué consiste el registro salarial?
  • ¿Cuál es el objetivo de instaurar este registro salarial?
  • ¿A partir de cuándo es obligatorio tener dicho registro?
  • ¿Quiénes están obligados a cumplimentarlo?
  • ¿Con qué periodicidad se debe elaborar este registro salarial?
  • ¿Qué colectivos de trabajadores se verán afectados por este registro salarial?
  • ¿Cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo ese registro salarial o no justificar las diferencias detectadas en él?
  • ¿Qué elementos debe contener el registro salarial?

Escucha la entrevista a la abogada especialista en Derecho laboral, Marga de Matos y encuentra respuesta a todas las preguntas acerca del nuevo registro salarial. Y si todavía te queda alguna, llámanos y concierta una cita con Moya & Emery.


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Posibilidad de fraccionar el pago del IRPF de los trabajadores que hayan estado en ERTE durante 2020. El fraccionamiento extraordinario de la ORDEN HAC/320/2021.

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que hayan estado trabajando normalmente pero también recibido prestaciones del SEPE derivadas de su inclusión en un expediente de regulación temporal de empleo -ERTE- durante el año pasado, pueden verse obligados a presentar la declaración de la renta, dado que habrán tenido dos pagadores distintos. La obligación legal de presentar declaración de renta en caso de dos o más pagadores queda fijada por ley en 14.000 euros siempre que del segundo pagador se haya recibido una cantidad superior a 1.500 euros.

Si tenemos en cuenta que las retenciones efectuadas a los trabajadores sobre las cantidades percibidas como prestaciones de parte del SEPE han sido por regla general bajas y casi mínimas, muchos de los obligados a declarar que se encuentren en el supuesto señalado tendrán una declaración con resultado a ingresar. La obligación de acometer el pago del impuesto, en un año en que los ingresos de las familias se han visto mermados debido a los efectos económicos adversos de la pandemia del Covid-19, puede resultar muy dificultoso.

Es por ello que la Orden ministerial HAC/320/2021 ha venido a permitir la posibilidad de fraccionar el pago del IRPF para los contribuyentes que hubieran estado en ERTE en 2020, una medida más, en la senda de otras aprobadas, que facilita el fraccionamiento de deudas tributarias para tratar de mitigar la falta de liquidez de los administrados traída por el coronavirus.

¿Qué requisitos deben cumplirse para poder acceder al fraccionamiento extraordinario?

  • Durante el año 2020 el contribuyente de IRPF –él o un miembro de la unidad familiar en caso de tributación conjunta– debe haber sido incluido en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.
  • El contribuyente debe haber recibido cualquier tipo de prestación por ello.
  • La cuota resultante en la declaración de IRPF del interesado en fraccionar debe resultar a ingresar, en la modalidad de tributación individual o la conjunta porque hubiera optado.

¿Existen limitaciones para optar a este fraccionamiento?

Cabe señalar que no podrán optar al fraccionamiento los sujetos al régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español a que hace referencia la  Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) en su artículo 93.

¿Cuáles son los límites económicos del fraccionamiento?

En ningún caso podrá exceder de 30.000 euros el importe, en conjunto, pendiente de pago por parte del solicitante, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, de las deudas de derecho público gestionadas por la AEAT y la Hacienda Pública Estatal, incluida la deuda por IRPF 2020.

A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.

Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del órgano de recaudación competente, sin que sea precisa la consulta a otros órganos u organismos a efectos de determinar el conjunto de las mismas. No obstante, los órganos competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas acumulables que, no constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u organismos.

¿Cuándo debe ser solicitado el fraccionamiento?

Puede solicitarse el fraccionamiento si la declaración del IRPF se presenta dentro del plazo voluntario de autoliquidación e ingreso, sin que pueda fraccionarse el ingreso derivado de autoliquidaciones complementarias presentadas con posterioridad al 30 de junio de 2021.

¿Cuáles serán las fracciones del pago y qué otros caracteres, condiciones e incompatibilidades implica el fraccionamiento extraordinario?

El pago para el que se solicita fraccionamiento será efectuado en 6 fracciones, que tendrán vencimiento los días 20 de cada mes, teniendo lugar el pago de la primera fracción el día 20 de julio de 2021.

Con este fraccionamiento no se devengan intereses de demora ni es preciso la aportación de garantías de ningún tipo.

El fraccionamiento extraordinario de la Orden HAC/320/2021, no es compatible con:

Este mecanismo de fraccionamiento extraordinario es de carácter opcional para los contribuyentes, por tanto, su concesión dependerá de que el interesado lo solicite y, en su caso, acredite las condiciones para que le sea aprobado en su caso.

Si tienes dudas sobre si puedes cumples los requisitos para solicitar el fraccionamiento extraordinario en el pago de la renta 2020 o si puedes solicitar cualquier otro de los aplazamientos de pago de impuestos y deudas tributarias dispuestos por nuestra normativa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros:


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Nicolás Emery en los informativos de Ràdio Calvià FM sobre la campaña de la Renta 2020 y las novedades del IRPF con la pandemia

La pasada semana, Nicolás Emery participó en directo en los informativos de Ràdio Calvià FM a raíz del inicio de la CAMPAÑA DE LA RENTA 2020, y, como en el resto de ocasiones en que ha acudido a los medios de comunicación, ha dado las pautas clave a los oyentes para la confección y presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF.

Recuerda que puedes pedir CITA PREVIA con Moya & Emery a través del correo info@moyaemery.com para que solventemos tus dudas y recibas todo el asesoramiento necesario sobre el impuesto sobre la Renta.


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Guía de informativa para perceptores del ingreso mínimo vital en relación con la Renta 2020

Con motivo del inicio hace escasos días de la campaña de la Renta 2020, la Seguridad Social, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha iniciado una campaña para informar a los contribuyentes beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), dado que se trata del primer ejercicio de IRPF desde la aprobación esta prestación a principios de junio de 2020 (mediante el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital), en que se especificó la obligación, tanto para los beneficiarios del IMV como para los integrantes de su unidad de convivencia, de presentar esta declaración fiscal, con independencia del nivel de ingresos de sus beneficiarios.

En concreto, la Agencia Tributaria ha comenzado a informar a estos contribuyentes, para quienes estima que, en la gran mayoría de supuestos, la declaración que tendrán que realizar será muy sencilla, puesto que no tendrán que incluir ingresos y por tanto su cuota será cero, es decir, ni tendrán que ingresar, ni les tendrán que devolver.

En el documento adjunto, laborado por la Agencia Tributaria, encontrará una guía de recomendaciones e información explicativa (haz clic aquí para abrir el pdf), para facilitar la presentación de la declaración para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

En Moya & Emery le ayudamos confeccionar su declaración de renta año 2020. Pida CITA PREVIA con nosotros a través de estos teléfonos 971132359 – 971728010.


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Nicolás Emery, en IB3 Ràdio, sobre la Campaña de la Renta 2020

Con motivo del inicio de la CAMPAÑA DE LA RENTA 2020, el economista y abogado de Moya y Emery Nicolás Emery ha sido invitado a IB3 Ràdio y, en los micrófonos del programa #Múltiplex, ha abordado todas las claves y novedades para la correcta presentación del impuesto.

Recuerda que puedes pedir CITA PREVIA con Moya & Emery a través del correo info@moyaemery.com para que solventemos tus dudas y recibas todo el asesoramiento necesario sobre el impuesto sobre la Renta.



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Neus Lafuente sobre cláusulas bancarias abusivas y cómo reclamar, en Ràdio Calvià FM

Neus Lafuente, asesora jurídica en materia mercantil y contractual de Moya & Emery, en el consultorio jurídico de Ràdio Calvia Fm, sobre las últimas novedades en relación a las CLÁUSULAS BANCARIAS ABUSIVAS en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria y otros productos financieros, tratando los siguientes temas:

• ¿Qué es una cláusula abusiva en un contrato?
• ¿Cuáles son las consecuencias de insertarlas en un contrato?
• Algunos ejemplos de las que más pueden interesarte.
• La prescripción de los gastos de hipoteca y comisiones de hipoteca (IRPH)
• ¿Cuál es la tendencia actual de los tribunales?
• ¿Qué se puede recuperar de los gastos de hipoteca?
• ¿Qué se puede recuperar si tenías IRPH?
• ¿Cómo reclamar?


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La importancia de la aplicación a raíz de la pandemia de la cláusula “rebus sic stantibus” en los contratos, por Neus Lafuente

Lo que hasta ahora era una cláusula jurídica contractual prácticamente inutilizada y olvidada, la denominada rebus sic stantibus, se ha convertido en la esperanza de muchas familias y, especialmente, de empresarios con contratos de arrendamiento vigentes a quienes, debido a la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 y la consecuente paralización económica, les es imposible hacer frente a las rentas negociadas previamente al coronavirus.

Y, precisamente, esa es la clave de esta construcción doctrinal de una cláusula que se traduce literalmente del latín como “estando así las cosas” y que implica que las estipulaciones recogidas en los contratos tienen en cuenta las circunstancias que concurren en el momento de su firma o celebración, si bien, cualquier alteración sustancial de esas circunstancias iniciales puede dar lugar a la modificación de dichas estipulaciones contractuales iniciales.  

Sobre la base de esta cláusula, la jurisprudencia española permite –en los casos de imposibilidad sobrevenida de cumplir el contrato con motivo de la imprevisibilidad del cambio de las circunstancias– la modificación de los términos en que fue inicialmente pactado un contrato. Esta posibilidad de cambiar los términos pactados se fundamenta en que, en caso contrario, se podrían estar vulnerando los principios jurídicos de la equidad y la buena fe, de ahí que pueda derivar en una modificación de las obligaciones inicialmente asumidas por las partes, como puede ser el pago de la renta. La cláusula viene a ser una corrección y contraposición del principio jurídico histórico pacta sunt servanda, que establece que los pactos deben cumplirse en los términos convenidos.

Al ser fundamentalmente una construcción doctrinal y jurisprudencial, son en último término los Tribunales quienes están estableciendo los requisitos para aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, si bien no existen una lista tasada o estándares de aplicación. En todo caso, los principales criterios para su aplicación son:

  1. Que se produzca una alteración extraordinaria de las circunstancias en que se pactó el contrato la cual suponga un cambio radical de la base fáctica del contrato.
  2. Que exista una desproporción entre las prestaciones de ambas partes del contrato, es decir, que las bases del negocio jurídico-contractual se hayan alterado de tal forma que supongan una ruptura total de los términos de reciprocidad y equivalencia entre las prestaciones en los que el contrato se perfeccionó.
  3. La causa de desproporción debe ser calificada como imprevisible y ninguna de las dos partes podría haberla tenido en cuenta a la hora de perfeccionarse el contrato. Además, los efectos no pueden ser imputables a la parte perjudicada.
  4. No puede existir otro remedio o pacto para conseguir el reequilibrio. Y se debe acreditar que la nueva situación ha generado un desequilibrio en las obligaciones de ambas partes, como podría ser el caso de negocios que han tenido que permanecer cerrados al público por imperativo legal, pero que sin embargo se les ha mantenido la obligación de pago de la renta.

En base a la Sentencia del Tribunal Supremo 5/2019 de 9 de enero de 2019, la imprevisibilidad es la clave para determinar si procede o no la aplicación de esta cláusula, y difícilmente una pandemia mundial pueda ser mejor ejemplo de situación imprevisible e inevitable.

Rigiéndose por estos criterios, se han dictado las primeras resoluciones judiciales en las que se modifican sustancialmente las condiciones del contrato inicialmente pactado, como son:

  • La dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 81 de Madrid, con fecha del 25 de septiembre de 2020, en el que por Auto se acuerda la adopción de medidas cautelares con aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. En este caso, el arrendatario de un local, concretamente una discoteca, cuya apertura no se le permite desde la declaración del Estado de alarma, solicitó la suspensión del pago de la renta hasta la reapertura de la misma y esa petición fue denegada por el arrendador alegando la obligación del cumplimiento de los pactos. Sin embargo, el Magistrado entendió que la prohibición de apertura de los establecimientos debido al Estado de alarma no puede ser considerado como un incumplimiento del arrendatario. Por lo que resolvió que “mientras estén así las cosasse suspende el pago de la renta pactada teniendo que pagar únicamente los gastos comunes del local mientras no pueda retomar la actividad; además, también falló que una vez se le permita abrir únicamente deberá pagar la mitad de lo pactado hasta que se celebre el juicio.
  • Algo parecido ocurre con la resolución 1/2021, 8 de enero, del Juzgado de Primera Instancia 20 de Barcelona  en el que rebajan al arrendatario, dedicado a la hostelería, la renta en un 50%.
  • De igual forma, el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 14 e Palma de Mallorca, en el que se exenta al arrendatario, FERGUS HOTELES, de abonar la renta hasta que transcurra un año desde que presentó su demanda.

Todas las resoluciones judiciales citadas se fundamentan en el mismo argumento: la disminución drástica e involuntaria de los ingresos a consecuencia de las restricciones impuestas frente al COVID19. Es por ello que, teniendo en cuenta la situación actual, estas decisiones judiciales son probablemente las primeras de muchas otras resoluciones que discurrirán en el mismo sentido.

Neus Lafuente

Asesora jurídica en Moya & Emery


Artículo original publicado en Canal4diario


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Así se repartirán entre las empresas de Baleares los 855M€ en ayudas del Estado

La presidenta Armengol anuncia que los autónomos que declaran por módulos serán los primeros en cobrar y recibirán el máximo previsto de 3.000 euros

La Comisión de Seguimiento del Pacto para la Reactivación y la Diversificación Económica y Social de las Illes Balears ha compartido varias cuestiones referentes a la gestión y al pago de las ayudas directas a las empresas de las Illes Balears que se podrán acoger a la convocatoria que hará el Govern para conceder los 855 millones de euros asignados a la comunidad autónoma en el reparto del fondo estatal de 7.000 millones.

La presidenta del Govern, Francina Armengol ha anunciado que los autónomos que declaran por módulos recibirán el máximo permitido  que está establecido en 3.000 euros. Además, serán los primeros en cobrar las ayudas: “esta será la ayuda más rápida, puesto que es la que menos tramitación necesita”, ha dicho Armengol.

Así mismo, la presidenta también ha transmitido un mensaje de tranquilidad al decir que “todas las empresas que se presenten a la convocatoria y que cumplan los requisitos que marca el Real decreto ley tendrán su ayuda”.

Por lo tanto, ha explicado la presidenta, la concesión “no irá por orden de entrada, sino que se hará una valoración final de todas las solicitudes y, a partir de esta, se repartirán los fondos: todo el mundo que entre en el plazo recibirá la ayuda directa”, ha aclarado.

Otro aspecto a destacar es que se ha acordado eliminar los topes que establece el Real decreto ley para definir los importes de las ayudas para las empresas. Por lo tanto, estas podrán ser superiores a los 200.000 euros.

En cuanto al porcentaje subvencionable, también se ampliará. Así pues, si el Estado establece que la ayuda se determinará para aquellas pérdidas que superen el 30% inicial, estableciendo un máximo del 40% adicional en las empresas de menos de 10 trabajadores, y del 20% en empresas de más de 10 trabajadores, en las Illes Balears estos topes se ampliarán y las empresas podrán recibir una ayuda mayor.

La convocatoria de ayudas, que diseñará y gestionará la Conselleria de Modelo Económico, garantizará que todas las empresas que cumplen los requisitos reciban una ayuda, con independencia del orden de entrada de las solicitudes.

Por otro lado, y con el objetivo de agilizar el pago, se establecerá un sistema de anticipo para que las empresas puedan recibir parte del importe concedido. Por lo tanto, primero se pagará una parte de las ayudas y, posteriormente, la Administración autonómica hará las fiscalizaciones y las comprobaciones pertinentes.

Por otro lado, también se ha informado de que el Govern ya trabaja para reforzar los equipos con objeto de garantizar una gestión rápida de estas ayudas, que suponen la partida de ayudas más grande de la historia de las Illes. Hay que recordar que las Balears, donde llegarán 855 millones de euros, son la comunidad autónoma que más aportación per cápita recibirá: 706 euros, muy por encima de los 147 euros de media en todo el Estado.

Durante la reunión también se ha tratado sobre los sectores que no entran en el mecanismo estatal de ayudas pero que, debido a la pandemia, han sufrido una bajada importante de la actividad en las Illes Balears. Tal y como se ha acordado, el Govern trabajará con los consells insulares y los ayuntamientos para canalizar ayudas en este sentido.

FUENTE: Diario digital Economía de Mallorca

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Reminder to United Kingdom nationals travelling to the European Union and Schengen area member states

United Kingdom nationals travelling to the European Union and Schengen Area Member States are already going through a lot of changes, including additional checks at ports of entry, and even entry restrictions which have been imposed on third countries amid COVID-19.

Frequent travellers to the block and the borderless zone will soon face another struggle – a limited period of permitted stay within the block.

Under the Schengen Area rules of stay for third-country citizens, non-EU citizens entering the territory under the visa-free regime can stay for a maximum of 90 days, for every 180 days.

Those who overstay this period – intentionally or unintentionally – may face penalties, including deportation and entry bans.

90/180 DAYS-OF-STAY RULE EXPLAINED

The 90/180 days rule may be confusing to many, in particular for Britons, who so far did not have to worry about how long they were staying in another EU or Schengen associated country.

Every third-country citizen travelling to the Schengen Area under the visa-free entry regime is permitted to stay for a period of a total of 90 days, in any 180 days.

The 180-day period keeps rolling, thus, anytime a traveller wishes to enter the Schengen zone, he/she just have to count backwards the last 180 days, and see if they have been present in the Schengen Zone for more than 90 days throughout that period.

Often, travellers are confused by this rule and fail to calculate how long they are permitted to remain in the EU, or they believe that overstaying is not a big deal. Yet, overstaying has its consequences, which often may be quite harsh.

Check the EU Period of Stay Calculator for British Citizens to find out how long you can stay in the EU.

WHAT CONSEQUENCES WILL BRITONS FACE FOR OVERSTAYING IN EU?

The consequences that a British national may face for staying in the EU longer than permitted depend a lot on the country where he/she is caught overstaying, as well as the number of days overstayed.

Since there is no common policy for penalties for overstayers, the Member States may apply the penalties differently, some by being softer and other harsher, like for example Germany.

Despite their differences, in general, the Member States apply the following penalties on those caught overstaying, including on Britons staring from this year:

  • Deportation – All third-country citizens caught overstaying the number of permitted days of stay in the EU are immediately forced to leave the block. Some of the countries will imprison overstayers and deport them by themselves, while others will give overstayers a certain period of hours or days to leave.
  • Fines – One of the most common penalties for overstaying in the Schengen Area is being fined with an amount of money, though the fees vary from one country to another. Fines are applied alongside with deportation and are not a substitute for it. They may often be followed with an entry ban too.
  • Difficulties in returning to the Schengen – Almost every deported person will face difficulties to travel back to the Schengen Area. They will face prolonged border checks upon entry and may even be turned back or banned from entering for a certain period.
  • Entry ban – Usually the Member States ban from entering only those who have overstayed for a longer period. Bans are applied for a period of three years or even more.

Despite the consequences listed above, some travellers may not be subject to any of them, in particular those who cannot travel for a strong reason that can be proved.


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La prestación extraordinaria por cese de actividad: ¿tiene esta prestación la consideración de rendimiento de trabajo o de la actividad económica? ¿tiene incidencia en el IRPF la exoneración de pago de cuotas al RETA que la percepción de dicha prestación conlleva?

