Puedes conocer, a través de las fichas que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pone a disposición de cualquier interesado, cuáles son los requisitos que debes cumplir para respetar la normativa de protección de datos en todo lo referente a la videovigilancia, como por ejemplo, su uso en una comunidad de personas propietarios, una vivienda o un establecimiento comercial.
A continuación te transcribimos los principios básicos que rigen la normativa sobre videovigilancia (en formato pdf aquí). Además, puedes acceder a la web de la AEPD para ver las guías disponibles para los supuestos contemplados a través de este enlace.
PRINCIPIOS BÁSICOS
La captación y/o la grabación de imágenes de personas identificadas, o identificables, con fines de seguridad de personas, bienes e instalaciones mediante cámaras, videocámaras, o cualquier otro medio técnico análogo, constituye un tratamiento de datos personales sometido a la normativa de protección de datos.
No está sometido a la normativa de protección de datos el tratamiento de imágenes en el ámbito exclusivamente personal o doméstico por una persona física que sólo capte el interior de su propio domicilio.
No se podrán obtener imágenes de espacios públicos con fines de seguridad, actividad que está reservada en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, salvo imágenes parciales y limitadas que resulten imprescindibles para la vigilancia o sea imposible evitarlas. En ningún caso se pueden captar imágenes en baños, vestuarios o lugares análogos, ni de espacios ajenos.
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
Previamente a su puesta en funcionamiento, se elaborará el registro de actividades referido a este tratamiento. Se trata de un documento interno. Puede utilizarse la herramienta FACILITA_RGPDdisponible en la web de la AEPD cuando no se trate de grandes infraestructuras (estaciones de ferrocarril, centros comerciales). La Guíasobreel uso de videocámaras para seguridad y otrasfinalidadesofrece un modelo de registro de actividades.
La utilización de sistemas de videovigilancia que se limiten a una mera reproducción o emisión de imágenes en tiempo real, sin ser grabadas ni almacenadas, exige también configurar el registro de actividades de tratamiento.
DERECHO DE INFORMACIÓN
En todos los casos se deberá informar de la existencia de un sistema de videovigilancia. A este fin se colocará un cartel suficientemente visible en los accesos a las zonas videovigiladas, que indicará de forma clara la identidad del responsable de la instalación, ante quién y dónde dirigirse para ejercer los derechos que prevé la normativa de protección de datos, y dónde obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales. La AEPD ofrece un modelo de cartel en la Guía sobre el uso de videocámaras. Igualmente, se pondrá a disposición de los afectados el resto de la información a la que se refiere el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos.
INSTALACIÓN
La contratación de un servicio de videovigilancia externo o la instalación de las cámaras por un tercero no exime a su titular del cumplimiento de la normativa de protección de datos. No obstante, si se trata de una empresa de seguridad que gestiona el sistema de videovigilancia en el domicilio de las personas físicas, la empresa será el responsable del tratamiento.
SEGURIDAD Y SECRETO
El responsable deberá adoptar las medidas de seguridad de carácter técnico y organizativo, en función del análisis de riesgos que se haya realizado previamente. Para facilitar esta labor, consulte la Guía de la AEPD sobre análisis de riesgos.
Cuando no se trate de videovigilancia masiva, como podría ser el caso de uso en comunidades de propietarios o pequeños establecimientos, puede utilizarse la herramienta FACILITA_RGPD.
El responsable deberá informar a quién tenga acceso a las imágenes sobre sus obligaciones de seguridad (reserva, confidencialidad y sigilo) y de su deber de guardar secreto.
Se deberán adoptar medidas que impidan el acceso a las imágenes por parte de personal no autorizado.
CONSERVACIÓN DE LAS IMÁGENES
Las imágenes serán conservadas durante un plazo máximo de un mes desde su captación, transcurrido el cual se procederá al borrado.
Cuando se produjese la grabación de un delito o infracción administrativa que deba ser puesta en conocimiento de una autoridad las imágenes se acompañarán a la denuncia y deberán conservarse con el único fin de mponerlas a disposición de la citada autoridad sin que puedan ser utilizadas para ningún otro propósito.
NOTA IMPORTANTE
Este documento se refiere únicamente a las obligaciones en materia de protección de datos personales. Pueden existir otras normas que impongan requisitos adicionales a la instalación de sistemas de videovigilancia que no han sido recogidos aquí
Más información en la Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades
Aún tienes dudas, entonces ponte en contacto con Moya & Emery y pide cita en cualquier de nuestras oficinas, donde podremos brindarte el asesoramiento sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos necesario según tus caso.
Nicolás Emery dedicó el consultorio jurídico de Ràdio Calvià FM a desgranar la propuesta de Presupuestos Generales del Estado, presentada ayer a debate en el Congreso de los Diputados, haciendo referencia al gasto social previsto, las pensiones, los fondos europeos y, en especial a los fondos para el apoyo industrial. Además, quiso hacer mención a las novedades, hitos y obligaciones jurídicas más importantes para empresas, profesionales y particulares recordándonos que:
• En noviembre entrará en vigor la prohibición de utilizar programas informáticos que permitan la llevanza de doble contabilidad.
• Ayer día 13 de octubre acabó el plazo para solicitar la renovación de los ERTES.
• El próximo 20 de octubre acabará el plazo para presentación de impuestos
• Ha habido modificaciones en el suministro inmediato de información (SII) a la Agencia Tributaria sobre el IVA
Un Juzgado de lo Social de Sevilla ha reconocido en este caso que la multipatología tanto física como psíquica que afecta a la empleada de hogar, por un lado fibromialgia y por otro un cuadro ansioso-depresivo, le impiden ejercer con continuidad y de manera eficaz, no sólo la suya, sino cualquier profesión y la hacen, por tanto, merecedora de la prestación de incapacidad permanente absoluta por parte del INSS.
Lee más acerca de este caso en la noticia del portal NoticiasJurídicas.comque te transcribimos a continuación:
Un juzgado reconoce la incapacidad permanente absoluta por fibromialgia a una empleada del hogar
El juez considera que las dolencias le impiden trabajar con continuidad y eficacia
La fibromialgia, así como muchas dolencias “invisibles”, siguen constituyendo hoy un doble lastre para el que los padece. No solo han de luchar diariamente para sobre llevar la fatiga, dolores físicos, depresión sino también con aquellos que cuestionan su capacidad para trabajar o que sus dolencias sean reales. Este es el caso de una empleada de hogar a quien el Juzgado de lo Social de Sevilla le ha reconocido finalmente la incapacidad permanente absoluta, por entender que la fibromialgia y la depresión que padece le limitan para el desempeño de cualquier actividad laboral, en contra del criterio de la Seguridad Social.
El letrado de la demandante, Alvaro Jiménez Bidón, socio del despacho Jiménez Bidón Abogados, comenta como “pese al cuadro multipatológico cronificado en el tiempo y de incierta recuperación de esta trabajadora de sólo 44 años, el INSS le negó la incapacidad permanente, por considerar que sus dolencias no disminuyen su capacidad laboral”. Motivo por el que la mujer no tuvo otra alternativa que “recurrir dos veces a los juzgados para que éstos le ratificasen, tanto su incapacidad laboral temporal (baja médica), como la permanente, siéndole reconocida finalmente una incapacidad laboral absoluta”.
Empleada hogar
La operaria, que trabajaba como empleada del hogar, fue dada de alta de su incapacidad temporal (baja médica por patología psíquica) por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en julio de 2017. Tras una impugnación de alta, el juez ratificó en enero de 2018 esa baja médica con efectos retroactivos al momento del alta.
Sin embargo, en marzo de 2018, de nuevo el INSS le denegó la incapacidad permanente, por considerar que “sus dolencias no disminuyen su capacidad laboral”.
Dolencias limitantes
Los informes médicos demuestran que la trabajadora padece dos tipos de patologías limitantes. Unas de carácter físico, referidas a los efectos de dolor causados por la fibromialgia, unido a las limitaciones ocasionadas por el síndrome del túnel carpiano que le afecta a los dos manos y que le suponen una importante limitación para realizar las tareas fundamentales como empleada de hogar.
Y, por otro lado, las de carácter psíquico, ya que sufre un trastorno mixto ansioso-depresivo y una neurosis obsesiva de mala evolución. Tales dolencias, según explica el informe aportado, le causan una apatía intensa con fallos de memoria de retención, que le impiden una mínima concentración para llevar a cabo cualquier tipo de trabajo por suave que sea, hasta el punto de no poder acudir al trabajo con regularidad, con horarios determinados y poder relacionarse con compañeros y jefes.
Requisitos
La sentencia recuerda que la incapacidad permanente absoluta inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Para valorar el grado de invalidez, los jueces han dictado que “más que atender a las lesiones hay que valorar las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral”. De forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando la persona no tenga capacidad alguna para desarrollar una actividad laboral.
En cambio, matiza la sentencia, sería incapacidad total para la profesión habitual si inhabilitase a la trabajadora para la realización de todos o de las principales tareas de dicha profesión con un mínimo de capacidad o eficacia, y siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Igualmente, también recalca la importancia de que esa actividad tenga un rendimiento económico aprovechable y que no se trate de un ejercicio esporádico de la actividad laboral, sino que se trate de un desempeño laboral conforme a “las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia”.
Por todo ello, y teniendo en cuenta todas las limitaciones en su capacidad funcional que le provocan las patologías que padece, el juez considera patente que la demandante no puede desarrollar ninguna actividad laboral con habitualidad, rentabilidad, continuidad y eficacia. Por tanto, declara a la demandante en Incapacidad Permanente Absoluta, con la prestación que le corresponda por parte del INSS.
Haz clic en este enlace para acceder a esta guía básica oficial de tramitación en formato pdf, que recoge las novedades y los trámites a seguir aprobados en el Real Decreto‐ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo que prorroga prestaciones extraordinarias por ERTE COVID y para los fijos discontinuos junto con un conjunto de medidas para autónomos, empresas y trabajadores.
Recuerda que en Moya & Emery te ofrecemos asesoramiento y gestionaremos por ti cualquier solicitud de prestaciones y ayudas a que puedas tener derecho, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros para una cita en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.
Es común que los profesionales o las empresas vean como sus facturas emitidas no son pagadas, ya sea en parte o totalmente. La crisis económica derivada del COVID-19 ha convertido los impagos en algo demasiado habitual y quizás alguna de las preguntas pueda rondarte la cabeza: ¿Hay alguna forma de recuperar el IVA de las facturas impagadas? ¿Qué hay que hacer para recuperar ese IVA? ¿Cuáles son los requisitos o los plazos para recuperarlo?
En caso de que ya se haya liquidado el IVA de una factura impagada, debes saber que el importe del impuesto puede ser recuperado siguiendo los siguientes pasos:
Reclamar al deudor de un modo fehaciente el importe de la factura impagada (mediante un burofax, judicialmente o notarialmente).
Hacer factura rectificativa de la original impagada (la rectificativa es una modificación o ampliación de la factura original).
Dar cuenta a Hacienda de la factura rectificativa.
¿Qué dice la ley al respecto?
Nuestra legislación señala que la base imponible del impuesto se puede reducir si los créditos que corresponden a las cuotas repercutidas son total o parcialmente incobrables. ¿Pero cuándo se considera un crédito incobrable? Cuando reúna las siguientes condiciones:
Que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.
Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este impuesto.
Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible, IVA excluido, sea superior a 300 euros.
Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos.
¿Qué debo hacer en relación a la factura impagada? Reclamar su pago, declararla incobrable, emitir una factura rectificativa, informar a Hacienda
Como hemos señalado, tras considerar el crédito como incobrable y reclamar al deudor su pago, deberá emitirse en estos casos una factura rectificativa de la impagada y declarada como paso inicial para recuperar el IVA repercutido. Y esta factura rectificativa viene a enmendar la factura original, que no se anula y seguirá existiendo.
La factura rectificativa es, a todos los efectos, una factura y debe cumplir idénticos requisitos que cualquiera y también otros adicionales o especiales, como:
que la rectificativa debe hacer mención clara al hecho de que es una factura que modifica o rectifica la factura original, a la que debe hacer referencia clara.
No pueden seguir el orden normal o habitual del resto de factura.
Una factura rectificativa no puede hacer contener registros contables negativos.
¿Necesitas ayuda para reclamar a tus deudores y recuperar el IVA de facturas que te han dejado de abonar? No lo dudes, ponte en contacto con Moya & Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià y te asesoraremos en tu caso concreto
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha declarado en una reciente sentencia –continuando una doctrina reiterada hasta la fecha– que el despido de una empleada embarazada es nulo. La importante novedad estriba en que, en el caso señalado, el Tribunal ha aseverado que si la empresa no era conocedora de que la mujer estaba encinta, no puede considerarse un despido en que concurra discriminaciónpor razón de sexo y, por tanto, no cabe indemnización por daños morales, algo que había reconocido la sentencia de instancia (en una cantidad nada menos que de 25.000 €) pero que ahora ha enmendado y hecho desaparecer el TSJ catalán. Entiende el Tribunal que la declaración de nulidad de un despido en supuestos de trabajadoras embarazadas ni puede ni debe conllevar un reconocimiento automático de daños morales si no se demuestra que la empresa conocía del embarazo.
Puedes consular la sentenciareferida en formato pdf a través de este enlace y recuerda que en Moya & Emery podemos asesorarte y ofrecerte defensa letrada en asuntos de discriminación laboral, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros para una cita en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià:
El informe en que presenta sus conclusiones el Abogado General al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es claro: denegar el derecho a paro (o impedirles cotizar para poder tenerlo) de las empleadas del hogar es discriminación indirecta pr razón de sexo sin justificación alguna.
Ahora el TJUE deberá dictar sentencia, sin verse vinculado por el informe del Abogado General -aunque en pocas ocasiones se suele separar de su criterio- sobre el caso de una empleada del hogar a la que la Tesorería General de la Seguridad Social denegó la posibilidad de cotizar para tener prestación por desempleo.
¿Quieres leer más al respecto? Lee a continuación la noticia publicada por abogacía española:
El abogado general del TJUE ve ilegal la ley española que niega prestación del paro a empleadas del hogar
La legislación española que excluye de las prestaciones por desempleo a las empleadas del hogar es contraria al Derecho de la Unión Europea porque constituye una discriminación indirecta hacia las mujeres, según ha concluido el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Szpunar.
En opinión del letrado, dado que estos empleados son “casi exclusivamente mujeres”, denegarles el derecho a paro “constituye una discriminación indirecta por razón de sexo y no justificada por objetivos legítimos y ajenos a toda discriminación basada en el sexo”.
Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes de cara a la futura sentencia que tendrá que emitir el TUE en los próximos meses para resolver el caso de una empleada del hogar a la que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) denegó una solicitud de cotización a la protección por desempleo para adquirir el derecho a la prestación.
El asunto fue elevado al tribunal de Luxemburgo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, que pide al TUE que interprete la directiva sobre igualdad en materia de seguridad social para determinar si existe una discriminación indirecta por razón de sexo.
Así, Szpunar señala que corresponde al juez español comprobar si la “desventaja particular” que la legislación española establece para las empleadas del hogar puede calificarse de “medida indirectamente discriminatoria”.
Si embargo, el letrado destaca que, mientras que la proporción entre hombres y mujeres es “más o menos similar” entre los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el régimen de general de la seguridad social (en el que todos tienen derecho a una prestación por desempleo), la proporción en el caso del régimen especial para empleados del hogar “difiere considerablemente”.
En este caso, explica, las mujeres representan más del 95% de los trabajadores de este sistema y, por tanto, la cláusula de exclusión “afecta negativamente a una proporción significativamente mayor de empleados de hogar de sexo femenino que de sexo masculino”.
De esta forma, Szpunar apunta que, si el juez español llegar a la conclusión de que las empleadas del hogar están en “una posición menos ventajosa”, debería considerar que la legislación es contraria a las normas europeas “salvo que esté justificada por factores objetivos y ajenos a toda discriminación por razón de sexo”.
El Abogado General examina a continuación este último punto y rechaza las alegaciones presentadas por la TGSS y el Gobierno español, que justificaban la diferencia de trato “por objetivos basados en las características específicas de la categoría de empleados de hogar y del estatuto de sus empleadores, así como por objetivos de protección de los trabajadores, de protección del nivel de ocupación en este sector y de lucha contra el trabajo sumergido y el fraude”.
El letrado apunta, en primer lugar, que se trata de objetivos “legítimos” de protección social, pero estima que “no son ajenos a toda discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, no pueden justificar una discriminación perjudicial para las personas de sexo femenino”.
Por otro lado, Szpunar destaca que los motivos basados en las características de las empleadas del hogar (trabajadoras poco cualificadas que cobran el salario mínimo) o de sus empleadores (cabezas de familia) “parecen estar basados más bien en estereotipos de género” y, en consecuencia, “son difícilmente ajenos a una discriminación por sexo”.
Además, el Abogado General rechaza en sus conclusiones que una eventual protección de las empleadas del hogar frente al desempleo pueda incitarlos al fraude, así como que la exclusión “conduce a reforzar la concepción social tradicional de los roles”, lo que permite “no solo explotar la posición, estructuralmente más débil, de las personas que integran este sector, sino también infravalorar su trabajo”.
Ya están disponibles las ayudas para el alquiler de viviendas del año 2021. Consulta un completo documento resumen en formato pdf a través de este enlace para conocer las condiciones, requisitos, importes máximos a percibir, plazos y formas de presentación de las solicitudes. También puedes, a través de este enlace, ver el pdf de las bases de la convocatoria de ayudas publicadas en el BOIB.
Estas ayudas estatales y autonómicas tienen por objeto facilitar el disfrute de una vivienda destinada a domicilio habitual y permanente en régimen de alquiler, a sectores de población con escasos recursos económicos, mediante el otorgamiento de ayudas a los inquilinos que consisten en la financiación de una parte de la renta que el inquilino tiene que satisfacer por la vivienda alquilada.
El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda empieza el día 1 de octubre de 2021 y finaliza el 15 de noviembre de 2021, ambos incluidos.
Si quieres más información acerca de las ayudas disponibles o asesoramiento para la tramitación de las mismas, ponte en contacto con Moya & Emery en cualquiera de nuestra oficinas de Palma o Calvià
El nuevo Real Decreto Ley traslada el VI Acuerdo Social en Defesada del Empleo alcanzado entre la Vicepresidencia tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.
En esta ocasión, el mecanismo de los ERTE promueve la formación como paso fundamental para recapitalizar las personas trabajadoras trabajadores y mejorar su empleabilidad. Las empresas que cuenten con acciones formativas podrán acceder a mayores exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
La nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, para las que es obligatorio solicitar ante la autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 de octubre. Por tanto, los nuevos ERTE se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero de 2022.
ERTE de formación
De un modelo basado en los llamados ERTE sectoriales, con una protección especial a las actividades que habían mostrado una menor recuperación tras el impacto de la pandemia, se pasa a dar mayor protección a las empresas que promuevan la formación de sus empleados. Se incentiva así la formación en los nuevos ERTE, subvencionando el grueso del coste de la formación y aplicando exoneraciones a las empresas que formen a sus trabajadores en ERTE.
Las empresas que formen a personas afectadas por este tipo de ERTE tendrán derecho al incremento del crédito para la financiación para actividades formativas, en función de su tamaño:
•De 1 a 9 personas trabajadoras: 160 euros por persona
•De 10 a 49 personas trabajadoras trabajadores: 240 euros por persona
•De 50 o más personas: 320 euros por persona
Exoneraciones
Los beneficios, en forma de exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social y con ayudas a la formación, son mayores en función del tamaño de la empresa y de las acciones formativas.
•El esquema de exoneraciones entre noviembre y febrero distinguirá entre empresas de menos de10 trabajadores y aquellas con plantilla igual o superior a estos. Así, para las primeras, las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social alcanzarán el 80% si realizan acciones formativas y el 50% para el resto; si la empresa tiene 10 o más trabajadores, tendrá una exoneración del 80% si realiza acciones formativas, y del 40% en el resto de los casos.
•El número mínimo de horas de formación de cada persona será de 30, en las empresas de 10 a 49 trabajadores y de 40 a para las que tienen 50 o más. Y estas actividades deberán desarrollarse durante la jornada suspendida.
•Además, se mantienen los ERTE de impedimento, vinculados a las limitaciones de actividad. Las empresas en esa situación pasan a tener una exoneración del 100% de la aportación empresarial devengada a partir de noviembre de 2021, durante el periodo de cierre, y hasta el 28 de febrero.
Protección de las personas trabajadoras
Los trabajadores acogidos a ERTE seguirán disfrutando de la exención del periodo de carencia para el acceso a la prestación por desempleo. También del denominado “contador a cero” que se amplía de manera extraordinaria hasta el 1 de enero de 2023.
Las bases reguladoras de las personas trabajadoras, sobre las que se calculan las prestaciones, se incrementan del 50 al 70% para las personas beneficiarias que hayan consumido 180 días.
Se mantienen los beneficios para las personas afectadas por ERTE con contrato a tiempo parcial y la prestación extraordinaria para las personas fijas discontinuas.
Medidas de acompañamiento
Se mantienen las garantías de acuerdos anteriores tales como los límites al reparto de dividendos y el acceso a las ayudas a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales.
Las empresas acogidas a estos ERTE tendrán que respetar restricciones en el acceso a las horas extraordinarias y en las externalizaciones de la actividad.
Se extiende la prohibición del despido durante el periodo de vigencia de la norma y también se interrumpe el cómputo de la duración máxima de los contratos temporales para las personas acogidas a ERTE.
El compromiso de mantenimiento del empleo contará con un nuevo periodo adicional de 6 meses.
La norma también contempla prórroga del plan MECUIDA y de la prestación extraordinaria para los profesionales de las artes hasta el 28 de febrero de 2022
ERTE específico para Canarias
El Gobierno también ha aprobado los ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias.
Los trabajadores y trabajadoras tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.
Tramitación simplificada
Las empresas deberán solicitar a la autoridad laboral la prórroga de todos los expedientes para extender los beneficios de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. Para tramitar esta solicitud deberán presentar el listado de horas o días de trabajo suspendidos o reducidos desde julio de 2021. Para el caso particular de los ERTE por razones económicas, técnicas organizativas o de producción, los llamados ERTE ETOP, aportarán el informe de la representación legal de las personas trabajadoras.
Se mantiene la simplificación de trámites para pasar de un ERTE de impedimento a uno de limitación y viceversa. Será suficiente una comunicación en tal sentido a la autoridad laboral y a la representación de las personas trabajadoras.
