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Ordenan al Ayuntamiento de Valencia devolver el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de 2020 pagado por un hotel cerrado durante la pandemia

La hotelera solicitó al Consistorio valenciano la devolución de las cantidades abonadas en concepto de Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del ejercicio de 2020 y éste se negó arguyendo que el devengo del impuesto se había producido y la declaración presentada era firme.

Posteriormente, un Juzgado de lo Contencioso ha dado la razón a la empresa, que recurrió la negativa del ayuntamiento, señalando que el confinamiento, los cierres forzosos y la posterior limitación en los aforos para el desarrollo de la actividad menguaron hasta tal punto la actividad económica que ello determinó que no haya existido hecho imponible de impuesto (aquello que determina que surja la obligación de pagar el impuesto, en este caso, el ejercicio de la actividad económica) y, por tanto, debe ser reembolsada por el ayuntamiento íntegramente la cantidad abonada por la hotelera, sin necesidad de que haya comunicado explícitamente una baja de la actividad durante la pandemia.

Lee más acerca de la noticia en el artículo publicado por el diario ElPaís.com que te transcribimos a continuación:


Un juzgado ordena al Ayuntamiento de Valencia devolver el IAE de 2020 a un hotel cerrado por la pandemia

Fuente: ElPaís Autor: Ferran Bono

El Consistorio tendrá que reembolsar 26.888 euros al establecimiento que recurrió el pago por su inactividad o por la reducción de la misma

El Juzgado de lo Contencioso 3 de Valencia ha estimado el recurso de una empresa hotelera contra el Ayuntamiento de Valencia y ha acodado que le sean reembolsados 26.888 euros del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del ejercicio de 2020, más los intereses legales, a causa de las restricciones de la pandemia de coronavirus (cierre durante el Estado de Alarma y posteriores restricciones en los aforos). La sentencia es firme y no admite recurso. El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Compromís y PSPV-PSOE, no ha querido de momento pronunciarse sobre la sentencia.

La empresa basó la petición de devolución de este impuesto por considerar que “no se ha producido el hecho imponible”, puesto que “durante la práctica totalidad del ejercicio 2020 ha visto gravemente limitado el ejercicio de su actividad económica, con cierre temporal de sus locales”. De este modo, detalla en la reclamación que los establecimientos hicieron frente al cierre total del 14 de marzo al 21 de junio; limitación de aforo al 75 % del 21 de junio al 6 de noviembre y hasta 31 de diciembre, ocupación máxima de un tercio del aforo.

La empresa recurrió al tribunal tras la oposición del Ayuntamiento a su petición de reembolso con el argumento de que el hotel pidió la devolución cuando las liquidaciones ya eran firmes por lo que defendió que la petición no tenía sentido “ya que el devengo se había producido, conforme a la naturaleza del impuesto, el primer día del periodo impositivo, poniéndose de manifiesto con posterioridad, la prohibición de ejercicio de la actividad, por disposición reglamentaria del Gobierno de la nación”.

Sin embargo, el juez entiende que en este caso “se trata de un supuesto de ausencia de hecho imponible, sin que resulte exigible a la parte actora la formalidad de comunicar una baja en la actividad, que le había sido impuesta por el mismo estado (en sentido amplio) que ahora reclama el tributo de la pretendida actividad, sin que se trate, como pretende el Ayuntamiento, de una bonificación, sino de la devolución debida, de ingresos derivados de hecho imponible no producido, ante la reducción forzosa del período y objeto del impuesto”.

Además de la devolución del montante del impuesto, el juez impone el pago de las costas procesales al Ayuntamiento.


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Cláusulas bancarias abusivas: IRPH, Suelo… Neus Lafuente te explica qué son y cómo reclamar tu dinero

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de A Coruña ha declarado la nulidad de la cláusula IRPH contenida en un contrato de préstamo hipotecario del año 2006 y ha ordenado al banco a devolver todo lo cobrado (60.000 € más intereses), así como a pagar los costes del proceso.

Mira el vídeo completo de Neus Lafuente en el que informa sobre los aspectos más novedosos de esta sentencia, su importancia, otras novedades relacionadas con las cláusulas bancarias abusivas y, como no, para saber qué hay que hacer para reclamar las cantidades pagadas de más si nuestro préstamo hipotecario contiene alguna de estas cláusulas suelo, IRPH, etc. También conocerás cómo actuar si ha habido una novación o ampliación de la hipoteca, si se ha vendido la vivienda a un tercero que se subrogó en la hipoteca que contenía las cláusulas abusivas o si el banco con el que se contrato la hipoteca fue absorbido por otro.

No dudas en pedir cita en Moya&Emery en nuestra oficina de Palma o Calvià. Trae tu escritura de préstamo hipotecario o tu contrato para que lo revisemos y te informemos al respecto de una posible reclamación.


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Nuevo plazo para presentar renuncias o revocaciones al método de estimación objetiva del IRPF y tanto al régimen especial simplificado como al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA

De cara a este año 2022, el plazo de renuncias al método de estimación objetiva del IRPF al que se refieren los artículos 33.1.a) del Reglamento del IRPF y el artículo 33.2, párrafo segundo, del Reglamento del IVA, esto es, del régimen especial simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, será desde el día 30 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022.

Las renuncias y revocaciones presentadas, para el año 2022, durante el mes de diciembre de 2021 y que hayan sido realizadas antes del 30 de diciembre de 2021 se entenderán presentadas en período hábil y, por lo tanto, los sujetos pasivos podrán variar su opción válidamente.

También se entenderá efectuada la renuncia a los regímenes anteriores, cando se presente en plazo la declaración-liquidación correspondiente al primer trimestre del año natural (2022) en que deba surtir efectos aplicando el régimen general. En caso de inicio de la actividad, también se entenderá efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba presentar el sujeto pasivo después del comienzo de la actividad se presente en plazo aplicando el régimen general.

¿Necesitas más información o ayuda para realizar este trámite válidamente? Ponte en contacto con Moya&Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Calvià o Palma y pide cita con nosotros:


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Ley de Segunda Oportunidad en 8 sencillas preguntas y sus respuestas

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una nueva oportunidad a todas aquellas personas físicas, ya sean asalariados, funcionarios o incluso AUTÓNOMOS, que tengan una deuda presente o inminente a la que no pueden hacer frente. Es una solución que te ofrece la oportunidad de cancelar totalmente tus deudas. Es un mecanismo concursal específico para personas físicas.

¿A quién va destinada?

Va destinado a cualquier persona física. Ya sean asalariados, funcionarios o AUTÓNOMOS.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos actuales, aunque probablemente se vean relajados con la nueva reforma de Ley Concursal, son los siguientes:

  1. Tu deuda no debe superar los cinco millones de euros.
  2. Que exista buena fe por parte del deudor.
  3. Demostrar que no se tiene patrimonio para hacer frente a las deudas o que éste ya ha sido liquidado.
  4. Tener al menos dos acreedores diferentes.
  5. No haberse acogido a esta Ley en los últimos 10 años desde la sentencia.
  6. Que no te hayan declarado culpable en otro concurso anteriormente.
  7. No tener antecedentes penales en relación con delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, la hacienda pública, la seguridad social, falsedad documental, ni contra los derechos de los trabajadores.
  8. No haber rechazado una oferta de trabajo adecuada a tus capacidades durante los 4 años anteriores a la solicitud de la Segunda Oportunidad.

¿Cuáles son los benefricios que puedes obtener gracias a esta ley?

Podrás volver a pedir financiación, desaparecerás de los listados de morosidad, podrás volver a tener tarjetas de crédito y empezar una nueva vida.

¿En qué consiste este procedimiento?

Consiste en dos fases. Inicialmente, se lleva a cabo una fase extrajudicial en la que se intenta llegar a un acuerdo de pago con los acreedores. Dicha fase no podrá durar más de dos meses tal y como establece la Ley.

En caso de que hayan transcurrido los dos meses sin acuerdo, se iniciará la fase judicial, el concurso consecutivo. Durante el cual, el Juez podrá exonerar el 100% de la deuda.

¿Se puede acoger cualquier persona independientemente de su sueldo?

Sí, cualquier persona se puede acoger. Ya seas autónomo o asalariado. Lo único que hay que tener en cuenta es que la deuda no supere los cinco millones de euros. Sin embargo, la ley no establece el mínimo legal para poder solicitar la Segunda Oportunidad.

¿Las deudas se eliminan para siempre?

Las deudas desaparecerán de forma efectiva cuando hayan transcurrido cinco años desde la sentencia.  Durante este periodo, no se tendrán que pagar, pero es el plazo que se estipula para que se pueda revisar el caso, si los acreedores lo solicitan. Podrían hacerlo, por ejemplo, si se sospecha que el deudor no ha obrado de buena fe.

En lo que respecta al futuro, una persona que ya se ha beneficiado de la Ley Segunda Oportunidad podría volver a hacerlo en el futuro, siempre que el concurso no se solicite en los 10 años posteriores.

¿En qué afectará el anteproyecto de reforma dede la Ley Concursal aprobado el mes pasado por el Consejo de Ministros?

Pretende reformar en profundidad el procedimiento de segunda oportunidad con el objetivo de incentivar a los beneficiarios a continuar con su actividad laboral o empresarial y posibilitando una segunda oportunidad realmente efectiva.

Destaca la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos a los acreedores, permitiendo al deudor, bajo ciertas condiciones, mantener su vivienda habitual y, si fuera autónomo, continuar con su actividad.

El plan de pagos tendrá una duración máxima de tres años, que se ampliará a cinco años cuando no se enajene la vivienda habitual del deudor.

Se amplía la relación de deudas exonerables y se eliminan o se relajan ciertas restricciones para poder acceder a las exoneraciones.

Por lo que, en cuanto entre en vigor, las condiciones para acceder a la segunda oportunidad serán más flexibles y las probabilidades de cancelación de las deudas más elevadas.

¿Por qué Moya&Emery somos los más adecuados para ayudarte en esta materia?

Actualmente hemos conseguido un 100% de tasa de éxito en todos nuestros casos. Por lo que, animamos a todas esas personas que se ven en una situación de insolvencia actual o inminente a que nos visiten y estudiemos su caso sin compromiso.


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La tarifa plana para autónomos societarios

Un autónomo societario es quien han constituido una mercantil con persona jurídica para desarrollar su actividad. Hasta el año 2020 no existía lo que ha dado en llamarse “tarifa plana” -bonificaciones en sus cuotas a la seguridad social- para este tipo de profesionales.

Los requisitos principales para disfrutar de la reducción de la cuota de autónomo societario en que consiste la “tarifa plana” son:

  • no tener deudas pendientes con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.
  • Darse de alta por primera vez en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA).
  • En caso de trabajadores que ya estuvieran de alta en el RETA: que hayan transcurrido al menos dos años de su última alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), o bien que hayan transcurrido 3 años en caso de haber disfrutado cualquier otra bonificación.

El autónomo societario tendrá que elegir para este año 2022 su base de cotización, lo que determinará el importe que deba satisfacer mensualmente a la Seguridad Social. La base mínima de cotización está fijada en 1.234,86 €, y si se opta por ella, la tarifa plana es de aproximadamente 85 € durante el primer año.

Además, después del primer año la cuota de autónomo societario es bonificada en un 50% desde el mes 12 al 18 y del 30% desde el mes 18 al 24.

Así, la tarifa plana de un autónomo societario supone un ahorro de 3.514,44 € el primer año; 1.133,61 € del mes 12 al 18 y 680,16 € del mes 18 al 24.

Pese a que la “tarifa plana” fue aprobada en el año 2013, no fue hasta el año 2020 cuando los autónomos societarios han podido efectivamente disfrutarla. Por este retraso, todos los que cumplieran con los requisitos para ello pero no hayan podido disfrutar la tarifa plana, habiendo pagado de más en sus cuotas (por no haber podido acceder a la bonificación), pueden reclamar como ingresos indebidos a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

¿Todavía tienes dudas? ¿Quieres acogerte a la tarifa plana para autónomos societarios? Pide cita con Moya&Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.


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La nueva regulación de los ERTE con la aprobación de la Reforma Laboral

Tanto si eres empresario como trabajador te interesa conocer los cambios que la reciente aprobación de la Reforma Laboral ha deparado para los ERTE. Echa un vistazo a nuestro blog para conocerlo todo sobre:

• la nueva regulación de los ERTE ETOP (por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) y los ERTE Fuerza Mayor
• la cotización durante los ERTE
• las exenciones a la cotización

Lee toda la información que buscas en el completo artículo publicado por el portal jurídico ElDerecho.com que te transcribimos a continuación y no olvides visitar todas nuestras entradas de blog acerca de la reforma laboral:


Nueva regulación de los ERTE tras la aprobación de la Reforma Laboral

FUENTE: ElDerecho.com AUTOR: Redacción Lefebvre

A. ERTE por causas ETOP y por fuerza mayor

Se modifica la regulación de los ERTE ETOP y por fuerza mayor con vigencia desde el 31-12-2021. Con relación a los ERTES por fuerza mayor se prevé su tramitación por impedimento o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública. Asimismo, se regulan las acciones formativas a desarrollar durante los ERTE y la cotización durante los mismos. Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

Las novedades de la nueva regulación son las siguientes:

ERTE por causas ETOP

 Las modificaciones incluidas son las siguientes:

1. Se regula la posibilidad tanto de suspender el contrato como de reducir la jornada temporalmente por causas ETOP, manteniendo la definición de lo que se consideran causas económicas, organizativas, técnicas y de producción.

2. Con relación al procedimiento, se inicia mediante comunicación a la autoridad laboral competente y la apertura simultánea de un periodo de consultas con la representación legal de las personas trabajadoras. Con relación al periodo de consultas, se establece los siguiente:

– Duración. Se establece que no puede superar los 15 días. Como novedad, se reduce a 7 días en caso de empresas de menos de 50 personas trabajadoras de plantilla.

– Comisión negociadora. Se reduce el plazo máximo para su constitución a 5 días (antes 7) desde la comunicación y cuando no se cuente con RLT el plazo se reduce a 10 días (antes 15). Transcurrido estos plazos la dirección de la empresa puede comunicar formalmente a la representación de las personas trabajadoras y a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas ya que su falta de constitución no impide el inicio y transcurso del periodo de consultas.

– Finalización: se regula la comunicación a las personas trabajadoras y a la autoridad laboral de las medidas adoptadas (reducción de jornada o suspensión de contratos) estableciendo:

– que debe incluir el periodo dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación de estas medidas;

– que la autoridad laboral debe recabar un informe preceptivo de la ITSS sobre los extremos de dicha comunicación y sobre el desarrollo del periodo de consultas. El informe debe evacuarse en el plazo de 15 días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas, quedando incorporado al procedimiento;

– la falta de comunicación produce la caducidad del procedimiento en los términos que reglamentariamente se establezcan.

– Si se declara injustificada la medida, la medida incluirá, además del reintegro de las prestaciones, el ingreso de las diferencias de cotización en la Seguridad Social-

3. Se regula la posibilidad de prorrogar la medida con las siguientes características:

– la empresa puede comunicar en cualquier momento la necesidad de prórroga, que se debe tratarse en un periodo de consultas con una duración máxima de 5 días;

– la decisión empresarial se comunica a la autoridad laboral en  7 días, con efectos desde el fin de dicho periodo.

ERTE Fuerza mayor temporal

Se regulan los supuestos de reducción de jornada y suspensión de los contratos con las siguientes características:

1. El procedimiento se inicia mediante solicitud de la empresa a la autoridad laboral competente, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y simultánea comunicación a la RLT. Asimismo, se establece lo siguiente:

La existencia de fuerza mayor temporal debe ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.

– Es preceptivo un informe preceptivo de la ITSS antes de dictar resolución, que debe pronunciarse sobre la concurrencia de la fuerza mayor.

– La resolución de la autoridad laboral sobre la existencia de fuerza mayor debe dictarse en el plazo de 5 días desde la solicitud. Surte efectos desde el hecho causante de la fuerza mayor, y hasta la fecha determinada en la misma resolución. En caso de falta de resolución expresa el expediente se entiende autorizado (silencio positivo).

– Si trascurrido el plazo máximo fijado en la resolución la situación de fuerza mayor se mantiene, debe solicitarse una nueva autorización.

2. Cuando la fuerza mayor sea consecuencia de impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública competente- incluyendo las adoptadas por protección de la salud pública- se aplica el procedimiento anterior. No obstante:

– no es preceptiva la solicitud de informe a la ITSS;

– la empresa debe justificar la existencia de las concretas limitaciones o del impedimento a su actividad como consecuencia de la decisión de la autoridad competente;

– la autoridad laboral autoriza el expediente limitaciones o impedimento de la actividad lo justifica.

Normas comunes a los ERTES ETOP Y Fuerza mayor temporal

1. La reducción de jornada por esta causa puede ser de entre un 10% y un 70% y computarse sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual. En la medida en que sea posible se deben priorizar las medidas de reducción frente a las de suspensión de contratos.

2. Junto con la notificación, comunicación o solicitud, la empresa debe comunicar a la autoridad laboral a través de los procedimientos automatizados que se establezcan:

– el periodo de aplicación de la medida;

– la identificación de las personas trabajadoras incluidas en el ERTE;

– tipo de medida a aplicar respecto de cada una de las personas trabajadoras y el porcentaje máximo de reducción de jornada o el número máximo de días de suspensión de contrato a aplicar.

3. Durante el periodo de aplicación del expediente, se aplican las siguientes limitaciones:

– la empresa puede desafectar y afectar a las personas trabajadoras informando a la RLT, previa comunicación a la entidad gestora de las prestaciones sociales y conforme a los plazos establecidos reglamentariamente a la TGSS.

– no pueden realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de actividad ni concertarse nuevas contrataciones laborales. Sí es posible cuando las personas afectadas no puedan desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras.

4. Si desarrollan acciones formativas pueden acceder a beneficios en materia de cotización y tener derecho a un incremento de crédito para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada para las empresas, en la siguiente cuantía (L30/2015 art.9.7 redacc RDL 32/2021):

– De 1 a 9 personas trabajadoras: 425 euros por persona.

– De 10 a 49 personas trabajadoras trabajadores: 400 euros por persona.

– De 50 o más personas: 320 euros por persona.

La obtención de los beneficios en la cotización se condiciona al mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras afectadas durante los 6 meses siguientes a la finalización del periodo de aplicación de estos (LGSS disp.adic.39.10 redacc RDL 32/2021)

5. Durante el ERTE de suspensión o reducción se puede acceder a la prestación por desempleo (LGSS art.267 redacc RDL 32/2021).

6. Se prevé que la TGSS, el SEPE y la ITSS tengan acceso a través de los procedimientos automatizados que se establezcan a:

–  todos los datos necesarios para la identificación y tipo del ERTE, de la empresa y de las personas trabajadoras incluidas en el expediente;

– el tipo de medida a aplicar;

– el período en el que se puede producir la reducción de jornada de trabajo o suspensión de los contratos de trabajo; y;

–  el porcentaje máximo de reducción de jornada o periodo máximo de suspensión de contrato previsto respecto de cada persona trabajadora (ET disp.adic.26 redacc RDL 32/2021).

B. Mecanismo RED de flexibilidad o estabilización en el empleo

Con vigencia desde el 31-12-2021 se crea el Mecanismo RED. Permite que las empresas soliciten, de manera voluntaria, a la autoridad laboral la reducción de la jornada de trabajo o, si esta no resulta viable, la suspensión de los contratos de trabajo. Se regulan dos tipos de mecanismo, el sectorial y el cíclico y requiere la activación del Consejo de Ministros. Se establece una nueva prestación para los trabajadores afectados.

1. Funcionamiento

Con vigencia desde el 31-12-2021 se incluye un nuevo precepto en el ET (art.47.bis) que crea el Mecanismo RED. Este mecanismo permite que las empresas soliciten, de manera voluntaria, a la autoridad laboral la reducción de la jornada de trabajo o, si esta no resulta viable, la suspensión de los contratos de trabajo. En todo caso, la reducción de jornada debe ser de entre un 10% y un 70%. Se computa sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual.

Modalidades

a) Cíclica. Cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización, con una duración máxima de un año.

b) Sectorial. Cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras. Su duración máxima inicial es de 1 año, con la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.

Puesta en marcha

La puesta en marcha de la medida requiere la activación del Mecanismo, a propuesta conjunta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el MTES y el MISSM, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Con carácter previo, debe informarse a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal. Cuando la modalidad sea sectorial, las organizaciones sindicales y más representativas a nivel estatal pueden solicitar la comisión tripartita del Mecanismo RED.

Las decisiones y consideraciones incorporadas en el Acuerdo del Consejo de Ministros en ningún caso pueden entenderse como justificación o aval para la adoptar medidas con relación al empleo o a las condiciones de trabajo.

Procedimiento

A. Solicitud. La reducción de la jornada o la suspensión de los contratos de trabajo en cualquiera de sus centros de trabajo, una vez activado el mecanismo, se solicita voluntariamente por la empresa a la autoridad laboral. Cuando la modalidad sea sectorial, la solicitud debe acompañarse un plan de recualificación de las personas afectadas.

B. Tramitación. Según establecido con carácter general (ET art.47.3 y 7 redacc RDL 32/2021). No obstante, debe tenerse en cuenta las siguientes particularidades:

a) La autoridad laboral debe remitir el contenido de la solicitud empresarial a la IITSS y recabar su informe preceptivo de esta sobre la concurrencia de los requisitos. El plazo para evacuar el informe es de 7 días improrrogables desde la notificación de inicio por parte de la empresa a la autoridad laboral.

b) La autoridad laboral dicta la resolución en el plazo de 7 días naturales a partir de la comunicación de la conclusión del periodo de consultas. Si no hay pronunciamiento expreso, se autoriza la medida.

c) Si el período de consultas concluye con acuerdo, la autoridad laboral autoriza la aplicación del mecanismo. Si concluye sin acuerdo, la autoridad laboral estima la solicitud si de la documentación aportada,  deduce que concurre la situación cíclica o sectorial,  desestimándola en caso contrario.

Limitaciones

Son las siguientes:

– La empresa puede desafectar y afectar a las personas trabajadoras en función de la recuperación de los niveles de actividad a través de los procedimientos automatizados que establezcan dichas entidades (SEPE y TGSS) y previa información a la RLT.

– No se pueden realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de actividad ni concertarse nuevas contrataciones laborales. Esta prohibición no se aplica cuando las personas en suspensión contractual o reducción de jornada no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información a la representación legal de los trabajadores.

Beneficios

Se prevén los siguientes beneficios:

A. Beneficios de cotización, consistentes en exenciones sobre la aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta que se aplican en la siguiente cuantía:

1. ERTE Mecanismo RED en su modalidad cíclica:

– 60% desde la fecha en que se produzca la activación, por acuerdo del Consejo de Ministros, hasta el último día del cuarto mes posterior a dicha fecha de activación;

– 30% durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la terminación del plazo anterior;

– 20% durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la terminación del plazo al que se refiere el punto 2º anterior.

2. ERTE Mecanismo RED en su modalidad sectorial: 40%. Estas exenciones únicamente se aplican si las empresas desarrollan acciones formativas (ET disp.adic.25 redacc RDL 32/2021).

Para obtener beneficios de cotización las empresas deben mantener el empleo de los afectados durante los 6 meses siguientes a la finalización del periodo de aplicación. En caso de incumplimiento, la empresa debe reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas en relación a la persona trabajadora respecto de la cual se haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de demora correspondientes(LGSS disp.adic 39ª. 10 redacc RDL 32/2021)

El compromiso de mantenimiento del empleo se entiende incumplido si se produce la extinción del contrato de trabajo, durante el periodo de 6 meses desde la finalización del periodo de referencia acordado o autorizado. Por el contrario, no se considera incumplido cuando:

– el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora;

– por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo.

– cuando el contrato sea temporal y se extinga por finalización de su causa, o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

B. Formación profesional. Las empresas que desarrollen acciones formativas a favor de las personas cubiertas por el Mecanismo RED tienen derecho a un incremento de crédito para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada. Su cuantía es la siguiente (L30/2015 art.9.7 redacc RDL 32/2021):

– De 1 a 9 personas trabajadoras: 425 euros por persona.

– De 10 a 49 personas trabajadoras trabajadores: 400 euros por persona.

– De 50 o más personas: 320 euros por persona.

C. Medidas de protección social. Las personas trabajadoras cubiertas por un Mecanismo RED se benefician de las medidas en materia de protección social y tienen la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral (LGSS disp.adic.41ª redacc RDL 32/2021)

Control y financiación del Mecanismo RED

Corresponde a la ITSS colaborar para el desarrollo de actuaciones efectivas de control de la aplicación del Mecanismo, mediante la programación de actuaciones periódicas y de ejecución continuada. A tal efecto, tendrá acceso a los datos incorporados mediante procedimientos automatizados y aplicaciones que le permitan conocer los extremos relativos a la aplicación de los Mecanismos, las exoneraciones y prestaciones correspondientes, con el objetivo de desarrollar las debidas actuaciones de control.

Para su financiación se constituirá, adscrito al MTES, un Fondo RED de flexibilidad y estabilización con la finalidad de atender a las necesidades futuras de financiación derivadas de la modalidad cíclica y sectorial del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados a la formación, en la forma y condiciones previstas en su normativa de desarrollo. Serán recursos de este Fondo:

– los excedentes de ingresos que financian las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo y asistencial;

– las aportaciones que se consignen en los PGE;

– las aportaciones procedentes de los instrumentos de financiación de la UE orientados al cumplimiento del objeto y fines del Fondo; y

– los rendimientos de cualquier naturaleza que genere el Fondo.

2. Protección social del Mecanismo RED

Con vigencia desde el 31-12-2021 se regula la protección social del Mecanismo RED (LGSS disp.adic.41 redacc RDL 32/2021). Se trata de una prestación a la que pueden acceder las personas trabajadoras por cuenta ajena, cuando por aplicación de este mecanismo, vean suspendido su contrato o reducida su jornada temporalmente, siempre que su salario sea objeto de análoga reducción. Para acceder a la prestación no es necesario acreditar un previo periodo mínimo de cotización a la Seguridad Social.

La norma también se posibilita el acceso a la prestación a las personas que tengan la condición de socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado incluidas en el RGSS o RE con protección de la contingencia por desempleo.

Es necesario que la relación laboral o societaria se haya iniciado con anterioridad a la fecha de efectos de la resolución de la autoridad laboral autorizando la aplicación del Mecanismo RED o a la fecha del inicio del procedimiento para su aplicación. Para acceder a la prestación es necesaria la inscripción de la persona trabajadora ante el SEPE de empleo competente.

Los requisitos de la prestación son los siguientes:

a) Es incompatible con:

– la percepción de prestaciones o subsidios por desempleo;

– la prestación por cese de actividad;

– la renta activa de inserción;

– la obtención de otras prestaciones económicas de la SS, salvo que hubiesen sido compatibles con el trabajo;

– la percepción de otra prestación del Mecanismo RED.

En caso de tener derecho a una de ellas, se puede optar por la que se estime más favorable. Asimismo, no es posible percibir, de forma simultánea, prestaciones derivadas de dos o más mecanismos Red.

b) Respecto del procedimiento para la solicitud y reconocimiento de la prestación, debe seguir las siguientes reglas:

– La empresa deberá formular la solicitud, en representación de las personas trabajadoras, en el modelo establecido al efecto en la página web o sede electrónica del SEPE. En la solicitud deben constar:

  • los datos de todas las personas trabajadoras afectadas por la aplicación del Mecanismo RED, necesarios para el reconocimiento del derecho;
  • la naturaleza de la medida aprobada por la Autoridad Laboral; y
  • en caso de reducción de jornada, el porcentaje máximo de reducción autorizado.

De forma transitoria, y hasta que se desarrolle reglamentariamente, la empresa debe comunicar al SEPE los periodos de inactividad de los afectados por la suspensión o reducción de las medidas adoptadas. El procedimiento para esta comunicación se regulará por la Dirección General del SEPE (RDL 32/2021 disp.trans.8ª).

– El plazo para la presentación de esta solicitud es de 1 mes, a computar desde la notificación de la resolución autorizando la aplicación del Mecanismo RED o desde el certificado de silencio administrativo. Si se presenta fuera de plazo, el derecho nace el día de la solicitud y la empresa debe abonar a la persona trabajadora el importe que le hubiese correspondido.

– La base reguladora es el promedio de las bases de cotización en la empresa por AT/EP,  excluidas las horas extraordinarias, correspondientes a los 180 días anteriores al inicio de la aplicación de la medida. Si no se acreditan 180 días, se calcula en función de las bases correspondientes al periodo inferior acreditado.

– La cuantía de la prestación es del 70% de la base reguladora. La cuantía máxima no puede superar el 225% del IPREM incrementado en una sexta parte. Si la relación laboral es a tiempo parcial se determina en función del promedio de las horas trabajadas. Durante su aplicación, la empresa ingresa la aportación de la cotización que le corresponda y la entidad gestora ingresar la aportación del trabajador, previo descuento de su importe de la cuantía de su prestación.

– Es compatible con la realización de otro trabajo a tiempo parcial. No obstante, no se deduce de su cuantía la parte proporcional al tiempo trabajado.

– La duración se extiende hasta la finalización del período temporal de referencia dentro del que se aplica la suspensión del contrato o el porcentaje de reducción de jornada autorizados.

c) No se consumen las cotizaciones previas no utilizadas para el acceso a un derecho anterior. Asimismo, el tiempo de percepción de la prestación no se considera consumido de la duración en futuros accesos a la protección por desempleo. No obstante, este periodo no tiene la consideración de periodo de ocupación cotizada.

d) La prestación se suspende cuando se suspensa la relación laboral -por causa distinta del mecanismo RED-; y se extingue si se causa baja en la empresa por cualquier motivo, así como por imposición de sanción, en los términos previstos en la LISOS.

e) La gestión de estas prestaciones corresponde al SEPE. También le corresponde la gestión de las prestaciones indebidamente percibidas y el reintegro de las prestaciones de cuyo pago sea directamente responsable el empresario. En caso de trabajadores pertenecientes al RE mar, la competencia es del ISM.

f) La competencia sobre conocer sobre las resoluciones dictadas por la entidad Gestora le corresponde a la jurisdicción social.

g) Esta prestación se financia con cargo al Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.

3. Normas comunes ERTES ETOP, Fuerza mayor y Mecanismo RED

a) Normas de cotización aplicables durante los ERTE

Con vigencia desde el 31-12-2021 se modifica la LGSS para regular la cotización a la Seguridad Social durante los ERTE de suspensión y reducción de jornada, ya de carácter general o incluidos en el mecanismo RED, o en virtud de la resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal. La nueva regulación es la siguiente (LGSS art.153.bis redacc RDL 32/2021):

– Obligación de cotizar. La empresa está obligada a ingresar las cuotas correspondientes a la aportación empresarial. En caso de causarse la prestación por desempleo o de sostenibilidad asociada  al Mecanismo RED, la obligación de ingresar la aportación del trabajador corresponde a la entidad gestora (LGSS art.273.2 y disp.adic. 10 redacc RDL 32/2021).

– Base de cotización. Es el promedio de las bases correspondientes a los 6 meses naturales inmediatamente anteriores al inicio de cada situación de reducción de jornada o suspensión del contrato, con independencia de su procedencia de dichas bases de cotización. Para su cálculo debe tenerse en cuenta el número de días en situación de alta durante el período de los 6 meses indicado. En caso de de reducción temporal de jornada, debe reducirse en función de la jornada de trabajo no realizada.

– No se aplican las normas de cotización correspondientes a las situaciones de incapacidad temporal, descanso por nacimiento y cuidado de menor, y riesgo durante el embarazo y la lactancia natural.

b) Acciones formativas durante los ERTE

Con vigencia desde el 31-12-2021, regula la realización de acciones formativas durante los ERTE- tanto por causas ETOP y FM como los incluidos en el Mecanismo RED-.

Su objetivo es la mejora de las competencias profesionales y la empleabilidad de las personas trabajadoras (ET disp.adic.25 redacc RDL 32/2021)

Se prioriza el desarrollo de las acciones formativas dirigidas a atender las necesidades formativas reales de las empresas y trabajadores, incluidas la adquisición de competencias digitales. También se permite la realización de acciones formativas que permitan recualificar a las personas trabajadoras aunque no tengan relación directa con la con la actividad desarrollada por la empresa.

Las acciones formativas pueden desarrollarse a través de cualquiera de los tipos de formación previstos – teleformación, presencial y mixta – (LO 5/2002; L 30/2015) y durante la aplicación de la reducción de la jornada o suspensión del contrato en el ámbito de un ERTE o en tiempo de trabajo, con respeto a los descansos legalmente establecidos y al derecho a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

c) Exenciones a la cotización

Desde el 31-12-2021 se establecen beneficios en la cotización  para las empresas que durante la aplicación de los ERTE, tanto establecidos con carácter general, como incluidos en el Mecanismo RED, desarrollen acciones formativas (LGSS disp.adic.39 redacc RDL 32/2021) . Tendrán derecho a aplicar exenciones en la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta sobre la aportación empresarial (LGSS art.153.bis redacc RDL 32/2021).

Cuantía

La cuantía de las exenciones, dependiendo del tipo de ERTE, es la siguiente

a) ERTES por causas ETOP: 20%.

b)ERTES por fuerza mayor: 90%.

c)ERTES por fuerza mayor de impedimento o limitación en la actividad normalizada de la empresa: 90%.

d) ERTE Mecanismo RED en su modalidad cíclica:

– 60% desde la fecha en que se produzca la activación, por acuerdo del Consejo de Ministros, hasta el último día del cuarto mes posterior a dicha fecha de activación;

– 30% durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la terminación del plazo anterior;

– 20% durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la terminación del plazo al que se refiere el punto 2º anterior.

ERTE Mecanismo RED en su modalidad sectorial: 40%.

De tratarse de ERTES ETOP o de Mecanismo Red en su modalidad sectorial, estas exenciones únicamente se aplican si las empresas desarrollan acciones formativas (ET art.disp.adic.25).

Asimismo, se prevé que el Consejo de Ministros, atendiendo a la coyuntura macroeconómica general o la situación de determinado sector, pueda impulsar las  las modificaciones legales necesarias para modificar los porcentajes de las exenciones en la cotización establecidas o establecer la aplicación de estas exenciones a la cotización debida por las personas trabajadoras reactivadas, tras los períodos de suspensión del contrato o de reducción de la jornada, en el caso del Mecanismo RED.

Características

Las características de los beneficios son las siguientes:

a) Se aplican respecto de las personas trabajadoras afectadas, en alta en los códigos de cuenta de cotización de los centros de trabajo afectados.

b) No tienen efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos.

c) Se financian con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social, de las MCSS, del SEPE y del FOGASA, respecto a las aportaciones que financien las prestaciones cubiertas por cada uno de ellos.

d) Se aplican por la TGSS a instancia de la empresa. A tal efecto la empresa, previamente, debe:

– Comunicar la identidad de las personas trabajadoras y el periodo de la suspensión o reducción de jornada;

– Presentar una de declaración responsable, respecto de cada código de cuenta de cotización y mes devengo. Debe hacer referencia a:

  • a existencia como al mantenimiento de la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo;
  • al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación de estas exenciones;
  • la obtención de la correspondiente resolución de la autoridad laboral emitida de forma expresa o por silencio administrativo.

De tratarse de ERTES ETOP o de Mecanismo Red en su modalidad sectorial, junto con la comunicación de la identificación de las personas afectadas y el periodo de suspensión o de reducción, debe presentarse una declaración responsable sobre el compromiso de la empresa de realización de actividades formativas.

La presentación de la declaración debe producirse antes de solicitar el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al periodo de devengo de las primeras cuotas sobre las que tengan efectos dichas declaraciones. Si se presenta en un momento posterior dentro del plazo reglamentario correspondiente, las exenciones únicamente se aplican a las liquidaciones presentadas con posterioridad, pero no a los períodos ya liquidados.

Las comunicaciones y las declaraciones responsables se realizan mediante la transmisión de los datos que establezca la TGSS, a través del Sistema RED. A su vez, la TGSS debe comunicar al SEPE la relación de personas trabajadoras por las que las empresas se han aplicado las exenciones por la realización de acciones formativas, que debe verificar que la realización de las acciones formativas se realiza cumpliendo todos los requisitos.

e) En caso de incumplimiento de las obligaciones formativas (supuesto de ERTE ETOP o Mecanismo Red en su modalidad sectorial), el SEPE debe informar a la ITSS para que inicie los correspondientes expedientes sancionadores y liquidatorios de cuotas respecto de cada una de las personas trabajadoras por las que no se hayan realizado dichas acciones. En caso de acreditar el incumplimiento, la empresa debe ingresar el importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas respecto de cada trabajador en el que se haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de demora correspondientes. Por el contrario, no procede el reintegro si la empresa acredita haber puesto a disposición de las personas trabajadoras las acciones formativas y esta no las ha realizado.

f) Clausula de mantenimiento del empleo. El mantenimiento de los beneficios en materia de cotización está condicionado al mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras afectadas durante los 6 meses siguientes a la finalización del periodo de vigencia del ERTE. Se considera incumplido si se produce la extinción del contrato de trabajo, durante el periodo de 6 meses desde la finalización del periodo de referencia acordado o autorizado. Por el contrario, no se considera incumplido cuando:

– el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora;

– por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo.

– cuando el contrato sea temporal y se extinga por finalización de su causa, o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

Las consecuencias del incumplimiento son que la empresa debe reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas en relación a la persona trabajadora respecto de la cual se haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, previa comprobación por la ITSS.

FUENTE: ElDerecho.com AUTOR: Redacción Lefebvre


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En caso de cobrar el subsidio de mayores de 52 años, ¿en qué consiste la declaración anual que debo presentar?

Para seguir percibiendo el subsidio de mayores de 52 años, debe presentar cada año una declaración de sus rentas acompañada de la documentación que las justifique, en su caso.

Si sus ingresos no han superado en ningún mes el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), podrá tramitar la declaración anual a través de Internet en la Sede Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), siempre que disponga de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña Cl@ve.

Si no dispone de clave de acceso a Internet o sus rentas han superado en algún mes el citado importe, para presentar la declaración deberá acudir a su oficina de prestaciones, previa petición de cita en la Web del SEPE o por teléfono.

Este documento de declaración de rentas debe presentarlo cuando transcurran doce nuevos meses desde el nacimiento del derecho al subsidio, o cada vez que transcurran doce nuevos meses desde la última reanudación. El plazo de presentación es de quince días hábiles a partir de la fecha indicada.

Si no presenta dicha declaración, se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización.

¿Todavía tienes dudas sobre el subsidio para desempleados mayores de 52 años o sobre la declaración de rentas y documentación justificativa de las mismas para poder cobrarlo? Pide cita en Moya&Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià. Resolveremos tus dudas y te ayudaremos en todo lo relacionado con tu subsidio o prestación.


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Neus Lafuente sobre las novedades que trae el proyecto de ley de reforma de la Ley Concursal

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal con el que se pretende poner a España a la vanguardia de las legislaciones de todo el mundo de forma que empresas, profesionales y también particulares gocen de los instrumentos más eficaces para asegurar la perdurabilidad de sus negocios o sortear de forma satisfactoria las situaciones de insolvencia o crisis. Neus Lafuente ha acudido al consultorio jurídico de Radio Calvià FM a dar respuesta a los principales interrogantes que suscita:

  • ¿cuál es el objetivo de este proyecto normativo?
  • ¿quiénes son los destinatarios de este texto?
  • ¿cuáles son las principales novedades de este texto?
  • ¿en qué consiste este procedimiento para autónomos y microempresas del que nos hablabas antes?
  • ¿hay modificaciones en cuanto a la ley de segunda oportunidad?
  • se reforma también el procedimiento concursal, ¿en qué consiste?
  • también modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ¿qué contempla esta reforma?

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Ayudas de 100 euros por hijo ya disponibles

En el actual contexto de crisis sanitaria y sus derivadas nefastas consecuencias para la economía de las familias, el Gobierno ha puesto en marcha una ayuda destinada a los nucleos familiares en riesgo de exclusión social para que alcancen a satisfacer las necesidades de sus hijos. Las familiares beneficiarias de esta ayuda podrán recibir distintas cantidades en función de los hijos menores que convivan en el hogar.

Importes

La cuantía familiar por hijo depende de dos factores: el número de menores totales en el hogar y la edad de los mismos:

  • 100 € por cada hijo menor de 0 a 3 años.
  • 70 € por cada hijo menor de 3 a 6 años.
  • 40 € por cada hijo menor de 6 a 18 años.

Requisitos

Estas ayudas son una dotación que complementa a la prestación ordinaria del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en los casos en los que la situación financiera del hogar no permite satisfacer las necesidades de los menores a cargo, si bien no es necesario cobrar la prestación ordinaria para recibir esta ayuda.

Para obtener esta dotación deben cumplirse los requisitos exigidos para poder percibir el IMV, acreditar haber residido legalmente al menos un año en España, haber solicitado otras prestaciones disponibles anteriormente y no superar determinada barrera de ingresos o rentas anuales:

  • Familias de 2 adultos con 1 niño: no superar los 27.000 euros/anuales.
  • Familias de 2 adultos con 2 niños: no superar los 32.100 euros/anuales.
  • Familias monoparentales con 1 niño: no superar los 25.700 euros/anuales.
  • Familias monoparentales con 2 niños: no superar los 30.800 euros/anuales.

Si precisas más información a ayuda al respecto de esta ayuda familiar disponible, pide cita con Moya&Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià:


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Aprobada por el Govern Balear una convocatoria de subvenciones para el fomento del trabajo autónomo financiadas por los fondos europeos “next generati´on”

La resolución, aprobada por el Conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, tiene por objeto aprobar la convocatoria de ayudas para el período 2021 – 2023 para fomentar el empleo autónomo con el fin de facilitar la constitución de personas desocupadas en trabajadores autónomos, para mantener la actividad por cuenta propia y a consolidar el proyecto de autoempleo, para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, por medio de 2 programas diferenciados:

  • Programa 1: ayudas económicas al inicio de la actividad, destinado a promocionar la constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda de ocupación como trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital.
  • Programa 2: ayudas para la consolidación de nuevas líneas de negocio y cambio de actividad por la transformación productiva hacia una economía verde y digital: son ayudas para reenfocar el proyecto de autoempleo, para ayudar a la pervivencia y mejora del negocio y por la transformación productiva hacia una economía verde y digital.

Lee todos los detalles de la convocatoria acerca de sus plazos, destinatarios, requisitos y condiciones en los documentos pdf que contienen la resolución publicada en el BOIB, a través de los enlaces a la versión en castellano o en catalán.

Lee más, a través de estos enlaces a las webs oficinales, sobre el Plan para la recuperación de Europa y los fondos Next Generation de la Unión Europea y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia del Gobierno español.

Y recuerda que si precisas más información, asesoramiento o ayuda en la tramitación de las ayudas, en Moya&Emery estamos a tu disposición tanto en nuestra oficina de Calvià como de Palma. Pide cita a través de cualquier medio de contacto:


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Aprobado el Real Decreto-ley que plasma el acuerdo entre Gobierno, sindicatos (CCOO y UGT) y organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) para la reforma estructural del mercado laboral

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley que recoge el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME para reformar estructuralmente el mercado laboral.

Puedes ver la nota de prensa del Ministerio de Trabajo aquí.

Los aspectos fundamentales del Real Decreto-ley, todavía no publicado en el BOE, son los siguientes:

Negociación Colectiva

La nueva norma recupera la ultraactividad indefinida, es decir, que las condiciones establecidas en un convenio colectivo seguirán en vigor aún después de que se termine su vigencia expresa.

Se deroga la prevalencia salarial del convenio de empresa, evitando convenios a la baja en materia salarial que rompan el suelo salarial de los convenios sectoriales y, por tanto, la devaluación salarial que posibilita el modelo hasta ahora vigente.

La contratación estable como norma

Desaparece el contrato por obra o servicio. Los contratos se presumen concertados por tiempo indefinido y se reducen, por tanto, las modalidades de contratación disponibles.

En el sector de la construcción los contratos ordinarios también serán los indefinidos. La empresa, una vez finalizada la obra, deberá ofrecer una propuesta de recolocación a la persona trabajadora, previo desarrollo, si es preciso, de un proceso de formación a cargo de la empresa. Si la persona trabajadora rechaza la oferta o motivos inherentes a la misma determinan la imposibilidad de recolocación, por no existir puesto adecuado, se produce la extinción del contrato, con una indemnización del siete por ciento calculada sobre los conceptos salariales establecidos en las tablas del convenio colectivo. Tanto la finalización de la obra como la extinción debe ser comunicada a la representación legal de las personas trabajadoras.

Solo existirá un contrato de duración determinada, que podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora.

Contratación de duración determinada

Para celebrar este contrato, será necesario que se especifiquen con precisión la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista.

• En el caso del contrato de duración determinada por circunstancias de la producción, estas se entienden como el aumento ocasional e imprevisible o aquellas oscilaciones que generan un desajuste temporal de empleo en la empresa. Este tipo de contrato no podrá durar más de seis meses, ampliables hasta otros seis meses más.

• Estos contratos de duración determinada por circunstancias de la producción también contemplan contratos para situaciones ocasionales, previsibles y de duración reducida y delimitada. Podrán utilizarse durante un total de 90 días, nunca de manera continuada, durante los cuales se permitirá la contratación para estas situaciones, debidamente identificadas en el contrato. En este tiempo, las empresas podrán realizar contratos temporales con causas que, aun siendo previsibles, tengan una duración reducida y limitada dentro de la contratación fija.

• También podrá celebrarse el contrato de duración determinada para sustituir a personas durante una suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo, para cubrir la jornada reducida por causa legal o convencional, así como para cubrir vacantes durante un proceso de selección. En este último supuesto la duración del contrato no podrá exceder de tres meses.

Contrato fijo discontinuo

Deberá concertarse para trabajos de naturaleza estacional o actividades productivas de temporada, así como aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.

Las personas trabajadoras sujetas a este tipo de contratos serán colectivo preferente para las acciones formativas. Los convenios sectoriales podrán establecer bolsas de empleo para favorecer su contratación y para mejorar su formación durante los periodos de inactividad.

Subcontratación

Un cambio fundamental es que siempre habrá un convenio colectivo sectorial aplicable, una cuestión decisiva ya que permite cubrir vacíos legales existentes hasta ahora.

El convenio sectorial aplicable puede ser el de la actividad desarrollada en la empresa principal u otro si así lo determina la negociación colectiva sectorial dentro de sus normas generales.

El convenio de empresa solo podrá aplicarse por la contratista si determina mejores condiciones salariales que el sectorial que resulte de aplicación

La nueva norma regula, por tanto, en base a la actividad propia de la empresa. En el caso de que realice actividades esenciales para el desarrollo de la empresa se aplicar a las personas trabajadoras el convenio sectorial de la actividad que desarrolla la contrata o subcontrata.

Contratos formativos

Se opera un cambio de modelo respecto al contrato formativo que tendrá dos modalidades: formación en alternancia y obtención de la práctica profesional

El contrato de formación en alternancia redefine los límites aplicativos, retributivos y temporales para responder a un nuevo objeto: adquirir la competencia profesional adecuada correspondiente a un determinado nivel de estudios (FP, universidad o catálogo de cualificaciones profesionales del Sistema Nacional de Empleo).

Podrán concertarse con personas de cualquier edad salvo en el caso del Catálogo de Cualificaciones Profesionales, con límite de hasta 30 años y tendrán una duración máxima de dos años.

Las jornadas serán no superiores al 65% el primer año y 85% el segundo año sin poder realizar horas extra, trabajo a turnos o jornadas nocturnas. La retribución se adaptará al convenio y no podrá bajar de 60% (el primer año y del 75% el segundo año). Nunca será menor al SMI proporcional a la jornada.

Un tutor o una tutora con la formación adecuada se encargará de monitorizar el plan formativo individual que se diseñe para cada persona y el correcto cumplimiento del objeto del contrato que deberá.

Se atienden, además, las necesidades específicas de las personas con discapacidad.

Los Contratos para la obtención de la práctica profesional podrán celebrarse hasta un máximo de tres (o cinco años en el caso de personas con discapacidad) después de obtenida la certificación. Tendrán entre seis meses y un año de duración.

La retribución será la propia del convenio para el puesto salvo previsión específica y también contarán, como en los formativos, con seguimiento tutorial.

La acción protectora de la Seguridad Social de las personas que suscriban un contrato formativo en cualquiera de las modalidades anteriores comprenderá las contingencias protegibles y prestaciones incluido el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

Rediseño de los desincentivos a los contratos de muy corta duración

Además, en el ámbito de la contratación se han rediseñado desincentivos para penalizar la excesiva rotación en los contratos de muy corta duración. En concreto, se introduce una penalización o malus de importe fijo por cada baja en un contrato temporal, de forma que se sustituye la penalización existente hasta ahora, lineal, por una que introduce un desincentivo mayor cuanto más cortos sean los contratos. Los contratos temporales inferiores a 30 días tendrán una cotización a la Seguridad Social adicional de 26 euros cuando se den de baja. Esto supone, además, una penalización creciente (cuantos más contratos cortos, mayor es el desincentivo: con un contrato corto de 10 días la penalización sería de 26 euros; si el mismo tiempo de trabajo se cubriera con dos contratos de cinco días, de 52 euros…).