Consulta Vinculante V0071-21, de 22 de enero de 2021, de la Subdirección General de Impuestos sobre la renta de las personas físicas

DESCRIPCIÓN

El consultante ha recibido la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

CUESTIÓN

Si la prestación referida tiene la naturaleza de rendimiento del trabajo o de la actividad económica, e incidencia en el Impuesto de la exoneración de la obligación del pago de las cuotas al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que la percepción de dicha prestación conlleva.

CONTESTACIÓN

El artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE de 18 de marzo), establece una ayuda para los empresarios o profesionales incluidos en Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, consistente en un 70% de la base reguladora, o de la base mínima de cotización cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 14 de marzo), o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Se trata, por tanto, de una prestación extraordinaria de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos, cuya naturaleza es análoga a la prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad regulada en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos (BOE del día 6 de agosto). En consecuencia, la calificación de esta prestación extraordinaria (al igual que la de las referidas prestaciones generales por cese de actividad) sería la de rendimientos del trabajo, de conformidad con el artículo 17.1 b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), que incluye entre los rendimientos íntegros del trabajo las prestaciones por desempleo, entendido éste de una forma amplia y no sólo comprensivo de la situación de cese de actividad correspondiente a los trabajadores por cuenta ajena.

Por otro lado, el apartado 4 del referido artículo dispone que el tiempo de percepción de la prestación extraordinaria “…se entenderá como cotizado, no existirá obligación de cotizar y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

La configuración que realiza la normativa antes referida de la exclusión total o parcial del pago de las cuotas del RETA como derivada de una inexistencia de obligación o exención, determina su falta de incidencia en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al no corresponder a ninguno de los supuestos de obtención de renta establecidos en el artículo 6 de la Ley del Impuesto, no teniendo por tanto la naturaleza de rendimiento íntegro ni correlativamente la de gasto deducible para la determinación de los rendimientos.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.



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Nicolás Emery sobre la campaña de la RENTA 2020 en Radio Calvià FM

Nicolás Emery ha asistido a Radio Calvià FM hoy martes para tratar durante el consultorio jurídico, como tema principal, el Inicio de la campaña de la RENTA 2020, que dará comienzo este próximo 5 de abril. Durante el espacio radiofónico el abogado y economista de Moya & Emery ha repasado las novedades que nos trae el impuesto sobre la renta de este año, haciendo referencia de las particularidad con respecto a los obligados que hayan tenido dos o más pagadores (lo habitual en las personas asalariadas que hayan estado trabajando y además hayan estado en ERTE), los que hayan recibido ayudas por cese de actividad, aquellos que hayan acometido reinversión por venta de vivienda habitual (las cantidades entregadas durante la construcción de la vivienda se asimilan a reinversión) o quieran solicitar un aplazamiento.


¿Necesitas ayuda o aclaración para presentar tu declaración de la renta 2020? Moya & Emery está a tu disposición.


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La temida declaración de la Renta 2020 de los trabajadores afectados por los ERTEs, por Marga de Matos

La pandemia mundial de la COVID-19 lleva casi un año conviviendo con nosotros y ha tenido y sigue teniendo unos devastadores efectos, entre otros, a nivel sanitario y económico.

Miles de personas son las que se han visto y todavía se ven afectadas por los Expedientes de Regulación de Empleo que se han visto obligads a solicitar sus empresas para evitar una destrucción mucho mayor de empleo de la que se ya se ha producido. Y el estar afectado a un ERTE tiene consecuencias y, entre ellas, sobre la declaración de la renta, una declaración de la renta a la que muchos temen por el resultado que les puede salir al haberse tenido 2 pagadores (empresa y SEPE). Por ello, se han de tener en cuenta varios aspectos:

En primer lugar, como muchas personas habrán tenido dos pagadores durante el año 2020, se verán obligadas a presentar la renta. Recordemos que cuando se tienen dos o más pagadores el límite de los rendimientos del trabajo se reduce de los 22.000€ anuales a 14.000€ anuales y que del segundo o restantes pagadores se deben percibir cuantías superiores a los 1.500€ anuales, requisitos éstos que la mayoría de las personas afectadas por los ERTES, como ya se ha avanzado van a cumplir, obligándolas a presentar la declaración de la renta.

En la gran parte de los casos, las retenciones que se habrán aplicado por parte del SEPE serán mínimas o inexistentes, con lo cual las diferencias deberán pagarse en la declaración de la renta.

Se recomienda que todas las personas que se encuentren en la situación descrita hagan o soliciten una simulación de su renta, ya que muy probablemente les salga a pagar y puedan estar prevenidos de ello y conocer aproximadamente el importe a que tendrán que hacer frente. La campaña de renta se inicia el próximo mes de abril, concretamente el día 7.

Se aconseja igualmente, que se domicilie el pago de la declaración dado que, de esta manera, no deberá abonarse hasta el fin de la campaña, fijado el 30 de junio, teniendo de esta manera tiempo para acumular o ahorrar la cantidad que tenga que abonarse.

En caso de no ser posible dicho pago, existe la posibilidad de fraccionar el pago, abonándose el 60% el 30 de junio y el 40% restante el 2 de noviembre, de este modo, las personas afectadas podrán aligerar la carga que pueda suponer. IMPORTANTE: dicho aplazamiento/ fraccionamiento no tendrá coste alguno, está pensado para que se tenga un menor impacto fiscal.

Otro aspecto a tener muy presente es que, dada la saturación de los organismos como el SEPE, la demora en los pagos o los pagos de más, puede ser que las cantidades recibidas en 2020 sean superiores (caso de pagos indebidos que se deberán descontar de la renta), o que las cantidades recibidas en 2020 sean inferiores y que se hayan recibido en 2021 (pagos demorados de meses en ERTE), con lo cual hay que prestar mucha atención a las fechas de devengo de cara a facilitar la información fiscal correcta y evitar errores en la declaración de la renta.

Lo mismo es extrapolable de cara a 2021 si el trabajador continúa en ERTE.

¿Qué debo hacer si he recibido pagos indebidos del ERTE y no me ha llegado la carta del SEPE?

Muchas son las personas que actualmente todavía tienen pendiente el reintegro de prestaciones indebidas derivadas del ERTE al no haber recibido la famosa carta procedente del SEPE en la cual se les debe indicar la cuantía indebidamente percibida y la cuenta bancaria en la que hacer el reintegro.

Ante dicha incertidumbre, una afectada por dicha situación ha planteado la consulta a la Dirección General de Tributos (DGT) para saber los efectos que tiene el haber recibido pagos indebidos en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de 2020 (IRPF). Su caso y consulta referida concretamente es por lo siguiente: haber recibido por error pagos indebidos procedentes del SEPE para los meses de abril, mayo y junio de 2020. Y la respuesta que ha obtenido por parte de la DGT es la siguiente: fiscalmente, no debe tener incidencia en el IRPF del periodo en el que se reintegra la cantidad sino en las liquidaciones del impuesto en los ejercicios en los que se declare su percepción. Por ejemplo, si se reintegra el importe en 2021 de un pago de 2020, no tiene efectos en la declaración de 2021, sino en la de 2020.

Artículo 120.3 Ley General Tributaria:

Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente.

Como la campaña de renta de 2020 no empieza hasta el próximo 7 de abril (pendiente aún de declarar lo percibido en 2020), no procederá realizar ninguna actuación con relación al irpf, no debiéndose reflejar en la declaración de 2020 una vez los importes recibidos sean declarados inválidos por la administración pagadora.

Por Marga de Matos

Abogada de Moya & Emery


Consulta Vinculante V0016-21, de 13 de enero de 2021, de la Subdirección General de Impuestos sobre la renta de las personas físicas

DESCRIPCIÓN

La consultante manifiesta que ha recibido por error en los meses de abril, mayo y junio de 2020 pagos del Servicio Público de Empleo Estatal y que comunicada dicha incidencia a la referida entidad, ésta le ha manifestado la próxima comunicación de una cuenta bancaria para realizar la devolución del ingreso, sin que a la fecha haya recibido dicha comunicación.

CUESTIÓN

Tratamiento en la declaración del ejercicio 2020 de los referidos pagos.

CONTESTACIÓN

Desde la perspectiva fiscal, la anulación de los actos administrativos que establecían el derecho a percibir un determinado importe, en cuanto comporta devolver el estado de las cosas a su situación inicial mediante la obligación de reintegrar el importe percibido, conlleva que la restitución no tenga su incidencia en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al período en que se acuerde el reintegro de la cantidad percibida, sino que tal incidencia tenga lugar en las liquidaciones del Impuesto correspondiente a los ejercicios en que se hubiera declarado, en su caso, la percepción de dicho pago anulado, instando a tal efecto la rectificación de la autoliquidaciones correspondientes a los ejercicios en que hubiesen declarado los importes declarados inválidos, tal como establece el artículo 120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).

En el presente supuesto, al no haberse declarado aún la percepción de los referidos importes, por haberse efectuado su cobro en el ejercicio 2020, pendiente de declaración, no procederá realizar ninguna actuación en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no procediendo su reflejo en la declaración correspondiente al ejercicio 2020 una vez declarados inválidos por la administración pagadora, al no tener la naturaleza de renta de conformidad con el artículo de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre).

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


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Nicolás Emery en Canal4 Ràdio sobre las ayudas y subvenciones para autónomos y empresas del Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias

Un día más el abogado y economista Nicolás Emery ha sido invitado al programa 4Directe de Canal4 Radio, en este caso para dar un repaso explicativo a la última norma estatal que ha habilitado ayudas y subvenciones para autónomos y empresas, el Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia expresarial (publicado en el BOE el pasado 13 de maro de 2021).

Los requisitos y condiciones para poder tener acceso a las ayudas, cuándo estarán operativas, referencias a las actividades excluídas de las ayudas y el manifiesto trato discriminatorio hacia dichos sectores, así como otros muchos temas han tenido cabida en la conversacion con #YolandaHernandez.

Además, a continuación puedes ver la reseña de la entrevista al socio y gerente de Moya & Emery en el digital canal4diario.com aquí.


Nicolás Emery: “El decreto ley de medidas urgentes es injusto y discriminatorio porque deja sectores fuera”

Por Redacción Canal4diario.com – 19 marzo, 2021

El abogado economista del despacho Moyà & Emery Abogados, Nicolás Emery, ha asegurado que “el decreto ley de medidas urgentes es injusto y discriminatorio porque deja sectores fuera”.

Emery ha visitado este viernes el programa ‘4 Directe’ de CANAL4 Ràdio, donde ha explicado que “todo el tejido empresarial sin excepción ha visto mermados sus ingresos, por ello, dejar a una empresa fuera del listado de empresas que tienen derecho a acceder a las ayudas es discriminatorio”.

En este sentido, el abogado economista ha señalado que “hay empresas que entran en la lista para optar a estas ayudas estatales pero como no han sufrido una reducción en sus ingresos de un 30% o más, no podrán acceder a ellas y otras empresas que quedan fuera, sí cumplen en requisito”.

Por este motivo, Nicolás Emery considera que el decreto ley debería incluir “a todo el tejido empresarial ya que si tenemos requisitos como las pérdidas mínimas del 30%, incluyamos a todos los sectores ya que hay muchas empresas que no llegarán al mínimo del 30% y no podrán acceder”.

De hecho, Emery ha advertido que “me sorprende mucho que hayan excluido un sector que es turismo 100% como son los souvenirs o talleres mecánicos, pero en cambio, se incluya a videoclubs o empresas de transporte aeroespacial”.

Por otra parte, sobre las ayudas, el abogado ha afirmado que “este decreto ley lo único que deja claro es que destinan cerca de 1 millón de euros a Balears y que se puede aumentar el límite de la reducción de ingresos y el porcentaje que le puede corresponder a cada empresa”, si bien, Emery ha agradecido que estas ayudas sean a fondo perdido.

Eso sí, Nicolás Emery ha señalado que “este dinero de las ayudas, las empresas deben destinarlo a pagar proveedores o pagar deudas con bancos, pero no queda claro si tienen que estar pagadas o no para que puedas pedir la ayuda” y ha añadido que “queda en el aire si las que están al corriente de pago pueden acceder a estas ayudas o son solo para empresas que tienen deudas Covid”.

Por otro lado, sobre el acceso de las ayudas para los autónomos, el experto ha destacado que “los autónomos que vayan por estimación objetiva por módulos recibirán 4.000 euros, el resto funcionará como las pymes”.

Con todo, el abogado economista ha lamentado que “ya hemos empezado a asesorar a gente por el tema de los concursos de acreedores” y ha puntualizado que “encontramos muchas empresas que ya tiran la toalla, que no llegan para este verano”.

Asimismo, Emery espera que las ayudas lleguen lo más pronto posible. “Las ayudas deberían llegar antes de que empiece la temporada turística. En estos momentos , las ayudas que están dando en Balears tardan unos 45 días en darse”.


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De los ERTEs a los EREs

Frente al temor ante el vencimiento de los ERTEs en mayo de 2021, anticipación y estrategia por parte de las empresas

A tres meses de la fecha de vencimiento de vigencia de los actuales Expedientes de Regulación de Empleo -en adelante ERTEs- vinculados a la pandemia mundial de la covid-19, urge a las empresas empezar a pensar una estrategia para mantener su actividad a flote y asegurar su viabilidad, lo cual deberá pasar necesariamente por realizar ajustes de su personal.

Se ha de recordar que los ERTEs, pese a llevar un año acompañándonos, son instrumentos de naturaleza temporal que permiten suspender los contratos de trabajo (que no extinguir o finalizarlos) o reducir las jornadas de trabajo por causas de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas y/o productivas. Con los ERTEs el objetivo es salvar los puestos de trabajo por encima de otras consideraciones.

No obstante, la pandemia de la COVID-19 tiene un componente adicional, que es la inestabilidad, ya que, lo que hasta ahora era un instrumento que ayudaba a las empresas a afrontar una situación transitoria o temporal, se ha convertido en una especie de salvavidas continuado para los trabajadores mediante la protección que se les otorgan en forma de prestaciones y a las empresas por las exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social. El futuro y no muy lejano vencimiento de los ERTEs crea temor ante la incertidumbre de lo que sucederá tras ellos.

Desde la Inspección de Trabajo se ha criticado el mantenimiento de estos ERTEs en sectores de poca viabilidad por el enorme efecto que ha tenido la pandemia sobre ellos. Entiende la Inspección que es totalmente incompatible usar un instrumento de naturaleza temporal, como es un ERTE, en empresas que ya están sentenciadas y que no tienen salvación posible. Prolongar inútilmente la vida de una empresa inviable es lo que se conoce como crear empresas zombis.

Es cierto que la enorme flexibilidad que otorgan los ERTEs hace difícil distinguir cuando se está ante un problema estructural o ante un problema transitorio y salvable en la empresa y cierto es también que la actual pandemia es una situación nueva, sin precedentes en todas las actividades.

Después de casi un año conviviendo con la pandemia y vislumbrándose en el horizonte el fin de las medidas proteccionistas, las empresas ya deberían haber reflexionado o hacerlo sin dilación sobre los próximos pasos o estrategia a seguir que faciliten su viabilidad ante cualquier posible escenario.

AJUSTES DE PERSONAL. DESPIDOS EN EMPRESAS CON ERTE: MARZO, MES CLAVE.

En noviembre de 2020 se empezaron a ver los primeros despidos en empresas acogidas a ERTE, ya que, en mayo, tras el fin del confinamiento, el inicio de la desescalada y el retome de la actividad, empezaron las reincorporaciones de los primeros trabajadores y, con ello, el cómputo de los 6 meses de obligación de mantenimiento de empleo desde esa primera reincorporación (disposición adicional sexta del Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19).

DESPIDOS: INDIVIDUALES O COLECTIVOS (ERE).

En aras a evitar una destrucción masiva de empleo apareció lo que parece una prohibición de despedir, al no entenderse como causa justificativa del despido aquellas que se basaran en causas ETOP o de fuerza mayor que ampararan las reducciones de jornada y suspensiones de contrato, así como la protección del empleo temporal, mediante la prórroga o extensión de los contratos por el tiempo que dicho contrato temporal hubiera estado suspendido.

Superados estos dos obstáculos cualquier empresario puede plantearse la posibilidad de realizar despidos de forma individual (artículo 49.1 k del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores TRLET) o de forma colectiva (ERE previsto en el artículo 51 del TRLET) si las necesidades y la viabilidad de la empresa así lo justifican. ¡Pero ojo con los despidos individuales! Y es que ir despidiendo trabajadores de forma individual, pero en breves lapsos de tiempo, basándose en la misma causa puede llegar a considerarse despido colectivo, ya que el artículo 51 fija los umbrales para entender que se está ante un despido colectivo. Concretamente, se entiende que se está ante un despido colectivo cuando, en un período de 90 días, la extinción afecte, al menos, a:

  • 10 trabajadores, en las empresas que ocupen a menos de 100 trabajadores.
  • El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.
  • 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores.

También se considerará despido colectivo si se afecta a la totalidad de la plantilla cuando el número de afectados sea superior a 5, extinguiéndose la actividad empresarial por causas ETOP.

Si el empresario ha sido cauto y ha tenido en cuenta todo lo estipulado en la normativa COVID-19, entonces no tendrá problema a la hora de seguir con lo previsto en el artículo 51 y podrá realizar el correspondiente ERE, cumpliendo con los requisitos de su trámite:

  • Período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, con una duración no superior a 30 días naturales, o 15 en caso de empresas de menos de 50 trabajadores.
  • Debatir sobre las posibilidades de evitar o mitigar los efectos de la decisión (despidos, medidas de acompañamiento (formación, reciclaje, recolocación…)
  • Constituir una única comisión negociadora compuesta por un máximo de 13 miembros en representación de ambas partes.
  • La comunicación de la apertura del período de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores (con copia a la Autoridad laboral), consignando:
    • causas del despido colectivo
    • número y clasificación profesional de los trabajadores afectados, así como de los empleados habitualmente en el último año,
    • periodo previsto para los despidos,
    • criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados, etc.
    • Al escrito se unirá una memoria, más la correspondiente documentación contable y fiscal y los informes técnicos.
  • Recibida la comunicación, la Autoridad laboral dará traslado de la misma a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (que deberá ser evacuado en quince días).

El período de consultas puede ser sustituido en cualquier momento, de común acuerdo, por un procedimiento de mediación o arbitraje.

  • Transcurrido el período de consultas, el empresario comunicará a la Autoridad laboral el resultado del mismo. Si no hay acuerdo, remitirá a dicha Autoridad y a los representantes de los trabajadores su decisión sobre el despido colectivo.

Alcanzado el acuerdo o comunicada la decisión, el empresario podrá notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados, debiendo transcurrir al menos 30 días entre la fecha de comunicación de la apertura del periodo de consultas a la Autoridad laboral y la fecha de efectos del despido.

  • Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa. Pueden establecerse prioridades de permanencia a favor de otros colectivos (trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad).
  • La decisión empresarial podrá ser objeto de impugnación a través de las acciones previstas para este despido (la interposición de demanda por los representantes de los trabajadores paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta la resolución de aquella).

CONSIDERACIONES SOBRE LA JURISPRUDENCIA SOBRE DESPIDOS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID.

Pese a todo ello, el empresario que decida realizar ajustes de personal en la empresa debe asumir el riesgo de que los despidos llevados a cabo puedan considerarse improcedentes por contravenir la normativa COVID-19 u otras normas del ordenamiento laboral. Hasta la fecha, las decisiones de Jueces y Tribunales se han decantado por considerar que los despidos que incumplían la normativa COVID eran improcedentes y en pocas ocasiones nulos. Solo en un caso, debido a la grave situación por la que pasaba la empresa, se obvió el ERTE que ésta solicitó, declarando procedente el despido de los trabajadores.