Prórroga de las ayudas a los autónomos
El Consejo de Ministros ha dado luz verde también al sexto esquema de ayudas para los autónomos de este tipo, tras el acuerdo entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las asociaciones de autónomos. Con el objetivo de apoyar el mantenimiento de la actividad, se incluyen exoneraciones de las cuotas a las Seguridad Social para todos los trabajadores por cuenta propia que han estado protegidos en el periodo anterior (a finales de septiembre eran 226.000) durante los próximos cuatro meses.
Estas ayudas, en forma de exoneraciones, serán así: en octubre del 90%, en noviembre del 75%, en diciembre del 50% y en enero de 2022 del 25%.
Prestaciones
Además, se mantienen hasta el 28 de febrero las prestaciones extraordinarias vigentes para proteger a quienes tienen un impacto significativo sobre su actividad.
En primer lugar, continúa la prestación extraordinaria por suspensión de actividad, dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID 19. La cuantía de la prestación es del 70% de la base mínima de cotización. Además, el autónomo quedará exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo le contará como cotizado y, en su caso, será compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI.
En segundo lugar, se mantiene la prestación compatible con la actividad para aquellos trabajadores que, reuniendo el requisito de carencia para acceder a la prestación ordinaria de cese de actividad, cumplen dos exigencias adicionales: una, que su facturación del tercer y cuarto trimestre 2021 caiga el 50%, frente al tercer y cuarto trimestre de 2019; y dos, no haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros (que supone 1,2 veces el SMI en dos trimestres).
Tercero, quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación ni al cese ordinario, podrán solicitar una prestación extraordinaria. La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de cotización e igualmente está exonerado de abonar las cuotas y computa como cotizado. Los requisitos son acreditar una caída de ingresos del 75% (los ingresos del cuarto trimestre 2021 deben ser inferiores a los del cuarto trimestre de 2019) y no tener unos rendimientos netos computables entre julio y diciembre de 2021 superior al 75% del salario mínimo interprofesional.
En cuarto lugar, también se mantiene la prestación para autónomos de temporada, que es del 70% de la base mínima y requiere no tener ingresos superiores a 6.725 euros en el tercer y cuarto trimestre de 2021.
Por último, también se ha aprobado una prestación específica para los autónomos afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Aquellos trabajadores por cuenta propia que se vean obligados a suspender o cesar su actividad como consecuencia directa de este suceso podrán recibir la prestación por cese de actividad sin que los primeros cinco meses de percepción le computen.
Desde marzo de 2020 a septiembre de 2021, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destinado en ayudas para autónomos más de 10.100 millones entre prestaciones y exoneraciones de las cuotas.
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NOTA DE PRENSAOFICIAL sobre el VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo, Madrid, 27 de septiembre de 2021 (descárgala aquí)
Se renueva el compromiso para proteger a personas trabajadoras y empresas
Es el sexto consenso que alcanzan Gobierno y agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia
Se prorroga el llamado contador a cero hasta el 31 de diciembre de 2022 y se extienden las garantías de acuerdos anteriores como, entre otras, la cláusula de mantenimiento del empleo, la limitación a la subcontratación y las horas extra
El modelo actual seguirá vigente durante el mes de octubre
Los nuevos ERTE priorizan la formación a las personas trabajadoras para incrementar su cualificación
La Vicepresidencia segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han alcanzado un acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022, con el objeto de extender esta medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la pandemia. Se trata del VI Acuerdo en Defensa del Empleo alcanzado en el marco del diálogo social.
Para facilitar la transición de los ERTE, el modelo actual seguirá vigente 1ºdurante el mes de octubre.
Formación en ERTE
En esta ocasión, el mecanismo de los ERTE pone el foco en la formación como paso fundamental para incrementar la capacitación de las personas trabajadoras y mejorar su empleabilidad. A partir del 1 de noviembre, estarán vigentes las nuevas modalidades, con mayores exenciones en la cotización a la Seguridad Social para las empresas que realicen acciones formativas.
En cuanto a estas acciones formativas, deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022.
Garantías para las personas trabajadoras
Los ERTE seguirán contando con las cláusulas de protección como, entre otras, el llamado contador a cero, que se amplía hasta el 31 de diciembre de 2022, o la cláusula de mantenimiento del empleo. También las limitaciones a la subcontratación, a la realización de horas extraordinarias o los límites relacionados con el reparto de dividendos y el acceso a estas ayudas por parte de empresas domiciliadas en paraísos fiscales.
Se reconoce, además, una prestación extraordinaria por desempleo para para los trabajadores fijos discontinuos.
ERTE específico para Canarias
El Gobierno también ha pactado con los interlocutores sociales la puesta en marcha de unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias. Los trabajadores y trabajadoras tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su mactividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.
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El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de la semana que viene un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), el cual ha sido pactado entre el Ejecutivo y los sindicatos. La subida, que será de 15 euros y elevará el SMI hasta los 965 euros mensuales en 14 pagas, o 13.510 euros anuales, coloca al SMI español séptimo en el ranking de los países de la Unión Europea con el SMI más elevado.
A continuación, te presentamos el proyecto de Real Decreto que va a aprobar la subida del SMI en texto y en formato pdf (haz clic aquí):
Proyecto de Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021
En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido en el artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, se procede mediante este real decreto a establecer las cuantías que deberán regir a partir del 1 de septiembre de 2021, tanto para las personas trabajadoras que son fijas como para las que son eventuales o temporeras, así como para las empleadas y empleados de hogar.
Las nuevas cuantías representan un incremento del 1,579 por ciento respecto de las previstas en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, cuyos efectos fueron prorrogados hasta la aprobación del salario mínimo interprofesional para el 2021 en el marco del diálogo social, en los términos establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, mediante la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.
Las nuevas cuantías, por último, son el resultado de tomar en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores.
El citado incremento tiene por objeto seguir haciendo efectivo el derecho a una remuneración equitativa y suficiente que proporcione a las personas trabajadoras y a sus familias un nivel de vida decoroso, en línea con lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales que ha interpretado que dicho umbral se sitúa en el 60% del salario medio, garantizando la capacidad adquisitiva de los salarios para hacer frente al coste de la vida y atendiendo a la coyuntura económica general.
Asimismo, el incremento del salario mínimo interprofesional contribuye a promover un crecimiento y una recuperación de la actividad económica sostenida, sostenible e inclusiva, al cumplimiento de la Agenda 2030, en particular de las Metas 1.2, 8.3 y 10.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativas, de manera respectiva, a la erradicación de la pobreza, la promoción de políticas orientadas a la creación de puestos de trabajo decentes y a la adopción de políticas salariales que logren de manera progresiva una mayor igualdad, y a una mayor cohesión social.
Este real decreto cumple con los principios de buena regulación exigibles conforme al artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, responde a la necesidad de cumplir con el mandato previsto en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores de fijación anual del salario mínimo interprofesional, así como del establecido en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, de aprobar el real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2021, en el marco del diálogo social. Es eficaz y proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para posibilitar el conocimiento, efectos y aplicación de dicho salario mínimo interprofesional, que cumple con el doble objetivo de constituir un suelo mínimo de contratación y determinar lo que se considera el nivel de suficiencia de los salarios. Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y se ofrece una explicación completa de su contenido. Dado que se trata de una norma que regula un aspecto parcial de la materia, su tramitación se encuentra exenta de la consulta pública previa y ha sido sometida a los trámites de audiencia e información públicas, y de manera específica, a la previa consulta de las organizaciones sindicales y patronales más representativas, de conformidad con lo establecido en los artículos 26.2 y 6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Finalmente, es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y cumple con el principio de eficiencia, dado que su aplicación no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias.
Este real decreto es dictado al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día .. de septiembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional.
El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 32,17 euros/día o 965 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses.
En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.
Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.
Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación que se establecen en los artículos siguientes.
Artículo 2. Complementos salariales.
Al salario mínimo consignado en el artículo 1 se adicionarán, sirviendo el mismo como módulo, en su caso, y según lo establecido en los convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción.
Artículo 3. Compensación y absorción.
A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a compensación y absorción en cómputo anual por los salarios profesionales del incremento del salario mínimo interprofesional, se procederá de la forma siguiente:
La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este real decreto no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo las personas trabajadoras cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo.
A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el resultado de adicionar al salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real decreto los devengos a que se refiere el artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 13.510 euros.
Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo las personas trabajadoras en cómputo anual y jornada completa con arreglo a normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto.
Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales que se encuentren en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto subsistirán en sus propios términos, sin más modificación que la que fuese necesaria para asegurar la percepción de las cantidades en cómputo anual que resulten de la aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, en consecuencia, ser incrementados los salarios profesionales inferiores al indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a este.
Artículo 4. Personas trabajadoras eventuales, temporeros y temporeras, y empleadas y empleados de hogar.
Las personas trabajadoras eventuales, así como las temporeras y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días percibirán, conjuntamente con el salario mínimo a que se refiere el artículo 1, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho toda persona trabajadora, correspondientes al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 45,70 euros por jornada legal en la actividad.
En lo que respecta a la retribución de las vacaciones, las personas trabajadoras a que se refiere este artículo percibirán, conjuntamente con el salario mínimo interprofesional fijado en el artículo 1, la parte proporcional de este correspondiente a las vacaciones legales mínimas en los supuestos en que no existiera coincidencia entre el periodo de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. En los demás casos, la retribución del periodo de vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación.
De acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para la determinación del salario mínimo de las empleadas y empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el fijado para las personas trabajadoras eventuales y temporeras y que incluye todos los conceptos retributivos, el salario mínimo de dichas empleadas y empleados de hogar será de 7,55 euros por hora efectivamente trabajada.
En las cuantías del salario mínimo por días u horas fijadas en los apartados anteriores se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquellas.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.
Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la Ministra de Trabajo y Economía Social para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones de carácter general que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor y periodo de vigencia.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de septiembre de 2021.
Los destinatarios son los negocios de artesanía, economía social y solidaria, instalaciones de ocio juvenil y educativo, guías turísticos y escuelas de danza
El Consell de Mallorca, a través de la Fundación Mallorca Turisme y con la colaboración del Govern de les Illes Balears, pone a disposición de los interesados ayudas y subvenciones para los afectados por el covid-19. En este caso podrán acceder a una subvención de 1.500€ por establecimiento empresarial, hasta un máximo de dos, los propietarios de negocios de artesanía, economía social y solidaria, instalaciones de ocio juvenil y educativo reguladas por el Decreto 23/2018, guías de turismo y escuelas de baile en Mallorca. Las solicitud de ayudas está abierta desde el pasado día 20 de Septiembre a través de la web www.ajutsmallorca.com.
Si está usted interesado en recibir más información sobre las ayudas disponibles, pida cita con Moya & Emery y le guiaremos durante todo el proceso de solicitud.
La pasada semana se publicaba en el BOIB la resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern balear por la que se aprueba la segunda concesión parcial de ayudas a solicitantes de la Línea 2 de la Línea Covid de ayudas directas a empresarios y profesionales de las Islas Baleares a que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19. Nicolás Emery, invitado al consultorio jurídico de Radio Calvià FM, pudo hacer un repaso de las ayudas aprobadas, del número de empresas y profesionales a quienes se les ha concedido y importancia de estas ayudas, de sus requisitos, condiciones, importes y los fines a que pueden ser destinadas.
Los desempleados que se dan de alta en el régimen de trabajadores autónomos pueden seguir cobrando la prestación por un período máximo de cobro de nueve meses
El paro, una prestación contributiva para paliar el menoscabo económico que sufren los desempleados por la ausencia de un sueldo y mientras se busca un nuevo empleo, puede mantenerse mientras se trabaja si el desempleado opta por el autoempleo, es decir, por convertirse en autónomo.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) nos señala que el desempleado que estuviera percibiendo paro y se dé de alta de autónomo puede optar por seguir cobrando la prestación durante los primeros meses de su nueva actividad como trabajador por cuenta propia, en la que se supone será la etapa más susceptible de no generar suficientes ingresos, que es el principio del negocio.
Para seguir cobrando el paro, el autónomo debe pedir la compatibilidad, esto es, solicitar cobrar el paro mientras está realizando su actividad de autoempleo. Y esta solicitud debe hacerse en un plazo de 15 días desde el inicio de la misma y, en caso de ser concedida dicha compatibilidad, se podrá cobrar el paro hasta un máximo de 270 días o, en su caso, el período de paro que al solicitante le reste. Solo se le descontará lo correspondiente a IRPF, pero no se le deducirá la cotización a la Seguridad Social.
El SEPE informa de que los autónomos que se den de alta como “socios o socias de sociedades laborales de nueva creación o socios trabajadores o socias trabajadoras de cooperativas de trabajo asociado de nueva creación” también tienen derecho a este beneficio, aunque si comienzan una actividad por cuenta ajena a tiempo parcial o completo dejarán de cobrar el paro inmediatamente.
¿Qué autónomos quedan excluidos de compatibilizar paro con actividad de autoempleo?
No es la única circunstancia en la que los autónomos perderían el derecho a cobrar el paro mientras realizan su actividad. El SEPE recoge una serie de incompatibilidades para los autónomos:
que ingresen en una cooperativa de trabajo asociado de nueva creación o sociedad laboral de nueva creación sin darse de alta en la Seguridad Social.
que se den de alta para incorporarse como socios o socias de una sociedad mercantil.
que se den de alta y cuyo último empleo haya sido por cuenta propia.
que ya se hubiesen beneficiado de este derecho en los 24 meses anteriores a la solicitud.
que se hayan beneficiado del pago único del paro en los 24 meses anteriores a la solicitud.
que al darse de alta firmen un contrato con el empleador o empleadora para quien hubiesen trabajado por cuenta ajena inmediatamente antes de la situación legal de desempleo, o con una empresa del mismo grupo empresarial.
EL TSJIB deja sin efecto la prohibición de alquiler turístico en pisos en la Ciudad de Palma ¿Y ahora qué?
Tras dos años de prohibición absoluta de la comercialización de estancias turísticas en viviendas sitas en edificios plurifamiliares en todo el municipio de Palma (Mallorca), el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (en adelante, el “TSJIB”), ha estimado el recurso presentado por la asociación HABTUR BALEARES que interesaba la declaración de nulidad la delimitación provisional de las zonas aptas para la comercialización de estancias turísticas.
El recurso presentado por HABTUR BALEARES sostenía, entre otros motivos, que la delimitación provisional no supera el “Test de necesidad y proporcionalidad” exigido por normativa europea. Por lo que respecta a la necesidad, no se acredita la existencia de una razón imperiosa de interés general que justifique el establecimiento de barreras de entrada al mercado de esta actividad; y en relación con la proporcionalidad, por existir instrumentos menos distorsionadores para perseguir los objetivos pretendidos.
Asimismo, y en relación con lo anterior, considera la parte recurrente que el Ayuntamiento de Palma ha vulnerado los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia para restringir la libertad de empresa de los explotadores de viviendas con fines turísticos, lo que determinaría la nulidad de la norma.
Así las cosas, el TSJIB ha decidió estimar el recurso sobre la base de que la delimitación provisional permite la comercialización de ETH en viviendas unifamiliares, excluyendo siempre y en todo caso su ejercicio en viviendas plurifamiliares, impidiendo su explotación turística de una forma radical, sin que el Ayuntamiento haya justificado las razones imperiosas de interés general sobre las que se sustenta.
En este sentido, la sentencia pone de manifiesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en aplicación de su doctrina, el Tribunal Supremo, han determinado que la explotación turística de inmuebles puede ser objeto de actuaciones preventivas y de control por parte de los entes públicos a fin de salvaguardar bienes básicos de los ciudadanos, pero estas modulaciones deben en todo caso estar amparadas en estos fines que exceden de la esfera individual, los cuales, por su trascendencia, habilitan la restricción de la regla de la libertad.
En este caso, el Ayuntamiento de Palma aprueba una vía de control tajante en cuanto a la posibilidad de explotación turística de viviendas sitas en inmuebles plurifamiliares, ya que simplemente las prohíbe, habilitando la posibilidad de comercialización en las viviendas unifamiliares, cuando el dibujo de la Ciudad de Palma demuestra que la gran mayoría de edificaciones residenciales pertenecen a la primera clasificación, y sin emplear otros mecanismos reguladores menos tajantes, no por ello carentes de efectos preventivos y dirigidos a los fines de interés general que el Consistorio trata de alcanzar a través de la ordenación provisional impugnada.
Entiende el TSJIB que las finalidades públicas perseguidas pueden obtenerse a través de medios menos radicales, ya que la prohibición constituye la última de las soluciones posibles a los efectos nocivos que la Administración demandada trata de evitar y atajar. El libre ejercicio de la actividad turística debe conjugarse con los intereses generales, y en esta interconexión pueden adoptarse decisiones administrativas que deben ser proporcionales, idóneas y necesarias para la colectividad.
La prohibición absoluta de la comercialización de ETH en edificios plurifamiliares no aparece como ponderada con las finalidades alegadas por el Ayuntamiento, el cual dispone de medios menos agresivos para la consecución de los fines perseguidos.
En efecto, el TSJIB ya se había pronunciado respecto a la problemática que presenta el alquiler turístico. Así pues, en su Sentencia nº 270/2021 pone de manifiesto que el uso como arrendamiento turístico puede comportar implantación de actividades que suponen un aumento de población flotante en detrimento de la residente, además de una posible distorsión en los precios del alquiler ordinario, alterando así el equilibrio de las ciudades. Por ello, la administración puede imponer restricciones a dichos usos turísticos por razones de convivencia, demografía, densidad, medio ambiente, escasez de recursos naturales, movilidad, entre otros.
Y en este mismo sentido, la Ley de Turismo de las Islas Baleares (art. 75.3.b)) permite la no admisión de comercialización de estancias turísticas en viviendas en todo o en parte de su término municipal, sea con respecto a todas las tipologías edificatorias o a algunas.
Por tanto, en vista del actual marco normativo y la reciente jurisprudencia del TSJIB, es de esperar que el Ayuntamiento de Palma se apresure a aprobar una nueva normativa que regule la comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso residencial en el municipio de Palma, limitando el acceso a su desarrollo, pero esta vez, justificando la necesidad de dichas limitaciones en base al interés general, sin que, en ningún caso, pueda establecer prohibiciones de carácter genérico.
Probablemente, la nueva regulación implicará, de facto, una prohibición cuasi genérica para esta modalidad de arrendamiento en las viviendas plurifamiliares, pero esta vez, deberán hacerlo respetando los principios y los límites de nuestro ordenamiento jurídico, ya que no está de más recordar que los políticos, en su calidad de representantes de del pueblo, también están sometidos a la normativa que ellos mismos deciden aprobar.
“Las reglas del juego también son aplicables a los que crean y controlan el juego”.
Marta Marina
Abogada especializada en Derecho de la empresa y Derecho inmobiliario en Moya & Emery
El pasado enero, el Tribunal Supremo (TS) ya matizó su doctrina, declarando que los contratos de obra o servicio de duración inusualmente larga se convierten en indefinidos, entendiendo que, cuando una relación laboral se mantiene ininterrumpidamente y sin alteración durante un largo lapso, la autonomía e identidad de la contrata justificativa de la contratación se desdibuja convirtiéndose en una actividad que, por su extensión temporal, necesariamente se incorpora en la esencia de la empresa.
Ahora, la Audiencia Nacional en su último fallo, aplicando esta doctrina del TS y con la intención de adaptar el convenio de teleoperadores a la normativa europea, parece prohibir el contrato de obra y servicio en el sector de la teleoperación, lo que, por ende, puede implicar que los teleoperadores con actual contrato de obra y servicio se convierta en indefinidos.
¿Quieres leer más al respecto? Haz clic aquí para ver nuestra entrada de blog anterior sobre la matización de la doctrina del Tribunal Supremo sobre los contratos de obra y servicio o lee a continuación la noticia de europa press:
Más de 40.000 teleoperadores podrían pasar a ser indefinidos tras un fallo de la Audiencia Nacional
Más de 40.000 trabajadores del sector de los contact-center podrían pasar a contrato indefinido después de que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional haya decidido aplicar una sentencia del Tribunal Supremo y adaptar el convenio a la normativa europea, lo que implicaría prohibir la contratación de obra y servicio en el sector.
La decisión judicial, contra la que aún cabe recurso de casación, llega tras la denuncia de sindicatos como CGT, CCOO y UGT y deja sin efecto el artículo 14.b del convenio colectivo que regulaba esta modalidad de contratación, ya que la jurisprudencia señala que el trabajo en el sector suele ser temporal y, por lo tanto, no puede apartarse del marco ordinario de las relaciones de trabajo.
De este modo, la Audiencia estima las demandas formuladas por CCOO y CGT y anula y deja sin efecto el artículo 14 b) del II Convenio Colectivo del Sector de Contact Center, suscrito por la Asociación de Contact Center Española (ACE) y por los sindicatos CC.OO y UGT en el siguiente párrafo: “A tales efectos se entenderá que tienen sustantividad propia todas las campañas o servicios contratados por un tercero para la realización de actividades o funciones de contact center cuya ejecución en el tiempo es, en principio de duración incierta, y cuyo mantenimiento permanece hasta la finalización de la campaña o cumplimiento del servicio objeto del contrato”.
CCOO ha señalado en un comunicado que valora la actuación del tribunal y ha llamado a la patronal a “entrar en razón” y ‘entender’ que “el mantenimiento del sector pasa por darle estabilidad al empleo”.
Por su parte, CGT ha tildado de “histórica” la sentencia y ha asegurado que “continuará peleando por los derechos fundamentales de los trabajadores del contact-center”.
Consulta el listado de empresas y profesionales a quien se ha aprobado conceder ayudas directas estatales en el BOIB, haciendo clic en este enlace al archivo en formato pdf, aquí
Una persona va a adquirir una vivienda terminada pero la operación se va a articular mediante dos operaciones separadas con una misma sociedad: (i) entrega del solar y (ii) contratación para la ejecución de la obra de construcción. Todo se realizará mediante un único contrato y el solar no va a estar a disposición del adquirente hasta que no se le entregue la vivienda terminada.
NORMATIVA
Ley 37/1992 arts. 4, 5, 75, 90, 91.Uno.3.1º
CUESTIÓN PLANTEADA
Tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a dichas operaciones.
CONTESTACIÓN
1.- El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que “estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.”.
El apartado dos, letras a) y b), del mismo precepto señala que “se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional:
a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de empresario o profesional.
b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción al Impuesto.”.
Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.uno de la citada Ley 37/1992, se reputarán empresarios o profesionales, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido:
“a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.
No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.
b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.
(…).”.
En este sentido, el apartado dos, de este artículo 5, establece que “son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.”.
En consecuencia, la entidad promotora tiene la condición de empresario o profesional y estarán sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de bienes y prestaciones de servicios que en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional realice en el territorio de aplicación del Impuesto.
2.- Por otra parte, según parece deducirse del escrito de consulta, con carácter previo a la construcción de las viviendas, la constructora va a transmitir a los adquirentes la parcela de suelo que le corresponde si bien en ese momento no adquieren la facultad de disposición de la parcela, que la adquirirán una vez haya terminado la construcción de la vivienda y ésta sea entregada a los mismos.
En relación con el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido, el artículo 75, apartado uno, número 1º y apartado dos, de la Ley 37/1992, preceptúa lo siguiente:
“Uno. Se devengará el Impuesto:
1º. En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable.
(…)
Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.”.
En este sentido, el artículo 1462 del Código Civil establece lo siguiente:
“Se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y posesión del comprador.
Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario.”.
Por tanto, con carácter general la cosa se entiende entregada cuando se pone en poder y posesión del adquirente. No obstante, el otorgamiento de la escritura pública equivale a la entrega de la cosa solamente si tal entrega no se ha producido, de hecho, con anterioridad o de la misma no se deduce que tendrá lugar posteriormente. Estas circunstancias han de reflejarse en dicha escritura pública, pero en el caso de que no se reflejase la primera de las mencionadas, ello no obsta para que la entrega se haya producido anteriormente.
De la escasa información contenida en el escrito de consulta resulta que el terreno no se pondrá a disposición del cliente hasta el momento que se entregue la vivienda construida, habiéndose así acordado entre la constructora y el consultante.
En estas circunstancias, la transmisión del poder de disposición de la parcela de terreno no tendrá lugar hasta la fecha en que, según dicha escritura pública, se produzcan los efectos traslativos en ella previstos (fecha de entrega de la vivienda ya construida), momento en el que, asimismo, se producirá el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a dicha operación.
Lo anterior se entiende sin perjuicio del devengo por los pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible, es decir, a la entrega efectiva del terreno y la vivienda al cliente, tal y como dispone el apartado dos del artículo 75 de la Ley 37/1992. A tal efecto, según reiterada doctrina de este Centro directivo, las aportaciones realizadas por los clientes, efectuadas con el objeto de contribuir a la financiación de la construcción de las viviendas, constituyen pagos anticipados de las citadas entregas de las viviendas, devengándose el impuesto en el momento del cobro de dichas cantidades y ello con independencia del modo como se denominen y cualquiera que sea el concepto al que se impute el pago de dicha contraprestación.
3.- De acuerdo con los hechos que parecen desprenderse del escrito de consulta, en el caso de que la sociedad constructora proceda a vender las parcelas de terreno conservando la posesión de las mismas para edificar y entregar ulteriormente la parcela con las viviendas, nos encontraríamos ante dos operaciones: por una parte, la entrega del terreno propiamente dicha y, por otra, una ejecución de obra cuya finalidad es la construcción de unas viviendas.
Es decir, la actuación de la sociedad constructora en los términos descritos supone, junto a la entrega de un terreno, la realización de las obras de edificación de viviendas para sus clientes titulares del terreno sobre el que se asentarán los referidos inmuebles.
Consecuentemente, estas operaciones de construcción estarán sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, siendo destinatarios de las mismas los propios adquirentes de la vivienda, a quienes la constructora habrá de repercutir el impuesto devengado a la vez que se efectúen los pagos correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 90, apartado Uno, de la Ley 37/1992, el citado tributo se exigirá al tipo impositivo del 21 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo 91 de la propia Ley 37/1992.
En este sentido, el artículo 91.Uno.3.1º de la citada Ley dispone que se aplicará el tipo impositivo del 10 por ciento a las siguientes operaciones:
“1.º Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas principalmente a viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados.
Se considerarán destinadas principalmente a viviendas, las edificaciones en las que al menos el 50 por ciento de la superficie construida se destine a dicha utilización.”.
Por consiguiente, el régimen tributario en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a las distintas operaciones descritas difiere por cuanto que el tipo impositivo aplicable, conforme a las reglas de los artículos 90 y 91 de la Ley 37/1992, es el 21 por ciento para las entregas de terrenos en curso de urbanización y el 10 por ciento para las operaciones consistentes en las ejecuciones de obra de construcción de viviendas.
No obstante lo anterior, tal y como ha manifestado este Centro directivo, entre otras, en la contestación vinculante de 9 de febrero de 2016, número V0531-16, procede analizar si ambas operaciones constituyen un todo unitario a la luz del objetivo realmente perseguido, esto es, la entrega de las viviendas construidas, o bien si cada una de ellas conserva su carácter autónomo y, en consecuencia, el régimen fiscal que le es propio.
En este punto debe tenerse en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, Tribunal) contenida, entre otras, en la sentencia de 21 de febrero de 2008, recaída en el Asunto C-425/06, Part Service Srl. Concretamente, en sus apartados 47 a 53, la citada sentencia concluye lo siguiente:
“47. Con carácter preliminar, procede recordar que la opción de un empresario entre operaciones exentas y operaciones gravadas puede basarse en un conjunto de elementos y, especialmente, de consideraciones de carácter fiscal relativas al régimen del IVA. Cuando un sujeto pasivo puede elegir entre dos operaciones, la Sexta Directiva no le obliga a optar por la que maximice el pago del IVA. Al contrario, el sujeto pasivo tiene derecho a elegir la estructura de su actividad de modo que limite su deuda fiscal (sentencia Halifax y otros, antes citada, apartado73).
48. No obstante, cuando una operación consta de varias prestaciones, se plantea la cuestión de si debe considerarse como una operación única o como varias prestaciones distintas e independientes que han de apreciarse separadamente.
49. Esta cuestión tiene una importancia particular desde el punto de vista del IVA, entre otras cosas, para aplicar el tipo impositivo o las disposiciones relativas a la exención previstas por la Sexta Directiva (véanse las sentencias de 25 de febrero de 1999, CPP, C-349/96, Rec. p.I-973, apartado 27, y de 27 de octubre de 2005, Levob Verzekeringen y OV Bank, C-41/04, Rec. p.I-9433, apartado18).
50. A este respecto, del artículo 2 de ésta se desprende que normalmente cada prestación debe considerarse distinta e independiente (véanse las sentencias, antes citadas, CPP, apartado 29, y Levob Verzekeringen y OV Bank, apartado20).
51. No obstante, en determinadas circunstancias, varias prestaciones formalmente distintas, que podrían realizarse separadamente dando lugar, en cada caso, a gravamen o a exención, deben considerarse como una operación única cuando no son independientes.
52. Así sucede, por ejemplo, cuando, al término de un análisis aun meramente objetivo, se comprueba que una o varias prestaciones constituyen una prestación principal y que la otra o las otras prestaciones constituyen una o varias prestaciones accesorias que comparten el tratamiento fiscal de la prestación principal (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas CPP, apartado 30, y Levob Verzekeringen y OV Bank, apartado 21). En particular, una prestación debe considerarse accesoria de una prestación principal cuando no constituye para la clientela un fin en sí, sino el medio de disfrutar en las mejores condiciones del servicio principal del prestador (sentencia CPP, antes citada, apartado 30, y las circunstancias del litigio principal que dio lugar a dicha sentencia).
53. Puede igualmente considerarse que existe una prestación única cuando dos o varios elementos o actos que el sujeto pasivo realiza se encuentran tan estrechamente ligados que objetivamente forman una sola prestación económica indisociable cuyo desglose resultaría artificial (véase, en este sentido, la sentencia Levob Verzekeringen y OV Bank, antes citada, apartado22).”.
De acuerdo con la citada jurisprudencia del Tribunal, es decisivo determinar la naturaleza de las distintas operaciones teniendo en cuenta todas las circunstancias. A tal respecto, es importante si las operaciones se hallan vinculadas entre sí de forma tal que, tomadas aisladamente, desde la perspectiva del consumidor medio, no revistan para el cliente la utilidad práctica necesaria.
En el caso objeto de consulta, el consultante espera obtener de la constructora la vivienda sin que, en las condiciones señaladas, la entrega previa del terreno le reporte utilidad alguna de manera aislada.
En este sentido, un indicio de la necesaria vinculación entre ambas operaciones, según parece deducirse del escueto escrito de consulta, es que la puesta a disposición del terreno tendrá lugar en el momento de la entrega de la vivienda ya terminada, conservando mientras tanto la sociedad constructora la capacidad de disposición de la finca en aras de cumplir con el objeto social de terminar la construcción de las viviendas. Asimismo, otra prueba de lo anterior vendría constituida por la calificación del terreno de uso residencial, así como la posible existencia de proyectos de edificación de viviendas ya visados por el correspondiente colegio de arquitectos.
A partir de los criterios anteriores, ha de considerarse que en el supuesto concreto descrito en el escrito de consulta existe una única operación desde el punto de vista económico consistente en la entrega de viviendas terminadas que no debe desglosarse artificialmente para no alterar la funcionalidad del sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido. En consecuencia, al considerarse una operación global, el tipo impositivo aplicable debe determinarse de modo uniforme, siendo de aplicación el tipo reducido del 10 por ciento tanto a la venta de la parcela de terreno como a la posterior ejecución de obras y entrega de la vivienda.
4.- Por otra parte, se informa de que, en relación con las dudas suscitadas sobre el régimen de tributación indirecta de las operaciones inmobiliarias, tanto en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido como del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha incorporado en el portal del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) dentro de sus servicios de asistencia virtual referentes al IVA, un nuevo servicio de ayuda e información al contribuyente denominado “Calificador Inmobiliario”, creado para resolver las principales dudas planteadas en relación con la tributación indirecta relacionada con la transmisión, cesión y arrendamiento de bienes inmuebles, así como, la urbanización de terrenos.
El “Calificador inmobiliario” ofrece información sobre la tributación indirecta que afecta a las operaciones, distinguiendo entre diferentes supuestos, como la venta de edificaciones o terrenos, el arrendamiento sin opción de compra, arrendamiento con opción de compra, de inmuebles, así como las operaciones en las que intervienen las Juntas de compensación.
En concreto, indica si la operación de compraventa o arrendamiento del inmueble tributa por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o por el Impuesto sobre el Valor Añadido, indicando en este último caso el tipo impositivo aplicable, a quién corresponde la declaración e ingreso del impuesto, y si en la factura que documente la operación se debe o no repercutir el Impuesto sobre el Valor Añadido.
A estos efectos, podrá contactar con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de su sede electrónica: http://www.aeat.es, o en la siguiente dirección –haz clic aquí-:
5.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
A partir del 06-09-2021, TODAS las notificaciones y comunicaciones de la Agencia Tributaria estarán disponibles en la Dirección Electrónica Habilitada única (en adelante DEHú).
Actualmente las notificaciones de la AEAT están disponibles para comparecer en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, en la Dirección Electrónica Habilitada (en adelante DEH) y en Carpeta Ciudadana.
El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo en el artículo 42 sobre la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos establece en el punto 5: Toda notificación cuyo emisor pertenezca al ámbito estatal a que se refiere el artículo 1.2 de este Reglamento se pondrá a disposición del interesado a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, incluyendo el supuesto previsto en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, los emisores de ámbito estatal podrán notificar en su sede electrónica o sede electrónica asociada de forma complementaria a la puesta a disposición en la Dirección Electrónica Habilitada única.
A la DEH se envían para comparecer únicamente las notificaciones electrónicas. A la DEHú se enviarán todas las notificaciones, tal como se está haciendo actualmente en la Sede electrónica y en Carpeta Ciudadana.
Se tendrá acceso a las notificaciones depositadas por la Agencia Tributaria en la DEHú por dos vías:
A través del portalhttps://dehu.redsara.es/, autenticándose con certificado electrónico o Cl@ve PIN.
A través de servicios web para la descarga masiva de notificaciones ofrecido por la DEHú.
Instrucciones en el Portal de Administración Electrónica PAe https://administracionelectronica.gob.es/ctt/lema/descargas
Con el fin de dar tiempo para la adaptación de los desarrollos necesarios, habrá un periodo transitorio durante el que se mantendrá el envío de las notificaciones a la DEH. Al finalizar ese periodo transitorio (previsiblemente en el último trimestre de 2021), no se enviarán notificaciones a la DEH.
¿Qué es la DEHú?
La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) o Punto único de notificaciones para todas las Administraciones Públicas facilita el acceso a los ciudadanos a las notificaciones y comunicaciones emitidas por las administraciones públicas en el ejercicio de su actividad.
Ante la dispersión de sedes electrónicas y de vías de puesta a disposición, la DEHú permite que los interesados, tanto personas físicas como personas jurídicas, tengan acceso a sus notificaciones y comunicaciones en un punto.
Ofrece dos vías de puesta a disposición:
• Vía web para que tanto las personas físicas como las personas jurídicas puedan acceder y comparecer a sus notificaciones y comunicaciones de manera sencilla y directa.
• Vía servicios web para grandes destinatarios que les permite implementar procesos automatizados para acceder a sus notificaciones y comunicaciones, comparecer las notificaciones y distribuirlas entre sus diferentes centros y/o departamentos de manera rápida y eficiente.
UK motorists in Spain have been caught off guard by a sudden change of regulations which will make the standard GB number plate and stickers obsolete. A change in the law for British cars in Spain will come into effect on Tuesday September 28 2021, which means they will have to display a UK sticker instead.
Until now Brits have needed to display a GB sticker clearly on the rear of their vehicles no matter what is on their licence plate, whether a Union Jack or a Euro symbol or whatever, and these rules will stay the same up until September 27.
On and after September 28 2021, Brits driving a UK car in Spain will need to display a UK sticker clearly on the rear of the vehicle no matter what is on the number plate.
The changes come at the same time as a raft of new regulations come into force for UK citizens in Spain as a result of Brexit, including changes in passport validity for Brits travelling to Spain.
Consulta el primer listado de empresas y profesionales a quien se ha aprobado conceder ayudas directas estatales, aprobado hoy 9 de Septiembre en el BOIB, haciendo clic en este enlaceal archivo en formato pdf.
La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, señaló este pasado lunes que solo quedan 275.000 trabajadores en España que continúen en ERTE, según las últimas cifras, de los 4 millones de empleados que lo llegaron a estar durante los peores meses de la pandemia.
Los ERTEs fueron extendidos con una prórroga que finaliza el próximo día 30 de este mes y el Gobierno negocia ya con los agentes sociales una nueva extensión de este mecanismo, pero casi con total probabilidad se alterarán las condiciones de los ERTEs actuales y se revisarán o suprimirán muchas de las exoneraciones a la Seguridad Social. Lo cierto es que a día de hoy no hay nada seguro sobre los futuros ERTE y sus condiciones.
Visita el blog de Moya & Emery para mantenerte al día de toda la actualidad laboral, mercantil y fiscal https://blog.moyaemery.com
El Gobierno ha implantado una serie de ayudas y subvenciones para las empresas, autónomos y pymes que contribuyan a la creación de puestos de empleo. El objetivo es generar puestos de empleo indefinidos y reducir la tasa de paro en España. Estas ayudas a empresas por contratación varían en cuantía dependiendo de diversos factores. Todas estas ayudas están vigentes durante el año 2021.
Las ayudas citadas en este artículo tienen carácter anual:
Ayudas en contratos indefinidos
Ayudas en contratos temporales
Ayudas para contratos de formación
Ayudas por contratar indefinidamente a jóvenes
Ayudas en contratos indefinidos
Contrato a trabajador varón por tiempo completo: 4.000 euros anuales.
A mujer trabajadora o mayor de 45 años por tiempo completo: 4.500 euros.
Contrato a personas mayores de 45 años con discapacidad, que participen en programas de empleo y/o que reciban ayudas o subsidios por desempleo (RAI, IMV o ayudas de las diferentes comunidades autónomas): 5.500 – 6.000 euros.
Jóvenes (hombres) que salen del país en busca de trabajo: 5.500 euros.
Jóvenes (mujeres) que salen del país en busca de trabajo: 6.000 euros.
Contrato a tiempo indefinido a mujeres víctimas de violencia de género o mayores de 45 años que acrediten estar en situación de desempleo durante mucho tiempo: 7.500 euros.
Todas las ayudas anteriormente mencionadas en este párrafo pueden incrementarse en 2.000 euros si provienen de un autónomo, sociedad laboral o cooperativa que contrata a su primer trabajador.
Ayudas en contratos temporales
Hombre
Mujer
Menor de 45 años y/o con discapacidad
3.500 euros
4.100 euros
Menor de 45 años con discapacidad grave
4.700 euros
4.700 euros
Mayor de 45 años y/o con discapacidad
4.100 euros
4.700 euros
Mayor de 45 años con discapacidad grave
4.600 euros
5.300 euros
Ayudas para contratos de formación
Esta ayuda tiene como objetivo fomentar el empleo entre los jóvenes de 16 y 25 años y/o mayores de 25 años con discapacidad o en situación de exclusión social. Los jóvenes han sido el colectivo más perjudicado a causa del Covid-19, y es por ello, que estas subvenciones pueden impulsar el empleo juvenil y reducir, en consecuencia, la alta tasa de paro juvenil en España.
Contrato de formación a tiempo completo: 2.940 euros.
Si esta persona ha perdido su trabajo durante el estado de alarma: 3.440 euros.
Si el contrato de formación es para una mujer o una persona del colectivo Trans: la ayuda se verá incrementada en 500 euros adicionales.
Ayudas por contratar indefinidamente a jóvenes
Contrato a tiempo completo superior a 12 meses: 5.500 euros.
Si este joven ha perdido su trabajo durante el estado de alarma: 6.000 euros.
Incremento de 500 euros adicionales si es mujer o pertenece al colectivo Trans.
En la web oficial del SEPE se detallan más en profundidad, haciendo clic aquí.
¿Todavía tienes dudas? En Moya & Emery podemos asesorarte para conocer y optar por las ayudas y subvenciones disponibles que mejor se acoplan a tu plan de negocio. Concierta una cita con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià:
Las entidades bancarias tienen la obligación de notificar al Banco de España y a la Agencia Tributaria las operaciones a partir de determinadas cantidades de dinero en metálico.
La lucha contra la economía sumergida y la evasión fiscal ha hecho que aumente la vigilancia de estas operaciones y transacciones económicas sobre las cuales, cuando superan los 3.000 euros, pesa la obligación de que sean informadas al Banco de España y AEAT.
Lo anterior no implica que uno no pueda ingresar la cantidad que estime oportuna en su banco (la entidad bancaria no puede impedírselo) sino simplemente que los movimientos de su cuenta bancaria podrán ser escrutados y, llegado el caso,necesario dar una cumplida justificación a la administración tributaria de la procedencia de dicho patrimonio si no lo ha hecho en la declaración de la renta como rendimientos del trabajo, de su actividad económica o rendimientos de capital.
En caso de no poder demostrar el origen de la cantidad ingresada, la administración tributaria podrá entenderlo como un incremento patrimonial no justificado, que lo que podrá ser objeto de alguna de las sanciones que la ley prevé al efecto, que pueden llegar alcanzar los ciento cincuenta mil euros.
¿Qué es una pareja de hecho? ¿Hay diferente regulación y derechos distintos en cada comunidad autónoma? ¿Qué requisitos o condiciones se exigen para que exista una pareja de hecho? ¿Debo cumplir un período mínimo para que se me considere pareja de hecho? ¿Qué derechos tengo por ser pareja de hecho? ¿Tengo derecho a una pensión de viudedad si muere mi pareja de hecho? ¿Qué ocurre con la herencia si fallezco o muere mi pareja de hecho? ¿Qué régimen económico es aplicable? ¿Puedo ¿Cómo afecta ser pareja de hecho en el ámbito tributario?
Neus Lafuente, de Moya & Emery, nos da las respuestas a todas estas preguntas en este vídeo del consultorio jurídico de Radio Calvià FM.
Para los informativos del fin de semana de IB3 Televisióentrevistó al abogado y economista Nicolás Emery con motivo de las dificultades que el BREXIT ha deparado para la contratación de trabajadores británicos, esencialmente en Baleares, para el sector de la hostelería y la restauración.
Recuerda que desde 𝗠𝗼𝘆𝗮 & 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 podemos ayudarte en tus dudas laborales (contratación de británicos), mercantiles (importación y exportación de bienes o contratacion de servicios a o desde el Reino Unido) y tributarias (recargo de equivalencia/devolución del IVA). Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià y pide cita.
Se puede definir la star-up o empresa emergente como una empresa de nueva creación -o relativamente joven- la cual goza de grandes posibilidades de crecimiento y que comercializa mediante tecnologías de la información y la comunicación sus servicios o productos.
Los objetivos fundamentales de esta ley son los siguientes con respecto a las startups son:
• Fomentar la creación y la relocalización de las mismas en España. • Atraer talento y capital internacional a este sector en nuestro país. • Estimular la inversión, tanto pública pública como privada • Impulsar el acercamiento entre la Formación Profesional y la Universidad con este tipo de empresas emergentes. • Optimizar el sistema estatal de ayudas al emprendimiento basado en innovación.
En Moya & Emery podemos ayudarte a poner en marcha tu empresa o negocio. Ponte en contacto con nosotros y pide cita en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.
El pasado mes de julio el Abogado General de la Unión Europea, Saugmandsgaard Øe, presentó sus conclusiones al Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) sobre el modelo 720 -declaración de bienes en el extranjero-. Y fueron de menor calado del esperado. En ellas, el Abogado General no ha resuelto taxativamente si el Modelo 720 en su configuración actual cumple la legalidad europea, con lo que deja esta determinación a una futura sentencia del TJUE.
Lo que sí ha hecho el Abogado General ha sido señalar que las controvertidas multas formales fijas impuestas por la Agencia Tributaria española en caso de que no se hubiera cumplido la obligación de información sobre los bienes y derechos en el extranjero o de que se hubiera hecho extemporáneamente -esto es, no haber declarado bienes en el extranjero o haberlos declarado fuera de plazo- “son contrarias al Derecho de la Unión”.