Excepcionalmente, esta cotización no se aplicará a los regímenes especiales de trabajadores por cuenta ajena agrarios, de empleados de hogar, de la minería del carbón y tampoco a los contratos por sustitución.

Flexibilidad interna

Además, la reforma incluye la puesta en marcha de los nuevos mecanismos para favorecer la flexibilidad interna en las empresas, con el objetivo de fomentar la continuidad de las relaciones laborales estables, evitando el tránsito por el desempleo, lo que beneficia tanto a trabajadores como empresas. De esta forma, se revisa el modelo de ERTE ya existente y se crea el mecanismo RED.

• ERTE ETOP

Los cambios introducidos pretenden una mayor facilidad en su tramitación y flexibilidad en su aplicación, especialmente para las pymes. Así, el periodo de consultas se reduce a siete días para las empresas con menos de 50 trabajadores, previa constitución de la comisión representativa.

Se refuerza la información a la representación de las personas trabajadoras durante la aplicación de los ERTE. Se incorporan las prohibiciones de horas extra y externalizaciones de los actuales ERTE COVID.

• ERTE POR FUERZA MAYOR (impedimento y limitación)

A la fuerza mayor clásica se añade, como causa específica el impedimento o las limitaciones a la actividad normalizada determinadas por decisiones de la autoridad gubernativa.

Requerirán de un informe preceptivo de la Inspección de trabajo. La autoridad laboral deberá resolver en cinco días, con silencio positivo. La reducción de jornada será entre un 10 y un 70 por ciento. Durante el periodo de vigencia del ERTE la empresa podrá afectar y desafectar personas trabajadoras (como en los ERTE ETOP) previa información a la representación legal de las personas trabajadoras y comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social. Mantienen las garantías en el empleo de los actuales ERTE COVID.

Para ambas modalidades, se incorporan varios elementos novedosos, recogidos de la experiencia de la pandemia: la posibilidad de afectar o desafectar trabajadores en función de la actividad de la empresa, incrementando la flexibilidad de estos instrumentos; la posibilidad de obtener bonificaciones en las cotizaciones sociales y financiación si desarrollan actividades formativas para los trabajadores en ERTE; y las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de los ERTE ETOP serán del 20%, condicionadas a la realización de acciones formativas, y en el caso de los de Fuerza Mayor, del 90%. Estarán vinculadas al mantenimiento del empleo de los actuales ERTE COVID y las empresas verán aumentado el crédito disponible para la formación.

• MECANISMO RED DE FLEXIBILIDAD Y ESTABILIZACIÓN EN EL EMPLEO

Debe ser activado por el Consejo de Ministros, previa información a las organizaciones más representativas, a propuesta de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; que se encarga de abrir la puerta pero no de dirimir si las empresas, de manera individual, se pueden acoger. La autoridad laboral dará luz verde si la empresa ha desarrollado un periodo de consultas y si hay concurrencia de causas, por tanto, habrán de justificarse los motivos. 2 modalidades:

Cíclica: proporcionará a las empresas un marco estable ante una caída transitoria o cíclica de su demanda por causas macroeconómicas, para evitar despidos inmediatos al shock. Las empresas podrán suspender a parte de sus trabajadores durante un plazo máximo de un año en lugar de despedirles. Durante ese periodo de suspensión, se incentivará la formación de los trabajadores y se establecen exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social decrecientes en el tiempo.

Sectorial: las organizaciones sindicales y empresariales más representativas podrán solicitar la convocatoria de la Comisión Tripartita del Mecanismo RED. Irá, en este caso, acompañado de un plan de recualificación. Esta modalidad proporciona apoyo a la recualificación de trabajadores de empresas y sectores en transición que requieren cambios permanentes. En ese caso, para evitar el ajuste de empleo tradicional, la empresa puede activar este mecanismo durante un plazo máximo de un año (seis meses, con posibilidad de prorrogar seis meses más) y facilitar el paso de sus trabajadores a otra empresa mediante su recualificación. Para ello, además, la empresa de destino accederá a una bonificación del 50% durante seis meses.

Como novedades:

• Incorpora el Fondo RED: Adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social. Financiará las necesidades del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exoneraciones, Incluida la formación.

• Las empresas formularán solicitudes colectivas en la sede electrónica del SEPE.

• Las personas trabajadoras percibirán el 70% de la base reguladora durante TODO EL PERIODO (hasta un máximo del 225% del IPREM).

• En ambas modalidades, se podrán acceder a exoneraciones a la Seguridad Social. En concreto, en la modalidad cíclica, durante los primeros cuatro meses tendrán una exoneración del 60%, entre el quinto y el octavo mes, del 30% y del 20% a partir del noveno. En la modalidad sectorial, serán del 40%, condicionadas a la realización de actividades de formación.

Auditoría sobre los resultados

El Gobierno efectuará una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas previstas mediante el análisis de los datos de la contratación temporal e indefinida en enero del año 2025, procediendo a la publicación oficial, a estos efectos, de la tasa de temporalidad general y por sectores, una evaluación que deberá repetirse cada dos años.

ANEXO: TABLA EXONERACIONES ERTE

EXONERACIONES ERTE:

  • 20% ERTE ETOP
  • 90% ERTE Fuerza mayor temporal
  • 90% ERTE impedimento o limtación

MECANISMO RED CÍCLICO

  • 60% en los cuatro primeros meses de activación
  • 30% en el período inmediatamente posterior de cuatro meses
  • 20% en los siguientes cuatro meses

MECANISMO RED SECTORIAL 40%

Las exoneraciones del mecanismo RED están vinculadas a acciones formativas


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Novedades de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital

A continuación, te mostramos las principales novedades y mejores introducidas en la Ley 19/2021 de 20 de diciembre, por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital tras su trámite parlamentario, las cuales serán de aplicación desde el inicio de 2022:

  • Se establece un complemento de ayuda a la infancia, para los beneficiarios de la prestación que tengan menores a cargo y para otras familias de rentas bajas, que no superen el 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar y que no superen el 150% del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar.
  • Se fijan mejoras de la cobertura para colectivos especialmente vulnerables (víctimas de violencia de género, trata y explotación sexual) y jóvenes que han estado bajo la tutela de las entidades públicas.
  • Se equiparan de las condiciones de las familias monoparentales con cuatro o más hijos o menores a cargo.
  • Se exceptúan las prestaciones de personas por dependencia y las prestaciones o subsidios por desempleo del cómputo de rentas
  • Se reduce el plazo de antigüedad de la unidad de convivencia a 6 meses.
  • El requisito de vida independiente para acceder a la prestación de los menores de 30 años se reduce a 2 años.
  • Se introduce la posibilidad de solicitar el IMV con los ingresos del año en curso (elevándose los umbrales de renta y patrimonio) para responder a situaciones de pobreza sobrevenida.
  • Se pone en marcha el Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital, para permitir a las entidades colaboradoras acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación y colaborar así en la gestión del IMV.

Puedes ver la norma en formato pdf aquí.

¿Quieres saber más sobre el ingreso mínimo vital y las novedades introducidas por la Ley 19/2021 de 20 de diciembre? Lee el artículo del portal Noticias Jurídicas que transcribimos a continuación:


Ley 19/2021: Novedades del ingreso mínimo vital

FUENTENoticiasJuridicas.com REDACCIÓN

La nueva normativa introduce un complemento de ayuda a la infancia y mejora la cobertura de colectivos especialmente vulnerables

Tras su trámite parlamentario, se han introducido en esta ley una serie de mejoras, que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2022. Una de ellas es el complemento de ayuda a la infancia, que llegará a los beneficiarios de la prestación con menores a cargo, pero también a otras familias de rentas bajas, ya que se elevarán los umbrales de renta garantizada y patrimonio establecidos para cada tipología de hogar, y que analizaremos más adelante (para menores entre 0 y 18 años)

Los hogares que lo recibirán serán aquellos que no superen el 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar y que no superen el 150% del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar; por lo tanto, lo cobrarán los actuales perceptores del IMV con menores a su cargo y otros hogares de rentas bajas, pero no en pobreza extrema.

Además, se han introducido mejoras para ampliar la cobertura de colectivos especialmente vulnerables (víctimas de violencia de género, trata y explotación sexual), como los jóvenes que han estado bajo la tutela de las entidades públicas. También se han igualado las condiciones de las familias monoparentales con cuatro o más hijos o menores a cargo. Respecto a las personas con discapacidad (superior al 65%) recibirán un complemento del 22% para la unidad de convivencia.

Finalmente, se ha exceptuado del cómputo de rentas las prestaciones que reciben las personas por dependencia y las prestaciones o subsidios por desempleo.

También se facilita el acceso al IMV a través de otras medidas, como la reducción del plazo de antigüedad de la unidad de convivencia de 12 a 6 meses. En el caso de los titulares menores de 30 años, se ha rebajado de 3 a 2 años el requisito de acreditación de vida independiente para solicitar la prestación.

Otras mejoras a destacar es que se ha convertido en permanente la posibilidad de solicitar la prestación con los ingresos del año en curso y se han elevado los umbrales de renta y patrimonio para estos casos, con el fin de que el IMV sea más sensible a las situaciones de pobreza sobrevenida.

Recientemente, el Ministerio de Inclusión puso en marcha el Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital, para permitir a las entidades colaboradoras acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación. Con esta medida, se permite a las entidades del tercer sector de acción social, las ONG, colaborar en la gestión del IMV, previa inscripción en dicho registro, otra medida con la que el Ministerio pretende ampliar el número de beneficiarios de la prestación.

La Ley 19/2021, con entrada en vigor el 1 de enero de 2022, se estructura en nueve capítulos, cuarenta y un artículos, diez disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, doce disposiciones finales y cuatro anexos. Veamos un resumen de las principales novedades de la norma:

1.Disposiciones generales

El capítulo I recoge las disposiciones generales del ingreso mínimo vital, regulando el objeto, el concepto y naturaleza, así como sus características. Recordemos que esta figura se considera como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, garantizándose una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias (art. 2.1).

2.Ámbito subjetivo

Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital (art. 4):

a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia (en los términos establecidos en la propia Ley).
b) Las personas de al menos 23 años que no se integren en una unidad de convivencia, siempre que no estén unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.

No se exigirá el cumplimiento del requisito de edad ni el de haber iniciado los trámites de separación o divorcio en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y explotación sexual; tampoco se exigirá a las personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes comunidades autónomas habiendo estado bajo la tutela de Entidades Públicas de protección de menores dentro de los tres años anteriores a la mayoría de edad, o sean huérfanos absolutos, siempre que vivan solos sin integrarse en una unidad de convivencia.

Además, podrán ser beneficiarias las personas que temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o socio-sanitario.

En cuanto a la titularidad, corresponde a las personas con capacidad jurídica que la soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia (en este último caso, la persona titular asumirá la representación de la citada unidad) (art. 5).

La norma incide en la unidad de convivencia, constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. Se regulan, asimismo, situaciones especiales para determinadas personas no integradas en unidades de convivencia (mujeres víctimas de violencia de género, parejas en trámites de separación, personas que abandonaron su domicilio por desahucio, etc., de acuerdo con el art. 6).

Requisitos de acceso (art. 10):

– Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud (hay excepciones a este plazo).
– Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes.

Otro de los puntos de interés es la situación de vulnerabilidad económica, que toma en consideración la capacidad económica de la persona solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, computándose los recursos de todos sus miembros (art. 11.1).

3.Acción protectora

Como sabemos, el ingreso mínimo vital consiste en una prestación económica que se fija y se hace efectiva mensualmente (art. 12).
La cuantía mensual de la prestación vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales. Es renta garantizada (art. 13.2):

a) En el caso de una persona beneficiaria individual, ascenderá al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dividido por doce. Se le sumará un complemento del 22% si el beneficiario individual tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

b) En la una unidad de convivencia, la cuantía mensual se incrementará en un 30% por miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo del 220%. Y a esta cuantía puede sumarse un complemento de monoparentalidad equivalente a un 22% de la cuantía de la letra a) si la unidad de convivencia es monoparental. También puede sumarse un 22% más si en la unidad de convivencia se incluye alguna persona con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%.

La cuantía del llamado complemento de ayuda para la infancia será, como se avanzó anteriormente, una cantidad mensual por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia, en función de la edad cumplida el día 1 de enero del correspondiente ejercicio, con arreglo a los siguientes tramos:

-Menores de tres años: 100 euros.
-Mayores de tres años y menores de seis años: 70 euros.
-Mayores de seis años y menores de 18 años: 50 euros.

Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros.

La Ley regula también el derecho a la prestación y pago, la duración (mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos legales), la modificación y actualización de la cuantía (mediante la revisión por la entidad gestora), la suspensión del derecho (por pérdida temporal de algún requisito, o incumplimiento temporal de alguna obligación, como medida cautelar, etc.), la extinción total (incluyendo el fallecimiento, la pérdida definitiva de los requisitos, la posible resolución sancionadora, la renuncia, etc.), el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, reglas sobre el cómputo de los ingresos y el patrimonio, la acreditación de los requisitos, la obligación de comunicación de los certificados por parte de los servicios sociales hacia la entidad gestora, y normas sobre cesión de datos y confidencialidad de los mismos.

4.Procedimiento

Es de aplicación lo previsto en el art. 129 LGSS, sin perjuicio de algunas especialidades.

La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social; las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social el oportuno convenio que les habilite para ello.

Tras la oportuna solicitud (art. 27) se inicia la tramitación del expediente (art. 28) que culmina con resolución del INSS en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de entrada en el registro de dicha solicitud. En cualquier caso, corresponde a este órgano la supervisión del cumplimiento de los requisitos.

5.Cooperación entre las Administraciones públicas

La norma distingue la cooperación administrativa en el ejercicio de las funciones de supervisión (art. 30), la cooperación para la inclusión social de las personas beneficiarias (mediante estrategias del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones en colaboración con departamentos ministeriales, comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones empresariales y sindicales mas representativas, etc., según el art. 31).

La regulación se completa con mecanismos de colaboración con las Administraciones (asistencia recíproca entre órganos e intercambio de información) y la creación de dos órganos: la Comisión de seguimiento, como órgano de cooperación administrativa para el seguimiento de aplicación del contenido de la Ley, y el Consejo consultivo, órgano de consulta y participación de las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones sindicales y empresariales.

6.Régimen de financianción

Como prestación no contributiva de la Seguridad Social, se financiará de conformidad con lo previsto en el artículo 109 LGSS.

7.Régimen de obligaciones

Entre otras, las personas titulares deben, durante el tiempo de percepción de la prestación (art. 36):

-Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones.
-Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de 30 días naturales desde que estos se produzcan.
-Comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en el Padrón municipal que afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro que forme parte de la unidad de convivencia, en el plazo de 30 días naturales desde que se produzcan.
-Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
-Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al extranjero, tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por un periodo, continuado o no, superior a 90 días naturales durante cada año natural, así como, en su caso, justificar la ausencia del territorio español.
-Presentar anualmente declaración correspondiente al IRPF.
-Si no están trabajando y son personas mayores de edad o menores emancipadas, acreditar, dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la resolución por la que se concede la prestación, que figuran inscritas como demandantes de empleo (existen excepciones a esta obligación).
-En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o actividad económica, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.
-Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
-Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
El régimen se completa con las obligaciones de las personas integrantes de la unidad de convivencia, y también con la obligación de los Ayuntamientos de comunicar los cambios que se produzcan en el Padrón.

8.Infracciones y sanciones

El capítulo VIII de la Ley (arts. 38 a 40) determina la diferenciación entre infracciones leves, graves y muy graves.
Son infracciones leves no proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello no se haya derivado la percepción o conservación indebida de la prestación.

Son infracciones graves:

a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50% de la que le correspondería.
b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de 30 días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50% de la que le correspondería.
c) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves del mismo tipo.
d) El incumplimiento de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
e) El incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica.

Son infracciones muy graves:

a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50% de la que le correspondería.
b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de 30 días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50% de la que le correspondería.
c) El desplazamiento al extranjero, por tiempo superior a noventa días al año, sin haber comunicado ni justificado al INSS con carácter previo su salida de España.
d) Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, mediante la aportación de datos o documentos falsos.
e) La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves del mismo tipo.
f) El incumplimiento reiterado de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
g) El incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica.

Se añade un catálogo de sanciones, que podrán imponerse en los grados mínimo, medio y máximo. A grandes rasgos, y sin perjuicio de algunas especialidades:

-Las infracciones leves serán sancionadas con el apercibimiento de la persona infractora.
-Las infracciones graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo de hasta 3 meses. Se castigarán en su grado mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo de un mes, en su grado medio de 2 meses y en su grado máximo de 3 meses (cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción consistirá en el deber de ingresar tres mensualidades de la prestación).
-Las infracciones muy graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo de hasta 6 meses. Se castigarán en su grado mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo de 4 meses, en su grado medio de 5 meses y en su grado máximo de 6 meses.

Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracción muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa, dentro de los 5 años anteriores a la comisión de una infracción muy grave, se extinguirá la prestación y acarreará la imposibilidad de que el sujeto infractor resulte persona beneficiaria durante 5 años.

9.Régimen de control interno de la prestación

El artículo 41 conforma el capítulo IX y último regulando la modalidad de control sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación de la prestación, que será la función interventora y el control financiero permanente, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria; se exceptúa la relación de las comunidades autónomas con el INSS, para la que se reserva la modalidad de control financiero permanente de forma exclusiva.

10. Últimas disposiciones

La norma se cierra con:

Disposiciones adicionales: sobre colaboración de las empresas al tránsito de los beneficiarios del IMV a la participación activa en la sociedad; la competencia del Registro de Prestaciones Sociales Públicas; la concesión de un crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ejercicio 2020 (500 millones de euros); posibles formas de gestión a estudiar por el Ejecutivo; la aplicación en los territorios forales (a través de posibles convenios con encomienda de gestión); la habilitación al titular de la Dirección del INSS para aprobar modelos normalizados; la exención del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios, y también por la expedición del DNI a menores de 14 años; el procedimiento especial de reintegro de renta mínima autonómica indebidamente percibida con motivo del reconocimiento de la prestación del IMV; y el reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia a los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%.

Disposiciones transitorias: se ocupan de los requisitos de las prestaciones económicas del IMV hasta el 31 de diciembre de 2022 (a partir del 1 de enero de 2023 la prestación transitoria devendrá en la prestación de IMV si se cumplen los requisitos legales y el interesado aporta antes del 31 de diciembre de 2022 la documentación que le requiera el INSS); la presentación de solicitudes (que veremos en la parte final); el régimen transitorio de aplicación del control financiero permanente; la exención del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios; la financiación del IMV durante 2020; la asignación por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33% e IMV; la colaboración de las Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la gestión de la prestación; y qué sucederá con los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.

-Por último, la Ley contempla una disposición derogatoria única, doce disposiciones finales (sobre modificación de determinadas normas y anuncio de futuro desarrollo reglamentario) y cuatro anexos (que contienen escalas de incrementos para el cálculo de la renta garantizada y el límite de patrimonio aplicable a los distintos supuestos).

Presentación de solicitudes

Si la solicitud se presentó antes del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

Si la solicitud se presentó a partir del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

FUENTENoticiasJuridicas.com REDACCIÓN


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Aprobado en Consejo de Ministros el proyecto reforma de la Ley Concursal

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal, una norma que sitúa España a la vanguardia de la reestructuración de empresas en el ámbito europeo. Este proyecto normativo tiene como objetivo la transposición de la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, e introduce otras reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas viables, en definitiva, que refuercen el tejido productivo.

El nuevo texto incorpora las aportaciones recogidas en la fase de audiencia e información pública y cuenta con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial y el dictamen del Consejo de Estado.

Este proyecto de Ley constituye una de las reformas más importantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer la demografía empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico.

Se trata de un texto dirigido a garantizar que las empresas viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad; que los empresarios o personas físicas insolventes puedan ver exoneradas sus deudas después de un periodo de tiempo razonable, favoreciendo la segunda oportunidad; y que el procedimiento concursal incremente su eficiencia reduciendo, entre otros factores, su duración.

Cabe señalar que el proyecto de Ley presta especial atención a las microempresas, que dispondrán de un procedimiento específicamente adaptado a sus necesidades y características.

La reforma es especialmente importante en el actual contexto económico, puesto que la disponibilidad de este tipo de instrumentos de reestructuración, eficientes y ágiles, contribuirá a minimizar la destrucción del tejido productivo y al mantenimiento de empresas y negocios viables.

Planes de reestructuración

Los planes de reestructuración, que sustituyen a los actuales acuerdos de refinanciación, son uno de los elementos centrales de la Directiva de insolvenciay de la reforma de la Ley Concursal para facilitar que las empresas deudoras viables dispongan de un instrumento eficaz para evitar la insolvencia o salir de ella.

Se trata de un instrumento pre-concursal, dirigido a empresas con dificultades financieras, que favorece una reestructuración en un estadio más temprano que el de los actuales instrumentos, cuando se detecten indicios de probabilidad de insolvencia, frente a la actual exigencia de que ésta sea inminente.

El Plan de Reestructuración constituye un mecanismo flexible, ágil desde el punto de vista procedimental, que incorpora las mejores prácticas de otros modelos de derecho comparado, como el americano, para contribuir a su eficacia. En concreto, posibilita el arrastre de clases acreedoras disidentes, esto es, las que no votan a favor del plan, incluyendo también las correspondientes salvaguardas para los acreedores. Su introducción incentivará una reestructuración más temprana y, por tanto, con mayores probabilidades de éxito, contribuirá a la descongestión de los juzgados mercantiles, liberará recursos y permitirá una mayor eficiencia del concurso.

Asimismo, el proyecto de Ley introduce un nuevo procedimiento de insolvenciaúnico para autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores, más rápido, digitalizado y con un coste muy reducido que incrementa la posibilidad de continuidad de las empresas viables y facilita la reasignación de recursos.

Este procedimiento se caracteriza por la simplificación del proceso concursal, su carácter modular y ofrece dos itinerarios posibles. Tras un periodo de negociación con los acreedores de un máximo de tres meses debe optarse: por un plan de continuación rápido y flexible, si hay posibilidad de un acuerdo; o, en su defecto, por una liquidación ordenada, pero rápida, a través de una plataforma on line. Este procedimiento únicamente debe utilizarse para liquidar empresas que son insolventes.

Segunda oportunidad

Se reforma en profundidad el procedimiento de segunda oportunidad, dirigido a personas físicas y autónomos en concurso, con el objetivo de incentivar a los beneficiarios a continuar con su actividad laboral o empresarial y posibilitando una segunda oportunidad realmente efectiva.

El proyecto de Ley introduce medidas adicionales a las previstas en la Directiva de insolvencia, entre las que destaca la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos a los acreedores, permitiendo al deudor, bajo ciertas condiciones, mantener su vivienda habitual y, si fuera autónomo, continuar con su actividad.

El plan de pagos tendrá una duración máxima de tres años, que se ampliará a cinco años cuando no se enajene la vivienda habitual del deudor.

Asimismo, se amplía la relación de deudas exonerables y se eliminan o se relajan ciertas restricciones para poder acceder a las exoneraciones.

Por último, el proyecto de Ley también incluye la reforma del procedimiento concursal para incrementar su eficacia. Con este objetivo se introducen numerosas modificaciones dirigidas a agilizar el procedimiento y a facilitar la aprobación de un convenio cuando la empresa sea viable, facilitar la venta de unidades productivas o, en su caso, su liquidación.

Entre las medidas para agilizar el procedimiento y reducir su duración, la reforma prevé incentivos en la retribución del administrador concursalcondicionados a la celeridad y agilidad del procedimiento, y penalizaciones si la gestión no es eficiente, lo que se producirá si el procedimiento dura más de 12 meses por causa que le sea imputable.

Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Como complemento necesario para las medidas de eficiencia contenidas en el Proyecto de Ley, resulta imprescindible descargar de competencias a los juzgados mercantiles y a las secciones especializadas de las audiencias provinciales. Estas medidas requieren la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se presenta una segunda reforma, como Ley Orgánica, complementaria a la de la Ley Concursal.

Esta reforma contempla, entre las medias más destacadas, que los juzgados de los casos sobre condiciones generales de la contratación y sobre protección de los consumidores y ciertas reclamaciones en materia de transportes (retrasos de aerolíneas, equipajes, etc.) pasen de los juzgados de lo mercantil a los juzgados de primera instancia.

FUENTE: Consejo de Ministros


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El Gobierno acuerda de nuevo la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, de medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID, por el que se establece el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, con independencia de la distancia de seguridad, como respuesta al incremento de contagios y de la incidencia acumulada.

Uso de la mascarilla en el exterior

  • Será obligatorio el uso para las personas mayores de 6 años en todos los espacios en el exterior.
  • No será obligatoria la mascarilla en la práctica de deporte individual y en los paseos en espacios naturales (campo, playa, etc.) siempre y cuando se mantenga una distancia de 1,5 metros

Mascarilla en espacios cerrados

  • Todavía será obligatorio llevar la mascarilla en espacios cerrados de uso público, en espacios cerrados abiertos al público, en los medios de transporte público de cualquier tipo, así como privado complementario de hasta 9 plazas, si los ocupantes no conviven en el mismo domicilio.
  • La mascarilla no será obligatoria para pasajeros de buques en su camarote, tampoco en espacios cerrados de uso público que formen parte del lugar de residencias de los colectivos que allí se reúnen (instituciones de personas mayores, instituciones de atención a personas de diversidad funcional, y dependencias destinadas a personas que sean trabajadores esenciales), si bien, como requisito a esta exención -que no será aplicable a los trabajadores ni a los visitantes a estos centros- se establece tener coberturas vacunales con pauta completa superior al 80% y la dosis de refuerzo.

Refuerzo de los recursos humanos

El Real Decreto-ley aprobado recoge dos medidas extraordinarias, que estarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022, y contribuirán a apoyar a las comunidades autónomas:

  • se habilita a los centros sanitarios públicos y privados para que puedan contratar a profesionales de la medicina y de la enfermería para la realización de actividades asistenciales relacionadas con la COVID, manteniendo las prestaciones de jubilación, a la vez que se garantizan los derechos de las personas jubiladas.
  • permite que las comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y el Ministerio de Defensa puedan contratar profesionales sanitarios con título de especialista obtenido en los Estados no miembros de la Unión Europea que cuenten con un informe del Comité de Evaluación conforme a la normativa aplicable.

Otras medidas tendentes a acelerar la vacunación

  • Puesta a disposición de las CCAA de toda la red sanitaria militar de hospitales, para su uso como centros adicionales de vacunación.
  • Suma de 150 equipos de unidades móviles de vacunación con el personal necesario para grabar las vacunas que se van inoculando.

Más medidas y recursos para la atención primaria

El Gobierno ha anunciado que se dotará con más recursos humanos y económicos a la atención primaria, incluso con apoyo de las Fuerzas Armadas. En concreto, se destinarán 7.000 millones de € adicionales a los Servicios de Salud de las comunidades autónomas y 300 millones al Plan de Atención Primaria.

Importancia de seguir manteniendo los usos y medidas preventivas previos

Desde el Gobierno se insiste en que, además del uso de la mascarilla impuesto de nuevo en exteriores, deben seguir manteniéndose el resto de medidas preventivas de distancia, ventilación de espacios e higiene de manos, especialmente en estas fechas de reuniones, desplazamientos y aglomeraciones en las ciudades.

Aumento de las pensiones en 2022

El Real Decreto-ley aprobado incorpora una modificación técnica sobre la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), tal y como ayer quedó aprobado en las Cortes Generales. Concretamente, ha explicado la portavoz, el próximo año las pensiones contributivas subirán un 2,5% y las pensiones mínimas y no contributivas un 3,4%..


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¿Cómo puedo ahorrar en mi IRPF?

A escasos días de que se ponga fin al año 2021, Nicolás Emery, abogado y economista, gerente del despacho Moya&Emery, ha invitado a la audiencia de Radio Calvià FM a que haga un balance sobre cualquiera de las gastos, operaciones o sucesos que puedan tener impacto en su próxima declaración de IRPF y ha dedicado el consultorio jurídico a hacer un repaso de algunas de las medidas más habituales que pueden ayudar a rebajar el importe a pagar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Recuerda que en Moya&Emery podemos ayudarte cómo ahorrar en el IRPF en ya sea en lo que respecta a rentas exentas, rendimientos de trabajo, de capital o de actividades económicas, reducciones en bases imponibles, ganancias y pérdidas patrimoniales y deducciones de distinto tipo. Pide cita en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià:


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El TS vuelve a cuestionar las “visitas” sorpresa de la Inspección tributaria a autónomos y empresas

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo cuestiona las “visitas” sorpresas de la Inspección tributaria a empresas y autónomos y resuelve que no se les puede sancionar ni cabe girar nuevas liquidaciones sobre la base de pruebas recabadas en una inspección que adolece de fallos de procedimiento.

El Tribunal Supremo tiene bajo lupa las inspecciones que el fisco realiza a a empresas y autónomos, así como las posteriores inspecciones que se derivan de la original hacia otros sujetos relacionados con el primer inspeccionado. Así, en una reciente sentencia dictada en casación por el Alto Tribunal, este ha vuelto a declarar la nulidad de la labor inspectora realizada a una empresa dedicada a eventos y celebraciones con orquesta que tiene su sede en Galicia. En el fallo que anula la inspección de los funcionarios de Hacienda, el TS resuelve que, dado que la investigación llevada a cabo por la inspección se ha considerado nula por defectos procedimentales, como correlato, todas las pruebas recadadas durante la inspección, tanto las que afectan al propio negocio inspeccionado como a terceros relacionados con dicho negocio (prestadores de servicios o proveedores, ya sea empresas o autónomos) con quien trabaja de forma asidua, también lo son.

¿Quieres conocer más acerca de este asunto? Lee el completo artículo de autónomosyemprendedor.es, a continuación:


Nueva sentencia del Supremo que cuestiona las visitas sorpresa de la Inspección a los autónomos

FUENTE: autónomosyemprendedor AUTOR: Daniel Ghamlouche

Los fallos en el procedimiento anulan las pruebas
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo impide a Hacienda sancionar y reclamar impuestos a los autónomos en base a pruebas que se encontraron en una visita con fallos de procedimiento. 

Nuevo mazazo de la Justicia a los registros que hace Hacienda a algunos autónomos y empresas. El Tribunal Supremo volvió a tumbar por segunda vez -a través de una sentencia emitida el pasado 23 de noviembre- un registro realizado por los funcionarios del Fisco a una sociedad gallega dedicada a los eventos y orquestas. El Alto Tribunal resuelve que, cuando una investigación es considerada nula por defectos en los procedimientos, todas las pruebas que ahí se encuentren también lo serán, no sólo las que afecten a ese negocio, sino también a terceros.    

Según los expertos, esta sentencia es una derivada de otras anteriores del Supremo que han cuestionado en el último año los registros sorpresa que hace Hacienda a algunos autónomos y empresas por que hay indicios de fraude. Ahora, lo que viene a decir el Supremo en este recurso de casación es que, cuando una inspección no cumpla los requisitos, ya sea en la justificación, en la notificación o en la forma de entrar y recabar las pruebas en la empresa, todas las sanciones y liquidaciones de impuestos que vengan de documentos encontrados en ese registros quedarán anulados. 

Aunque parezca obvio, el daño para el Fisco es doble porque en este tipo de inspecciones no sólo se suelen encontrar pruebas comprometedoras para la empresa a la que se investiga, sino muchas veces para decenas de autónomos y empresas que también pudieran trabajar con este negocio y estuvieran relacionados con el mismo fraude. “Existe una doctrina, la de los frutos del árbol envenenado, que dice que cualquier prueba que directamente o indirectamente se pueda relacionar con una prueba nula debe también considerarse nula. Aunque se descubran decenas de fraudes, facturas mal realizadas y cuentas ocultas que afectan a varios negocios a la vez, con sólo que falle un componente de toda la investigación y sea declarada nula, todas las liquidaciones y sanciones que salieron de ella también fallarán“, explicó  Luis del Amo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas (CGE). 

Hacienda no puede sancionar aunque las pruebas comprometan al autónomo

El experto fiscal y secretario del REAF de los economistas puso el ejemplo de una sociedad que trabaja con mayoristas y minoristas de un mercado. “Hay una inspección en esta empresa que compra y vende con decenas de pescaderías y puestos, y los funcionarios pueden encontrar cuentas y documentación comprometedora no sólo para el investigado, también de forma casual para los demás negocios. Aunque las pruebas de un presunto fraude estén ahí, si se descubrieron en una visita declarada nula, no hay ninguna sanción ni impuesto que reclamarles”. 

Este supuesto, lejos de ser peregrino, es habitual cuando se da una visita sorpresa, ya que cuando una empresa lo hace mal, necesita muchas veces del consentimiento de terceros. “Y estos terceros, según el Tribunal Supremo, quedarían libres de toda culpa si los documentos se hallaron en una visita con fallos en el procedimiento”, añadió del Amo.

De hecho, esto es precisamente lo que sucedió en el caso que motiva la sentencia del 23 de noviembre, al igual que la del 14 de julio, que trata la misma casuística, con diferentes impuestos. El Tribunal Supremo dice que habiéndose considerado nula la investigación por defectos en los procedimientos de los funcionarios, no sólo quedan invalidadas todas las pruebas que afectan a esta empresa a la que se investigó, sino también todas las liquidaciones y sanciones que se impusieron a otras empresas a raíz de ella. 

Concretamente, la sentencia dice que “la Administración tributaria no puede realizar válidamente comprobaciones, determinar liquidaciones o imponer sanciones a un obligado tributario tomando como fundamento fáctico de la obligación fiscal supuestamente incumplida los documentos o pruebas incautados como consecuencia de un registro practicado en el domicilio de terceros (aunque se haya autorizado la entrada y registro por el juez de esta jurisdicción), cuando tales documentos fueron considerados nulos en sentencia penal firme, por estar incursos en vulneración de derechos fundamentales en su obtención”. 

El negocio tiene zonas “constitucionalmente protegidas”

Cabe recordar en este sentido que dentro de las visitas in situ y por sorpresa de la inspección de Hacienda, se diferencian claramente dos tipos de espacios: aquellos abiertos al público y los que no lo están. Esta diferencia, habitualmente, es la que marca el procedimiento que habría de seguir el funcionario y también la actuación que podría llevar a cabo el contribuyente afectado por esta investigación. 

En las zonas de un negocio que están abiertas al público como, por ejemplo, la parte del local de un restaurante donde están dispuestas las mesas, o la zona de una frutería donde esperan los clientes a ser atendidos, no es necesario ningún tipo de autorización. En este caso, basta solamente con el propio acceso, sin que tenga que haber ninguna orden judicial ni de ningún tipo para justificarlo. 

No obstante, cuando la inspección quiere acceder a las zonas constitucionalmente protegidas, que hay en cualquier negocio, sí necesita una orden judicial, bien argumentada y con algo más que meras sospechas. Éstas pueden ser desde despachos o zonas de reuniones hasta sótanos donde se archivan algunos documentos y está prohibida la entrada a terceros ajenos al negocio. En otras palabras, casi todo lo que no sea espacio abierto al público, puede ser declarado como “zona restringida” y por tanto constitucionalmente protegida.   

Los juristas siguen poniendo en duda las visitas sorpresa

La sentencia del Supremo supone un golpe más a las inspecciones del Fisco, en un año en el que la Justicia ha puesto en duda en varios ocasiones los registros por sorpresa que permiten a Hacienda recabar pruebas como facturas falsas o cuentas que demuestran la existencia de dinero en B.  

De hecho, no son pocos los juristas que cuestionan la legalidad de las inspecciones sorpresa que realiza Hacienda en algunos negocios porque, a su parecer, vulneran un derecho fundamental que está mal regulado en la normativa. Si bien, la nueva ley antifraude prevé de forma evidente que los inspectores de la Agencia Tributaria puedan entrar en los negocios por sorpresa y sin haber avisado previamente a los autónomos de que se va a iniciar un procedimiento de inspección en su establecimiento, muchos expertos siguen viendo lagunas en esta normativa.

Según explicó en anteriores entrevistas a este diario José María Salcedo, abogado tributario y socio del bufete Ático Jurídico, “el Ejecutivo se ha olvidado de modificar la segunda crítica que le hacía el Alto Tribunal: el tipo de ley que tiene que regular el derecho fundamental que se vulnera con las inspecciones sorpresa” . El experto aseguró que el problema está en que el Supremo considera que el derecho de inviolabilidad, tanto de domicilios como de negocios, “no puede regularse mediante una ley general ordinaria, como lo es la Ley General Tributaria o la ley de lucha contra el Fraude Fiscal, sino que tiene que venir de una ley orgánica”.  

Es más, ahora se podría anticipar que cuando el Tribunal Supremo tenga que analizar una entrada sorpresa en un negocio que haya ocurrido después de la puesta en vigor de la Ley de lucha contra el fraude, el Alto Tribunal podría anular esa inspección basándose en que la norma que regula el derecho fundamental que vulnera Hacienda es ordinaria y no orgánica, como ya le ha recriminado en otras ocasiones al Ejecutivo.

FUENTE: autónomosyemprendedor AUTOR: Daniel Ghamlouche


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La Directiva europea que obliga a implantar un CANAL DE DENUNCIAS interno en las empresas entra en vigor el 17 de diciembre

El próximo 17 de diciembre entrará en vigor en toda la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, también conocida con Directiva Whistleblowing o, lo que es lo mismo, la nueva normativa que regula la obligatoriedad de la implantación de un sistema o canal de denuncias dentro de las empresas, a fin de que puedan aflorar las conductas irregulares o las infracciones que se estén cometiendo y de una forma que cualquiera tenga garantizado el acceso a dicho canal, la confidencialidad o anonimato de las denuncias, garantizando a su vez los derechos de todas las partes que se vean implicadas por la revelación.

Ya sean públicas o privadas, solo las empresas de más de 50 trabajadores tendrán la obligación de implantar en su seno un Canal de Denuncias, aunque se ha de tener en cuenta que si la empresa se encuentra en el rango de entre 50 y 249 trabajadores esta gozará de un período transitorio de dos años para instaurarlo de forma operativa.

¿Quieres saber más acerca de esta y de otras obligaciones de cumplimiento normativo o Compliance que deben cumplirse en tu empresa? Pide cita en Moya&Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià y resolveremos tus dudas.


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¿Dejar tu trabajo pero cobrar el paro? Es posible…

Que un trabajador deje su puesto de trabajo de forma voluntaria pero tenga derecho a cobrar el llamado paro, o, lo que es lo mismo, la prestación por desempleo, solo es posible en contadas excepciones. Se trata de situaciones en las que el trabajador resulta perjudicado en sus condiciones laborales o económicas por una decisión de la empresa.

El Estatuto de los Trabajadores (ET) entiende que la extinción del contrato en supuestos de este tipo sucede por voluntad del trabajador basada, eso sí, en un incumplimiento contractual por parte de la empresa, la cual o bien:

  • deja de pagar o se retrasa en el pago del salario del trabajador;
  • modifica de forma sustancial las condiciones del trabajo del empleado (funciones, jornada, horario, distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, cuantía);
  • realiza otros incumplimientos graves o se niega a reintegrar al trabajador de nuevo en la empresa tras una sentencia que haya declarado improcedente su despido.

En todos los supuestos reseñados anteriormente, el trabajador tiene derecho a extinguir de forma unilateral el contrato de trabajo y percibir las indemnizaciones correspondientes a un despido improcedente, a excepción de la extinción del contrato debida a modificación sustancial de las condiciones y, además, podrán cobrar el paro, por considerarse esta una situación legal de desempleo.

¿Tienes más dudas sobre cuándo podrás cobrar la prestación por desempleo? ¿Preguntas sobre la posibilidad de finalizar tu contrato de trabajo? No lo dudes, ponte en contacto con Moya & Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià:


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La LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD explicada de forma clara y sencilla

La 𝗟𝗘𝗬 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗡𝗗𝗔 𝗢𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗 puede ser el mecanismo idóneo para salir de una situación asfixiante debido a tus deudas y obligaciones, que no puedes cumplir. Amparándote en la Ley de Segunda Oportunidad se puede iniciar un procedimiento para solicitar que se cancelen todas o parte de tus deudas. En dicho procedimiento se intentará poner de acuerdo a tus acreedores pero deberás cumplir toda una serie de requisitos exigidos por la ley, que 𝗠𝗼𝘆𝗮&𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 de la mano de 𝗡𝗲𝘂𝘀 𝗟𝗮𝗳𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 te enumera en este vídeo. Además, vas a ver respondidas las cuestiones más importantes que suscita la 𝗟𝗘𝗬 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗡𝗗𝗔 𝗢𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗:

• ¿Qué es la 𝗟𝗘𝗬 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗡𝗗𝗔 𝗢𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗?
• ¿A quién va destinado?
• ¿Cuáles son los requisitos?
• ¿Cuánto tiempo tarda en resolverse la ley de segunda oportunidad?
• ¿Desde qué momento se congelan mis deudas e intereses?
• En el caso de acuerdo extrajudicial, ¿tienen que estar todos los acreedores de acuerdo?
• ¿Se puede acoger cualquier persona?
• ¿Quedará afectado mi patrimonio si me someto a ésta ley?
• ¿Tengo que dejar de pagar todas mis deudas?
• ¿Qué ocurriría si me demandan los acreedores mientras estoy en el procedimiento?
• ¿Puedo seleccionar las deudas que presentar a concurso?
• ¿Qué ocurriría si una vez canceladas las deudas se descubre que tengo patrimonio oculto?
• ¿si soy deudor de cantidades a la Hacienda pública y/o a la Seguridad Social, puedo acogerme a la ley?
• ¿Qué documentación necesitamos para iniciar el prodecimiento?

Y, no lo dudes, si quieres más asesoramiento a este respecto, ponte en contacto con 𝗠𝗼𝘆𝗮&𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià:


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Nuevas ayudas directas de 1500 € al sector productivo del Ayuntamiento de Calvià

El Ayuntamiento de Calvià ha puesto en marcha la segunda convocatoria de ayudas directas para el sector productivo de Calvià, por un importe de 927.487,30 €, que ya está a disposición de empresas y autónomos previa solicitud.

Se trata de ayudas directas con una cantidad fija de 1.500 por centro de trabajo o establecimiento, con un máximo de dos establecimientos por persona, es decir, con un máximo de 3.000 euros de ayudas por persona.

El plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el próximo viernes 7 de enero de 2022.

La solicitud de la ayuda sólo puede presentarse de forma telemática a través del registro general.

Para consultar los documentos y requisitos de la convocatoria puedes hacer clic en los siguientes enlaces: 

  • BASES reguladoras y convocatoria extraordinaria de ayudas directas al sector productivo para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19.
  • ANEXO 1.  Instancia
  • ANEXO 2. Presentación obligatoria de los documentos indicados
  • ANEXO 3. Solo si no se autoriza la consulta al Ayuntamiento, documentación que se deberá aportar
  • ANEXO 4. Documentación acreditativa veracidad datos bancarios

¿Necesitas más información o precisas asesoramiento especializado acerca de las ayudas disponibles, sus requisitos y condiciones y el procedimiento de solicitud? Ponte en contacto con Moya&Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià. Tenemos lo que necesitas:


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Aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Crea y Crece, para la creación fácil de empresas, el impulso del crecimiento de las pymes y la lucha contra la morosidad

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley Crea y Crece, que será remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. La norma es una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dirigida a impulsar la creación de empresas y facilitar su crecimiento y expansión. La mejora en el proceso de crecimiento empresarial es esencial, según la evidencia reciente, para aumentar la productividad, la calidad del empleo y la internacionalización.

Con este objetivo, la ley reduce y agiliza los trámites y condiciones para la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, fomenta su crecimiento a través la mejora regulatoria, generaliza el uso de la factura electrónica, establece medidas para luchar contra la morosidad en operaciones comerciales e impulsa la financiación alternativa potenciando mecanismos como el crowdfunding, la inversión colectiva o el capital riesgo.

Crear una empresa será más fácil y más rápido

El anteproyecto de Ley Crea y Crece facilita la creación de una empresa, al reducir el coste económico y simplificar los trámites para su constitución.

Con este objetivo, se establece la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de 1 euro, eliminándose el mínimo legal de 3.000 euros establecido hasta el momento, permitiendo a las empresas utilizar estos recursos en usos alternativos.

Esta medida permite a España alinearse con gran parte de los países de nuestro entorno en los que no se requiere un capital mínimo, favoreciendo de esta forma el emprendimiento.

Asimismo, se promueve la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que garantiza una reducción en los plazos para su creación y de los costes notariales y registrales.

Medidas para favorecer el crecimiento de las empresas

Se incluyen medidas para avanzar en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, una de las causas que más incidencia tiene en la liquidez y rentabilidad de muchas empresas españolas, con particular incidencia en las pymes.

Para ello, se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. Esta medida, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial.

Asimismo, se establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales) no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión.

Finalmente, se creará en el plazo de seis meses un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará una seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas.

De forma adicional, el anteproyecto de Ley mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas al simplificar la legislación existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles.

Se modifica la Ley de medidas de liberalización del comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia. Se incorporan al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma.

Se habilita también a la nueva Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios, que celebró ayer su segunda reunión, para elaborar una nueva ordenanza tipo para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y la posible adopción de otras en colaboración con otras Conferencias sectoriales.

Asimismo, se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para reforzar la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores frente a medidas que no respeten los principios de proporcionalidad, necesidad y eficacia.

Refuerzo de la financiación

La norma incorpora medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.

En el ámbito del crowdfunding, la Ley Crea y Crece adapta la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Además, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y así reducir costes de gestión. Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de los importes permitidos por proyecto financiado y por inversor.

Se impulsa la industria del capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico.

Finalmente, se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados, incluyendo estructuras de amplia trayectoria en otros países de nuestro entorno. Se trata de fondos de deuda que puedan invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales, contribuyendo y mejorando la financiación empresarial de compañías que hayan visto deteriorada su estructura financiera como consecuencia de la pandemia.

¿Tienes un proyecto y quieres ayuda para ponerlo en marcha? Ven a Moya&Emery y te asesoraremos sobre la opción más adecuada para llevarlo a cabo, la forma societaria idónea en función de tus circunstancias, la financiación, etc. Pide cita en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià:


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Moya & Emery te informa de las novedades que son de utilidad para empresas, profesionales, autónomos

  • ¿Es posible 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝗱𝗮𝗱 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗲𝘂𝗿𝗼?
  • ¿En qué consiste el 𝗯𝗼𝗻𝗼 𝗼 𝗸𝗶𝘁 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 para modernizar mi empresa o negocio y cómo puede solicitarlo?
  • ¿Qué 𝗼𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗮𝘆𝘂𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀 hay para empresarios y profesionales en Palma o Calvià?
  • ¿Cómo autónomo, me conviene 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝗿 𝗺𝗶 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝘁𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶ó𝗻 de cara al próximo 2022? ¿Qué plazo tengo para cambiarla?

Este martes, el abogado y economista 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹á𝘀 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 ha dedicado el consultorio de Radio Calvià FM a hablar de constituir una sociedad de forma rápida y barata, del bono o kit digital (para que mi empresa tenga presencia en internet, redes sociales, cree o mejore mi sitio web, amplíe negocio a través del comercio electrónico, digitalice mi empresa creando una oficina virtual, facturando electrónicamente y asegurando mis datos y comunicaciones), de otras ayudas en el término municipal de Palma y de Calvià para empresarios y profesionales, así como del cambio de base de cotización de los trabajadores autónomos.

¿Aún te quedan dudas? Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià:


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Resumen explicativo de los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Plusvalía Municipal

El pasado mes de noviembre el Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad y la nulidad de una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales, los cuales fijaban el método de cálculo del impuesto de la plusvalía municipal.

Escasos días después de la declaración de inconstitucionalidad, se aprobó la norma -el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre– que viene a adaptar la Ley de Haciendas Locales a la actual jurisprudencia del TC, lo que ha generado un vacío legal entre la fecha en que el Tribunal comunicó su sentencia (26 de octubre) y la entrada en vigor del Real Decreto-ley 26/2021 (10 de noviembre) y una situación que, de facto, impide en las operaciones en que el impuesto hubiera devengado entre dichas fechas, la liquidación, comprobación, recaudación y revisión del mismo, y, por ende, determina que no sea exigible por las administraciones locales en dichos casos.

Lee a continuación el artículo del diariolaley (Wolters Kluwer) con la tabla resumen de los distintos escenarios y efectos de la sentencia sobre Plusvalía Municipal:


Tabla-resumen de efectos de la Sentencia sobre Plusvalía Municipal

FUENTE: diariolaley Wolters Kluwer

El Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, ha procedido a la adaptación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, posibilitando que la base imponible del impuesto sea la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición de un terreno cuando así lo solicite el obligado tributario.

No obstante, esta situación ha creado un «vacío legal», entre la fecha en la que el Tribunal Constitucional comunicó su sentencia, es decir, el 26 de octubre de 2021 y el 10 de noviembre del mismo año, día de entrada en vigor del Real Decreto-ley.

Además, en la nueva normativa no se alude al período de vacío que se ha producido desde el 26 de octubre al 9 de noviembre, si bien reconoce que la anulación de varias disposiciones supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad.

Con ello, certifica implícitamente que el impuesto no ha sido exigible como mínimo para las operaciones en que se hubiera devengado desde el 26 de octubre hasta el 9 de noviembre de 2021.

Además, la propia sentencia del Constitucional podría extender sus efectos a situaciones anteriores al 26 de octubre de 2021.