Por Marga de Matos Pascual

Abogada de Moya & Emery


Recuerda que en Moya y Emery podemos ayudar a tu empresa a planificar un ajuste de personal y que para ello sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros aquí:


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Resumen del Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia expresarial (BOE 13 de maro de 2021)

Se ha publicado hoy sábado en el BOE y hoy mismo entra en vigor. Puedes descargarlo en pdf a través de este enlace.

Objetivo

  • Proteger el tejido productivo hasta que se logre un porcentaje de vacunación que permita recuperar la confianza y la actividad económica en los sectores que todavía tienen restricciones;
  • evitar un impacto negativo estructural que lastre la recuperación de la economía española;
  • proteger el empleo en los sectores más afectados por la pandemia;
  • y actuar de forma preventiva para evitar un impacto negativo superior sobre las finanzas públicas y los balances del sistema financiero.
  • En línea con la actuación del Estado desde el inicio de la pandemia, se trata de establecer con urgencia y determinación un marco de actuación ágil, que se anticipe a la aparición de los problemas para minimizar el coste público y privado de una acción reactiva.
  • Fijar un marco de protección reforzado que concentre un importante volumen de recursos en proteger y apoyar a aquellas empresas, sectores y territorios potencialmente más vulnerables debido a la duración y el impacto económico de la pandemia, con el fin de reforzar la liquidez y solvencia y evitar el sobreendeudamiento del conjunto de la economía nacional, preservando así el tejido productivo y el empleo, impulsando la inversión y evitando una improductiva destrucción de valor de la actividad económica en España.
  • No se trata de medidas de rescate de empresas que no eran viables antes del estallido de la crisis de la COVID-19, sino de una forma de inversión en favor de la recuperación y crecimiento de aquellas empresas que, a pesar de atravesar dificultades financieras, resultan viables por disponer de un plan a medio plazo factible y un modelo de negocio idóneo.

Quedan establecidos los 4 siguientes tipos de medidas:

1. AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS. NUEVA LÍNEA COVID

Tienen como fin reducir el endeudamiento suscrito a partir del marzo del año pasado. Esta línea goza de una dotación total de 7.000 millones de euros y a través de ella se van a canalizar las ayudas directas a las empresas y autónomos cuya actividad se ha visto más negativamente afectada por la pandemia.

Estas ayudas directas tienen carácter finalista para sus perceptores, quienes podrán emplearlas para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos por ejemplo, relativos al suministro de energía y al coste de cambio de potencia, incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando estas deudas se hayan devengado a partir de 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

2. MEDIDAS PARA LA REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN

Mediante este Real Decreto-ley el Gobierno queda habilitado para adoptar medidas adicionales de flexibilización de los préstamos dotados con aval público, permitiendo así que esta financiación se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración pactados entre los bancos y sus clientes y, por lo tanto, protegiendo la estabilidad financiera. Para ello, se crea una segunda Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID, de 3.000 millones de euros, para permitir, como último recurso tras la articulación del resto de medidas de apoyo a la solvencia, la conversión de parte del aval público en transferencias a las empresas y autónomos más afectados por la crisis que cumplan con los requisitos establecidos por Acuerdo de Consejo de Ministros, dentro de un acuerdo alcanzado con las entidades financieras acreedoras.

Para detallar la articulación de las operaciones de refinanciación y reestructuración de la financiación con aval del sector público y adaptarlas a las necesidades de las diferentes empresas y sectores, se desarrollará el contenido del Código de Buenas Prácticas, que podrá ser suscrito por las entidades financieras para facilitar una adecuada respuesta del sector financiero ante la excepcional situación económica, para reforzar la solvencia empresarial y garantizar la liquidez de cara al futuro.

3. MEDIDAS PARA LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS VIABLES

Con el fin de dar apoyo a las empresas viables pero con su solvencia mermada por la pandemia del COVID-19 y no pueden acceder al fondo gestionado por SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones industriales) se instaura un nuevo Fondo, cuya gestión correrá a cargo de COFIDES, de recapitalización de empresas afectadas por COVID, dotado con 1.000 millones de euros.

4. MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL Y CONCURSAL. PRÓRROGA DE MORATORIAS

Se extienden hasta finales de año las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades como consecuencia de la pandemia puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso. Además, se mantienen las mejoras de agilidad en el proceso concursal, mientras se completa la modernización del régimen concursal español en el marco de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).En esta misma línea, se amplía a cuatro meses el aplazamiento de deudas tributarias sin intereses y se amplían los plazos para la devolución de los créditos públicos gestionados por la Secretaría General de Industria y de la PYME.


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Aprobado hoy viernes 12 de marzo un nuevo Real Decreto-Ley con once mil millones de euros en ayudas directas para autónomos y empresas

*ACTUALIZACIÓN sábado 13 de Marzo: hoy sábado ha sido publicado en el BOE el Real Decreto-ley referido, entrando hoy mismo entra en vigor. Puedes descargarlo en pdf a través de este enlace. También puedes acceder a nuestra última entrada de blog con un resumen más completo de la norma, aquí *

Desde Moya & Emery queremos informar que el Consejo de Ministros extraordinario llevado a cabo hoy viernes 12 de marzo ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a las empresas golpeadas por la pandemia del Covid-19 que viene dotado con 11.000 millones de € en forma de ayudas directas, subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su solvencia.

El Real Decreto-ley establece:

  • Por un lado, la creación de tres fondos de ayuda a autónomos y empresas -viables pero con su situación patrimonial deteriorada por la pandemia- por un total de 11.000 millones de euros;
  • Por otro, la prórroga de las moratorias concursales hasta el 31 de diciembre de 2021;
  • También, una serie de medidas tendentes a facilitar el aplazamiento de deudas tributarias.

Profundiza en esta noticia con la información contenida en los archivos adjuntos siguientes: la nota de prensa de La Moncloa al respecto del nuevo Real Decreto-Ley y el archivo-presentación con gráficas e indicadores económicos.

Línea de ayudas directas a autónomos y empresas

7.000 millones de euros en ayudas a autónomos y empresas cuyos ingresos hayan caído más de un 30% con respecto a 2019 para el pago de proveedores y otros acreedores desde marzo de 2020.

Dentro de este montante, existe una partida especial de 2000 millones para las empresas de las Baleares y Canarias por su especial vinculación y dependencia del sector turístico. Ayudas que pueden alcanzar El 40% de la caída de ingresos de micropymes y autónomos, y al 20% para el resto de las empresas. Se alcanzará la cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos (en régimen de estimación objetiva) y entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de las empresas.

Línea ICO

3.000 millones de € de dotación para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera. Se anticipa la creación de un código de buenas prácticas.

Fondo de recapitalización de empresas y aseguramiento de su solvencia (COFIDES)

Con un importe de 1000 millones de € destinado a empresas que no hayan quedado cubiertas por el fondo SEPI.

Medidas de ámbito concursal

Se prorroga la vigencia de las moratorias concursales previamente adoptadas hasta el 31 de diciembre de 2021: exención del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso y no admisión a trámite de las solicitudes de concurso que presenten los acreedores; y se amplían hasta esa fecha las medidas de carácter procesal tendentes a agilizar estos procesos (tramitación preferente, fomento de la subasta extrajudicial).


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La abogada Marga de Matos sobre el complemento de maternidad, paternidad o progenitores en Ràdio Calvià FM

Esta semana, la abogada de Moya & Emery Marga de Matos ha querido profundizar un poco más en un tema por ella tratado hace unas semanas en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM, como fue la pensión de jubilación, ante la multitud de solicitudes y preguntas que generó su anterior intervención en el espacio jurídico de la radio calvianera.

Concretamente hoy ha dedicado el tiempo del asesoramiento jurídico radiofónico al nuevo COMPLEMENTO DE MATERNIDAD -en su nueva nomenclatura COMPLEMENTO DE MATERNIDAD O DE PATERNIDAD O COMPLEMENTO DE PROGENITORES– cuya aprobación ha sido objeto de polémica entre los diferentes grupos políticos.

A modo de resumen o glosario, la letrada Marga de Matos, ha hecho referencia a:

  • El concepto o definición de complemento por maternidad.
  • Los orígenes de dicho complemento.
  • Quiénes pueden ser los beneficiarios del complemento por maternidad / paternidad.
  • Qué cuantía o importe se percibe por este complemento.
  • Cuáles son las reglas para la concesión del complemento de maternidad / paternidad
  • Qué requisitos deben cumplirse para poder solicitarlo y que sea concedido.
  • Cuál es la duración temporal del complemento.

No olvides que en Moya & Emery podemos ayudarte en todo lo referente a pensiones contributivas y no contributivas y sus complementos, así que ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.


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Convocadas nuevas ayudas y subvenciones para empresas en Baleares y Mallorca (BOIB 6 de Marzo de 2021)

Hoy en Moya & Emery queremos informar de que han sido convocadas nuevas subvenciones y ayudas para paliar los efectos del Covid 19, publicadas en el BOIB este fin de semana, destinadas a:

1) COMERCIO MAYORISTA DE MERCANCÍAS, SALAS DE BAILE Y DISCOTECAS (Mallorca)

II Convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la covid-19 al sector del comercio mayorista de mercancías y a las salas de baile y discotecas de Mallorca. Mira la resolución (formato PDF) en el BOIB aquí.


2) EMPRESAS COMERCIALES DETALLISTAS Y DETERMINADAS EMPRESAS DE SERVICIOS, CONTINUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, SERVICIOS EMBLEMÁTICOS (Baleares)

Subvenciones destinadas a fomentar la modernización de las empresas comerciales detallistas y determinadas empresas de servicios, así como la continuidad de los establecimientos comerciales y de determinados servicios considerados emblemáticos, con especial atención a los establecimientos comerciales y determinados servicios afectados por la crisis de la COVID 19. Mira la resolución (formato pdf) en el BOIB aquí.


3) EMPRENDEDORES, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Baleares)

Ayudas a los emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa con actividad en las Illes Balears para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de inversiones productivas y de liquidez para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. Mira la resolución (formato pdf) en el BOIB aquí.


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Moya & Emery imparte formaciones periódicas al personal de la inmobiliaria First Mallorca

Hace escasos días Neus Lafuente, de Moya & Emery, finalizó una de las series de formaciones periódicas llevadas a cabo al personal de la inmobiliaria FIRST MALLORCA. En este caso, la formación estaba dirigida al departamento de AlquileresRentals. En dicha formación se llevó a cabo un análisis de la modificación de la Ley 29/1994 de 24 de noviembre, de Arrenadamientos Urbanos (LAU) realizada el 5 de marzo de 2019, y que entró en vigor el 6 de marzo de 2019. Una modificación que afecta a los plazos y prorrogas de los contratos de alquiler, al derecho a resolución del contrato (resolver contrato), el incremento de la renta por mejoras, los gastos de las partes y la fianza.

Concretamente se hizo referencia también a los siguientes aspectos:

• Modificación de los plazos y prorrogas de los contratos: Actualmente es de 5 años en personas físicas, 7 en personas jurídicas; prorrogable anualmente por 3 años más. Si no se estipula el tiempo en el contrato se entiende que es de 1 año, y el tiempo mínimo sin indemnización que está el inquilino tiene de 6 meses, a partir de ahí con una anticipación de 30 días puede desistir del mismo;
• Derechos y obligaciones de las dos partes del contrato de alquiler.
• De la renta, la fianza y el depósito: sus máximos legales y las diferencias entre estos conceptos;
• La repartición legalmente establecida de los gastos;
• Las cláusulas abusivas más comunes que puedes encontrar en un contrato de arrendamiento;
• Los requisitos mínimos y obligatorios que deben aparecer en un contrato de arrendamiento;
• De los desahucios exprés y de la suspensión de los desahucios hasta el 9 de mayo de 2021.
• La tributación de los contratos de alquiler.


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Anunciadas ayudas directas en Baleares para el sector del transporte vinculado al turismo por 3 millones de €

La Conselleria de movilidad y vivienda ha anunciado esta mañana que el Govern Balear va a convocar próximamente una serie de ayudas directas dirigidas al sector del TRANSPORTE TERRESTRE con especial vinculación con el turismo, por un montante de tres millones de euros, otorgadas a fondo perdido y con el fin de paliar las pérdidas derivadas de la caída de actividad por la pandemia del coronavirus en el:

  • TRANSPORTE DISCRECIONAL Y VTC
  • TAXI
  • TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
  • ALQUILER DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR (RENT-A-CAR)

Permanece atento al blog y las redes sociales de Moya & Emery para mantenerte informado sobre cuándo estarán disponibles las ayudas anunciadas por el Govern balear.


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Neus Lafuente, de Moya & Emery, escribe en el Diario de Ibiza sobre la posible reponsabilidad de la Administración derivada de las restricciones y cierres decretados

El último artículo de Neus Lafuente, que trata sobre la posible responsabilidad patrimonial de las distintas Administraciones que han impuesto cierres o restricciones en diversas actividades -especialmente en las Baleares en los sectores de la hostelería y restauración- por los daños y pérdidas causados a los establecimientos, tuvo cabida hace escasos días en la sección “Tribuna & Opinión” del Diario de Ibiza .

Puedes leer su artículo en formato pdf haciendo clic en este enlace o en la edición digital del periódico aquí.


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Neus Lafuente de Moya & Emery de nuevo sobre la Ley de Segunda Oportunidad

¿Eres un particular acuciado por las deudas? ¿No tienes patrimonio para hacer frente a tus deudas?

Debes saber que la Ley de Segunda Oportunidad puede ser el mecanismo adecuado para poder salir de dicha situación en caso de que seas un particular (persona física). Con esta ley podrás poner en marcha un procedimiento en el que solicitar que se cancelen tus deudas, llegando a un acuerdo con tus acreedores, siempre que cumplas con todos los requisitos exigidos por la ley.

En el vídeo siguiente del consultorio jurídico de Radio Calvià FM, Neus Lafuente, abogada de Moya & Emery, responde a las siguientes preguntas sobre la Ley de Segunda Oportunidad:

• ¿qué es?

• ¿a quién va destinado?

• ¿cuáles son los requisitos?

• ¿cuánto tiempo tarda en resolverse la ley de segunda oportunidad?

• ¿desde qué momento se congelan mis deudas e intereses?

• en el caso de acuerdo extrajudicial, ¿tienen que estar todos los acreedores de acuerdo?

• ¿cuál es la función del notario en el proceso?

• ¿cuál es la función del juez en el procedimiento?

• ¿cuál es la función del mediador concursal?

• ¿cuál es la función de los abogados en el procedimiento?

• ¿se puede acoger cualquier persona?

• ¿quedará afectado mi patrimonio si me someto a ésta ley?

• ¿tengo que dejar de pagar todas mis deudas?

• ¿qué ocurriría si me demandan los acreedores mientras estoy en el procedimiento?

• ¿puedo seleccionar las deudas que presentar a concurso?

• ¿qué ocurriría si una vez canceladas las deudas se descubre que tengo patrimonio oculto?

• ¿si debo a hacienda y a la seguridad social puedo acogerme a la ley?

• ¿qué pasaría si eres coporopietaria de un inmueble?

• ¿qué pasaría si me viene mejor fortuna una vez me han cancelado las deudas?

• ¿después de tener el auto de cancelación de deuda podría comprarme una casa?

• ¿y podría pedir un préstamo?

• ¿qué documentación necesitamos para iniciar el prodecimiento?

Recuerda que en Moya & Emery podemos informarte de todos los aspectos de la Ley de Segunda Oportunidad y la posibilidad de acogerte a este mecanismo de la Ley de Segunda Oporotunidad.


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Nicolás Emery informando de la nueva convocatoria del Consell de Mallorca de ayudas a la Restauración (terceras) y al sector de los Eventos (bodas, deportes, MICE)

El abogado y economista Nicolás Emery acudió a los micrófonos de Ràdio Calvià FM para informar de la nueva convocatoria extraordinaria de ayudas del Consell de Mallorca para paliar los efectos del Covid-19, que en este último caso están dispuestas para el sector de los EVENTOS (que incluye a feriantes, organizadores de eventos -Bodas, MICE, Deportes- y también balnearios y baños de la isla de Mallorca y, por otro lado y tras las dos previas convocatorias, una nueva dirigida al al sector de la RESTAURACIÓN (restaurantes, bares, cafeterías, heladerías). En ambos casos, la solicitud de dichas ayudas puede realizarse desde el pasado domingo 20 de febrero.

Además, como siempre el socio y gerente de Moya & Emery ha hecho un repaso a los requisitos y condiciones generales y específicas para poder optar a estas ayudas del Consell de Mallorca, el presupuesto asignado a las mismas y los plazos para solicitarlas, pero también a otros mecanismos de toda índole y origen en las diversas administraciones que han sido dispuestos para ayudar a trabajadores y autónomos y empresas: exoneraciones de pago a la Seguridad Social, bonificaciones, créditos ICO, etc.

En Moya & Emery podemos informarte personalmente de las ayudas disponibles y ayudarte en el proceso de solicitud de las mismas. Recuerda que actualmente las ayudas dispuestas por el Consell de Mallorca son para la restauración (iii), eventos, comercio mayorista y salas de baile, gimnasios y escuelas de danza.


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Nueva convocatoria de AYUDAS del Consell de Mallorca al sector de los EVENTOS (feriantes, organizadores de bodas, eventos deportivos, MICE, balnearios y baños) y a la RESTAURACIÓN (iii), disponibles desde mañana 21 feb

El Consell de Mallorca ha presentado una nueva convocatoria extraordinaria de AYUDAS para paliar los efectos del Covid-19 con el objetivo de minimizar las consecuencias negativas de la pandemia y reactivar la economía de la isla, en este caso dirigidas:

  • Al sector de los EVENTOS: que incluye a feriantes, organizadores de eventos (bodas, MICE, deportes), balnearios y baños de Mallorca.
  • De nuevo, al sector de la RESTAURACIÓN (la tercera convocatoria de ayudas hasta la fecha para el sector):  restaurantes, bares, cafeterías, heladerías

En ambos casos, la solicitud de dichas ayudas podrá ser realizada a partir de mañana domingo 20 de febrero. Puedes acceder al BOIB con la convocatoria de las bases y requisitos para acceder a las ayudas de la actividad EVENTOS (aquí) y RESTAURACIÓN iii (aquí).

Y recuerda, puedes pedir cita con Moya & Emery y en nuestras oficinas te informaremos de las convocatorias disponibles y te guiaremos en el proceso de solicitud de las ayudas a la restauración (iii), eventos, comercio mayorista y salas de baile, gimnasios y escuelas de danza.


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¿Necesitan los británicos un permiso militar para adquirir propiedades en Baleares?

Inversiones inmobiliarias por británico en Baleares tras el Brexit

Si bien la salida del Reino Unido de la Unión Europea se produjo el 1 de febrero de 2020, inicialmente se pactó un periodo de transición que reguló una salida ordenada de este país de la Unión y que terminó el 31 de diciembre de 2020. En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2021, la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea se basa en un Acuerdo de Comercio y Cooperación que supone un importante cambio para ciudadanos, empresas y administraciones de la UE y del Reino Unido.

Desde ese momento, esto es, cuando el Reino Unido dejó de ser Estado Miembro de la Unión a todos los efectos, los medios de comunicación españoles llenaron sus portadas con el siguiente titular: Los británicos solo podrán adquirir inmuebles en Baleares con un permiso militar.