El magistrado mantiene la imprescriptibilidad de los bienes no declarados y las multas de hasta el 150% porque Bruselas (la Comisión Europea fue quien presentó un recurso a la norma española que instauró la obligación de declarar mediante el modelo 720) no ha demostrado el incumplimiento legal de esa norma. El abogado general de la UE cree que la normativa española que obliga a presentar esta información fiscal constituye una restricción a los movimientos de capitales, puesto que puede disuadir a los residentes fiscales en España de invertir en otros estados, o impedir o limitar sus posibilidades de hacerlo”. Y aunque admite que podría haber razones que justifiquen esta obligación tributaria, como la lucha contra el fraude y la evasión de capitales, califica las sanciones fijas como “desproporcionadas”
Las conclusiones del Abogado General revocan las sanciones formales y la imputación como ganancias no justificadas, con independencia de la fecha de su adquisición, y con sanción del 150%, pero únicamente de las cuentas bancarias abiertas a partir del 1 de enero de 2016. Y considera que España puede fijar la imprescriptibilidad para el resto de bienes y derechos en el extranjero (en otros países de la UE o fuera) que deben ser declarados mediante el Modelo 720, esto es, cuentas abiertas antes del 2016, inmuebles, valores y criptomonedas.
Si te interesa esta entrada de blog, además puedes leer el artículo del digital elEconomista.es que te transcribimos a continuación:
La Justicia europea añade más dudas sobre la declaración de bienes en el extranjero: tumba solo las multas formales y mantiene las del 150%
El Abogado General no aclara si el Modelo 720 es legal
El magistrado deja en manos de la sentencia final el futuro del Modelo
“La denuncia de Bruselas no aporta los datos necesarios”, concluye
La Justicia europea ha añadido hoy más dudas sobre la ya polémica Declaración de Bienes en el Extranjero. El Abogado General de la Unión Europea, Saugmandsgaard Øe, ha tumbado solo las multas formales del Modelo 720 de la Hacienda española. Sin embargo, mantiene la imprescriptibilidad con sanciones de hasta el 150%. Así, sobre estas cuestionadas multas, no aclara si son o no desproporcionadas. A su juicio, solo “son contrarias al Derecho de la Unión las multas fijas impuestas en caso de que no se cumpla o de que se cumpla extemporáneamente la obligación de información sobre los bienes y derechos en el extranjero”.
El magistrado ha presentado hoy unas conclusiones que dejan abiertas la legalidad de las multas del 150% y el resto de interpretaciones sobre esta medida fiscal. Tampoco aclara si afecta a la libertad de movimientos de capitales. Saugmandsgaard Øe expresa sus “dudas” sobre si el Modelo 720 contraviene el Derecho europeo.
En sus conclusiones presentadas esta mañana ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el magistrado asegura que “la normativa española constituye efectivamente una restricción a los movimientos de capitales, puesto que puede disuadir a los residentes fiscales en España de invertir en otros Estados, o impedir o limitar sus posibilidades de hacerlo”. Sin embargo, precisa que “esta restricción puede estar justificada por los objetivos perseguidos de lucha contra el fraude y la evasión fiscales”.
El Abogado General se pronuncia así sobre la cuestionada declaración de bienes en el extranjero -el polémico Modelo 720- impulsada por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La Justicia Europea emite su valoración por primera vez después de que en 2015 la Comisión Europea iniciara un procedimiento de infracción contra España por esta medida. El Modelo 720 exige a los ciudadanos informar sobre sus bienes en el extranjero y la normativa establece elevadas multas, que pueden llegar al 150%, por presentarlo fuera de plazo ante la Agencia Tributaria. La Comisión Europea, al no encontrar respuesta de España a su dictamen, remitió al TJUE el expediente sobre esta declaración de bienes en el extranjero al considerar que su normativa impone sanciones “desproporcionadas a los contribuyentes españoles por no notificar los activos poseídos en otros Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo”.
En resumen, las conclusiones del Abogado General solo revocan las sanciones formales y la imputación como ganancias no justificadas, con independencia de la fecha de su adquisición, y con sanción del 150%, pero únicamente de las cuentas bancarias abiertas a partir del 1 de enero de 2016. El abogado general considera que Bruselas sólo ha demostrado que España tiene información de esos concretos bienes en el extranjero. Es decir, el Abogado General considera que España puede establecer la imprescriptibilidad para el resto de bienes y derechos en el extranjero a declarar con el Modelo 720 -cuentas abiertas antes del 2016, inmuebles y valores de todo tipo, y criptomonedas a partir de ahora-, en la Unión Europea o fuera, con independencia de cómo funcionen los intercambios de información entre autoridades fiscales.
Sobre las multas
La Comisión Europea denunciaba que las elevadas multas del Modelo 720 son desproporcionadas por “imponer automáticamente una multa pecuniaria fija del 150% en caso de que no se presente o de que se presente extemporáneamente el modelo 720, y ello debido tanto a la severidad de la multa como a su carácter automático y no graduable, máxime cuando según ella se trata de una obligación formal”.
El Abogado General considera que “la multa del 150% no sanciona el incumplimiento de una mera obligación formal, sino el incumplimiento de la obligación material de pago del impuesto”. A su juicio, “la Comisión no ha aportado la prueba de que la multa del 150 % se imponga de manera automática y no graduable”. Además, destaca que “tampoco ha aportado la prueba de que la sanción impuesta en caso de activos ocultos en el extranjero sea más severa que las aplicadas en casos internos”.
El Abogado General sostiene que las multas del 150% “solo se imponen cuando el contribuyente es titular de activos en el extranjero por los que no ha pagado el impuesto que debería haber satisfecho, y se calcula a partir de la cuota del impuesto adeudado. Además, el incumplimiento de la obligación formal relativa al modelo 720 se sanciona por medio de las multas fijas antes citadas”.
“Realiza una distinción entre cuentas antiguas y nuevas que la norma española no hace, es un argumento que se ha sacado de la manga y que no tiene ningún sentido”, explica Esaú Alarcón
Por otra parte, Bruselas denunciaba el hecho de imponer, en caso de que no se presente o de que se presente extemporáneamente el modelo 720, multas fijas cuyo nivel es superior al de las sanciones previstas por el régimen sancionador general para infracciones similares. En este caso, el Abogado General, sí considera que son desproporcionadas. “Esas multas fijas son 15, 50 y 66 veces superiores a las aplicadas en situaciones internas”, apunta.
Sobre la imprescriptibilidad
El Abogado General vacila sobre si constituye una restricción desproporcionada el hecho de que no presentar o presentar extemporáneamente el modelo 720 conlleve que los activos objeto del modelo sean calificados de ganancias patrimoniales no justificadas que no prescriben. Destaca que “la Comisión, en gran medida, no ha aportado al Tribunal de Justicia los datos necesarios para que este compruebe la existencia del incumplimiento alegado”.
Por una parte, estima que la regla del “efecto de imprescriptibilidad” puede ser adecuada para garantizar la consecución del objetivo que persigue el Modelo 720. Por otra parte, considera que “esta regla no es necesaria cuando el intercambio automático y obligatorio de información tributaria es suficiente para permitir a la Administración tributaria española efectuar los controles necesarios para liquidar correctamente el impuesto”. El Abogado General apostilla que “en ese caso la Administración tributaria española no puede aplicar dicha regla escudándose en posibles dificultades”.
Dudas sobre su legalidad
Tras examinar los diferentes activos objeto del modelo 720 a la luz del régimen de intercambio de información tributaria, el Abogado General expresa “sus dudas” respecto a que los Estados miembros no dispongan de información relativa a las cuentas preexistentes y a los activos a los que se refiere el modelo 720 que son objeto de un intercambio automático y obligatorio, al menos en el caso de los bienes inmuebles. El magistrado subraya que la Comisión “no ha aportado datos que permitan comprobar la existencia de un incumplimiento a este respecto”.
A su juicio, “la Comisión ha demostrado de modo jurídicamente suficiente que la Administración tributaria española dispone de la información necesaria únicamente en relación con las cuentas bancarias abiertas a partir del 1 de enero de 2016 (cuentas bancarias nuevas)”. En consecuencia, declara que “la aplicación de la regla del efecto de imprescriptibilidad resulta desproporcionada, puesto que va más allá de lo necesario respecto de esta categoría de activos”.
Sin embargo, el Abogado General vuelve a virar en sus conclusiones y mantiene que esta regla no resulta desproporcionada en el caso de los activos respecto de los que la Administración tributaria española no dispone de esa información, habida cuenta en particular del muy limitado grado de armonización alcanzado hasta ahora en el ámbito de la fiscalidad, y de la necesidad de los Estados miembros de luchar contra el fraude fiscal. En su opinión, “los Estados miembros disponen en este ámbito de un amplio margen de apreciación, que comprende la posibilidad de aplicar la regla en cuestión”.
“Decepción” entre los fiscalistas
El abogado Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence, fue quien recurrió este asunto ante la Comisión Europea. “Las conclusiones del Abogado General me parecen muy decepcionantes“, apunta. “Va todo un Abogado General de la Unión Europea y afirma que si un Estado no tiene suficiente información sobre la existencia de determinados bienes en el extranjero, sobre una posible infracción tributaria, puede establecer la imprescriptibilidad o, lo que es peor, que se pierdan prescripciones ganadas, que resuciten obligaciones tributarias muertas. Eso es un disparate”, critica.
Del Campo sostiene que el Abogado General “está ignorando la propia jurisprudencia del Tribunal europeo, que, en sentencias 11 de junio 2009 y 15 septiembre 2011, ha dejado claro que cuando un Estado no tenga indicios de la existencia de los bienes foráneos se pueden prolongar los plazos de prescripción, pero de forma proporcionada y justificada”, añade. Del Campo cree que la sentencia final puede no ir en línea con las conclusiones presentadas hoy. “Estoy convencido de que el TJUE terminará tumbando también la imprescriptibilidad, con propia sanción del 150%, en relación con todos los demás bienes a declarar con el Modelo 720 y no solo con respecto a cuentas bancarias abiertas a partir de 2016″, pronostica.
El fiscalista Esaú Alarcón, socio de Gibernau Asesores, es otro de los abogados que más conoce el Modelo 720. Su intervención en el proceso fue clave en un proceso en la Audiencia Nacional, donde consiguió el Dictamen de la Comisión Europea contra España. Coincide con del Campo. “Me ha decepcionado sobre todo porque las normas no se pueden fragmentar“, apunta. “Realiza una distinción entre cuentas antiguas y nuevas que la norma española no hace, es un argumento que se ha sacado de la manga y que no tiene ningún sentido”, explica.
En cuanto a la imprescriptibilidad, Esaú Alarcón cree que “es una barbaridad”. Subraya que “afecta a la seguridad jurídica, que es un principio fundamental europeo. Es decepcionante”. Sin embargo, Alarcón pide esperar a otro procedimiento sobre el Modelo 720 elevado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. “Como hace tanto hincapié en la seguridad jurídica, puede que luego se consiga resolver esta situación”, concluye.
Nicolás Emery nos habló de la importancia de los balances y de llevanza correcta de la contabilidad en la empresa en el último consultorio jurídico de Rádio Calvià FM, en el que pudo responder a cuestiones como:
¿Qué es un balance de situación? ¿Para qué sirve la información que figura en él? ¿Cómo debe hacerse? ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo se debe interpretar?
¿Por qué es importante conocer el valor del activo corriente?
¿Y el pasivo corriente?
¿Qué diferencia hay entre el activo no-corriente y el activo corriente? ¿Y qué diferencia entre el pasivo corriente y el pasivo no-corriente?
El depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil. ¿Qué empresas está obligadas a presentar cuentas y qué plazo hay? ¿Para qué sirven las cuentas anuales?
¿Qué es el fondo de maniobra?
Recuerda que en Moya & Emery podemos ayudarte con la contabilidad de tu empresa o negocio. Ponte en contacto con nosotros y pide cita en cualquiera de nuestras oficinas
El complemento retributivo específico de puesto de trabajo también se cobra durante la situación de embarazo de riesgo, a pesar de no se haya tomado posesión del nuevo puesto de trabajo.
El Tribunal Supremo (TS) ha entendido en el caso que nos atañe que se ha incurrido en discriminación por razón de sexo por dejar de abonar a la perjudicada, mujer de profesión Guardia Civil, el complemento retributivo correspondiente con motivo de no haber tomado posesión del nuevo puesto de trabajo en atención a su situación de baja por embarazo de riesgo.
El TS considera que las mujeres Guardias Civiles, en caso de que padezcan insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas para el servicio la cual venga derivada de una situación de embarazo de riesgo, tienen derecho a percibir el componente singular del complemento específico del puesto de trabajo anterior o del actual.
Y es, señala el TS, el principio de no discriminación por razón de sexo obliga a compensar las desventajas que el embarazo puede provocar en los derechos económicos y profesionales de las mujeres y que no puede haber discriminación alguna en caso de embarazo o maternidad, tal como establece el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, en consonancia con el artículo 58 relativo a la licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia, y la jurisprudencia constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE).
Puedes consular la sentenciareferida en formato pdf a través de este enlace.
Recuerda que en Moya & Emery podemos ayudarte en casos de discriminacion laboral, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros para una cita en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.
Ante un aumento de estos procesos concursales del 45% en el primer semestre del año frente al de 2019 y con el afán de que los empresarios que están siendo azotados por la crisis económica traída por la pandemia del Covid-19 puedan anticiparse y disponer de toda la información necesaria para afrontar de la mejor manera posible una eventual situación de insolvencia en su empresa, el Consejo General de Economistas junto con la patronal CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) han elaborado una la GUÍA DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA ANTE LA INSOLVENCIA, que puedes descargar en formato pdf aquí
Si te interesa este tema, además puedes leer el artículo del digital CincoDíascon un resumen de la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia del CGE y CEPYME:
Cómo se debe afrontar la insolvencia de la empresa, paso a paso
La necesidad de los empresarios, especialmente si son pequeños, de disponer de la información necesaria para afrontar la temida situación de insolvencia es cada vez mayor en el contexto de la crisis del Covid. Ante un aumento de estos procesos del 45% en el primer semestre de 2021 frente al de 2019, el Consejo General de Economistas y la patronal Cepyme han editado la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia, un recorrido paso a paso del proceso que se ha de seguir y que se resume a continuación.
Alerta temprana
La Guía aconseja, en primer lugar, detectar con anticipación la futura insolvencia para ganar tiempo y recursos. Se trata de realizar un control económico-financiero de la compañía y de observar riesgos tales como caída de facturación o márgenes, la necesidad de convertir en dinero bienes del activo inmovilizado, la pérdida de concesiones o retrasos en los pagos.
Insolvente pero viable
Los controles permiten conocer si la empresa sigue siendo solvente o no. En caso de insolvencia, cabe la posibilidad de que haya viabilidad, coyuntura en la que hay que reorganizar costes, reconducir la empresa, buscar financiación y reestructurar deudas. Para esto último, hay que negociar con los acreedores mediante acuerdos de refinanciación o pactos extrajudiciales o concursales (propuestas de convenio y acuerdos laborales).
Insolvente e inviable
Todavía se recomienda estudiar las posibilidades de acuerdos extrajudiciales para liquidar la empresa, lo que se conoce como liquidación voluntaria. Si no es posible, se solicita el concurso de liquidación.
Comunicar los acuerdos
Al abrir la negociación con los acreedores, es necesario comunicarlo al juzgado competente. Durante los siguientes tres meses, se suspenden las posibles ejecuciones contra el deudor o las ya iniciadas. En el caso de personas naturales (físicas), el plazo es de dos meses.
Acuerdos de refinanciación
Los acuerdos de refinanciación son de dos tipos: colectivos y singulares. En los primeros, el deudor llega a un pacto con sus acreedores, con o sin homologación judicial. En los singulares, el acuerdo puede ser con uno o con varios acreedores y nunca son homologados por el juez.
Pactos extrajudiciales de pagos
Este tipo de acuerdos pretenden desjudicializar los procesos y requieren la intervención de un mediador concursal. Las personas físicas no empresarias o las personas jurídicas cuya entidad no es inscribible en el Registro Mercantil deben solicitar el mediador ante notario. El resto lo harán ante el Registro Mercantil o cámara de comercio correspondiente. Hay que advertir que el mediador tiene menos responsabilidades y obligaciones que un administrador concursal.
Papel del mediador
Como primer paso, el mediador convoca al deudor y a sus acreedores, dentro de los 10 días siguientes a la aceptación del cargo, con el propósito de alcanzar el acuerdo extrajudicial de pagos. Remite una propuesta a los acreedores, con el visto bueno del deudor, que puede contemplar cualquiera de estas medidas: esperas no superiores a 10 años; quitas; conversión de créditos en acciones o participaciones de la empresa o en otros instrumentos financieros; o cesión de bienes y derechos. Si los acreedores aceptan el plan presentado, se firma en escritura pública.
No se aprueba el plan
En caso de que los acreedores no aprueben la propuesta, el mediador presenta concurso, llamado consecutivo. Las personas físicas lo hacen ante el Juzgado de Primera Instancia y el resto de deudores, ante un Juzgado Mercantil.
Concurso consecutivo
A este concurso se llega después de no haber alcanzado ni el acuerdo de refinanciación ni el extrajudicial de pagos, por haberlos incumplido o bien porque se haya declarado la nulidad o la ineficiencia judicial de alguno de los dos acuerdos.
Exoneración del pasivo insatisfecho
Cuando una persona física llega al concurso consecutivo aún puede recurrir al sistema se segunda oportunidad o beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho por el que el deudor se libera de las deudas existentes, con ciertas limitaciones.
Proceso del concurso consecutivo
El juez nombra administrador concursal al mediador como regla general. Si el concurso se hubiera declarado a solicitud del acreedor, el concursado podrá presentar una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que le hubiera sido notificada esa declaración. Las personas físicas solo podrán presentar un plan de liquidación de la masa activa (bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor). Para el supuesto de falta de presentación o de inadmisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio, de la falta de aprobación del convenio, y de incumplimiento del convenio aprobado, el juez acordará directamente la apertura de la fase de liquidación.
Concurso de acreedores
Este concurso tiene como objeto repartir la masa activa del deudor entre los acreedores. Se presenta en dos meses desde la insolvencia y cuando no hay acuerdo previo. Es voluntario cuando lo presenta el propio deudor y necesario cuando lo hacen los acreedores. Los necesarios son los que los que no se pueden presentar hasta el 31 de diciembre de 2021 en virtud de la moratoria concursal. Consta de tres fases. La fase común es la de solicitud de concurso, el auto de declaración y el informe del administrador concursal. La fase de convenio incluye, entre otras cosas, la presentación y admisión de las propuestas, la aprobación judicial de la propuesta aceptada mayoritariamente y su posterior cumplimiento o incumplimiento. La de liquidación es en la que se liquida la masa activa y se procede al reparto entre los acreedores.
Calificación
En esta fase del proceso se depuran las posibles responsabilidades y se determina si el concurso es culpable o fortuito
Conclusión y rendición de cuentas
El concurso se concluye por: cumplimiento del convenio aprobado; liquidación de los bienes y derechos y pago a los acreedores hasta donde alcance; inexistencia de la insolvencia por pago o por satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio; desistimiento o renuncia de los acreedores; o insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa. Esta última es la causa más frecuente de conclusión. La rendición de cuentas se presentará junto con el informe final de liquidación
La nueva Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude ha puesto el foco sobre ellos y Hacienda, como caballo de batalla, los vigilará más estrechamente: Los autónomos que tributan en elrégimen deestimación objetiva (módulos) están en el punto de mira porque se entiende que estos, al no tener la obligación de presentar un balance al declarar sus ingresos, poseen una mayor facilidad para aceptar “pagos en b”. En el intento de acabar con los movimientos continuos de efectivo y de controlar sus flujos de caja de operaciones sin declarar, la nueva ley ha limitado los pagos en efectivo, reduciendo la cantidad que puede ser abonada a los 1.000 Euros (antes eran 2.500 €) y fija una sanciones, tanto para pagador como para el receptor, en caso de incumplimiento de hasta el 25% del importe pagado, En caso de que una de las dos partes de cuenta de esta práctica irregular no tendrá que abonar la sanción. Además, se ofrece una reducción del 50% por pagarla sin hacer alegaciones.
Nadie queda a salvo, pero claramente serán más susceptiblesde de verse fiscalizados por la Agencia Tributaria los trabajadores por cuenta propia DE sectores de actividad en que el empleo de efectivo como medio de pago es más habitual: pequeños comercios y bares.
¿Quieres saber más de este tema? Lee a continuación el interesante artículo de elEconomista.es al respecto o nuestras entradas previas al respecto de la Ley antifraude.
Estos son los autónomos perseguidos por Hacienda por exceder los límites de efectivo
La Ley contra el Fraude aprobada recientemente por el Gobierno ha puesto el foco en el colectivo de autónomos. La Inspección es consciente de que este segmento del tejido empresarial español es un ecosistema perfecto para que florezca la economía sumergida. De ahí, que uno de los caballos de batalla de esta ley haya sido el dinero en efectivo.
Básicamente, la norma reduce la cantidad máxima abonada en efectivo, pasando de los 2.500 euros hasta los 1.000 euros. La sanción que establece la Administración asciende hasta el 25% del pago realizado para ambas partes, pagador y receptor.
¿A quién persigue Hacienda?
El fisco lleva tiempo poniendo el foco en un grupo de autónomos dentro del colectivo en concreto. Los ‘moduleros’, los trabajadores por cuenta propia que tributan en el régimen de estimación objetiva, no están obligados a presentar un balance de ingresos, por lo que es el caldo de cultivo perfecto para que se den casos de economía sumergida.
Estos profesionales tributan dentro de este régimen porque llevan a cabo actividades en las que hay mucho movimiento de efectivo y el flujo de caja es continuo, lo que dificulta en gran medida hacer un seguimiento de las cuentas. Por este motivo, declaran a Hacienda en base a unos segmentos de ingresos establecidos por la Administración, los módulos.
Precisamente, este es el motivo de que sea más fácil llevar a cabo transferencias de dinero en efectivo no declaradas. Este es el verdadero grupo de autónomos perseguido por la Inspección.
Para saber qué autónomos entran dentro de esta parte del colectivo tan solo hay que pensar en aquellas actividades en las que es más habitual el uso de efectivo. Atendiendo a esta referencia, los trabajadores por cuenta propia más vigilados por el fisco serían los hosteleros y los comerciantes. Dentro de estas dos áreas ya es posible especificar los subsectores más vigilados.
Por ejemplo, dentro de la hostelería, es más fácil que se ponga el foco en un bar que en un hotel, ya que en este último es más habitual ver los pagos con tarjeta o, incluso por transferencia desde la cuenta bancaria. Dentro del comercio, estará más vigilada una pequeña tienda de ropa que una gran franquicia de inmuebles, en la que es muy común que el ticket medio supere los 1.000 euros.