En la siguiente tabla se resumen las diferentes situaciones y el impacto fiscal dependiendo la fecha en la que se haya producido la operación.

OPERACIÓNPERÍODOEFECTOS
Venta de viviendaEntre el 26 de octubre y el 10 de noviembre de 2021. No se pagará el tributo

No es posible aplicar la normativa antigua por efectos de la STC de 26-10-2021.

No se puede aplicar la nueva normativa (RDL 26/2021) ya que carece de carácter retroactivo.
Venta de viviendaAntes del 26 de octubre de 2021.

Dentro del plazo de 30 días.

Sin haber liquidado el impuesto de plusvalía.
En caso de autoliquidación el resultado debería ser «0».

Si se produjese liquidación administrativa podría ser objeto de recurso.
Adquisición por herencia o donación de viviendaEntre el 26 de octubre y el 10 de noviembre de 2021.No se pagará el tributo.

No es posible aplicar la normativa antigua por efectos de la STC de 26-10-2021.

No se puede aplicar la nueva normativa (RDL 26/2021) ya que carece de carácter retroactivo.
Adquisición por herencia o donación de viviendaAntes del 26 de octubre de 2021

Dentro del plazo de 6 meses (o sus prórrogas en caso de sucesión)

No haberse realizado liquidación
No se puede aplicar normativa para calcular la base imponible del impuesto

En el supuesto de que se notifique liquidación podría ser recurrirla
Venta o adquisición de vivienda por herencia o donaciónA partir del 10 de noviembre de 2021.Opción 1
Nuevo sistema objetivo adaptado a la evolución del mercado inmobiliario

Se sustituyen los porcentajes anuales aplicables sobre el valor catastral del terreno por unos coeficientes máximos, en función del número de años transcurridos desde la operación.

Los ayuntamientos podrán rebajar hasta un 15 % los valores catastrales

Opción 2

En función de la plusvalía real, si la diferencia entre el valor de trasmisión y el de adquisición es inferior al resultante de la estimación objetiva

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El Consejo de Ministros amplía los plazos para que empresas y profesionales paguen, transformen o reduzcan sus créditos ICO

El pasado 30 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó ampliar ciertas medidas con las que se pretende ayudar a los profesionales y empresas que pidieron créditos con aval estatal durante la pandemia a sortear la crisis, otorgándoles más tiempo para cumplir con las obligaciones financieras. Se trata de:

  • Una extensión de los plazos de solicitud de avales públicos,
  • Un aumento del límite máximo de acumulación de ayudas por beneficiario hasta los 2,3 millones de euros (antes limitadas a 1,8 millones)
  • Una ampliación de las medidas de refuerzo de la solvencia contenidas en el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes (de entidades financieras) con financiación avalada, previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19

Así, desde el 1 de diciembre de 2021 hasta junio de 2022 cabrá la posibilidad de negociar tanto la ampliación del periodo de amortización de los préstamos como la conversión del préstamo con aval público en participativo. Además, desde el 1 de diciembre de 2022 a junio de 2023 cabrá la posibilidad de solicitar transferencias directas para la reducción del principal.

Puedes consultar la norma, publicada en el BOE, que aprueba estas medidas a través de este enlace, aquí. Y no dudes en pedir cita en cualquiera de las oficinas de Moya&Emery -Palma o Calvià- para recibir asesoramiento sobre ayudas estatales o autónomicas disponibles, así como de las distintas formas de financiar tu empresa o negocio.


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¿Jubilarse de forma anticipada a partir de los 61 años?

Es posible en determinados casos y para ello el trabajador tendrá que acogerse a la concreta modalidad de jubilación anticipada derivada del cese no voluntario en el trabajo, que tiene como requisito haber sufrido un despido. Ello, junto con otros requisitos, permitiría al trabajador adelantar la jubilación ordinaria hasta en 4 años hasta los 61 años, siempre que se acredite la cotización necesaria mínima, fijada en 37 años y 3 meses cotizados.

Debe tenerse en cuenta que a partir de 2022, con los cambios en la edad de jubilación previstos, los cómputos variarán, dado que la edad ordinaria para la jubilación se fijará en los 65 años para los trabajadores con 37 años y seis meses cotizados (3 meses más), y será de 66 años y dos meses para el resto (2 meses más).

El despido requisito de una jubilación anticipada debe traer cuenta de una situación de reestructuración empresarial. Además, será preciso que el trabajador conste inscrito como demandante de empleo un mínimo de 6 meses con anterioridad a solicitar la prejubilación.

El trabajador que se plantee acogerse a cualquiera de los tipos de jubilación anticipada debe tener en cuenta que la pensión resultará recortada en función de los años cotizados y del adelanto temporal solicitado, por ello conviene hacer bien los cálculos.

Si quieres saber más acerca de este tema, lee a continuación toda la información que Seguridad Social pone a tu disposición:


Jubilación anticipada derivada del cese no voluntario en el trabajo

A partir de 17-03-2013, se establece esta nueva modalidad de jubilación anticipada que será aplicable a los hechos causantes producidos a partir de dicha fecha, salvo en los casos en que resulte de aplicación lo establecido en la disposición final 12.2 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.

Beneficiarios / requisitos

Podrán acceder a esta modalidad de jubilación anticipada los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos:

  • Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad exigida que en cada caso resulte de aplicación, sin que a estos efectos resulten de aplicación las bonificaciones de edad, de las que puedan beneficiarse los trabajadores de algunos sectores profesionales por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y las personas con discapacidad igual o superior al 45% o al 65%. 
  • Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación (situación asimilada al alta).
  • Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de:
    • 33 años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias ni el abono de años y días de cotización por cotizaciones anteriores a 1-1-67. A estos exclusivos efectos, sólo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año. 
    • Del período de cotización, al menos 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o al momento en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar.
    • En el caso de trabajadores incluidos en el Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, a efectos de acreditar el período mínimo de cotización efectiva (33 años), será necesario que, en los últimos 10 años años cotizados, al menos 6 correspondan a períodos de actividad efectiva en este sistema especial. A estos efectos, se computarán también los períodos de percepción de prestaciones por desempleo de nivel contributivo en este sistema especial.
    • En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, para acreditar el período mínimo de cotización de 33 años, se  aplicarán, a partir de 04-08-2013, las reglas establecidas en el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto.
  • Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral. A estos efectos, las causas de extinción del contrato de trabajo que podrán dar derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada serán las siguientes:
  1. El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (ET).
  2. El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 52.c) del ET.
  3. La extinción del contrato por resolución judicial, conforme al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
  4. La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 del ET, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante.
  5. La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del ET.

Cuantía

La cuantía de la pensión se determina aplicando a la base reguladora el porcentaje general que corresponda en función de los años cotizados y el coeficiente reductor que corresponda.

La cuantía que resulte será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación, de los siguientes coeficientes en función del período de cotización acreditado:

  1. Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses.
  2. Coeficiente del 1,750 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses.
  3. Coeficiente del 1,625 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.
  4. Coeficiente del 1,500 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.

A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de aplicación.

Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que se equipare a un período la fracción del mismo.

Límite de la cuantía:

Una vez aplicados los referidos coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la cuantía que resulte de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 por 100 por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.

El coeficiente del 0,50 por 100 a que se refiere el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes supuestos:

  1. Cuando se trate de jubilaciones causadas al amparo de lo establecido en la norma 2ª del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social.
  2. En los casos de jubilaciones anticipadas, en relación con los grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, o se refieran a personas con discapacidad.

Beneficiarios

Podrán acceder a la jubilación anticipada los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos:

  1. Encontrarse en alta o situación asimilada al alta.
  2.  Tener  61 años de edad real. A tal efecto, no serán de aplicación las bonificaciones de edad, de las que puedan beneficiarse los trabajadores de algunos sectores profesionales por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y las personas con discapacidad igual o superior al 45% o al 65%. 
  3. Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de:

    30 años (se computará como cotizado a la Seguridad Social el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año) sin que se tenga en cuenta, a tales efectos, la parte proporcional por pagas extraordinarias ni el abono de años y días de cotización por cotizaciones anteriores a 1-1-67.

    Del período de cotización, al menos 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o al momento en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar.

    En el caso de trabajadores incluidos en el Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, a efectos de acreditar el período mínimo de cotización efectiva (30 años), será necesario que, en los últimos 10 años años cotizados, al menos 6 correspondan a períodos de actividad efectiva en este sistema especial. A estos efectos, se computarán también los períodos de percepción de prestaciones por desempleo de nivel contributivo en este sistema especial.

    En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial,  para acreditar el período mínimo de cotización de 30 años, se  aplicarán, a partir de 04-08-2013, las reglas establecidas en el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto.
  4. Encontrarse inscritos, como demandantes de empleo, en las oficinas del servicio público de empleo, durante un plazo de, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de jubilación. No obstará al cumplimiento de este requisito la simultaneidad de la inscripción señalada con la realización de una actividad por cuenta propia o ajena, siempre que dicha actividad sea compatible con la inscripción como demandante de empleo, según la legislación vigente.
  5. Que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se haya producido por causa imputable a la libre voluntad del trabajador. A tales efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decide poner fin a la misma. Se considerará en todo caso que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria, cuando la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 267,1 a) de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

Los requisitos  de encontrarse inscrito en las oficinas de empleo durante, al menos, 6 meses y que el cese en el trabajo no se hubiera producido por causa imputable al trabajador no serán exigibles en aquellos supuestos en los que el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo o contrato individual de prejubilación, haya abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, y en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo global, represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social. (La novedad radica en la equiparación de los contratos individuales de prejubilación a los acuerdos colectivos).

También podrán acceder a la jubilación, cumplidos los requisitos exigidos en los apartados 1, 2 y 3, siempre que la extinción de la relación laboral anterior haya venido precedida por alguna de las causas señaladas en el apartado anterior:

  • Los beneficiarios de la prestación de desempleo, cuando ésta se extinga por agotamiento del plazo de duración de la prestación o por pasar a ser pensionista de jubilación, de conformidad con lo señalado en las letras a) y e), apartado 1, del artículo 272 de la LGSS.
  • Los beneficiarios del subsidio por desempleo, de nivel asistencial, mayores de 52/55 años.
  • A los trabajadores mayores de 55 años que no reúnan los requisitos para acceder al subsidio por desempleo de mayores de dicha edad, una vez agotada la prestación por desempleo, y continúen inscritos en las oficinas del servicio público de empleo.

No será exigible el cumplimiento de los requisitos 3 y 4, cuando se trate de trabajadores a los que la empresa, en virtud de obligación adquirida en acuerdo colectivo, haya abonado, como mínimo, durante los 2 años anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación, una cantidad que, en cómputo global, no sea inferior al resultado de multiplicar por 24 la suma de los siguientes importes:

  • La cuantía mensual de la prestación que hubiera correspondido al trabajador en concepto de prestación contributiva por desempleo, de haber accedido a la situación legal de desempleo, en la fecha de la extinción del contrato de trabajo.
  • El importe mensual de la cuota satisfecha por el trabajador en el convenio especial suscrito por aquél.

Para la acreditación del cumplimiento de este requisito, la empresa deberá emitir una certificación en la que consten las cantidades abonadas al trabajador, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo, al menos durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación, así como las bases de cotización por desempleo de los 180 días inmediatamente anteriores a la baja en la empresa. El trabajador, junto con la solicitud de la pensión de jubilación, deberá presentar la certificación de la empresa ante la Entidad gestora correspondiente.

Reglas en determinados casos especiales

En el caso de que hayan de computarse cotizaciones acreditadas en diferentes regímenes de la Seguridad Social:

  • Reconocerá la prestación el régimen en el que el trabajador esté en alta, en el momento del hecho causante, siempre que reúna todos los requisitos para el acceso a la pensión establecidos en el mismo, computándose a tales efectos exclusivamente las cotizaciones acreditadas en dicho régimen.
  • En el supuesto de que no fuera posible acceder de este modo a la jubilación, reconocerá la pensión el régimen de Seguridad Social en el que no se estaba en alta, siempre que se reúnan los demás requisitos para el acceso a la jubilación, computándose a tales efectos exclusivamente las cotizaciones acreditadas en dicho Régimen.
  • Si tampoco fuera posible el acceso a la jubilación aplicando la regla anterior, decidirá el régimen donde el interesado acredite el mayor número de cotizaciones.
  • Si aplicando tales reglas, el Régimen que reconoce la pensión es el Régimen General (o el Régimen Especial de la Minería del Carbón o el Régimen Especial del Mar cuando se trate de trabajadores por cuenta ajena), el interesado podrá acceder a la jubilación anticipada por la vía del artículo 161 bis, apartado 2, del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, según su redacción a 31/12/2012. En caso contrario, no cabrá la aplicación de este mecanismo de jubilación anticipada.

Hecho causante y efectos económicos

Hecho causante:

  • El día del cese en la actividad laboral, cuando el trabajador está en alta.
  • El día de presentación de la solicitud, en las situaciones asimiladas a la de alta, con las siguientes excepciones:
  • En caso de excedencia forzosa, el día del cese en el cargo que dio origen a la asimilación.
  • En caso de traslado fuera del territorio nacional, el día del cese en el trabajo por cuenta ajena.

Efectos económicos:

  • Trabajadores en alta:
  • Desde el día siguiente al del cese en el trabajo, cuando la solicitud se haya presentado dentro de los 3 meses siguientes a aquél o con anterioridad al mismo.
    • En otro caso, se devengará con una retroactividad máxima de 3 meses desde la fecha de presentación de la solicitud.
  • Trabajadores en situación asimilada a la de alta:
  • Desde el día siguiente al de la solicitud o cuando se produzca el hecho causante, según sea la situación asimilada de que se trate.

Derecho de opción

  • Los trabajadores que, reuniendo todos los requisitos para obtener el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación en la fecha de entrada en vigor (5-8-97) de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, no lo hubieran ejercitado, aunque no hubiesen cesado en el trabajo, podrán optar por acogerse a la legislación anterior para obtener la pensión en las mismas condiciones a que hubiesen tenido derecho el día anterior al de la entrada en vigor de dicha ley.
  • En los supuestos de opción a favor de la legislación anterior a la citada ley, las cotizaciones efectuadas a partir de 5-8-97 no se computarán a efecto alguno ni procederá su devolución.
  • La opción tendrá carácter irrevocable.

Abono

  • Las pensiones se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas junto con las mensualidades de junio y noviembre y por el mismo importe que el de la mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses.

En los supuestos de reconocimiento inicial o de reanudación del percibo de una pensión, así como en los casos de suspensión del percibo de la pensión o extinción de la misma, la paga extraordinaria correspondiente se abonará en razón de sextas partes.

  • Se garantizan cuantías mínimas, según edad y cargas familiares.
  • La pensión, incluido el importe de la pensión mínima, será revalorizada al comienzo de cada año, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social y en el Real Decreto de revalorización de pensiones que se publica anualmente.
  • La pensión de jubilación está sujeta a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y sometida, en su caso, al sistema general de retenciones a cuenta del Impuesto.

Incompatibilidades / Compatibilidades

Incompatibilidades:

La percepción de la pensión de jubilación es incompatible con:

  • La realización de cualquier trabajo del pensionista, por cuenta ajena o propia, que dé lugar a su inclusión en el Régimen General o en alguno de los Regímenes Especiales, con las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se determinen.
  • El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público delimitado en el párrafo segundo del apartado 1 del art. 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas (excepciones: profesores universitarios eméritos y personal licenciado sanitario).
  • El desempeño de los altos cargos.

La realización de trabajos incompatibles con la percepción de la pensión, produce los siguientes efectos:

  • La pensión de jubilación se suspende, así como la asistencia sanitaria inherente a la condición de pensionista.
  • El empresario está obligado a solicitar el alta e ingresar las cotizaciones que, en su caso, correspondan.
  • Las nuevas cotizaciones sirven para:
    • Incrementar, en su caso, el porcentaje ordinario de la pensión.
    • Devengar el porcentaje adicional que corresponda por prolongación de la vida activa laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, establecido en el art. 210 de la LGSS.
    • Disminuir el coeficiente reductor aplicado, en el caso de haber anticipado la edad de jubilación.
    • En ningún caso, las nuevas cotizaciones pueden modificar la base reguladora.

Compatibilidades:

No obstante lo indicado en el apartado anterior, podrá compatibilizarse el percibo de la pensión de jubilación con la realización de los siguientes trabajos:

  • Las personas que “accedan” a la jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión con un trabajo a tiempo parcial en los términos establecidos. Durante dicha situación, denominada jubilación parcial, se minorará el percibo de la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.
  • Los pensionistas de jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión “causada” con un trabajo a tiempo parcial en los términos establecidos. Durante dicha situación, denominada jubilación flexible, se minorará la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista, en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.
  • El percibo de la pensión de jubilación es compatible con la realización de trabajos por cuenta propia, cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI, en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no están obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social y no generarán derechos sobre las prestaciones de la Seguridad Social.
  • El ejercicio de la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados en alta en una mutualidad alternativa o exentos de causar alta en el RETA.
  • El mantenimiento de la titularidad del negocio y el ejercicio de las funciones inherentes a dicha titularidad.
  • Compatibilidad de la pensión de jubilación con el ejercicio de la actividad de profesionales sanitarios jubilados médicos/as y enfermeros/as menores de setenta años.
    • Estos profesionales podrán ser reincorporados al servicio activo por la autoridad competente de la comunidad autónoma, al amparo de lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Esta reincorporación podrá ser tanto a jornada completa como a tiempo parcial, siendo compatible dicho nombramiento con la pensión de jubilación. (Orden SND/232/2020, de 15 de marzo)
  • Jubilación Activa. Pensión de jubilación y envejecimiento activo, artículo 214 de la LGSS:

    El disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, en los siguientes términos:
    • El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación, sin que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado.
    • El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100%.
    • El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.
    • La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.
      No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará el 100 %.
    • La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las pensiones del sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto se mantenga el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reducirá en un 50%, excepto en el supuesto de realización de trabajos por cuenta propia en los términos señalados en el párrafo anterior.
    • El pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo.
    • El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.
    • Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o producido el cese en la actividad por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación. Igual restablecimiento se producirá en el caso de cese en la actividad por cuenta propia cuando no se dieran las circunstancias que permitan compatibilizar el 100% de la pensión de jubilación con el trabajo.
    • La compatibilidad del 100 % de la pensión con la actividad por cuenta propia, se establece sólo para los trabajadores autónomos, siempre que se acredite tener contratado al menos un trabajador por cuenta ajena. La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, también prevé la posibilidad de que se amplíe a futuro esta compatibilidad a los trabajadores por cuenta ajena y al resto de trabajadores por cuenta propia (disposición final quinta).
      Cotización:

      Durante la realización del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, compatible con la pensión de jubilación, los empresarios y los trabajadores cotizarán a la Seguridad Social únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa reguladora del régimen del sistema de la Seguridad Social correspondiente, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8%, no computable para las prestaciones, que en los regímenes de trabajadores por cuenta ajena se distribuirá entre empresario y trabajador, corriendo a cargo del empresario el 6% y del trabajador el 2%.
      Mantenimiento del empleo por las empresas:Las empresas en las que se compatibilice la prestación de servicios con el disfrute de la pensión de jubilación no deberán haber adoptado decisiones extintivas improcedentes en los seis meses anteriores a dicha compatibilidad. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad al 17-03-2013 y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción.
      Una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y trabajo, la empresa deberá mantener, durante la vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel de empleo existente en la misma antes de su inicio. A este respecto se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores de alta en la empresa en el periodo de los 90 días anteriores a la compatibilidad, calculado como el cociente que resulte de dividir entre 90 la suma de los trabajadores que estuvieran en alta en la empresa en los 90 días inmediatamente anteriores a su inicio.
      No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato.
  • Compatibilidad de la pensión de jubilación con las actividades dedicadas a la creación artística que generen por esa actividad derechos de propiedad intelectual (Real Decreto 302/2019, de 26 de abril).
    Desde 1/05/2019, se establece la compatibilidad de la pensión de jubilación con el desempeño de una actividad de creación artística por la que se perciban ingresos derivados de derechos de propiedad intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros, con independencia de que por la misma actividad perciban otras remuneraciones conexas.No es compatible cuando, además, se realice un trabajo por cuenta ajena o propia que dé lugar a su inclusión en la Seguridad Social.
    Régimen de compatibilidad.
    Con independencia del porcentaje de la pensión y de su cuantía, estas actividades son compatibles con:
    • el 100 por ciento del importe que corresponda percibir o, en su caso, viniera percibiendo el beneficiario por la pensión contributiva de jubilación.
    • el 100 por ciento del importe del complemento por maternidad,      
    • la cantidad adicional a que se refiere el párrafo tercero del artículo 210.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
    • los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con la actividad de creación artística, siempre que reúna los requisitos establecidos para ello.
    • Para los trabajadores por cuenta propia: 8 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes
    • Para los trabajadores por cuenta ajena: el 6 por ciento correrá a cargo del empresario y el 2 por ciento a cargo del trabajador.
      Cómputo de periodos de carencia
      Para las prestaciones causadas después del hecho causante de la jubilación, sólo se podrán tener en cuenta las cotizaciones practicadas desde el hecho causante de la jubilación.
      Incompatibilidad pensión de jubilación e incapacidad temporal.
      La prestación de incapacidad temporal causada con posterioridad al hecho causante de la jubilación compatible con la realización de alguna una actividad de creación artística, será incompatible con el cobro de la pensión contributiva de jubilación a partir del momento en que se cese en la actividad y se cause baja en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. En estos supuestos solo se abonará la pensión contributiva de jubilación.

Extinción

Por fallecimiento del pensionista.


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Ya en vigor el Real Decreto-ley 27/2021, que prorroga determinadas medidas económicas en apoyo de la recuperación económica

Ha sido publicado en el BOE y ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, que contiene la prórroga hasta el próximo 2022 de muchas medidas tomadas con anterioridad por el Gobierno frente a la crisis económica generada por la pandemia

Amén de otras aprobadas, entendemos que son las más significativas en lo referido a las empresas las siguientes medidas:

1. Avales

Se modifica el apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que queda redactado así:

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 40.000 millones de euros, hasta el 30 de junio de 2022. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.»“.

2. Medidas en el ámbito del derecho concursal

A) Obligación de declaración de concurso de acreedores

Modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, cuyo artículo 6 queda redactado así:

Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la Ley Concursal comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha.

Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Si hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.»”

B) Causa de disolución por pérdidas

Otra modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia es la del apartado 1 del artículo 13, que queda redactado así:

Artículo 363.1.e) TRLSC. «A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021. Si en el resultado del ejercicio 2022 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.»


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III Convocatoria de ayudas directas y a fondo perdido de la Fundació Mallorca Turisme para empresas y profesionales que desarrollen su actividad en Palma

El objeto de esta 3ª convocatoria es conceder ayudas directas a personas físicas y jurídicas que desarrollan su actividad económica en el municipio de Palma, que tengan menos de 20 trabajadores de media anual computando los diferentes centros de trabajo y con una facturación en 2019 inferior a un millón de euros, siempre que esta facturación haya disminuido durante el 2020 en una cantidad superior a un 20%.

Las ayudas serán de un importe de 2.000,00 € por centro de trabajo o establecimiento, con un máximo de dos establecimientos por persona beneficiaria (máximo: 4.000,00 €).

Estas ayudas son compatibles con la percepción de cualquier otra subvención procedente de cualquier entidad del sector público o privado, si bien, para poder optar a recibirla no se puede haber sido beneficiario de ayudas en la primera y segunda convocatoria de este ayuntamiento.

Toda la tramitación de solicitudes debe hacerse online.

Pincha en los enlaces a continuación para conocer el resto de las condiciones y requisitos para la obtención de las ayudas, consultar las bases de la convocatoria de ayudas en castellano o en catalán.

Y si tienes dudas, ven a Moya&Emery y te acompañaremos en el proceso de solicitud de tu ayuda y te informaremos de otras disponibles para tu negocio o actividad y en tu localidad. Pide cita con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.


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Aprobado en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley que amplía la moratoria concursal hasta el 30 de Junio de 2022

REAL DECRETO LEY DE PRÓRROGA DE MEDIDAS ECONÓMICAS PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN

El Consejo de Ministros aprobó ayer martes 23 de noviembre un Real Decreto Ley para impulsar determinadas medidas que apoyen la recuperación en España, en especial medidas de apoyo a autónomos y empresas.

AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE MEDIDAS DE APOYO A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

El Consejo de Ministros ha aprobado, en línea con la extensión de la vigencia del Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea, un Real Decreto-ley que amplía la vigencia de determinadas medidas de apoyo a autónomos y empresas para garantizar su plena recuperación y viabilidad.

Se trata de seguir apoyando la recuperación y solvencia del tejido productivo para que las empresas puedan aprovechar el nuevo entorno de crecimiento económico.

El Real Decreto-ley aprobado amplía la vigencia de las Líneas de Avales, prorroga el régimen de autorización previa de determinadas inversiones extranjeras y extiende algunas medidas en el ámbito concursal.

Por otra parte, cabe señalar que, debido a la ampliación del Marco Temporal, se mantienen vigentes hasta el 30 de junio de 2022 los fondos de recapitalización de empresas gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y COFIDES.

Medidas en el ámbito concursal

El Real Decreto-Ley aprobado establece también medidas en el ámbito concursal, ampliándose al ejercicio 2021 la medida excepcional establecida en la Ley 3/2020 de exclusión de los resultados a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas. Extiende, a su vez hasta el 30 de junio de 2022, la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores, con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo y dispongan de un margen adicional para restablecer su equilibrio patrimonial en tanto se tramita la modernización del régimen concursal español.

El objetivo de esta reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es reorientar el marco concursal dotándolo de nuevos instrumentos para la reestructuración temprana de empresas viables, avanzando en la segunda oportunidad para empresarios que sean personas físicas y agilizando los procesos concursales, con el fin de evitar la destrucción de empleo y de tejido productivo.

Ampliación de las Líneas de Avales

Los autónomos y empresas podrán acceder a financiación garantizada a través de las Líneas de Avales hasta el 30 de junio de 2022 para cubrir sus necesidades de liquidez o financiar sus proyectos de inversión.

Las Líneas de Avales puestas en marcha por el Instituto de Crédito Oficial han sido un instrumento clave para garantizar el mantenimiento del tejido productivo, especialmente durante los momentos más duros de la pandemia.

Desde la puesta en marcha de la Línea de Avales de Liquidez en marzo de 2020 por importe de 100.000 millones de euros y con la posterior aprobación de la segunda Línea de Avales para Inversión y Liquidez por importe de 40.000, se han garantizado hasta el 18 de noviembre de 2021, 1.137.891 operaciones y desplegado avales por importe de 101.945 millones de euros, que han permitido movilizar 133.975 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo. A estas cifras hay que añadir los 1.385 avales formalizados que se ha destinado a garantizar 81 operaciones de empresas que cotizan en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y que han movilizado 1.978 millones de euros.

El diseño, gestión y modelo de asignación de los avales han permitido que sean de las líneas más utilizadas en toda Europa y constituyen uno de los mayores y más eficaces ejemplos de colaboración público-privada.

Adicionalmente, se amplía hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de reintegro por parte de las Comunidades Autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. De esta forma, las Comunidades dispondrán de un plazo adicional para resolver los recursos de las convocatorias ya cerradas.

Extensión de la suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras

El Real Decreto-ley amplía hasta el 31 de diciembre de 2022 la extensión de la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras, en determinados sectores, procedentes de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas, si la inversión es superior a 500 millones de euros.

La ampliación de la vigencia de esta medida tiene como objetivo proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos.

Si quieres leer más información sobre las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de 23 de noviembre, haz clic en este enlace a la página oficial de La Moncloa.


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Nulidad del despido de una trabajadora en tratamiento de fecundación in vitro

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una reciente sentencia, ha extendido la protección de derechos, asimilándolos a los de una embarazada, a una trabajadora que fue despedida mientras se encontraba en tratamiento de reproducción asistida, hecho este del que estaba al corriente su empleador. Así, el Tribunal ha declarado nulo su despido por discriminación de género de la trabajadora, que se encontraba de baja por incapacidad temporal debido al tratamiento de fecundación in vitro unido a su alto riesgo de sufrir un aborto y lo declara nulo por resultar discriminatorio por razón de sexo, ya que, razona la sentencia, quien está en tratamiento de fecundación in vitro no está en situación de embarazo, pero es probable que lo esté si prospera el tratamiento.

En este caso, la sentencia confirma la nulidad del despido por discriminación de género y, además, concede una indemnización por daños morales causados a la trabajadora.

¿Te interesa este tema? Lee más acerca de este caso y la sentencia recaída en la noticia del portal Noticias Jurídicas que transcribimos a continuación:


La justicia declara nulo el despido de una trabajadora en tratamiento de fecundación in vitro

El tribunal extiende la protección de la mujer durante el embarazo al periodo de fertilización

FUENTE: Noticias Jurídicas AUTOR: Silvia León

Un paso más allá en la protección de los derechos de la mujer. Y es que, se consolida la tendencia de extender la protección del embrazo al momento previo, como es el caso de la inseminación artificial o la fecundación in vitro. Así lo ha considerado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una reciente sentencia, que confirma la nulidad de un despido de una trabajadora de una escuela infantil municipal que, a la fecha de tramitación del despido, se encontraba en tratamiento de reprodución asistida. La Sala entiende que hay discriminación de género.

Según comenta la abogada que llevó la defensa, Sara del Carmen Romero Díaz, del sindicato CSIF Huelva, “la sentencia, de forma brillante, declara la nulidad del despido, y extiende la protección de la mujer durante el embarazo al tratamiento de fecundación in vitro al que estaba sometida y que el Ayuntamiento conocía perfectamente.”

La trabajadora, que era técnico especialista en la escuela infantil municipal desde el año 2011, fue encadenando sucesivos contratos de obra y servicio con el ayuntamiento, hasta que a principios de 2016 causó baja por incacidad temporal, por encontrarse en tratamiento de reproducción asistida y tener alto riesgo de aborto.

Según consta en la sentencia, la causa de la incapacidad temporal era bien conocida por el ayuntamiento demandado, ya que, se organizaron las bajas laborales con sus compañeras para atender correctamente a la escuela infantil.

Causas despido

El 25 de marzo de 2016, el ayuntamiento decidió extinguir su contrato de trabajo, alegando causas objetivas al amparo del artículo 52 del Estatutos de los Trabajadores (ET). El organismo justificó el despido en la necesidad de amortizar puestos de trabajo para superar la deficitaria situación económica que atravesaba la administración.

Sin embargo, con independencia de la existencia de necesidades de ajuste económico, la trabajadora fue despedida para contratar a otros en su lugar, lo que reafirma la nulidad de su cese a juicio del tribunal, habida cuenta del conocimiento por parte el ayuntamiento de su situación de embarazo.

Relación laboral

Por otro lado, y no solo a los efectos de cómputo de la antigüedad, la Sala estima que ha existido una relación continua con el ayuntamiento enmascarada en una pluralidad de contratos fraudulentos, ya que la demandante realizó una actividad habitual y ordinaria y no temporal.

Igualmente, puntualiza el tribunal que el hecho de que “el ayuntamiento carezca de la cualidad de empresa ello no la priva de su condición de empleadora conforme al Derecho Laboral, pues, la relación con sus trabajadores no funcionarios se sustenta en el art. 1º del ET, quedando de esta forma asimilada a cualquier otra empresa a todos los efectos contemplados en el Derecho del Trabajo”.

Discriminación 

Respecto a la causa de fondo del despido, es cierto que no existe una protección directa sobre el tratamiento de fertilidad, ni en el Estatuto de los Trabajadores, ni en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sin embrago la jurisprudencia mayoritaria hace extensible la protección de la nulidad del despido (vía protección del sexo femenino), protegiendo no solo el embarazo, sino también los tratamientos de fecundación.

Es por ello, que los magistrados consideran que no se trata de un despido por embarazo, pero si discriminatorio por razón de sexo, ya que quien está en tratamiento de fecundación in vitro no esta en situación de embarazo, pero es probable que lo esté si prospera.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso interpuesto por la Diputación de Andalucía y confirma la nulidad del despido por discriminación de genéro con derecho a una indemnización por daños morales causados.

FUENTE: Noticias Jurídicas AUTOR: Silvia León


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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea niega una empresa española la deducción por IVA por indicar un proveedor falso en una factura

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que debe denegarse a una empresa española el derecho a la deducción del IVA correspondiente a la adquisición de un bien debido a que dicha empresa, contribuyente en este caso, en la factura que ha expedido para dicha operación de compra ha consignado de forma deliberada un proveedor ficticio.

Además, el TJUE considera que si en la factura faltan los datos que permitan comprobar la condición de sujeto pasivo del proveedor o si se acredita que el citado sujeto pasivo cometió un fraude en el IVA, entonces no cabe aplicar la deducción correspondiente en el IVA.

¿Te interesa esta noticia? Lee en más profundidad esta noticia, publicada en la web de ElDerecho/LEFEBVRE:


El TUE establece que se debe denegar la deducción por IVA si se indica en la factura un proveedor ficticio

FUENTE: Europa Press / LEFEBVRE/Elderecho.com

El Tribunal de Justicia de la UE recuerda, que los ciudadanos no pueden prevalerse de las normas del Derecho de la Unión “de forma fraudulenta o abusiva”

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha publicado una sentencia, relativa a una empresa española, en la que declara que debe denegarse el derecho a la deducción del IVA correspondiente a la adquisición de bienes cuando el contribuyente ha indicado “deliberadamente” un proveedor ficticio en la factura que él mismo ha expedido para dicha operación.

El tribunal añade que si en la factura faltan los datos necesarios para comprobar que el verdadero proveedor tenía la condición de sujeto pasivo o si se acredita suficientemente con arreglo a Derecho que el citado sujeto pasivo cometió un fraude en el IVA o sabía o debería haber sabido que la operación invocada para fundamentar el derecho a deducción formaba parte de un fraude de este tipo, no cabe aplicarse la mencionada deducción.

El caso al que se refiere el tribunal europeo es el de la empresa española Ferimet, que declaró haber adquirido en 2008 de la sociedad Reciclatges de Terra Alta materiales de chatarra e indicó que la operación estaba sometida al régimen de autoliquidación del IVA, por lo que emitió la factura correspondiente.

Durante un control, la Inspección de los Tributos reparó en que la empresa que figuraba en la factura como proveedor de esos materiales carecía, en realidad, de los medios materiales y humanos necesarios para su entrega, y consideró que las facturas emitidas por Ferimet eran falsas. La Inspección de los Tributos decidió por ello que no podía concederse una deducción del IVA respecto de esa operación y emitió para el ejercicio 2008 una liquidación por un importe de 140.441,71 euros, acompañada de una sanción de 140.737,68 euros.

El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña desestimó el recurso contra las citadas liquidación e imposición, por lo que Ferimet acudió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que también desestimó su recurso por considerar que la Inspección de los Tributos había demostrado suficientemente la ocultación del proveedor.

Ferimet interpuso entonces un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aduciendo que la normativa nacional y europea, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, llevan necesariamente a considerar que tenía derecho a deducirse el IVA relativo a la adquisición de los materiales de chatarra de que se trata. A este respecto, alegó que era la verdadera destinataria de esos materiales, que los compró y recibió efectivamente y que no había habido ni podía haber una pérdida de ingresos fiscales puesto que, al estar sometidos al régimen de autoliquidación, ni ella ni su proveedor debían pagar el IVA.

El Tribunal Supremo se dirigió entonces al Tribunal de Justicia de la UE para preguntarle, esencialmente, si, a la luz del principio de neutralidad fiscal, la Directiva relativa al IVA debe interpretarse en el sentido de que debe denegarse a un contribuyente el ejercicio del derecho a deducirse el IVA relativo a la adquisición de bienes que se le han entregado, cuando ese contribuyente haya mencionado “a sabiendas” un proveedor ficticio en la factura que emitió él mismo respecto de dicha operación en el marco de la aplicación del régimen de autoliquidación.

Este miércoles el TUE ha dictaminado que no puede aplicarse dicha deducción y añade que la indicación del proveedor en la factura es un “requisito formal” para el ejercicio del derecho a deducción del IVA. “Sin embargo, en este asunto, el sujeto pasivo mencionó deliberadamente en la factura a un proveedor ficticio, lo que impidió a la Inspección de los Tributos identificar al verdadero proveedor y, por tanto, acreditar la condición de sujeto pasivo de este último, algo que constituye en cambio un requisito material del derecho a deducir el IVA”, subraya el tribunal europeo.

Igualmente, indica que la deducción del IVA debe concederse si se cumplen los requisitos materiales, aun cuando los sujetos pasivos hayan omitido determinados requisitos formales, siempre que la administración tributaria disponga de los datos necesarios para determinar que se cumplen esos requisitos materiales.

El Tribunal de Justicia de la UE recuerda, además, que los ciudadanos no pueden prevalerse de las normas del Derecho de la Unión “de forma fraudulenta o abusiva” y las autoridades y los tribunales nacionales deben denegar el derecho a deducción cuando haya quedado probado, mediante elementos objetivos, que este derecho se invoca de forma fraudulenta o abusiva.

“Esa denegación debe hacerse no solo cuando el propio sujeto pasivo haya cometido el fraude, sino también cuando se demuestre que el sujeto pasivo a quien se entregaron los bienes o se prestaron los servicios en que se base el derecho a deducción sabía o debería haber sabido que, mediante la adquisición de esos bienes o servicios, estaba participando en una operación que formaba parte de un fraude del IVA”, subraya el alto tribunal en su sentencia.

FUENTE: Europa Press / LEFEBVRE


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Grabar a los trabajadores en su tiempo de descanso está justificado según el Tribunal Supremo

En Galicia, un Juzgado de lo Social consideró lícita las grabaciones -usadas para fundar un despido disciplinario- que fueron realizadas desde las cámaras del propio vehículo al chófer de autobús y que captaron no sólo los trayectos fijados o rutas, sino que también comprendía la grabación de los períodos de descanso entre ruta y ruta. En ellos podía observarse como el conductor en diversas ocasiones no cobró el billete a una mujer a quien realizó tocamientos, que fumó varias veces en el interior del autobús y orinó hacia fuera del vehículo.

Recurrido por el trabajador el pronunciamiento del Juzgado de lo Social, el Tribunal Superior de Justicia Gallego no admitió las grabaciones porque consideró que vulneraban los derechos de los conductores entender que no recibieron una información adecuada de la videovigilancia de la que iban a ser objeto y también del tratamiento de sus datos personales. Por todo ello declaró el despido del conductor nulo.

Finalmente y tras un nuevo recurso de parte de la empresa, el Tribunal Supremo ha sentenciado que estaba justificada la limitación de los derechos fundamentales de los trabajadores en este caso, a quienes considera informados expresamente de la instalación del sistema de grabación y de su ubicación, el cual tenía por objetivo la vigilancia de actos ilícitos, tanto de empleados como de terceros, y, en definitiva, de la seguridad del centro de trabajo.

¿Quieres saber más sobre este tema? Lee a continuación la reseña realizada por el portal de la Abogacía Española:


El TS considera justificadas las grabaciones en el tiempo de descanso de los trabajadores

El Tribunal Supremo ha considerado que la grabación de trabajadores en su tiempo de descanso está justificada para probar actos ilícitos de los empleados.

FUENTE/AUTOR: Abogacía Española

La cuestión es en qué circunstancias puede considerarse legítima la utilización por parte del empresario de este sistema al amparo del poder de dirección que le reconoce el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, respetando siempre el derecho a la intimidad personal que protege el artículo 18.1 de la Constitución Española.

“Cuando hay una infracción, debe prevalecer la persecución del delito al derecho a la privacidad”, afirma Gonzalo Vázquez Martínez, abogado que ha conseguido la resolución, pero aclara, que “hay que analizar caso por caso”.

Este caso concreto trataba de un trabajador que prestaba servicios como conductor de un autobús de una empresa de transporte público y que fue despedido disciplinariamente porque, según recoge el fallo, en varias ocasiones no cobró el billete a una mujer, a la que “realizó tocamientos”, fumó varias veces en el interior del autobús y orinó hacia fuera del vehículo.

“Los autobuses estaban provistos de tres cámaras que todos los trabajadores conocían y cuya existencia se indicaba en las pegatinas del autobús debidamente señaladas”, aclara Vázquez.

El Supremo considera que “algunas de aquellas conductas antijurídicas grabadas por las cámaras se produjeron tras finalizar una ruta y antes de empezar la siguiente. Pero ello no excluye que un conductor de autobús urbano, tras finalizar una ruta y antes de empezar la siguiente, cuando se encuentra dentro de su autobús, pueda incurrir en incumplimientos contractuales graves y culpables que afecten a sus obligaciones laborales, lo que justifica que las cámaras continuaran grabando durante esos lapsos temporales”.

Para el abogado, el estar en el tiempo de descanso “no excluye que el conductor, cuando se encuentra dentro de su autobús, pueda incurrir en incumplimientos contractuales graves que afecten a sus obligaciones laborales y que deriven en infracciones graves”.

El Supremo ha sentenciado que “estaba justificada la limitación de los derechos fundamentales en juego”. Y añade que los trabajadores “estaban informados expresamente de la instalación del sistema y de su ubicación”, que tenía por objetivo “la vigilancia de actos ilícitos de los empleados y de terceros y en definitiva de la seguridad del centro de trabajo, pero excluye otro tipo de control laboral que sea ajeno a la seguridad”.

El Juzgado de Lo Social consideró lícitas las grabaciones en las que se justifica el despido disciplinario, pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia inadmitió la prueba de videovigilancia y declaró la nulidad del despido.  Consideraba estas pruebas “contrarias a derecho” argumentando que “no se había dado a los conductores una información previa, expresa, precisa e inequívoca sobre el tratamiento de los datos personales obtenidos”.

FUENTE/AUTOR: Abogacía Española


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Conoce los requisitos a cumplir y toda la información acerca del subsidio por desempleo para mayores de 52 años que ya hayan agotado el paro.

Si usted tiene 52 años o más y ha agotado la prestación o subsidio por desempleo, conozca cuáles son los requisitos que debe cumplir y la información necesaria para solicitar un subsidio por desempleo de mayor de 52 años:

Requisitos

  1. Estar en desempleo.
  2. No tener la condición de persona trabajadora fija discontinua.
  3. Tener 52 años o más en la fecha en que se cumplan los requisitos para acceder al subsidio por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: Si en la fecha en que se encuentre en alguno de estos supuestos no hubiera cumplido la edad de 52 años pero desde dicha fecha permaneciera inscrito o inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo en los servicios públicos de empleo, podrá solicitar el subsidio cuando cumpla esa edad (con posterioridad al 13 de marzo de 2019), salvo que haya sido beneficiario de la protección por cese de actividad o de la prestación por desempleo para eventuales agrarios, o haya extinguido el último derecho a protección por desempleo reconocido por imposición de sanción firme. Se considerará cumplido el requisito de inscripción ininterrumpida cuando cada una de las posibles interrupciones en la inscripción como demandante de empleo haya tenido una duración inferior a 90 días, no computándose los periodos que correspondan a la realización de una actividad por cuenta propia o ajena. En el caso de la persona trabajadora por cuenta ajena no podrá acceder al subsidio cuando el cese en el último trabajo haya sido voluntario.
    • Haber agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo.
    • Ser emigrante que ha retornado a España (debe haber trabajado en el extranjero como mínimo 12 meses en los últimos seis años, desde su última salida de España, en países no pertenecientes a la Unión Europea (UE) o al Espacio Económico Europeo (EEE)) y no tener derecho a prestación contributiva por desempleo.
    • Ser liberado o liberada de prisión sin derecho a prestación contributiva por desempleo, cuando la privación de libertad hubiera sido por tiempo superior a 6 meses.
    • Haber sido declarado o declarada plenamente capaz o persona con incapacidad permanente parcial como consecuencia de un expediente de revisión por mejoría de una situación de gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total para la profesión habitual.
    • Estar en situación legal de desempleo y no tener derecho a prestación contributiva por desempleo, habiendo cotizado por desempleo, al menos, entre 90 y 359 días.
  4. Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo durante un mes desde que se agote la prestación por desempleo que usted estaba percibiendo (fecha en que finaliza la prestación concedida, que siempre será anterior a la fecha del último cobro de la prestación), o desde la fecha de la inscripción como demandante de empleo si se accede al subsidio por ser emigrante retornado, liberado o liberada de prisión o por revisión de la incapacidad, y no haber rechazado durante ese mes ninguna oferta de colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional. La inscripción deberá mantenerse durante todo el periodo de percepción del subsidio.
  5. Cumplir el compromiso de actividad, que está incluido en la solicitud del subsidio.
  6. Carecer de rentas propias de cualquier naturaleza que en cómputo mensual sean superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Si no cumpliera este requisito en la fecha del hecho causante, podrá acceder al subsidio si lo cumple y lo acredita dentro del plazo de un año desde entonces. En todo caso, el cumplimiento de este requisito deberá mantenerse durante todo el periodo de percepción del subsidio.
  7. Acreditar que en la fecha del hecho causante y en la de la solicitud del subsidio reúne todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social español – haber cotizado por jubilación 15 años, dos de los cuales han de estar dentro de los últimos 15 – y que ha cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo de su vida laboral. Las cotizaciones efectuadas en otros países se tienen en cuenta para percibir este subsidio solo si han sido realizadas en países pertenecientes al Espacio Económico Europeo o con los que exista convenio de totalización de periodos para la protección por desempleo.Se considera como fecha del hecho causante:
    • Para quienes tengan cumplida la edad de 52 años entonces, la fecha en la que se cumpla el plazo de espera de un mes (si el acceso al subsidio para mayores de 52 años es por haber agotado una prestación contributiva, por haber sido liberado o liberada de prisión, por haber retornado del extranjero o por haber sido declarado o declarada plenamente capaz o incapaz permanente parcial) o la fecha de la situación legal de desempleo (si el acceso al subsidio para mayores de 52 años es por acreditar situación legal de desempleo y cotizaciones insuficientes para acceder a la prestación contributiva).
    • Para quienes no tengan cumplida la edad de 52 años en la fecha de encontrarse en alguno de los supuestos de acceso a un subsidio, aquella en que se cumpla dicha edad.
    • Para aquellas personas que a fecha 13 de marzo de 2019 ya tuvieran cumplidos 52 años pero no hubieran podido acceder al subsidio para mayores de 55 años – bien por ser menores de dicha edad, bien por ser mayores pero haberla cumplido sin estar percibiendo ni tener derecho a percibir ningún subsidio -, la fecha del hecho causante es el 13 de marzo de 2019, día en que entró en vigor el Real Decreto-ley 8/2019, que les permite acceder al subsidio para mayores de 52 años siempre que cumplan todos los requisitos anteriormente expuestos, excepto el de no haber percibido la protección por cese de actividad o la prestación como eventual agrario. Sí han de cumplir el requisito de  inscripción ininterrumpida como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, en este caso, desde la fecha en que se encontraron en alguno de los supuestos de acceso al subsidio  previstos en el punto 3, hasta el 13 de marzo de 2019.
    Obligaciones, infracciones y sanciones

Duración y Cuantía

La duración será hasta que usted alcance la edad ordinaria que se le exija para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

La cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). (Cuantías para este año).

La entidad gestora (Servicio Público de Empleo Estatal o Instituto Social de la Marina) ingresará las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a la jubilación. La base de cotización por jubilación será el 125 % del tope mínimo de cotización vigente en cada momento.

El pago del subsidio se realizará por mensualidades de 30 días, entre los días 10 y 15 del mes inmediato siguiente al que corresponda el devengo. Se efectuará,salvo excepciones, mediante el abono en la cuenta de la entidad financiera que usted indique, siempre que sea titular de la misma. 

Documentación necesaria

La documentación que debe aportar es la siguiente:

  • Modelo oficial de solicitud.
  • Documento de identificación de la persona solicitante, para comprobar los datos bastará con mostrar uno de los siguientes documentos:
    • Españoles y españolas: Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte.
    • Extranjeras y extranjeros residentes en España:
      • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano/a de la Unión Europea en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
      • No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjeros/as (TIE) en la que consta el NIE, y el pasaporte.
  • Cualquier documento bancario en el que figure el número de cuenta de la que usted sea titular y donde desee percibir la prestación.
  • Solamente si el Servicio Público de Empleo Estatal lo solicita, el justificante de rentas.

Para mantener el derecho al subsidio, debe justificar que sigue cumpliendo el requisito de carencia de rentas propias. Para ello, debe presentar ante el Servicio Público de Empleo Estatal una declaración de sus rentas cada doce meses, a contar desde la fecha del nacimiento del derecho al subsidio o desde la fecha en que lo reanudó por última vez. El plazo para presentar esta declaración es de 15 días a partir de aquel en el que se cumplan los doce meses.

Si no presenta esta declaración en el plazo indicado, se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social.

Si presenta la declaración fuera de plazo, se reanudará el cobro del subsidio, pero con efectos desde la fecha en que entregue dicha declaración.

Las personas trabajadoras que perciban el subsidio de mayores de 52 años podrán firmar un Convenio Especial, a través de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, para completar la cotización por jubilación que efectúa el Servicio Público de Empleo Estatal.