Si bien la anterior afirmación no es incorrecta, tampoco es del todo precisa. De conformidad con la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional (en adelante, la “Ley”), con la finalidad de salvaguardar los intereses de la Defensa Nacional y la seguridad y eficacia de sus organizaciones e instalaciones, existen determinadas zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros, entendiéndose estos como terceros no comunitarias.

En esta línea, el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, establece cuales son estas zonas: territorios insulares, Cartagena, el Estrecho de Gibraltar, la bahía de Cádiz, zona fronteriza con Portugal, Galicia, zona fronteriza con Francia y los territorios españoles del Norte de África.

De conformidad con la Ley y su reglamento de desarrollo, los extranjeros no comunitarios que quieran adquirir un inmueble en las zonas infrascritas quedan sujetos al requisito de la autorización militar. Además, será exigible la autorización militar a las sociedades españolas cuando su capital pertenezca a personas físicas o jurídicas extranjeras en proporción superior al 50 por 100, o cuando aun no siendo así, los socios extranjeros no comunitarios tengan una situación de dominio o prevalencia en la empresa, derivada de cualquier circunstancia que permita comprobar la existencia de una influencia decisiva de los mismos en la gestión de la Sociedad.

Por tanto, al contrario de lo que podría pensarse, esta restricción no podrá sortearse con la mera constitución de una o varias sociedades españolas y/o extranjeras cuando, en realidad, sus titulares reales sean, de facto, británicos.

Por lo que respecta a la tramitación de la autorización militar, cuando se trate de solicitudes de adquisición de terrenos o fincas que no rebasen los 2.000 metros cuadrados de superficie, la concesión de autorizaciones corresponderá a la Capitanía General pertinente; sin embargo, cuando se trate de terrenos o fincas con superficie superior a los 2.000 metros cuadrados, la solicitud deberá dirigirse y será tramitada por el Ministerio de Defensa.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que ambas disposiciones establecen una excepción a la restricción anterior. La autorización militar no será necesaria en la superficie ocupada por los actuales núcleos urbanos de poblaciones no fronterizas o sus zonas urbanizadas o de ensanche actuales.

Así pues, si bien dicha restricción afecta a la totalidad de las islas Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera), se exceptúa y, por tanto, no será precisa la autorización militar, cuando los extranjeros no comunitarios adquieran inmuebles sitos en núcleos urbanos y zonas urbanizadas. En otras palabras, el permiso solo será preceptivo cuando los británicos quieran adquirir propiedades en suelo rústico.

Abordada la cuestión de cómo pueden invertir los británicos en Baleares, conviene destacar cual es el régimen de estancia en España que les aplica tras su salida de la Unión. Salvo que soliciten la residencia temporal o, en su caso, permanente en nuestro país, los nacionales británicos, deberán cumplir con los requisitos de entrada establecidos en el Código de Fronteras Schengen, que permite permanecer en España 90 días por periodo de 180, sea en una o en varias visitas, y en cuyo caso deberán identificarse con su pasaporte y estarán exentos de visado.

Como alternativa, hace unos años el Gobierno Español creó un visado especial para atraer inversiones extranjeras, comúnmente conocido como la Golden Visa. Así, la Golden Visa es un tipo de visado de estancia o, en su caso, residencia, apto para ciudadanos extracomunitarios que realizan una inversión inmobiliaria en España igual o superior a 500.000 euros libre de cargas o gravámenes, es decir, sin hipotecar el bien a adquirir.  Este visado permite tanto residir como trabajar en España y tiene una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos. Asimismo, cabe la posibilidad de extender el visado al cónyuge y los hijos menores de 18 años, o mayores de edad que no sean objetivamente capaces de proveer sus propias necesidades, si así lo desean.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, los británicos también pueden optar por solicitar la residencia temporal o permanente en España a través del procedimiento estándar. Pero hay que tener en cuenta que, de hacerlo, su estatus fiscal se vería afectado, en cuanto pasarían a considerarse residentes fiscales en España y, consecuentemente, a tributar por determinados conceptos en nuestro país. No obstante, cabe destacar que durante sus primeros años de residencia en nuestro país podrían acogerse a la normativa fiscal conocida como “Ley Beckham”, que permite que los extranjeros que se muden a España tributen como no residentes durante un cierto número limitado de años.

En cualquier caso, y retomando el tema de la autorización militar para adquirir propiedades en Baleares, es muy probable que todo lo dispuesto anteriormente sea de aplicación durante un periodo limitado de tiempo. En la actualidad, los ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea pero sí a los países del Espacio Único Europeo o asimilados a éste (Espacio Schengen), esto es, Islandia, Noruega y Suiza, quedan plenamente equiparados a los nacionales de países de la Unión y, por tanto, exceptuados de la necesidad de autorización militar. Por tanto, es de esperar que, en un futuro no muy lejano, el Gobierno Español extienda dicho estatus a los británicos y podamos olvidar este obsoleto régimen de acceso restringido, al menos en lo que respecta a los británicos.

Marta Marina
Abogada especialista en Derecho mercantil e inmobiliario

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Nicolás Emery invitado a 4Directe sobre las ayudas para paliar los efectos del Covid19 en Mallorca

El Consell de Mallorca y el Govern de les Illes Balears, han dispuesto una serie de ayudas, a fin de paliar los efectos económicos adversos del COVID-19 en diversos sectores de la actividad: restauración, gimnasios o escuela de danza, comercio mayorista y salas de baile/discotecas. Con estas ayudas, los titulares de esos establecimientos acceder a un mínimo de 1.500 Euros.

Con respecto a quiénes pueden solicitar las ayudas, qué sectores de la actividad pueden beneficiarse, en qué condiciones, por qué cantidades, cómo se tramitan las solicitudes, qué orden se seguirá para el reparto de las ayudas, cuánto puede demorarse la recepción de los pagos y si las partidas oficiales dispuestas para estas ayudas serán suficientes para todos los demandantes y servirán para paliar realmente la situación, la directora de #4Directe de Canal4 Ràdio, #Yolanda Hernández, interrogó al socio y gerente del despacho @Moya y Emery, el abogado y economista Nicolás Emery.


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Neus Lafuente, de Moya & Emery, en Ràdio Calvià FM sobre la actualidad judicial en relación con el COVID19

Neus Lafuente Capó, de MOYA & EMERY Asesoría y Consulting, dedicó el último consultorio jurídico de Ràdio Calvià FM a comentar tres importantes y recientes resoluciones judiciales con incidencia en hostelería, restauración o otros sectores cuya actividad haya sido paralizada o reducida por el COVID19:

1) La resolución de la Audiencia Provincial de Valencia que procede a confirmar la medida cautelar adoptada por el tribunal de primera instancia consistente en una rebaja del 50% en la renta en el arrendamiento de un hotel en Calvià, en aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”.

2) La resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco autoriza reapertura de los establecimientos cerrados por la normativa autónomica las medidas del covid.

3) Una Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, que ha condenado a una aseguradora a pagar al propietario de un establecimiento por tener paralizado su negocio a causa del Covid19.


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La responsabilidad del Estado en el perjuicio causado a la hostelería por las restricciones impuestas, por Neus Lafuente para Canal4 Diario

Este martes la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha resuelto favorablemente la petición de distintas asociaciones empresariales y hosteleras de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, las cuales habían solicitado la medida cautelarísima de que se suspendiera la vigencia de la normativa del Gobierno vasco que ordenaba el cierre de los establecimientos de la hostelería.

El TSJPV ha dado la razón a los hosteleros, autorizando la reapertura –con limitaciones– de los establecimientos de los municipios vascos que estén en la denominada “zona roja”, puesto que ha considerado que no ha quedado acreditada por el Gobierno que en dicha actividad hostelera esté el origen del aumento de contagios que se intentan paliar con las medidas restrictivas recurridas. Y es por ello que el Auto concluye diciendo “No aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad”.

Además, argumenta el Tribunal, el cierre vulnera dos principios de Derecho: el de la seguridad jurídica, al no establecerse una duración determinada para el cierre decretado, y el de proporcionalidad, al considerar que dicho cierre no está justificado debidamente.

El Auto dictado que suspende las limitaciones al ejercicio de la actividad de bares y restaurantes es una resolución que no es firme y, por tanto, cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días pero, en cualquier caso, supone, por un lado, un importante varapalo al Ejecutivo vasco y probablemente una oleada en cascada de reveses a los Ejecutivos autonómicos que hayan adoptado similares restricciones y, por otro lado, un reconocimiento evidente por parte del Tribunal del perjuicio económico que han supuesto las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico para el sector hostelero en su conjunto -empresas y trabajadores- y el creciente cierre definitivos de negocios.

La hostelería de todo el país ha acogido con esperanza la decisión del TSJPV, ya que el resto de Comunidades Autónomas ven abierta una posibilidad de acabar con las medidas, al menos las más restrictivas, que pesan sobre sus bares y restaurantes y así poder sortear la crisis y lograr sobrevivir. Si bien todos debemos entender que tratamos de una resolución que resuelve la petición de medidas cautelares dentro de un recurso interpuesto en un procedimiento contencioso-administrativo contra una específica normativa del Gobierno vasco y, por tanto, no tiene una incidencia directa en el resto de Comunidades, es lógico pensar que a raíz de esta resolución sean muchos los recursos que se interpongan amparados en la misma como precedente contra las distintas normativas autonómicas dictadas para hacer frente a la pandemia que, en definitiva, han sido prácticamente igual de restrictivas, por ser copia unas de otras.

Levantadas de forma parcial, como ya hemos explicado, las restricciones a la actividad hostelera en el País Vasco vendrá la capital pregunta que deberá ser respondida tanto a nivel autonómico como estatal: ¿Debe el Ejecutivo hacerse responsable de los daños y perjuicios económicos causados por sus medidas limitadoras de la actividad? O, lo que es lo mismo, ¿Existe responsabilidad patrimonial de la Administración por las medidas adoptadas?

En mi opinión la respuesta es clara: sí.

Todo Gobierno que haya adoptado similares decisiones, imponiendo de forma arbitraria el cierre de los locales destinados a la hostelería, sin que haya podido ser demostrada de forma estadística y científica que dicha medida se ha llevado a cabo como consecuencia del aumento de los contagios imputables de forma directa a este sector, considero que tendrá la obligación de, además de permitir la reapertura de los locales, asumir la responsabilidad patrimonial de sus imposiciones, compensando económicamente de los daños y perjuicios causados a los afectados.

No hay mejor caso para ejemplificar la arbitrariedad de las medidas restrictivas que el de las Islas Baleares, ya que actualmente, a pesar de la mejora continua de la situación epidemiológica –recordemos que se ha notificado de forma simultánea la caída del 34% de los casos positivos de COVID respecto a la semana pasada y un descenso del 21% de ocupación en las UCI– se han prorrogado quince días más de las medidas de cierre de los locales de hostelería. Una incongruencia evidente a la que hay que sumarle la falta de datos objetivos de que las oleadas sean responsabilidad de unos hosteleros ya castigados con la obligación de acatar continuos cambios normativos y sometidos a una constante incertidumbre.

No parece quedar otra que estar de acuerdo con el Auto dictado, al menos en lo referido a que dichas medidas tan restrictivas suponen una vulneración del principio de proporcionalidad, ya que están suponiendo un perjuicio extremadamente alto para la hostelería, sin estar debidamente justificada la relación de causa y efecto entre la actividad hostelera –que, recordemos, estaba limitada ya y no podía ejercerse sin ciertos condicionamientos de aforo y horarios– y el aumento de contagios. Y es por ello que, en base a este principio general de derecho público, el Estado deberá reparar todos los daños ilegítimos que cause a los ciudadanos, tal y como se recoge en el artículo 139 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Mi pronóstico en este sentido es que a partir de ahora serán los Tribunales los que establecerán los límites a las normativas impuestas por los Gobiernos, ajustándolas cada vez más para que sea posible el equilibrio entre sobrevivir al virus y sobrevivir en el mundo.


Artículo original de Neus Lafuente publicado en canal4 diario


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Suspensión del contrato o reducción de jornada por fuerza mayor temporal (ERTE Fuerza Mayor)

NOTA: El siguiente artículo es una reproducción de la publicación del portal jurídico www.iberley.es, en su revisión de 04/02/2021.

Suspensión del contrato o reducción de jornada por fuerza mayor temporal (ERTE Fuerza Mayor)

La suspensión del contrato o reducción de jornada por fuerza mayor temporal se establece en los arts. 45 1.i) ET y 31-33 Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.

NOVEDADES

– Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero. Se prorrogan los ERTES de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor (art. 22 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzohasta el 31 de mayo de 2021. Del mismo modo:

a) Se reconoce la posibilidad de presentar nuevos ERTE por limitaciones o impedimentos, en idénticos términos a los fijados por el art. 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, y conforme a las causas descritas en el mismo.

b) SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES: una empresa haya obtenido una resolución estimatoria en un ERTE de fuerza mayor por impedimento a la actividad se pueda, sin necesidad de tramitar otro nuevo expediente, pasar a aplicar sin solución de continuidad las medidas correspondientes a la situación de limitaciones al desarrollo normalizado de la actividad, y viceversa, sin perjuicio de las obligaciones de comunicación y los porcentajes de exoneración que correspondan en cada caso.

c) Se mantienen las exoneraciones aplicables para ERTE limitacionesERTE impedimento y ERTE para sectores protegidos.

– Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembreSe prorrogan los ERTES de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor (art. 22 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzohasta el 31 de enero de 2021. Del mismo modo:

a) Se prevé la posibilidad de que las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas a partir del 01/10/2020, por autoridades españolas o extranjeras (ERTE por impedimento), y las empresas que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas a partir del 01/09/2020 tramiten un expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor (ERTE por limitación), cuya duración se limitará a las citadas nuevas medidas.

b) A partir del 01/10/2020 podrán disfrutar de exoneraciones de cuotas los ERTE limitacionesERTE impedimento y ERTES para sectores protegidos con una elevada tasa de cobertura de ERTES y una reducida tasa de recuperación de la actividad, cuya actividad se clasifique en el CNAE 09 detallado en el Anexo a la norma, o aquellas cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas relacionadas en el citado Anexo, o formen parte de la cadena de valor de estas (D.A. 1ª Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre).

Causa

A. Con carácter general

Lo que singulariza a la fuerza mayor, como causa de suspensión de los contratos de trabajo es constituir un acaecimiento externo al círculo de la empresa, y como tal extraordinario, de todo independiente de la voluntad del empresario respecto a las consecuencias que acarrea en orden a la prestación del trabajo. 

El carácter inevitable se predica sobre todo de la incidencia del suceso en la continuidad de la actividad laboral. Es más, el TS, Sala 3ª, se ha pronunciado respecto a agentes atmosféricos, incluyendo como causa de fuerza mayor prevista a los mismos por su obvia condición externa a la empresa, y su inevitabilidad de sus consecuencias en el ámbito social. En otras circunstancias (STS de 10 de enero de 1990, ECLI:ES:TS:1990:97), se ha entendido que no concurre causa de fuerza mayor en cuanto que la avería producida en parte de la instalación industrial, son eventos extraordinarios imprevisibles, si no normales derivados del estado de conservación de las instalaciones, y como tal es previsible porque no “viene de fuera evitable con mínimo cuidado”. (STSJ País Vasco, Rec. 2746/2005 de 14 de febrero de 2006, ECLI:ES:TSJPV:2006:597 ).

El apdo. 1.i) 45 ET establece entre las causas de suspensión del contrato de trabajo la “Fuerza mayor temporal”. Complementando lo anterior, los arts. 31-33 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, especifican para la existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la suspensión de los contratos de trabajo (o de la reducción de jornada):

  • La necesaria autorización de la Autoridad Laboral competente, previa tramitación del expediente oportuno, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados. En caso contrario, la interrupción indebida de la prestación servicial por decisión del empresario no afecta a la percepción del salario. 
  • El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad laboral competente (La autoridad laboral competente se determinará conforme a lo establecido en el art. 25 ET), acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores.

RESOLUCIONES RELEVANTES

STS, Nº 969/2018, de 20 de noviembre de 2018, ECLI:ES:TS:2018:4241

“La fuerza mayor equivale, desde luego, a un acontecimiento externo al círculo de la empresa, absolutamente independiente de la voluntad de ésta que sea imprevisible o, siendo previsible, sea inevitable”.

“(…) Ha de entenderse por fuerza mayor, y por ende, por “situación extraordinaria”, un acontecimiento externo al círculo de la empresa, absolutamente independiente de la voluntad de ésta que sea imprevisible o, siendo previsible, sea inevitable, requisitos éstos, que no concurren en el presente caso”.

STS, Rec. 1969/1997, de 22 de diciembre de 1997, ECLI:ES:TS:1997:7939

No existe en nuestro derecho una definición de la fuerza mayor que la distinga del caso fortuito, puesto que el art. 1105 del Código Civil establece una regulación omnicomprensiva de ambos supuestos, en la que se exige, que estemos en presencia de sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. La distinción, continúa esta sentencia, es de origen doctrinal y judicial, poniendo su acento bien en la imprevisión e inevitabilidad, fuerza mayor, o en la previsión y evitabilidad, caso fortuito, o por el contrario en que el acaecimiento se origine fuera de la empresa o círculo del deudor, fuerza mayor, o en el ámbito interno, caso fortuito. Pero esta distinción no puede obviar los requisitos que se derivan de la definición del art. 1105 del Código Civil, y por ello se pueden contraponer al caso fortuito los hechos que no se puedan incardinar, por no poder preverse en el curso normal de la vida, en la forma ordinaria de producirse la cosas o los acontecimientos. 

STS, Rec. 1857/2007 de 08 de julio de 2008, ECLI:ES:TS:2018:4241

“En realidad, la fuerza mayor se configura en nuestro Derecho, en el marco de la regulación de los efectos del incumplimiento del contrato (artículo 1105 del Código Civil en relación con los artículos 1101, 1102, 1103 y 1104 del mismo texto legal) como un criterio de imputación (fuerza mayor y caso fortuito frente a culpa y dolo). Aquí, sin embargo, no opera la fuerza mayor dentro del enjuiciamiento de un incumplimiento contractual, sino en la apreciación sobre la existencia de una causa de extinción del contrato de trabajo, en la que ese elemento debe valorarse a efectos de determinar la norma aplicable. En este sentido, y como muestran los antecedentes de la regulación actual -en concreto el artículo 76.6ª LCT y el artículo 20 de la LRL-, lo que hay que determinar es si concurren los dos elementos que configuran el supuesto extintivo específico de los artículos 49.h) y 51.12 del Estatuto de los Trabajadores : la imposibilidad definitiva de la prestación de trabajo y el carácter de fuerza mayor de la acción que la determina. La pérdida del uso del local en el que se desarrolla el negocio hace imposible la prestación en él del trabajo al menos hasta que no se disponga de otro. Pero el acontecimiento que lo determina -la extinción del contrato de arrendamiento- no puede calificarse en las condiciones del caso como un supuesto de fuerza mayor, que, según la doctrina de la Sala Primera de este Tribunal, debe entender como “en una fuerza superior a todo control y previsión”, ponderándose a efectos de su concurrencia “la normal y razonable previsión que las circunstancias exijan adoptar en cada supuesto concreto” (sentencias de 20 de julio de 2000 y 18 de diciembre de 2006 ). De esta forma, la fuerza mayor, a los efectos de los artículos 49.h) y 51.12 del Estatuto de los Trabajadores , ha de entenderse como la actuación de causa extraña al empresario, es decir, como la acción de elementos exteriores que quedan fuera de su esfera de control y en este sentido tiene interés el artículo 76 de la LCE , que vinculaba la fuerza mayor con fenómenos como el incendio, la inundación, el terremoto, la explosión, las plagas del campo, la guerra, el tumulto y las sediciones, aparte de la fórmula general que hace referencia a los acontecimientos de carácter extraordinario que “no hayan podido preverse o que, previstos, no se hayan podido evitar”.