En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) ha venido a ratificar recientemente el despido de un trabajador que mintió a la empresa -por partida doble- para llegar a ser contratado. Y es que el empleado mintió tanto en el currículum entregado a la empresa como en la declaración jurada y responsable que se le solicitó debido a la imposibilidad de llevar a cabo un reconocimiento médico previo a su incorporación, ocultando una limitación funcional para llevar a cabo las laborales que el puesto de mensajero precisaba (manipulación y carga de paquetería) por su limitación funcional de extremidades y columna por trastorno del disco intervertebral, síndrome de túnel carpiano y síndrome álgico.
¿Te ha intesado esta noticia? Entonces sigue leyendo más al respecto en este interesante artículo del portal Noticias Jurídicas, desde donde podrás, además, tener acceso a la sentencia referida:
Un empleado es despedido por mentir en el currículo
El trabajador firmó una declaración responsable para conseguir un puesto de trabajo cuando, por sus limitaciones físicas, no podría desarrollarlo
El TSJ Castilla y León avala el despido de un empleado que mintío, tanto en su currículo como en la declaración responsable, para conseguir el puesto de carga y descarga de paquetería, ocultándo su limitación funcional para desempeñar las funciones que el empleo acarreaba.
Según establece el tribunal, el modo abierto en el que está configurada la transgresión de la buena fe contractual, para tener efectos disciplinarios a efectos de justificar un despido, se basa primordialmente en la pérdida de la confianza en el trabajador; quiebra de la confianza que puede derivar de conductas de engaño u ocultación, destinadas a conseguir y mantener el vínculo de trabajo sobre unas condiciones de capacidad laboral irreales y parcialmente incompatibles con las exigencias del puesto desempeñado.
La sentencia (disponible en este enlace) estima que se da esta pérdida de confianza porque el trabajador, tanto en su currículo como en la declaración responsable firmada antes de acceder al puesto de trabajo, ocultó, no su discapacidad, pero sí su limitación funcional para poder desarrollar las labores que iba a asumir.
Sustitución del reconocimiento médico
Ante la imposibilidad de llevar a cabo un examen previo a su incorporación por las circunstancias derivadas del estado de alarma a consecuencia del COVID-19, se tuvo que sustituir el reconocimiento médico por la declaración jurada y responsable. En ella, el trabajador, que pretendía acceder a un puesto de mensajería y reparto de paquetes, indicó que medicamente no presentaba limitaciones para la manipulación manual de cargas – siendo ésta una tarea esencial de la categoría para la que iba a ser contratado-, y declaró su compromiso de informar a la empresa de cualquier variación en su situación médica que pudiese influir en su puesto de trabajo.
Previamente, y conociendo que la labor a desarrollar sería carga y descarga de paquetería, había señalado en su CV su facilidad para el trabajo físico y que solo estaba impedido para trabajar en la construcción, ocultando un informe del EVO, previo a la declaración de discapacidad superior al 33% en el que se había constar una limitación funcional de extremidades y columna por trastorno del disco intervertebral, síndrome de túnel carpiano y síndrome álgico.
La empresa solo conocía la clasificación del trabajador como demandante de empleo protegido en razón a su tipo y grado de minusvalía, y no fue hasta que se pudo realizar el reconocimiento médico – que fue evitado por el trabajador mientras pudo negarse a su realización-, cuando se toma conocimiento de que no podía manejar pesos superiores a 7 kilos, lo que entra en una clara contradicción con lo que había declarado dos meses antes, al inicio de la relación laboral, al afirmar que podía manipular cargas sin limitaciones cuando no era cierto.
Valora también la sala que, una vez que la empresa tuvo conocimiento de las limitaciones funcionales del trabajador, intentó buscarle otro puesto de trabajo lo que no resultó posible por la demanda del mercado, siendo la actitud del trabajador, desde entonces, la de proferir toda clase de insultos y amenazas contra la empresa sobre que no tenía licencia y permisos necesarios para funcionar, avisando verbalmente a algunos compañeros que iba a coger una baja para que no le pudieran despedir y para que la empresa tuviera que pagarle por no trabajar.
También, y a pesar de las instrucciones dadas expresamente al trabajador, vino haciendo hasta el último día caso omiso de las normas de seguridad y salud laboral, al manipular él solo y sin medios auxiliares bultos de 15 kilos o no pedir ayuda al compañero con el que realizaba la ruta que tenía asignada.
Según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que fija la regla general y de mínimos al respecto de las vacaciones (es decir, puede ser mejorada por convenio colectivo o acuerdos con el propio empleado), el trabajador que durante su período vacacional sufra una situación de incapacidad temporal -y un contagio de Covid-19 tiene tal consideración- podrá suspender sus vacaciones (total o parcialmente, según el caso) y tendrá derecho a disfrutar de las mismas una vez haya recibido el alta médica. Para disfrutar el nuevo período es necesario volver a estar de alta (que haya finalizado la incapacidad temporal), ponerse de acuerdo con la empresa sobre la nueva fecha de disfrute y, como último requisito o condición, que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.
Además, las cuarentenas, por positivo o contacto estrecho, o períodos de aislamiento tienen la consideración de incapacidad temporal por enfermedad común, así que sucede lo mismo que con un contagio por Covid-19 en lo que respecta a las vacaciones.
El obligado a guardar cuarentena que se encuentre disfrutando las vacaciones en España pero fuera de su lugar habitual de residencia habitual podrá desplazarse a su domicilio pero en vehículo privado y firmando una declaración responsable. Y -atentos los residentes en las Islas Baleares y Canarias- si la única opción de desplazamiento a nuestro hogar fuera en un medio de transporte público, “este se realizará previa valoración y autorización de la autoridad de salud pública de origen y destino debiéndose asegurar que las medidas de distanciamiento del contacto, respecto al resto de personas, sean aplicadas desde el punto de partida y durante todo el trayecto”.
¿Quieres saber más al respecto de este tema? Lee a continuación un interesante artículo del diario CincoDias Legal:
¿Qué ocurre con las vacaciones si me contagio de COVID-19 durante su disfrute?
Esta pregunta, o si el trabajador puede desplazarse desde el lugar de descanso al de su residencia para hacer cuarentena, tienen respuesta
Las vacaciones correspondientes al mes de agosto ya han dado el pistoletazo de salida. Y lo han hecho en plena quinta ola de contagios por el nuevo coronavirus. Aunque en España el 59,1% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación y el 69,3% tiene al menos una dosis, según datos del Ministerio de Sanidad actualizados el día 5, se siguen produciendo nuevos contagios. Ante esta situación, cabe la pregunta acerca de qué ocurriría si por desgracia el trabajador se contagia durante su periodo de descanso o si tiene que hacer la cuarentena de 10 días por haber tenido un contacto estrecho con una persona infectada.
De conformidad con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, la persona tendría derecho a disfrutar de las vacaciones una vez recibido el alta médica. Y es que, estas se suspenderían, de forma que se podría hacer uso de ellas una vez que finalizase la situación de incapacidad temporal, previo acuerdo con la empresa sobre la fecha, “y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado”.
Es decir, si el trabajador comienza su incapacidad temporal, por ejemplo, el 24 de diciembre de 2021, las vacaciones pendientes de ese año natural (2021) podrían disfrutarse hasta el 30 de junio de 2023. Con respecto a las vacaciones devengadas en 2022, se podrían disfrutar hasta el 30 de junio de 2024. Estas reglas sobre disfrute de vacaciones pueden ser mejoradas por convenio, acuerdo colectivo o acuerdo individual.
Tal y como apunta el Ministerio de Seguridad Social en su página web, los periodos de aislamiento “se considerarán como incapacidad temporal por enfermedad común”. La emisión de los partes de baja, confirmación y alta corresponderá al Servicio Público de Salud de la comunidad autónoma a la que esté vinculado el trabajador en función de su domicilio.
No obstante, a efectos del pago, estos periodos se consideran “accidentes de trabajo” y no “incapacidades temporales por enfermedad común”. Esto significa que la prestación económica se produce desde el día siguiente al de la baja y no desde el cuarto como ocurre con las bajas por enfermedad común, según señala el departamento que dirige José Luis Escrivá.
Dónde hacer la cuarentena
Por otro lado, el Ministerio de Sanidad explica que si la persona debe guardar cuarentena por positivo o por contacto estrecho con una persona infectada mientras se encuentra de vacaciones en un lugar distinto al de su residencia, puede hacerla en el lugar en el que se encuentre en ese momento o donde tenga su residencia habitual.
Pese a ello, el transporte se deberá realizar en coche privado y firmando un documento de declaración responsable. Pero si por cualquier circunstancia la única opción de desplazamiento fuera en un medio de transporte público, como puede ser el caso de las islas, “este se realizará previa valoración y autorización de la autoridad de salud pública de origen y destino debiéndose asegurar que las medidas de distanciamiento del contacto, respecto al resto de personas, sean aplicadas desde el punto de partida y durante todo el trayecto”.
A cuatro meses de su puesta en marcha, todavía están sin repartir dos tercios del fondo de ayudas directas de 7000 millones de € dispuesto para paliar los efectos económicos de la pandemia sobre autónomos y empresas. La falta de agilidad y la exclusión de muchas empresas y autónomos por no cumplir los requisitos para su concesión ha hecho que desde el Ministerio de Economía se estudie la posibilidad de que las CCAA ,que son los entes delegados para fijar los requisitos y tramitar dichas ayudas, modifiquen los criterios de concesión de las ayudas y que las mismas puedan ser usadas para liquidar deudas tributarias, con la Seguridad Social y préstamos extrabancarios. De este modo sería factible conseguir, de un lado, que el Estado pueda cobrar parte de la deuda que autónomos y pymes mantienen por el momento y, por el otro lado, que los afectados puedan, tras haberse puesto al corriente de pago con las administraciones públicas, acceder al resto de ayudas desplegadas que mantienen como requisito esencial no tener deudas con la administración.
Sigue leyendo más al respecto de este titular, en el artículo del diario digital ElEconomista, que te transcribimos a continuación:
Calviño medita dar 5.000 millones para cubrir deudas extrabancarias de los autónomos y pymes
También estudia permitir liquidar pagos con Hacienda y Seguridad Social
La letanía de los autónomos para acceder al fondo de ayudas directas dotado con 7.000 millones de euros y que aún tiene un 60% del total sin conceder, tras cuatro meses de vigencia, parece haber alertado a los técnicos del Gabinete del Ministerio de Economía, que desde esta misma semana ya estudian dos propuestas para agilizar la liberación de este dinero.
Concretamente, para estos casi 5.000 millones de euros que aún descansan en las arcas públicas de las comunidades autónomos -a las que se les transfirieron los fondos y que son las responsables de aprobar las solicitudes en virtud de los requisitos impuestos- el Gobierno ya valora la posibilidad de que puedan ser usados para liquidar las deudas tributarias y los aplazamientos solicitados por pymes y autónomos tanto a la Seguridad Social como a la Agencia Tributaria. Y también se medita la opción de extender la ayuda para devolver aquellos préstamos extrabancarios solicitados por los trabajadores por cuenta propia para sostener sus negocios, con fecha previa a la aprobación en mayo del fondo de rescate, y que han soportado los familiares y amigos de los afectados, principalmente.
Esta medida, más allá, supondría un balón de oxígeno para el colectivo en un momento en que parece que la situación sanitaria vuelve a trastocar la actividad de los comercios y del sector servicios, en plena temporada estival, que quedará limitada según las medidas que ya están adoptando las comunidades autónomas con motivo de la quinta ola de contagios. Así, uno de los puntos clave de la propuesta que ha hecho llegar UPTA, una de las asociaciones representantes del colectivo al Gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, está en que si este dinero fuera a parar a la liquidación de atrasos y pagos de los autónomos y pymes con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, se lograría un doble beneficio. Por un lado permitiría al Estado recuperar o cobrar parte de estos pagos demorados, que suponen una deuda de facto con la Administración Pública y por otro lado supondría que los afectados podrían volver a solicitar el resto de ayudas públicas desplegadas para el colectivo a nivel regional y local, ya que un requisito imprescindible en todas estas solicitudes es encontrarse al corriente de pago con las administraciones del Estado.
Según UPTA, el Ministerio de la vicepresidenta primera está valorando esta propuesta tras las conversaciones mantenidas esta misma semana, en la que la asociación habría aportado los datos que dan cuenta de la lentitud con la que se están concediendo estas ayudas directas. Para UPTA, esto “supondría un auténtico espaldarazo para paliar la difícil situación que están atravesando miles de autónomos que no pueden solicitar ninguna ayuda de las administraciones por no estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria o la Tesorería de la Seguridad Social”. El presidente de la organización, Eduardo Abad, asegura al respecto que se está a tiempo de enderezar el rumbo del plan de ayudas y la solución pasa por ser “eficaces”.
Modificar requisitos
Desde su punto de vista, el Gobierno debe establecer mecanismos que permitan a las comunidades autónomas cambiar las órdenes de ayuda y “con ello conseguir un doble efecto, por un lado, saldar deudas existentes con la administración central y por otro que los autónomos puedan acogerse a las ayudas de todas las administraciones”.
“Más del 60% de los 7.000 millones de euros de este plan de ayudas directas quedarán sin repartir porque no se pueden cumplir las restrictivas condiciones de acceso impuestas por el Real Decreto del mes de mayo”, según Abad.
UPTA asegura que uno de los principales problemas de este plan de ayudas reside en la obligatoriedad de mantener vivas deudas con proveedores o suministradores de bienes o servicios con anterioridad a la fecha de publicación del Real Decreto, además de establecer unos determinados supuestos que hacen referencia a las pérdidas contables, que al fin y al cabo aluden a gastos sin abonar por parte de la sociedad.
“Desde UPTA también queremos esclarecer cómo deben considerarse los préstamos realizados por parte de socios de una sociedad mercantil a su propia empresa; o los préstamos que por parte de familiares o cualquier otra persona se produjeran entre marzo de 2020 y mayo de 2021 a un trabajador por cuenta propia para poder hacer frente a sus obligaciones con proveedores. En este sentido, desde UPTA consideramos que una simple elevación a documento público notarial debería ser suficiente para considerarlo un préstamo sin saldar, y, por lo tanto, entrar en los supuestos de justificación para las ayudas gubernamentales, siempre y cuando se justifique el préstamo a través de transferencias bancarias en el periodo anterior a la publicación de la normativa”, sugieren desde la entidad representante del colectivo de trabajadores por cuenta propia de cara a dotar de liquidez.
Iniciar una actividad económica conlleva una serie de requisitos y obligaciones fiscales para las personas que quieran emprender un negocio y, por ello, el abogado y economista 𝙉𝙞𝙘𝙤𝙡á𝙨 𝙀𝙢𝙚𝙧𝙮 ha querido repasar las más importantes junto con la audiencia de Radio Calvià FM en el consultorio jurídico de este martes. Dar de alta nuestra actividad económica, darnos de alta como autónomos, presentar correctamente una 𝙙𝙚𝙘𝙡𝙖𝙧𝙖𝙘𝙞ó𝙣 𝙘𝙚𝙣𝙨𝙖𝙡 a la Agencia Tributaria con toda la información relativa a nuestra actividad: indicar la fecha de inicio de la actividad (fecha que tomará la Seguridad Social para dar de alta de autónomos); también el lugar de la actividad; dar cuenta de qué obligaciones tributarias serán las relativas a nuestra actividad: si tenemos personal asalariado, si pagaremos un alquiler en nuestro negocio, si existe o no la obligación de presentar el IVA, el tipo de contabilidad que se aplicará a nuestra actividad (estimación objetiva/módulos o estimación directa); etc.
Las ayudas directas a autónomos y empresarios dispuestas por el Gobierno, que para las Islas Baleares ascienden a un total de 855 millones de euros, no llegarán a sus destinatarios antes de septiembre. La gestión de la concesión de dichas ayudas, que fue delegada por el Ejecutivo a cada comunidad autónoma, amén de que los criterios y requisitos para la concesión han variado desde un principio -al menos en las baleares- está provocando dilación en la entrega de las cantidades. Con todo ello, Baleares es una de las que tienen más avanzado el proceso de concesión de ayudas. Pese a que, como se ha avanzado, el importe líquido de las ayudas no llegará hasta más adelante, de entre todas las solicitudes presentadas en nuestra comunidad, el Govern balear ha ido publicando en el BOIB la relación de beneficiarios a quien se ha aprobado conceder las ayudas, que puedes consultar en los siguientes enlaces aquí y aquí.
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), a través de su secretario general, José Luis Perea, ha señalado: “El proceso es lento. Las ayudas no van a estar este verano”.
Si quieres más información, lee ea continuación el artículo de Vozpópuli que da cuenta de la noticia:
Las ayudas directas a autónomos y pymes llegarán como mínimo en otoño
Según los plazos de las convocatorias establecidas por las comunidades autónomas, los empresarios ya descartan recibir el dinero antes de que acabe el verano
Los 7.000 millones en ayudas directas prometidos por el Gobierno para pymes y autónomos no llegarán antes de septiembre. Aunque las inyecciones monetarias fueron anunciadas por el Ejecutivo el pasado mes de marzo, que la gestión sea a través de las comunidades autónomas está dilatando el proceso, puesto que los plazos son diferentes en cada una de ellas.
Las líneas de ayudas anunciadas están compuestas de dos compartimentos. El primero, uno de 5.000 millones, que se destinará al conjunto de comunidades autónomas. El segundo, de 2.000 millones, será para Canarias y Baleares, por tratarse de los territorios más castigados por la pandemia por la caída del turismo.
No obstante, ninguna ha entregado aún las ayudas, confirman a Vozpópuli fuentes de la patronal CEOE y de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). “El proceso es lento. Las ayudas no van a estar este verano”, confirma José Luis Perea, secretario general de ATA, que apunta a que agosto suele ser un mes inhábil.
En este sentido, ni siquiera confían en que puedan entregarlas ya las comunidades que tienen más avanzado el proceso, como Murcia o Baleares, que terminaron a finales de junio de recibir la documentación de los interesados; Castilla-La Mancha, que hizo lo propio el 19 de julio; o Canarias y Madrid, esta misma semana. Con calendarios diferentes, Navarra tendrá el plazo abierto hasta el 20 de agosto, mientras que Aragón esperará hasta el 10 de septiembre.
De hecho, son varias las que han ampliado el plazo por la dificultad que está suponiendo. “Son ayudas que se tramitan siguiendo los criterios de la ley de subvenciones, son muy farragosas burocráticamente“, señala Perea, que insiste en que va a haber “pocos autónomos beneficiados”. Según sus cálculos, no superará el 12%.
Autónomos y pymes rechazan los criterios
Estas ayudas están destinadas a reducir el endeudamiento suscrito entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, que sirven para cubrir obligaciones de deuda y pagos a proveedores, acreedores financieros y no financieros, así como costes fijos incurridos, procedentes de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. Para recibirlas, las empresas deben registrar una caída de volumen de operaciones anual en 2020 de un 30% como mínimo con respecto a 2019.
Este requisito de deuda es uno de los que más rechazan los empresarios y autónomos, puesto que consideran que es injusto. “Hay que presentar documentos contables justificativos que acrediten una deuda, así que están penalizando a todos aquellos autónomos que son buenos pagadores y han cogido sus ahorros para pagar a suministradores, proveedores…”, reclaman desde ATA. Lo mismo apuntan desde la patronal Hostelería de España, que reseña que estas inyecciones “benefician a quienes tienen deudas frente a quienes han arriesgado su patrimonio para ir pagando esas deudas”
Con todo, no creen que durante el verano vayan a recibir ninguna de las inyecciones. “Si se agilizan mucho, nos llevaríamos una grata sorpresa, pero contamos con que al menos hasta septiembre no empezarán a pagar“, concluye Perea.
El plazo de concesión de las ayudas es hasta el 31 de diciembre de este año y se reparten por comunidades según una serie de criterios: dos tercios dependen de la caída del PIB en 2020, moderado en función de la prosperidad relativa de cada autonomía; algo más de un 20% se distribuye en función de la tasa de desempleo y una novena parte según el paro juvenil.
Con la reforma de la Ley Concursal se transpone la Directiva sobre reestructuración e insolvencia y se articula una de las reformas más importantes incluidas en el Plan de Recuperación para favorecer la demografía empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico
El Anteproyecto de Ley, que se saca a audiencia pública, supone una mejora estructural de los mecanismos de insolvencia para fomentar la reestructuración empresarial y establece un marco normativo ágil y flexible que contribuye a minimizar la destrucción de tejido productivo y facilita el mantenimiento de empresas viables
El texto introduce la figura de los planes de reestructuración empresarial, un instrumento pre-concursal dirigido a evitar la insolvencia, o a superarla, que incentiva una actuación temprana y, por tanto, con mayores probabilidades de éxito
El deudor podrá determinar cuáles serán los acreedores afectados por el plan de reestructuración y las ejecuciones singulares de los bienes y derechos de la empresa quedarán suspendidas –hasta un máximo de 12 meses– para facilitar la negociación del plan, lo que permitirá a la empresa continuar desarrollando su actividad con total normalidad
La reforma incluye un novedoso procedimiento especial para microempresas sencillo, rápido, flexible, digitalizado -en el que las partes se comunicarán a través de formularios gratuitos y disponibles on line o las vistas serán virtuales- y que supondrá una reducción significativa de los costes para el deudor. Este procedimiento permitirá a los deudores alcanzar un plan de continuación si la empresa es viable o, en caso de no ser posible, les facilitará una rápida liquidación de la empresa a través de una plataforma on line
También se reforma el procedimiento concursal para agilizarlo y reducir su duración, con medidas como la sustitución de la junta de acreedores por una tramitación escrita en el convenio o la reducción de la retribución del administrador concursal si la gestión no es eficiente, lo que se producirá si el procedimiento dura más de 12 meses por causa que le sea imputable
Otra de las novedades es la modificación en profundidad del procedimiento de segunda oportunidad, dirigido a personas físicas (consumidores) y autónomos en concurso, dando un nuevo impulso a quienes desean volver a emprender o continuar con su actividad económica sin el lastre de deudas de una iniciativa anterior. De este modo, bajo ciertas condiciones y sujetándose a un plan de pagos, se posibilita la exoneración de las deudas sin necesidad de una liquidación previa de los activos empresariales o de la vivienda habitual del deudor.