Cuándo, dónde y cómo lo tramito

Pueden darse varios supuestos:

  1. Si tiene 52 años o más en el momento de cumplir todos los requisitos para acceder a un subsidio, debe solicitarlo en el plazo de los 15 días hábiles siguientes a aquel en el que cumpla el plazo de espera de un mes o acredite siutación legal de desempleo por haber cesado involuntariamente en un trabajo, acreditando un periodo de ocupación superior a 90 días e inferior a 360.En estos casos, solicitado en plazo, el subsidio para mayores de 52 años nacerá a partir del día siguiente a aquel en que se cumpla el mes de espera o a partir del día siguiente al de la situación legal de desempleo.
  2. Si en la fecha en la que se encuentra en algún supuesto de acceso a un subsidio no tiene cumplida la edad de 52 años, deberá presentar la solicitud dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes al cumplimiento de dicha edad, siempre que hasta entonces se haya mantenido inscrito o inscrita, de acuerdo con lo establecido en al apartado anterior.Si cuando cumpla dicha edad está percibiendo cualquier otro subsidio, este quedará extinguido y se reconocerá el subsidio para mayores de 52 años. En ambos casos, solicitado en plazo, el derecho nacerá a partir del día siguiente a aquel en que se cumplan 52 años.
  3. Si el día 13 de marzo de 2019 ya tiene cumplidos 52 años, pero no ha podido acceder al subsidio para mayores de 55 años por ser menor de 55 años el día 12 de marzo de 2019, o por ser mayor de 55 años habiendo cumplido dicha edad sin estar percibiendo ni tener derecho a percibir ningún subsidio, el plazo para presentar la solicitud será de 15 días hábiles siguientes al 13 de marzo de 2019 y el subsidio nacerá a partir del día 14 de marzo de 2019.En todos los casos, si se presenta la solicitud fuera de plazo, el derecho nacerá a partir del día siguiente al de la solicitud, siempre que los requisitos exigidos se cumplan no solo en la fecha de la solicitud, sino también en la fecha del hecho causante y que no haya concurrido ninguna causa de extinción del derecho.Puede presentar la solicitud a través de:
    • La sede electrónica del SEPE.
    • En la oficina de prestaciones (tras la obtención de cita previa en la sede electrónica del SEPE o por teléfono).
    • En cualquier oficina de registro público.
    • Por correo administrativo.Puedes obtener más información en el teléfono de atención al ciudadanía.

¿Todavía tienes dudas sobre el subsidio para desempleados mayores de 52 años? Pide cita en Moya&Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià. Resolveremos tus dudas y te ayudaremos a solicitar tu subsidio o prestación.


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¿Conoces el salario mixto? ¿Sabes lo que es la retribución en especie? ¿Sabes que puedes atraer y retener el talento en tu empresa haciendo ahorrar al trabajador? Mira este vídeo

Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de intentar contratar a buenos profesionales y para mantener el talento en la empresa es que la normativa tributaria permite a las empresas el pago en especie hasta un 15 % de la retribución anual de trabajador. La utilización correcta del salario monetario y el salario en especie puede ser la herramienta perfecta para que el trabajador pueda meter más dinero en su bolsillo al final del año, ya que puede obtener un ahorro en el impuesto sobre la renta. Además, la utilización de este tipo de herramienta no supone mermar la cotización del trabajador.

Conoce y aprovecha, de la mano del abogado y economista Nicolás Emery, las ventajas fiscales existentes en relación con la forma de cobro o pago de algunos gastos, como el pago del seguro de enfermedad, el pago de la guardería de los niños o inclusos el coste que supone ir al trabajo utilizando el medio de transporte público.

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Real Decreto-ley para el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Con la reforma legal se garantiza la constitucionalidad del tributo, se ofrece seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los Ayuntamientos.

Con el fin de dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional en sus sentencias de 2019 y 2021, el Real Decreto-ley adecúa la base imponible del impuesto a la capacidad económica efectiva del contribuyente. Para ello, se mejora la técnica de determinación de la base imponible en el sistema objetivo, para que refleje en todo momento la realidad del mercado inmobiliario, y, además, se convierte en optativo este sistema, permitiendo que la base imponible del impuesto sea la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición de un terreno cuando así lo solicite el obligado tributario.

De esta forma se cumple la sentencia del pasado 26 de octubre que admitió como válido el método objetivo de cálculo de la base imponible siempre y cuando no fuera obligatorio y reflejara la realidad del mercado inmobiliario.

La naturaleza del impuesto, que no discutió el Tribunal Constitucional, se mantiene. Es decir, el tributo grava el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período de 20 años.

El Real Decreto-ley establece que la base imponible del impuesto será el resultado de multiplicar el valor catastral del suelo en el momento del devengo por los coeficientes que aprueben los Ayuntamientos, que en ningún caso podrán exceder de los que se indican a continuación en función del número de años transcurridos desde la adquisición del inmueble:

Periodo de generaciónCoeficiente
Inferior a 1 año0,14
1 año0,13
2 años0,15
3 años0,16
4 años0,17
5 años0,17
6 años0,16
7 años0,12
8 años0,10
9 años0,09
10 años0,08
11 años0,08
12 años0,08
13 años0,08
14 años0,10
15 años0,12
16 años0,16
17 años0,20
18 años0,26
19 años0,36
Igual o superior a 20 años0,45

Los coeficientes serán actualizados anualmente, con norma de rango legal -podrá llevarse a cabo, por ejemplo, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado-, teniendo en cuenta la evolución del mercado inmobiliario.

Además, se reconoce la posibilidad de que los Ayuntamientos, a los solos efectos de este impuesto, corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización. Ello garantiza que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio.

El sistema objetivo se convierte en optativo

Este método para calcular la base imponible es optativo ya que el contribuyente tiene la posibilidad de tributar en función de la plusvalía real obtenida en el momento de la transmisión de un inmueble y que se determina por la diferencia entre el valor de transmisión del suelo y el de adquisición. Si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior a la resultante del método de estimación objetiva, podrá aplicar la real.

En las transmisiones de un inmueble en los que haya suelo y construcción, la plusvalía real del terreno equivaldrá a la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición tras aplicarle la proporción que representa el valor catastral del suelo sobre el valor catastral total. (Se adjunta una presentación con ejemplos).

Estos cálculos podrán ser objeto de comprobación por parte de los Ayuntamientos, de acuerdo con una novedad que introduce la norma.

Así, se da respuesta al mandato del Tribunal Constitucional de 2021 que establece que el método objetivo de determinación de la base imponible no puede ser el único método admitido legalmente.

Ningún contribuyente pagará el impuesto si no obtiene una ganancia

El Real Decreto-ley también da cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional en su sentencia 59/2017 de no someter a tributación aquellas situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos. Para ello, se introduce un nuevo supuesto de no sujeción al impuesto para las operaciones en que se constate, a instancia del contribuyente, que no se ha obtenido un incremento de valor.

El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición. Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición se tomará el que sea mayor de entre el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración Tributaria, de acuerdo con la nueva facultad que se otorga a los Ayuntamientos.

Las plusvalías generadas en menos de un año tributarán

También como novedad, serán gravadas las plusvalías generadas en menos de un año, es decir, las que se producen cuando entre la fecha de adquisición y de transmisión ha transcurrido menos de un año y que, por tanto, pueden tener un carácter más especulativo. Esta opción ya se está aplicando en algunas ciudades.

Los Ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana tendrán un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley para adecuar sus normativas al nuevo marco legal.

El Gobierno, con esta reforma, restablece la exigibilidad del impuesto, que había quedado en suspenso con la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre, dado que había dejado un vacío normativo para la determinación de la base imponible, lo que impedía la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo. El Real Decreto-ley que aprueba hoy el Consejo de Ministros, por tanto, evita el riesgo de que los Ayuntamientos sufran una merma de sus recursos, incrementen su nivel de déficit o vean deteriorados los servicios que prestan a los ciudadanos.

Asimismo, la norma acota el vacío legal que podría haber provocado distorsiones en el mercado inmobiliario, al poder haberse convertido esta circunstancia en un incentivo para acelerar operaciones inmobiliarias que esquivaran la tributación.


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¿Cómo será el nuevo impuesto de la Plusvalía con los cambios normativos previstos tras su declaración de inconstitucionalidad y nulidad?

Se van conociendo detalles del futuro impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbanaPlusvalía-. En la nueva plusvalía se introducirán los cambios normativos necesarios tras haber sido declarada la inconstitucionalidad y nulidad del impuesto la semana pasada por parte del Tribunal Constitucional, debido al método de cálculo de la base imponible del impuesto que resultaba confiscatorio.

La nueva plusvalía, a fin de ser fiel a la situación del mercado inmobiliario en cada momento y gravar la ganancia real, constará de nuevos coeficientes aplicables al valor catastral que se actualizarán cada año y permitirá al contribuyente optar por dos modos alternativos de cálculo del tributo.

Lee más acerca de los cambios futuros en el impuesto de plusvalía en el artículo del diario ElPaís que te reproducimos a continuación:


El Gobierno aprueba el nuevo impuesto de plusvalía con dos métodos de cálculo

Los contribuyentes podrán elegir si calcular el tributo sobre el valor catastral del terreno o emplear la diferencia entre el valor de compra y de venta del inmueble

FUENTE: ElPaís AUTOR: L. Delle Femmine 08-11-2021

El Gobierno ha aprobado este lunes en el Consejo de Ministros el nuevo cálculo del impuesto de plusvalía, que había quedado anulado tras una reciente sentencia del Tribunal Constitucional. La fórmula diseñada por el Ministerio de Hacienda pretende reflejar la evolución del mercado inmobiliario, como exige el fallo, evitando que el tributo se tenga que abonar en ausencia de ganancia para el contribuyente. “Es una muy buena noticia para todos los ayuntamientos y también para la ciudadanía”, ha resaltado Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al cónclave ministerial.

La solución de Hacienda, aprobada por decreto ley, pasa por ofrecer dos opciones de cálculo: usar el valor catastral del terreno en el momento del traspaso, aplicando unos nuevos coeficientes que se actualizarán cada año para reflejar la evolución del mercado, o emplear como base imponible la plusvalía real que se obtiene ―es decir la diferencia entre el valor de compra y el de venta de la vivienda―.

Los contribuyentes podrán elegir la fórmula que más les beneficie ―en la mayoría de los casos será la segunda―, y los ayuntamientos tendrán a su vez capacidad para rebajar el valor catastral del terreno hasta un 15% únicamente para este tributo, con el objetivo de acercarlo lo más posible a la realidad inmobiliaria municipal.

Coeficientes

El departamento dirigido por María Jesús Montero también ha decidido fijar un coeficiente para las transmisiones que se lleven a cabo en menos de un año, que suelen ser las más especulativas, y que hasta ahora no estaban gravadas por este impuesto. El nuevo sistema entrará en vigor con la publicación de la norma, pero los consistorios tendrán seis meses para adaptarse.

Los coeficientes máximos fijados por el ministerio, que varían en función del número de años transcurridos desde la adquisición del inmueble, oscilarán desde el 0,13 para las operaciones de compraventa que tengan lugar en un periodo de entre uno y dos años, hasta el 0,45 que se aplicará cuando la tenencia del inmueble haya sido de dos décadas o superior. A las transmisiones realizadas en un plazo inferior al año se aplicará una penalización con un coeficiente de 0,14. La base imponible del tributo que se calcule a través de este método se obtendrá multiplicando estos coeficientes al valor catastral del suelo en el momento de enajenación del inmueble.

Rodríguez ha insistido en que la solución ofrecida por el Gobierno permitirá a los consistorios evitar recortes en la prestación de servicios y que los ciudadanos paguen por el impuesto cuando no les corresponde. Es decir, cuando no hayan obtenido ganancias por la venta de su vivienda: “La norma devuelve certidumbre a los ayuntamientos y a los contribuyentes”.

Evolución del mercado

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), mejor conocido como impuesto de plusvalía, es un tributo municipal que tiene que abonar quien venda un inmueble, lo herede o lo reciba en donación por la supuesta ganancia extra que consigue gracias a la revalorización del suelo público sobre el que la vivienda está construida. Es el gravamen local que más ingresos aporta a los ayuntamientos, solo por detrás del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), y hasta el fallo del Constitucional su base imponible se calculaba multiplicando el valor catastral del terreno por los años de tenencia del inmueble, aplicando después un coeficiente en función de los años.

Este sistema de cálculo es lo que el alto aribunal ha considerado inconstitucional, en un fallo conocido el pasado 26 de octubre, “por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica”. En concreto, el tribunal concluyó este método objetivo de determinación de la base imponible no puede ser el único legalmente admitido. Este descansaba sobre unos valores fijos que siempre daban como resultado una revalorización del terreno, aunque la evolución del mercado inmobiliario hubiera ido en la dirección opuesta, como dejó patente el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El Constitucional ya se había pronunciado en contra del esquema cálculo del impuesto en dos anteriores fallos. El primero se remonta a 2017: con ello, eximió del pago del tributo a aquellos contribuyentes que hubiesen cerrado con pérdidas la transmisión del inmueble. En 2019 llegó el segundo revés: el pleno del alto tribunal, por unanimidad, declaró inconstitucional cobrar el gravamen cuando su importe supera el beneficio real obtenido por el contribuyente.

Este tercer fallo, que ha anulado el sistema de cálculo y obligado a Hacienda a buscar contrarreloj una alternativa, cierra sin embargo la puerta a cualquier reclamación, salvo los casos ya recurridos antes de la sentencia. Los ayuntamientos evitarán así una avalancha de demandas, pero no podrán cobrar lo que hayan dejado de ingresar desde la fecha de la sentencia ―que impidió en la práctica cobrar el impuesto―, ya que el decreto no tiene carácter retroactivo.

El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista Abel Caballero, se ha dicho este lunes confiado en que el nuevo tributo “será justo en términos de ciudadanos”, mostrándose más favorable al método de cálculo que recoge la diferencia entre los valores compra y de venta del inmueble. Caballero ha lamentado que el sistema aplicado hasta ahora era “sumamente deficiente” y “confiscatorio”, y ha recordado que en 2015 ya había pedido reformarlo, debido a que era “injusto e infinidad de veces, excesivo, calculado para una plusvalía creciente”, quedando “totalmente invalidado” con la crisis financiera.


Así será el nuevo impuesto de plusvalía: dará dos opciones a los ciudadanos y les permitirá elegir la más favorable

El real decreto que el Gobierno aprobará el próximo lunes da margen a los Ayuntamientos para rebajar un 15% la base imponible del impuesto que anuló el Constitucional
FUENTE: ElPaís AUTORES: J. SÉRVULO /JOSÉ LUIS ARANDA 06-11-2021

El Ministerio de Hacienda ya tiene listo el impuesto de plusvalía después de que la semana pasada el Tribunal Constitucional declarase nulo el método utilizado para calcular la base imponible. El departamento que dirige María Jesús Montero adaptará el tributo a las fluctuaciones del precio de la vivienda para reconocer la ganancia real y la realidad del mercado inmobiliario, como reclamaba el alto tribunal. Creará unos nuevos coeficientes que se aplicarán sobre el valor catastral y que actualizará cada año para recoger la verdadera situación del mercado. Además, ofrecerá a los contribuyentes dos alternativas para calcular el tributo y les permitirá acogerse a la más beneficiosa.

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como impuesto de plusvalía municipal, es un tributo directo que depende de los Ayuntamientos. Se paga cuando una persona vende, dona o hereda una vivienda. Esta figura fiscal grava en realidad la revalorización que han sufrido los terrenos urbanos sobre los que está construida una casa desde el momento de la compra hasta que se ha traspasado.

Adiós (de momento) al impuesto de plusvalía: ¿qué es este tributo? ¿Qué significa la sentencia? ¿Hasta cuándo dejará de cobrarse?

La nueva norma mejora el cálculo de la base imponible para garantizar que los contribuyentes que no obtengan una ganancia por la venta del inmueble queden exentos de pagar el tributo, según fuentes ministeriales. Hacienda establecerá dos opciones para determinar la cuota tributaria permitiendo que los ciudadanos opten por la que consideren más beneficiosa. Por un lado, se podrá calcular mediante el valor catastral en el momento del traspaso, con unos nuevos coeficientes que fijará el ministerio y que reflejarán la realidad inmobiliaria. La otra opción consistirá en valorar la diferencia entre el valor de compra y el de venta.

En la mayoría de los casos será más favorable para los ciudadanos optar por la segunda opción. En cualquier caso, Hacienda actualizará los coeficientes cada año para tener en cuenta las fluctuaciones de valor de los bienes inmuebles.

La normativa dará margen a los Ayuntamientos para que puedan corregir hasta el 15% a la baja el valor catastral del suelo en función de la situación de su mercado inmobiliario solo para este tributo. Lo que permitirá adaptar el impuesto a la verdadera situación de cada municipio.

Penalizar la especulación

También se fijará un coeficiente para gravar las plusvalías generadas en menos de un año, es decir, las que se producen cuando entre la fecha de adquisición y de transmisión ha transcurrido menos de un año y que, por tanto, pueden tener un carácter más especulativo.

Hasta ahora para calcular el tributo había que multiplicar el valor catastral del suelo por el número de años que se había sido titular de la propiedad. A esta cifra se le aplicaba un coeficiente anual, en función de los años, que no solía superar el 3,5%. Y a la cantidad resultante se le aplicaba el tipo impositivo, que tampoco podía superar el 30%. Como el valor catastral era el parámetro fundamental del impuesto y los coeficientes tampoco variaban, el Constitucional considera nulo este método objetivo de determinación de la base imponible, ya que presuponía que siempre existe un aumento de valor con independencia de la evolución del mercado.

Por eso, Hacienda sustituye los porcentajes anuales aplicables sobre el valor catastral por unos coeficientes máximos fijados en función del número de años transcurridos desde la adquisición. Y actualizará cada año estos multiplicadores.

El real decreto-ley recalca que el método para calcular el impuesto será optativo. Se dejará al contribuyente la posibilidad de elegir el método más favorable. Podrá tributar en función de la plusvalía real obtenida al traspasar el inmueble —la diferencia entre el precio de venta y el de compra— o por el valor catastral y los nuevos coeficientes. Si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior a la calculada con el valor catastral, podrá aplicarse el primer método. La norma permitirá a los Ayuntamientos comprobar estos cálculos para evitar errores o fraudes.

La reforma del tributo era necesaria para no estrangular las finanzas municipales. Esta figura fiscal es la segunda que más aporta a las arcas locales, por detrás del IBI. Los Ayuntamientos españoles ingresaron por este tributo más de 1.700 millones en 2020. En 2019, antes de que la pandemia afectase a la recaudación, supuso 2.519 millones para las arcas locales.

Varias sentencias

Desde el 26 de octubre, fecha en que fue firmada la sentencia, los consistorios no podían exigir la liquidación del gravamen al ser considerado inconstitucional su método de cálculo. No era el primer revés judicial para las plusvalías, ya que otras dos sentencias de 2017 y 2019 habían cuestionado algunos aspectos del impuesto. La reforma de Hacienda intenta ahora solventarlos todos de una vez.

El principal reparo, porque suponía el meollo de la cuestión y fue lo que llevó a la anulación de facto del tributo, era cómo determinar la base imponible del mismo. El reciente fallo señalaba que este era “ajeno a la realidad del mercado inmobiliario”, lo que se había hecho particularmente palpable cuando los precios de las casas se desplomaron durante la Gran Recesión. En esos años, era frecuente que incluso vendiendo una casa a pérdidas (es decir, por menos de lo que había costado) hubiera que pagar el impuesto. Esto ya fue cuestionado por el Constitucional en 2017.

El pasado miércoles, durante el debate del proyecto de Ley de los Presupuestos del Estado para 2022, la ministra Montero sostuvo que la modificación que preparaba su departamento aportaría “tranquilidad y seguridad” tanto a los contribuyentes como a los Ayuntamientos. Estos, que llevan ya 10 días sin poder cobrar el impuesto, tendrán seis meses para adaptar su normativa al nuevo marco legal. Lo que han dejado de ingresar desde el 26 de octubre no podrán recuperarlo. Aunque el ministerio ya había estudiado fórmulas para ello, el decreto no será retroactivo. Pero a la vez, los consistorios no se verán obligados a enfrentarse a una avalancha de reclamaciones porque la sentencia del Constitucional estableció un blindaje contra esa posibilidad.

Cuando el impuesto se paga mediante una autoliquidación (como sucede en la mayoría de grandes municipios), el contribuyente tiene un plazo teórico de cuatro años para pedir una revisión de la suma que ha abonado. El fallo judicial, sin embargo, determinó que no será posible reclamar cantidades que no se encontrasen ya recurridas antes de dictarse la sentencia.

La nueva norma no tendrá carácter retroactivo

El real decreto con la nueva normativa sobre el impuesto de plusvalía que prevé aprobar el lunes el Consejo de Ministros no tendrá carácter retroactivo. Eso dejará una especie de vacío legal desde que se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional, que lleva fecha del 26 de octubre (el día en que se supo el sentido del fallo), hasta que entre en vigor el decreto. 

El texto íntegro, sin embargo, se desveló el miércoles de esta semana, cuando el alto tribunal publicó la sentencia en su web. Otra fecha importante es la de su publicación en el BOE, porque algunas fuentes jurídicas señalan que hay dudas sobre si algunos efectos del fallo surten efecto desde ese momento.

En cualquier caso, parece claro que los ayuntamientos se enfrentarán a un periodo en el que no podrían exigir la liquidación del tributo. Si se toma como referencia el 26 de octubre, la fecha que cuenta con más consenso, y teniendo en cuenta que el decreto entre en vigor el martes (el día siguiente del Consejo de Ministros), ese periodo sería de 15 días.

Traducido en recaudación sobre la base de 2019, cuando el gravamen aportó 2.519 millones a las arcas municipales, eso supone que los consistorios podrían dejar de ingresar algo más de 100 millones. Se trata de una pérdida abultada, pero no lo suficiente como para comprometer sus finanzas. El año pasado, sin ir más lejos, la pandemia provocó una merma en la recaudación del impuesto de plusvalías del 32%. O lo que es lo mismo, dejaron de ingresar unos 800 millones de euros. 


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El despido de una trabajadora que había sustraído dinero de la caja y a cuyo bolso se accedió de manera ilícita para recabar pruebas del delito es improcedente pero no nulo

Un compañero de la trabajadora despedida, también empleado de la misma sucursal bancaria, movido por las sospechas, abrió el bolso sin su consentimiento mientras estaba ausente e hizo fotografías del mismo y de parte del dinero sustraído. Tras la personación de la policía en la oficina, la trabajadora mostró el interior del bolso por propia voluntad y confesó el delito.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que se pronuncia ante un recurso de suplicación de la trabajadora (pincha aquí para tener acceso al contenido de la Sentencia en formato pdf), señala que, aunque la vulneración de sus derechos fuera llevada a cabo por otro compañero-trabajador (con la condición de particular) y no por la empresa, es la propia empresa quien se aprovechó de los resultados para proceder al despido disciplinario. La trabajadora sufrió en el proceso un quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva por la inclusión de elementos probatorios obtenidos de forma ilícita. Entiende el Tribunal que la actuación de la policía se vio condicionada por la toma ilícita de una fotografía del interior del bolso de la despedida y que no puede aprovecharse como una prueba autónoma, de igual forma que dicha fotografía también determinó la presencia de la policía en el lugar, la exhibición del bolso por parte de trabajadora y la confesión del delito. Todos los medios de prueba derivan en su conjunto de una prueba inicial ilícita.  

No obstante lo anterior, que el descubrimiento de los hechos traiga cuenta del acceso ilícito al bolso por parte del compañero y la posterior presencia policial, no justifica una nulidad del despido, como pretende la trabajadora, a pesar del aprovechamiento de una prueba irregularmente obtenida. El TSJ señala que su despido no es nulo sino improcedente y, por ello, brinda a la empresa la posibilidad de o bien readmitir a la trabajadora o bien de indemnizarla en cantidad cercana a los 65.000 €. El TSJ entiende que la reacción de la empresa de despedir a la trabajadora es consecuente y viene estrictamente referida al descubrimiento de la realización por parte de su empleada de una irregularidad. También entiende que la exclusión de la prueba ilícita es ya garantía bastante para la trabajadora en orden a la protección de sus derechos fundamentales, pero fuera de esto, no puede pretenderse una especie de blindaje de la interesada frente a las consecuencias de sus actos.

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Cuestiones de procedimiento sobre la gestión de los ERTE y la protección de los trabajadores fijos discontinuos a partir de los Reales Decretos leyes 30/2020 ‐ 2/2021 ‐ 11/2021 – 18/2021

Estas fichas de procedimiento , disponibles para su consulta y descarga a través del documento facilitado por el SEPE (en formato pdf aquí) informan de manera general sobre situaciones que pueden afectar a las prestaciones por ERTE COVID-19.

Habrá que tener siempre en cuenta que la Dirección Provincial del SEPE correspondiente puede tener establecido otro mecanismo de comunicación o de tramitación que modifique o complemente lo expuesto aquí. Si ese fuera el caso tendría prevalencia lo que se haya comunicado desde la unidad administrativa provincial.

En el documento informativo podrás encontrar el siguiente índice de temas:

Índice temático

  1. Situación de las prestaciones a partir de 01/10/2021 y de 01/11/2021
  2. Dinámica entre distintos ERTE COVID a partir de noviembre de 2021
  3. XML: comunicación de periodos de actividad si se percibe prestación ERTE COVID‐19
  4. Prestaciones ERTE COVID‐19 RDL 18/2021: contenido y remisión de ficheros XML
  5. Baja de la prestación extraordinaria por ERTE COVID definitiva o temporal
  6. Baja de la prestación ERTE: otras causas distintas de la reincorporación a la actividad
  7. Comunicación de los días festivos en los ficheros de actividad (XML)
  8. IT ‐ comunicación de las bajas médicas de los trabajadores incluidos en ERTE
  9. IT ‐ comunicaciones de los trabajadores en baja médica si están en ERTE COVID
  10. Subrogación de trabajadores de una empresa en ERTE a otra que continúa el ERTE COVID
  11. Protección extraordinaria por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos
  12. Trabajadores fijos discontinuos con incorporación efectiva a la actividad‐interrupciones
  13. Trabajadores fijos discontinuos que han terminado su campaña y pasan a inactividad
  14. Prestación extraordinaria ERTE con causa en el volcán de la isla de La Palma
  15. Cuándo se remite la solicitud colectiva para ERTE COVID (Excel lila) y cuándo para FD (Excel azul)
  16. Pago de las prestaciones extraordinarias: dinámica del proceso de ficheros XML

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Sanción de 20.000 Euros a una empresa cuyo registro de jornada laboral, basado en datos biométricos, es invasivo

La resolución de parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en este asunto señala que los registros de jornada de carácter biométrico son muy invasivos y manejan demasiados datos personales -son de categoría especial en el caso señalado- y ha sancionado a la empresa con una multa de 20.000 € por incumplimiento del artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos, referido a la obligación de disponer de un informe de Evaluación de Impacto de Protección de los Datos Personales. La empresa ha optado por abonar la sanción de forma voluntaria.

¿Te interesa este tema? Lee a continuación el artículo publicado en Confilegal acerca del registro de la jornada laboral.


AEPD advierte que los registros de datos biométricos de las jornadas laborales son invasivos: sanciona a una empresa con 20.000 €

Uno de los sindicatos de la empresa fue quien formuló la denuncia ante la AEPD en febrero del 2020

FUENTE: Confilegal AUTOR: Luis Javier Sánchez

Los registros de jornada de carácter biométricos son muy invasivos y manejan demasiados datos personales, según la Agencia de Protección de Datos (AEPD) que en una reciente resolución, finalizada por pago voluntario, sanciona a Servicios Logísticos Martorell Siglo XXI con 20.000 euros por la implantación de dicho registro a su cliente automovilístico SEAT, con 520 trabajadores.

En esta resolución (expediente número: PS/00050/2021), que puede recurrirse en primera instancia a la propia AEPD y con posterioridad a la Audiencia Nacional, se imputa a la reclamada que, tratando datos de carácter personal de categoría especial, y existiendo la obligación de disponer de una Evaluación de Impacto en la Protección de los Datos Personales (EIPD) incumplió el artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Dicha EIPD supone, según la resolución, que las organizaciones deben demostrar que están cumpliendo con la norma, incluyendo medidas de documentación sobre cómo son tratados los datos, con que finalidad, hasta cuándo, y documentar los tratamientos y los procedimientos para centrar la cuestión desde un momento temprano de la construcción del sistema de tratamiento.

Al final se trata de que la implantación posibilita la minimización de riesgos en el momento de tratar los datos, teniendo en cuenta la proporcionalidad de los mismos. En función del resultado se puede incluso tener que informar a la AEPD de los resultados de dicha evaluación.

Según consta en el expediente, fue uno de los sindicatos de la empresa quien formuló la denuncia ante la AEPD en febrero del 2020 por su oposición a la implementación de un sistema de control presencial de los trabajadores a través de un sistema biométrico de huella digital en las dependencias de la empresa, mediante terminales que incorporan lectores para la captura de la huella dactilar de cada empleado. En la actualidad, el sistema se conjuga con el lector de tarjeta.

El pasado 19 de octubre de 2021 la parte reclamada procedió al pago de la sanción en la cuantía de 16.000 euros, haciendo uso de la reducción prevista en la propuesta de resolución, al reconocer su culpabilidad, tal y como señala el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

Los datos biométricos se encuentran en el eje de un debate en el que la AEPD hace algunas semanas se mostraba partidaria con muchas reservas. En este caso, la falta de la evaluación de impacto trasgrede el RGPD y ocasiona una sanción importante para esta empresa.

Conflicto con la normativa laboral

Pere Vidal, abogado laboralista y profesor de Derecho Laboral en la Universitat Oberta de Catalunya, socio de ASNALA, comenta que «desde la perspectiva jurídico-laboral, la resolución de la AEPD choca con la doctrina de tribunales superiores de justicia e incluso del propio Tribunal Supremo, en las pocas ocasiones en las que han tenido oportunidad de resolver sobre esta materia».

«Por ejemplo, la sentencia del TSJ de Canarias de 29 de mayo de 2012 dejaba claro que el establecimiento de un sistema de control horario que identifica al personal por la lectura de la mano mediante infrarrojos no lesiona el derecho a la intimidad«, cometa.

También señala el fallo el TSJ de Murcia, en sentencia de 25 de enero de 2010, «recordando que el control de acceso a las instalaciones de la empresa constituye una finalidad legítima y que, tal medida de control, que vincula la lectura de las huellas digitales a los datos de identidad de los trabajadores, es adecuada, pertinente y no excesiva».

Vidal recuerda que «en el mismo sentido se pronunció el TSJ de la Comunidad Valenciana, en sentencia de 8 de febrero de 2017, en un caso en que un trabajador despedido alegaba una supuesta vulneración del derecho a la protección de datos en relación con el sistema de fichajes mediante huella digital. Pretensión que fue desestimada de plano por la Sala de suplicación».

Este jurista señala que «estando ya en vigor el RGPD, empezaron a suscitarse las dudas sobre el sistema de huella digital como sistema de control de los trabajadores, en tanto que el RGPD lo considera dato biométrico, estando su tratamiento muy restringido».

«De hecho, la Agencia Catalana de Protección de Datos ya avisó en un dictamen de 2018 que, antes de implantar un sistema de control basado en huella digital, era necesaria una evaluación de impacto, priorizando alternativas menos intrusivas (códigos, tarjetas, etc.)», indica.

Este abogado confiesa que «a pesar de ello, son muchas las empresas que han optado por el sistema de huella digital en lugar del lector de tarjetas, pues el sistema de “huella” evita el riesgo de suplantación».

«Sin duda, con esta resolución de la AEPD, las empresas desterrarán definitivamente este sistema de control, volviendo a los lectores de tarjetas, para evitar incurrir en riesgos innecesarios, no solamente las multas de la AEPD, sino posibles demandas por vulneración de derechos fundamentales».

Una tecnología muy invasiva

Por su parte, Eduard Blasi, abogado experto en privacidad, coordinador del grupo de privacidad y salud de APEP y profesor de la UOC, indica que los puntos llamativos de esta resolución son varios «es un uso de esta herramienta con trabajadores de un tratamiento de temporal que solo se utilizó dos meses. Un proyecto piloto al que se le sanciona con 20.000 euros de multa».

Este experto explica que «de la lectura de la resolución del regulador se traduce que la empresa hizo un análisis de riesgos básicos que no le llegó a la evaluación de impactos, necesaria cuando se tratan datos sensibles o se pueden vulnerar derechos fundamentales. Otra cuestión que llama la atención es que no se reclamó la huella completa, solo fueron algunas coordenadas y así lo indica la propia resolución».

Para este jurista, «está claro que la empresa hizo su trabajo a medias, pese a ello recibió esta sanción tan elevada. La AEPD consideró que no era suficiente para proteger los datos personales de sus trabajadores».

En cuanto a la técnica utilizada, «es otro punto de la resolución interesante, cuando se emplea una tecnología biométrica es fundamental que tipo de técnica se utiliza. La AEPD ha plasmado en diferentes resoluciones la distinción entre la identificación biométrica con la autentificación biométrica«.

De esta forma, «la identificación biométrica conlleva un tratamiento de datos sensibles, es decir un tratamiento mas intrusivo, pero la autenticación no lo es tanto y no te lleva a un tratamiento de datos sensibles o a una categoría especial de datos. Al final es un punto que la AEPD destaca en sus resoluciones, si es autenticación biométrica no hay que hacer esa evaluación de impacto«.

Sin embargo, en este caso «cuando la AEPD le pide a la empresa que describa la tecnología que utiliza se vio claramente que lo que hacia esta empresa era una identificación biométrica, una comparación de uno a varios. Había un tratamiento y un sistema complejo que elevaba los datos a categoría especial».

A juicio de Blasi, «es importante en la tecnología biométrica dos cuestiones, la primera el tipo de tecnología que se emplee a nivel software, por la distinción antes señalada. Y la segunda la finalidad, en este caso era un registro de jornada. En este caso, la AEPD señala que para un registro de este tipo existen medios menos intrusivos porque la tecnología no superaba el juicio de proporcionalidad».

Este experto señala que otras autoridades de protección de datos como la CNIL francesa o la APDCAT de Cataluña que «se han posicionado en el sentido que cuando se trata dentro de una empresa por razones de seguridad este tipo de tratamientos no seria desproporcionado. Si se accede a zonas o lugares reservados queda justificado el uso de dicha tecnología».

Para Eduard Blasi, “la evaluación de impacto que viene avalada desde el RGPD es fundamental para saber qué riesgos genera dicha implantación de ese sistema de control de jornada horaria. Al no existir ese análisis la propia AEPD a instancia de la denuncia recibida sindical reclama cierta información y comprueba que la citada evaluación de impacto no se ha realizado”.

FUENTE: Confilegal AUTOR: Luis Javier Sánchez


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Se declara la inconstitucionalidad de la Plusvalía municipal por sus efectos confiscatorios

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales que establecían el método para calcular el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana -comúnmente conocido como plusvalía municipal- , al entender que con ellos el impuesto tenía caracter confiscatorio ya que daba por sentado -con la utilización de dicho método de determinación de la base imponible- que el suelo urbano siempre sufría revalorización. Con esta son ya tres las veces que el máximo órgano de garantía de nuestros derechos se ha pronunciado de forma negativa sobre este impuesto.

¿Te interesa este tema? Lee a continuación el artículo publicado en ElEconomista acerca de la declaración de inconstitucionalidad de la Plusvalía:


Plusvalía municipal, soluciones tras una muerte anunciada

La sentencia del Constitucional con la plusvalía supone una buena oportunidad para modernizar la fiscalidad

FUENTE: ElEconomista AUTOR: Francisco de la Torre Díaz

El pasado 26 de octubre, el Tribunal Constitucional declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de tres artículos de la Ley de Haciendas Locales, los que regulaban la base imponible del impuesto municipal de plusvalía. Esto no era una sorpresa, hacía ya más de cuatro años que el Tribunal Constitucional había declarado que pagar como si se hubiese ganado, cuando en realidad se había perdido era injusto, confiscatorio y en consecuencia inconstitucional. El problema radicaba en que el sistema de fijación de la base imponible, es decir de la magnitud sobre la que recae el impuesto era tan defectuosa que llegaba a producir resultados confiscatorios. Ahora, el Constitucional ha determinado que todo el sistema de fijación de la base imponible es contrario a la Carta Magna.

Después de la sentencia, el impuesto ha quedado herido de muerte. Y esto tiene consecuencias económicas, ya que es el segundo impuesto más recaudatorio de los Ayuntamientos, después del IBI, y en 2019 recaudó más de 2.500 millones de euros. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha limitado efectos, con lo que las cuantías que los Ayuntamientos tendrán que devolver serán pequeñas. Esto se debe a que no sólo no tendrán que devolverse los ingresos prescritos, es decir de hace más de cuatro años, sino tampoco las situaciones administrativas y judiciales firmes. Pero, además el Tribunal Constitucional tampoco permite impugnar las autoliquidaciones, es decir declaraciones con ingreso, basándose en la inconstitucionalidad de las normas si no se ha realizado antes de la sentencia.

Éste seguramente va a ser el aspecto más polémico de la sentencia. Si no se hubiesen limitado efectos, y los Ayuntamientos hubiesen tenido que devolver todos los importes cobrados y no prescritos, no sólo se hubiesen tenido que enfrentar a la gestión de decenas de miles de expedientes, sino que también hubiesen tenido que devolver varios miles de millones de euros, con un impacto muy importante no sólo en el déficit público, sino también en los presupuestos y políticas municipales. Estas enormes devoluciones probablemente hubiesen terminado en muchos casos en subidas de impuestos a los demás contribuyentes.

Pero, aunque los Ayuntamientos no tengan que devolver ingresos derivados de la aplicación de un impuesto inconstitucional, de momento se han quedado sin su segunda fuente de ingresos. Es cierto que este impuesto era optativo, con lo que algunos Ayuntamientos no lo habían implantado, pero hay un grave problema para los que sí lo hicieron. Y si se quieren que los Ayuntamientos obtengan ingresos de las plusvalías del suelo en su Ayuntamiento habrá que buscar un sistema que no sea inconstitucional.

Ante esto, la mejor alternativa es aprovechar la situación para modernizar y simplificar el sistema fiscal. Si se quiere gravar una plusvalía, lo lógico es calcularla por diferencia entre el precio de compra y el de venta. Es cierto que eso ya tributa en el IRPF a tipos entre el 19% y el 21%. Ahora bien, los Ayuntamientos podrían exigir un recargo, al menos sobre la plusvalía del suelo. Pero, los Ayuntamientos no tienen los datos, que sí tiene la Agencia Tributaria, en parte y que luego completan los ciudadanos cuando realizan su declaración del IRPF.

Cuando se declara una ganancia de patrimonio por venta de un inmueble en el IRPF, Hacienda ya conoce la referencia catastral y el importe cobrado. Lo que no conoce es el precio de compra, que declara el contribuyente, y que puede ser comprobado, como el resto de los extremos de la declaración. Pero una vez conocido el precio de compra, Hacienda ya tiene todos los elementos para poder calcular un eventual recargo que pueda establecer cualquier Ayuntamiento e ingresárselo. Un sistema similar se puede realizar en el impuesto de sociedades para los inmuebles que vendan las personas jurídicas. Y en otros casos como donaciones o fallecimientos, esto también se podría gestionar por la Agencia Tributaria o en su caso por las Administraciones Autonómicas.

No tiene ningún sentido que el mismo hecho, ganar dinero vendiendo un piso, se declare y se gestione dos veces, de dos formas distintas, porque una parte de los ingresos va a dos administraciones: es duplicar gastos de gestión y tiempo y gastos del contribuyente. De hecho, la mitad del IRPF corresponde a las CCAA y la otra al Estado, y se gestiona como un solo impuesto por la Agencia Tributaria. Y tampoco tiene sentido que conociendo la plusvalía real se tribute con una plusvalía objetiva o ficticia. Y no sólo no tiene sentido, sino que es inconstitucional y no se puede aplicar. Por eso, aunque hayamos tardado cuatro años, aprovechemos la ocasión para simplificar y hacer más moderna y justa la plusvalía municipal: nunca es tarde si la dicha es buena.


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Cláusula de mantenimiento de empleo

La aparición de la COVID-19 ha puesto en auge modelos como los ERTE que antes eran muy poco conocidos pero que a día de hoy están a la orden del día. La Dirección General de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social publicó en diciembre de 2020 el criterio interpretativo sobre las cláusulas de mantenimiento de empleo (haz clic en el enlace para acceder al documento en formato pdf) relacionadas con las empresas que se acogieron a los ERTE derivados de la COVID-19.

Con las nuevas medidas aprobadas recientemente, pasamos recordar estos términos:

¿Qué es una cláusula de salvaguarda o mantenimiento de empleo?

Es la obligación empresarial de mantener el empleo durante los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad empresarial, es decir desde la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por ERTE, aun cuando sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla.

¿A quién afecta?

 A todas las empresas que reciban exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social.

Tenemos que tener en cuenta que esta cláusula es nominativa, lo que significa que la empresa debe mantener el empleo de todos los trabajadores afectados por el ERTE que recibieron exoneraciones, y no puede despedir a un trabajador y sustituirlo por otro.

Existen cinco cláusulas de mantenimiento de empleo, según los Reales Decretos que se han ido aprobando desde la declaración del primer estado de alarma de 2020:

PRIMERA: La primera cláusula, solo afectaba a los ERTE por Fuerza Mayor, pero no a los ETOP (causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción), contando los 6 meses desde que se reincorpora al primer trabajador, ya sea de manera total o parcial, siendo el plazo único para todo el ERTE.

SEGUNDA: La segunda, recogida en el RD-Ley 30/2020, mantiene vigente la obligación de salvaguarda de empleo. Al ser una continuación del anterior, se establecen dos maneras de contar los 6 meses:

  • Si la empresa estaba afectada por un compromiso previo, esos 6 meses se empezarán a contar desde la finalización del primer periodo, siempre y cuando algún trabajador del nuevo ERTE con exoneración esté incorporado.
  • Si no tuviera un compromiso previo, el cómputo se cuenta desde el momento en que el primer trabajador deje de estar afectado por el ERTE, ya sea de manera total o parcial.

*En lo referente a los ERTE ETOP realizados en virtud del RD-Ley 24/2020 y que tengan exoneración de cuotas de la Seguridad Social, los 6 meses empiezan a contar desde el 26 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor de la norma y no antes, aunque hubieran sacado algún trabajador.

TERCERA, CUARTA Y QUINTA: Estas tres últimas cláusulas recogidas en los RD-Ley 2/2021, 11/2021 y 18/2021, las agrupamos en el mismo apartado ya que mantienen vigente la anterior, pensando en todo tipo de ERTE que hayan tenido o vayan a tener exoneración.

¿Cuáles son los ERTE con exoneración? (Lista a partir del 1/11/2021 y hasta el 28/02/2022)

  • ERTE de las empresas de la cadena de valor y CNAE de la disposición adicional primera del RDL 11/2021.
  • ERTE por causas ETOP vinculados a los CNAE y empresas, contemplados en la disposición adicional primera del RDL 11/2021.
  • ERTE por limitación de la actividad.
  • ERTE por impedimento.
  • ERTE prorrogados de impedimento, limitación y rebrote.

*La exoneración de estos ERTE del RD-Ley 18/2021 estará vinculada a actividad formativa.

¿Qué ocurre si se incumple el compromiso?

La consecuencia será la pérdida de la exoneración de las cotizaciones concedidas, debiendo la empresa (no sólo el centro de trabajo, aunque hay disparidad de opiniones entre Inspección de Trabajo y la Dirección General de Trabajo) devolver el importe total de las cotizaciones de cuyo pago resultó exonerada, además del correspondiente recargo del 20% y los intereses de demora que se generen hasta la fecha de devolución.

Cada compromiso de empleo se debe considerar por separado a los efectos de la cantidad a devolver, por lo que, si se incumple el segundo, no habrá que devolver el primero, pero habrá que estar a las decisiones judiciales y a los Reales Decretos para poder asegurar este aspecto.

¿Cuándo se entiende incumplido el compromiso?

Si se produce el despido o extinción de los contratos de trabajo de cualquier de las personas afectadas por los ERTE.

Se incluye también la extinción solicitada por el trabajador tras una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o por una movilidad geográfica.

 *Excepción:  empresas en que concurra riesgo de concurso de acreedores.

Lista de supuestos en que no se considera incumplido el compromiso

  • Despido disciplinario declarado procedente.
  • Dimisión.
  • Muerte.
  • Jubilación.
  • Incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.
  • Fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo, cuando no suponga despido sino interrupción.
  • Subrogación: se considera que la relación laboral sigue viva.
  • En caso de contratos temporales:
    • Extinción del tiempo convenido.
    • Realización de la obra o servicio objeto del contrato.
    • Cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

Implicación para el trabajador

El incumplimiento no afecta al trabajador ni determina la consideración del despido como procedente, improcedente o nulo. Por ello, como en cualquier otro despido, el trabajador tiene un plazo de 20 días hábiles para impugnar el despido.

Paula Manzanares
Dpto. Jurídico Moya&Emery


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Las empresas no podrán superar el 15% de empleados con contratos temporales

Las nuevas propuestas del Ministerio de Trabajo en el marco de la negociación con los agentes sociales para la reforma del Estatuto de los Trabajadores (ET) incluyen, entre otrasdos novedades significativas:

  • la implantación de un límite máximo del 15% de contratos temporales en las empresas y la obligación de que cada año las que hayan excedido ese porcentaje presenten un plan para la creación de puestos indefinidos hasta rebajar el porcentaje por debajo del máximo permitido.
  • la obligación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) de contratar indefinidamente -negando la posibilidad de contratarlos temporalmente- a los trabajadores que éstas cedan a sus clientes.

Lee a continuación y al respecto un artículo de ElEconomista sobre las novedades en las propuestas del Gobierno para la reforma del ET:


Las empresas no podrán tener más de un 15% de su plantilla en temporal

Las ETT tendrán que hacer fijos a los trabajadores que cedan a sus clientes
FUENTE: ElEconomista AUTOR: Juan Ferrari

El Ministerio de Trabajo presentó el miércoles a los agentes sociales un nuevo documento de negociación para la modernización del Estatuto de los Trabajadores (ET), según comunicó la UGT. Entre las novedades propuestas respecto al anterior borrador -que data del 14 de julio- el Gobierno quiere limitar por ley que una empresa pueda tener más del 15% de su plantilla contratada de forma temporal. Además, según la información proporcionada por el sindicato, las ETT (Empresas de Trabajo Temporal) ya no podrán contratar de forma temporal a trabajadores para ser cedidos a sus clientes y deberán mantener una relación indefinida con los empleados que cedan.

En un comunicado tras la reunión que mantuvieron los representante de los sindicatos y las patronales con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, UGT adelantó que Trabajo ha introducido propuestas para los contratos formativos, los contratos temporales del nuevo artículo 15 ET, la incardinación del contrato fijo de obra de la construcción en la contratación indefinida, una nueva definición del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (similar al Erte), así como una nueva regulación de las ETT que permita encajar los trabajos de temporada con una mejor protección de las personas trabajadoras a través de la contratación indefinida en las propias empresas de trabajo temporal.

Respecto al 15% del límite de temporalidad, UGT señala que los contratos estructurales, -los ligados a razones productivas por el incremento ocasional e imprevisible de la actividad; los ligados a razones organizativas para sustituir a un trabajador de plantilla en baja y las dos modalidades formativas, el de prácticas y el contrato de formación dual- que serán legales tras la reforma laboral, no podrán superar tras la nueva propuesta del Gobierno un 15% de la totalidad de la plantilla, según el límite que establece el Ministerio de Trabajo.

Fuentes conocedoras del documento señalan que cada año las empresas que hayan excedido ese 15% deberán presentar a los sindicatos un plan que implique la creación de puestos indefinidos para reconducir el porcentaje de temporales por debajo del 15% de la plantilla.

En referencia a las Empresas de Trabajo Temporal, UGT señala que la propuesta “permite la celebración de los contratos de puesta a disposición para trabajos temporales siempre que la relación laboral de la persona cedida esté concertada por tiempo indefinido, ya sea a tiempo completo o tiempo parcial, modificando los artículos 6 y 10 de la ley de ETT”. Actualmente, estas empresas pueden optar por contratar de forma temporal a personal que va a ceder bajo la modalidad de obra y servicio o bien la propuesta del Gobierno de contratar fijos a las personas que luego cede de forma temporal a sus clientes. Dado que el contrato de obra y servicios se elimina, solo les queda la posibilidad de contratar de forma indefinida.

Entre las modificaciones de Trabajo se incluye una nueva redacción del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), similar al Erte. Ahora se permitirá usarlo para la recualificación de la plantilla y la se aclara que las causas ETOP justificarán el mecanismo.

UGT adelanta que Trabajo introducirá flexibilidad en la contratación temporal de la construcción. Así, según el sindicato en vez de derogar el contrato fijo de obra en la construcción, como pretendía, lo modificará. No obstante, pretende con la nueva redacción encajar este contrato específico del sector dentro de la contratación indefinida, tal como demanda UGT.


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El Supremo considera deducibles los gastos de representación sin necesidad de que vengan vinculados a la obtención de ingresos, corrigiendo así el criterio de Hacienda

En una reciente sentencia el Tribunal Supremo señala que este tipo de gastos de atención a clientes o representación -comidas con futuros clientes, regalos a proveedores, entradas a espectáculos deportivos y culturales, estancias en hotel o spa- no pueden considerarse donativos ni liberalidades -como pretende Hacienda-, ya que tienen por objeto incrementar los resultados y hacer crecer el negocio, a través de la promoción y marketing y, en cualquier caso, son un plus para el negocio que generará beneficios, a veces inmediatos, si no medio o a largo plazo.