STS, Rec. 4/2012 de 22 de julio de 2015, ECLI:ES:TS:2015:3986

“(…) la sentencia del Tribunal Supremo del 3 de Noviembre de 1988, que se menciona en la del 3 de octubre de 1994, se refiere al suceso que está fuera del círculo de actuación del obligado, o como señalan las sentencias del 2 de febrero de 1980, 4-3-1981, 25 de junio de 1982 y 3 de noviembre de 1988, la fuerza mayor se constituye por ‘aquellos hechos que aun siendo previsibles, sean sin embargo inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa que los motiva sea independiente y extraña a la voluntad del sujeto obligado’ o como señalan las sentencias del 7 de junio y 28 de septiembre de 1988 y 10 de noviembre del mismo año ‘la fuerza mayor se caracteriza por dimanar de sucesos imprevistos e inevitables que rebasan los tenidos en cuenta en el curso normal de la vida y extraños al desenvolvimiento ordinario de un proceso industrial’ o como dice la citada del 3 de noviembre de 1988, en aplicación concreta al caso litigioso, el suceso ‘no tuvo una causa externa o ajena al funcionamiento del servicio’; y la sentencia de la Sala III de este Tribunal de 29 de junio de 1998 (recurso 4505/1992), dictada sobre exoneración de la cotización a la Seguridad Social como consecuencia de la suspensión de contratos de trabajo, señalaba que, ‘Resulta de aplicación al supuesto que nos ocupa la Sentencia de esta Sala de 7 de marzo de 1995, que define la fuerza mayor como un acontecimiento externo al círculo de la empresa y del todo independiente de la voluntad del empresario, que a la vez sea imprevisible. En el mismo sentido la Sentencia de 16 de mayo de 1995, según la cual la fuerza mayor es un concepto jurídico indeterminado que comprende no solamente las causas a que se refería el art. 76.6 de la Ley de 26 de enero de 1944 del Contrato de Trabajo, sino a cualquier otra que dimane de un hecho externo ajeno a la esfera de actividad del empresario, doctrina acorde con la naturaleza de la fuerza mayor que en cada caso debe ser estimada o no, y que comporta que el hecho determinante del incumplimiento de una obligación, aunque pudiera preverse, resulte inevitable”.

B. Especificaciones situación COVID-19

El art. 22 del Real Decreto 463/2020, ha establecido como causa de fuerza mayor la suspensión o cancelación de actividades como consecuencia del COVID-19, estableciéndose a continuación como especialidades de la normativa reguladora del procedimiento establecido en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada, la necesidad de que la empresa solicitante acompañe un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa, debiendo a continuación ser constatada por la autoridad laboral la existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos, en iguales términos que los ya establecidos en el art. 31 del Reglamento del procedimiento de despido colectivo, suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada. (SJS Zamora, Nº 161/2020, de 27 de marzo, ECLI:ES:JSO:2020:1762 ).

En consecuencia, para la existencia de fuerza mayor vinculada a la COVID-19, por un lado, se encuentra la circunstancia relacionada con la libertad de movimientos que el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo impone a los ciudadanos al decretar el estado de alarma, y en cuyo artículo 10 establece la obligación de suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas. Por otro lado, se encuentra la circunstancia relacionada con las medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo y en cuyo artículo 22 se fija de manera específica el procedimiento a seguir para la suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor. (SJS Ávila, Nº 122/2020, de 13 de mayo, ECLI:ES:JSO:2020:2079 ).

Cronológicamente, las numerosas modificaciones normativas sobre los ERTE por Fuerza mayor COVID-19 pueden resumirse:

Desde 18/03/2020 hasta 22/04/2020 (art. 22 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo): Se considera fuerza mayor la suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.

Desde 23/04/2020 hasta el 12/05/2020 (modificación art. 22 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril): Se considera fuerza mayor «las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración el estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

En relación con las actividades que deban mantenerse de acuerdo con la declaración del estado de alarma, otras normas de rango legal o las disposiciones dictadas por las autoridades delegadas en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se entenderá que concurre la fuerza mayor descrita en el párrafo anterior respecto de las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de actividad no afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la actividad».

Desde el 13/05/2020 hasta el 30/06/2020 (art. 1 Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo): Desde el 13 de mayo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, continuaron en situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19, aquellas empresas y entidades que contaran con un expediente de regulación temporal de empleo basado en el art. 22 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y estuvieran afectadas por las causas referidas en dicho precepto que impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020.  (La D.A 1.ª Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, deja abierta la posibilidad de que el Consejo de Ministros acuerde, llegado el 30 de junio de 2020, prorrogar los ERTE por fuerza mayor total y parcial, así como, otras medidas asociadas a las mismas: exenciones o medidas de protección por desempleo).

Desde el momento en el que las causas de la fuerza mayor asociadas al COVID-19 (art. 22 Real Decreto-ley 8/2020) permitan la recuperación parcial de la actividad empresarial, y hasta el 30 de junio de 2020, las empresas se encontrarán en ERTE por fuerza mayor parcial derivada del COVID-19. Para lo que será necesario:

– Proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

– Comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al expediente de regulación temporal de empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella.

Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas y entidades a los expedientes de regulación temporal de empleo o, en su caso, la suspensión o regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación, se efectuará previa comunicación de estas al Servicio Público de Empleo Estatal de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo.

En todo caso, estas empresas y entidades deberán comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas.

A partir del 27/06/2020 y hasta el 30/09/2020 (Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio): Únicamente resultarán aplicables los expedientes de regulación temporal de empleo basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que hayan sido solicitados antes del 27/06/2020 y, como máximo, hasta el 30 de septiembre de 2020. Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio (27/06/2020) no es posible solicitar ERTE fuerza mayor covid-19.

Desde el 01/10/2020 y hasta el 31/01/2021 (Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre): Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021. Se crean tres nuevas posibilidades de ERTE Fuerza Mayor: ERTE por impedimentoERTE por limitación y ERTES por fuerza mayor de empresas pertenecientes a sectores.

Desde el 01/02/2021 y hasta el 31/05/2021 (Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero): Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de mayo de 2021. Se mantiene las tres submodalidades de ERTE Fuerza Mayor: ERTE por impedimentoERTE por limitación y ERTES por fuerza mayor de empresas pertenecientes a sectores.

Resumiendo todo lo anterior, con carácter general, la fuerza mayor puede actuar como causa de suspensión de los contratos de trabajo (arts. 45.1.i) y 47.3 ET), siempre que sea «temporal», es decir, con efectos pasajeros o presumiblemente pasajeros sobre la actividad de la empresa y las correspondientes prestaciones de trabajo. La fuerza mayor suele entenderse en el contexto de las relaciones de trabajo como hecho o acontecimiento involuntario, imprevisible o inevitable, externo al círculo del empresario que imposibilita la actividad laboral (SSTS 7 de marzo de 1995, ECLI:ES:TS:1995:9375 y STS 10 de febrero de 1997, Rec. 5367/1991, ECLI:ES:TS:1997:829). Se distingue:

a) Fuerza mayor propia (hechos catastróficos como incendios, plagas, inundaciones, terremotos, etc.).

b) Fuerza mayor impropia, simples hechos imposibilitantes no catastróficos, en la que se encaja el llamado “factum principis” decisión de los poderes públicos imprevisible o inevitable, que recae sobre una empresa e impide la continuación de la prestación laboral (STS, Rec. 3115/1999, de 5 de julio de 2000, ECLI:ES:TS:2000:5546), en todo caso, el dato de la involuntariedad resulta necesaria ya que de lo contrario no hay fuerza mayor impropia sino una ilicitud empresarial previa (STSJ de Andalucía, Nº 414/2002, ECLI:ES:TSAND:2002:3472), como puede ser el supuesto de un precinto de local y prisión preventiva del empleador por ilicitud del objeto de la actividad. SJSO de León, Nº 159/2020, de 3 de julio de 2020, ECLI:ES:JSO:2020:2156.

En relación al impacto de la crisis sanitaria producida por el coronavirus COVIUD-19, el art. 22 RD-Ley 8/2020, se encarga de definir los supuestos de fuerza mayor, los elementos que permiten apreciar en cada caso la concurrencia de la causa y el papel atribuido a la autoridad laboral; así, en primer lugar, especifica:

“(…) las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración el estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (…)”.

Con la nueva redacción del art. 22 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, dada por la D.F 8ª Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, se precisó más la extensión del concepto de fuerza mayor, contemplando la posibilidad de que sea parcial y no extenderse, por tanto, a toda la plantilla de aquellas empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales, pudiendo diferenciar en la empresa los trabajadores que realizan tareas esenciales y los que no: se entenderá que concurre la fuerza mayor respecto de las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de actividad no afectada por las condiciones de mantenimiento de la actividad. (SJS de León Nº 167/2020, de 14 de julio de 2020,  ECLI:ES:JSO:2020:2154 ).

NORMATIVA DE INTERÉS 

a) Con carácter general:

– Arts. 45.1 f), 47 y 51 ET.

– Arts. 31-33 Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.

– Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

b)  Especificaciones situación COVID-19:

– Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.

– Arts. 22-25 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

– Arts. 1, D.A 1ª y 2ª Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo.

– D.A. 8ª y 9ª Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril.

– Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo.

– Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio.

– Art. 24 Ley 39/2015, de 1 de octubre.

– Arts. 12 D.A. 1ª Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.

– Arts. 1, 2 D.A. 1ª Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero.

CUESTIONES

1. ¿Qué ERTES se prorrogan automáticamente desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo de 2021? ¿Es necesario algún trámite?

El art. 1 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, con carácter general fija la prórroga de los ERTES Fuerza Mayor COVID-19, dentro de estos hemos de entender que seguirán siendo aplicables y se encuentran prorrogados:

a) ERTES de fuerza mayor al amparo del art. 22 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

b) ERTES fuerza mayor por impedimento a la actividad autorizados en base a lo previsto en el art. 2.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, y en la DA 1ª.2 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio (ERTE por Rebrote), hasta su término conforme a la resolución estimatoria.

c) ERTE de fuerza mayor de limitación al desarrollo normalizado de la actividad en base a lo previsto en el art. 2.2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre hasta el 31 de mayo de 2021.

Tras la simplificación administrativa realizada por el RD-ley 2/2021, solo será necesario solicitud de ERTE para los nuevos procedimientos. La prórroga del ERTE existente no necesita comunicación a la AL, ni nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo. Procederá, como hasta el momento, el envío al SEPE de fichero XML con los periodos de actividad/inactividad y declaración responsable ante la TGSS en los supuestos de exoneraciones (recordar que en la anterior prórroga las empresas se vieron obligadas a presentar nuevo ERTE y nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo).

2. ¿Qué ERTES se podrán solicitar desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo de 2021?

– ERTES fuerza mayor por impedimento, siguiendo el procedimiento general fijado por art. 47.3 ET.

– ERTE de fuerza mayor de limitación, siguiendo el procedimiento general fijado por art. 47.3 ET.

– ERTE ETOP.

3. ¿Qué ocurre si una empresa no quiere prorrogar automáticamente el ERTE?

Se entenderá prorrogado automáticamente hasta que la empresa desafecte alguna o a todas las personas trabajadoras, comunicando a la Entidad Gestora la baja en la prestación de quienes dejen de estar afectadas por las medidas de suspensión o reducción con carácter previo a su efectividad. 

Las empresas que decidan renunciar con carácter total y definitivo al expediente de regulación temporal de empleo deberán igualmente efectuar la comunicación referida.

Iniciación del procedimiento

A. Con carácter general

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad laboral competente, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores.

A la solicitud se adjuntará:

  • Datos específicos de los trabajadores y centros afectados.
  • Memoria explicativa de las causas.
  • Medios de prueba para acreditar las causas de fuerza mayor.

B. Especificaciones situación COVID-19

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. 

La empresa deberá comunicar su solicitud de ERTE por fuerza mayor a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.

A TENER EN CUENTA.  Desde el 27/06/2020 no es posible tramitar nuevos ERTES de Fuerza Mayor al amparo del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, quedando, tras la publicación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, la posibilidad limitada a las nuevas submodalidades: ERTE por impedimentoERTE por limitación y ERTES por fuerza mayor de empresas pertenecientes a sectores.

No se ha especificado la documentación a anexar para la tramitación/comunicación de nuevos ERTES de Fuerza Mayor COVID-19 bajo las modalidades indicadas, entendiendo como suficiente acompañar a la solicitud de: informe explicativo del impacto causado por la situación de fuerza mayor indicada, periodo previsto para la aplicación de la medida y los criterios que se han tenido en cuenta para determinar los trabajadores afectados por el ERTE; documentación adicional justificativa y acreditativa de la situación de las empresas; número y clasificación profesional de los afectados; listado de trabajadores afectados por el ERTE; Comunicación entregada al comité de empresa y a los trabajadores informando de la suspensión temporal de los contratos por fuerza mayor y declaración responsable de la empresa en relación con la autorización por parte de los trabajadores de que el SEPE tramite su inscripción en dicho organismo con demandantes de empleo.

Para el tránsito de ERTE por impedimento a ERTE por limitación o viceversas, tras la simplificación administrativa realizadas por el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, no requerirá la tramitación de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo. Será suficiente con la comunicación del cambio de situación producido, la fecha de efectos, así como los centros y personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral que hubiese aprobado el expediente y a la representación legal de las personas trabajadoras.

RESOLUCIÓN RELEVANTE

SJS de León Nº 167/2020, de 14 de julio de 2020,  ECLI:ES:JSO:2020:2154

El objeto de debate gira en torno a la aplicación de la DA 17ª ET a la Administración Pública, incluida los Ayuntamientos, y, en consecuencia, si existe una posible vulneración del principio de igualdad al no aplicar el concepto de fuerza mayor que justifica los ERTEs a las Administraciones públicas. Para la Sala de lo Social, “… conforme a la disposición adicional decimoséptima del ET, lo previsto en el artículo 47 ET no será de aplicación a las Administraciones públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado. Se estableció de este modo, un nuevo régimen laboral de carácter especial para los empleados públicos, al instituir una importante barrera para la Administración, en relación con las medidas de flexibilidad interna, por cuanto, se le va a impedir que pueda usar los expedientes de regulación de empleo para suspender temporalmente los contratos o modificar jornadas”.

CUESTIONES

1. ¿En qué momento y con qué contenido ha de comunicarse a la representación legal de los trabajadores (RLT) la solicitud de ERTE?

Atendiendo a la SAN, Nº 332/2020, de 22 de octubre de 2020,  ECLI:ES:AN:2020:276 , al no existir un referencia clara en el art. 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, debe acudirse a la normativa general. Siguiendo el art. 47.3 del Estatuto de los Trabajadores y art. 32 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre“el procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores, quienes ostentarán la condición de parte interesada en la totalidad de la tramitación del procedimiento”, incluyendo el listado de afectados.

2. ¿La falta de comunicación en tiempo y forma de la solicitud de ERTE Fuerza mayor COVID-19 a la representación legal de los trabajadores supone la nulidad de este?

La falta de comunicación en tiempo y forma de la solicitud a la representación legal de los trabajadores vicia de nulidad conforme al art. 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el acto administrativo, pues los titulares de intereses colectivos ven mermadas sus posibilidades de intervenir en el procedimiento administrativo, generándose una situación de efectiva indefensión, entraremos a resolver el último de los motivos de impugnación de la actora, en el que niega la existencia de fraude de ley en su solicitud.

Autoridad Laboral

La Autoridad Laboral en cada caso se configura para cada Comunidad Autónoma atendiendo a si la totalidad de los centros de trabajo y de los trabajadores de la empresa radican dentro de la misma provincia, provincias distintas, o si la empresa tiene centros de trabajo o trabajadores dentro y fuera del territorio de la Comunidad Autónoma. (Art. 25 Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre).  

Instrucción y resolución

A. Con carácter general

1. La autoridad laboral competente recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y realizará o solicitará cuantas otras actuaciones o informes considere indispensables, dictando resolución en el plazo máximo de cinco días a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.

2. En el caso de que figuren en el procedimiento y puedan ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones y pruebas distintos de los aportados por la empresa en su solicitud, se dará a ésta y a los representantes legales de los trabajadores el oportuno trámite de audiencia, que deberá realizarse en el término de un día.

3. La resolución de la autoridad laboral deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la extinción de los contratos o la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. La empresa deberá dar traslado de dicha decisión a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral.

En el supuesto de que, instruido el procedimiento, no se haya constatado la existencia de la fuerza mayor alegada, se podrá iniciar el oportuno procedimiento de despido colectivo o de suspensión de contratos o reducción de jornada, de acuerdo con lo establecido en los casos de regulación de empleo para la extinción del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Del mismo modo, la resolución de la autoridad laboral que no haya constatado la existencia de fuerza mayor por la empresa podrá ser impugnada por el empresario ante la jurisdicción social.

En el supuesto de que, instruido el procedimiento, no se haya constatado la existencia de la fuerza mayor alegada, se podrá iniciar el oportuno procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada.

En el supuesto de que, instruido el procedimiento, la resolución de la autoridad laboral no haya constatado la existencia de fuerza mayor por la empresa podrá ser impugnada por el empresario ante la jurisdicción social.

B. Especificaciones situación COVID-19

La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.

La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud -este plazo ha sido incrementado por algunas CC.AA-, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. (Art. 22.2 8/2020, de 17 de marzo).

Atendiendo a las circunstancias concurrentes como consecuencia del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 –dada la imposibilidad de realizar la entrega de la comunicación de manera presencial como consecuencia de los aislamientos impuestos por la crisis del Coronavirus–, la SAN, Nº 59/2020, de 29 de Julio de 2020, ECLI:ES:AN:2020:2087 ha validado la comunicación a las personas trabajadoras afectadas por un ERTE Fuerza mayor COVID-19 mediante e-mail, considerando que, a través de tal canal de comunicación, quedaran salvaguardados los derechos fundamentales de los trabajadores.

“(…) previendo el artículo 3.1 del Código Civil que debemos de interpretar las normas conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, nunca unas circunstancias fueron tan determinantes para permitir apartarse de lo que son los hábitos y usos ordinarios en las comunicaciones entre empresario y trabajador, de tal suerte que hemos de considerar que el medio empleado por la demandada para informar a los trabajadores acerca de su inclusión en el ERTE por fuerza mayor, fue un sistema adecuado atendiendo a las circunstancias concurrentes en ese momento, no constando a mayores que a través de tal canal de comunicación no quedaran salvaguardados los derechos fundamentales de intimidad de los trabajadores, ni se garantizase la autenticidad y fehaciencia de lo comunicado. La demanda, por consiguiente, ha de ser desestimada”.

CUESTIONES

1. ¿El silencio administrativo en los ERTE por Fuerza Mayor, se considera positivo?

Ni el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, ni el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, fijan las repercusiones del silencio administrativo por parte de la autoridad laboral, por lo que, atendiendo al régimen del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado regulado en el art. 24 Ley 39/2015, de 1 de octubre, como regla general, se otorga al mismo sentido positivo.

El silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, según lo regulado en el art. 24 Ley 39/2015, de 1 de octubre aplicable como regla general, se entiende en sentido positivo. En este mismo sentido se han pronunciado recientemente las SAN, Nº 38/2020, de 15 de junio,  ECLI:ES:AN:2020:994  y STS, Nº 83/2021, de 25 de enero de 2021, ECLI:ES:TS:2021:59 .

2. ¿Cómo puede obtenerse un certificado de silencio administrativo como positivo para aportar en caso de que con posterioridad resulte necesario?

El art. 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, fija que los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver.

A TENER EN CUENTA. Algunas CC.AA regularon en su momento, mediante normativa propia, el plazo para dictar resolución por parte de la Autoridad Laboral. A modo de ejemplo:

Castilla y LeónORDEN EEI/334/2020, de 30 de marzo, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, que tengan su causa en el COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma.Se amplía el plazo de resolución a 10 días.
GaliciaORDEN de 31 de marzo de 2020 por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, tramitados por la Secretaría General de Empleo así como por las respectivas jefaturas territoriales en función de los respectivos ámbitos territoriales de afectación.Se amplía el plazo de resolución a 10 días.
Islas BalearesResolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se amplía el plazo establecido en el artículo 22.2.c del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, para resolver los expedientes de regulación temporal de ocupaciónSe amplía el plazo de resolución a 10 días.
Comunidad ValencianaResolución de 30 de marzo de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral por la que se acuerda la ampliación del plazo para resolver y notificar los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la Comunidad Valenciana.Se amplía el plazo de resolución a 10 días.
AsturiasResolución de 30 de marzo de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, tramitados por la Dirección General de Empleo y Formación. Se amplía el plazo de resolución a 10 días.

SENTENCIAS RELEVANTES

STSJ Madrid, Nº 901/2020, de 24 de noviembre, ECLI:ES:TSJM:2020:10025

El plazo de cinco días desde la solicitud del ERTE es para dictar resolución, no para notificar. Entiende la Sala que una cosa es la necesidad por parte de la Autoridad Laboral de emitir resolución en el plazo de cinco días desde la solicitud en base al art. 22 citado, y otra distinta que este plazo opere para la notificación de esta, sin perjuicio de ser ampliado excepcionalmente el plazo de 10 días (art. 21.5 Ley 39/2015). En el caso de autos no se acepta la existencia de silencio administrativo positivo dado que el 27/03/2020 se registró la comunicación de ERTE Fuerza Mayor COVID-19, dictándose resolución negativa el 03/04/2020 (quinto día hábil) y se comunicó a la empresa el 12/04/2020, es decir antes de los 10 días hábiles el plazo para resolver y notificar que fija la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SAN, Nº 38/2020, de 15 de junio de 2020,  ECLI:ES:AN:2020:994  y STS Nº 83/2021, de 25 de enero de 2021, ECLI:ES:TS:2021:59

El silencio administrativo, en procedimientos iniciados a solicitud del interesado -como son los ERTES por fuerza mayor COVID-19-, según la normativa aplicable como regla general, se entiende en sentido positivo. Según el fallo, atendiendo al régimen del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado regulado en el art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, como regla general, se otorga al mismo sentido positivo, no encontrándonos ante un supuesto en el que se establezca lo contrario, por lo que, debe entenderse aprobada la solicitud de la empresa por silencio administrativo positivo, si bien, con posterioridad pudiera recaer resolución expresa autorizando/anulando el ERTE por fuerza mayor.

Acciones ante la jurisdicción social

A. Con carácter general

Los trabajadores podrán impugnar la decisión empresarial sobre la extinción de contratos o las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada en los términos establecidos en los arts. 15 y 24 Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.

B. Especificaciones situación COVID-19

La impugnación de resolución negativa por parte de la autoridad laboral de un ERTE fuerza mayor Covid-19 no tiene previsiones normativas específicas o especiales en el art. 22.2 RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo. Debiendo seguir el art. 33.5 Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, donde se prevé que “…la resolución de la autoridad laboral que no haya constatado la existencia de fuerza mayor por la empresa podrá ser impugnada por el empresario ante la jurisdicción social”. Lo que supone la necesidad de:

a) Agotar la vía administrativa recurriendo previamente en alzada la resolución denegatoria.

b) Recurrir al “Procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social excluidos los prestacionales”, regulado en el art. 151 LRJS y ss.

SENTENCIA RELEVANTE

SJS de Ávila Nº 128/2020, de 27 de mayo de 2020,  ECLI:ES:JSO:2020:2081

Se declara no conforme a derecho la resolución administrativa denegando ERTE por fuerza mayor al entender que queda acreditado que la reducción de actividad (empresa construcción) está vinculada a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19, como exige que así sea el art. 22.1 del RDL 8/2020. La oficina Territorial de Trabajo en fecha de 15-04-2020 dictó Resolución por la que se acuerda no constatar la existencia de fuerza mayor, como causa para suspender los contratos de un trabajador relacionados en la solicitud -en una empresa con C.N.A.E. 4211 dedicada a la actividad de construcción de carreteras y autopista-, dado que no aporta ningún tipo de documentación que acredite vinculación de pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19. Además, indica la resolución, que su actividad no se encuentra suspendida ni acredita circunstancia alguna que pueda ser valorada al respecto, en relación con el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, concluyendo que el expediente no tiene encaje dentro de los supuestos de suspensión de las relaciones laborales por fuerza mayor, previsto en las normas citadas. 

Interpuesto recurso ante la jurisdicción social por parte de la empresa, el Juzgado de lo Social, entiende que la situación de fuerza mayor queda acreditada con la reducción de actividad vinculada a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19, como exige que así sea el art. 22.1 del RDL 8/2020: “La resolución impugnada si bien se encuentra motivada, no obstante, la motivación de la denegación no es ajustada a derecho en tanto en cuanto se basa en la inexistencia de la paralización o suspensión total de la actividad. Y es que no es necesaria la existencia de una paralización o suspensión total de la actividad, sino la existencia acreditada de “pérdidas de actividad” como consecuencia del COVID-19. Lo que, además, resulta coherente con la medida propuesta que es la de reducción del 50% de la jornada laboral de la trabajadora afectada. Sin perjuicio de que los otros trabajadores que forman la plantilla de la empresa sigan trabajando y no se vean afectados por el ERTE”.

CUESTIÓN

¿Cuál es la duración de los expedientes de regulación de empleo en causa de fuerza mayor por COVID-19?

Inicialmente, la duración de los expedientes de regulación de empleo en causa de fuerza mayor COVID-19 se relacionó con la duración del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus posibles prórrogas. Con posterioridad, el art. 1 Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, prorrogó su vigencia (tanto en su posibilidad total como parcial) hasta el 30 de junio de 2020, habilitando al Consejo de Ministros, llegada esa fecha, a prorrogar los ERTE, así como, por el tiempo y en los porcentajes que se fijen, prorrogar las exenciones en las cotizaciones previstas, o incluso las medidas de protección por desempleo.

Actualmente, los ERTES Fuerza Mayor COVID-19 se han prorrogado hasta (en principio) el 31/05/2021.

Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas de los expedientes de regulación de empleo en causa de fuerza mayor por COVID-19

El régimen sancionador y de reintegro de prestaciones indebidas asociado a los ERTES solicitados por las empresas ha sido tratado por diferentes RDL: Real Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril y, por último, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril.

El Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, desarrolló un régimen sancionador con la implementación de los mecanismos de control y sanción necesarios que eviten comportamientos fraudulentos en la percepción de las prestaciones. En el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, se refuerzan estos mecanismos de control y sanción. Concretamente, se regula la sanción de los comportamientos de las empresas que presenten solicitudes que contengan falsedades e incorrecciones en los datos facilitados y se establece una responsabilidad empresarial que implica la devolución, por parte de la empresa, de las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores y trabajadoras, cuando no medie dolo o culpa de estos

Siguiendo la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en relación a las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.

Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, cuando dicha circunstancia se deduzca de las falsedades o incorrecciones en los datos facilitados por aquellas y siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas en las cuotas a la Seguridad Social.

El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, dará lugar a la devolución de las prestaciones indebidamente generadas. En tales supuestos, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

La obligación de devolver las prestaciones previstas en el párrafo anterior será exigible hasta la prescripción de las infracciones referidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que resulten aplicables.

La persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al período de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que hubiera percibido en concepto de prestación por desempleo.

CUESTIÓN

¿Es compatible un ERTE Fuerza Mayor COVID-19 con el restablecimiento de un contrato de concesión de servicios públicos?

Siguiendo la STS de 25 de enero de 2021, el ERTE por fuerza mayor es compatible con el derecho del contratista o concesionario de un servicio público al restablecimiento del equilibrio económico del contrato. El contratista que estime encontrarse en alguna de las situaciones definidas en el RD Ley 8/2020, podrá hacer uso, en su caso, de la correspondiente solicitud dirigida al órgano de contratación en la forma prevista en dicha norma.

Limitaciones asociadas al COVID-19

El vigente Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, ha supuesto la continuidad de las medidas que podríamos denominar “protectoras” asociadas a los ERTES COVID. En concreto,  su art. 3 establece la prórroga de los efectos del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, tales como las especialidades aplicables a los expedientes vinculados a la COVID-19 pero basados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los límites relacionados con el reparto de dividendos y la transparencia fiscal, las horas extraordinarias y las nuevas externalizaciones, así como las limitaciones y previsiones establecidas en relación con las extinciones basadas en las causas que fundamentan los ERTE relacionados con la COVID-19 y la interrupción del cómputo de los contratos temporales. A modo de recordatorio:

A. Límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia fiscal

Los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales, así como los establecidos en relación al reparto de dividendos para empresas y sociedades acogidas a determinadas medidas de regulación temporal de empleo, recogidas en el artículo 5 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, seguirán vigentes en los términos establecidos en dicho precepto (art. 4 Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre).

Estos límites resultarán aplicables a los Expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o limitaciones de actividad, desde su entrada en vigor.

 B. Horas extraordinarias y nuevas externalizaciones de la actividad durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor

No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse o reanudarse externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o a través de empresas de trabajo temporal, durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor (art. 7 Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre).

Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, directas o indirectas, o externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras.

Estas acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

C. Salvaguarda del empleo

En lo que se refiere a la salvaguarda de empleo, el preámbulo del RDL  2/2021, es especialmente claro. Se prevé la prórroga de los efectos del artículo 5 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de manera que las condiciones aplicables a dicha salvaguarda, tanto respecto de las exoneraciones disfrutadas con carácter previo a la entrada en vigor de este real decreto-ley, como respecto a las contempladas en el mismo, son las descritas en el citado artículo 5, así:

“Los compromisos de mantenimiento del empleo generados en virtud de los beneficios recogidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el artículo 6 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, y en el propio Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, continúan vigentes en los términos previstos en dichas normas y por los plazos recogidos en estas.

Las empresas que, conforme a lo previsto en este real decreto-ley, reciban exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, quedan comprometidas, en base a la aplicación de dichas medidas excepcionales, a un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo, cuyo contenido, requisitos y cómputo se efectuará en los términos establecidos en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y en el propio artículo 5 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.

Si la empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento del empleo previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo previsto se producirá cuando aquel hubiese terminado”.

SENTENCIA RELEVANTE

STSJ de Asturias, Nº 2416/2020, de 26 de octubre de 2020, ECLI:ES:TSJAS:2020:2416

Una vez levantado el estado de alarma debe tenerse en cuenta la jurisprudencia sobre la suspensión de los contratos y el despido posterior, como la STS, Rec. 32/2014, de 17 de julio de 2014, ECLI:ES:TS:2014:4131 , que razona: “(…) ello exigirá, que concurra al menos una de estas dos condiciones, bien la concurrencia de una causa distinta y sobrevenida de la invocada y tenida en cuenta para la suspensión, bien tratándose de la misma causa, un cambio sustancial y relevante con referencia a las circunstancias que motivaron se autorizara dicha suspensión”.

Para que resulte posible solapar ERTE y ERTE es preciso, bien la concurrencia de una causa distinta y sobrevenida de la invocada y tenida en cuenta para la suspensión; o que, siendo la misma causa, exista un cambio sustancial y relevante con referencia a las circunstancias que motivaron la primera suspensión. La consecuencia del despido colectivo basado en las mismas causas que el ERTE durante el estado de alarma por razón del COVID, es la nulidad al igual que por el incumplimiento de la empresa de entregar la documentación exigida y necesaria para un adecuado conocimiento en la negociación, con los efectos del artículo 124.11 de la LJS.

D. Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales

La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.

A TENER EN CUENTA. El art. 5 Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo, permanecerá vigente hasta el 31 de mayo de 2021, según establece el art. 3.6 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero.

CUESTIONES

1. ¿Puede la empresa rescindir contratos temporales durante la vigencia de un ERTE? ¿Afecta a los contratos no incluidos en ERTE?

Los arts. 2 (Medidas extraordinarias para la protección del empleo) y 5 (Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales) del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, tratan de fomentar la inclusión en ERTE a las personas trabajadoras con contratos temporales. Cuando esto sucede el cómputo del contrato se paraliza por lo que su extinción por término no es posible hasta que, una vez recuperada la actividad, se cumpla el nuevo plazo de duración.

A modo de ejemplo: Contrato temporal cuya duración originariamente se formalizó hasta el 5 de septiembre 2020, pero ha estado suspendido desde el 1 al 30 de agosto (30 días). La interrupción es igual al período en que el contrato haya quedado suspendido, por lo tanto, el contrato no vencerá el 5 de septiembre 2020, sino el 5 de octubre.

La medida afecta a los contratos temporales incluidos en ERTES asociados a la COVID-19. No afecta, a los contratos no incluidos en el ERTE.

2. ¿Los contratos de obra -sin una fecha de límite concreta- quedarían excluidos de esta suspensión de plazo?

Los contratos de obra -sin una fecha de límite concreta- quedarían excluidos de esta suspensión de plazo (siempre que la obra o servicio termine por causa distinta al COVID-19).

El Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, fija que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22-23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

De esta forma, durante la duración del ERE temporal no se extingue ningún contrato de trabajo por motivos asociados al covid-19 (de hacerlo se trataría de un despido improcedente). En el caso de los contratos eventuales la fecha de finalización se ampliará por el tiempo que se estuvo en el ERTE. Lo mismo en caso de un contrato formativo o relevo.

No obstante, si la obra o servicio termina –por causa distinta al covid-19-, desaparece la causa de la temporalidad y el contrato terminará con independencia de que se hubiera incluido en un ERTE.

En relación con el compromiso de empleo, la D.A. 14ª Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aclara: “(…) en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación”.

3. ¿Puede la empresa rescindir contratos temporales en caso de decaer el objeto del este?

Si una vez finalizado el periodo de suspensión, tras la reanudación de la actividad durante el periodo de prórroga, o durante el tiempo ampliado concurriese alguna causa que “haga decaer el objeto del contrato”, esto es, que le ponga fin de manera válida y objetiva (finalización del tiempo convenido o por la imposibilidad de realizar la obra objeto de la contratación), se entenderá plenamente eficaz la extinción del mismo de acuerdo con los requisitos y el régimen jurídico previsto en el artículo 49.1.c) ET, no computando a efectos de cálculo para el mantenimiento del empleo.

E. Prohibición de despedir

Como hemos adelantado, han sido prorrogados los arts. 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por lo que sigue vigente hasta el 31 de mayo de 2021 la denominada “prohibición de despedir”. El art. 3.6 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, mantiene:

  • La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
  • La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.

Ante la defectuosa redacción de la norma –sin aclarar si los despidos por coronavirus realizados sin tener en cuenta la previsión legal se considerarán improcedentes o nulos–, la inseguridad jurídica en la materia queda patente con los distintos pronunciamientos judiciales interpretando el art. 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, que van desde la declaración de la nulidad del cese a su improcedencia.

Declaración de improcedencia. La SJS de Barcelona, Rec. 348/2020 de 10 de julio de 2020, ECLI:ES:JSO:2020:2248 , ha considerado que el despido sin causa asociado al COVID-19 debe ser declarado improcedente, no nulo, puesto que las causas de nulidad están expresamente tasadas en la normativa. La Sala de Social, en este caso considera, en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial unificada, que los despidos que tengan lugar contrariando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser declarados improcedentes, y no nulos, por las siguientes razones:

  • Por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial consolidada sobre los despidos sin causa.
  • Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos fundamentales.
  • Porque el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no introduce una prohibición. Se limita a apuntar que las causas de fuerza mayor o de carácter económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el COVID-19, que podrían justificar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de los previstos en el Real Decreto Ley 8/2020 “no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”. Y un despido sin causa es improcedente; pero no nulo.

Declaración de improcedencia con indemnización disuasoria. Elevando de 4.000 a 60.000 euros la indemnización por despido improcedente durante el estado de alarma, la SJS de Barcelona, Nº 170/2020, de 31 de julio, ECLI:ES:JSO:2020:2262 , analiza el despido en plena pandemia, y sin derecho a prestación por desempleo, de un trabajador que había emigrado desde Argentina

Se considera improcedente el despido elevando la indemnización a 9 meses de salario, tenido en cuenta aspectos como:

  • El empleado había sido contratado 7 meses antes, lo que supuso un trasladó desde Argentina a España sujeto a un sueldo de 6.666,67 euros/mes.
  • El despido se efectuó en pleno estado de alarma por supuestas causas objetivas de carácter organizativo, que, en realidad, existían antes de su contratación.
  • La empresa sabía de antemano que el contrato no sería de muy larga duración.
  • Atendiendo a los parámetros legales para el cálculo de la indemnización por despido improcedente, la cuantía correspondiente a los 33 días/año trabajado, ascendería a 4.219 euros (ni un mes de salario), insuficiente -según el JS- para compensar al trabajador.
  • El despido supuso para el trabajador verse “en la calle, en un país que no es el suyo y sin cotización suficiente para acceder a la prestación contributiva por desempleo“.

Declaración de nulidad. La SJS de Sabadell, Nº 93/2020,  de 6 de julio de 2020,  ECLI:ES:JSO:2020:2237 , considera nulo el despido de una empleada que tenía un contrato temporal por obra y servicio que quedó extinguido el pasado 27 de marzo, cuando estaba vigente el estado de alarma.

Un juzgado de Sabadell obliga a readmitir una trabajadora despedida durante el estado de alarma -al incumplirse las garantías previstas en Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo– y a abonarle el salario desde el día después del despido declarado nulo.

Se considera que, la extinción de contrato de la actora se produjo como consecuencia de la situación derivada de la declaración del Estado de Alarma y la existencia de circunstancias que habilitaban a la empresa para adoptar las medidas previstas en RD 8/2020 por lo que, al extinguir la relación laboral de la actora no solo aduce una causa que no justifica la extinción, según los artículos 22 y 23 de RDL 8/2020 y artículo 2 de RDL 9/2020, sino que supone un incumplimiento de las disposiciones legales adoptadas por el legislador con la finalidad de evitar la destrucción de empleo, finalidad que se refleja en Exposición de Motivos (III) del RD 8/20, en que sostiene que las medidas del Cap. III del RD-Ley 8/20 están orientadas a evitar despidos y a conservar el empleo, y esa finalidad habrá de predominar en la hermenéutica que regula los despido en el ámbito excepcional del COVID-19, siendo esta finalidad la que justifica la redacción del art. 2 RD-Ley 9/2020.