El Gobierno a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha sacado a trámite de audiencia pública el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal. El proyecto normativo incluye la transposición de la Directiva europea de reestructuración e insolvencia e introduce otras reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas viables.
Esta modificación constituye una de las reformas más importantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer la demografía empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico.
Se trata de un proyecto de ley ambicioso, dirigido a garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad; que los empresarios personas físicas insolventes puedan disfrutar de la exoneración de sus deudas, después de un periodo de tiempo razonable, favoreciendo la segunda oportunidad; y que se mejore la eficiencia del procedimiento concursal con el fin de reducir su duración.
Se presta especial atención a las microempresas, que dispondrán de un procedimiento específicamente adaptado a sus necesidades y características.
La reforma es de especial importancia en el actual contexto económico, puesto que la disponibilidad de este tipo de instrumentos de reestructuración, eficientes y ágiles, contribuirá a minimizar la destrucción del tejido productivo y al mantenimiento de empresas y negocios viables.
Planes de reestructuración
Los planes de reestructuración, que sustituyen a los actuales acuerdos de refinanciación, son uno de los elementos centrales de la Directiva de insolvencia y de la reforma de la Ley Concursal para facilitar que las empresas deudoras viables dispongan de un instrumento eficaz para evitar la insolvencia o salir de ella.
Se trata de un instrumento pre-concursal, dirigido a empresas con dificultades financieras, que favorece una reestructuración en un estadio más temprano que el de los actuales instrumentos, cuando se detecten indicios de probabilidad de insolvencia, frente a la actual exigencia de que ésta sea inminente.
Es un mecanismo flexible, ágil desde el punto de vista procedimental, que incorpora las mejores prácticas de otros modelos de derecho comparado, como el americano, para contribuir a su eficacia. En concreto, posibilita el arrastre de clases acreedoras disidentes, esto es, las que no votan a favor del plan, incluyendo también las correspondientes salvaguardas para los acreedores. Su introducción incentivará una reestructuración más temprana y, por tanto, con mayores probabilidades de éxito, contribuirá a la descongestión de los juzgados mercantiles, liberará recursos y permitirá una mayor eficiencia del concurso.
Asimismo, se introduce un nuevo procedimiento de insolvencia único para autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores, más rápido, digitalizado y con un coste muy reducido que incrementa la posibilidad de continuidad de las empresas viables y facilita la reasignación de recursos. Este procedimiento se caracteriza por la simplificación del proceso concursal, su carácter modular y ofrece dos itinerarios posibles. Tras un período de negociación con los acreedores de un máximo de tres meses debe optarse: por un plan de continuación rápido y flexible, si hay posibilidad de un acuerdo o, en su defecto, por una liquidación ordenada, pero rápida, a través de una plataforma on line. Este procedimiento únicamente debe utilizarse para liquidar empresas que son insolventes.
Procedimiento de segunda oportunidad
Se reforma en profundidad el procedimiento de segunda oportunidad, dirigido a personas físicas y autónomos en concurso, con el objetivo de incentivar a los beneficiarios a continuar con su actividad laboral o empresarial y posibilitando una segunda oportunidad realmente efectiva. El Anteproyecto de Ley introduce medidas adicionales a las previstas en la Directiva de insolvencia, entre las que destaca la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos a los acreedores, permitiendo al deudor, bajo ciertas condiciones, mantener su vivienda habitual y, si fuera autónomo, continuar con su actividad.
El plan de pagos tendrá una duración máxima de tres años, que se ampliará a cinco años cuando no se enajene la vivienda habitual del deudor. Asimismo, se amplía la relación de deudas exonerables y se eliminan o se relajan ciertas restricciones para poder acceder a las exoneraciones.
Reforma del procedimiento concursal
Por último, el Anteproyecto de Ley también incluye la reforma del procedimiento concursal para incrementar su eficacia. Con este objetivo se introducen numerosas modificaciones dirigidas a agilizar el procedimiento y a facilitar la aprobación de un convenio cuando la empresa sea viable, facilitar la venta de unidades productivas o, en su caso, su liquidación. En este sentido, entre las medidas para agilizar el procedimiento y reducir su duración, la reforma prevé incentivos en la retribución del administrador concursal condicionados a la celeridad y agilidad del procedimiento, y penalizaciones si la gestión no es eficiente, lo que se producirá si el procedimiento dura más de 12 meses por causa que le sea imputable
Modificación de la ley orgánica del poder judicial
Como complemento necesario para las medidas de eficiencia contenidas en el anteproyecto, resulta imprescindible descargar de competencias a los juzgados mercantiles y a las secciones especializadas de las audiencias provinciales. Estas medidas requieren la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se presenta una segunda reforma, como Ley Orgánica, complementaria a la de la Ley Concursal.
Esta reforma contempla, entre las medias más destacadas, que los juzgados de los casos sobre condiciones generales de la contratación y sobre protección de los consumidores y ciertas reclamaciones en materia de transportes (retrasos de aerolíneas, equipajes, etc.) pasen de los juzgados de lo mercantil a los juzgados de primera instancia.
Finalmente, volverá a los juzgados de lo mercantil el conocimiento del concurso de las personas naturales no empresarias.
Desde 𝗠𝗼𝘆𝗮 & 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆, a través de la abogada especializada en Derecho laboral 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒐𝒔, hemos querido dedicar íntegramente a la PENSIÓN DE JUBILACIÓN este último consultorio jurídico en Ràdio Calvià FM y explicar una serie de dudas que pueden surgir entre el colectivo de personas en edad de jubilarse o que se encuentren cercanas a dicha edad de jubilación, algunas de ellas ya planteadas por clientes de nuestro despacho de forma habitual. Por ello, se han intentado abarcar y explicar los siguientes puntos:
Concepto de jubilación.
¿A día de hoy, cuándo me puedo jubilar?
¿Cómo se verán afectadas las pensiones de jubilación con la reforma que se plantea de cara a 2022?
¿Qué jubilaciones se ven afectadas por la reforma de las pensiones? Concepto de éstas.
Recuerda que puedes ponerte en contacto con cualquiera de las oficinas de 𝗠𝗼𝘆𝗮 & 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 y pedir cita para aclarar cualquier duda con respecto a tu pensión de jubilación.
Como se ha convertido en costumbre ya, el pasado viernes tuvo lugar la comida de verano del despacho Moya & Emery. En ella, los miembros del equipo de profesionales que integran ambas oficinas de Palma y de Palmanova, junto con algunos de los estrechos colaboradores de nuestro despacho de asesores, consultores y gestores, pudimos disfrutar, en un distendido ambiente, de los platos dispuestos por los huéspedes de la cita, nuestros amigos del ristorante Il Carpaccio de Santa Ponça.
Echamos de menos, como no podía ser de otro modo, a las compañeras y compañeros que no pudieron asistir al evento por deber atender otros compromisos. En la próxima seguro que estaremos todos juntos.
El Estatuto de Trabajadores dispone una serie de derechos de cuya existencia no todos los trabajadores parecen estar al tanto. Además, a esos derechos se deberán sumar los que también disponga el convenio colectivo de su empresa o de su sector, en caso de que lo haya.
Hoy desde Moya & Emery queremos darte a conocer algunos de esos derechos “desconocidos” más comunes de los trabajadores:
1. Tu anticipo de nómina
En caso de precisar liquidez, el trabajador puede solicitar que se le adelante el porcentaje de nómina correspondiente a los días que lleve trabajados: si se ha trabajado 10 días del mes, se podrá solicitar el anticipo de 33% de la mensualidad; si 15 días del mes, un 50%, etc.
En todo caso, no es este un derecho de concesión automática, puesto que el anticipo dependerá de la propia disponibilidad y liquidez de la empresa para llevarlo a cabo.
2. Tu pausa del café o del cigarro
Los trabajadores que hagan turnos de 6 horas o más tienen derecho a 15 minutos de descanso si así lo desean. La duda surge en si esos minutos de descanso deben ser retribuidos o no por la empresa. La última sentencia al respecto señala que no computan esos minutos como jornada laboral y, por tanto, no devengan conceptos retribuibles y, por ende, la jornada laboral debe alargarse hasta cumplir el tiempo disfrutado de descanso.
3. Tu día libre en caso de cambio de residencia / mudanza
El derecho a un día libre que no puede detraerse de las vacaciones lo fija el Estatuto de los Trabajadores para el caso de que el trabajador precise realizar un cambio de residencia o mudanza. Es muy habitual que los convenios colectivos amplíen este derecho a dos días o incluso más, por ello conviene al trabajador conocer este dato.
4. Tus 20 horas para seguir formándote
Siempre que esté ligado con el propio puesto de trabajo y la labor del trabajador dentro de la empresa, el empleador deberá conceder al trabajador que lo solicite hasta un máximo de 20 horas al año de formación, las cuales estarán dentro de su jornada laboral.
5. Suspender tus vacaciones
¿Qué pasa si mientras estoy disfrutando de mis vacaciones me pongo enfermo? El Estatuto permite al trabajador anular las vacaciones en dichos casos, dando parte de su baja, con aporte de justificante médico y afrontando la reducción salarial que dicha circunstancia acarrea.
Reducción del 60 por ciento de los rendimientos de capital inmobiliario del IRPF en los supuestos de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a viviendas.
Intereses de demora
Recargos por presentación de declaración o autoliquidación extemporánea.
Sanciones.
Sanciones por limitación de pagos en efectivo.
Suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos.
Responsabilidad subsidiaria de titulares de Depósitos Fiscales y Registro de Extractores de Depósitos Fiscales.
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1. Reducción del 60 por ciento de los rendimientos de capital inmobiliario del IRPF en los supuestos de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a viviendas.
1.1. ¿Cuándo resulta aplicable la nueva redacción del apartado 2 del artículo 23 de la Ley del IRPF?
La modificación del apartado 2 del artículo 23 de la Ley del IRPF efectuada por el artículo Tercero. Dos de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, de acuerdo con la letra d) de la Disposición Final 7ª de dicha Ley, tiene efectos a partir del día siguiente al de la publicación de la norma en el BOE.
Por tanto, resultará aplicable siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 23 de la LIRPF, en relación con las autoliquidaciones del Impuesto del ejercicio 2021 en adelante, con independencia de que se presenten dentro o fuera del plazo establecido.
Además, para el ejercicio 2021 y puesto que el impuesto se devenga el último día del periodo impositivo, la nueva redacción será aplicable a los rendimientos netos de todo el ejercicio y no solo a los exigibles a partir de la entrada en vigor de la misma.
2. Intereses de demora.
¿Ha habido algún cambio normativo que afecte al devengo de intereses de demora?
Sí, se ha modificado el artículo 26.2 f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en adelante LGT, que queda redactado como sigue:
“f) Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente, salvo que voluntariamente regularice su situación tributaria sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de esta ley relativo a la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo”.
Con la nueva redacción, desde la entrada en vigor de la Ley, se exige recargo del artículo 27 de la LGT de la siguiente forma:
Por la parte del reintegro, desde la fecha de la devolución.
Por el resto, desde el fin de plazo de declaración.
Con el régimen anterior a la entrada en vigor de la ley se exigían intereses por la parte del reintegro (es decir, por la parte de devolución indebidamente obtenida) y recargos del artículo 27 de la LGT por el exceso.
¿Cuándo entrará en vigor el cambio que afecta al artículo 26. 2 f) de la LGT?
Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No hay disposición transitoria al respecto.
¿Qué régimen resulta aplicable a las declaraciones complementarias presentadas fuera de plazo que incluyen reintegro de una devolución obtenida derivada de una autoliquidación anterior?
Declaraciones complementarias presentadas antes de la entrada en vigor de la norma: Se exigirán intereses por la parte del reintegro (es decir, por la parte de devolución indebidamente obtenida) y recargos del artículo 27 de la LGT por el exceso.
Declaraciones complementarias presentadas desde la entrada en vigor de la norma, se exige recargo del artículo 27 de la LGT de la siguiente forma:
b.1) Por la parte del reintegro, desde la fecha de la devolución. b.2) Al resto, desde el fin de plazo de declaración.
La nueva redacción del precepto determina que el devengo de los intereses de demora se efectuará conforme a lo dispuesto en el art. 27 LGT.
Ahora bien, hay que distinguir según se trate de cantidades a ingresar procedentes de un reintegro de una devolución o de una cuota a ingresar.
Si es un reintegro de una devolución el plazo a los efectos de aplicar el art. 27 con su sistema de recargos e intereses comenzará a partir del momento de la devolución.
Si es una cuota a ingresar a partir del día siguiente del fin del período voluntario.
¿Qué recargo procede girar si en la declaración que se presenta fuera de plazo se reintegra la devolución y se realiza un ingreso adicional?
Sobre la parte del ingreso correspondiente al reintegro de la devolución, procederá la liquidación de recargo y, en su caso, intereses de demora, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la LGT, computándose el retraso desde la fecha de la devolución.
Sobre la parte del ingreso que no se corresponda al reintegro de la devolución, procederá la liquidación de recargo y, en su caso, intereses de demora, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la LGT, computándose el retraso desde el fin del plazo reglamentario establecido para la presentación e ingreso.
Ejemplo:
Declaración que origina una devolución de 1.000 euros. Se presenta una complementaria fuera de plazo a ingresar 5.000 euros. ¿Cómo se aplica el régimen de recargos?
Se diferenciarán las siguientes partes:
Reintegro de Devolución: 1.000 euros.
Este importe llevará el recargo y los intereses de demora, en su caso, del artículo 27.2 de la LGT que corresponda desde la fecha en que tuvo lugar la devolución.
Resto: lo ingresado en la declaración presentada fuera de plazo, complementaria, descontada la parte de reintegro de devolución, es decir,
4.000 euros.
Este importe llevará el recargo y los intereses de demora, en su caso, del artículo 27.2 de la LGT que corresponda desde el fin del plazo establecido para la presentación de la declaración.
3. Recargos por presentación de declaración o autoliquidación extemporánea.
¿Qué tipos se aprueban en la nueva norma respecto del régimen de recargos por presentación de declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo?
El recargo será un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso.
Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 15 por ciento.
(Artículo 27.2 de la LGT)
¿Desde cuándo resulta aplicable el nuevo régimen de recargos por presentación de declaraciones o autoliquidaciones extemporáneas?
La entrada en vigor tendrá lugar el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La nueva redacción del apartado 2 del artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será de aplicación a los recargos exigidos con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el obligado tributario y el recargo no haya adquirido firmeza.
La revisión de los recargos no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizarán por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos, previa audiencia al interesado.
(Disposición Transitoria Primera de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude y art 10.2 LGT).
A las declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento antes de la entrada en vigor de la nueva norma, ¿Se les aplica el nuevo porcentaje de recargos?
Sí, siempre que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:
No se haya iniciado el expediente de recargo.
El expediente de recargo esté en tramitación.
No se haya agotado el plazo para plantear recurso o reclamación contra el recargo.
Se encuentre en tramitación el recurso o reclamación que se haya planteado contra el recargo.
Se encuentre en fase de ejecución la resolución o sentencia de un recurso o reclamación que se haya planteado contra el recargo.
¿Qué ocurre si una vez en vigor la ley tengo en tramitación un expediente de recargo sin que se me haya notificado la resolución de liquidación del recargo?
Tendrá derecho a que se le aplique el nuevo régimen de recargos. Se le notificará la liquidación con los nuevos porcentajes de recargos.
No es necesario que el contribuyente lo solicite a la AEAT.
Los Tribunales han dictado resolución aplicando la normativa vigente antes de la entrada en vigor de la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal pero todavía no se ha ejecutado dicha resolución cuando entra en vigor dicha ley, ¿cómo se va a ejecutar la misma?
La ejecución de las Resoluciones de los Tribunales una vez en vigor la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal se efectuará conforme a la normativa vigente en la fecha de la ejecución, con independencia de la normativa que aplicaron los Tribunales en el momento de su resolución.
4. Sanciones.
¿Ha afectado el cambio normativo al régimen de sanciones previsto en la Ley General Tributaria?
Sí, se modifican los porcentajes de reducción para el caso de actas con acuerdo y, por otra parte, de reducción por pronto pago y no interposición de recurso o reclamación.
También se modifica el plazo de inicio de los procedimientos sancionadores a consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección
Ver preguntas siguientes.
Reducción de sanciones por pronto pago y no interposición de recurso o reclamación.
Modificación del artículo 188 .3 de la LGT. La reducción del 25% pasa a ser del 40%.
Reducción de sanciones para actas con acuerdo.
Modificación del artículo 188.1 a) de la LGT. La reducción del 50% pasa a ser del 65%.
Plazo de inicio de los expedientes sancionadores a consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección.
Modificación del artículo 209.2 de la LGT. Se amplía el plazo de 3 a 6 meses.
¿Desde cuándo resulta aplicable el nuevo régimen de sanciones?
La entrada en vigor será al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La nueva redacción de los apartados 1 y 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se aplicará a las sanciones acordadas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido firmeza. A estos efectos, la Administración tributaria competente rectificará dichas sanciones.
También se aplicará la nueva redacción del apartado 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si concurren las siguientes circunstancias:
Que, desde su entrada en vigor y antes del 1 de enero de 2022, el interesado acredite ante la Administración tributaria competente el desistimiento del recurso o reclamación interpuesto contra la sanción y, en su caso, del recurso o reclamación interpuesto contra la liquidación de la que derive la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso o reclamación.
Que en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la Administración Tributaria tras la acreditación de dicho desistimiento, se efectúe el ingreso del importe restante de la sanción.
(Disposición Transitoria Primera de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude y art 10.2 LGT).
He recibido una sanción antes de la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, ¿Tengo derecho a aplicar el nuevo régimen de sanciones beneficiándome del mayor porcentaje de reducción?
El nuevo régimen de sanciones es más favorable para el obligado tributario.
Esto supone que, a cualquier sanción que no haya sido recurrida y no haya adquirido firmeza en el momento de entrada en vigor de la norma se le debe aplicar el nuevo porcentaje de reducción.
¿A qué sanciones les resulta de aplicación la nueva Ley?
Sanciones para las que todavía no se ha iniciado el procedimiento sancionador, aun correspondiendo a infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.
Sanciones cuyo procedimiento se encuentre en tramitación en el momento de entrada en vigor de la ley.
Sanciones para las que no se haya agotado el plazo para plantear recurso o reclamación.
Sanciones recurridas y que tras la entrada en vigor de la ley y antes del 1 de enero de 2022, se desista del recurso, conforme se indica en la Disposición Transitoria Primera de la Ley.
Sanción que debe ser anulada parcialmente en ejecución de un recurso o reclamación contra la liquidación o contra la propia sanción.
Si la sanción está recurrida en el momento de entrada en vigor de la nueva normativa, ¿Qué se puede hacer para beneficiarse del nuevo porcentaje de reducción del 40%?
Cabe el desistimiento contra el recurso o reclamación conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera para poder beneficiarse de la aplicación de los nuevos porcentajes de reducción.
Desde la entrada en vigor de la norma y antes del 1 de enero de 2022, el interesado debe acreditar ante la Administración tributaria competente el desistimiento del recurso o reclamación interpuesto contra la sanción y, en su caso, del recurso o reclamación interpuesto contra la liquidación de la que derive la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso o reclamación.
Como requisito adicional, en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la Administración Tributaria tras la acreditación de dicho desistimiento, debe efectuar el ingreso del importe restante de la sanción.
¿Basta con el desistimiento del recurso contra la sanción para poder beneficiarme de la aplicación del nuevo porcentaje de reducción de sanciones?
No, si hubiera recurso o reclamación contra la liquidación, deberá desistir tanto del recurso o reclamación contra la sanción, como del interpuesto contra la liquidación.
¿Cómo acredito ante la AEAT el desistimiento de los recursos o reclamaciones interpuestos?
Deberá acreditarlo presentando ante la AEAT el documento de desistimiento que presentó ante el órgano competente para conocer del recurso o reclamación.
El contribuyente interpone reclamación económico-administrativa contra una liquidación provisional. Con posterioridad desiste de la misma. ¿En caso de desistimiento de la reclamación, son aplicables las reducciones del 30% y del 40%?
No, sólo la reducción del 40%. No está previsto que, con el desistimiento del recurso o reclamación contra la liquidación, se recupere la reducción por conformidad del 30%.
Se aprecia un defecto formal de procedimiento que retrotrae actuaciones en el procedimiento de liquidación de la deuda tributaria y se inicia un nuevo procedimiento sancionador, ¿Resulta aplicable la nueva reducción del 40%?
Sí.
Si se confirma parcialmente una regularización, acordándose la anulación de la liquidación para su sustitución por otra, en los casos en que proceda minorar la sanción, ajustándola al nuevo importe de la liquidación
¿Resulta aplicable la nueva reducción del 40% al nuevo importe minorado de sanción?
Sí.
¿Qué ocurre si una vez en vigor la ley se había notificado el inicio de un expediente sancionador, pero no la resolución con la imposición de la sanción?
Se notificará la sanción con los nuevos porcentajes.
No es necesario que el contribuyente lo solicite a la AEAT.
¿Es posible desistir de un recurso contra la ejecución de una sanción para poder aplicar el nuevo porcentaje de reducción?
Sí.
¿Está previsto el desistimiento para beneficiarse del nuevo porcentaje de reducción en el caso de actas con acuerdo?
No, la Disposición Transitoria Primera sólo prevé el desistimiento para el supuesto de reducción del artículo 188.3 de la LGT, en el caso de pronto pago y no recurso ni reclamación contra la sanción o la liquidación.
5. Sanciones por limitación de pagos en efectivo.
¿Cómo afecta la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal a las limitaciones de pagos en efectivo?
Disminuye el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros para las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional.
Se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España.
Relacionado con la limitación de pagos en efectivo, ¿Qué consecuencias tendría el pago de la sanción impuesta en cualquier momento posterior a la propuesta de sanción, pero antes de recibir la notificación de la resolución definitiva?
Una vez notificada la propuesta de resolución, el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la notificación de la resolución implicará la terminación del procedimiento con las siguientes consecuencias:
Reducción de la sanción del 50 por ciento. Esa reducción se perderá si se recurre en la vía contencioso-administrativa, exigiéndose el importe restante de la sanción sin más trámite que la notificación al interesado.
Terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.
Renuncia a formular alegaciones que, en su caso, se entenderán como no presentadas.
Agotamiento de la vía administrativa, sin perjuicio de la posibilidad del recurso en vía contencioso-administrativa, computándose el plazo de ese recurso desde la fecha del pago.
¿Desde qué momento resultan aplicables los nuevos límites para pagos en efectivo?