Lee más sobre esta sentencia a través de la noticia del digital crónica económica que te transcribimos a continuación:


El Supremo abre una vía para sumar deducciones en Sociedades

FUENTE: crónicaeconómica

La pandemia del coronavirus ha dejado en una situación económica crítica a un porcentaje elevado de autónomos y cerca de 225.000 siguen recibiendo algún tipo de ayuda, fundamentalmente la derivada de las exenciones en las cuotas.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dado un alivio al colectivo, que desde ahora podrá desgravarse en el Impuesto de Sociedades los gastos de representación, que el Ministerio de Hacienda no consideraba deducibles ya que no estaban vinculados de forma directa al negocio y los ingresos. El Fisco se mostraba muy rígido a la hora de aplicar desgravaciones en el tributo, que debían estar claramente acreditadas. Sin embargo, el Supremo, con una sentencia que sienta jurisprudencia, va mucho más allá y acaba con un debate continuo, que finalmente perjudicaba a las pequeñas empresas y trabajadores por cuenta ajena, que en muchas ocasiones daban marcha atrás a estas iniciativas de márquetin y básicas para el desarrollo de su negocio -eventos, conferencias o reuniones- o asumían el coste de realizarlas conscientes que no podían llevarlas a la Agencia Tributaria para reducir su factura fiscal.

Según la ley vigente, “los gastos de atención a clientes o proveedores serán deducibles siempre que se encuentren documentados en facturas que cumplan los requisitos formales y que se justifiquen como necesarios para la actividad, hasta el límite del 1% de los ingresos anuales (para evitar el fraude)”, un planteamiento que dejaba mucho margen a los responsables de Hacienda y que daba pie a criterios muy dispares, que en muchas ocasiones se derivaban a los tribunales. Ahora, el Alto Tribunal aclara que este tipo de gastos podrán desgravarse, aunque gracias a ellos no se consiga cerrar un acuerdo o negocio, como preveía la normativa como requisito. Los contactos con clientes y proveedores son un plus para el negocio que genera beneficios. Estas relaciones se podrán demostrar por un ’email’ o ‘whatsapp’
La base de su sentencia, que tiene gran trascendencia, es que este tipo de gastos de atención a clientes o representación, entre los que se pueden comidas con futuros clientes, regalos a proveedores, entradas a espectáculos deportivos -fútbol, baloncesto, tenis…- y culturales -cine, teatro, circo…-, estancias en hoteles e incluso invitaciones a spa, no pueden ser considerados donativos ni liberalidades, ya que tienen el objeto de incrementar los resultados y hacer crecer el negocio a través de la promoción y márquetin. Lo que hace el Tribunal es dejar patente que estos contactos con clientes y empleados y los gastos que generan son un plus para el negocio que generará beneficios a medio y largo plazo, a veces inmediato. La factura de un buen restaurante con un cliente o una invitación al palco VIP de un equipo de fútbol trasciende más allá de la apariencia y estos detalles con los clientes tienen como consecuencia acuerdos y mayores ventas y, por tanto, mayores ingresos, por lo que deben ser deducibles.

Acreditar este resultado ante Hacienda no resultaba fácil hasta ahora, por lo que habitualmente estos gastos caían en el ‘saco’ de donativos y liberalidades no deducibles, pero ahora el contribuyente no deberá probar la relación con los ingresos de estos desembolsos que para algunas empresas básicos y sí, si lo reclama el Fisco, los vínculos con el agasajado mediante estas atenciones, a través de un correo electrónico, un mensaje de ‘whatsapp’ o una llamada. El fallo también explica lo que no es deducible. La sentencia considera, ante recurso de casación contencioso-administrativo de una empresa viguesa suministradora de materiales de construcción, que los gastos predeterminados a favor de los accionistas o los partícipes de la sociedad no son desgravables, “puesto que cuando el objetivo no se integra en la propia actividad empresarial de optimizar los resultados empresariales, sino en beneficio particular de los componentes de la sociedad, decae cualquier consideración de gasto deducible excluido de los donativos o liberalidades“. Los intereses de demora también son deducibles, ya que no tienen carácter punitivo. “Están conectados con el ejercicio de la actividad“, asegura el TS. El pasado febrero también el Alto Tribunal avalaba que los intereses de demora son deducibles, puesto que no tienen carácter punitivo o sancionador -una de las causas de exclusión, como los donativos-, ya que tienen un carácter resarcitorio -financiero. “No vemos que los intereses de demora no estén correlacionados con los ingresos; están conectados con el ejercicio de la actividad empresarial y, por tanto, serán deducibles“, sentenciaba en contra del criterio de Hacienda. Varios tribunales superiores de Justicia, entre ellos los de Castilla y León y el de Aragón, ya se habían manifestado en la línea del último fallo del Alto Tribunal sobre el asunto.

En este caso, el origen del conflicto estaba en una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en la que reconocía un cambio de criterio a partir de 2010 en relación con el que se venía manteniendo anteriormente -tanto por el propio TEAC como por la Dirección General de Tributos (DGT)-, lo que provocó que los órganos de la AEAT modificaran el criterio en sus actuaciones y consideraran dicho gasto como no deducible en el Impuesto de Sociedades. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) señalaba, a raíz de esta sentencia, que “la deducibilidad de los intereses de demora en los ejercicios en los que resulta de aplicación la vigente Ley 27/2014 no debería ser objeto de controversia por varios motivos: En primer lugar, porque existe doctrina de la DGT que ampara dicha deducibilidad y mientras esta no se modifique -por la propia DGT o por el TEAC- los órganos de la AEAT se encuentran vinculados a ella, por lo que dicho gasto no debería cuestionarse en el seno de un procedimiento. En segundo lugar, porque aún en el hipotético caso en que esto ocurriera y el TEAC tuviera que pronunciarse, el Supremo deja claro que los intereses de demora no pueden considerarse gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico“.

FUENTE: crónicaeconómica


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Subvenciones para el fomento de la reactivación económica: mejora estética de establecimientos físicos y digitalización e innovación de negocios del municipio de Calvià

La convocatoria de estas subvenciones por parte del Ajuntament de Calvià concederá ayudas de hasta 9.000 € (línea A) y 6.000 € (línea B). El importe de la subvención será del 80% de las facturas, facturas proforma o  presupuestos presentados por la persona o entidad beneficiaria. El plazo para presentar las solicitudes: desde el 15/10/21 hasta el 04/11/21.

Líneas disponibles

LÍNEA A:

La adquisición de elementos y la realización de actuaciones que contribuyan a la mejora estética interior y/o exterior de establecimientos físicos que dispongan de alguna zona de uso público.

LÍNEA B:

Actuaciones dirigidas a la innovación y la digitalización de los negocios del término. Se incluyen:

  • Sublínea 1ª.- Adquisición de terminales de punto de venta (TPV).
  • Sublínea 2ª.- Creación, actualización o mantenimiento de un portal web para publicitar la actividad y/o para venta de productos o servicios.
  • Sublínea 3ª.- Adquisición de programas informáticos (software) para la gestión del negocio.

PERSONAS / ENTIDADES BENEFICIARIAS

  • 1. Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.
  • 2. Las personas o entidades beneficiarias deben estar dadas de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores; y, si fuera el caso, en el impuesto sobre actividades económicas (IAE); con un epígrafe correspondiente a la actividad que se ejerce.
  • 3. Se exime a las personas solicitantes de estas ayudas de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, y de ser deudoras por reintegro ante la Administración.

Las solicitudes serán estudiadas por riguroso orden de presentación. Se concederán las subvenciones, siguiendo dicho orden, a todas aquellas solicitudes que cumplan los requisitos y las condiciones previstas en las presentes bases hasta que se agote el crédito presupuestario.

Tienes más información en la convocatoria publicada en el BOIB, a través de este enlace.

¿Necesitas ayuda? No lo dudes, pásate por nuestra oficina 𝗠𝗼𝘆𝗮&𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 de Calvià de la C/ Córdoba (Son Caliu), recibe nuestro asesoramiento y deja en nuestra manos la solicitud de la subvención para tu negocio.


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Aviso de la AEAT sobre la entrada en vigor de los artículos 29.2.j) y 201.bis de la Ley General Tributaria

A continuación, te transcribimos íntegra la publicación de aviso de la AEAT al respecto:

El próximo 11 de octubre de 2021 entrarán en vigor los artículos 29.2.j) y 201.bis de la Ley General Tributaria, introducidos por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (Disposición final séptima de la Ley 11/2021).

El artículo 29.2.j) establece “la obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos.

Este artículo añade que “Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad”.

El desarrollo reglamentario mencionado en el artículo 29.2.j) está actualmente en curso por lo que la forma de cumplimentar las obligaciones establecidas en dicho artículo aún no está completamente definida y habrá que esperar a que el Reglamento establezca los requisitos que deben cumplir los sistemas y programas informáticos o electrónicos así como, en su caso, la forma de certificarlos.


* Por tanto, hay que esperar al desarrollo reglamentario para conocer con detalle los requisitos que deben cumplir los programas y sistemas informáticos, así como, en su caso, la forma de certificación o acreditación de que se cumplen dichos requisitos.


El artículo 201.bis regula las infracciones por fabricación, producción, comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable.

El apartado 1 define como infracción tributaria grave la fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas informáticos o electrónicos que:

a) permitan llevar contabilidades distintas en los términos del artículo 200.1.d) de esta Ley;

b) permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas;

c) permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas;

d) permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable;

e) no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la Administración Tributaria, en los términos del artículo 29.2.j) de esta Ley;

f) no se certifiquen, estando obligado a ello por disposición reglamentaria, los sistemas fabricados, producidos o comercializados


Las letras a), b), c) y d) serán de directa aplicación a partir del 11 de octubre de 2021.

Las letras e) y f) exigen explícitamente un desarrollo reglamentario. Por tanto, no serán de aplicación hasta que dicho Reglamento sea aprobado y entre en vigor.


El apartado 2 del artículo 201.bis se refiere a la tenencia por los usuarios de sistemas y programas informáticos o electrónicos que no se ajusten a lo establecido en el artículo 29.2.j) de esta Ley, cuando los mismos no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.


* Por tanto, hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario de la certificación a que alude este apartado, los usuarios no podrán ser sancionados por incumplimiento de este artículo.

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Consulta las FICHAS BÁSICAS SOBRE VIDEOVIGILANCIA de la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD)

Puedes conocer, a través de las fichas que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pone a disposición de cualquier interesado, cuáles son los requisitos que debes cumplir para respetar la normativa de protección de datos en todo lo referente a la videovigilancia, como por ejemplo, su uso en una comunidad de personas propietarios, una vivienda o un establecimiento comercial.

A continuación te transcribimos los principios básicos que rigen la normativa sobre videovigilancia (en formato pdf aquí). Además, puedes acceder a la web de la AEPD para ver las guías disponibles para los supuestos contemplados a través de este enlace.

PRINCIPIOS BÁSICOS

  • La captación y/o la grabación de imágenes de personas identificadas, o identificables, con fines de seguridad de personas, bienes e instalaciones mediante cámaras, videocámaras, o cualquier otro medio técnico análogo, constituye un tratamiento de datos personales sometido a la normativa de protección de datos.
  • No está sometido a la normativa de protección de datos el tratamiento de imágenes en el ámbito exclusivamente personal o doméstico por una persona física que sólo capte el interior de su propio domicilio.
  • No se podrán obtener imágenes de espacios públicos con fines de seguridad, actividad que está reservada en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de  Seguridad, salvo imágenes parciales y limitadas que resulten imprescindibles para la vigilancia o sea imposible evitarlas. En ningún caso se pueden captar imágenes en baños, vestuarios o lugares análogos, ni de espacios ajenos.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

  • Previamente a su puesta en funcionamiento, se elaborará el registro de actividades referido a este tratamiento. Se trata de un documento interno. Puede utilizarse la herramienta FACILITA_RGPD disponible en  la  web  de la AEPD cuando no se trate de grandes infraestructuras (estaciones de ferrocarril, centros comerciales). La Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades ofrece un modelo de registro de actividades.
  • La utilización de sistemas de videovigilancia que se limiten a una mera reproducción o emisión de imágenes en tiempo real, sin ser grabadas ni almacenadas, exige también configurar el registro de actividades de tratamiento.

DERECHO DE INFORMACIÓN

  • En todos los casos se deberá informar de la existencia de un sistema de videovigilancia. A este fin se colocará un cartel suficientemente visible en los accesos a las zonas videovigiladas, que indicará de forma clara la identidad del responsable de la instalación, ante quién y dónde dirigirse para ejercer los derechos que prevé la normativa de protección de datos, y dónde obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales. La AEPD ofrece un modelo de cartel en la Guía sobre el uso de videocámaras. Igualmente, se pondrá a disposición de los afectados el resto de la información a la que se refiere el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos.

INSTALACIÓN

La contratación de un servicio de videovigilancia externo o la instalación de las cámaras por un tercero no exime a su titular del cumplimiento de la normativa de protección de datos. No obstante, si se trata de una empresa de seguridad que gestiona el sistema de videovigilancia en el domicilio de las personas físicas, la empresa será el responsable del tratamiento.

SEGURIDAD Y SECRETO

  • El responsable deberá adoptar las medidas de seguridad de carácter técnico y organizativo, en función del análisis de riesgos que se haya realizado previamente. Para facilitar esta labor, consulte la Guía de la AEPD sobre análisis de riesgos.
  • Cuando no se trate de videovigilancia masiva, como podría ser el caso de uso en comunidades de propietarios o pequeños establecimientos, puede utilizarse la herramienta FACILITA_RGPD.
  • El responsable deberá informar a quién tenga acceso a las imágenes sobre sus obligaciones de seguridad (reserva, confidencialidad y sigilo) y de su deber de guardar secreto.
  • Se deberán adoptar medidas que impidan el acceso a las imágenes por parte de personal no autorizado.

CONSERVACIÓN DE LAS IMÁGENES

  • Las imágenes serán conservadas durante un plazo máximo de un mes desde su captación, transcurrido el cual se procederá al borrado.
  • Cuando se produjese la grabación de un delito o infracción administrativa que deba ser puesta en conocimiento de una autoridad las imágenes se acompañarán a la denuncia y deberán conservarse con el único fin de mponerlas a disposición de la citada autoridad sin que puedan ser utilizadas para ningún otro propósito.

NOTA IMPORTANTE

  • Este documento se refiere únicamente a las obligaciones en materia de protección de datos personales. Pueden existir otras normas que impongan requisitos adicionales a la instalación de sistemas de videovigilancia que no han sido recogidos aquí
  • Para una mayor información, se puede consultar la Guía nde la AEPD sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades, así como los folletos específicos relativos a Comunidades de Propietarios; Viviendas; Garajes; Establecimientos Públicos y Control Empresarial.
  • Más información en la Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades

Aún tienes dudas, entonces ponte en contacto con Moya & Emery y pide cita en cualquier de nuestras oficinas, donde podremos brindarte el asesoramiento sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos necesario según tus caso.


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Repasa la propuesta de Prespuestos Generales del Estado y las novedades jurídicas para empresas, profesionales y particulares con Nicolás Emery en Radio Calvià FM

Nicolás Emery dedicó el consultorio jurídico de Ràdio Calvià FM a desgranar la propuesta de Presupuestos Generales del Estado, presentada ayer a debate en el Congreso de los Diputados, haciendo referencia al gasto social previsto, las pensiones, los fondos europeos y, en especial a los fondos para el apoyo industrial. Además, quiso hacer mención a las novedades, hitos y obligaciones jurídicas más importantes para empresas, profesionales y particulares recordándonos que:

• En noviembre entrará en vigor la prohibición de utilizar programas informáticos que permitan la llevanza de doble contabilidad.

• Ayer día 13 de octubre acabó el plazo para solicitar la renovación de los ERTES.

• El próximo 20 de octubre acabará el plazo para presentación de impuestos

• Ha habido modificaciones en el suministro inmediato de información (SII) a la Agencia Tributaria sobre el IVA


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Una empleada de hogar ve reconocida una incapacidad permanente absoluta para ejercer cualquier oficio debido a su fibromialgia

Un Juzgado de lo Social de Sevilla ha reconocido en este caso que la multipatología tanto física como psíquica que afecta a la empleada de hogar, por un lado fibromialgia y por otro un cuadro ansioso-depresivo, le impiden ejercer con continuidad y de manera eficaz, no sólo la suya, sino cualquier profesión y la hacen, por tanto, merecedora de la prestación de incapacidad permanente absoluta por parte del INSS.

Lee más acerca de este caso en la noticia del portal NoticiasJurídicas.com que te transcribimos a continuación:


FUENTE: Noticias Jurídicas AUTORA: Silvia León

Un juzgado reconoce la incapacidad permanente absoluta por fibromialgia a una empleada del hogar

El juez considera que las dolencias le impiden trabajar con continuidad y eficacia

La fibromialgia, así como muchas dolencias “invisibles”, siguen constituyendo hoy un doble lastre para el que los padece. No solo han de luchar diariamente para sobre llevar la fatiga, dolores físicos, depresión sino también con aquellos que cuestionan su capacidad para trabajar o que sus dolencias sean reales. Este es el caso de una empleada de hogar a quien el Juzgado de lo Social de Sevilla le ha reconocido finalmente la incapacidad permanente absoluta, por entender que la fibromialgia y la depresión que padece le limitan para el desempeño de cualquier actividad laboral, en contra del criterio de la Seguridad Social.

El letrado de la demandante, Alvaro Jiménez Bidón, socio del despacho Jiménez Bidón Abogados, comenta como “pese al cuadro multipatológico cronificado en el tiempo y de incierta recuperación de esta trabajadora de sólo 44 años, el INSS le negó la incapacidad permanente, por considerar que sus dolencias no disminuyen su capacidad laboral”. Motivo por el que la mujer no tuvo otra alternativa que “recurrir dos veces a los juzgados para que éstos le ratificasen, tanto su incapacidad laboral temporal (baja médica), como la permanente, siéndole reconocida finalmente una incapacidad laboral absoluta”.

Empleada hogar

La operaria, que trabajaba como empleada del hogar, fue dada de alta de su incapacidad temporal (baja médica por patología psíquica) por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en julio de 2017. Tras una impugnación de alta, el juez ratificó en enero de 2018 esa baja médica con efectos retroactivos al momento del alta.

Sin embargo, en marzo de 2018, de nuevo el INSS le denegó la incapacidad permanente, por considerar que “sus dolencias no disminuyen su capacidad laboral”.

Dolencias limitantes

Los informes médicos demuestran que la trabajadora padece dos tipos de patologías limitantes. Unas de carácter físico, referidas a los efectos de dolor causados por la fibromialgia, unido a las limitaciones ocasionadas por el síndrome del túnel carpiano que le afecta a los dos manos y que le suponen una importante limitación para realizar las tareas fundamentales como empleada de hogar.

Y, por otro lado, las de carácter psíquico, ya que sufre un trastorno mixto ansioso-depresivo y una neurosis obsesiva de mala evolución. Tales dolencias, según explica el informe aportado, le causan una apatía intensa con fallos de memoria de retención, que le impiden una mínima concentración para llevar a cabo cualquier tipo de trabajo por suave que sea, hasta el punto de no poder acudir al trabajo con regularidad, con horarios determinados y poder relacionarse con compañeros y jefes.

Requisitos

La sentencia recuerda que la incapacidad permanente absoluta inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Para valorar el grado de invalidez, los jueces han dictado que “más que atender a las lesiones hay que valorar las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral”. De forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando la persona no tenga capacidad alguna para desarrollar una actividad laboral.

En cambio, matiza la sentencia, sería incapacidad total para la profesión habitual si inhabilitase a la trabajadora para la realización de todos o de las principales tareas de dicha profesión con un mínimo de capacidad o eficacia, y siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Igualmente, también recalca la importancia de que esa actividad tenga un rendimiento económico aprovechable y que no se trate de un ejercicio esporádico de la actividad laboral, sino que se trate de un desempeño laboral conforme a “las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia”.

Por todo ello, y teniendo en cuenta todas las limitaciones en su capacidad funcional que le provocan las patologías que padece, el juez considera patente que la demandante no puede desarrollar ninguna actividad laboral con habitualidad, rentabilidad, continuidad y eficacia. Por tanto, declara a la demandante en Incapacidad Permanente Absoluta, con la prestación que le corresponda por parte del INSS.

Consulta un resumen de la sentencia aquí

FUENTE: Noticias Jurídicas AUTORA: Silvia León



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Guía básica de tramitación de prórroga de prestaciones extraordinarias por ERTE COVID y para fijos discontinuos

Haz clic en este enlace para acceder a esta guía básica oficial de tramitación en formato pdf, que recoge las novedades y los trámites a seguir aprobados en el Real Decreto‐ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo que prorroga prestaciones extraordinarias por ERTE COVID y para los fijos discontinuos junto con un conjunto de medidas para autónomos, empresas y trabajadores.

Recuerda que en Moya & Emery te ofrecemos asesoramiento y gestionaremos por ti cualquier solicitud de prestaciones y ayudas a que puedas tener derecho, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros para una cita en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.


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¿Cómo puedo recuperar el IVA de las facturas impagadas?

Es común que los profesionales o las empresas vean como sus facturas emitidas no son pagadas, ya sea en parte o totalmente. La crisis económica derivada del COVID-19 ha convertido los impagos en algo demasiado habitual y quizás alguna de las preguntas pueda rondarte la cabeza: ¿Hay alguna forma de recuperar el IVA de las facturas impagadas? ¿Qué hay que hacer para recuperar ese IVA? ¿Cuáles son los requisitos o los plazos para recuperarlo?

En caso de que ya se haya liquidado el IVA de una factura impagada, debes saber que el importe del impuesto puede ser recuperado siguiendo los siguientes pasos:

  • Reclamar al deudor de un modo fehaciente el importe de la factura impagada (mediante un burofax, judicialmente o notarialmente).
  • Hacer factura rectificativa de la original impagada (la rectificativa es una modificación o ampliación de la factura original).
  • Dar cuenta a Hacienda de la factura rectificativa.

¿Qué dice la ley al respecto?

Nuestra legislación señala que la base imponible del impuesto se puede reducir si los créditos que corresponden a las cuotas repercutidas son total o parcialmente incobrables. ¿Pero cuándo se considera un crédito incobrable? Cuando reúna las siguientes condiciones:

  • Que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.
  • Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este impuesto.
  • Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible, IVA excluido, sea superior a 300 euros.
  • Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos.

¿Qué debo hacer en relación a la factura impagada? Reclamar su pago, declararla incobrable, emitir una factura rectificativa, informar a Hacienda

Como hemos señalado, tras considerar el crédito como incobrable y reclamar al deudor su pago, deberá emitirse en estos casos una factura rectificativa de la impagada y declarada como paso inicial para recuperar el IVA repercutido. Y esta factura rectificativa viene a enmendar la factura original, que no se anula y seguirá existiendo.

La factura rectificativa es, a todos los efectos, una factura y debe cumplir idénticos requisitos que cualquiera y también otros adicionales o especiales, como:

  • que la rectificativa debe hacer mención clara al hecho de que es una factura que modifica o rectifica la factura original, a la que debe hacer referencia clara.
  • No pueden seguir el orden normal o habitual del resto de factura. 
  • Una factura rectificativa no puede hacer contener registros contables negativos.

¿Necesitas ayuda para reclamar a tus deudores y recuperar el IVA de facturas que te han dejado de abonar? No lo dudes, ponte en contacto con Moya & Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià y te asesoraremos en tu caso concreto



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Despedir a una trabajadora embarazada es un despido nulo, pero no necesariamente un despido discriminatorio que dé origen a una indemnización por daños morales

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha declarado en una reciente sentencia –continuando una doctrina reiterada hasta la fecha– que el despido de una empleada embarazada es nulo. La importante novedad estriba en que, en el caso señalado, el Tribunal ha aseverado que si la empresa no era conocedora de que la mujer estaba encinta, no puede considerarse un despido en que concurra discriminación por razón de sexo y, por tanto, no cabe indemnización por daños morales, algo que había reconocido la sentencia de instancia (en una cantidad nada menos que de 25.000 €) pero que ahora ha enmendado y hecho desaparecer el TSJ catalán. Entiende el Tribunal que la declaración de nulidad de un despido en supuestos de trabajadoras embarazadas ni puede ni debe conllevar un reconocimiento automático de daños morales si no se demuestra que la empresa conocía del embarazo.

Puedes consular la sentencia referida en formato pdf a través de este enlace y recuerda que en Moya & Emery podemos asesorarte y ofrecerte defensa letrada en asuntos de discriminación laboral, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros para una cita en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià:


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El Abogado General del TJUE ve discriminatorio que en España se niegue la prestación por desempleo a las empleadas del hogar

El informe en que presenta sus conclusiones el Abogado General al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es claro: denegar el derecho a paro (o impedirles cotizar para poder tenerlo) de las empleadas del hogar es discriminación indirecta pr razón de sexo sin justificación alguna.

Ahora el TJUE deberá dictar sentencia, sin verse vinculado por el informe del Abogado General -aunque en pocas ocasiones se suele separar de su criterio- sobre el caso de una empleada del hogar a la que la Tesorería General de la Seguridad Social denegó la posibilidad de cotizar para tener prestación por desempleo.

¿Quieres leer más al respecto? Lee a continuación la noticia publicada por  abogacía española:


El abogado general del TJUE ve ilegal la ley española que niega prestación del paro a empleadas del hogar

FUENTE: Abogacía Española

La legislación española que excluye de las prestaciones por desempleo a las empleadas del hogar es contraria al Derecho de la Unión Europea porque constituye una discriminación indirecta hacia las mujeres, según ha concluido el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Szpunar.

En opinión del letrado, dado que estos empleados son “casi exclusivamente mujeres”, denegarles el derecho a paro “constituye una discriminación indirecta por razón de sexo y no justificada por objetivos legítimos y ajenos a toda discriminación basada en el sexo”.

Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes de cara a la futura sentencia que tendrá que emitir el TUE en los próximos meses para resolver el caso de una empleada del hogar a la que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) denegó una solicitud de cotización a la protección por desempleo para adquirir el derecho a la prestación.

El asunto fue elevado al tribunal de Luxemburgo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, que pide al TUE que interprete la directiva sobre igualdad en materia de seguridad social para determinar si existe una discriminación indirecta por razón de sexo.

Así, Szpunar señala que corresponde al juez español comprobar si la “desventaja particular” que la legislación española establece para las empleadas del hogar puede calificarse de “medida indirectamente discriminatoria”.

Si embargo, el letrado destaca que, mientras que la proporción entre hombres y mujeres es “más o menos similar” entre los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el régimen de general  de la seguridad social (en el que todos tienen derecho a una prestación por desempleo), la proporción en el caso del régimen especial para empleados del hogar “difiere considerablemente”.

En este caso, explica, las mujeres representan más del 95% de los trabajadores de este sistema y, por tanto, la cláusula de exclusión “afecta negativamente a una proporción significativamente mayor de empleados de hogar de sexo femenino que de sexo masculino”.

De esta forma, Szpunar apunta que, si el juez español llegar a la conclusión de que las empleadas del hogar están en “una posición menos ventajosa”, debería considerar que la legislación es contraria a las normas europeas “salvo que esté justificada por factores objetivos y ajenos a toda discriminación por razón de sexo”.

El Abogado General examina a continuación este último punto y rechaza las alegaciones presentadas por la TGSS y el Gobierno español, que justificaban la diferencia de trato “por objetivos basados en las características específicas de la categoría de empleados de hogar y del estatuto de sus empleadores, así como por objetivos de protección de los trabajadores, de protección del nivel de ocupación en este sector y de lucha contra el trabajo sumergido y el fraude”.

El letrado apunta, en primer lugar, que se trata de objetivos “legítimos” de protección social, pero estima que “no son ajenos a toda discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, no pueden justificar una discriminación perjudicial para las personas de sexo femenino”.

Por otro lado, Szpunar destaca que los motivos basados en las características de las empleadas del hogar (trabajadoras poco cualificadas que cobran el salario mínimo) o de sus empleadores (cabezas de familia) “parecen estar basados más bien en estereotipos de género” y, en consecuencia, “son difícilmente ajenos a una discriminación por sexo”.

Además, el Abogado General rechaza en sus conclusiones que una eventual protección de las empleadas del hogar frente al desempleo pueda incitarlos al fraude, así como que la exclusión “conduce a reforzar la concepción social tradicional de los roles”, lo que permite “no solo explotar la posición, estructuralmente más débil, de las personas que integran este sector, sino también infravalorar su trabajo”.


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Abierto el plazo para solicitar las ayudas estatales y del Govern balear al alquiler 2021

Ya están disponibles las ayudas para el alquiler de viviendas del año 2021. Consulta un completo documento resumen en formato pdf a través de este enlace para conocer las condiciones, requisitos, importes máximos a percibir, plazos y formas de presentación de las solicitudes. También puedes, a través de este enlace, ver el pdf de las bases de la convocatoria de ayudas publicadas en el BOIB.

Estas ayudas estatales y autonómicas tienen por objeto facilitar el disfrute de una vivienda destinada a domicilio habitual y permanente en régimen de alquiler, a sectores de población con escasos recursos económicos, mediante el otorgamiento de ayudas a los inquilinos que consisten en la financiación de una parte de la renta que el inquilino tiene que satisfacer por la vivienda alquilada.

El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda empieza el día 1 de octubre de 2021 y finaliza el 15 de noviembre de 2021, ambos incluidos.

Si quieres más información acerca de las ayudas disponibles o asesoramiento para la tramitación de las mismas, ponte en contacto con Moya & Emery en cualquiera de nuestra oficinas de Palma o Calvià


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Real Decreto-ley para la prórroga de los ERTE y ayudas a autónomos hasta el 28 de febrero de 2022

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto Ley para la defensa del empleo y la reactivación económica y para la protección de los trabajadores autónomos, que incluye la prórroga los beneficios de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022, con el objeto de extender esta medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la pandemia. Haz clic aquí para ver el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo en formato pdf

El nuevo Real Decreto Ley traslada el VI Acuerdo Social en Defesada del Empleo alcanzado entre la Vicepresidencia tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.

En esta ocasión, el mecanismo de los ERTE promueve la formación como paso fundamental para recapitalizar las personas trabajadoras trabajadores y mejorar su empleabilidad. Las empresas que cuenten con acciones formativas podrán acceder a mayores exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

La nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, para las que es obligatorio solicitar ante la autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 de octubre. Por tanto, los nuevos ERTE se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero de 2022.

ERTE de formación

De un modelo basado en los llamados ERTE sectoriales, con una protección especial a las actividades que habían mostrado una menor recuperación tras el impacto de la pandemia, se pasa a dar mayor protección a las empresas que promuevan la formación de sus empleados. Se incentiva así la formación en los nuevos ERTE, subvencionando el grueso del coste de la formación y aplicando exoneraciones a las empresas que formen a sus trabajadores en ERTE.

Las empresas que formen a personas afectadas por este tipo de ERTE tendrán derecho al incremento del crédito para la financiación para actividades formativas, en función de su tamaño:

•De 1 a 9 personas trabajadoras: 160 euros por persona

•De 10 a 49 personas trabajadoras trabajadores: 240 euros por persona

•De 50 o más personas: 320 euros por persona

Exoneraciones

Los beneficios, en forma de exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social y con ayudas a la formación, son mayores en función del tamaño de la empresa y de las acciones formativas.

•El esquema de exoneraciones entre noviembre y febrero distinguirá entre empresas de menos de10 trabajadores y aquellas con plantilla igual o superior a estos. Así, para las primeras, las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social alcanzarán el 80% si realizan acciones formativas y el 50% para el resto; si la empresa tiene 10 o más trabajadores, tendrá una exoneración del 80% si realiza acciones formativas, y del 40% en el resto de los casos.

•El número mínimo de horas de formación de cada persona será de 30, en las empresas de 10 a 49 trabajadores y de 40 a para las que tienen 50 o más. Y estas actividades deberán desarrollarse durante la jornada suspendida.

•Además, se mantienen los ERTE de impedimento, vinculados a las limitaciones de actividad. Las empresas en esa situación pasan a tener una exoneración del 100% de la aportación empresarial devengada a partir de noviembre de 2021, durante el periodo de cierre, y hasta el 28 de febrero.

Protección de las personas trabajadoras

Los trabajadores acogidos a ERTE seguirán disfrutando de la exención del periodo de carencia para el acceso a la prestación por desempleo. También del denominado “contador a cero” que se amplía de manera extraordinaria hasta el 1 de enero de 2023.

Las bases reguladoras de las personas trabajadoras, sobre las que se calculan las prestaciones, se incrementan del 50 al 70% para las personas beneficiarias que hayan consumido 180 días.

Se mantienen los beneficios para las personas afectadas por ERTE con contrato a tiempo parcial y la prestación extraordinaria para las personas fijas discontinuas.

Medidas de acompañamiento

Se mantienen las garantías de acuerdos anteriores tales como los límites al reparto de dividendos y el acceso a las ayudas a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales.

Las empresas acogidas a estos ERTE tendrán que respetar restricciones en el acceso a las horas extraordinarias y en las externalizaciones de la actividad.

Se extiende la prohibición del despido durante el periodo de vigencia de la norma y también se interrumpe el cómputo de la duración máxima de los contratos temporales para las personas acogidas a ERTE.

El compromiso de mantenimiento del empleo contará con un nuevo periodo adicional de 6 meses.

La norma también contempla prórroga del plan MECUIDA y de la prestación extraordinaria para los profesionales de las artes hasta el 28 de febrero de 2022

ERTE específico para Canarias

El Gobierno también ha aprobado los ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias.

Los trabajadores y trabajadoras tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.

Tramitación simplificada

Las empresas deberán solicitar a la autoridad laboral la prórroga de todos los expedientes para extender los beneficios de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. Para tramitar esta solicitud deberán presentar el listado de horas o días de trabajo suspendidos o reducidos desde julio de 2021. Para el caso particular de los ERTE por razones económicas, técnicas organizativas o de producción, los llamados ERTE ETOP, aportarán el informe de la representación legal de las personas trabajadoras.

Se mantiene la simplificación de trámites para pasar de un ERTE de impedimento a uno de limitación y viceversa. Será suficiente una comunicación en tal sentido a la autoridad laboral y a la representación de las personas trabajadoras.

Prórroga de las ayudas a los autónomos

El Consejo de Ministros ha dado luz verde también al sexto esquema de ayudas para los autónomos de este tipo, tras el acuerdo entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las asociaciones de autónomos. Con el objetivo de apoyar el mantenimiento de la actividad, se incluyen exoneraciones de las cuotas a las Seguridad Social para todos los trabajadores por cuenta propia que han estado protegidos en el periodo anterior (a finales de septiembre eran 226.000) durante los próximos cuatro meses.

Estas ayudas, en forma de exoneraciones, serán así: en octubre del 90%, en noviembre del 75%, en diciembre del 50% y en enero de 2022 del 25%.

Prestaciones

Además, se mantienen hasta el 28 de febrero las prestaciones extraordinarias vigentes para proteger a quienes tienen un impacto significativo sobre su actividad.

En primer lugar, continúa la prestación extraordinaria por suspensión de actividad, dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID 19. La cuantía de la prestación es del 70% de la base mínima de cotización. Además, el autónomo quedará exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo le contará como cotizado y, en su caso, será compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI.

En segundo lugar, se mantiene la prestación compatible con la actividad para aquellos trabajadores que, reuniendo el requisito de carencia para acceder a la prestación ordinaria de cese de actividad, cumplen dos exigencias adicionales: una, que su facturación del tercer y cuarto trimestre 2021 caiga el 50%, frente al tercer y cuarto trimestre de 2019; y dos, no haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros (que supone 1,2 veces el SMI en dos trimestres).

Tercero, quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación ni al cese ordinario, podrán solicitar una prestación extraordinaria. La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de cotización e igualmente está exonerado de abonar las cuotas y computa como cotizado. Los requisitos son acreditar una caída de ingresos del 75% (los ingresos del cuarto trimestre 2021 deben ser inferiores a los del cuarto trimestre de 2019) y no tener unos rendimientos netos computables entre julio y diciembre de 2021 superior al 75% del salario mínimo interprofesional.

En cuarto lugar, también se mantiene la prestación para autónomos de temporada, que es del 70% de la base mínima y requiere no tener ingresos superiores a 6.725 euros en el tercer y cuarto trimestre de 2021.

Por último, también se ha aprobado una prestación específica para los autónomos afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Aquellos trabajadores por cuenta propia que se vean obligados a suspender o cesar su actividad como consecuencia directa de este suceso podrán recibir la prestación por cese de actividad sin que los primeros cinco meses de percepción le computen.

Desde marzo de 2020 a septiembre de 2021, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destinado en ayudas para autónomos más de 10.100 millones entre prestaciones y exoneraciones de las cuotas.


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Acuerdo entre Gobierno y agentes sociales para extender la protección de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022

NOTA DE PRENSA OFICIAL sobre el VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo, Madrid, 27 de septiembre de 2021 (descárgala aquí)

  • Se renueva el compromiso para proteger a personas trabajadoras y empresas
  • Es el sexto consenso que alcanzan Gobierno y agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia
  • Se prorroga el llamado contador a cero hasta el 31 de diciembre de 2022 y se extienden las garantías de acuerdos anteriores como, entre otras, la cláusula de mantenimiento del empleo, la limitación a la subcontratación y las horas extra
  • El modelo actual seguirá vigente durante el mes de octubre
  • Los nuevos ERTE priorizan la formación a las personas trabajadoras para incrementar su cualificación

La Vicepresidencia segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han alcanzado un acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022, con el objeto de extender esta medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la pandemia. Se trata del VI Acuerdo en Defensa del Empleo alcanzado en el marco del diálogo social.

Para facilitar la transición de los ERTE, el modelo actual seguirá vigente 1ºdurante el mes de octubre.

Formación en ERTE

En esta ocasión, el mecanismo de los ERTE pone el foco en la formación como paso fundamental para incrementar la capacitación de las personas trabajadoras y mejorar su empleabilidad. A partir del 1 de noviembre, estarán vigentes las nuevas modalidades, con mayores exenciones en la cotización a la Seguridad Social para las empresas que realicen acciones formativas.

En cuanto a estas acciones formativas, deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022.

Garantías para las personas trabajadoras

Los ERTE seguirán contando con las cláusulas de protección como, entre otras, el llamado contador a cero, que se amplía hasta el 31 de diciembre de 2022, o la cláusula de mantenimiento del empleo. También las limitaciones a la subcontratación, a la realización de horas extraordinarias o los límites relacionados con el reparto de dividendos y el acceso a estas ayudas por parte de empresas domiciliadas en paraísos fiscales.

Se reconoce, además, una prestación extraordinaria por desempleo para para los trabajadores fijos discontinuos.

ERTE específico para Canarias

El Gobierno también ha pactado con los interlocutores sociales la puesta en marcha de unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias. Los trabajadores y trabajadoras tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su mactividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.


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Consulta el proyecto de Real Decreto que la próxima semana aprobará un nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de la semana que viene un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), el cual ha sido pactado entre el Ejecutivo y los sindicatos. La subida, que será de 15 euros y elevará el SMI hasta los 965 euros mensuales en 14 pagas, o 13.510 euros anuales, coloca al SMI español séptimo en el ranking de los países de la Unión Europea con el SMI más elevado.

A continuación, te presentamos el proyecto de Real Decreto que va a aprobar la subida del SMI en texto y en formato pdf (haz clic aquí):


Proyecto de Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021

En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido en el artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, se procede mediante este real decreto a establecer las cuantías que deberán regir a partir del 1 de septiembre de 2021, tanto para las personas trabajadoras que son fijas como para las que son eventuales o temporeras, así como para las empleadas y empleados de hogar.

Las nuevas cuantías representan un incremento del 1,579 por ciento respecto de las previstas en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, cuyos efectos fueron prorrogados hasta la aprobación del salario mínimo interprofesional para el 2021 en el marco del diálogo social, en los términos establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, mediante la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.

Las nuevas cuantías, por último, son el resultado de tomar en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores.

El citado incremento tiene por objeto seguir haciendo efectivo el derecho a una remuneración equitativa y suficiente que proporcione a las personas trabajadoras y a sus familias un nivel de vida decoroso, en línea con lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales que ha interpretado que dicho umbral se sitúa en el 60% del salario medio, garantizando la capacidad adquisitiva de los salarios para hacer frente al coste de la vida y atendiendo a la coyuntura económica general.

Asimismo, el incremento del salario mínimo interprofesional contribuye a promover un crecimiento y una recuperación de la actividad económica sostenida, sostenible e inclusiva, al cumplimiento de la Agenda 2030, en particular de las Metas 1.2, 8.3 y 10.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativas, de manera respectiva, a la erradicación de la pobreza, la promoción de políticas orientadas a la creación de puestos de trabajo decentes y a la adopción de políticas salariales que logren de manera progresiva una mayor igualdad, y a una mayor cohesión social.

Este real decreto cumple con los principios de buena regulación exigibles conforme al artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, responde a la necesidad de cumplir con el mandato previsto en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores de fijación anual del salario mínimo interprofesional, así como del establecido en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, de aprobar el real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2021, en el marco del diálogo social. Es eficaz y proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para posibilitar el conocimiento, efectos y aplicación de dicho salario mínimo interprofesional, que cumple con el doble objetivo de constituir un suelo mínimo de contratación y determinar lo que se considera el nivel de suficiencia de los salarios. Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y se ofrece una explicación completa de su contenido. Dado que se trata de una norma que regula un aspecto parcial de la materia, su tramitación se encuentra exenta de la consulta pública previa y ha sido sometida a los trámites de audiencia e información públicas, y de manera específica, a la previa consulta de las organizaciones sindicales y patronales más representativas, de conformidad con lo establecido en los artículos 26.2 y 6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Finalmente, es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y cumple con el principio de eficiencia, dado que su aplicación no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias.

Este real decreto es dictado al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día .. de septiembre de 2021,

DISPONGO:

Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional.

El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 32,17 euros/día o 965 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses.

En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.

Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.

Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 2. Complementos salariales.

Al salario mínimo consignado en el artículo 1 se adicionarán, sirviendo el mismo como módulo, en su caso, y según lo establecido en los convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción.

Artículo 3. Compensación y absorción.

A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a compensación y absorción en cómputo anual por los salarios profesionales del incremento del salario mínimo interprofesional, se procederá de la forma siguiente:

  1. La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este real decreto no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo las personas trabajadoras cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo.

A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el resultado de adicionar al salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real decreto los devengos a que se refiere el artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 13.510 euros.

  1. Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo las personas trabajadoras en cómputo anual y jornada completa con arreglo a normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto.
  2. Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales que se encuentren en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto subsistirán en sus propios términos, sin más modificación que la que fuese necesaria para asegurar la percepción de las cantidades en cómputo anual que resulten de la aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, en consecuencia, ser incrementados los salarios profesionales inferiores al indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a este.

Artículo 4. Personas trabajadoras eventuales, temporeros y temporeras, y empleadas y empleados de hogar.

  1. Las personas trabajadoras eventuales, así como las temporeras y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días percibirán, conjuntamente con el salario mínimo a que se refiere el artículo 1, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho toda persona trabajadora, correspondientes al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 45,70 euros por jornada legal en la actividad.

En lo que respecta a la retribución de las vacaciones, las personas trabajadoras a que se refiere este artículo percibirán, conjuntamente con el salario mínimo interprofesional fijado en el artículo 1, la parte proporcional de este correspondiente a las vacaciones legales mínimas en los supuestos en que no existiera coincidencia entre el periodo de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. En los demás casos, la retribución del periodo de vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación.

  1. De acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para la determinación del salario mínimo de las empleadas y empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el fijado para las personas trabajadoras eventuales y temporeras y que incluye todos los conceptos retributivos, el salario mínimo de dichas empleadas y empleados de hogar será de 7,55 euros por hora efectivamente trabajada.
  2. En las cuantías del salario mínimo por días u horas fijadas en los apartados anteriores se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquellas.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.

Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.

Se autoriza a la Ministra de Trabajo y Economía Social para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones de carácter general que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor y periodo de vigencia.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de septiembre de 2021.


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Nuevas ayudas del Consell de Mallorca a la artesanía y más

Los destinatarios son los negocios de artesanía, economía social y solidaria, instalaciones de ocio juvenil y educativo, guías turísticos y escuelas de danza

El Consell de Mallorca, a través de la Fundación Mallorca Turisme y con la colaboración del Govern de les Illes Balears, pone a disposición de los interesados ayudas y subvenciones para los afectados por el covid-19. En este caso podrán acceder a una subvención de 1.500€ por establecimiento empresarial, hasta un máximo de dos, los propietarios de negocios de artesanía, economía social y solidaria, instalaciones de ocio juvenil y educativo reguladas por el Decreto 23/2018, guías de turismo y escuelas de baile en Mallorca. Las solicitud de ayudas está abierta desde el pasado día 20 de Septiembre a través de la web www.ajutsmallorca.com.

Si está usted interesado en recibir más información sobre las ayudas disponibles, pida cita con Moya & Emery y le guiaremos durante todo el proceso de solicitud.


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Nicolás Emery en Radio Calvià FM sobre la aprobación de ayudas directas concedidas a empresarios y profesionales de Baleares

La pasada semana se publicaba en el BOIB la resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern balear por la que se aprueba la segunda concesión parcial de ayudas a solicitantes de la Línea 2 de la Línea Covid de ayudas directas a empresarios y profesionales de las Islas Baleares a que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19. Nicolás Emery, invitado al consultorio jurídico de Radio Calvià FM, pudo hacer un repaso de las ayudas aprobadas, del número de empresas y profesionales a quienes se les ha concedido y importancia de estas ayudas, de sus requisitos, condiciones, importes y los fines a que pueden ser destinadas.


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¿Cobrar el paro a la vez que se trabaja? Los autónomos pueden…

Los desempleados que se dan de alta en el régimen de trabajadores autónomos pueden seguir cobrando la prestación por un período máximo de cobro de nueve meses

El paro, una prestación contributiva para paliar el menoscabo económico que sufren los desempleados por la ausencia de un sueldo y mientras se busca un nuevo empleo, puede mantenerse mientras se trabaja si el desempleado opta por el autoempleo, es decir, por convertirse en autónomo.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) nos señala que el desempleado que estuviera percibiendo paro y se dé de alta de autónomo puede optar por seguir cobrando la prestación durante los primeros meses de su nueva actividad como trabajador por cuenta propia, en la que se supone será la etapa más susceptible de no generar suficientes ingresos, que es el principio del negocio.

Para seguir cobrando el paro, el autónomo debe pedir la compatibilidad, esto es, solicitar cobrar el paro mientras está realizando su actividad de autoempleo. Y esta solicitud debe hacerse en un plazo de 15 días desde el inicio de la misma y, en caso de ser concedida dicha compatibilidad, se podrá cobrar el paro hasta un máximo de 270 días o, en su caso, el período de paro que al solicitante le reste. Solo se le descontará lo correspondiente a IRPF, pero no se le deducirá la cotización a la Seguridad Social.

El SEPE informa de que los autónomos que se den de alta como “socios o socias de sociedades laborales de nueva creación o socios trabajadores o socias trabajadoras de cooperativas de trabajo asociado de nueva creación” también tienen derecho a este beneficio, aunque si comienzan una actividad por cuenta ajena a tiempo parcial o completo dejarán de cobrar el paro inmediatamente.

¿Qué autónomos quedan excluidos de compatibilizar paro con actividad de autoempleo?

No es la única circunstancia en la que los autónomos perderían el derecho a cobrar el paro mientras realizan su actividad. El SEPE recoge una serie de incompatibilidades para los autónomos:

  • que ingresen en una cooperativa de trabajo asociado de nueva creación o sociedad laboral de nueva creación sin darse de alta en la Seguridad Social.
  • que se den de alta para incorporarse como socios o socias de una sociedad mercantil.
  • que se den de alta y cuyo último empleo haya sido por cuenta propia.
  • que ya se hubiesen beneficiado de este derecho en los 24 meses anteriores a la solicitud.
  • que se hayan beneficiado del pago único del paro en los 24 meses anteriores a la solicitud.
  • que al darse de alta firmen un contrato con el empleador o empleadora para quien hubiesen trabajado por cuenta ajena inmediatamente antes de la situación legal de desempleo, o con una empresa del mismo grupo empresarial.

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Alquiler turístico en la Ciudad de Palma: La prohibición constituye la última de las soluciones

EL TSJIB deja sin efecto la prohibición de alquiler turístico en pisos en la Ciudad de Palma ¿Y ahora qué?

Tras dos años de prohibición absoluta de la comercialización de estancias turísticas en viviendas sitas en edificios plurifamiliares en todo el municipio de Palma (Mallorca), el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (en adelante, el “TSJIB”), ha estimado el recurso presentado por la asociación HABTUR BALEARES que interesaba la declaración de nulidad la delimitación provisional de las zonas aptas para la comercialización de estancias turísticas.