Siendo así, termina el fallo:

(…) consideramos de aplicación el art. 6.3 de Código Civil por cuanto la extinción del contrato de trabajo de la actora constituye un acto contrario a norma imperativa además de constituir un fraude de ley, art. 6.4 de Código Civil, pues la empresa se ampara en causa inexistente para conseguir un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, esto es, la extinción de la relación laboral a fecha 28.3.2020, cuando las normas vigentes proscriben la destrucción de empleo derivada de la situación excepcional del Estado de alarma derivado de COVID-19. En consecuencia procede declarar la nulidad del despido notificado a la actora con efectos de 28.3.2020, con las consecuencias previstas en artículo 55.6 TRLET”.

Declaración de procedencia. En la última vuelta de tuerca al asunto, la SJS de Barcelona, Nº 283/2020, de 15 de diciembre, ha sido la primera en considerar procedente un despido basado en las pérdidas económicas causadas por el impacto del COVID-19. 

“En el presente caso la demandada ha acreditado varios elementos que justifican el despido. La bajada de facturación en el año 2019 respecto al 2018, y sobre todo de 2019-2020 sigue en regresión. Igualmente el hecho de que en el 3T de 2019 se perdiera un importante cliente (que sin duda repercute en la facturación), sin que el reconocimiento de que hubieran captado a otros clientes tuviera una repercusión en la facturación tal y como se observan de los fríos números. Todas estas circunstancias alejan cualquier viso de desproporción en la medida empresarial que aparece totalmente justificada. En cuanto a las medidas productivas, son de obviedad en el entorno notorio de la pandemia, los efectos en los clientes, proveedores (y de los diferentes “stake holders”), que supone una inevitable adaptación a las circunstancias”.

Para la Sala de lo Social, la imposibilidad de limitar los despidos atenta contra el derecho de libertad de empresa instaurada tanto por el art. 16 Tratado de la Unión Europea como por el art. 18 CE.

“El artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea, al disponer que la Unión establecerá un mercado interior, dispone que “obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social […]” Una economía de mercado competitiva requiere así mismo tanto la protección del derecho a la prestación de trabajo como la protección del derecho a la libertad de empresa, derecho fundamental este último que tiene reconocimiento expreso como tal en el artículo 38 de la Constitución Española y en la Carta Europea de Derechos Fundamentales cuyo artículo 16 reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales. Protege en consecuencia el marco normativo europeo tanto el derecho a emprender una actividad empresarial como el derecho a desarrollar la misma. Ciertamente el desarrollo de la actividad económica de los particulares no es enteramente libre, sino que está regulada por los poderes públicos y, por tanto, sujeta a diversos trámites, requisitos, reglas y/o prohibiciones, de forma que se ve limitada. Sin embargo, la limitación impuesta por los poderes públicos no puede ser de tal índole que vacíe de contenido el derecho e impida la propia actividad. La normativa española, en tanto en cuanto establece una prohibición incondicionada a una tradicional medida de readaptación empresarial de amplio reconocimiento en todas las economías de la Unión Europea, y que todas las legislaciones someten a varios requisitos formales, materiales y de compensación -en cuanto no es una causa imputable al trabajador- no respeta esa legalidad comunitaria, de establecer un marco común de desarrollo social y económico, por lo que generando derechos subjetivos en los justiciables merecen la protección y tutela de los órganos jurisdiccionales como tribunales de la Unión. Ciertamente se podría plantear la necesidad de instar una cuestión prejudicial en el ámbito del TJUE (art. 267 del TFUE), en el sentido señalado por la STC 37/2019 (y jurisprudencia constitucional que señala), pero como sea que esta resolución es susceptible de recurso (por lo que el planteamiento deviene una posibilidad pero no una obligación), y que en cualquier caso no se encontraría el juzgador ante dudas interpretativas, sino el pleno convencimiento (atendidas las notorias circunstancias actuales) de que la normativa interna no respeta dicho precepto del TUE (art. 3.3) y de consuno de la CEDF (art. 16), procede su inaplicación (STJCEE 15/07/1964 Costa-Enel) en tanto en cuanto es merecedora de tutela el derecho de la demanda reconocido en los preceptos del TFUE y CEDF señalados”.

A TENER EN CUENTA. Complementando lo anterior, la STSJ Madrid, Nº 1036/2020, de 25 de noviembre 2020, ECLI:ES:TSJM:2020:13714 rechaza la declaración de nulidad de los despidos sin causa asociados al impacto de la COVID-19 bajo una interpretación sistemática del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, donde “pudiendo haber calificado al despido como nulo, ha optado por no hacerlo”.

CUESTIÓN

Un despido sin justificación por parte de la empresa de un trabajador de baja por Covid-19, ¿es nulo o improcedente?

La declaración de improcedencia o nulidad del despido de una persona trabajadora en situación de IT por COVID-19 dependerá de la consideración por parte judicial de la motivación del mismo asociada -o no- a la enfermedad. La reciente SJS de Palencia, Nº 110/2020, de 8 de octubre, ECLI:ES:JSO:2020:4527 , siguiendo doctrina del TS (STS, Rec. 3591/2006, de 22 de septiembre de 2008, ECLI:ES:TS:2008:5749 ) y TJUE (STJUE, C-395/15, de 1 de diciembre de 2016) ha considerado un despido como el plantado improcedente.

“(…) en el supuesto de autos, de los datos que constan acreditados no se infiere que la enfermedad que padecía el trabajador sea equiparable a una situación de discapacidad en el sentido indicado por la sentencia citada, toda vez que no consta más que un proceso de baja médica, en el momento del despido, sin que de las circunstancias acreditadas – ni tampoco de lo reseñado en el propio parte de baja – se infiera que fuera previsible su duración en el tiempo. Por lo expuesto, el despido debe ser declarado improcedente sin que proceda tampoco la petición de indemnización por daño moral al no apreciarse vulneración de derecho fundamental alguno ni acreditarse ningún daño moral más allá del inherente a cualquier despido improcedente”.

SENTENCIAS RELEVANTES

SJS de Zamora, Nº 161/2020, de 27 de marzo de 2020, ECLI:ES:JSO:2020:1762

Denegación del ERTE Fuerza Mayor Covid-19 a un despacho de abogados por ser servicio esencial durante el estado de alarma. El despacho demandante presentó en su memoria, alegando como causa de la solicitud es la fuerza mayor «no ser la abogacía servicio básico e indispensable de conformidad con la regulación del estado de alarma». Sin embargo, a juicio del Juzgado de lo Social, el referido Real Decreto especifica como fuerza mayor, a fin de poder acogerse con base al estado de alarma a la regulación de la suspensión temporal como la que se pretende de los contratos de trabajo, “la suspensión o cancelación de actividades como consecuencia del COVID-19”; posteriormente, y en el Anexo del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, se establecen las actividades consideradas esenciales, y «en lógica consecuencia», excluidas de la suspensión o cancelación derivadas del estado de alarma, recogiéndose entre las mismas la actividad de abogados, procuradores, graduados sociales, traductores e intérpretes que asistan a los actos procesales no suspendidos por el Real Decreto 463/2020, cumpliendo con los servicios esenciales fijados para la Administración de Justicia, así como personas que prestan servicios en despachos y asesorías legales en materia de seguridad laboral.

Únicamente las actividades suspendidas por el estado de alarma, excluidas las especificadas en el Anexo del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, se pueden acoger al ERTE por fuerza mayor derivada de la declaración de la alarma sanitaria.

La Sala de lo Social confirma la resolución impugnada, en tanto en cuanto la actividad única de la empresa es la de asesoramiento legal y defensa jurídica, expresamente incluida en la relación de actividades esenciales, sin perjuicio de que, como igualmente se señala en la resolución administrativa, la empresa pudiere solicitar la autorización del ERTE con fundamento en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, con cumplimiento de los requisitos, presupuestos y procedimiento aplicable para dichas causas.

SJS de Burgos, Nº 103/2020, de 8 de mayo de 2020,  ECLI:ES:JSO:2020:1813

Contradiciendo el anterior pronunciamiento citado, se reconoce el derecho a realizar ERTE Fuerza Mayor Covid-19 a un abogado sobre su única empleada (secretaria encargaba de citar a clientes y responder llamadas) como consecuencia de la disminución sustancial de la actividad del Letrado para el que presta servicios.

“Pues bien, con la suspensión de los plazos procesales y la falta de notificación de resoluciones por parte de los Juzgados y Tribunales, la función de llevanza de la agenda del Letrado y control de los plazos procesales, no se puede llevar a cabo por la trabajadora, ni siquiera de forma telemática, al haberse prácticamente paralizado la actividad del Letrado para el que presta servicios, por lo que en la actualidad ‘carece de agenda’ hasta que no se alce la suspensión de los plazos procesales, que está vinculada a la declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas.

Por otra parte, la atención al público en el despacho del Letrado, tampoco se puede llevar a cabo por parte de la trabajadora, dada la limitación de la movilidad de las personas establecida en el artículo 7 del RD 463/2020, que solo permite circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las actividades expresamente permitidas, entre las que no se puede considerar incluida acudir al despacho de un abogado, ni siquiera dentro de los desplazamientos como causa de fuerza mayor, salvo que se tratase de algún asunto de los incluidos dentro de los servicios esenciales, si bien, en cualquier caso, son muy escasos y serían atendidos directamente por el Letrado, puesto que la trabajadora solo realiza funciones administrativas y no jurídicas.

A ello debe unirse el hecho de que el artículo 10 del mencionado RD 463/2020, acuerda la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, con las excepciones mencionadas en el mismo.

En consecuencia, a la vista de lo expuesto, dado que la actividad del letrado para el que la trabajadora presta servicios ha quedado suspendida y paralizada prácticamente en su totalidad, como consecuencia de la casi paralización de la actividad jurisdiccional, a salvo de los servicios esenciales por la declaración del estado de alarma derivado del COVID-19, la trabajadora codemandada se ha visto imposibilitada para continuar desempeñando su trabajo, resultando por tanto, que se cumplen los criterios exigidos en la normativa aplicable, por cuanto existe una imposibilidad objetiva de continuar prestando servicios, y ha sido consecuencia de la cancelación de actividades debido al COVID-19, por lo que no se aprecia razón alguna para haber denegado el expediente de regulación de empleo por razones de fuerza mayor solicitado.”

SJS de Ávila, Nº 122/2020, de 13 de mayo de 2020, ECLI:ES:JSO:2020:2079

Se valida la denegación de ERTE al no constar acreditación alguna referente a la falta de suministros necesarios para el desarrollo de la actividad“En el caso presente, en primer lugar, la actora considera que conforme al Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo debería haberse autorizado por la Oficina Territorial de Trabajo de Ávila el ERTE solicitado dada la actividad económica no esencial que desarrolla la demandante. Ahora bien, conforme a lo que se deduce del informe de la inspección de trabajo, cuyo contenido obra como hecho segundo de esta Sentencia, la actividad económica de la actora ha sido encuadrada en la fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración, correspondiente al CNAE 1072 según el listado del RD 475/2007 de 13 de abril por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009. Teniendo en cuenta el valor de presunción de veracidad de los informes evacuados por la Inspección de Trabajo (art. 77.5 de la Ley 39/2015), ha de tenerse en cuenta, a falta de prueba que desvirtúe el hecho constatado por la inspección, que la actividad desarrollada por la actora es la que consta en dicho Registro administrativo de actividades. En consecuencia, teniendo en cuenta lo previsto en el propio art. 10 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo la actividad que desarrolla la actora cumple con la excepción a la regla de suspensión de apertura de los establecimientos comerciales a la que se refiere dicho artículo (establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad…). En conclusión, respecto a esta cuestión no puede tener favorable acogida el argumento de la actora relativo a que la actividad desarrollada por ella esté incluida en el Anexo que desarrolla el art. 10.3 de dicho Real Decreto, como si croissanteries y asimilables se tratase.

En lo que respecta a la cuestión referida a la alegación concreta de la solicitud formulada por la actora relativa a que la causa de fuerza mayor es debida a la Anulación de ingresos por cierre total de los puntos de venta como consecuencia de la declaración del estado de alarma, que implica la cancelación de la actividad de fabricación y venta de productos de pastelería y confitería, y la falta de suministros necesarios para el desarrollo de la actividad, así como por la prevención en la difusión y transmisión del virus COVID-19 entre empleados y clientes y teniendo en cuenta lo dicho con anterioridad sobre la concreta actividad de las denominadas como esenciales que la actora desarrolla, a falta de prueba que acredite lo contrario, la pérdida de ingresos relacionados con el cierre total decidido motu propio por la demandante es incompatible con un caso de fuerza mayor. Por cuanto como ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal Supremo debe tratarse de un suceso que esté fuera del círculo de actuación del obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable, entre otras, la STS de 20-11-2018, Rec. 2/2018″.

“En todo caso si la parte acude al ERTE por fuerza mayor derivado de situaciones concretas referidas a la falta de suministros u otras urgentes y extraordinarias debe acreditar su existencia. En definitiva, son situaciones las alegadas por la actora que requieren de prueba que las acredite; tal y como el propio contenido del art. 22.1 lo exige. Lo que sin duda constituye un claro reflejo en el procedimiento judicial de la carga de la prueba derivado del art. 217.2 LEC.

Llevado al caso lo anterior ha de concluirse con que no consta acreditación alguna referente a la falta de suministros necesarios para el desarrollo de la actividad, al que la parte actora se refiere en su solicitud administrativa. Se desconoce qué tipo o clase de suministro necesario para el desarrollo de la actividad de la actora son los que la parte no recibe”.

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El Consell de Mallorca amplía las ayudas directas de 1.500 euros a otros sectores económicos: distribuidores mayoristas de mercancías, salas de baile y discotecas

La Fundación Mallorca Turismo, publica nuevas ayudas de carácter extraordinario, que tienen por objetivo contribuir a paliar los efectos de la pandemia en negocios como los de distribución mayorista de mercancías. Llegan poco después de haber convocado para la restauración, los gimnasios, otros centros deportivos y escuelas de danza y ascienden a un total de 12,5 millones de euros.

El Consell de Mallorca, a través de la Fundación Mallorca Turismo, abre una nueva convocatoria extraordinaria de un millón de euros para paliar los efectos de la Covid-19 en los sectores económicos de la isla. El Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) ya ha publicado estas ayudas y ya está abierto el plazo para solicitarlas.

Así, las empresas dedicadas a la distribución mayorista de toda clase de mercancías, de materias primas agrarias, productos alimenticios, y otros productos que se han visto afectados por el cierre de los bares y restaurantes pueden optar a ayudas directas de 1.500 euros. Además, esta convocatoria también posibilita que aquellas salas de baile y discotecas con ERTE desde el mes de marzo de 2020 puedan solicitar también 1.500 euros en concepto de ayuda.

En ambos casos la ayuda puede ser de máximo 3.000 euros por persona (es decir, dos establecimientos por cada solicitante) y la solicitud podrá hacerse en línea desde el pasado viernes 5 de febrero hasta el próximo día 28 de febrero de 2021.

La información completa y los enlaces para las solicitudes puedes encontrarlos aquí: www.ajutsmallorca.com y recuerda que en Moya & Emery puedes recibir un completo asesoramiento sobre todas las ayudas y subvenciones disponibles para todos los distintos sectores de actividad y podemos acompañarte en todo el proceso de solicitud, que se realiza de manera telemática.

Ayudas a los sectores económicos más afectados

La Fundación Mallorca Turismo destina un millón de euros a esta convocatoria. De este modo, la institución insular pone a disposición de la ciudadanía recursos públicos para ayudar a superar la complicada situación económica que ha dejado la pandemia. Estas ayudas se suman a las ya publicadas anteriormente: dos convocatorias de un total de 10 millones de euros para el sector de la restauración (1.500 euros para restaurantes, bares, cafeterías, heladerías, horchaterías) y otra para gimnasios y escuelas de danza por un valor total de 1,5 millones de euros (en este caso, 3.000 euros por establecimiento).

Todo ello se enmarca en la voluntad del Consell Insular de paliar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia y surge de la interlocución y la colaboración con el Gobierno balear, la sociedad civil, partidos políticos y agentes sociales y económicos.

Fundación Mallorca Turismo

Recordemos que el mes de enero se creó una oficina específica dentro de la Fundación Mallorca Turismo para gestionar, tramitar y conceder de la manera más sencilla y rápida posible todas las ayudas para la reactivación económica que contribuirán a paliar la situación generada por la pandemia del Covidien-19.

De momento, la Fundación ha recibido 221 solicitudes de ayuda de parte de gimnasios, escuelas de danza y otros centros de deportes, y este fin de semana habrá abonado los primeros 150.000 euros de esta convocatoria. Por otra parte, a finales de semana se habrán abonado ya 3,1 millones de euros de la convocatoria de restauración.



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Tirón de orejas a quienes tienen contratada una empleada o empleado del hogar de manera irregular, por Marga de Matos

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en adelante ITSS), sigue con sus campañas para detectar posibles fraudes a las arcas de la Seguridad Social. Primeramente, con la campaña inspección consistente en revisar los ERTES derivados de la pandemia de la COVID-19 en aras a detectar posibles irregularidades (comunicaciones extemporáneas de trabajadores que entran y salen del ERTE, constatación de la concesión del ERTE, etc.) y evitar la aplicación de exoneraciones indebidas en las cuotas de la Seguridad Social. Ahora, con la campaña de inspección dirigida a los empleadores del sistema especial de empleadas del hogar para comunicarles la necesidad de regularizar y actualizar las condiciones salariales y cotizaciones de las personas empleadas en este régimen.

La comunicación acerca de la obligación de proceder a actualizar o regularizar la situación a las personas que hacen uso de empleados/as del hogar se está realizando por carta y la campaña tiene como objetivo sensibilizar a los empleadores/as sobre sus obligaciones, además de poner a su disposición asesoramiento, asistencia, ayuda técnica e información para que puedan, de la forma más sencilla, proceder a la regularización de las condiciones salariales y cotizaciones de sus empleadas. Se trata de actualizar los salarios de estas trabajadores y trabajadores que se encuentren por debajo del salario mínimo interprofesional -950 euros desde el año 2020- y, con ello, las cotizaciones a la Seguridad Social, ya que estas cotizaciones dependen del salario percibido. De esta manera, se pretende proteger a las empleadas del hogar, evitando la merma de sus condiciones laborales, así como luchar contra la economía irregular ante la multitud de denuncias y comunicaciones presentadas ante la ITSS. Literalmente, el fin de este plan de actuación consiste en ajustar la cuantía actualmente marcada del SMI en un sector feminizado y precarizado.

¿Cómo deberían quedar los salarios en este régimen? Si se trabaja a jornada completa, el salario mínimo debe ser 950€/mes por 14 pagas o 1.108,33€ en caso de prorratearse las pagas (950 € x 2 pagas / 12 meses = 158,33 € importe prorrateo pagas extras). Si se trabaja por horas, el mínimo a cobrar debe ser 7,43 €/hora.

¿Cómo pueden regularizar los empleadores/as la situación de sus trabajadores? El empleador deberá comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social el salario real y actual desde el 1 de enero de 2021 de su empleada, sin que, como ya hemos señalado previamente, el mismo pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional.

El complicado horizonte laboral que nos ha deparado la pandemia del COVID no puede ser óbice para que se permita la manga ancha frente al incumplimiento de las obligaciones con respecto a unos trabajadores, en su inmensa mayoría mujeres, históricamente ejercientes de una actividad tan necesaria como precarias siguen siendo sus condiciones laborales.


Artículo original de Marga de Matos para el digital canal4 diario

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Neus Lafuente, de Moya & Emery, en Ràdio Calvià FM, sobre la Ley de la Segunda Oportunidad

¿Acuciado por las deudas?