Resultará aplicable para los pagos efectuados a partir de la entrada en vigor de la norma, aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.
La norma entra en vigor el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
¿Resulta aplicable la nueva reducción por pago voluntario a las sanciones exigidas antes de la entrada en vigor de la ley?
Sí, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido firmeza.
Ahora bien, en el caso de que hayan sido recurridas, también se aplicará la citada reducción si concurren las siguientes circunstancias:
Que, desde su entrada en vigor y antes del 1 de enero de 2022, el interesado acredite ante la Administración competente el desistimiento del recurso interpuesto contra la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso.
Que en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la Administración tras la acreditación de dicho desistimiento, se efectúe el ingreso del importe restante de la sanción.
En caso de finalización del procedimiento sancionador por la realización del pago voluntario ¿Es posible impugnar la sanción por incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo? ¿Qué recurso puede interponerse?
El pago voluntario de la sanción reducida supone la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, y el agotamiento de la vía administrativa. Por ello, no procede la admisión del recurso de alzada.
La sanción podría ser recurrida únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El plazo para la interposición del recurso se computa desde la fecha del pago. Y la interposición de dicho recurso supondrá la pérdida de la reducción aplicada, que se exigirá sin más trámites que la notificación al interesado.
6. Suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos.
¿Ha habido algún cambio normativo que afecte a la suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo?
Sí, la disposición final tercera ha modificado el apartado 2 de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que queda redactado como sigue:
«2. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de mayo de
2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria.
En el caso de plazos de prescripción, la suspensión del párrafo anterior solo resultará aplicable a aquellos plazos que, sin tener en cuenta la misma, finalicen antes del día 1 de julio de 2021.»
Por tanto, en los casos en que resulte aplicable la suspensión del plazo de prescripción prevista en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, el plazo finalizará, si no se produce la interrupción del mismo, una vez trascurridos 4 años y 78 días (periodo comprendido entre el 14/03/2020 y el 30/05/2020 durante el que estuvo suspendido el plazo).
La suspensión del cómputo señalado se aplicará a partir de la entrada en vigor de la ley a aquellos plazos de prescripción que finalizaran originariamente antes de 1 de julio de 2021.
¿Qué derechos se van a ver afectados por la suspensión del plazo de prescripción prevista en el apartado 2 de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, tras la modificación efectuada por la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal?
Habrá que estar a los plazos de declaración de cada tributo y a las reglas de cómputo del plazo de prescripción de los derechos contemplados en el artículo 66 de la LGT.
Por ejemplo, en el caso del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente liquidación y suponiendo que no se hubiera producido previamente la interrupción del mismo, el último periodo impositivo al que afectaría la suspensión del plazo y el primero al que ya no resultaría aplicable, serían los siguientes:
IRPF: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo de prescripción del derecho a liquidar es el correspondiente al ejercicio 2016, para el que el plazo de declaración finalizó el 30 de junio de 2017 y para el que el plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda habría finalizado antes del 1 de julio de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Para el IRPF de los ejercicios 2017 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo de prescripción.
IVA con periodo de declaración trimestral: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión es el primer trimestre del ejercicio 2017, para el que el plazo de declaración finalizó el 20 de abril 2017 y para el que el plazo de prescripción habría finalizado antes del 1 de julio
de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Para el IVA del segundo trimestre del ejercicio 2017 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo.
IVA con periodo de declaración mensual: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo es el correspondiente al mes de mayo de 2017, para el que el plazo de declaración finalizó el 20 de junio de 2017 y para el que el plazo de prescripción habría finalizado antes del 1 de julio de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Para el IVA del mes de junio del ejercicio 2017 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo.
Impuesto sobre Sociedades de entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo de prescripción es el ejercicio 2015, para el que el plazo de declaración finalizó el 25 de julio de 2016 y para el que el plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda habría finalizado antes del 1 de julio de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Para el IS de los ejercicios 2016 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo de prescripción.
En el caso de que con anterioridad al 14 de marzo de 2020 se hubiese interrumpido el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria, ¿el cómputo del nuevo plazo de 4 años se ve afectado por la suspensión?
La suspensión del plazo resultará aplicable si el nuevo periodo de 4 años que estaba transcurriendo finalizaba antes del 1 de julio de 2021, sin tener en cuenta la suspensión.
Por ejemplo, supongamos que el plazo de prescripción del IRPF del ejercicio 2013 se interrumpió el 1 de abril de 2017. Dado que el transcurso del nuevo plazo de 4 años finalizaría antes del 1 de julio de 2021, dicho plazo sí se verá afectado por la suspensión, por lo que habrá que sumar al mismo 78 días.
En cambio, supongamos ahora que el plazo de prescripción del IRPF del ejercicio 2013 se interrumpió el 1 de noviembre de 2017. Dado que el transcurso del nuevo plazo de 4 años no finalizaría antes del 1 de julio de 2021, dicho plazo no se verá afectado por la suspensión y finalizará una vez completados los 4 años.
7. Responsabilidad subsidiaria de titulares de Depósitos Fiscales y Registro de Extractores de Depósitos Fiscales.
La entrada en vigor del Artículo octavo de la Ley 11/2021, de 9 de julio, que modifica el la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se produce con arreglo a la regla general de la norma (Disposición final séptima), por lo que, formalmente, ya se encuentra en vigor.
No obstante, hay en la propia norma un requisito cuyo cumplimiento exige ineludiblemente de un desarrollo reglamentario ya que se estable:
“los titulares de depósitos fiscales de productos comprendidos en los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre Hidrocarburos serán responsables subsidiarios del pago de la deuda tributaria correspondiente a las entregas de dichos productos efectuadas por los sujetos pasivos de las operaciones asimiladas a las importaciones de bienes devengadas con ocasión de la salida o el abandono de los bienes del régimen de depósito distinto del aduanero. Dicha responsabilidad subsidiaria solo será exigible cuando el extractor, o la persona autorizada por el mismo, no esté incluido en el Registro de extractores que reglamentariamente se establezca, y su importe no podrá exceder del de las cuotas devengadas por aplicación del artículo 19. 5.º de esta Ley con ocasión de la salida o el abandono de los bienes del régimen de depósito distinto de los aduaneros.
Por lo tanto, debe entenderse que hasta tanto el desarrollo reglamentario, al que se refiere la norma, sea completado y entre en vigor la responsabilidad a la que alude el artículo no puede ser aplicada. Así mismo, en este momento tampoco resulta posible cursar el alta en el Registro toda vez que dicho registro no ha sido creado ni se han operado las modificaciones necesarias en el modelo 036.
El abogado y economista Nicolás Emery, que comenzó el último consultorio jurídico de Radio Calvià FM con la advertencia de la entrada en vigor de la nueva Ley Antifraude y la limitación de pagos en efectivo a 1000 €, dedicó el grueso del espacio de radio, como tema central del día, a los AUTÓNOMOS, el autoempleo o los trabajadores por cuenta propia. Repasando comparativamente las cuotas, porcentajes y bases de cotización de los autónomos en los países de nuestro entorno, posteriormente ha tratado las siguientes figuras de autónomos y sus particularidades, así como ha respondido a las cuestiones señaladas a continuación:
• La tarifa plana para autónomos • Tipos de autónomos: el autónomo societario • El autónomo dependiente económicamente (los falsos autónomos) • ¿Es posible facturar sin estar dado de alta de autónomo? • ¿Qué es la base mínima de cotización? • Tipo aplicable para calcular la cuota • El futuro de las cotizaciónes: 13 tramos de autónomo, según el informe filtrado desde el Ministerio que marca tramos desde 90 € hasta 1.220 € durante un plazo de 9 años desde 2023 • ¿Para qué pagamos el autónomo?
Este pasado viernes la dupla formada por la abogada especializada en materia laboral Marga de Matos y el abogado y economista Nicolás Emery fueron invitados al Múltiplex de IB3 Ràdio para tratar la difícil situación del mercado laboral en las Islas Baleares provocada por la pandemia del Covid, los ERTEs y las pesimistas previsiones de los analistas acerca de la recuperación de puestos de trabajo, las cuales vaticinan que 6 de cada 10 trabajadores que se encontraban en ERTE al principio de verano no recuperarán su puesto de trabajo, lo que se traduciría en la pérdida de 270.000 empleos en toda España.
Si bien las sanciones previstas no entran en vigor hasta el próximo mes de octubre, es preciso que empresa y trabajador rubriquen su acuerdo en relación con las condiciones del teletrabajo, puesto que la Ley 10/2021, de trabajo a distancia fija tres tipos de sanciones y todas ellas están en relación con el incumplimimiento del acuerdo de teletrabajo, un documento en el que ambas partes de la relación laboral, empleado y empleador, fijan las condiciones específicas del trabajo a distancia.
Lee a cotinuación un completo artículo de elEconomista.es sobre la nueva Ley 10/2021, de trabajo a distancia, sus obligaciones para empresarios y trabajadores y las sanciones previstas para su incumplimiento. Además, puedes consultar el texto de la ley en vigor publicado en el BOE en formato pdf aquí:
Las multas a empresas por no cumplir la Ley de Teletrabajo: hasta 7.500 euros por no dar ordenador
Las sanciones no entrarán en vigor hasta octubre, pero empleados y empresa deben firmar ya su acuerdo de teletrabajo
La Ley de trabajo a distancia ya es una realidad en España. Aprobada hace un par de semanas, la nueva norma recoge qué se considera en concreto teletrabajo y bajo qué condiciones se debe cumplir. Y sí, también estipula sus sanciones, aunque en este caso estas no se comenzarán a ejecutar hasta octubre del presente año.
¿Pero qué tipo de sanciones recoge la Ley? La norma estipula tres tipos de sanciones y todas ellas están en relación con no cumplir el denominado ‘acuerdo de teletrabajo’, un documento que deben cumplimentar empleado y empresas para fijar las condiciones.
El acuerdo de trabajo a distancia que deben firmar empleado y empleador debe recoger un “contenido mínimo obligatorio” que menciona las herramientas que se van a usar (un ordenador, un móvil, por ejemplo), los gastos que se recogen por trabajar a distancia (la conexión a internet) y el horario estipulado. Todo este listado de mínimo aparece en el artículo 7.
Además, en ese mismo acuerdo también se pueden recoger las herramientas de control que pueda establecer la empresa para asegurarse de que el empleado está realizando sus labores a distancia.
Qué sanciones se estipulan: hasta 7.500 por no dotar de medios
En este marco, los empresarios que no proporcionen los materiales necesarios y por lo tanto falten a esta norma se enfrentarán a una multa que puede llegar a ser de 7.500 euros, al ser considerada una sanción grave.
Dependiendo del grado de incumplimiento del contrato, la sanción también puede ser considerada leve o muy grave, con las siguientes cuantías.
– Leves con multas de 70 a 150 euros en su grado mínimo; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros.
– Las graves con multa en su grado mínimo de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros.
– Las muy graves con multa en su grado mínimo de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.
Qué exige el acuerdo de teletrabajo
Todas estas vicisitudes entre empresa y trabajador deben quedar recogidas según la ley en un acuerdo de trabajo a distancia, un documento que deberá realizarse por escrito. Este acuerdo podrá estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior, pero en todo caso “deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia”, dice la norma.
Según marca el artículo 7 de la nueva Ley, será contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, “sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en los convenios o acuerdos colectivos”, los siguientes puntos:
– Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos.
– Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.
– Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad.
– Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso.
– Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.
– Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia.
– Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso.
– Medios de control empresarial de la actividad.
– Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.
– Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
El Gobierno ha puesto en marcha la nueva cotización por ingresos reales de los autónomos, de cara al 2023, cuando se produzca la recuperación económica, tras la salida de la crisis provocada por la situación actual sociosanitaria.
Se pretende aprobar un periodo de transitoriedad de 9 años para que tanto los autónomos que vayan a cotizar menos como los que tengan que cotizar más, vayan adaptándose. Los trabajadores por cuenta propia podrán seguir eligiendo su base de cotización en previsión de sus rendimientos netos, las cuotas irán entre los 90 y los 1.220 euros al mes.
Hoy, la base mínima de cotización de los autónomos es de 944 euros y la máxima es de 4.070 euros. Los que cotizan por la mínima pagan una cuota de unos 286 euros al mes al Estado, mientras que los que lo hacen por la máxima desembolsan unos 1.208 euros. Ahora, el autónomo decide la base en la que quiere tributar y el 86% de las personas físicas elige hacerlo por la mínima. Es decir, decide pagar 286 euros.
Lo cierto es que, con la fórmula del Ministro Escrivá, muchos autónomos pagarán una mensualidad menor, pero otros tantos verán hasta quintuplicada su cuota mensual. Para 2023, primer año de la entrada en vigor de la medida, el Gobierno ha establecido:
200 euros al mes para los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o menos.
215 euros para quienes tengan ingresos que oscilen entre 3.000 euros y 6.000 euros.
230 euros para quienes tengan unos ingresos superiores a 6.000 euros, pero inferiores a 9.000 euros.
245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.
260 euros para los de 12.600 a 17.000 euros de ingresos anuales.
275 euros para los de 17.000 euros a 22.000 euros.
290 euros para los de 22.000 a 27.000 euros.
305 euros para los de 27.000 a 32.000 euros.
320 euros para los de 32.000 a 37.000 euros.
340 euros para los de 37.000 a 42.000 euros.
360 euros para los de 42.000 a 47.000 euros.
380 euros para los de 47.000 a 48.841 euros.
400 euros si se tienen unos rendimientos superiores a 48.841 euros anuales.
Vemos que, durante el primer año del periodo transitorio de aplicación de esta reforma (2023), se establecerá una cotización intermedia por tramos cuyo número se irá incrementando progresivamente para quienes más ganan. Así, los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o menos tendrán una cuota de 200 euros al mes en 2023, primer año de aplicación del nuevo sistema, que será de 215 euros para quienes tengan ingresos que oscilen entre 3.000 euros y 6.000 euros, de 230 euros para quienes tengan unos ingresos superiores a 6.000 euros, pero inferiores a 9.000 euros, y de 245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.
Con este primer planteamiento, vemos que los autónomos que ganen hasta 22.000 euros verán reducida su cuota. Ellos serán los grandes beneficiados de la reforma de Escrivá.
Sin embargo, a partir de esa cuantía, todos los autónomos pagarán más. Dicho de otra forma, el Gobierno pretende subirle los impuestos a todos los autónomos que ganen más de 22.000 euros en 2023 y que coticen por la base mínima. Ante este sistema nos podemos preguntar si va a afectar realmente a las rentas más altas, según datos del INE, el salario bruto medio anual en España es de 24.009 euros, por lo que ni siquiera se le podría considerar clase media a los autónomos que ganan 22.000 euros.
La siguiente tabla muestra los rendimientos que obtuvo cada uno de los 3 millones de autónomos que hay en España.
Para los autónomos que ganen de 22.000 a 27.000 euros la subida sería de 4 euros al mes, o 48 euros al año, que puede suponer una cantidad insignificante, pero cuanto más se incrementan los ingresos, las cuotas se disparan. Por ejemplo, los que ganen entre 32.000 y 37.000 euros tendrán que pagar 34 euros más al mes dentro de dos años, mientras que los que tengan unos rendimientos superiores a 48.841 euros anuales pagarán 114 euros. Dicho de otra forma, casi 280.000 autónomos pagarán un 40% más de impuestos en menos de dos años. Este golpe al bolsillo de los autónomos que más ganan podría suponer un desincentivo a la generación de riqueza e incluso, una invitación a la economía sumergida.
Una reforma que en un primer momento se dijo que sería de trece tramos, pero ahora se están barajando entre 5 o 7” y unas cuotas que oscilarán entre un mínimo de 90 euros y un máximo de 1.220 euros una vez finalizado el periodo de 9 años de despliegue total de la reforma.
Las intenciones del Gobierno han incendiado a las organizaciones de autónomos.
Una vez que finalice el periodo de despliegue de la reforma de 9 años, a partir de 2031 las cuotas correspondientes a cada uno de los tramos (con ajustes vinculados a la inflación) serán de 90 euros al mes para quienes ganen menos de 3.000 euros, de 120 euros para quienes ingresen de 3.000 a 6.000 euros netos al año, de 185 euros para los autónomos con rendimientos de entre 6.000 y 9.000 euros y de 235 euros para quienes ganen entre 9.000 y 12.600 euros al año.
La idea que maneja Escrivá es que los autónomos puedan elegir provisionalmente su base de cotización entre los tramos que se aprueben, en función de sus previsiones de rendimientos con la posibilidad de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos. Si existen diferencias una vez hecha la regularización anual, el trabajador deberá proceder a su ingreso en caso de haber cotizado menos de lo que le correspondía y podrá solicitar la devolución si la cotización realizada fue superior.
Además, el documento detalla que los autónomos que tengan rendimientos fiscales declarados inferiores a la base mínima de cotización vigente cotizarán por los mismos. «Sin perjuicio de ello, a efectos de la acción protectora se reconocerá la base mínima correspondiente durante un periodo máximo de dos años», señala.
También destaca que los autónomos cuyos rendimientos fiscales derivados de la actividad por cuenta propia estén por encima de la actual base mínima de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cotizarán por los mismos y que esta base mínima se equiparará progresivamente a la del Régimen General de la Seguridad Social.
Aunque el Ejecutivo de Sánchez se escude en el bien de los autónomos para vender su reforma, ya que más de la mitad de ellos pagará menos, hay que dejar claro que la reforma se hace para recaudar más, por lo que los impuestos de los autónomos que menos paguen quedarán compensados de lejos con los perjudicados. El Gobierno prevé que la reforma del Reta eleve en un 20% la recaudación de la Seguridad Social a través de las aportaciones que realizan los trabajadores por cuenta propia, es decir, unos 2.000 millones de euros más cada año, que se sumarían a los 10.000 millones de media que suponen las cotizaciones de todos los autónomos a lo largo de un año para las arcas públicas del Estado.
Aunque, todavía no hay nada cerrado y están pendientes del diálogo social. A las asociaciones de autónomos, aunque apoyan la cotización por ingresos reales, les ha indignado la medida por su contenido y porque no había sido informados previamente. “
Las estadísticas que brindan las asociaciones de autónomos y pymes no son alentadoras: el 90% de empresarios y profesionales afectados por caídas de facturación quedan excluidos de las ayudasdirectas dispuestas hace ya 4 meses por el Gobierno de España y gestionadas por las Comunidades Autónomas (855 millones de € en el caso de Baleares) y, además, a día de hoy, no se han desembolsado ni la mitad de esos siete 7.000 millones de €. Hay dudas entre las CCAA y entre los solicitantes y posibles beneficiarios al respecto de qué costes pueden cubrirse con las ayudas.
Por todo lo anterior el Ministerio de Economía ha querido solventar dichos inconvenientes a través de un documento informativo (que no se ha hecho público) en el que aclara a las CCAA que las ayudas directas de que los empresarios hagan uso si les corresponden podrán destinarse por los mismos al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros (la ayuda debe destinarse primero a pagar la deuda financiera y, dentro de ella, primero a la que tiene aval público) y, por último, a abonar pérdidas contables, excluidas las pérdidas por deterioro del valor puntuales, justificando la existencia de las mismas y siempre que vengan referidas al período entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021 (que es el que cubre el decreto de las ayudas).
Si quieres más información, lee un interesante artículo en que se da cuenta de esta noticia que te transcribimos a continuación (y pincha los enlaces directos para acceder a ellos en su lugar original de publicación):
Calviño blinda las ayudas a empresas con pérdidas aunque no sean morosas
Economía aclara a las comunidades autónomas que el fondo de 7.000 millones puede ir también destinado a empresas con pérdidas contables por el Covid. Más de la mitad del dinero está sin repartir, según ATA.
Economía quiere que las ayudas directas lleguen ya a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia y se solucionen los inconvenientes que existen. Porque problemas hay, según han hecho saber varias comunidades autónomas al Ministerio y según han denunciado en público Cepyme y ATA. Para intentar avanzar en una solución el Gobierno aclara que aquellas compañías que hayan registrado pérdidas contables con motivo de la pandemia también pueden acceder al fondo de 7.000 millones. Aunque no tengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
Son ya cuatro meses desde la aprobación, en Consejo de Ministros, de ese paquete de ayudas directas a pymes repartidos entre Canarias y Baleares, a los que les correspondió 2.000 millones, y el resto de autonomías, con 5.000. Pero varios gobiernos autonómicos han expresado “dudas” sobre cuáles son los costes de las empresas afectadas por la pandemia que se pueden financiar con este fondo. No era una cuestión que quedaba totalmente clarificada.PUBLICIDAD
Por ello, en aras de la comprensión, Economía emitió un documento para despejar las dudas. Se llama “Aclaraciones al Título I del Real Decreto-ley 5/2021” y ya está en poder de los gobiernos autonómicos. No es un documento público pero sirve, en efecto, para blindar y clarificar qué tipo de situaciones puedes ser susceptibles de estas ayudas.
De esta forma, según esa “aclaración, y en virud de lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal de Ayudas de Estado en relación con los costes fijos, las empresas que cumplan los requisitos para percibir estas ayudas, establecidos en el mencionado Real decreto-ley, pueden destinar las ayudas a compensar pérdidas contables originadas durante la pandemia. Por ejemplo, pueden solicitar ayudas para pagar un préstamo que tuvieran contraido.
El periodo que abarca el decreto es claro: entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021. Si las empresas han tenido pérdidas contables en ese periodo pueden destinar las ayudas directas del fondo a cubrir los costes fijos generados durante ese año y tres meses, costes, eso sí, que no estén cubiertos por la contribución a los beneficios (es decir, los ingresos menos los costes variables) ni por otras fuentes como seguros, medidas temporales u otro tipo de ayudas.
Es decir, por resumir, las ayudas directas pueden destinarse por las comunidades autónomas al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros (la ayuda debe destinarse primero a pagar la deuda financiera y, dentro de ella, primero a la que tiene aval público) y, por último, a abonar pérdidas contables, excluidas las pérdidas por deterioro del valor puntuales, justificando la existencia de las mismas.
Cuatro meses después de la aprobación del decreto de ayudas directas la confusión entre comunidades autónomas y posibles beneficiarios de las mismas siguen las dudas. Las asociaciones de autónomos y pymes denuncian que no se han desmobolsado ni la mitad de esos 7.000 millones y que más de un 90% de los afectados por caídas de facturación quedan excluidos. Es una cifra que aporta la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
El Gobierno fijó que las ayudas directas a las empresarias serían de 3.000 y 200.000 euros y que, para recibirlas, las interesadas tendrían que acreditar una caída de sus ingresos de, cómo mínimo, un 30% de sus ingresos.