El recurso presentado por HABTUR BALEARES sostenía, entre otros motivos, que la delimitación provisional no supera el “Test de necesidad y proporcionalidad” exigido por normativa europea. Por lo que respecta a la necesidad, no se acredita la existencia de una razón imperiosa de interés general que justifique el establecimiento de barreras de entrada al mercado de esta actividad; y en relación con la proporcionalidad, por existir instrumentos menos distorsionadores para perseguir los objetivos pretendidos.

Asimismo, y en relación con lo anterior, considera la parte recurrente que el Ayuntamiento de Palma ha vulnerado los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia para restringir la libertad de empresa de los explotadores de viviendas con fines turísticos, lo que determinaría la nulidad de la norma.

Así las cosas, el TSJIB ha decidió estimar el recurso sobre la base de que la delimitación provisional permite la comercialización de ETH en viviendas unifamiliares, excluyendo siempre y en todo caso su ejercicio en viviendas plurifamiliaresimpidiendo su explotación turística de una forma radical, sin que el Ayuntamiento haya justificado las razones imperiosas de interés general sobre las que se sustenta.

En este sentido, la sentencia pone de manifiesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en aplicación de su doctrina, el Tribunal Supremo, han determinado que la explotación turística de inmuebles puede ser objeto de actuaciones preventivas y de control por parte de los entes públicos a fin de salvaguardar bienes básicos de los ciudadanos, pero estas modulaciones deben en todo caso estar amparadas en estos fines que exceden de la esfera individual, los cuales, por su trascendencia, habilitan la restricción de la regla de la libertad.

En este caso, el Ayuntamiento de Palma aprueba una vía de control tajante en cuanto a la posibilidad de explotación turística de viviendas sitas en inmuebles plurifamiliares, ya que simplemente las prohíbe, habilitando la posibilidad de comercialización en las viviendas unifamiliares, cuando el dibujo de la Ciudad de Palma demuestra que la gran mayoría de edificaciones residenciales pertenecen a la primera clasificación, y sin emplear otros mecanismos reguladores menos tajantes, no por ello carentes de efectos preventivos y dirigidos a los fines de interés general que el Consistorio trata de alcanzar a través de la ordenación provisional impugnada.

Entiende el TSJIB que las finalidades públicas perseguidas pueden obtenerse a través de medios menos radicales, ya que la prohibición constituye la última de las soluciones posibles a los efectos nocivos que la Administración demandada trata de evitar y atajar. El libre ejercicio de la actividad turística debe conjugarse con los intereses generales, y en esta interconexión pueden adoptarse decisiones administrativas que deben ser proporcionales, idóneas y necesarias para la colectividad.

La prohibición absoluta de la comercialización de ETH en edificios plurifamiliares no aparece como ponderada con las finalidades alegadas por el Ayuntamiento, el cual dispone de medios menos agresivos para la consecución de los fines perseguidos.

En efecto, el TSJIB ya se había pronunciado respecto a la problemática que presenta el alquiler turístico. Así pues, en su Sentencia nº 270/2021 pone de manifiesto que el uso como arrendamiento turístico puede comportar implantación de actividades que suponen un aumento de población flotante en detrimento de la residente, además de una posible distorsión en los precios del alquiler ordinario, alterando así el equilibrio de las ciudades. Por ello, la administración puede imponer restricciones a dichos usos turísticos por razones de convivencia, demografía, densidad, medio ambiente, escasez de recursos naturales, movilidad, entre otros.

Y en este mismo sentido, la Ley de Turismo de las Islas Baleares (art. 75.3.b)) permite la no admisión de comercialización de estancias turísticas en viviendas en todo o en parte de su término municipal, sea con respecto a todas las tipologías edificatorias o a algunas.

Por tanto, en vista del actual marco normativo y la reciente jurisprudencia del TSJIB, es de esperar que el Ayuntamiento de Palma se apresure a aprobar una nueva normativa que regule la comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso residencial en el municipio de Palma, limitando el acceso a su desarrollo, pero esta vez, justificando la necesidad de dichas limitaciones en base al interés general, sin que, en ningún caso, pueda establecer prohibiciones de carácter genérico.

Probablemente, la nueva regulación implicará, de facto, una prohibición cuasi genérica para esta modalidad de arrendamiento en las viviendas plurifamiliares, pero esta vez, deberán hacerlo respetando los principios y los límites de nuestro ordenamiento jurídico, ya que no está de más recordar que los políticos, en su calidad de representantes de del pueblo, también están sometidos a la normativa que ellos mismos deciden aprobar.

Las reglas del juego también son aplicables a los que crean y controlan el juego”.

Marta Marina

Abogada especializada en Derecho de la empresa y Derecho inmobiliario en Moya & Emery


Artículo original publicado en Fibwi4diario – Canal4 Diario


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La Audiencia Nacional adapta el convenio de los teleoperadores a la normativa europea y más de 40.000 trabajadores pueden convertirse en indefinidos

El pasado enero, el Tribunal Supremo (TS) ya matizó su doctrina, declarando que los contratos de obra o servicio de duración inusualmente larga se convierten en indefinidos, entendiendo que, cuando una relación laboral se mantiene ininterrumpidamente y sin alteración durante un largo lapso, la autonomía e identidad de la contrata justificativa de la contratación se desdibuja convirtiéndose en una actividad que, por su extensión temporal, necesariamente se incorpora en la esencia de la empresa.

Ahora, la Audiencia Nacional en su último fallo, aplicando esta doctrina del TS y con la intención de adaptar el convenio de teleoperadores a la normativa europea, parece prohibir el contrato de obra y servicio en el sector de la teleoperación, lo que, por ende, puede implicar que los teleoperadores con actual contrato de obra y servicio se convierta en indefinidos.

¿Quieres leer más al respecto? Haz clic aquí para ver nuestra entrada de blog anterior sobre la matización de la doctrina del Tribunal Supremo sobre los contratos de obra y servicio o lee a continuación la noticia de europa press:


Más de 40.000 teleoperadores podrían pasar a ser indefinidos tras un fallo de la Audiencia Nacional

FUENTE: Europa press

Más de 40.000 trabajadores del sector de los contact-center podrían pasar a contrato indefinido después de que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional haya decidido aplicar una sentencia del Tribunal Supremo y adaptar el convenio a la normativa europea, lo que implicaría prohibir la contratación de obra y servicio en el sector.

La decisión judicial, contra la que aún cabe recurso de casación, llega tras la denuncia de sindicatos como CGT, CCOO y UGT y deja sin efecto el artículo 14.b del convenio colectivo que regulaba esta modalidad de contratación, ya que la jurisprudencia señala que el trabajo en el sector suele ser temporal y, por lo tanto, no puede apartarse del marco ordinario de las relaciones de trabajo.

De este modo, la Audiencia estima las demandas formuladas por CCOO y CGT y anula y deja sin efecto el artículo 14 b) del II Convenio Colectivo del Sector de Contact Center, suscrito por la Asociación de Contact Center Española (ACE) y por los sindicatos CC.OO y UGT en el siguiente párrafo: “A tales efectos se entenderá que tienen sustantividad propia todas las campañas o servicios contratados por un tercero para la realización de actividades o funciones de contact center cuya ejecución en el tiempo es, en principio de duración incierta, y cuyo mantenimiento permanece hasta la finalización de la campaña o cumplimiento del servicio objeto del contrato”.

CCOO ha señalado en un comunicado que valora la actuación del tribunal y ha llamado a la patronal a “entrar en razón” y ‘entender’ que “el mantenimiento del sector pasa por darle estabilidad al empleo”.

Por su parte, CGT ha tildado de “histórica” la sentencia y ha asegurado que “continuará peleando por los derechos fundamentales de los trabajadores del contact-center”.


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Aprobada hoy martes 14 de Septiembre la segunda concesión parcial de ayudas Covid-19 de la Línea 2 a los solicitantes empresarios y profesionales. Consulta el listado del BOIB aquí

Consulta el listado de empresas y profesionales a quien se ha aprobado conceder ayudas directas estatales en el BOIB, haciendo clic en este enlace al archivo en formato pdf, aquí


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Consulta Vinculante ante la DGT V1687-21

DESCRIPCIÓN:

Una persona va a adquirir una vivienda terminada pero la operación se va a articular mediante dos operaciones separadas con una misma sociedad: (i) entrega del solar y (ii) contratación para la ejecución de la obra de construcción. Todo se realizará mediante un único contrato y el solar no va a estar a disposición del adquirente hasta que no se le entregue la vivienda terminada.

NORMATIVA

Ley 37/1992 arts. 4, 5, 75, 90, 91.Uno.3.1º

CUESTIÓN PLANTEADA

Tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a dichas operaciones.

CONTESTACIÓN

1.- El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que “estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.”.

El apartado dos, letras a) y b), del mismo precepto señala que “se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional:

a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de empresario o profesional.

b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción al Impuesto.”.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.uno de la citada Ley 37/1992, se reputarán empresarios o profesionales, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido:

“a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.

No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.

b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.

(…).”.

En este sentido, el apartado dos, de este artículo 5, establece que “son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.”.

En consecuencia, la entidad promotora tiene la condición de empresario o profesional y estarán sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de bienes y prestaciones de servicios que en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional realice en el territorio de aplicación del Impuesto.

2.- Por otra parte, según parece deducirse del escrito de consulta, con carácter previo a la construcción de las viviendas, la constructora va a transmitir a los adquirentes la parcela de suelo que le corresponde si bien en ese momento no adquieren la facultad de disposición de la parcela, que la adquirirán una vez haya terminado la construcción de la vivienda y ésta sea entregada a los mismos.

En relación con el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido, el artículo 75, apartado uno, número 1º y apartado dos, de la Ley 37/1992, preceptúa lo siguiente:

“Uno. Se devengará el Impuesto:

1º. En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable.

(…)

Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.”.

En este sentido, el artículo 1462 del Código Civil establece lo siguiente:

“Se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y posesión del comprador.

Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario.”.

Por tanto, con carácter general la cosa se entiende entregada cuando se pone en poder y posesión del adquirente. No obstante, el otorgamiento de la escritura pública equivale a la entrega de la cosa solamente si tal entrega no se ha producido, de hecho, con anterioridad o de la misma no se deduce que tendrá lugar posteriormente. Estas circunstancias han de reflejarse en dicha escritura pública, pero en el caso de que no se reflejase la primera de las mencionadas, ello no obsta para que la entrega se haya producido anteriormente.

De la escasa información contenida en el escrito de consulta resulta que el terreno no se pondrá a disposición del cliente hasta el momento que se entregue la vivienda construida, habiéndose así acordado entre la constructora y el consultante.

En estas circunstancias, la transmisión del poder de disposición de la parcela de terreno no tendrá lugar hasta la fecha en que, según dicha escritura pública, se produzcan los efectos traslativos en ella previstos (fecha de entrega de la vivienda ya construida), momento en el que, asimismo, se producirá el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a dicha operación.

Lo anterior se entiende sin perjuicio del devengo por los pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible, es decir, a la entrega efectiva del terreno y la vivienda al cliente, tal y como dispone el apartado dos del artículo 75 de la Ley 37/1992. A tal efecto, según reiterada doctrina de este Centro directivo, las aportaciones realizadas por los clientes, efectuadas con el objeto de contribuir a la financiación de la construcción de las viviendas, constituyen pagos anticipados de las citadas entregas de las viviendas, devengándose el impuesto en el momento del cobro de dichas cantidades y ello con independencia del modo como se denominen y cualquiera que sea el concepto al que se impute el pago de dicha contraprestación.

3.- De acuerdo con los hechos que parecen desprenderse del escrito de consulta, en el caso de que la sociedad constructora proceda a vender las parcelas de terreno conservando la posesión de las mismas para edificar y entregar ulteriormente la parcela con las viviendas, nos encontraríamos ante dos operaciones: por una parte, la entrega del terreno propiamente dicha y, por otra, una ejecución de obra cuya finalidad es la construcción de unas viviendas.

Es decir, la actuación de la sociedad constructora en los términos descritos supone, junto a la entrega de un terreno, la realización de las obras de edificación de viviendas para sus clientes titulares del terreno sobre el que se asentarán los referidos inmuebles.

Consecuentemente, estas operaciones de construcción estarán sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, siendo destinatarios de las mismas los propios adquirentes de la vivienda, a quienes la constructora habrá de repercutir el impuesto devengado a la vez que se efectúen los pagos correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90, apartado Uno, de la Ley 37/1992, el citado tributo se exigirá al tipo impositivo del 21 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo 91 de la propia Ley 37/1992.

En este sentido, el artículo 91.Uno.3.1º de la citada Ley dispone que se aplicará el tipo impositivo del 10 por ciento a las siguientes operaciones:

“1.º Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas principalmente a viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados.

Se considerarán destinadas principalmente a viviendas, las edificaciones en las que al menos el 50 por ciento de la superficie construida se destine a dicha utilización.”.

Por consiguiente, el régimen tributario en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a las distintas operaciones descritas difiere por cuanto que el tipo impositivo aplicable, conforme a las reglas de los artículos 90 y 91 de la Ley 37/1992, es el 21 por ciento para las entregas de terrenos en curso de urbanización y el 10 por ciento para las operaciones consistentes en las ejecuciones de obra de construcción de viviendas.

No obstante lo anterior, tal y como ha manifestado este Centro directivo, entre otras, en la contestación vinculante de 9 de febrero de 2016, número V0531-16, procede analizar si ambas operaciones constituyen un todo unitario a la luz del objetivo realmente perseguido, esto es, la entrega de las viviendas construidas, o bien si cada una de ellas conserva su carácter autónomo y, en consecuencia, el régimen fiscal que le es propio.

En este punto debe tenerse en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, Tribunal) contenida, entre otras, en la sentencia de 21 de febrero de 2008, recaída en el Asunto C-425/06, Part Service Srl. Concretamente, en sus apartados 47 a 53, la citada sentencia concluye lo siguiente:

“47. Con carácter preliminar, procede recordar que la opción de un empresario entre operaciones exentas y operaciones gravadas puede basarse en un conjunto de elementos y, especialmente, de consideraciones de carácter fiscal relativas al régimen del IVA. Cuando un sujeto pasivo puede elegir entre dos operaciones, la Sexta Directiva no le obliga a optar por la que maximice el pago del IVA. Al contrario, el sujeto pasivo tiene derecho a elegir la estructura de su actividad de modo que limite su deuda fiscal (sentencia Halifax y otros, antes citada, apartado73).

48. No obstante, cuando una operación consta de varias prestaciones, se plantea la cuestión de si debe considerarse como una operación única o como varias prestaciones distintas e independientes que han de apreciarse separadamente.

49. Esta cuestión tiene una importancia particular desde el punto de vista del IVA, entre otras cosas, para aplicar el tipo impositivo o las disposiciones relativas a la exención previstas por la Sexta Directiva (véanse las sentencias de 25 de febrero de 1999, CPP, C-349/96, Rec. p.I-973, apartado 27, y de 27 de octubre de 2005, Levob Verzekeringen y OV Bank, C-41/04, Rec. p.I-9433, apartado18).

50. A este respecto, del artículo 2 de ésta se desprende que normalmente cada prestación debe considerarse distinta e independiente (véanse las sentencias, antes citadas, CPP, apartado 29, y Levob Verzekeringen y OV Bank, apartado20).

51. No obstante, en determinadas circunstancias, varias prestaciones formalmente distintas, que podrían realizarse separadamente dando lugar, en cada caso, a gravamen o a exención, deben considerarse como una operación única cuando no son independientes.

52. Así sucede, por ejemplo, cuando, al término de un análisis aun meramente objetivo, se comprueba que una o varias prestaciones constituyen una prestación principal y que la otra o las otras prestaciones constituyen una o varias prestaciones accesorias que comparten el tratamiento fiscal de la prestación principal (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas CPP, apartado 30, y Levob Verzekeringen y OV Bank, apartado 21). En particular, una prestación debe considerarse accesoria de una prestación principal cuando no constituye para la clientela un fin en sí, sino el medio de disfrutar en las mejores condiciones del servicio principal del prestador (sentencia CPP, antes citada, apartado 30, y las circunstancias del litigio principal que dio lugar a dicha sentencia).

53. Puede igualmente considerarse que existe una prestación única cuando dos o varios elementos o actos que el sujeto pasivo realiza se encuentran tan estrechamente ligados que objetivamente forman una sola prestación económica indisociable cuyo desglose resultaría artificial (véase, en este sentido, la sentencia Levob Verzekeringen y OV Bank, antes citada, apartado22).”.

De acuerdo con la citada jurisprudencia del Tribunal, es decisivo determinar la naturaleza de las distintas operaciones teniendo en cuenta todas las circunstancias. A tal respecto, es importante si las operaciones se hallan vinculadas entre sí de forma tal que, tomadas aisladamente, desde la perspectiva del consumidor medio, no revistan para el cliente la utilidad práctica necesaria.

En el caso objeto de consulta, el consultante espera obtener de la constructora la vivienda sin que, en las condiciones señaladas, la entrega previa del terreno le reporte utilidad alguna de manera aislada.

En este sentido, un indicio de la necesaria vinculación entre ambas operaciones, según parece deducirse del escueto escrito de consulta, es que la puesta a disposición del terreno tendrá lugar en el momento de la entrega de la vivienda ya terminada, conservando mientras tanto la sociedad constructora la capacidad de disposición de la finca en aras de cumplir con el objeto social de terminar la construcción de las viviendas. Asimismo, otra prueba de lo anterior vendría constituida por la calificación del terreno de uso residencial, así como la posible existencia de proyectos de edificación de viviendas ya visados por el correspondiente colegio de arquitectos.

A partir de los criterios anteriores, ha de considerarse que en el supuesto concreto descrito en el escrito de consulta existe una única operación desde el punto de vista económico consistente en la entrega de viviendas terminadas que no debe desglosarse artificialmente para no alterar la funcionalidad del sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido. En consecuencia, al considerarse una operación global, el tipo impositivo aplicable debe determinarse de modo uniforme, siendo de aplicación el tipo reducido del 10 por ciento tanto a la venta de la parcela de terreno como a la posterior ejecución de obras y entrega de la vivienda.

4.- Por otra parte, se informa de que, en relación con las dudas suscitadas sobre el régimen de tributación indirecta de las operaciones inmobiliarias, tanto en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido como del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha incorporado en el portal del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) dentro de sus servicios de asistencia virtual referentes al IVA, un nuevo servicio de ayuda e información al contribuyente denominado “Calificador Inmobiliario”, creado para resolver las principales dudas planteadas en relación con la tributación indirecta relacionada con la transmisión, cesión y arrendamiento de bienes inmuebles, así como, la urbanización de terrenos.

El “Calificador inmobiliario” ofrece información sobre la tributación indirecta que afecta a las operaciones, distinguiendo entre diferentes supuestos, como la venta de edificaciones o terrenos, el arrendamiento sin opción de compra, arrendamiento con opción de compra, de inmuebles, así como las operaciones en las que intervienen las Juntas de compensación.

En concreto, indica si la operación de compraventa o arrendamiento del inmueble tributa por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o por el Impuesto sobre el Valor Añadido, indicando en este último caso el tipo impositivo aplicable, a quién corresponde la declaración e ingreso del impuesto, y si en la factura que documente la operación se debe o no repercutir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

A estos efectos, podrá contactar con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de su sede electrónica: http://www.aeat.es, o en la siguiente dirección –haz clic aquí-:

5.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


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Migración de Dirección Electrónica Habilitada (DEH) a Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú)

A partir del 06-09-2021, TODAS las notificaciones y comunicaciones de la Agencia Tributaria estarán disponibles en la Dirección Electrónica Habilitada única (en adelante DEHú).

Actualmente las notificaciones de la AEAT están disponibles para comparecer en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, en la Dirección Electrónica Habilitada (en adelante DEH) y en Carpeta Ciudadana.

El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo en el artículo 42 sobre la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos establece en el punto 5: Toda notificación cuyo emisor pertenezca al ámbito estatal a que se refiere el artículo 1.2 de este Reglamento se pondrá a disposición del interesado a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, incluyendo el supuesto previsto en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, los emisores de ámbito estatal podrán notificar en su sede electrónica o sede electrónica asociada de forma complementaria a la puesta a disposición en la Dirección Electrónica Habilitada única.

A la DEH se envían para comparecer únicamente las notificaciones electrónicas. A la DEHú se enviarán todas las notificaciones, tal como se está haciendo actualmente en la Sede electrónica y en Carpeta Ciudadana.

Se tendrá acceso a las notificaciones depositadas por la Agencia Tributaria en la DEHú por dos vías:

  • A través del portal https://dehu.redsara.es/, autenticándose con certificado electrónico o Cl@ve PIN.
  • A través de servicios web para la descarga masiva de notificaciones ofrecido por la DEHú.
    • Instrucciones en el Portal de Administración Electrónica PAe https://administracionelectronica.gob.es/ctt/lema/descargas

Con el fin de dar tiempo para la adaptación de los desarrollos necesarios, habrá un periodo transitorio durante el que se mantendrá el envío de las notificaciones a la DEHAl finalizar ese periodo transitorio (previsiblemente en el último trimestre de 2021), no se enviarán notificaciones a la DEH.

¿Qué es la DEHú?

La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) o Punto único de notificaciones para todas las Administraciones Públicas facilita el acceso a los ciudadanos a las notificaciones y comunicaciones emitidas por las administraciones públicas en el ejercicio de su actividad.

Ante la dispersión de sedes electrónicas y de vías de puesta a disposición, la DEHú permite que los interesados, tanto personas físicas como personas jurídicas, tengan acceso a sus notificaciones y comunicaciones en un punto.

Ofrece dos vías de puesta a disposición:

• Vía web para que tanto las personas físicas como las personas jurídicas puedan acceder y comparecer a sus notificaciones y comunicaciones de manera sencilla y directa.

• Vía servicios web para grandes destinatarios  que les permite implementar procesos automatizados para acceder a sus notificaciones y comunicaciones, comparecer las notificaciones y distribuirlas entre sus diferentes centros y/o departamentos de manera rápida y eficiente.


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Rules for UK vehicles in Spain are changing at the end of September

British drivers in Spain will need to put new stickers on their cars from September 28

SOURCE: SpanishNewsToday.com

UK motorists in Spain have been caught off guard by a sudden change of regulations which will make the standard GB number plate and stickers obsolete. A change in the law for British cars in Spain will come into effect on Tuesday September 28 2021, which means they will have to display a UK sticker instead.

Until now Brits have needed to display a GB sticker clearly on the rear of their vehicles no matter what is on their licence plate, whether a Union Jack or a Euro symbol or whatever, and these rules will stay the same up until September 27.

On and after September 28 2021, Brits driving a UK car in Spain will need to display a UK sticker clearly on the rear of the vehicle no matter what is on the number plate.

The changes come at the same time as a raft of new regulations come into force for UK citizens in Spain as a result of Brexit, including changes in passport validity for Brits travelling to Spain.


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Aprobada la primera concesión parcial de ayudas Covid-19 de la Línea 2 a los solicitantes empresarios y profesionales. Consulta el listado del BOIB aquí

Consulta el primer listado de empresas y profesionales a quien se ha aprobado conceder ayudas directas estatales, aprobado hoy 9 de Septiembre en el BOIB, haciendo clic en este enlace al archivo en formato pdf.


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El Gobierno confirma una nueva prórroga los ERTEs pero con cambios significativos y la más que probable supresión de exoneraciones a la Seguridad Social

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, señaló este pasado lunes que solo quedan 275.000 trabajadores en España que continúen en ERTE, según las últimas cifras, de los 4 millones de empleados que lo llegaron a estar durante los peores meses de la pandemia.

Los ERTEs fueron extendidos con una prórroga que finaliza el próximo día 30 de este mes y el Gobierno negocia ya con los agentes sociales una nueva extensión de este mecanismo, pero casi con total probabilidad se alterarán las condiciones de los ERTEs actuales y se revisarán o suprimirán muchas de las exoneraciones a la Seguridad Social. Lo cierto es que a día de hoy no hay nada seguro sobre los futuros ERTE y sus condiciones.

Visita el blog de Moya & Emery para mantenerte al día de toda la actualidad laboral, mercantil y fiscal https://blog.moyaemery.com


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¿Conoces las AYUDAS Y SUBVENCIONES para el fomento de la contratación disponibles para empresas, pymes y autónomos y qué importes puedes recibir por ellas?

El Gobierno ha implantado una serie de ayudas y subvenciones para las empresas, autónomos y pymes que contribuyan a la creación de puestos de empleo. El objetivo es generar puestos de empleo indefinidos y reducir la tasa de paro en España. Estas ayudas a empresas por contratación varían en cuantía dependiendo de diversos factores. Todas estas ayudas están vigentes durante el año 2021.

Las ayudas citadas en este artículo tienen carácter anual:

  • Ayudas en contratos indefinidos
  • Ayudas en contratos temporales
  • Ayudas para contratos de formación
  • Ayudas por contratar indefinidamente a jóvenes

 

Ayudas en contratos indefinidos

  • Contrato a trabajador varón por tiempo completo: 4.000 euros anuales.
  • A mujer trabajadora o mayor de 45 años por tiempo completo: 4.500 euros.
  • Contrato a personas mayores de 45 años con discapacidad, que participen en programas de empleo y/o que reciban ayudas o subsidios por desempleo (RAI, IMV o ayudas de las diferentes comunidades autónomas): 5.500 – 6.000 euros.
  • Jóvenes (hombres) que salen del país en busca de trabajo: 5.500 euros.
  • Jóvenes (mujeres) que salen del país en busca de trabajo: 6.000 euros.
  • Contrato a tiempo indefinido a mujeres víctimas de violencia de género o mayores de 45 años que acrediten estar en situación de desempleo durante mucho tiempo: 7.500 euros.
  • Todas las ayudas anteriormente mencionadas en este párrafo pueden incrementarse en 2.000 euros si provienen de un autónomo, sociedad laboral o cooperativa que contrata a su primer trabajador.

Ayudas en contratos temporales

   
 HombreMujer
Menor de 45 años y/o con discapacidad3.500 euros4.100 euros
Menor de 45 años con discapacidad grave4.700 euros4.700 euros
Mayor de 45 años y/o con discapacidad4.100 euros4.700 euros
Mayor de 45 años con discapacidad grave4.600 euros5.300 euros
   

Ayudas para contratos de formación

Esta ayuda tiene como objetivo fomentar el empleo entre los jóvenes de 16 y 25 años y/o mayores de 25 años con discapacidad o en situación de exclusión social. Los jóvenes han sido el colectivo más perjudicado a causa del Covid-19, y es por ello, que estas subvenciones pueden impulsar el empleo juvenil y reducir, en consecuencia, la alta tasa de paro juvenil en España. 

  • Contrato de formación a tiempo completo: 2.940 euros.
  • Si esta persona ha perdido su trabajo durante el estado de alarma: 3.440 euros.
  • Si el contrato de formación es para una mujer o una persona del colectivo Trans: la ayuda se verá incrementada en 500 euros adicionales.

Ayudas por contratar indefinidamente a jóvenes

  • Contrato a tiempo completo superior a 12 meses: 5.500 euros.
  • Si este joven ha perdido su trabajo durante el estado de alarma: 6.000 euros.
  • Incremento de 500 euros adicionales si es mujer o pertenece al colectivo Trans.

En la web oficial del SEPE se detallan más en profundidad, haciendo clic aquí.


¿Todavía tienes dudas? En Moya & Emery podemos asesorarte para conocer y optar por las ayudas y subvenciones disponibles que mejor se acoplan a tu plan de negocio. Concierta una cita con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià:


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¿Cuánto dinero en efectivo puedes ingresar en el banco sin que lo sepa Hacienda?

Las entidades bancarias tienen la obligación de notificar al Banco de España y a la Agencia Tributaria las operaciones a partir de determinadas cantidades de dinero en metálico.

La lucha contra la economía sumergida y la evasión fiscal ha hecho que aumente la vigilancia de estas operaciones y transacciones económicas sobre las cuales, cuando superan los 3.000 euros, pesa la obligación de que sean informadas al Banco de España y AEAT.

Lo anterior no implica que uno no pueda ingresar la cantidad que estime oportuna en su banco (la entidad bancaria no puede impedírselo) sino simplemente que los movimientos de su cuenta bancaria podrán ser escrutados y, llegado el caso,necesario dar una cumplida justificación a la administración tributaria de la procedencia de dicho patrimonio si no lo ha hecho en la declaración de la renta como rendimientos del trabajo, de su actividad económica o rendimientos de capital.

En caso de no poder demostrar el origen de la cantidad ingresada, la administración tributaria podrá entenderlo como un incremento patrimonial no justificado, que lo que podrá ser objeto de alguna de las sanciones que la ley prevé al efecto, que pueden llegar alcanzar los ciento cincuenta mil euros.


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¿Qué derechos y obligaciones tengo por ser pareja de hecho?

¿Qué es una pareja de hecho? ¿Hay diferente regulación y derechos distintos en cada comunidad autónoma? ¿Qué requisitos o condiciones se exigen para que exista una pareja de hecho? ¿Debo cumplir un período mínimo para que se me considere pareja de hecho? ¿Qué derechos tengo por ser pareja de hecho? ¿Tengo derecho a una pensión de viudedad si muere mi pareja de hecho? ¿Qué ocurre con la herencia si fallezco o muere mi pareja de hecho? ¿Qué régimen económico es aplicable? ¿Puedo ¿Cómo afecta ser pareja de hecho en el ámbito tributario?

Neus Lafuente, de Moya & Emery, nos da las respuestas a todas estas preguntas en este vídeo del consultorio jurídico de Radio Calvià FM.


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Nicolás Emery entrevistado por IB3 televisió a propósito de las dificultades para contratar trabajadores británicos tras el Brexit

Para los informativos del fin de semana de IB3 Televisió entrevistó al abogado y economista Nicolás Emery con motivo de las dificultades que el BREXIT ha deparado para la contratación de trabajadores británicos, esencialmente en Baleares, para el sector de la hostelería y la restauración.

Recuerda que desde 𝗠𝗼𝘆𝗮 & 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 podemos ayudarte en tus dudas laborales (contratación de británicos), mercantiles (importación y exportación de bienes o contratacion de servicios a o desde el Reino Unido) y tributarias (recargo de equivalencia/devolución del IVA). Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià y pide cita.


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¿Sabes qué es start up, startup o empresa emergente?

Se puede definir la star-up o empresa emergente como una empresa de nueva creación -o relativamente joven- la cual goza de grandes posibilidades de crecimiento y que comercializa mediante tecnologías de la información y la comunicación sus servicios o productos.

Existe un reciente anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (haz clic aquí para acceder al texto en formato pdf) que pretende establecer un marco normativo específico que apoye la creación y crecimiento de este tipo de empresas en España.

Los objetivos fundamentales de esta ley son los siguientes con respecto a las startups son:

• Fomentar la creación y la relocalización de las mismas en España.
• Atraer talento y capital internacional a este sector en nuestro país.
• Estimular la inversión, tanto pública pública como privada
• Impulsar el acercamiento entre la Formación Profesional y la Universidad con este tipo de empresas emergentes.
• Optimizar el sistema estatal de ayudas al emprendimiento basado en innovación.

En Moya & Emery podemos ayudarte a poner en marcha tu empresa o negocio. Ponte en contacto con nosotros y pide cita en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.


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Seguirán las dudas sobre el modelo 720 -Declaración de bienes en el extranjero- hasta que el TJUE se pronuncie

El pasado mes de julio el Abogado General de la Unión Europea, Saugmandsgaard Øe, presentó sus conclusiones al Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) sobre el modelo 720 -declaración de bienes en el extranjero-. Y fueron de menor calado del esperado. En ellas, el Abogado General no ha resuelto taxativamente si el Modelo 720 en su configuración actual cumple la legalidad europea, con lo que deja esta determinación a una futura sentencia del TJUE.

Lo que sí ha hecho el Abogado General ha sido señalar que las controvertidas multas formales fijas impuestas por la Agencia Tributaria española en caso de que no se hubiera cumplido la obligación de información sobre los bienes y derechos en el extranjero o de que se hubiera hecho extemporáneamente -esto es, no haber declarado bienes en el extranjero o haberlos declarado fuera de plazo- “son contrarias al Derecho de la Unión”.

El magistrado mantiene la imprescriptibilidad de los bienes no declarados y las multas de hasta el 150% porque Bruselas (la Comisión Europea fue quien presentó un recurso a la norma española que instauró la obligación de declarar mediante el modelo 720) no ha demostrado el incumplimiento legal de esa norma. El abogado general de la UE cree que la normativa española que obliga a presentar esta información fiscal constituye una restricción a los movimientos de capitales, puesto que puede disuadir a los residentes fiscales en España de invertir en otros estados, o impedir o limitar sus posibilidades de hacerlo”. Y aunque admite que podría haber razones que justifiquen esta obligación tributaria, como la lucha contra el fraude y la evasión de capitales, califica las sanciones fijas como “desproporcionadas”

Las conclusiones del Abogado General revocan las sanciones formales y la imputación como ganancias no justificadas, con independencia de la fecha de su adquisición, y con sanción del 150%, pero únicamente de las cuentas bancarias abiertas a partir del 1 de enero de 2016. Y considera que España puede fijar la imprescriptibilidad para el resto de bienes y derechos en el extranjero (en otros países de la UE o fuera) que deben ser declarados mediante el Modelo 720, esto es, cuentas abiertas antes del 2016, inmuebles, valores y criptomonedas.

Si te interesa esta entrada de blog, además puedes leer el artículo del digital elEconomista.es que te transcribimos a continuación:


La Justicia europea añade más dudas sobre la declaración de bienes en el extranjero: tumba solo las multas formales y mantiene las del 150%

FUENTE: elEconomista.es AUTOR: Ignacio Faes

  • El Abogado General no aclara si el Modelo 720 es legal
  • El magistrado deja en manos de la sentencia final el futuro del Modelo
  • “La denuncia de Bruselas no aporta los datos necesarios”, concluye

La Justicia europea ha añadido hoy más dudas sobre la ya polémica Declaración de Bienes en el Extranjero. El Abogado General de la Unión Europea, Saugmandsgaard Øe, ha tumbado solo las multas formales del Modelo 720 de la Hacienda española. Sin embargo, mantiene la imprescriptibilidad con sanciones de hasta el 150%. Así,  sobre estas cuestionadas multas, no aclara si son o no desproporcionadas. A su juicio, solo “son contrarias al Derecho de la Unión las multas fijas impuestas en caso de que no se cumpla o de que se cumpla extemporáneamente la obligación de información sobre los bienes y derechos en el extranjero”.

El magistrado ha presentado hoy unas conclusiones que dejan abiertas la legalidad de las multas del 150% y el resto de interpretaciones sobre esta medida fiscal. Tampoco aclara si afecta a la libertad de movimientos de capitales. Saugmandsgaard Øe expresa sus “dudas” sobre si el Modelo 720 contraviene el Derecho europeo.

En sus conclusiones presentadas esta mañana ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el magistrado asegura que “la normativa española constituye efectivamente una restricción a los movimientos de capitales, puesto que puede disuadir a los residentes fiscales en España de invertir en otros Estados, o impedir o limitar sus posibilidades de hacerlo”. Sin embargo, precisa que “esta restricción puede estar justificada por los objetivos perseguidos de lucha contra el fraude y la evasión fiscales”.

El Abogado General se pronuncia así sobre la cuestionada declaración de bienes en el extranjero -el polémico Modelo 720- impulsada por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La Justicia Europea emite su valoración por primera vez después de que en 2015 la Comisión Europea iniciara un procedimiento de infracción contra España por esta medida. El Modelo 720 exige a los ciudadanos informar sobre sus bienes en el extranjero y la normativa establece elevadas multas, que pueden llegar al 150%, por presentarlo fuera de plazo ante la Agencia Tributaria. La Comisión Europea, al no encontrar respuesta de España a su dictamen, remitió al TJUE el expediente sobre esta declaración de bienes en el extranjero al considerar que su normativa impone sanciones “desproporcionadas a los contribuyentes españoles por no notificar los activos poseídos en otros Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo”.

En resumen, las conclusiones del Abogado General solo revocan las sanciones formales y la imputación como ganancias no justificadas, con independencia de la fecha de su adquisición, y con sanción del 150%, pero únicamente de las cuentas bancarias abiertas a partir del 1 de enero de 2016. El abogado general considera que Bruselas sólo ha demostrado que España tiene información de esos concretos bienes en el extranjero. Es decir, el Abogado General considera que España puede establecer la imprescriptibilidad para el resto de bienes y derechos en el extranjero a declarar con el Modelo 720 -cuentas abiertas antes del 2016, inmuebles y valores de todo tipo, y criptomonedas a partir de ahora-, en la Unión Europea o fuera, con independencia de cómo funcionen los intercambios de información entre autoridades fiscales.

Sobre las multas

La Comisión Europea denunciaba que las elevadas multas del Modelo 720 son desproporcionadas por “imponer automáticamente una multa pecuniaria fija del 150% en caso de que no se presente o de que se presente extemporáneamente el modelo 720, y ello debido tanto a la severidad de la multa como a su carácter automático y no graduable, máxime cuando según ella se trata de una obligación formal”.

El Abogado General considera que “la multa del 150% no sanciona el incumplimiento de una mera obligación formal, sino el incumplimiento de la obligación material de pago del impuesto”. A su juicio, “la Comisión no ha aportado la prueba de que la multa del 150 % se imponga de manera automática y no graduable”. Además, destaca que “tampoco ha aportado la prueba de que la sanción impuesta en caso de activos ocultos en el extranjero sea más severa que las aplicadas en casos internos”.

El Abogado General sostiene que las multas del 150% “solo se imponen cuando el contribuyente es titular de activos en el extranjero por los que no ha pagado el impuesto que debería haber satisfecho, y se calcula a partir de la cuota del impuesto adeudado. Además, el incumplimiento de la obligación formal relativa al modelo 720 se sanciona por medio de las multas fijas antes citadas”.

“Realiza una distinción entre cuentas antiguas y nuevas que la norma española no hace, es un argumento que se ha sacado de la manga y que no tiene ningún sentido”, explica Esaú Alarcón

Por otra parte, Bruselas denunciaba el hecho de imponer, en caso de que no se presente o de que se presente extemporáneamente el modelo 720, multas fijas cuyo nivel es superior al de las sanciones previstas por el régimen sancionador general para infracciones similares. En este caso, el Abogado General, sí considera que son desproporcionadas. “Esas multas fijas son 15, 50 y 66 veces superiores a las aplicadas en situaciones internas”, apunta.

Sobre la imprescriptibilidad

El Abogado General vacila sobre si constituye una restricción desproporcionada el hecho de que no presentar o presentar extemporáneamente el modelo 720 conlleve que los activos objeto del modelo sean calificados de ganancias patrimoniales no justificadas que no prescriben. Destaca que “la Comisión, en gran medida, no ha aportado al Tribunal de Justicia los datos necesarios para que este compruebe la existencia del incumplimiento alegado”.

Por una parte, estima que la regla del “efecto de imprescriptibilidad” puede ser adecuada para garantizar la consecución del objetivo que persigue el Modelo 720. Por otra parte, considera que “esta regla no es necesaria cuando el intercambio automático y obligatorio de información tributaria es suficiente para permitir a la Administración tributaria española efectuar los controles necesarios para liquidar correctamente el impuesto”. El Abogado General apostilla que “en ese caso la Administración tributaria española no puede aplicar dicha regla escudándose en posibles dificultades”.

Dudas sobre su legalidad

Tras examinar los diferentes activos objeto del modelo 720 a la luz del régimen de intercambio de información tributaria, el Abogado General expresa “sus dudas” respecto a que los Estados miembros no dispongan de información relativa a las cuentas preexistentes y a los activos a los que se refiere el modelo 720 que son objeto de un intercambio automático y obligatorio, al menos en el caso de los bienes inmuebles. El magistrado subraya que la Comisión “no ha aportado datos que permitan comprobar la existencia de un incumplimiento a este respecto”.

A su juicio, “la Comisión ha demostrado de modo jurídicamente suficiente que la Administración tributaria española dispone de la información necesaria únicamente en relación con las cuentas bancarias abiertas a partir del 1 de enero de 2016 (cuentas bancarias nuevas)”. En consecuencia, declara que “la aplicación de la regla del efecto de imprescriptibilidad resulta desproporcionada, puesto que va más allá de lo necesario respecto de esta categoría de activos”.

Sin embargo, el Abogado General vuelve a virar en sus conclusiones y mantiene que esta regla no resulta desproporcionada en el caso de los activos respecto de los que la Administración tributaria española no dispone de esa información, habida cuenta en particular del muy limitado grado de armonización alcanzado hasta ahora en el ámbito de la fiscalidad, y de la necesidad de los Estados miembros de luchar contra el fraude fiscal. En su opinión, “los Estados miembros disponen en este ámbito de un amplio margen de apreciación, que comprende la posibilidad de aplicar la regla en cuestión”.

“Decepción” entre los fiscalistas

El abogado Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence, fue quien recurrió este asunto ante la Comisión Europea. “Las conclusiones del Abogado General me parecen muy decepcionantes“, apunta. “Va todo un Abogado General de la Unión Europea y afirma que si un Estado no tiene suficiente información sobre la existencia de determinados bienes en el extranjero, sobre una posible infracción tributaria, puede establecer la imprescriptibilidad o, lo que es peor, que se pierdan prescripciones ganadas, que resuciten obligaciones tributarias muertas. Eso es un disparate”, critica. 

Del Campo sostiene que el Abogado General “está ignorando la propia jurisprudencia del Tribunal europeo, que, en sentencias 11 de junio 2009 y 15 septiembre 2011, ha dejado claro que cuando un Estado no tenga indicios de la existencia de los bienes foráneos se pueden prolongar los plazos de prescripción, pero de forma proporcionada y justificada”, añade. Del Campo cree que la sentencia final puede no ir en línea con las conclusiones presentadas hoy. “Estoy convencido de que el TJUE terminará tumbando también la imprescriptibilidad, con propia sanción del 150%, en relación con todos los demás bienes a declarar con el Modelo 720 y no solo con respecto a cuentas bancarias abiertas a partir de 2016″, pronostica.

El fiscalista Esaú Alarcón, socio de Gibernau Asesores, es otro de los abogados que más conoce el Modelo 720. Su intervención en el proceso fue clave en un proceso en la Audiencia Nacional, donde consiguió el Dictamen de la Comisión Europea contra España. Coincide con del Campo. “Me ha decepcionado sobre todo porque las normas no se pueden fragmentar“, apunta. “Realiza una distinción entre cuentas antiguas y nuevas que la norma española no hace, es un argumento que se ha sacado de la manga y que no tiene ningún sentido”, explica.

En cuanto a la imprescriptibilidad, Esaú Alarcón cree que “es una barbaridad”. Subraya que “afecta a la seguridad jurídica, que es un principio fundamental europeo. Es decepcionante”. Sin embargo, Alarcón pide esperar a otro procedimiento sobre el Modelo 720 elevado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. “Como hace tanto hincapié en la seguridad jurídica, puede que luego se consiga resolver esta situación”, concluye.

FUENTE: elEconomista.es AUTOR: Ignacio Faes


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La importancia de los balances y de una correcta llevanza de la contabilidad en la empresa. Nicolás Emery en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM

Nicolás Emery nos habló de la importancia de los balances y de llevanza correcta de la contabilidad en la empresa en el último consultorio jurídico de Rádio Calvià FM, en el que pudo responder a cuestiones como:

  • ¿Qué es un balance de situación? ¿Para qué sirve la información que figura en él? ¿Cómo debe hacerse? ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo se debe interpretar?
  • ¿Por qué es importante conocer el valor del activo corriente?
  • ¿Y el pasivo corriente?
  • ¿Qué diferencia hay entre el activo no-corriente y el activo corriente? ¿Y qué diferencia entre el pasivo corriente y el pasivo no-corriente?
  • El depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil. ¿Qué empresas está obligadas a presentar cuentas y qué plazo hay? ¿Para qué sirven las cuentas anuales?
  • ¿Qué es el fondo de maniobra?

Recuerda que en Moya & Emery podemos ayudarte con la contabilidad de tu empresa o negocio. Ponte en contacto con nosotros y pide cita en cualquiera de nuestras oficinas


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El TS señala que no cabe la discriminación por razón de embarazo o maternidad

El complemento retributivo específico de puesto de trabajo también se cobra durante la situación de embarazo de riesgo, a pesar de no se haya tomado posesión del nuevo puesto de trabajo.

El Tribunal Supremo (TS) ha entendido en el caso que nos atañe que se ha incurrido en discriminación por razón de sexo por dejar de abonar a la perjudicada, mujer de profesión Guardia Civil, el complemento retributivo correspondiente con motivo de no haber tomado posesión del nuevo puesto de trabajo en atención a su situación de baja por embarazo de riesgo.

El TS considera que las mujeres Guardias Civiles, en caso de que padezcan insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas para el servicio la cual venga derivada de una situación de embarazo de riesgo, tienen derecho a percibir el componente singular del complemento específico del puesto de trabajo anterior o del actual.

Y es, señala el TS, el principio de no discriminación por razón de sexo obliga a compensar las desventajas que el embarazo puede provocar en los derechos económicos y profesionales de las mujeres y que no puede haber discriminación alguna en caso de embarazo o maternidad, tal como establece el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, en consonancia con el artículo 58 relativo a la licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia, y la jurisprudencia constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE).

Puedes consular la sentencia referida en formato pdf a través de este enlace.

Recuerda que en Moya & Emery podemos ayudarte en casos de discriminacion laboral, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros para una cita en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.


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Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia (elaborada por el Consejo General de Economistas y CEPYME, julio 2021)

Ante un aumento de estos procesos concursales del 45% en el primer semestre del año frente al de 2019 y con el afán de que los empresarios que están siendo azotados por la crisis económica traída por la pandemia del Covid-19 puedan anticiparse y disponer de toda la información necesaria para afrontar de la mejor manera posible una eventual situación de insolvencia en su empresa, el Consejo General de Economistas junto con la patronal CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) han elaborado una la GUÍA DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA ANTE LA INSOLVENCIA, que puedes descargar en formato pdf aquí

Si te interesa este tema, además puedes leer el artículo del digital CincoDías con un resumen de la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia del CGE y CEPYME:


Cómo se debe afrontar la insolvencia de la empresa, paso a paso

Guía de actuación de Cepyme y CGE para pymes

FUENTE: CincoDías AUTOR: Marta Yoldi

La necesidad de los empresarios, especialmente si son pequeños, de disponer de la información necesaria para afrontar la temida situación de insolvencia es cada vez mayor en el contexto de la crisis del Covid. Ante un aumento de estos procesos del 45% en el primer semestre de 2021 frente al de 2019, el Consejo General de Economistas y la patronal Cepyme han editado la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia, un recorrido paso a paso del proceso que se ha de seguir y que se resume a continuación.

Alerta temprana

La Guía aconseja, en primer lugar, detectar con anticipación la futura insolvencia para ganar tiempo y recursos. Se trata de realizar un control económico-financiero de la compañía y de observar riesgos tales como caída de facturación o márgenes, la necesidad de convertir en dinero bienes del activo inmovilizado, la pérdida de concesiones o retrasos en los pagos.

Insolvente pero viable

Los controles permiten conocer si la empresa sigue siendo solvente o no. En caso de insolvencia, cabe la posibilidad de que haya viabilidad, coyuntura en la que hay que reorganizar costes, reconducir la empresa, buscar financiación y reestructurar deudas. Para esto último, hay que negociar con los acreedores mediante acuerdos de refinanciación o pactos extrajudiciales o concursales (propuestas de convenio y acuerdos laborales).

Insolvente e inviable

Todavía se recomienda estudiar las posibilidades de acuerdos extrajudiciales para liquidar la empresa, lo que se conoce como liquidación voluntaria. Si no es posible, se solicita el concurso de liquidación.

Comunicar los acuerdos

Al abrir la negociación con los acreedores, es necesario comunicarlo al juzgado competente. Durante los siguientes tres meses, se suspenden las posibles ejecuciones contra el deudor o las ya iniciadas. En el caso de personas naturales (físicas), el plazo es de dos meses.

Acuerdos de refinanciación

Los acuerdos de refinanciación son de dos tipos: colectivos y singulares. En los primeros, el deudor llega a un pacto con sus acreedores, con o sin homologación judicial. En los singulares, el acuerdo puede ser con uno o con varios acreedores y nunca son homologados por el juez.

Pactos extrajudiciales de pagos

Este tipo de acuerdos pretenden desjudicializar los procesos y requieren la intervención de un mediador concursal. Las personas físicas no empresarias o las personas jurídicas cuya entidad no es inscribible en el Registro Mercantil deben solicitar el mediador ante notario. El resto lo harán ante el Registro Mercantil o cámara de comercio correspondiente. Hay que advertir que el mediador tiene menos responsabilidades y obligaciones que un administrador concursal.

Papel del mediador

Como primer paso, el mediador convoca al deudor y a sus acreedores, dentro de los 10 días siguientes a la aceptación del cargo, con el propósito de alcanzar el acuerdo extrajudicial de pagos. Remite una propuesta a los acreedores, con el visto bueno del deudor, que puede contemplar cualquiera de estas medidas: esperas no superiores a 10 años; quitas; conversión de créditos en acciones o participaciones de la empresa o en otros instrumentos financieros; o cesión de bienes y derechos. Si los acreedores aceptan el plan presentado, se firma en escritura pública.

No se aprueba el plan

En caso de que los acreedores no aprueben la propuesta, el mediador presenta concurso, llamado consecutivo. Las personas físicas lo hacen ante el Juzgado de Primera Instancia y el resto de deudores, ante un Juzgado Mercantil.