Debes saber que la Ley de Segunda Oportunidad puede ser el mecanismo adecuado para poder salir de dicha situación en caso de que seas un particular o persona física. Con esta ley podrás poner en marcha un procedimiento en el que solicitar que se cancelen tus deudas, llegando a un acuerdo con tus acreedores, siempre que cumplas con todos los requisitos exigidos por la ley.

En el vídeo siguiente vídeo del consultorio jurídico de Radio Calvià, Neus Lafuente, de Moya & Emery, responde a las siguientes preguntas sobre la Ley de Segunda Oportunidad:

• ¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

• ¿A quién va destinado este mecanismo?

• ¿Cuáles son los requisitos?

• ¿Cuánto tiempo tarda en resolverse la ley de segunda oportunidad?

• ¿Desde qué momento se congelan mis deudas e intereses?

• En el caso de acuerdo extrajudicial, ¿tienen que estar todos los acreedores de acuerdo?

• ¿Cuál es la función del notario en el proceso?

• ¿Cuál es la función del juez en el procedimiento?

• ¿Cuál es la función del mediador concursal?

• ¿Cuál es la función de los abogados en el procedimiento?

• ¿Se puede acoger cualquier persona?

• ¿Quedará afectado mi patrimonio si me someto a ésta ley?

• ¿Tengo que dejar de pagar todas mis deudas?

• ¿Qué ocurriría si me demandan los acreedores mientras estoy en el procedimiento?

• ¿Puedo seleccionar las deudas que presentar a concurso?

• ¿Qué ocurriría si una vez canceladas las deudas se descubre que tengo patrimonio oculto?

• ¿Si debo a hacienda y a la seguridad social puedo acogerme a la ley?

• ¿Qué pasaría si eres coporopietaria de un inmueble?

• ¿Qué pasaría si me viene mejor fortuna una vez me han cancelado las deudas?

• ¿Después de tener el auto de cancelación de deuda podría comprarme una casa?

• ¿y podría pedir un préstamo?

• ¿Qué documentación necesitamos para iniciar el prodecimiento?


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Atención, gimnasios y escuales de danza en Mallorca: publicada la convocatoria de ayudas para paliar los efectos del coronavirus en el sector del deporte

El Consell de Mallorca, a través de la Fundación Mallorca Turismo, con la colaboración del Govern de les Illes Balears, con el fin de ayudar a paliar los efectos económicos negativos que generan las medidas para controlar la COVID-19 en el sector del deporte ha dispuesto la convocatoria de ayudas, que puedes consultar en el BOIB a través de este enlace.

Si eres titular de un gimnasio o escuela de danza en Mallorca puedes acceder a una ayuda de 3.000€ por establecimiento con un máximo de dos (6.000€). El montante dispuesto para este tipo de ayudas asciende a millón y medios de euros.

Para conocer los requisitos y la documentación necesarios para acceder a estas ayudas puedes consultar toda la información aquí y realizar la tramitación electrónica de la subvención, a partir de mañana domingo, aquí. Por supuesto, si precisas cualquier información adicional de ésta y otras medidas de ayuda para el sector del deporte u otro sector de actividad al que pertenezcas, ya sea como trabajador autónomo o como empresa, no dudes en ponerte en contacto con Moya & Emery:


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Guía de la Seguridad Social para trabajadores autónomos de preguntas y respuestas sobre la prestación extraordinaria por CESE DE ACTIVIDAD a consecuencia del covid-19

1. ¿Es lo mismo que el “paro” de los autónomos vigente desde 2010? ¿Cuál es su duración?

No, se trata de una prestación diferente y extraordinaria, recogida en el Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 (ARTICULO 17), puesto que, entre otras cuestiones, se han modificado cuantía, duración y requisitos de acceso a la misma con el objetivo de que pueda acogerse un mayor número de beneficiarios.
La vigencia está limitada a un mes a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, por el que se ha declarado el estado de alarma para la gestión de la crisis ocasionada por el Covid-19.
En todo caso, si el estado de alarma se prorrogara más allá del mes de duración inicial, la prestación finalizará el último día del mes en que se finalice dicho estado de alarma.

2. ¿Quién puede acceder a la prestación?

Los trabajadores por cuenta propia o autónomos cuyas actividades hayan quedado suspendidas por la declaración del estado de alarma (según el anexo del RD 463/2020),

O, en otro caso, cuando la facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida al menos un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

3. ¿También pueden pedirlo los autónomos que tienen trabajadores a su cargo?

Sí, los que tengan trabajadores a su cargo y hayan tenido que cerrar por la declaración del estado de alarma o sufrido una reducción de su facturación al menos de un 75%, pueden presentar un ERTE para sus trabajadores y solicitar a su vez esta prestación extraordinaria.

4. ¿Qué requisitos se requieren?

  • Estar afiliados y en alta en Seguridad Social en la fecha de la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020), ya sea en el Régimen de los Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
  • Sólo en el supuesto de que su actividad no se haya suspendido por la declaración del estado de alarma, deberán acreditar la reducción de su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación al menos en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto, una vez acreditada, producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
  • A diferencia de la prestación ordinaria del Cese de Actividad, no se exige un periodo de cotización de 12 meses para acceder a la prestación.

5. ¿Se tiene que dar de baja en la Seguridad Social y en Hacienda?

Durante el periodo de percepción de la prestación extraordinaria por cese de actividad, el trabajador autónomo que suspenda la actividad no deberá tramitar la baja en la Seguridad Social y continuar de alta en su actividad económica en Hacienda.

Si la causa del derecho a la prestación es la reducción de la facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación en un 75 por ciento en relación con la efectuada en el semestre anterior, deberá permanecer, en todo caso, de alta en el correspondiente régimen de Seguridad Social, para que le sea de aplicación la normativa excepcional del RDL 8/2020.

6. ¿Qué ocurre si se da de baja y quiere solicitar la prestación?

Durante el periodo de percepción de la prestación extraordinaria por cese de actividad el trabajador autónomo que suspenda la actividad no deberá tramitar la baja en la Seguridad Social, es necesario por tanto que continúe de alta en el régimen de autónomos.

7. Si se ha suspendido la actividad autónoma, ¿tienen que renunciar a las bonificaciones que disfrutan como por ejemplo la tarifa plana?

No. Transcurrida la duración de la prestación volverán, en su caso, a ser de aplicación los beneficios en la cotización que se vinieran disfrutando con anterioridad a la concesión de esta prestación.

8. ¿El autónomo tiene que cotizar mientras perciba la prestación?

No. Ese periodo se entiende como cotizado según el artículo 17 del RDL 8/2020.

9. ¿El tiempo de percepción que se reconozca cuenta como consumido para posibles nuevas solicitudes de la prestación en el futuro?

No, este periodo de prestación no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

10. Si ya he ingresado las cuotas del periodo en el que se percibe la prestación extraordinaria ¿se puede solicitar su devolución?

Las cuotas ingresadas que se superpongan con alguno de los días del periodo durante el que se tiene derecho a la prestación de carácter extraordinario han sido devueltas por la Tesorería General.
La resolución del reconocimiento del derecho a la devolución se ha notificado en la SEDESS y el importe se ha abonado en la misma cuenta bancaria en la que se  efectuó el cargo.
En el caso de no haberse tramitado la devolución puede solicitarla a través del correspondiente servicio de la SEDESS.

11. ¿Qué ocurre con los autónomos que están obligados a seguir prestando servicio, como los taxistas?

Como se ha comentado, estos trabajadores tendrán derecho a la prestación si acreditan la caída en la facturación de al menos un 75%, no existiendo problema alguno en compatibilizar la prestación y la actividad.

12. ¿Qué cuantía le corresponde al autónomo?

Se determinará aplicando el 70% a la base reguladora, calculada igual que en la prestación ordinaria del cese de actividad, o sea el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores.

Como no se exige el periodo de 12 meses de cotización para acceder a la prestación, cuando éste no se acredite la cuantía de la prestación será siempre equivalente al 70% de la base mínima de cotización del Régimen de Autónomos que será aplicable también a los Trabajadores del Mar (70% de 944,35€=661,04 €).

13. ¿Qué duración tendrá la prestación?

Tendrá una duración de un mes, ampliándose hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma en el caso de que dicha situación se prorrogue más allá del mes establecido.

Además, el tiempo que dure su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que pueda tener derecho en el futuro.

14. ¿En qué fecha nace el derecho a cobrar la prestación?

El trabajador que cumpla con los requisitos tendrá derecho a percibir la prestación con efectos del 14 de marzo de 2020, fecha en la que entró en vigor el RD 463/2020 que declaró el Estado de Alarma.

15. ¿Qué documentación habría que presentar?

Aquellos cuya actividad se encuentra entre las suspendidas por el RD 463/2020:

  • Solicitud de prestación y declaración jurada.
  • Modelo 145 de datos al pagador.
  • Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte.
  • Número de Cuenta Bancaria, código IBAN.
  • Los dos últimos recibos de cotización.
  • Libro de familia en el caso de hijos a cargo.

Además de esta documentación, cuando la causa de la prestación sea la disminución de la facturación deberán de acreditar dicha reducción. En el formulario de la página web se indicará la documentación a presentar en cada caso.

16. ¿Es compatible con otras prestaciones de Seguridad Social?

Esta prestación será compatible con cualquier otra prestación de seguridad social que el beneficiario viniera percibiendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
 
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será incompatible con la percepción de la ayudas por paralización de la flota.

17.¿Quién es la Entidad que debe gestionar la prestación?

La gestión de esta prestación corresponderá a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social o al  Instituto Social de la Marina en el ámbito del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, si los trabajadores autónomos tienen cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades con esta entidad gestora de la Seguridad Social.

Si tiene cubierta esta protección con el Instituto Nacional de la Seguridad Social debe solicitar la prestación ante la Mutua Colaboradora por la que opte en el momento de solicitar la prestación.

18. ¿Es compatible con las prestaciones laborales en el sector agrario incluidas en el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril?

No, el régimen de compatibilidad establecido por ese Real Decreto-ley no afecta a esta prestación extraordinaria por cese de actividad.

19. ¿Cuáles son las medidas aprobadas para la protección de trabajadores autónomos por el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo?

  1. Prestación extraordinaria de cese de actividad para trabajadores autónomos por suspender todas sus actividades como consecuencia de resolución de autoridad competente como medida de contención del virus COVID-19(Art.13.1,Real Decreto-Ley 30/2020)
  2. Prestación extraordinaria de cese de actividad para trabajadores autónomos que no pueden causar derecho a la prestación ordinaria prevista en la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 30/2020 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y siguientes de la Ley General de Seguridad Social, por no reunir los requisitos de carencia exigidos en la norma (Art. 13.2 Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre).
  3. Prestación extraordinaria de cese de actividad para trabajadores de temporada (RD-Ley 30/2020 de 29 de septiembre. Art. 14).
  4. Prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos compatible con el trabajo por cuenta propia (Disposición Adicional cuarta RD- Ley 30/2020 de 29 de septiembre)
  5. PRÓRROGA DE LA PRESTACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD CAUSADA AL AMPARO DEL ARTÍCULO 9 DEL REAL DECRETO-LEY 24/2020 Y TRABAJO POR CUENTA PROPIA (Disposición Adicional cuarta RD- Ley 30/2020 de 29 de septiembre)

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo



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Aprobada la 2ª Convocatoria de ayudas a la restauración en Mallorca para evitar los efectos del coronavirus

Puede tener acceso a la resolución aprobada por la Fundació Mallorca Turisme, publicada en el BOIB de hoy día 26 de Enero, aquí.

Además, también puede acceder al modelo de solicitud de las ayudas y los anexos con las declaraciones responsables exigidas, que también encontrará en la pagina oficial habilitada al efecto http://ajutsmallorca.com/:

Si está usted interesado en recibir más información sobre esta nueva ayuda disponible, pida cita con Moya & Emery y le guiaremos durante todo el proceso de solicitud de ayudas a la restauración de Mallorca, que, en este caso sólo admite una solicitud por vía electrónica.


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Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social Illes Balears para la protección del Sector Turístico y las trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos

Antecedentes

La pandemia de la COVID-19 ha supuesto una crisis sanitaria a nivel mundial sin precedentes, que se ha transmitido de manera volátil e inusitada al tejido económico y  social, provocando una paralización de la economía mundial.

En el caso de España, la expansión de la enfermedad obligó a la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se estableció el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que conllevó importantes medidas restrictivas de la movilidad y la economía que implicaron el cese parcial o total de determinadas actividades.

La comunidad autónoma de las Illes Balears, con un modelo económico de marcado carácter terciario y propulsado por actividades turísticas, ha sido uno de los territorios más afectados por la crisis sanitaria de la COVID-19, que se inició previamente al lanzamiento masivo de la temporada turística del año 2020. No deben obviarse las dificultades del sector turístico que desarrolla su actividad en un entorno económico globalizado, profundamente cambiante.

Para dar respuesta, desde un punto de vista social, a la situación generada por la crisis de la COVID-19, el Gobierno del Estado aprobó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante el cual se garantizaron medidas de flexibilidad y de protección del tejido productivo y social de nuestro país, a través de la figura jurídica de los expedientes de regulación temporal de empleo (en adelante ERTE).

En la comunidad autónoma de las Illes Balears los ERTE han tenido un especial nivel de cobertura, gracias a la inclusión de las trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos, inclusive aun cuando no habían sido llamados antes del inicio del estado de alarma, de manera que se han visto protegidos mediante una prestación extraordinaria por desempleo.

A pesar de los esfuerzos del Govern de las Illes Balears y de los agentes sociales por impulsar la temporada turística durante el año 2020, con un con una mayor activación en el mes de julio, fruto de los resultados de la Prueba Piloto para un turismo seguro, la evolución de la crisis sanitaria impidió extender la reactivación del sector desde mediados del mes de agosto. Así las cosas, la crisis de la COVID-19 significó además de un inicio tardío de la temporada turística, una finalización anticipada de la misma, pues suele darse por concluida, con carácter general, en los meses de octubre y noviembre.

Ante esta situación se hacía imprescindible garantizar la protección de las trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos, pues son quienes responden a la estacionalidad de la actividad turística en nuestras islas, además de dar cobertura al tejido empresarial, evitando una situación de descapitalización que podría generar la obligación de abonar cuotas de Seguridad Social en periodos prolongados de inactividad.

Con este propósito, el 16 de septiembre de 2020, la Mesa de Diálogo Social de las Illes Balears acordó establecer el 30 de septiembre como fecha de fin de temporada y actividad para las trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos. De este modo, se habilitó a las empresas para que procedieran a interrumpir la relación laboral del colectivo de fijos discontinuos, quedando exentas de la obligación de abonar las cuotas de Seguridad Social correspondientes a estas personas trabajadoras. Este acuerdo tuvo traslado a la Instrucción del Conseller de Model Econòmic,Turisme i Treball, de 29 de septiembre, sobre finalización de la temporada de las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo, publicada el 30 de septiembre en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).

Para evitar la desprotección prestacional del colectivo de fijos discontinuos una vez interrumpida la relación laboral, la Mesa de Diálogo Social acordó solicitar al Ministerio de Trabajo y Economía Social el establecimiento de una prestación extraordinaria por desempleo, con las mismas condiciones que las inicialmente reconocidas en el Real Decreto Ley 8/2020, que además permitiera la flexibilidad de entrada y salida a la prestación sin ningún perjuicio para la trabajadora o trabajador. 

El acuerdo y las solicitudes alcanzadas en la Mesa de Diálogo de las Illes Balears tuvieron su reconocimiento y materialización en el Real Decreto Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, aprobado por el Gobierno de España. El artículo 9 de la mencionada norma reconoció el derecho de las trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos a percibir, desde el inicio del periodo de inactividad, una prestación extraordinaria en la misma cuantía que la reconocida durante la afectación por el expediente de regulación temporal de empleo, con una vigencia hasta el 31 de enero de 2021. Asimismo, se dotó de flexibilidad a la medida, permitiendo a empresas y personas trabajadoras ajustar la entrada y salida de la prestación a las necesidades productivas de la actividad económica.

Como bien es conocido, recientemente, y fruto también del trabajo realizado por el diálogo social de las Illes Balears, la Mesa de Diálogo Social de nivel nacional ha alcanzado un acuerdo en materia de prorroga de las medidas de protección del empleo hasta el 31 de mayo de 2021. En este sentido, se han prorrogado, hasta la indicada fecha, las distintas figuras de ERTE vigentes al amparo del Real Decreto Ley 30/2020, las medidas extraordinarias en materia de cotización a la Seguridad Social vinculadas a los mismos, y también las prestaciones extraordinarias para las trabajadores y trabajadoras, incluida, la correspondiente a la protección del colectivo de fijos discontinuos.

De este modo, y hasta el 31 de enero de 2021, se blinda la protección de las trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos, medida fundamental para el mercado laboral de nuestras islas,  debido a la particular importancia de esta figura jurídica en la actividad turística y su volumen en la población activa.

Acuerdo

En el momento actual, en España y en la mayoría de países del mundo, entre ellos nuestros principales mercados emisores, se está registrando una tendencia ascendente en el número de casos de personas enfermadas por la COVID-19. La complicada situación epidemiológica por la que atravesamos ha propiciado la adopción, por parte de las Administraciones Públicas, de medidas sanitarias de prevención y protección de la COVID-19, que han supuesto la restricción de movilidad de las personas, y sustancialmente, de determinadas actividades económicas.

Como bien se ha expuesto anteriormente, el modelo económico de nuestras islas tiene como motor el sector terciario, turístico, que funciona y desarrolla su actividad en un entorno globalizado y de desplazamiento de las ciudadanas y ciudadanos. En este contexto de situación sanitaria, resulta necesario afrontar la protección de nuestro principal tejido productivo, a expensas de la fecha en la que pueda realizarse el lanzamiento de la temporada turística, evitando que puedan producirse procesos cierre.

Con este objetivo las partes acuerdan:

  • Garantizar la protección de las trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos mediante el acceso a la prestación  extraordinaria que vienen percibiendo en base al artículo 9 del Real Decreto Ley 30/2020, con vigencia hasta el 31 de mayo de 2021.
  • Permitir a las empresas mantener a las personas trabajadoras del colectivo de fijos discontinuos en la protección extraordinaria hasta el 31 de mayo de 2021, evitando la necesidad de efectuar el correspondiente llamamiento e incorporación al expediente de regulación temporal de empleo que tuviere vigente la empresa. Con ello, se pretende la protección del empleo, pues se evita que las empresas deban asumir el abono de cuotas de la Seguridad Social correspondientes a este colectivo de empleadas y empleados, que podría dar lugar a procesos de descapitalización al tratarse de un periodo temporal sin actividad económica.

Sin perjuicio de lo anterior, se acuerda la flexibilidad para que las empresas ajusten el llamamiento de los trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos a las  necesidades productivas que puedan tener lugar hasta el 31 de mayo de 2021, con la pertinente entrada y salida de la protección de la prestación extraordinaria y del ERTE, sin afectación para los derechos de la persona trabajadora.



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About property purchasing in Majorca by British after Brexit

Few days ago we could read in the papers, here in Majorca, some headlines like this one:

British will only be able to purchase properties (in Spain) with a military authorisation

Unfortunately, the provided information is not accurate and Moya & Emery wants to clarify that the mentioned military authorization is not required if a British wants to purchase an urban property (flats, villas, etc.) according to section 35.1 of the Royal Decree 689/1978.

We recommend you to get legal advice before purchasing a property to avoid any problem. For sure, as it is one of our finest expertises, you can choose our legal firm in case you need.


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