Concurso consecutivo

A este concurso se llega después de no haber alcanzado ni el acuerdo de refinanciación ni el extrajudicial de pagos, por haberlos incumplido o bien porque se haya declarado la nulidad o la ineficiencia judicial de alguno de los dos acuerdos.

Exoneración del pasivo insatisfecho

Cuando una persona física llega al concurso consecutivo aún puede recurrir al sistema se segunda oportunidad o beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho por el que el deudor se libera de las deudas existentes, con ciertas limitaciones.

Proceso del concurso consecutivo

El juez nombra administrador concursal al mediador como regla general. Si el concurso se hubiera declarado a solicitud del acreedor, el concursado podrá presentar una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que le hubiera sido notificada esa declaración. Las personas físicas solo podrán presentar un plan de liquidación de la masa activa (bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor). Para el supuesto de falta de presentación o de inadmisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio, de la falta de aprobación del convenio, y de incumplimiento del convenio aprobado, el juez acordará directamente la apertura de la fase de liquidación.

Concurso de acreedores

Este concurso tiene como objeto repartir la masa activa del deudor entre los acreedores. Se presenta en dos meses desde la insolvencia y cuando no hay acuerdo previo. Es voluntario cuando lo presenta el propio deudor y necesario cuando lo hacen los acreedores. Los necesarios son los que los que no se pueden presentar hasta el 31 de diciembre de 2021 en virtud de la moratoria concursal. Consta de tres fases. La fase común es la de solicitud de concurso, el auto de declaración y el informe del administrador concursal. La fase de convenio incluye, entre otras cosas, la presentación y admisión de las propuestas, la aprobación judicial de la propuesta aceptada mayoritariamente y su posterior cumplimiento o incumplimiento. La de liquidación es en la que se liquida la masa activa y se procede al reparto entre los acreedores.

Calificación

En esta fase del proceso se depuran las posibles responsabilidades y se determina si el concurso es culpable o fortuito

Conclusión y rendición de cuentas

El concurso se concluye por: cumplimiento del convenio aprobado; liquidación de los bienes y derechos y pago a los acreedores hasta donde alcance; inexistencia de la insolvencia por pago o por satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio; desistimiento o renuncia de los acreedores; o insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa. Esta última es la causa más frecuente de conclusión. La rendición de cuentas se presentará junto con el informe final de liquidación


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Hacienda pone el foco en los autónomos que tributan por módulos (estimación objetiva) con la nueva Ley Antifraude

La nueva Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude ha puesto el foco sobre ellos y Hacienda, como caballo de batalla, los vigilará más estrechamente: Los autónomos que tributan en el régimen de estimación objetiva (módulos) están en el punto de mira porque se entiende que estos, al no tener la obligación de presentar un balance al declarar sus ingresos, poseen una mayor facilidad para aceptar “pagos en b”. En el intento de acabar con los movimientos continuos de efectivo y de controlar sus flujos de caja de operaciones sin declarar, la nueva ley ha limitado los pagos en efectivo, reduciendo la cantidad que puede ser abonada a los 1.000 Euros (antes eran 2.500 €) y fija una sanciones, tanto para pagador como para el receptor, en caso de incumplimiento de hasta el 25% del importe pagado, En caso de que una de las dos partes de cuenta de esta práctica irregular no tendrá que abonar la sanción. Además, se ofrece una reducción del 50% por pagarla sin hacer alegaciones.

Nadie queda a salvo, pero claramente serán más susceptiblesde de verse fiscalizados por la Agencia Tributaria los trabajadores por cuenta propia DE sectores de actividad en que el empleo de efectivo como medio de pago es más habitual: pequeños comercios y bares.

¿Quieres saber más de este tema? Lee a continuación el interesante artículo de elEconomista.es al respecto o nuestras entradas previas al respecto de la Ley antifraude.


Estos son los autónomos perseguidos por Hacienda por exceder los límites de efectivo

FUENTE: elEconomista.es

La Ley contra el Fraude aprobada recientemente por el Gobierno ha puesto el foco en el colectivo de autónomos. La Inspección es consciente de que este segmento del tejido empresarial español es un ecosistema perfecto para que florezca la economía sumergida. De ahí, que uno de los caballos de batalla de esta ley haya sido el dinero en efectivo.

Básicamente, la norma reduce la cantidad máxima abonada en efectivo, pasando de los 2.500 euros hasta los 1.000 euros. La sanción que establece la Administración asciende hasta el 25% del pago realizado para ambas partes, pagador y receptor.

¿A quién persigue Hacienda?

El fisco lleva tiempo poniendo el foco en un grupo de autónomos dentro del colectivo en concreto. Los ‘moduleros’, los trabajadores por cuenta propia que tributan en el régimen de estimación objetiva, no están obligados a presentar un balance de ingresos, por lo que es el caldo de cultivo perfecto para que se den casos de economía sumergida.

Estos profesionales tributan dentro de este régimen porque llevan a cabo actividades en las que hay mucho movimiento de efectivo y el flujo de caja es continuo, lo que dificulta en gran medida hacer un seguimiento de las cuentas. Por este motivo, declaran a Hacienda en base a unos segmentos de ingresos establecidos por la Administración, los módulos.

Precisamente, este es el motivo de que sea más fácil llevar a cabo transferencias de dinero en efectivo no declaradas. Este es el verdadero grupo de autónomos perseguido por la Inspección.

Para saber qué autónomos entran dentro de esta parte del colectivo tan solo hay que pensar en aquellas actividades en las que es más habitual el uso de efectivo. Atendiendo a esta referencia, los trabajadores por cuenta propia más vigilados por el fisco serían los hosteleros y los comerciantes. Dentro de estas dos áreas ya es posible especificar los subsectores más vigilados.

Por ejemplo, dentro de la hostelería, es más fácil que se ponga el foco en un bar que en un hotel, ya que en este último es más habitual ver los pagos con tarjeta o, incluso por transferencia desde la cuenta bancaria. Dentro del comercio, estará más vigilada una pequeña tienda de ropa que una gran franquicia de inmuebles, en la que es muy común que el ticket medio supere los 1.000 euros.


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Sentencia: Un trabajador es despedido por mentir en el currículum

En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) ha venido a ratificar recientemente el despido de un trabajador que mintió a la empresa -por partida doble- para llegar a ser contratado. Y es que el empleado mintió tanto en el currículum entregado a la empresa como en la declaración jurada y responsable que se le solicitó debido a la imposibilidad de llevar a cabo un reconocimiento médico previo a su incorporación, ocultando una limitación funcional para llevar a cabo las laborales que el puesto de mensajero precisaba (manipulación y carga de paquetería) por su limitación funcional de extremidades y columna por trastorno del disco intervertebral, síndrome de túnel carpiano y síndrome álgico.

¿Te ha intesado esta noticia? Entonces sigue leyendo más al respecto en este interesante artículo del portal Noticias Jurídicas, desde donde podrás, además, tener acceso a la sentencia referida:


Un empleado es despedido por mentir en el currículo

FUENTE: Redacción Noticias Jurídicas   

El trabajador firmó una declaración responsable para conseguir un puesto de trabajo cuando, por sus limitaciones físicas, no podría desarrollarlo

El TSJ Castilla y León avala el despido de un empleado que mintío, tanto en su currículo como en la declaración responsable, para conseguir el puesto de carga y descarga de paquetería, ocultándo su limitación funcional para desempeñar las funciones que el empleo acarreaba.

Según establece el tribunal, el modo abierto en el que está configurada la transgresión de la buena fe contractual, para tener efectos disciplinarios a efectos de justificar un despido, se basa primordialmente en la pérdida de la confianza en el trabajador; quiebra de la confianza que puede derivar de conductas de engaño u ocultación, destinadas a conseguir y mantener el vínculo de trabajo sobre unas condiciones de capacidad laboral irreales y parcialmente incompatibles con las exigencias del puesto desempeñado.

La sentencia (disponible en este enlace) estima que se da esta pérdida de confianza porque el trabajador, tanto en su currículo como en la declaración responsable firmada antes de acceder al puesto de trabajo, ocultó, no su discapacidad, pero sí su limitación funcional para poder desarrollar las labores que iba a asumir.

Sustitución del reconocimiento médico

Ante la imposibilidad de llevar a cabo un examen previo a su incorporación por las circunstancias derivadas del estado de alarma a consecuencia del COVID-19, se tuvo que sustituir el reconocimiento médico por la declaración jurada y responsable. En ella, el trabajador, que pretendía acceder a un puesto de mensajería y reparto de paquetes, indicó que medicamente no presentaba limitaciones para la manipulación manual de cargas – siendo ésta una tarea esencial de la categoría para la que iba a ser contratado-, y declaró su compromiso de informar a la empresa de cualquier variación en su situación médica que pudiese influir en su puesto de trabajo.

Previamente, y conociendo que la labor a desarrollar sería carga y descarga de paquetería, había señalado en su CV su facilidad para el trabajo físico y que solo estaba impedido para trabajar en la construcción, ocultando un informe del EVO, previo a la declaración de discapacidad superior al 33% en el que se había constar una limitación funcional de extremidades y columna por trastorno del disco intervertebral, síndrome de túnel carpiano y síndrome álgico.

La empresa solo conocía la clasificación del trabajador como demandante de empleo protegido en razón a su tipo y grado de minusvalía, y no fue hasta que se pudo realizar el reconocimiento médico – que fue evitado por el trabajador mientras pudo negarse a su realización-, cuando se toma conocimiento de que no podía manejar pesos superiores a 7 kilos, lo que entra en una clara contradicción con lo que había declarado dos meses antes, al inicio de la relación laboral, al afirmar que podía manipular cargas sin limitaciones cuando no era cierto.

Valora también la sala que, una vez que la empresa tuvo conocimiento de las limitaciones funcionales del trabajador, intentó buscarle otro puesto de trabajo lo que no resultó posible por la demanda del mercado, siendo la actitud del trabajador, desde entonces, la de proferir toda clase de insultos y amenazas contra la empresa sobre que no tenía licencia y permisos necesarios para funcionar, avisando verbalmente a algunos compañeros que iba a coger una baja para que no le pudieran despedir y para que la empresa tuviera que pagarle por no trabajar.

También, y a pesar de las instrucciones dadas expresamente al trabajador, vino haciendo hasta el último día caso omiso de las normas de seguridad y salud laboral, al manipular él solo y sin medios auxiliares bultos de 15 kilos o no pedir ayuda al compañero con el que realizaba la ruta que tenía asignada.


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¿Qué pasa con mis vacaciones si sufro un contagio de Covid-19 o tengo que hacer cuarentena durante las mismas? ¿Qué pasa si me veo obligado a hacer cuarentena y estoy fuera de mi lugar de residencia?

Según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que fija la regla general y de mínimos al respecto de las vacaciones (es decir, puede ser mejorada por convenio colectivo o acuerdos con el propio empleado), el trabajador que durante su período vacacional sufra una situación de incapacidad temporal -y un contagio de Covid-19 tiene tal consideración- podrá suspender sus vacaciones (total o parcialmente, según el caso) y tendrá derecho a disfrutar de las mismas una vez haya recibido el alta médica. Para disfrutar el nuevo período es necesario volver a estar de alta (que haya finalizado la incapacidad temporal), ponerse de acuerdo con la empresa sobre la nueva fecha de disfrute y, como último requisito o condición, que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.

Además, las cuarentenas, por positivo o contacto estrecho, o períodos de aislamiento tienen la consideración de incapacidad temporal por enfermedad común, así que sucede lo mismo que con un contagio por Covid-19 en lo que respecta a las vacaciones.

El obligado a guardar cuarentena que se encuentre disfrutando las vacaciones en España pero fuera de su lugar habitual de residencia habitual podrá desplazarse a su domicilio pero en vehículo privado y firmando una declaración responsable. Y -atentos los residentes en las Islas Baleares y Canarias- si la única opción de desplazamiento a nuestro hogar fuera en un medio de transporte público, “este se realizará previa valoración y autorización de la autoridad de salud pública de origen y destino debiéndose asegurar que las medidas de distanciamiento del contacto, respecto al resto de personas, sean aplicadas desde el punto de partida y durante todo el trayecto”.

¿Quieres saber más al respecto de este tema? Lee a continuación un interesante artículo del diario CincoDias Legal:


¿Qué ocurre con las vacaciones si me contagio de COVID-19 durante su disfrute?

Esta pregunta, o si el trabajador puede desplazarse desde el lugar de descanso al de su residencia para hacer cuarentena, tienen respuesta

FUENTE: CINCODIAS LEGAL AUTOR: MARCELINO ABAD RAMÓN  

Las vacaciones correspondientes al mes de agosto ya han dado el pistoletazo de salida. Y lo han hecho en plena quinta ola de contagios por el nuevo coronavirus. Aunque en España el 59,1% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación y el 69,3% tiene al menos una dosis, según datos del Ministerio de Sanidad actualizados el día 5, se siguen produciendo nuevos contagios. Ante esta situación, cabe la pregunta acerca de qué ocurriría si por desgracia el trabajador se contagia durante su periodo de descanso o si tiene que hacer la cuarentena de 10 días por haber tenido un contacto estrecho con una persona infectada.

De conformidad con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, la persona tendría derecho a disfrutar de las vacaciones una vez recibido el alta médica. Y es que, estas se suspenderían, de forma que se podría hacer uso de ellas una vez que finalizase la situación de incapacidad temporal, previo acuerdo con la empresa sobre la fecha, “y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado”.

Es decir, si el trabajador comienza su incapacidad temporal, por ejemplo, el 24 de diciembre de 2021, las vacaciones pendientes de ese año natural (2021) podrían disfrutarse hasta el 30 de junio de 2023. Con respecto a las vacaciones devengadas en 2022, se podrían disfrutar hasta el 30 de junio de 2024. Estas reglas sobre disfrute de vacaciones pueden ser mejoradas por convenio, acuerdo colectivo o acuerdo individual.

Tal y como apunta el Ministerio de Seguridad Social en su página web, los periodos de aislamiento “se considerarán como incapacidad temporal por enfermedad común”. La emisión de los partes de baja, confirmación y alta corresponderá al Servicio Público de Salud de la comunidad autónoma a la que esté vinculado el trabajador en función de su domicilio.

No obstante, a efectos del pago, estos periodos se consideran “accidentes de trabajo” y no “incapacidades temporales por enfermedad común”. Esto significa que la prestación económica se produce desde el día siguiente al de la baja y no desde el cuarto como ocurre con las bajas por enfermedad común, según señala el departamento que dirige José Luis Escrivá.

Dónde hacer la cuarentena

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad explica que si la persona debe guardar cuarentena por positivo o por contacto estrecho con una persona infectada mientras se encuentra de vacaciones en un lugar distinto al de su residencia, puede hacerla en el lugar en el que se encuentre en ese momento o donde tenga su residencia habitual.

Pese a ello, el transporte se deberá realizar en coche privado y firmando un documento de declaración responsable. Pero si por cualquier circunstancia la única opción de desplazamiento fuera en un medio de transporte público, como puede ser el caso de las islas, “este se realizará previa valoración y autorización de la autoridad de salud pública de origen y destino debiéndose asegurar que las medidas de distanciamiento del contacto, respecto al resto de personas, sean aplicadas desde el punto de partida y durante todo el trayecto”.


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Se estudia que las ayudas directas del Estado para autónomos y empresas puedan servir para liquidar deudas con Hacienda o Seguridad Social y cubrir préstamos extrabancarios

A cuatro meses de su puesta en marcha, todavía están sin repartir dos tercios del fondo de ayudas directas de 7000 millones de € dispuesto para paliar los efectos económicos de la pandemia sobre autónomos y empresas. La falta de agilidad y la exclusión de muchas empresas y autónomos por no cumplir los requisitos para su concesión ha hecho que desde el Ministerio de Economía se estudie la posibilidad de que las CCAA ,que son los entes delegados para fijar los requisitos y tramitar dichas ayudas, modifiquen los criterios de concesión de las ayudas y que las mismas puedan ser usadas para liquidar deudas tributarias, con la Seguridad Social y préstamos extrabancarios. De este modo sería factible conseguir, de un lado, que el Estado pueda cobrar parte de la deuda que autónomos y pymes mantienen por el momento y, por el otro lado, que los afectados puedan, tras haberse puesto al corriente de pago con las administraciones públicas, acceder al resto de ayudas desplegadas que mantienen como requisito esencial no tener deudas con la administración.

Sigue leyendo más al respecto de este titular, en el artículo del diario digital ElEconomista, que te transcribimos a continuación:


Calviño medita dar 5.000 millones para cubrir deudas extrabancarias de los autónomos y pymes

También estudia permitir liquidar pagos con Hacienda y Seguridad Social

FUENTE: ElEconomista AUTOR: Gonzalo Velarde FECHA: 2/08/2021

La letanía de los autónomos para acceder al fondo de ayudas directas dotado con 7.000 millones de euros y que aún tiene un 60% del total sin conceder, tras cuatro meses de vigencia, parece haber alertado a los técnicos del Gabinete del Ministerio de Economía, que desde esta misma semana ya estudian dos propuestas para agilizar la liberación de este dinero.

Concretamente, para estos casi 5.000 millones de euros que aún descansan en las arcas públicas de las comunidades autónomos -a las que se les transfirieron los fondos y que son las responsables de aprobar las solicitudes en virtud de los requisitos impuestos- el Gobierno ya valora la posibilidad de que puedan ser usados para liquidar las deudas tributarias y los aplazamientos solicitados por pymes y autónomos tanto a la Seguridad Social como a la Agencia Tributaria. Y también se medita la opción de extender la ayuda para devolver aquellos préstamos extrabancarios solicitados por los trabajadores por cuenta propia para sostener sus negocios, con fecha previa a la aprobación en mayo del fondo de rescate, y que han soportado los familiares y amigos de los afectados, principalmente.

Esta medida, más allá, supondría un balón de oxígeno para el colectivo en un momento en que parece que la situación sanitaria vuelve a trastocar la actividad de los comercios y del sector servicios, en plena temporada estival, que quedará limitada según las medidas que ya están adoptando las comunidades autónomas con motivo de la quinta ola de contagios. Así, uno de los puntos clave de la propuesta que ha hecho llegar UPTA, una de las asociaciones representantes del colectivo al Gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, está en que si este dinero fuera a parar a la liquidación de atrasos y pagos de los autónomos y pymes con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, se lograría un doble beneficio. Por un lado permitiría al Estado recuperar o cobrar parte de estos pagos demorados, que suponen una deuda de facto con la Administración Pública y por otro lado supondría que los afectados podrían volver a solicitar el resto de ayudas públicas desplegadas para el colectivo a nivel regional y local, ya que un requisito imprescindible en todas estas solicitudes es encontrarse al corriente de pago con las administraciones del Estado.

Según UPTA, el Ministerio de la vicepresidenta primera está valorando esta propuesta tras las conversaciones mantenidas esta misma semana, en la que la asociación habría aportado los datos que dan cuenta de la lentitud con la que se están concediendo estas ayudas directas. Para UPTA, esto “supondría un auténtico espaldarazo para paliar la difícil situación que están atravesando miles de autónomos que no pueden solicitar ninguna ayuda de las administraciones por no estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria o la Tesorería de la Seguridad Social”. El presidente de la organización, Eduardo Abad, asegura al respecto que se está a tiempo de enderezar el rumbo del plan de ayudas y la solución pasa por ser “eficaces”.

Modificar requisitos

Desde su punto de vista, el Gobierno debe establecer mecanismos que permitan a las comunidades autónomas cambiar las órdenes de ayuda y “con ello conseguir un doble efecto, por un lado, saldar deudas existentes con la administración central y por otro que los autónomos puedan acogerse a las ayudas de todas las administraciones”.

“Más del 60% de los 7.000 millones de euros de este plan de ayudas directas quedarán sin repartir porque no se pueden cumplir las restrictivas condiciones de acceso impuestas por el Real Decreto del mes de mayo”, según Abad.

UPTA asegura que uno de los principales problemas de este plan de ayudas reside en la obligatoriedad de mantener vivas deudas con proveedores o suministradores de bienes o servicios con anterioridad a la fecha de publicación del Real Decreto, además de establecer unos determinados supuestos que hacen referencia a las pérdidas contables, que al fin y al cabo aluden a gastos sin abonar por parte de la sociedad.

El 60% de 7.000 millones de ayudas a pymes, sin repartir tras cuatro meses

“Desde UPTA también queremos esclarecer cómo deben considerarse los préstamos realizados por parte de socios de una sociedad mercantil a su propia empresa; o los préstamos que por parte de familiares o cualquier otra persona se produjeran entre marzo de 2020 y mayo de 2021 a un trabajador por cuenta propia para poder hacer frente a sus obligaciones con proveedores. En este sentido, desde UPTA consideramos que una simple elevación a documento público notarial debería ser suficiente para considerarlo un préstamo sin saldar, y, por lo tanto, entrar en los supuestos de justificación para las ayudas gubernamentales, siempre y cuando se justifique el préstamo a través de transferencias bancarias en el periodo anterior a la publicación de la normativa”, sugieren desde la entidad representante del colectivo de trabajadores por cuenta propia de cara a dotar de liquidez.


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Todas las obligaciones y la fiscalidad de pymes y autónomos al iniciar una actividad económica, por Nicolás Emery en Radio Calvià FM

Iniciar una actividad económica conlleva una serie de requisitos y obligaciones fiscales para las personas que quieran emprender un negocio y, por ello, el abogado y economista 𝙉𝙞𝙘𝙤𝙡á𝙨 𝙀𝙢𝙚𝙧𝙮 ha querido repasar las más importantes junto con la audiencia de Radio Calvià FM en el consultorio jurídico de este martes. Dar de alta nuestra actividad económica, darnos de alta como autónomos, presentar correctamente una 𝙙𝙚𝙘𝙡𝙖𝙧𝙖𝙘𝙞ó𝙣 𝙘𝙚𝙣𝙨𝙖𝙡 a la Agencia Tributaria con toda la información relativa a nuestra actividad: indicar la fecha de inicio de la actividad (fecha que tomará la Seguridad Social para dar de alta de autónomos); también el lugar de la actividad; dar cuenta de qué obligaciones tributarias serán las relativas a nuestra actividad: si tenemos personal asalariado, si pagaremos un alquiler en nuestro negocio, si existe o no la obligación de presentar el IVA, el tipo de contabilidad que se aplicará a nuestra actividad (estimación objetiva/módulos o estimación directa); etc.


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Las ayudas directas a autónomos y pymes no llegarán antes de septiembre

Las ayudas directas a autónomos y empresarios dispuestas por el Gobierno, que para las Islas Baleares ascienden a un total de 855 millones de euros, no llegarán a sus destinatarios antes de septiembre. La gestión de la concesión de dichas ayudas, que fue delegada por el Ejecutivo a cada comunidad autónoma, amén de que los criterios y requisitos para la concesión han variado desde un principio -al menos en las baleares- está provocando dilación en la entrega de las cantidades. Con todo ello, Baleares es una de las que tienen más avanzado el proceso de concesión de ayudas. Pese a que, como se ha avanzado, el importe líquido de las ayudas no llegará hasta más adelante, de entre todas las solicitudes presentadas en nuestra comunidad, el Govern balear ha ido publicando en el BOIB la relación de beneficiarios a quien se ha aprobado conceder las ayudas, que puedes consultar en los siguientes enlaces aquí y aquí.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), a través de su secretario general, José Luis Perea, ha señalado: “El proceso es lento. Las ayudas no van a estar este verano”.

Si quieres más información, lee ea continuación el artículo de Vozpópuli que da cuenta de la noticia:

Las ayudas directas a autónomos y pymes llegarán como mínimo en otoño

FUENTE: Vozpópuli AUTORA: Nerea San Esteban FECHA: 07/08/2021

Según los plazos de las convocatorias establecidas por las comunidades autónomas, los empresarios ya descartan recibir el dinero antes de que acabe el verano

Los 7.000 millones en ayudas directas prometidos por el Gobierno para pymes y autónomos no llegarán antes de septiembre. Aunque las inyecciones monetarias fueron anunciadas por el Ejecutivo el pasado mes de marzo, que la gestión sea a través de las comunidades autónomas está dilatando el proceso, puesto que los plazos son diferentes en cada una de ellas.

Las líneas de ayudas anunciadas están compuestas de dos compartimentos. El primero, uno de 5.000 millones, que se destinará al conjunto de comunidades autónomas. El segundo, de 2.000 millones, será para Canarias y Baleares, por tratarse de los territorios más castigados por la pandemia por la caída del turismo.

No obstante, ninguna ha entregado aún las ayudas, confirman a Vozpópuli fuentes de la patronal CEOE y de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). “El proceso es lento. Las ayudas no van a estar este verano”, confirma José Luis Perea, secretario general de ATA, que apunta a que agosto suele ser un mes inhábil.

En este sentido, ni siquiera confían en que puedan entregarlas ya las comunidades que tienen más avanzado el proceso, como Murcia o Baleares, que terminaron a finales de junio de recibir la documentación de los interesados; Castilla-La Mancha, que hizo lo propio el 19 de julio; o Canarias y Madrid, esta misma semana. Con calendarios diferentes, Navarra tendrá el plazo abierto hasta el 20 de agosto, mientras que Aragón esperará hasta el 10 de septiembre.

De hecho, son varias las que han ampliado el plazo por la dificultad que está suponiendo. “Son ayudas que se tramitan siguiendo los criterios de la ley de subvenciones, son muy farragosas burocráticamente“, señala Perea, que insiste en que va a haber “pocos autónomos beneficiados”. Según sus cálculos, no superará el 12%.

Autónomos y pymes rechazan los criterios

Estas ayudas están destinadas a reducir el endeudamiento suscrito entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, que sirven para cubrir obligaciones de deuda y pagos a proveedores, acreedores financieros y no financieros, así como costes fijos incurridos, procedentes de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. Para recibirlas, las empresas deben registrar una caída de volumen de operaciones anual en 2020 de un 30% como mínimo con respecto a 2019.

Este requisito de deuda es uno de los que más rechazan los empresarios y autónomos, puesto que consideran que es injusto. “Hay que presentar documentos contables justificativos que acrediten una deuda, así que están penalizando a todos aquellos autónomos que son buenos pagadores y han cogido sus ahorros para pagar a suministradores, proveedores…”, reclaman desde ATA. Lo mismo apuntan desde la patronal Hostelería de España, que reseña que estas inyecciones “benefician a quienes tienen deudas frente a quienes han arriesgado su patrimonio para ir pagando esas deudas”

Con todo, no creen que durante el verano vayan a recibir ninguna de las inyecciones. “Si se agilizan mucho, nos llevaríamos una grata sorpresa, pero contamos con que al menos hasta septiembre no empezarán a pagar“, concluye Perea.

El plazo de concesión de las ayudas es hasta el 31 de diciembre de este año y se reparten por comunidades según una serie de criterios: dos tercios dependen de la caída del PIB en 2020, moderado en función de la prosperidad relativa de cada autonomía; algo más de un 20% se distribuye en función de la tasa de desempleo y una novena parte según el paro juvenil.


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El Gobierno impulsa la modernización de la Ley Concursal para alinearla con los países más avanzados, facilitar la reestructuración de empresas viables y mejorar los procedimientos de insolvencia​

  • Con la reforma de la Ley Concursal se transpone la Directiva sobre reestructuración e insolvencia y se articula una de las reformas más importantes incluidas en el Plan de Recuperación para favorecer la demografía empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico
  • El Anteproyecto de Ley, que se saca a audiencia pública, supone una mejora estructural de los mecanismos de insolvencia para fomentar la reestructuración empresarial y establece un marco normativo ágil y flexible que contribuye a minimizar la destrucción de tejido productivo y facilita el mantenimiento de empresas viables
  • El texto introduce la figura de los planes de reestructuración empresarial, un instrumento pre-concursal dirigido a evitar la insolvencia, o a superarla, que incentiva una actuación temprana y, por tanto, con mayores probabilidades de éxito
  • El deudor podrá determinar cuáles serán los acreedores afectados por el plan de reestructuración y las ejecuciones singulares de los bienes y derechos de la empresa quedarán suspendidas –hasta un máximo de 12 meses– para facilitar la negociación del plan, lo que permitirá a la empresa continuar desarrollando su actividad con total normalidad  
  • La reforma incluye un novedoso procedimiento especial para microempresas sencillo, rápido, flexible, digitalizado -en el que las partes se comunicarán a través de formularios gratuitos y disponibles on line o las vistas serán virtuales- y que supondrá una reducción significativa de los costes para el deudor. Este procedimiento permitirá a los deudores alcanzar un plan de continuación si la empresa es viable o, en caso de no ser posible, les facilitará una rápida liquidación de la empresa a través de una plataforma on line 
  • También se reforma el procedimiento concursal para agilizarlo y reducir su duración, con medidas como la sustitución de la junta de acreedores por una tramitación escrita en el convenio o la reducción de la retribución del administrador concursal si la gestión no es eficiente, lo que se producirá si el procedimiento dura más de 12 meses por causa que le sea imputable
  • Otra de las novedades es la modificación en profundidad del procedimiento de segunda oportunidad, dirigido a personas físicas (consumidores) y autónomos en concurso, dando un nuevo impulso a quienes desean volver a emprender o continuar con su actividad económica sin el lastre de deudas de una iniciativa anterior. De este modo, bajo ciertas condiciones y sujetándose a un plan de pagos, se posibilita la exoneración de las deudas sin necesidad de una liquidación previa de los activos empresariales o de la vivienda habitual del deudor.

El Gobierno ​a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha sacado a trámite de audiencia pública el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal. El proyecto normativo incluye la transposición de la Directiva europea de reestructuración e insolvencia e introduce otras reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas viables.

Esta modificación constituye una de las reformas más importantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer la demografía empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico.

Se trata de un proyecto de ley ambicioso, dirigido a garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad; que los empresarios personas físicas insolventes puedan disfrutar de la exoneración de sus deudas, después de un periodo de tiempo razonable, favoreciendo la segunda oportunidad; y que se mejore la eficiencia del procedimiento concursal con el fin de reducir su duración.

Se presta especial atención a las microempresas, que dispondrán de un procedimiento específicamente adaptado a sus necesidades y características. 

La reforma es de especial importancia en el actual contexto económico, puesto que la disponibilidad de este tipo de instrumentos de reestructuración, eficientes y ágiles, contribuirá a minimizar la destrucción del tejido productivo y al mantenimiento de empresas y negocios viables.


Planes de reestructuración

Los planes de reestructuración, que sustituyen a los actuales acuerdos de refinanciación, son uno de los elementos centrales de la Directiva de insolvencia y de la reforma de la Ley Concursal para facilitar que las empresas deudoras viables dispongan de un instrumento eficaz para evitar la insolvencia o salir de ella.

Se trata de un instrumento pre-concursal, dirigido a empresas con dificultades financieras, que favorece una reestructuración en un estadio más temprano que el de los actuales instrumentos, cuando se detecten indicios de probabilidad de insolvencia, frente a la actual exigencia de que ésta sea inminente.

Es un mecanismo flexible, ágil desde el punto de vista procedimental, que incorpora las mejores prácticas de otros modelos de derecho comparado, como el americano, para contribuir a su eficacia. En concreto, posibilita el arrastre de clases acreedoras disidentes, esto es, las que no votan a favor del plan, incluyendo también las correspondientes salvaguardas para los acreedores. Su introducción incentivará una reestructuración más temprana y, por tanto, con mayores probabilidades de éxito, contribuirá a la descongestión de los juzgados mercantiles, liberará recursos y permitirá una mayor eficiencia del concurso.

Asimismo, se introduce un nuevo procedimiento de insolvencia único para autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores, más rápido, digitalizado y con un coste muy reducido que incrementa la posibilidad de continuidad de las empresas viables y facilita la reasignación de recursos. 
Este procedimiento se caracteriza por la simplificación del proceso concursal, su carácter modular y ofrece dos itinerarios posibles. Tras un período de negociación con los acreedores de un máximo de tres meses debe optarse:  por un plan de continuación rápido y flexible, si hay posibilidad de un acuerdo o, en su defecto, por una liquidación ordenada, pero rápida, a través de una plataforma on line. Este procedimiento únicamente debe utilizarse para liquidar empresas que son insolventes.


Procedimiento de segunda oportunidad

Se reforma en profundidad el procedimiento de segunda oportunidad, dirigido a personas físicas y autónomos en concurso, con el objetivo de incentivar a los beneficiarios a continuar con su actividad laboral o empresarial y posibilitando una segunda oportunidad realmente efectiva.
El Anteproyecto de Ley introduce medidas adicionales a las previstas en la Directiva de insolvencia, entre las que destaca la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos a los acreedores, permitiendo al deudor, bajo ciertas condiciones, mantener su vivienda habitual y, si fuera autónomo, continuar con su actividad. 

El plan de pagos tendrá una duración máxima de tres años, que se ampliará a cinco años cuando no se enajene la vivienda habitual del deudor.
Asimismo, se amplía la relación de deudas exonerables y se eliminan o se relajan ciertas restricciones para poder acceder a las exoneraciones.


Reforma del procedimiento concursal

Por último, el Anteproyecto de Ley también incluye la reforma del procedimiento concursal para incrementar su eficacia. Con este objetivo se introducen numerosas modificaciones dirigidas a agilizar el procedimiento y a facilitar la aprobación de un convenio cuando la empresa sea viable, facilitar la venta de unidades productivas o, en su caso, su liquidación. 
En este sentido, entre las medidas para agilizar el procedimiento y reducir su duración, la reforma prevé incentivos en la retribución del administrador concursal condicionados a la celeridad y agilidad del procedimiento, y penalizaciones si la gestión no es eficiente, lo que se producirá si el procedimiento dura más de 12 meses por causa que le sea imputable


Modificación de la ley orgánica del poder judicial

Como complemento necesario para las medidas de eficiencia contenidas en el anteproyecto, resulta imprescindible descargar de competencias a los juzgados mercantiles y a las secciones especializadas de las audiencias provinciales. Estas medidas requieren la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se presenta una segunda reforma, como Ley Orgánica, complementaria a la de la Ley Concursal. 

Esta reforma contempla, entre las medias más destacadas, que los juzgados de los casos sobre condiciones generales de la contratación y sobre protección de los consumidores y ciertas reclamaciones en materia de transportes (retrasos de aerolíneas, equipajes, etc.) pasen de los juzgados de lo mercantil a los juzgados de primera instancia.

Finalmente, volverá a los juzgados de lo mercantil el conocimiento del concurso de las personas naturales no empresarias.​

Puedes descargar el contenido de este documento en formato pdf a través de este enlace.


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Marga de Matos resuelve todas las dudas más habituales sobre la PENSIÓN DE JUBILACIÓN en Radio Calvià FM

Desde 𝗠𝗼𝘆𝗮 & 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆, a través de la abogada especializada en Derecho laboral 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒐𝒔, hemos querido dedicar íntegramente a la PENSIÓN DE JUBILACIÓN este último consultorio jurídico en Ràdio Calvià FM y explicar una serie de dudas que pueden surgir entre el colectivo de personas en edad de jubilarse o que se encuentren cercanas a dicha edad de jubilación, algunas de ellas ya planteadas por clientes de nuestro despacho de forma habitual. Por ello, se han intentado abarcar y explicar los siguientes puntos:

  • Concepto de jubilación.
  • ¿A día de hoy, cuándo me puedo jubilar?
  • ¿Cómo se verán afectadas las pensiones de jubilación con la reforma que se plantea de cara a 2022?
  • ¿Qué jubilaciones se ven afectadas por la reforma de las pensiones? Concepto de éstas.

Recuerda que puedes ponerte en contacto con cualquiera de las oficinas de 𝗠𝗼𝘆𝗮 & 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 y pedir cita para aclarar cualquier duda con respecto a tu pensión de jubilación.


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Un año más los miembros y colaboradores de Moya & Emery se dan cita en la tradicional comida de verano

Como se ha convertido en costumbre ya, el pasado viernes tuvo lugar la comida de verano del despacho Moya & Emery. En ella, los miembros del equipo de profesionales que integran ambas oficinas de Palma y de Palmanova, junto con algunos de los estrechos colaboradores de nuestro despacho de asesores, consultores y gestores, pudimos disfrutar, en un distendido ambiente, de los platos dispuestos por los huéspedes de la cita, nuestros amigos del ristorante Il Carpaccio de Santa Ponça.

Echamos de menos, como no podía ser de otro modo, a las compañeras y compañeros que no pudieron asistir al evento por deber atender otros compromisos. En la próxima seguro que estaremos todos juntos.

¡Gracias, equipo!


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Algunos de tus derechos desconocidos u olvidados como trabajador

El Estatuto de Trabajadores dispone una serie de derechos de cuya existencia no todos los trabajadores parecen estar al tanto.  Además, a esos derechos se deberán sumar los que también disponga el convenio colectivo de su empresa o de su sector, en caso de que lo haya.

Hoy desde Moya & Emery queremos darte a conocer algunos de esos derechos “desconocidos” más comunes de los trabajadores:

1. Tu anticipo de nómina

En caso de precisar liquidez, el trabajador puede solicitar que se le adelante el porcentaje de nómina correspondiente a los días que lleve trabajados: si se ha trabajado 10 días del mes, se podrá solicitar el anticipo de 33% de la mensualidad; si 15 días del mes, un 50%, etc.

En todo caso, no es este un derecho de concesión automática, puesto que el anticipo dependerá de la propia disponibilidad y liquidez de la empresa para llevarlo a cabo.

2. Tu pausa del café o del cigarro

Los trabajadores que hagan turnos de 6 horas o más tienen derecho a 15 minutos de descanso si así lo desean. La duda surge en si esos minutos de descanso deben ser retribuidos o no por la empresa. La última sentencia al respecto señala que no computan esos minutos como jornada laboral y, por tanto, no devengan conceptos retribuibles y, por ende, la jornada laboral debe alargarse hasta cumplir el tiempo disfrutado de descanso.

3. Tu día libre en caso de cambio de residencia / mudanza

El derecho a un día libre que no puede detraerse de las vacaciones lo fija el Estatuto de los Trabajadores para el caso de que el trabajador precise realizar un cambio de residencia o mudanza. Es muy habitual que los convenios colectivos amplíen este derecho a dos días o incluso más, por ello conviene al trabajador conocer este dato.

4. Tus 20 horas para seguir formándote

Siempre que esté ligado con el propio puesto de trabajo y la labor del trabajador dentro de la empresa, el empleador deberá conceder al trabajador que lo solicite hasta un máximo de 20 horas al año de formación, las cuales estarán dentro de su jornada laboral.

5. Suspender tus vacaciones

¿Qué pasa si mientras estoy disfrutando de mis vacaciones me pongo enfermo? El Estatuto permite al trabajador anular las vacaciones en dichos casos, dando parte de su baja, con aporte de justificante médico y afrontando la reducción salarial que dicha circunstancia acarrea.


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Preguntas frecuentes respondidas por la AEAT sobre la nueva Ley Antifraude

Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

INDICE DE CUESTIONES

  1. Reducción del 60 por ciento de los rendimientos de capital inmobiliario del IRPF en los supuestos de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a viviendas.
  2. Intereses de demora
  3. Recargos por presentación de declaración o autoliquidación extemporánea.
  4. Sanciones.
  5. Sanciones por limitación de pagos en efectivo.
  6. Suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos.
  7. Responsabilidad subsidiaria de titulares de Depósitos Fiscales y Registro de Extractores de Depósitos Fiscales.

Puedes descargar el contenido de esta entrada en formato pdf a través de este enlace.

1.       Reducción del 60 por ciento de los rendimientos de capital inmobiliario del IRPF en los supuestos de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a viviendas.

1.1.     ¿Cuándo resulta aplicable la nueva redacción del apartado 2 del artículo 23 de la Ley del IRPF?

La modificación del apartado 2 del artículo 23 de la Ley del IRPF efectuada por el artículo Tercero. Dos de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, de acuerdo con la letra d) de la Disposición Final 7ª de dicha Ley, tiene efectos a partir del día siguiente al de la publicación de la norma en el BOE.

Por tanto, resultará aplicable siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 23 de la LIRPF, en relación con las autoliquidaciones del Impuesto del ejercicio 2021 en adelante, con independencia de que se presenten dentro o fuera del plazo establecido.

Además, para el ejercicio 2021 y puesto que el impuesto se devenga el último día del periodo impositivo, la nueva redacción será aplicable a los rendimientos netos de todo el ejercicio y no solo a los exigibles a partir de la entrada en vigor de la misma.

2.       Intereses de demora.

  • ¿Ha habido algún cambio normativo que afecte al devengo de intereses de demora?

Sí, se ha modificado el artículo 26.2 f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en adelante LGT, que queda redactado como sigue:

“f) Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente, salvo que voluntariamente regularice su situación tributaria sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de esta ley relativo a la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo”.

Con la nueva redacción, desde la entrada en vigor de la Ley, se exige recargo del artículo 27 de la LGT de la siguiente forma:

  • Por la parte del reintegro, desde la fecha de la devolución.
  • Por el resto, desde el fin de plazo de declaración.

Con el régimen anterior a la entrada en vigor de la ley se exigían intereses por la parte del reintegro (es decir, por la parte de devolución indebidamente obtenida) y recargos del artículo 27 de la LGT por el exceso.

  • ¿Cuándo entrará en vigor el cambio que afecta al artículo 26. 2 f) de la LGT?

Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No hay disposición transitoria al respecto.

  • ¿Qué régimen resulta aplicable a las declaraciones complementarias presentadas fuera de plazo que incluyen reintegro de una devolución obtenida derivada de una autoliquidación anterior?
  1. Declaraciones complementarias presentadas antes de la entrada en vigor de la norma: Se exigirán intereses por la parte del reintegro (es decir, por la parte de devolución indebidamente obtenida) y recargos del artículo 27 de la LGT por el exceso.
  • Declaraciones complementarias presentadas desde la entrada en vigor de la norma, se exige recargo del artículo 27 de la LGT de la siguiente forma:

b.1) Por la parte del reintegro, desde la fecha de la devolución. b.2) Al resto, desde el fin de plazo de declaración.

La nueva redacción del precepto determina que el devengo de los intereses de demora se efectuará conforme a lo dispuesto en el art. 27 LGT.

Ahora bien, hay que distinguir según se trate de cantidades a ingresar procedentes de un reintegro de una devolución o de una cuota a ingresar.

  • Si es un reintegro de una devolución el plazo a los efectos de aplicar el art. 27 con su sistema de recargos e intereses comenzará a partir del momento de la devolución.
  • Si es una cuota a ingresar a partir del día siguiente del fin del período voluntario.
  • ¿Qué recargo procede girar si en la declaración que se presenta fuera de plazo se reintegra la devolución y se realiza un ingreso adicional?

Sobre la parte del ingreso correspondiente al reintegro de la devolución, procederá la liquidación de recargo y, en su caso, intereses de demora, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la LGT, computándose el retraso desde la fecha de la devolución.

Sobre la parte del ingreso que no se corresponda al reintegro de la devolución, procederá la liquidación de recargo y, en su caso, intereses de demora, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la LGT, computándose el retraso desde el fin del plazo reglamentario establecido para la presentación e ingreso.

Ejemplo:

Declaración que origina una devolución de 1.000 euros. Se presenta una complementaria fuera de plazo a ingresar 5.000 euros. ¿Cómo se aplica el régimen de recargos?

Se diferenciarán las siguientes partes:

  1. Reintegro de Devolución: 1.000 euros.

Este importe llevará el recargo y los intereses de demora, en su caso, del artículo 27.2 de la LGT que corresponda desde la fecha en que tuvo lugar la devolución.

  • Resto: lo ingresado en la declaración presentada fuera de plazo, complementaria, descontada la parte de reintegro de devolución, es decir,

4.000 euros.

Este importe llevará el recargo y los intereses de demora, en su caso, del artículo 27.2 de la LGT que corresponda desde el fin del plazo establecido para la presentación de la declaración.

3.        Recargos     por     presentación    de     declaración     o     autoliquidación extemporánea.

  • ¿Qué tipos se aprueban en la nueva norma respecto del régimen de recargos por presentación de declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo?

El recargo será un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso.

Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 15 por ciento.

(Artículo 27.2 de la LGT)

  • ¿Desde cuándo resulta aplicable el nuevo régimen de recargos por presentación de declaraciones o autoliquidaciones extemporáneas?

La entrada en vigor tendrá lugar el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La nueva redacción del apartado 2 del artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será de aplicación a los recargos exigidos con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el obligado tributario y el recargo no haya adquirido firmeza.

La revisión de los recargos no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizarán por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos, previa audiencia al interesado.

(Disposición Transitoria Primera de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude y art 10.2 LGT).

  • A las declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento antes de la entrada en vigor de la nueva norma, ¿Se les aplica el nuevo porcentaje de recargos?

Sí, siempre que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

  • No se haya iniciado el expediente de recargo.
  • El expediente de recargo esté en tramitación.
  • No se haya agotado el plazo para plantear recurso o reclamación contra el recargo.
  • Se encuentre en tramitación el recurso o reclamación que se haya planteado contra el recargo.
  • Se encuentre en fase de ejecución la resolución o sentencia de un recurso o reclamación que se haya planteado contra el recargo.
  • ¿Qué ocurre si una vez en vigor la ley tengo en tramitación un expediente de recargo sin que se me haya notificado la resolución de liquidación del recargo?

Tendrá derecho a que se le aplique el nuevo régimen de recargos. Se le notificará la liquidación con los nuevos porcentajes de recargos.

No es necesario que el contribuyente lo solicite a la AEAT.

  • Los Tribunales han dictado resolución aplicando la normativa vigente antes de la entrada en vigor de la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal pero todavía no se ha ejecutado dicha resolución cuando entra en vigor dicha ley, ¿cómo se va a ejecutar la misma?

La ejecución de las Resoluciones de los Tribunales una vez en vigor la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal se efectuará conforme a la normativa vigente en la fecha de la ejecución, con independencia de la normativa que aplicaron los Tribunales en el momento de su resolución.

4.        Sanciones.

  • ¿Ha afectado el cambio normativo al régimen de sanciones previsto en la Ley General Tributaria?

Sí, se modifican los porcentajes de reducción para el caso de actas con acuerdo y, por otra parte, de reducción por pronto pago y no interposición de recurso o reclamación.

También se modifica el plazo de inicio de los procedimientos sancionadores a consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección

Ver preguntas siguientes.

  • Reducción de sanciones por pronto pago y no interposición de recurso o reclamación.

Modificación del artículo 188 .3 de la LGT. La reducción del 25% pasa a ser del 40%.

  • Reducción de sanciones para actas con acuerdo.

Modificación del artículo 188.1 a) de la LGT. La reducción del 50% pasa a ser del 65%.

  • Plazo de inicio de los expedientes sancionadores a consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección.

Modificación del artículo 209.2 de la LGT. Se amplía el plazo de 3 a 6 meses.

  • ¿Desde cuándo resulta aplicable el nuevo régimen de sanciones?

La entrada en vigor será al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La nueva redacción de los apartados 1 y 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se aplicará a las sanciones acordadas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido firmeza. A estos efectos, la Administración tributaria competente rectificará dichas sanciones.

También se aplicará la nueva redacción del apartado 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si concurren las siguientes circunstancias:

  1. Que, desde su entrada en vigor y antes del 1 de enero de 2022, el interesado acredite ante la Administración tributaria competente el desistimiento del recurso o reclamación interpuesto contra la sanción y, en su caso, del recurso o reclamación interpuesto contra la liquidación de la que derive la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso o reclamación.
    1. Que en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la Administración Tributaria tras la acreditación de dicho desistimiento, se efectúe el ingreso del importe restante de la sanción.

(Disposición Transitoria Primera de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude y art 10.2 LGT).

  • He recibido una sanción antes de la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, ¿Tengo derecho a aplicar el nuevo régimen de sanciones beneficiándome del mayor porcentaje de reducción?

El nuevo régimen de sanciones es más favorable para el obligado tributario.

Esto supone que, a cualquier sanción que no haya sido recurrida y no haya adquirido firmeza en el momento de entrada en vigor de la norma se le debe aplicar el nuevo porcentaje de reducción.

  • ¿A qué sanciones les resulta de aplicación la nueva Ley?
  • Sanciones para las que todavía no se ha iniciado el procedimiento sancionador, aun correspondiendo a infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.
  • Sanciones cuyo procedimiento se encuentre en tramitación en el momento de entrada en vigor de la ley.
  • Sanciones para las que no se haya agotado el plazo para plantear recurso o reclamación.
  • Sanciones recurridas y que tras la entrada en vigor de la ley y antes del 1 de enero de 2022, se desista del recurso, conforme se indica en la Disposición Transitoria Primera de la Ley.
  • Sanción que debe ser anulada parcialmente en ejecución de un recurso o reclamación contra la liquidación o contra la propia sanción.
  • Si la sanción está recurrida en el momento de entrada en vigor de la nueva normativa, ¿Qué se puede hacer para beneficiarse del nuevo porcentaje de reducción del 40%?

Cabe el desistimiento contra el recurso o reclamación conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera para poder beneficiarse de la aplicación de los nuevos porcentajes de reducción.

Desde la entrada en vigor de la norma y antes del 1 de enero de 2022, el interesado debe acreditar ante la Administración tributaria competente el desistimiento del recurso o reclamación interpuesto contra la sanción y, en su caso, del recurso o reclamación interpuesto contra la liquidación de la que derive la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso o reclamación.

Como requisito adicional, en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la Administración Tributaria tras la acreditación de dicho desistimiento, debe efectuar el ingreso del importe restante de la sanción.

  • ¿Basta con el desistimiento del recurso contra la sanción para poder beneficiarme de la aplicación del nuevo porcentaje de reducción de sanciones?

No, si hubiera recurso o reclamación contra la liquidación, deberá desistir tanto del recurso o reclamación contra la sanción, como del interpuesto contra la liquidación.

  • ¿Cómo acredito ante la AEAT el desistimiento de los recursos o reclamaciones interpuestos?

Deberá acreditarlo presentando ante la AEAT el documento de desistimiento que presentó ante el órgano competente para conocer del recurso o reclamación.

  • El contribuyente interpone reclamación económico-administrativa contra una liquidación provisional. Con posterioridad desiste de la misma. ¿En caso de desistimiento de la reclamación, son aplicables las reducciones del 30% y del 40%?

No, sólo la reducción del 40%. No está previsto que, con el desistimiento del recurso o reclamación contra la liquidación, se recupere la reducción por conformidad del 30%.

  • Se aprecia un defecto formal de procedimiento que retrotrae actuaciones en el procedimiento de liquidación de la deuda tributaria y se inicia un nuevo procedimiento sancionador, ¿Resulta aplicable la nueva reducción del 40%?

Sí.

  • Si se confirma parcialmente una regularización, acordándose la anulación de la liquidación para su sustitución por otra, en los casos en que proceda minorar  la  sanción,  ajustándola  al  nuevo  importe  de  la    liquidación

¿Resulta aplicable la nueva reducción del 40% al nuevo importe minorado de sanción?

Sí.

  • ¿Qué ocurre si una vez en vigor la ley se había notificado el inicio de un expediente sancionador, pero no la resolución con la imposición de la sanción?

Se notificará la sanción con los nuevos porcentajes.

No es necesario que el contribuyente lo solicite a la AEAT.

  • ¿Es posible desistir de un recurso contra la ejecución de una sanción para poder aplicar el nuevo porcentaje de reducción?

Sí.

  • ¿Está previsto el desistimiento para beneficiarse del nuevo porcentaje de reducción en el caso de actas con acuerdo?

No, la Disposición Transitoria Primera sólo prevé el desistimiento para el supuesto de reducción del artículo 188.3 de la LGT, en el caso de pronto pago y no recurso ni reclamación contra la sanción o la liquidación.

5.        Sanciones por limitación de pagos en efectivo.

  • ¿Cómo afecta la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal a las limitaciones de pagos en efectivo?

Disminuye el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros para las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional.

Se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España.

  • Relacionado con la limitación de pagos en efectivo, ¿Qué consecuencias tendría el pago de la sanción impuesta en cualquier momento posterior a la propuesta de sanción, pero antes de recibir la notificación de la resolución definitiva?

Una vez notificada la propuesta de resolución, el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la notificación de la resolución implicará la terminación del procedimiento con las siguientes consecuencias:

  • Reducción de la sanción del 50 por ciento. Esa reducción se perderá si se recurre en la vía contencioso-administrativa, exigiéndose el importe restante de la sanción sin más trámite que la notificación al interesado.
  • Terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.
  • Renuncia a formular alegaciones que, en su caso, se entenderán como no presentadas.
  • Agotamiento de la vía administrativa, sin perjuicio de la posibilidad del recurso en vía contencioso-administrativa, computándose el plazo de ese recurso desde la fecha del pago.
  • ¿Desde qué momento resultan aplicables los nuevos límites para pagos en efectivo?

Resultará aplicable para los pagos efectuados a partir de la entrada en vigor de la norma, aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.

La norma entra en vigor el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

  • ¿Resulta aplicable la nueva reducción por pago voluntario a las sanciones exigidas antes de la entrada en vigor de la ley?

Sí, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido firmeza.

Ahora bien, en el caso de que hayan sido recurridas, también se aplicará la citada reducción si concurren las siguientes circunstancias:

  1. Que, desde su entrada en vigor y antes del 1 de enero de 2022, el interesado acredite ante la Administración competente el desistimiento del recurso interpuesto contra la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso.
    1. Que en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la Administración tras la acreditación de dicho desistimiento, se efectúe el ingreso del importe restante de la sanción.
  • En caso de finalización del procedimiento sancionador por la realización del pago voluntario ¿Es posible impugnar la sanción por incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo? ¿Qué recurso puede interponerse?

El pago voluntario de la sanción reducida supone la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, y el agotamiento de la vía administrativa. Por ello, no procede la admisión del recurso de alzada.

La sanción podría ser recurrida únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El plazo para la interposición del recurso se computa desde la fecha del pago. Y la interposición de dicho recurso supondrá la pérdida de la reducción aplicada, que se exigirá sin más trámites que la notificación al interesado.

6.        Suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos.

  • ¿Ha habido algún cambio normativo que afecte a la suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo?

Sí, la disposición final tercera ha modificado el apartado 2 de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que queda redactado como sigue:

«2. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de mayo   de

2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria.

En el caso de plazos de prescripción, la suspensión del párrafo anterior solo resultará aplicable a aquellos plazos que, sin tener en cuenta la misma, finalicen antes del día 1 de julio de 2021

Por tanto, en los casos en que resulte aplicable la suspensión del plazo de prescripción prevista en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, el plazo finalizará, si no se produce la interrupción del mismo, una vez trascurridos 4 años y 78 días (periodo comprendido entre el 14/03/2020 y el 30/05/2020 durante el que estuvo suspendido el plazo).

La suspensión del cómputo señalado se aplicará a partir de la entrada en vigor de la ley a aquellos plazos de prescripción que finalizaran originariamente antes de 1 de julio de 2021.

  • ¿Qué derechos se van a ver afectados por la suspensión del plazo de prescripción prevista en el apartado 2 de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, tras la modificación efectuada por la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal?

Habrá que estar a los plazos de declaración de cada tributo y a las reglas de cómputo del plazo de prescripción de los derechos contemplados en el artículo 66 de la LGT.

Por ejemplo, en el caso del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente liquidación y suponiendo que no se hubiera producido previamente la interrupción del mismo, el último periodo impositivo al que afectaría la suspensión del plazo y el primero al que ya no resultaría aplicable, serían los siguientes:

IRPF: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo de prescripción del derecho a liquidar es el correspondiente al ejercicio 2016, para el que el plazo de declaración finalizó el 30 de junio de 2017 y para el que el plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda habría finalizado antes del 1 de julio de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Para el IRPF de los ejercicios 2017 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo de prescripción.

IVA con periodo de declaración trimestral: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión es el primer trimestre del ejercicio 2017, para el que el plazo de declaración finalizó el 20 de abril 2017 y para el que el plazo de prescripción habría finalizado antes del 1 de julio

de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Para el IVA del segundo trimestre del ejercicio 2017 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo.

IVA con periodo de declaración mensual: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo es el correspondiente al mes de mayo de 2017, para el que el plazo de declaración finalizó el 20 de junio de 2017 y para el que el plazo de prescripción habría finalizado antes del 1 de julio de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Para el IVA del mes de junio del ejercicio 2017 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo.

Impuesto sobre Sociedades de entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo de prescripción es el ejercicio 2015, para el que el plazo de declaración finalizó el 25 de julio de 2016 y para el que el plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda habría finalizado antes del 1 de julio de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Para el IS de los ejercicios 2016 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo de prescripción.

  • En el caso de que con anterioridad al 14 de marzo de 2020 se hubiese interrumpido el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria, ¿el cómputo del nuevo plazo de 4 años se ve afectado por la suspensión?

La suspensión del plazo resultará aplicable si el nuevo periodo de 4 años que estaba transcurriendo finalizaba antes del 1 de julio de 2021, sin tener en cuenta la suspensión.

Por ejemplo, supongamos que el plazo de prescripción del IRPF del ejercicio 2013 se interrumpió el 1 de abril de 2017. Dado que el transcurso del nuevo plazo de 4 años finalizaría antes del 1 de julio de 2021, dicho plazo sí se verá afectado por la suspensión, por lo que habrá que sumar al mismo 78 días.

En cambio, supongamos ahora que el plazo de prescripción del IRPF del ejercicio 2013 se interrumpió el 1 de noviembre de 2017. Dado que el transcurso del nuevo plazo de 4 años no finalizaría antes del 1 de julio de 2021, dicho plazo no se verá afectado por la suspensión y finalizará una vez completados los 4 años.

7.        Responsabilidad subsidiaria de titulares de Depósitos Fiscales y Registro de Extractores de Depósitos Fiscales.

La entrada en vigor del Artículo octavo de la Ley 11/2021, de 9 de julio, que modifica el la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se produce con arreglo a la regla general de la norma (Disposición final séptima), por lo que, formalmente, ya se encuentra en vigor.

No obstante, hay en la propia norma un requisito cuyo cumplimiento exige ineludiblemente de un desarrollo reglamentario ya que se estable:

“los titulares de depósitos fiscales de productos comprendidos en los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre Hidrocarburos serán responsables subsidiarios del pago de la deuda tributaria correspondiente a las entregas de dichos productos efectuadas por los sujetos pasivos de las operaciones asimiladas a las importaciones de bienes devengadas con ocasión de la salida o el abandono de los bienes del régimen de depósito distinto del aduanero. Dicha responsabilidad subsidiaria solo será exigible cuando el extractor, o la persona autorizada por el mismo, no esté incluido en el Registro de extractores que reglamentariamente se establezca, y su importe no podrá exceder del de las cuotas devengadas por aplicación del artículo 19. 5.º de esta Ley con ocasión de la salida o el abandono de los bienes del régimen de depósito distinto de los aduaneros.

Por lo tanto, debe entenderse que hasta tanto el desarrollo reglamentario, al que se refiere la norma, sea completado y entre en vigor la responsabilidad a la que alude el artículo no puede ser aplicada. Así mismo, en este momento tampoco resulta posible cursar el alta en el Registro toda vez que dicho registro no ha sido creado ni se han operado las modificaciones necesarias en el modelo 036.


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Nicolás Emery dedica a los AUTÓNOMOS el consultorio jurídico de Ràdio Calvià FM

El abogado y economista Nicolás Emery, que comenzó el último consultorio jurídico de Radio Calvià FM con la advertencia de la entrada en vigor de la nueva Ley Antifraude y la limitación de pagos en efectivo a 1000 €, dedicó el grueso del espacio de radio, como tema central del día, a los AUTÓNOMOS, el autoempleo o los trabajadores por cuenta propia. Repasando comparativamente las cuotas, porcentajes y bases de cotización de los autónomos en los países de nuestro entorno, posteriormente ha tratado las siguientes figuras de autónomos y sus particularidades, así como ha respondido a las cuestiones señaladas a continuación:

• La tarifa plana para autónomos
• Tipos de autónomos: el autónomo societario
• El autónomo dependiente económicamente (los falsos autónomos)
¿Es posible facturar sin estar dado de alta de autónomo?
• ¿Qué es la base mínima de cotización?
• Tipo aplicable para calcular la cuota
El futuro de las cotizaciónes: 13 tramos de autónomo, según el informe filtrado desde el Ministerio que marca tramos desde 90 € hasta 1.220 € durante un plazo de 9 años desde 2023
¿Para qué pagamos el autónomo?


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Marga de Matos y Nicolás Emery en MÚLTIPLEX de IB3 Ràdio sobre la situación del mercado laboral en las Baleares

Este pasado viernes la dupla formada por la abogada especializada en materia laboral Marga de Matos y el abogado y economista Nicolás Emery fueron invitados al Múltiplex de IB3 Ràdio para tratar la difícil situación del mercado laboral en las Islas Baleares provocada por la pandemia del Covid, los ERTEs y las pesimistas previsiones de los analistas acerca de la recuperación de puestos de trabajo, las cuales vaticinan que 6 de cada 10 trabajadores que se encontraban en ERTE al principio de verano no recuperarán su puesto de trabajo, lo que se traduciría en la pérdida de 270.000 empleos en toda España.


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Ley de Teletrabajo: multas de hasta 7.500 € por no entregar equipo informático al trabajador.

Si bien las sanciones previstas no entran en vigor hasta el próximo mes de octubre, es preciso que empresa y trabajador rubriquen su acuerdo en relación con las condiciones del teletrabajo, puesto que la Ley 10/2021, de trabajo a distancia fija tres tipos de sanciones y todas ellas están en relación con el incumplimimiento del acuerdo de teletrabajo, un documento en el que ambas partes de la relación laboral, empleado y empleador, fijan las condiciones específicas del trabajo a distancia.

Lee a cotinuación un completo artículo de elEconomista.es sobre la nueva Ley 10/2021, de trabajo a distancia, sus obligaciones para empresarios y trabajadores y las sanciones previstas para su incumplimiento. Además, puedes consultar el texto de la ley en vigor publicado en el BOE en formato pdf aquí:


Las multas a empresas por no cumplir la Ley de Teletrabajo: hasta 7.500 euros por no dar ordenador

Las sanciones no entrarán en vigor hasta octubre, pero empleados y empresa deben firmar ya su acuerdo de teletrabajo

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FUENTE: elEconomista.es 21/07/2021

La Ley de trabajo a distancia ya es una realidad en España. Aprobada hace un par de semanas, la nueva norma recoge qué se considera en concreto teletrabajo y bajo qué condiciones se debe cumplir. Y sí, también estipula sus sanciones, aunque en este caso estas no se comenzarán a ejecutar hasta octubre del presente año.

¿Pero qué tipo de sanciones recoge la Ley? La norma estipula tres tipos de sanciones y todas ellas están en relación con no cumplir el denominado ‘acuerdo de teletrabajo’, un documento que deben cumplimentar empleado y empresas para fijar las condiciones.

El acuerdo de trabajo a distancia que deben firmar empleado y empleador debe recoger un “contenido mínimo obligatorio” que menciona las herramientas que se van a usar (un ordenador, un móvil, por ejemplo), los gastos que se recogen por trabajar a distancia (la conexión a internet) y el horario estipulado. Todo este listado de mínimo aparece en el artículo 7.

Además, en ese mismo acuerdo también se pueden recoger las herramientas de control que pueda establecer la empresa para asegurarse de que el empleado está realizando sus labores a distancia.

Qué sanciones se estipulan: hasta 7.500 por no dotar de medios

En este marco, los empresarios que no proporcionen los materiales necesarios y por lo tanto falten a esta norma se enfrentarán a una multa que puede llegar a ser de 7.500 euros, al ser considerada una sanción grave.

Dependiendo del grado de incumplimiento del contrato, la sanción también puede ser considerada leve o muy grave, con las siguientes cuantías.

– Leves con multas de 70 a 150 euros en su grado mínimo; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros.

– Las graves con multa en su grado mínimo de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros.

– Las muy graves con multa en su grado mínimo de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.

Qué exige el acuerdo de teletrabajo

Todas estas vicisitudes entre empresa y trabajador deben quedar recogidas según la ley en un acuerdo de trabajo a distancia, un documento que deberá realizarse por escrito. Este acuerdo podrá estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior, pero en todo caso “deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia”, dice la norma.

Según marca el artículo 7 de la nueva Ley, será contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, “sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en los convenios o acuerdos colectivos”, los siguientes puntos:

– Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos.

– Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.

– Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad.

– Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso.

– Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.

– Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia.

– Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso.

– Medios de control empresarial de la actividad.

– Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.

– Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.

– Duración del acuerdo de trabajo a distancia


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El Gobierno pone fecha al nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos

El Gobierno ha puesto en marcha la nueva cotización por ingresos reales de los autónomos, de cara al 2023, cuando se produzca la recuperación económica, tras la salida de la crisis provocada por la situación actual sociosanitaria.

Se pretende aprobar un periodo de transitoriedad de 9 años para que tanto los autónomos que vayan a cotizar menos como los que tengan que cotizar más, vayan adaptándose. Los trabajadores por cuenta propia podrán seguir eligiendo su base de cotización en previsión de sus rendimientos netos, las cuotas irán entre los 90 y los 1.220 euros al mes.

Hoy, la base mínima de cotización de los autónomos es de 944 euros y la máxima es de 4.070 euros. Los que cotizan por la mínima pagan una cuota de unos 286 euros al mes al Estado, mientras que los que lo hacen por la máxima desembolsan unos 1.208 euros. Ahora, el autónomo decide la base en la que quiere tributar y el 86% de las personas físicas elige hacerlo por la mínima. Es decir, decide pagar 286 euros.

Lo cierto es que, con la fórmula del Ministro Escrivá, muchos autónomos pagarán una mensualidad menor, pero otros tantos verán hasta quintuplicada su cuota mensual. Para 2023, primer año de la entrada en vigor de la medida, el Gobierno ha establecido:

  • 200 euros al mes para los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o menos.
  • 215 euros para quienes tengan ingresos que oscilen entre 3.000 euros y 6.000 euros.
  • 230 euros para quienes tengan unos ingresos superiores a 6.000 euros, pero inferiores a 9.000 euros.
  • 245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.
  • 260 euros para los de 12.600 a 17.000 euros de ingresos anuales.
  • 275 euros para los de 17.000 euros a 22.000 euros.
  • 290 euros para los de 22.000 a 27.000 euros.
  • 305 euros para los de 27.000 a 32.000 euros.
  • 320 euros para los de 32.000 a 37.000 euros.
  • 340 euros para los de 37.000 a 42.000 euros.
  • 360 euros para los de 42.000 a 47.000 euros.
  • 380 euros para los de 47.000 a 48.841 euros.
  • 400 euros si se tienen unos rendimientos superiores a 48.841 euros anuales.

Vemos que, durante el primer año del periodo transitorio de aplicación de esta reforma (2023), se establecerá una cotización intermedia por tramos cuyo número se irá incrementando progresivamente para quienes más ganan. Así, los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o menos tendrán una cuota de 200 euros al mes en 2023, primer año de aplicación del nuevo sistema, que será de 215 euros para quienes tengan ingresos que oscilen entre 3.000 euros y 6.000 euros, de 230 euros para quienes tengan unos ingresos superiores a 6.000 euros, pero inferiores a 9.000 euros, y de 245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.

Con este primer planteamiento, vemos que los autónomos que ganen hasta 22.000 euros verán reducida su cuota. Ellos serán los grandes beneficiados de la reforma de Escrivá.

Sin embargo, a partir de esa cuantía, todos los autónomos pagarán más. Dicho de otra forma, el Gobierno pretende subirle los impuestos a todos los autónomos que ganen más de 22.000 euros en 2023 y que coticen por la base mínima. Ante este sistema nos podemos preguntar si va a afectar realmente a las rentas más altas, según datos del INE, el salario bruto medio anual en España es de 24.009 euros, por lo que ni siquiera se le podría considerar clase media a los autónomos que ganan 22.000 euros.

La siguiente tabla muestra los rendimientos que obtuvo cada uno de los 3 millones de autónomos que hay en España.

Para los autónomos que ganen de 22.000 a 27.000 euros la subida sería de 4 euros al mes, o 48 euros al año, que puede suponer una cantidad insignificante, pero cuanto más se incrementan los ingresos, las cuotas se disparan. Por ejemplo, los que ganen entre 32.000 y 37.000 euros tendrán que pagar 34 euros más al mes dentro de dos años, mientras que los que tengan unos rendimientos superiores a 48.841 euros anuales pagarán 114 euros. Dicho de otra forma, casi 280.000 autónomos pagarán un 40% más de impuestos en menos de dos años. Este golpe al bolsillo de los autónomos que más ganan podría suponer un desincentivo a la generación de riqueza e incluso, una invitación a la economía sumergida.

Una reforma que en un primer momento se dijo que sería de trece tramos, pero ahora se están barajando entre 5 o 7” y unas cuotas que oscilarán entre un mínimo de 90 euros y un máximo de 1.220 euros una vez finalizado el periodo de 9 años de despliegue total de la reforma.

Las intenciones del Gobierno han incendiado a las organizaciones de autónomos.

Una vez que finalice el periodo de despliegue de la reforma de 9 años, a partir de 2031 las cuotas correspondientes a cada uno de los  tramos (con ajustes vinculados a la inflación) serán de 90 euros al mes para quienes ganen menos de 3.000 euros, de 120 euros para quienes ingresen de 3.000 a 6.000 euros netos al año, de 185 euros para los autónomos con rendimientos de entre 6.000 y 9.000 euros y de 235 euros para quienes ganen entre 9.000 y 12.600 euros al año.

La idea que maneja Escrivá es que los autónomos puedan elegir provisionalmente su base de cotización entre los tramos que se aprueben, en función de sus previsiones de rendimientos con la posibilidad de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos. Si existen diferencias una vez hecha la regularización anual, el trabajador deberá proceder a su ingreso en caso de haber cotizado menos de lo que le correspondía y podrá solicitar la devolución si la cotización realizada fue superior.

Además, el documento detalla que los autónomos que tengan rendimientos fiscales declarados inferiores a la base mínima de cotización vigente cotizarán por los mismos. «Sin perjuicio de ello, a efectos de la acción protectora se reconocerá la base mínima correspondiente durante un periodo máximo de dos años», señala.

También destaca que los autónomos cuyos rendimientos fiscales derivados de la actividad por cuenta propia estén por encima de la actual base mínima de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cotizarán por los mismos y que esta base mínima se equiparará progresivamente a la del Régimen General de la Seguridad Social.

Rechazo de la propuesta: Tanto CEOE como ATA «no están de acuerdo» con esta propuesta.

Aunque el Ejecutivo de Sánchez se escude en el bien de los autónomos para vender su reforma, ya que más de la mitad de ellos pagará menos, hay que dejar claro que la reforma se hace para recaudar más, por lo que los impuestos de los autónomos que menos paguen quedarán compensados de lejos con los perjudicados. El Gobierno prevé que la reforma del Reta eleve en un 20% la recaudación de la Seguridad Social a través de las aportaciones que realizan los trabajadores por cuenta propia, es decir, unos 2.000 millones de euros más cada año, que se sumarían a los 10.000 millones de media que suponen las cotizaciones de todos los autónomos a lo largo de un año para las arcas públicas del Estado.

Aunque, todavía no hay nada cerrado y están pendientes del diálogo social. A las asociaciones de autónomos, aunque apoyan la cotización por ingresos reales, les ha indignado la medida por su contenido y porque no había sido informados previamente. “


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Economía aclara: Las ayudas directas para empresas y profesionales llegarán a las empresas, aunque no sean morosas

Las estadísticas que brindan las asociaciones de autónomos y pymes no son alentadoras: el 90% de empresarios y profesionales afectados por caídas de facturación quedan excluidos de las ayudas directas dispuestas hace ya 4 meses por el Gobierno de España y gestionadas por las Comunidades Autónomas (855 millones de € en el caso de Baleares) y, además, a día de hoy, no se han desembolsado ni la mitad de esos siete 7.000 millones de €. Hay dudas entre las CCAA y entre los solicitantes y posibles beneficiarios al respecto de qué costes pueden cubrirse con las ayudas.

Por todo lo anterior el Ministerio de Economía ha querido solventar dichos inconvenientes a través de un documento informativo (que no se ha hecho público) en el que aclara a las CCAA que las ayudas directas de que los empresarios hagan uso si les corresponden podrán destinarse por los mismos al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros (la ayuda debe destinarse primero a pagar la deuda financiera y, dentro de ella, primero a la que tiene aval público) y, por último, a abonar pérdidas contables, excluidas las pérdidas por deterioro del valor puntuales, justificando la existencia de las mismas y siempre que vengan referidas al período entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021 (que es el que cubre el decreto de las ayudas).


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Si quieres más información, lee un interesante artículo en que se da cuenta de esta noticia que te transcribimos a continuación (y pincha los enlaces directos para acceder a ellos en su lugar original de publicación):

FUENTE: LaInformación (y europapress) AUTOR: Fernando H. Valls FECHA: 19.07.2021

Calviño blinda las ayudas a empresas con pérdidas aunque no sean morosas

Economía aclara a las comunidades autónomas que el fondo de 7.000 millones puede ir también destinado a empresas con pérdidas contables por el Covid. Más de la mitad del dinero está sin repartir, según ATA.

El Gobierno dará de 4.000 a 200.000 € en ayudas a empresas y autónomos

Economía quiere que las ayudas directas lleguen ya a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia y se solucionen los inconvenientes que existen. Porque problemas hay, según han hecho saber varias comunidades autónomas al Ministerio y según han denunciado en público Cepyme y ATA. Para intentar avanzar en una solución el Gobierno aclara que aquellas compañías que hayan registrado pérdidas contables con motivo de la pandemia también pueden acceder al fondo de 7.000 millones. Aunque no tengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

Son ya cuatro meses desde la aprobación, en Consejo de Ministros, de ese paquete de ayudas directas a pymes repartidos entre Canarias y Baleares, a los que les correspondió 2.000 millones, y el resto de autonomías, con 5.000. Pero varios gobiernos autonómicos han expresado “dudas” sobre cuáles son los costes de las empresas afectadas por la pandemia que se pueden financiar con este fondo. No era una cuestión que quedaba totalmente clarificada.PUBLICIDAD

Por ello, en aras de la comprensión, Economía emitió un documento para despejar las dudas. Se llama “Aclaraciones al Título I del Real Decreto-ley 5/2021” y ya está en poder de los gobiernos autonómicos. No es un documento público pero sirve, en efecto, para blindar y clarificar qué tipo de situaciones puedes ser susceptibles de estas ayudas.

De esta forma, según esa “aclaración, y en virud de lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal de Ayudas de Estado en relación con los costes fijos, las empresas que cumplan los requisitos para percibir estas ayudas, establecidos en el mencionado Real decreto-ley, pueden destinar las ayudas a compensar pérdidas contables originadas durante la pandemia. Por ejemplo, pueden solicitar ayudas para pagar un préstamo que tuvieran contraido.

El periodo que abarca el decreto es claro: entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021. Si las empresas han tenido pérdidas contables en ese periodo pueden destinar las ayudas directas del fondo a cubrir los costes fijos generados durante ese año y tres meses, costes, eso sí, que no estén cubiertos por la contribución a los beneficios (es decir, los ingresos menos los costes variables) ni por otras fuentes como seguros, medidas temporales u otro tipo de ayudas.

Es decir, por resumir, las ayudas directas pueden destinarse por las comunidades autónomas al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros (la ayuda debe destinarse primero a pagar la deuda financiera y, dentro de ella, primero a la que tiene aval público) y, por último, a abonar pérdidas contables, excluidas las pérdidas por deterioro del valor puntuales, justificando la existencia de las mismas.

Mira también Las CCAA exigen sentarse con Montero para aclarar el lío de las ayudas directas

Cuatro meses después de la aprobación del decreto de ayudas directas la confusión entre comunidades autónomas y posibles beneficiarios de las mismas siguen las dudas. Las asociaciones de autónomos y pymes denuncian que no se han desmobolsado ni la mitad de esos 7.000 millones y que más de un 90% de los afectados por caídas de facturación quedan excluidos. Es una cifra que aporta la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

El Gobierno fijó que las ayudas directas a las empresarias serían de 3.000 y 200.000 euros y que, para recibirlas, las interesadas tendrían que acreditar una caída de sus ingresos de, cómo mínimo, un 30% de sus ingresos.

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¿Autónomo, sabes a cuánto ascenderá tu pensión de jubilación? Quizá es el momento de cambiar tu base de cotización

Por regla general, atendiendo más a la situación presente e inmediata que a la futura, el trabajador autónomo promedio en nuestro país tiende a cotizar por la base mínima de cotización, que, a día de hoy, está fijada en 944,40 € mensuales. Las estadísticas de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) arrojan este demoledor dato: aproximadamente un 90% de los autónomos en España cotizó por la base mínima el año 2019.

Quizá es el momento de cambiar tu base de cotización

Los autónomos, dependiendo de las circunstancias, pueden alterar la base de cotización a lo largo de su vida laboral en función de las previsiones o certezas que tengan acerca de sus ingresos. Aumentar o disminuir la base de cotización repercute en nuestra pensión de jubilación, pues tendrá, en función de ello, una mayor o menor cuantía.

No obstante lo anterior, el autónomo sólo puede cambiar su base de cotización de forma libre hasta los 47 años de edad, ya que con posterioridad existen limitaciones al respecto:

  • solo los trabajadores mayores de 41 años en 2021, que tengan una base de cotización de 2.052 euros en el mes de diciembre de 2020, podrán mantener esa libertad de elección.
  • Por el contrario, los que estén por debajo de ese límite no podrán elegir una base superior a 2.077,80 euros.

¿Cuántos años debo cotizar para cobrar la pensión mínima?

Según los siguientes tramos, son necesarios

  • Al menos 15 años cotizados para recibir la pensión mínima.
  • 20 años para cobrar el 50% de la pensión.
  • 36 años para cobrar el 100% de la pensión.

¿A qué importe asciende la pensión mínima?

• Un autónomo que haya cotizado 944,40 euros mensuales (base mínima) durante un periodo de 15 años (período mínimo que da derecho a pensión) habrá generado un derecho a cobrar una pensión de jubilación de 226 euros al mes.

  • Será la pensión de 561 euros/mes si se cotiza por la base mínima durante al menos 25 años.
  • La pensión de jubilación alcanzará los 789 euros/mes si la cotización por la base mínima alcanza los 36 años.

Los expertos recomiendan cotizar por la base mínima sólo los períodos estrictamente necesarios, como en los inicios de un negocio o en los períodos en que la facturación cae por falta de actividad.

¿Eres autónomo y quieres preparar con tiempo tu jubilación y quizás cambiar tu base de cotización ahora? Podemos ayudarte: ven a Moya&Emery


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La ley 11/2021 de prevención y lucha contra el fraude fiscal trae importantes cambios y quiere acabar con las sociedades zombis

La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, esta vez sí, quiere acabar con las empresas inactivas, también llamadas empresas fantasma o zombi. Así, con esta Ley:

  • Los notarios vendrán obligados a incluir el número de identificación fiscal en la escritura en que se constituya cualquier entidad jurídica; cualquier mercantil podrá ver su código revocado si no cumple sus obligaciones y, en tal caso, los notarios deberán informar a la Agencia Tributaria de las sociedades con el CIF revocado que intenten elevar a público cualquier negocio jurídico para evitar cualquier tipo de fraude.
  • La publicación en el BOE de la revocación del número de identificación fiscal impliacará la imposibilidad de que bancos y entidades de crédito realicen cargos o abonos en las cuentas o depósitos cuya titularidad corresponda a las personas jurídicas con el CIF revocado.
  • Se pone en marcha un régimen sancionador más fuerte, con multas contra las empresas que no presentan sus cuentas anuales de hasta 300.000 €.

Puedes hacer clic aquí para acceder en formato pdf al BOE con la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

Además, a continuación te transcribimos un completo artículo de Noticias Jurídicas, sobre el alcance de la nueva ley en lo que respecta a las sociedades:


Ley 11/2021, de 9 de julio: fin a las sociedades fantasma

FUENTE: Noticias Jurídicas

Se modifica el régimen de revocación del número de identificación fiscal para que las entidades inactivas no puedan realizar inscripciones en ningún registro público

Este domingo ha entrado en vigor la ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Impone un nuevo paquete de normas contra la elusión fiscal, que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior. Pondrá fin a las sociedades inactivas, zombis o fantasmas y, esta vez (se supone) de verdad.

En la modificación incluida en Ley del Notariado por el artículo 19 de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude publicada en el Boletín Oficial de Estado el pasado 10 de julio, se prevé expresamente la obligación de incluir el número de identificación fiscal en la escritura pública por la que se cree o constituya cualquier tipo de entidad jurídica.

El Consejo General del Notariado facilitará a la Administración Tributaria la identificación de aquellas entidades con número de identificación fiscal revocado que hubieran pretendido otorgar un documento público. Todo ello, con el fin de mejorar el control efectivo de estas entidades y evitar situaciones de posible fraude.

Con esta reforma de la función notarial se pretende que:

1.Ante cualquier escritura pública referida a una persona jurídica el notario compruebe previamente que su NIF no haya sido revocado accediendo a la base de datos de la Agencia Tributaria.

2.El fedatario público informe a las autoridades tributarias de estas tentativas de negocio con NIF no vigentes, para que la administración pueda investigarlo

3.En todas las constituciones de empresas se asigne un NIF en la propia notaría a efectos de facilitar su rastreo.

Modificación de la Ley General Tributaria

La publicación de la revocación del número de identificación fiscal asignado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) determinará, además de su pérdida de validez a efectos identificativos, la imposibilidad de que las entidades de crédito realicen cargos o abonos en las cuentas o depósitos bancarios en que consten como titulares o autorizados los propietarios de dichos números revocados.

Cuando la revocación se refiera al número de identificación fiscal de una entidad, su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” implicará la abstención del notario para autorizar cualquier instrumento público relativo a declaraciones de voluntad, actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, contratos y negocios jurídicos de cualquier clase, así como la prohibición de acceso a cualquier registro público, incluidos los de carácter administrativo, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal.

El registro público en el que esté inscrita la entidad a la que afecte la revocación, en función del tipo de que se trate, procederá a extender en la hoja abierta una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse inscripción alguna que afecte a aquella, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal. Excepcionalmente, se admitirá la realización de los trámites imprescindibles para la cancelación de la nota marginal anteriormente indicada.

La revocación, en ningún caso, impedirá a la Administración Tributaria exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes.

Modificación de la Ley del Notariado 

Tratándose de escrituras públicas por las que se cree o constituya una entidad con o sin personalidad jurídica el Notario deberá incluir obligatoriamente en aquellas el número de identificación fiscal. Con carácter previo a la autorización o intervención de cualquier escritura pública, acta o póliza, el notario consultará la lista de números de identificación fiscal revocados. El Notario deberá abstenerse de autorizar o intervenir cualquier instrumento público que se pretenda otorgar por una entidad jurídica con número de identificación fiscal revocado de conformidad con lo previsto en la normativa tributaria.

Finalmente, el Consejo General del Notariado suministrará a la Administración Tributaria la información relativa a las operaciones en las que se hubiera incumplido la obligación de comunicar al Notario el número de identificación fiscal para su constancia en la escritura, así como los medios de pago empleados y, en su caso, la negativa a identificar los medios de pago. Estos datos deberán constar en los índices informatizados. El Consejo General del Notariado establecerá un sistema automatizado para que el Notario a través de aquel suministre a la Administración Tributaria la identificación de aquellas entidades jurídicas con número de identificación fiscal revocado y no rehabilitado que hubieran pretendido otorgar un documento público.

Falta de depósito de cuentas 

Desde el pasado 30 de enero la regulación sobre Auditoría de Cuentas refuerza el régimen sancionador contra las empresas que no presentan sus cuentas anuales con multas de hasta 300.000 euros.

En este sentido, las disposiciones adicionales décima y undécima del Real Decreto 2/2021 da un impulso al régimen de imposición de sanciones a aquellas sociedades que incumplan la obligación de depósito de cuentas, con la introducción de una serie de medidas que completan el régimen sancionador regulado en el artículo 283 LSC.:

• Podrá encomendarse la gestión y decisión sobre los expedientes sancionadores por incumplimiento del deber de depósito de cuentas a los registradores mercantiles del domicilio de la sociedad incumplidora (la DGSJFP y el ICAC acordarán los aranceles por esta gestión), cobrando de esta manera los registradores mercantiles un nuevo protagonismo en este proceso.

• El plazo total para resolver y notificar la resolución en el procedimiento sancionador será de seis meses a contar desde la adopción por el Presidente del ICAC del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la suspensión del procedimiento y de la posible ampliación de dicho plazo según lo establecido en la LPAC.

• Se establecen los criterios para determinar el importe de la sanción (que en la práctica son los que venía aplicando el ICAC), dentro de los límites establecidos en el artículo 283.1 LSC: entre 1.200 euros a 60.000 euros (cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros el límite de la multa para cada año de retraso se elevará a 300.000 euros):

  1. La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
  2. En caso de no aportar la declaración tributaria citada, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
  3. En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento.

Por tanto, si las cuentas anuales hubiesen sido depositadas con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, la sanción se impondrá en su grado mínimo y reducida en un cincuenta por ciento. Las infracciones por falta de depósito de cuentas prescribirán a los tres años (art. 283.4 LSC)


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Entra en vigor la nueva Ley del trabajo a distancia

La Ley 10/2021, de trabajo a distancia, que entró en vigor el pasado domingo 11 de julio, comienza definiendo los conceptos de lo que deba entenderse por:

  • 𝙏𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖: se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.
  • 𝙏𝙚𝙡𝙚𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤: trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
  • 𝙏𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡: se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

Y señala posteriormente la Ley que la misma será aplicable a las relaciones de trabajo que se desarrollen a distancia con 𝙘𝙖𝙧á𝙘𝙩𝙚𝙧 𝙧𝙚𝙜𝙪𝙡𝙖𝙧 (no de forma ocasional) y sólo cuando haya acuerdo entre trabajador y empresario. Por tanto, el trabajo a distancia no puede ser impuesto sino que debe ser voluntario y precisará de haber firmado un 𝙖𝙘𝙪𝙚𝙧𝙙𝙤 𝙙𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖 con el empleador.

Lee a cotinuación un completo artículo del portal Noticias Jurídicas sobre la nueva Ley 10/2021, de trabajo a distancia y todas sus obligaciones para empresarios y trabajadores y consulta el texto de la ley en vigor publicado en el BOE en formato pdf aquí:


Ley 10/2021: así es la ley del teletrabajo y el trabajo a distancia

FUENTE: Noticias Jurídicas

La norma aumenta las sanciones previstas para las empresas incumplidoras. Las compañías deberán garantizar la provisión de medios a los empleados y la adaptabilidad de las herramientas para las personas con discapacidad

Este domingo ha entrado en vigor la Ley 10/2021, 9 jul., de trabajo a distancia. La normativa llega tras la tramitación como proyecto de Ley del RDL 28/2020, 22 de sept., convalidado en su día por el Congreso de los Diputados.

La norma tiene fecha de entrada en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (que tuvo lugar el día 10 de julio), excepto la disposición final 1ª.2 (relativa a la modificación del artículo 40 LISOS) con entrada en vigor el 1 de octubre de 2021.

Veamos las principales implicaciones de la norma en el ámbito laboral:

1. Capítulo I. Disposiciones generales y definiciones (arts. 1 a 4)

Este capítulo I desarrolla el ámbito personal de aplicación, las definiciones de trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial a los efectos de esta ley, limitaciones, así como los principios de igualdad de trato y oportunidades y no discriminación, recogiendo aspectos concretos para hacer efectivo estos principios, teniendo en cuenta las especificidades que puede conllevar el trabajo a distancia en las condiciones de trabajo.

Así, la norma será de aplicación para aquellas relaciones de trabajo (incluidas dentro del art. 1.1 ET) que se desarrollen a distancia con carácter regular. Es la primera alusión de la Ley a la exclusión de la prestación ocasional. Como analizamos en anteriores artículos, la regularidad en el uso del trabajo a distancia (y no su intensidad) es el rasgo que caracteriza el ámbito de aplicación de la norma. Añade el texto que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un período de referencia de 3 meses, un mínimo del 30% de la jornada (o porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo). En consecuencia, incluye la prestación a distancia de más de un día y medio a la semana. Si dicha prestación es inferior, no aplica esta normativa. Asimismo, y como veremos más adelante, la Ley no es aplicable al personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.

El art. 2 contiene las mismas definiciones que su norma precedente:

Trabajo a distancia: Forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.

Teletrabajo: Aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.

Trabajo presencial: El que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

También se establece que no deben existir diferencias injustificadas (igualdad de trato y no discriminación) entre las propias personas trabajadoras a distancia, una referencia expresa a la necesidad de que se establezcan las debidas medidas de prevención frente al acoso, o la obligación de que se garantice que las personas que llevan a cabo trabajo a distancia puedan acceder y ejercitar los derechos de conciliación/corresponsabilidad igual que los trabajadores presenciales.

Especial importancia revisten las causas de discriminación directa o indirecta pues, a diferencia del RDL 28/2020, la Ley amplía dichas causas con “la edad, antigüedad o grupo profesional o discapacidad (…), asegurando la igualdad de trato y la prestación de apoyos, y realizando los ajustes razonables que resulten procedentes” (art. 4.3). Por otro lado, se expresa que a las personas que desarrollan trabajo a distancia ocasional les corresponderán los mismos derechos establecidos para las personas que desarrollan trabajo no ocasional (art. 22).

Asimismo, se prevén expresas limitaciones en el trabajo a distancia para contratos celebrados con menores y en las relaciones en prácticas y para la formación y el aprendizaje (art. 3). En estos casos se deberá garantizar que un mínimo del 50% de prestación de servicios tiene carácter presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático de la formación teórica —en su caso para estos últimos—.

2. Capítulo II. El acuerdo de trabajo a distancia (arts. 5 a 8)

El capítulo II, distribuido en dos secciones, se ocupa del acuerdo de trabajo a distancia y de las obligaciones formales vinculadas al mismo.

El teletrabajo será voluntario para ambas partes. Las partes tendrán que redactar un acuerdo con un contenido mínimo, ya de manera inicial o ya sobrevenida, la no afectación al estatus laboral de la persona trabajadora, el ejercicio de la reversibilidad, el carácter acordado de las modificaciones del acuerdo y la ordenación de las prioridades de acceso, así como la remisión a la negociación colectiva en el procedimiento y criterios que deben de seguirse, debiéndose evitar la perpetuación de roles de género y fomentando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Así, en primer lugar se establece en el art. 5 que el trabajo a distancia será voluntario —sin que pueda ser impuesto, ni siquiera vía art. 41 ET— y requerirá de la firma del denominado «acuerdo de trabajo a distancia)».

En este sentido, hay que recordar la excepción general que se recoge en la disposición transitoria 3ª, es decir, el trabajo a distancia como medida de contención sanitaria. Es muy relevante esta disposición, que se mantiene desde el origen de la norma, pues obviamente el desarrollo del trabajo a distancia ha venido impuesto u obligado por la situación de pandemia en la que continuamos, si bien con la progresiva incorporación al mercado laboral presencial.

Señala también el citado precepto que la negativa de la persona trabajadora al trabajo a distancia, el ejercicio de la reversibilidadal trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Sí cabe el mencionado ejercicio de reversibilidad: la posibilidad de convertir el trabajo presencial en servicios a distancia y viceversa. Este ejercicio será posible tanto para la persona trabajadora como para la empresa, si bien en los términos, forma y modo establecidos en la negociación colectiva o, en su defecto, en los fijados en el acuerdo de trabajo a distancia.

El acuerdo de trabajo a distancia tendrá que constar por escrito. Su elaboración es obligatoria antes de que el trabajo a distancia comience

La norma continúa con las obligaciones formales del acuerdo de trabajo a distancia: deberá realizarse por escrito y antes de iniciarse dicho trabajo a distancia (art. 6). Es el documento en el que deben constar los elementos esenciales para que se garanticen los derechos de las personas trabajadoras a distancia. Su contenido mínimo obligatorio —sin perjuicio de la regulación al respecto en convenios o acuerdos colectivos— es el siguiente (art. 7):

a) Inventario de los medios, equipos y herramientas —incluidos consumibles y elementos muebles—, así como su vida útil o período máximo para su renovación;

b) Enumeración de los gastos, forma de cuantificación y momento y forma de abono —esta se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en convenio o acuerdo colectivo—;

c) Horario de trabajo y reglas de disponibilidad;

d) Porcentaje y distribución entre trabajo de presencia y trabajo a distancia —en su caso—;

e) Centro de trabajo de la empresa donde queda adscrita la persona trabajadora;

f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora;

g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de reversibilidad;

h) Medios de control empresarial de la actividad;

i) Procedimiento a seguir en caso de dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia;

j) Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, para la protección de datos

k) Instrucciones sobre seguridad de la información, específicamente aplicables al trabajo a distancia

l) Duración del acuerdo o de la prestación de servicios a distancia.

Según el artículo 8, cualquier cambio en las condiciones de prestación de servicios reflejadas en el acuerdo de trabajo a distancia requerirán de consenso entre la empresa y la persona trabajadora y, como el propio acuerdo, deberán reflejarse por escrito con carácter previo a su implementación.

Para garantizar estos extremos, la empresa estará obligada a entregar copia a los representantes legales de las personas trabajadoras —tanto de los acuerdos de trabajo a distancia como de sus actualizaciones (modificaciones)—, en un plazo no superior a 10 días desde su formalización, excluyendo aquellos datos que pudieran afectar a la intimidad personal de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales y de garantía de los derechos digitales y del art. 8.4 ET. Por su parte, los citados representantes deberán firmar tal copia a efectos de acreditar que se ha producido la entrega.

Dichas copias se registrarán ante la Oficina de Empleo.

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Aunque, como hemos indicado, el trabajo a distancia es una fórmula libremente elegida por ambas partes (voluntariedad), la Ley impone una preferencia de acceso al trabajo presencial —total o parcial— de aquellas personas que realicen trabajo a distancia duranta la totalidad de su jornada. Para ello, la empresa informará a estas personas trabajadoras y a la representación legal de las personas trabajadoras de los puestos de trabajo vacantes con carácter presencial que se produzcan.

Cabe añadir que, mediante negociación colectiva o acuerdo entre empresa y representantes de las personas trabajadoras se pueden establecer mecanismos y criterio por los que la persona que desarrolla trabajo presencial pueda pasar a trabajo a distancia —y viceversa—, así como preferencias vinculadas a determinadas circunstancias. Se deberá evitar la perpetuación de roles y se tendrá en cuenta la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Todo esto será objeto de diagnóstico y tratamiento en el correspondiente Plan de Igualdad.

3. Capítulo III. Derechos de los trabajadores a distancia (arts. 9 a 19)

El capítulo III más extenso, dividido en seis secciones), desarrolla la igualdad de derechos proclamada en el primer capítulo, mediante la mención de las especiales precauciones a tener en cuenta respecto de los derechos laborales, cuando sean predicables en relación con las personas que llevan a cabo trabajo a distancia. Podemos distinguir:

Derechos relacionados con la carrera profesional. Por un lado, se deberá garantizar la participación efectiva, en las acciones formativas, de las personas que trabajan a distancia, en términos equivalentes a aquellas que prestan servicios presencialmente e, igualmente, se deberá garantizar, previo acceso a la modalidad de trabajo a distancia, la formación necesaria para su adecuado desarrollo, tanto al momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan cambios en los medios o tecnologías utilizadas —particularmente, en el teletrabajo—. Así se desprende de la redacción del art. 9. Por otro lado, se ha de garantizar que las personas que trabajen a distancia disfruten los mismos derechos a la promoción profesional que aquellos que prestan servicios presenciales, por lo que la empresa estará obligada a informar a aquellas, de manera expresa y por escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan (sea para puestos de desarrollo presencial o a distancia), conforme al art. 10.

Derechos de contenido económico: contemplados como “derechos relativos a la dotación y mantenimiento de medios y al abono y compensación de gastos”. Así, se reconoce el derecho a las personas que trabajan a distancia a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa, de todos los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral, de conformidad con el inventario establecido en el acuerdo de trabajo a distancia y, en su caso, con los términos establecidos en el convenio o acuerdo colectivo. También se garantizará la atención necesaria en el caso de dificultades técnicas —particularmente para el teletrabajo— (art. 11). Es novedad, en la redacción de la Ley 10/2021, la protección de las personas trabajadoras con discapacidad, de modo que los medios, equipos y herramientas, incluidos los digitales, han de ser “universalmente accesibles, para evitar cualquier exclusión por esta causa”. El apartado se cierra con el derecho al abono y compensación de gastos: el trabajo a distancia debe ser sufragado/compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción, por parte de la persona trabajadora, de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados con el desarrollo de su actividad laboral. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la determinación, y compensación o abono de estos gastos (art. 12).

Derechos con repercusión en el tiempo de trabajo: el horario que debe constar en el acuerdo de trabajo a distancia es un punto de referencia, pero puede ser alterado por la persona trabajadora dentro de los límites fijados en el propio acuerdo. De este modo, la presunción es favorable a la flexibilidad horaria en beneficio del teletrabajador, siendo un rasgo en principio consustancial al teletrabajo (art. 13). A efectos de garantizar estos derechos, se expresa que la obligación de registro horario debe reflejar fielmente la jornada de trabajo, sin perjuicio de la flexibilidad horaria y, deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada (art. 14). Este papel preponderante de la negociación colectiva en materia de responsabilidad por los gastos se impuso en la redacción definitiva de la Ley, frente al borrador inicial del texto que preveía la asunción de “todos los gastos directos o indirectos”, inciso que fue posteriormente descartado.

Derecho a la prevención de riesgos laborales: de acuerdo con la LPRL, las personas que trabajan a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello se deberá realizar una evaluación de riesgos y una planificación de la actividad preventiva, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. Esta evaluación de riesgos únicamente alcanzará la zona habilitada para la prestación de servicios, sin extenderse al resto de zonas de la vivienda.

Cuando para la obtención de la información acerca de los riesgos, fuera necesaria la visita al lugar de prestación de actividades a distancia (se requerirá para ello el permiso de la persona trabajadora), deberá emitirse un informe por escrito que justifique dicho extremo, que se entregará a la persona trabajadora y a los delegados/as de prevención (art. 16). En la redacción de dicho art. 16 de la Ley 10/2021 se incluye la “accesibilidad del entorno laboral efectivo” como factor a tener en cuenta para la evaluación de riesgos y la planificación