Por regla general, atendiendo más a la situación presente e inmediata que a la futura, el trabajador autónomo promedio en nuestro país tiende a cotizar por la base mínima de cotización, que, a día de hoy, está fijada en 944,40 € mensuales. Las estadísticas de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) arrojan este demoledor dato: aproximadamente un 90% de los autónomos en España cotizó por la base mínima el año 2019.
Quizá es el momento de cambiar tu base de cotización
Los autónomos, dependiendo de las circunstancias, pueden alterar la base de cotización a lo largo de su vida laboral en función de las previsiones o certezas que tengan acerca de sus ingresos. Aumentar o disminuir la base de cotización repercute en nuestra pensión de jubilación, pues tendrá, en función de ello, una mayor o menor cuantía.
No obstante lo anterior, el autónomo sólo puede cambiar su base de cotización de forma libre hasta los 47 años de edad, ya que con posterioridad existen limitaciones al respecto:
solo los trabajadores mayores de 41 años en 2021, que tengan una base de cotización de 2.052 euros en el mes de diciembre de 2020, podrán mantener esa libertad de elección.
Por el contrario, los que estén por debajo de ese límite no podrán elegir una base superior a 2.077,80 euros.
¿Cuántos años debo cotizar para cobrar la pensión mínima?
Según los siguientes tramos, son necesarios
Al menos 15 años cotizadospara recibir la pensión mínima.
20 años para cobrar el 50% de la pensión.
36 años para cobrar el 100% de la pensión.
¿A qué importe asciende la pensión mínima?
• Un autónomo que haya cotizado 944,40 euros mensuales (base mínima) durante un periodo de 15 años (período mínimo que da derecho a pensión) habrá generado un derecho a cobrar una pensión de jubilación de 226 euros al mes.
Será la pensión de 561 euros/mes si se cotiza por la base mínima durante al menos 25 años.
La pensión de jubilación alcanzará los 789 euros/mes si la cotización por la base mínima alcanza los 36 años.
Los expertos recomiendan cotizar por la base mínima sólo los períodos estrictamente necesarios, como en los inicios de un negocio o en los períodos en que la facturación cae por falta de actividad.
¿Eres autónomo y quieres preparar con tiempo tu jubilación y quizás cambiar tu base de cotización ahora? Podemos ayudarte: ven a Moya&Emery
Los notarios vendrán obligados a incluir el número de identificación fiscal en la escritura en que se constituya cualquier entidad jurídica; cualquier mercantil podrá ver su código revocado si no cumple sus obligaciones y, en tal caso, los notarios deberán informar a la Agencia Tributaria de las sociedades con el CIF revocado que intenten elevar a público cualquier negocio jurídico para evitar cualquier tipo de fraude.
La publicación en el BOE de la revocación del número de identificación fiscal impliacará la imposibilidad de que bancos y entidades de crédito realicen cargos o abonos en las cuentas o depósitos cuya titularidad corresponda a las personas jurídicas con el CIF revocado.
Se pone en marcha un régimen sancionador más fuerte, con multas contra las empresas que no presentan sus cuentas anuales de hasta 300.000 €.
Puedes hacer clic aquí para acceder en formato pdf al BOE con la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
Además, a continuación te transcribimos un completo artículo de Noticias Jurídicas, sobre el alcance de la nueva ley en lo que respecta a las sociedades:
Ley 11/2021, de 9 de julio: fin a las sociedades fantasma
Se modifica el régimen de revocación del número de identificación fiscal para que las entidades inactivas no puedan realizar inscripciones en ningún registro público
Este domingo ha entrado en vigor la ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Impone un nuevo paquete de normas contra la elusión fiscal, que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior. Pondrá fin a las sociedades inactivas, zombis o fantasmas y, esta vez (se supone) de verdad.
En la modificación incluida en Ley del Notariado por el artículo 19 de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude publicada en el Boletín Oficial de Estado el pasado 10 de julio, se prevé expresamente la obligación de incluir el número de identificación fiscal en la escritura pública por la que se cree o constituya cualquier tipo de entidad jurídica.
El Consejo General del Notariado facilitará a la Administración Tributaria la identificación de aquellas entidades con número de identificación fiscal revocado que hubieran pretendido otorgar un documento público. Todo ello, con el fin de mejorar el control efectivo de estas entidades y evitar situaciones de posible fraude.
Con esta reforma de la función notarial se pretende que:
1.Ante cualquier escritura pública referida a una persona jurídica el notario compruebe previamente que su NIF no haya sido revocado accediendo a la base de datos de la Agencia Tributaria.
2.El fedatario público informe a las autoridades tributarias de estas tentativas de negocio con NIF no vigentes, para que la administración pueda investigarlo
3.En todas las constituciones de empresas se asigne un NIF en la propia notaría a efectos de facilitar su rastreo.
Modificación de la Ley General Tributaria
La publicación de la revocación del número de identificación fiscal asignado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) determinará, además de su pérdida de validez a efectos identificativos, la imposibilidad de que las entidades de crédito realicen cargos o abonos en las cuentas o depósitos bancarios en que consten como titulares o autorizados los propietarios de dichos números revocados.
Cuando la revocación se refiera al número de identificación fiscal de una entidad, su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” implicará la abstención del notario para autorizar cualquier instrumento público relativo a declaraciones de voluntad, actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, contratos y negocios jurídicos de cualquier clase, así como la prohibición de acceso a cualquier registro público, incluidos los de carácter administrativo, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal.
El registro público en el que esté inscrita la entidad a la que afecte la revocación, en función del tipo de que se trate, procederá a extender en la hoja abierta una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse inscripción alguna que afecte a aquella, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal. Excepcionalmente, se admitirá la realización de los trámites imprescindibles para la cancelación de la nota marginal anteriormente indicada.
La revocación, en ningún caso, impedirá a la Administración Tributaria exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes.
Modificación de la Ley del Notariado
Tratándose de escrituras públicas por las que se cree o constituya una entidad con o sin personalidad jurídica el Notario deberá incluir obligatoriamente en aquellas el número de identificación fiscal. Con carácter previo a la autorización o intervención de cualquier escritura pública, acta o póliza, el notario consultará la lista de números de identificación fiscal revocados. El Notario deberá abstenerse de autorizar o intervenir cualquier instrumento público que se pretenda otorgar por una entidad jurídica con número de identificación fiscal revocado de conformidad con lo previsto en la normativa tributaria.
Finalmente, el Consejo General del Notariado suministrará a la Administración Tributaria la información relativa a las operaciones en las que se hubiera incumplido la obligación de comunicar al Notario el número de identificación fiscal para su constancia en la escritura, así como los medios de pago empleados y, en su caso, la negativa a identificar los medios de pago. Estos datos deberán constar en los índices informatizados. El Consejo General del Notariado establecerá un sistema automatizado para que el Notario a través de aquel suministre a la Administración Tributaria la identificación de aquellas entidades jurídicas con número de identificación fiscal revocado y no rehabilitado que hubieran pretendido otorgar un documento público.
Falta de depósito de cuentas
Desde el pasado 30 de enero la regulación sobre Auditoría de Cuentas refuerza el régimen sancionador contra las empresas que no presentan sus cuentas anuales con multas de hasta 300.000 euros.
En este sentido, las disposiciones adicionales décima y undécima del Real Decreto 2/2021 da un impulso al régimen de imposición de sanciones a aquellas sociedades que incumplan la obligación de depósito de cuentas, con la introducción de una serie de medidas que completan el régimen sancionador regulado en el artículo 283 LSC.:
• Podrá encomendarse la gestión y decisión sobre los expedientes sancionadores por incumplimiento del deber de depósito de cuentas a los registradores mercantiles del domicilio de la sociedad incumplidora (la DGSJFP y el ICAC acordarán los aranceles por esta gestión), cobrando de esta manera los registradores mercantiles un nuevo protagonismo en este proceso.
• El plazo total para resolver y notificar la resolución en el procedimiento sancionador será de seis meses a contar desde la adopción por el Presidente del ICAC del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la suspensión del procedimiento y de la posible ampliación de dicho plazo según lo establecido en la LPAC.
• Se establecen los criterios para determinar el importe de la sanción (que en la práctica son los que venía aplicando el ICAC), dentro de los límites establecidos en el artículo 283.1 LSC: entre 1.200 euros a 60.000 euros (cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros el límite de la multa para cada año de retraso se elevará a 300.000 euros):
La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
En caso de no aportar la declaración tributaria citada, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento.
Por tanto, si las cuentas anuales hubiesen sido depositadas con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, la sanción se impondrá en su grado mínimo y reducida en un cincuenta por ciento. Las infracciones por falta de depósito de cuentas prescribirán a los tres años (art. 283.4 LSC)
La Ley 10/2021, de trabajo a distancia, que entró en vigor el pasado domingo 11 de julio, comienza definiendo los conceptos de lo que deba entenderse por:
𝙏𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖: se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.
𝙏𝙚𝙡𝙚𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤: trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
𝙏𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡: se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.
Y señala posteriormente la Ley que la misma será aplicable a las relaciones de trabajo que se desarrollen a distancia con 𝙘𝙖𝙧á𝙘𝙩𝙚𝙧 𝙧𝙚𝙜𝙪𝙡𝙖𝙧 (no de forma ocasional) y sólo cuando haya acuerdo entre trabajador y empresario. Por tanto, el trabajo a distancia no puede ser impuesto sino que debe ser voluntario y precisará de haber firmado un 𝙖𝙘𝙪𝙚𝙧𝙙𝙤 𝙙𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖 con el empleador.
Lee a cotinuación un completo artículo del portal Noticias Jurídicas sobre la nueva Ley 10/2021, de trabajo a distancia y todas sus obligaciones para empresarios y trabajadores y consulta el texto de la ley en vigor publicado en el BOE en formato pdf aquí:
Ley 10/2021: así es la ley del teletrabajo y el trabajo a distancia
La norma aumenta las sanciones previstas para las empresas incumplidoras. Las compañías deberán garantizar la provisión de medios a los empleados y la adaptabilidad de las herramientas para las personas con discapacidad
La norma tiene fecha de entrada en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (que tuvo lugar el día 10 de julio), excepto la disposición final 1ª.2 (relativa a la modificación del artículo 40 LISOS) con entrada en vigor el 1 de octubre de 2021.
Veamos las principales implicaciones de la norma en el ámbito laboral:
1. Capítulo I. Disposiciones generales y definiciones (arts. 1 a 4)
Este capítulo I desarrolla el ámbito personal de aplicación, las definiciones de trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial a los efectos de esta ley, limitaciones, así como los principios de igualdad de trato y oportunidades y no discriminación, recogiendo aspectos concretos para hacer efectivo estos principios, teniendo en cuenta las especificidades que puede conllevar el trabajo a distancia en las condiciones de trabajo.
Así, la norma será de aplicación para aquellas relaciones de trabajo (incluidas dentro del art. 1.1 ET) que se desarrollen a distancia con carácter regular. Es la primera alusión de la Ley a la exclusión de la prestación ocasional. Como analizamos en anteriores artículos, la regularidad en el uso del trabajo a distancia (y no su intensidad) es el rasgo que caracteriza el ámbito de aplicación de la norma. Añade el texto que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un período de referencia de 3 meses, un mínimo del 30% de la jornada (o porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo). En consecuencia, incluye la prestación a distancia de más de un día y medio a la semana. Si dicha prestación es inferior, no aplica esta normativa. Asimismo, y como veremos más adelante, la Ley no es aplicable al personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
El art. 2 contiene las mismas definiciones que su norma precedente:
— Trabajo a distancia: Forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.
— Teletrabajo: Aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
— Trabajo presencial: El que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.
También se establece que no deben existir diferencias injustificadas (igualdad de trato y no discriminación) entre las propias personas trabajadoras a distancia, una referencia expresa a la necesidad de que se establezcan las debidas medidas de prevención frente al acoso, o la obligación de que se garantice que las personas que llevan a cabo trabajo a distancia puedan acceder y ejercitar los derechos de conciliación/corresponsabilidad igual que los trabajadores presenciales.
Especial importancia revisten las causas de discriminación directa o indirecta pues, a diferencia del RDL 28/2020, la Ley amplía dichas causas con “la edad, antigüedad o grupo profesional o discapacidad (…), asegurando la igualdad de trato y la prestación de apoyos, y realizando los ajustes razonables que resulten procedentes” (art. 4.3). Por otro lado, se expresa que a las personas que desarrollan trabajo a distancia ocasional les corresponderán los mismos derechos establecidos para las personas que desarrollan trabajo no ocasional (art. 22).
Asimismo, se prevén expresas limitaciones en el trabajo a distancia para contratos celebrados con menores y en las relaciones en prácticas y para la formación y el aprendizaje (art. 3). En estos casos se deberá garantizar que un mínimo del 50% de prestación de servicios tiene carácter presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático de la formación teórica —en su caso para estos últimos—.
2. Capítulo II. El acuerdo de trabajo a distancia (arts. 5 a 8)
El capítulo II, distribuido en dos secciones, se ocupa del acuerdo de trabajo a distancia y de las obligaciones formales vinculadas al mismo.
El teletrabajo será voluntario para ambas partes. Las partes tendrán que redactar un acuerdo con un contenido mínimo, ya de manera inicial o ya sobrevenida, la no afectación al estatus laboral de la persona trabajadora, el ejercicio de la reversibilidad, el carácter acordado de las modificaciones del acuerdo y la ordenación de las prioridades de acceso, así como la remisión a la negociación colectiva en el procedimiento y criterios que deben de seguirse, debiéndose evitar la perpetuación de roles de género y fomentando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
Así, en primer lugar se establece en el art. 5 que el trabajo a distancia será voluntario —sin que pueda ser impuesto, ni siquiera vía art. 41 ET— y requerirá de la firma del denominado «acuerdo de trabajo a distancia)».
En este sentido, hay que recordar la excepción general que se recoge en la disposición transitoria 3ª, es decir, el trabajo a distancia como medida de contención sanitaria. Es muy relevante esta disposición, que se mantiene desde el origen de la norma, pues obviamente el desarrollo del trabajo a distancia ha venido impuesto u obligado por la situación de pandemia en la que continuamos, si bien con la progresiva incorporación al mercado laboral presencial.
Señala también el citado precepto que la negativa de la persona trabajadora al trabajo a distancia, el ejercicio de la reversibilidadal trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de condiciones de trabajo.
Sí cabe el mencionado ejercicio de reversibilidad: la posibilidad de convertir el trabajo presencial en servicios a distancia y viceversa. Este ejercicio será posible tanto para la persona trabajadora como para la empresa, si bien en los términos, forma y modo establecidos en la negociación colectiva o, en su defecto, en los fijados en el acuerdo de trabajo a distancia.
El acuerdo de trabajo a distancia tendrá que constar por escrito. Su elaboración es obligatoria antes de que el trabajo a distancia comience
La norma continúa con las obligaciones formales del acuerdo de trabajo a distancia: deberá realizarse por escrito y antes de iniciarse dicho trabajo a distancia (art. 6). Es el documento en el que deben constar los elementos esenciales para que se garanticen los derechos de las personas trabajadoras a distancia. Su contenido mínimo obligatorio —sin perjuicio de la regulación al respecto en convenios o acuerdos colectivos— es el siguiente (art. 7):
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas —incluidos consumibles y elementos muebles—, así como su vida útil o período máximo para su renovación;
b) Enumeración de los gastos, forma de cuantificación y momento y forma de abono —esta se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en convenio o acuerdo colectivo—;
c) Horario de trabajo y reglas de disponibilidad;
d) Porcentaje y distribución entre trabajo de presencia y trabajo a distancia —en su caso—;
e) Centro de trabajo de la empresa donde queda adscrita la persona trabajadora;
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora;
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de reversibilidad;
h) Medios de control empresarial de la actividad;
i) Procedimiento a seguir en caso de dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia;
j) Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, para la protección de datos
k) Instrucciones sobre seguridad de la información, específicamente aplicables al trabajo a distancia
l) Duración del acuerdo o de la prestación de servicios a distancia.
Según el artículo 8, cualquier cambio en las condiciones de prestación de servicios reflejadas en el acuerdo de trabajo a distancia requerirán de consenso entre la empresa y la persona trabajadora y, como el propio acuerdo, deberán reflejarse por escrito con carácter previo a su implementación.
Para garantizar estos extremos, la empresa estará obligada a entregar copia a los representantes legales de las personas trabajadoras —tanto de los acuerdos de trabajo a distancia como de sus actualizaciones (modificaciones)—, en un plazo no superior a 10 días desde su formalización, excluyendo aquellos datos que pudieran afectar a la intimidad personal de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales y de garantía de los derechos digitales y del art. 8.4 ET. Por su parte, los citados representantes deberán firmar tal copia a efectos de acreditar que se ha producido la entrega.
Dichas copias se registrarán ante la Oficina de Empleo.
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Aunque, como hemos indicado, el trabajo a distancia es una fórmula libremente elegida por ambas partes (voluntariedad), la Ley impone una preferencia de acceso al trabajo presencial —total o parcial— de aquellas personas que realicen trabajo a distancia duranta la totalidad de su jornada. Para ello, la empresa informará a estas personas trabajadoras y a la representación legal de las personas trabajadoras de los puestos de trabajo vacantes con carácter presencial que se produzcan.
Cabe añadir que, mediante negociación colectiva o acuerdo entre empresa y representantes de las personas trabajadoras se pueden establecer mecanismos y criterio por los que la persona que desarrolla trabajo presencial pueda pasar a trabajo a distancia —y viceversa—, así como preferencias vinculadas a determinadas circunstancias. Se deberá evitar la perpetuación de roles y se tendrá en cuenta la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Todo esto será objeto de diagnóstico y tratamiento en el correspondiente Plan de Igualdad.
3. Capítulo III. Derechos de los trabajadores a distancia (arts. 9 a 19)
El capítulo III más extenso, dividido en seis secciones), desarrolla la igualdad de derechos proclamada en el primer capítulo, mediante la mención de las especiales precauciones a tener en cuenta respecto de los derechos laborales, cuando sean predicables en relación con las personas que llevan a cabo trabajo a distancia. Podemos distinguir:
— Derechos relacionados con la carrera profesional. Por un lado, se deberá garantizar la participación efectiva, en las acciones formativas, de las personas que trabajan a distancia, en términos equivalentes a aquellas que prestan servicios presencialmente e, igualmente, se deberá garantizar, previo acceso a la modalidad de trabajo a distancia, la formación necesaria para su adecuado desarrollo, tanto al momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan cambios en los medios o tecnologías utilizadas —particularmente, en el teletrabajo—. Así se desprende de la redacción del art. 9. Por otro lado, se ha de garantizar que las personas que trabajen a distancia disfruten los mismos derechos a la promoción profesional que aquellos que prestan servicios presenciales, por lo que la empresa estará obligada a informar a aquellas, de manera expresa y por escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan (sea para puestos de desarrollo presencial o a distancia), conforme al art. 10.
— Derechos de contenido económico: contemplados como “derechos relativos a la dotación y mantenimiento de medios y al abono y compensación de gastos”. Así, se reconoce el derecho a las personas que trabajan a distancia a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa, de todos los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral, de conformidad con el inventario establecido en el acuerdo de trabajo a distancia y, en su caso, con los términos establecidos en el convenio o acuerdo colectivo. También se garantizará la atención necesaria en el caso de dificultades técnicas —particularmente para el teletrabajo— (art. 11). Es novedad, en la redacción de la Ley 10/2021, la protección de las personas trabajadoras con discapacidad, de modo que los medios, equipos y herramientas, incluidos los digitales, han de ser “universalmente accesibles, para evitar cualquier exclusión por esta causa”. El apartado se cierra con el derecho al abono y compensación de gastos: el trabajo a distancia debe ser sufragado/compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción, por parte de la persona trabajadora, de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados con el desarrollo de su actividad laboral. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la determinación, y compensación o abono de estos gastos (art. 12).
— Derechos con repercusión en el tiempo de trabajo: el horario que debe constar en el acuerdo de trabajo a distancia es un punto de referencia, pero puede ser alterado por la persona trabajadora dentro de los límites fijados en el propio acuerdo. De este modo, la presunción es favorable a la flexibilidad horaria en beneficio del teletrabajador, siendo un rasgo en principio consustancial al teletrabajo (art. 13). A efectos de garantizar estos derechos, se expresa que la obligación de registro horario debe reflejar fielmente la jornada de trabajo, sin perjuicio de la flexibilidad horaria y, deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada (art. 14). Este papel preponderante de la negociación colectiva en materia de responsabilidad por los gastos se impuso en la redacción definitiva de la Ley, frente al borrador inicial del texto que preveía la asunción de “todos los gastos directos o indirectos”, inciso que fue posteriormente descartado.
— Derecho a la prevención de riesgos laborales: de acuerdo con la LPRL, las personas que trabajan a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello se deberá realizar una evaluación de riesgos y una planificación de la actividad preventiva, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. Esta evaluación de riesgos únicamente alcanzará la zona habilitada para la prestación de servicios, sin extenderse al resto de zonas de la vivienda.
Cuando para la obtención de la información acerca de los riesgos, fuera necesaria la visita al lugar de prestación de actividades a distancia (se requerirá para ello el permiso de la persona trabajadora), deberá emitirse un informe por escrito que justifique dicho extremo, que se entregará a la persona trabajadora y a los delegados/as de prevención (art. 16). En la redacción de dicho art. 16 de la Ley 10/2021 se incluye la “accesibilidad del entorno laboral efectivo” como factor a tener en cuenta para la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
— Derechos relacionados con el uso de medios digitales: en primer lugar, se garantiza expresamente el derecho a la intimidad de la persona que trabaje a distancia, y se indica que los mecanismos de control que pudieran existir serán idóneos, necesarios y proporcionados. Asimismo, las empresas deberán establecer —con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras— criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y derechos reconocidos (art. 17).
Se reconoce también en esta sección el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo, lo que conlleva una obligación a la empresa de garantizar una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y trabajo durante los períodos de descanso. Para ello, la empresa —previa audiencia a la representación legal de las personas trabajadoras— elaborará una política interna definiendo las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y sensibilización del personal sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas para evitar el riesgo de fatiga informática. También mediante negociación colectiva o acuerdo se establecerán los medios adecuadas para garantizar el indicado derecho a la desconexión y los tiempos de descanso (art. 18).
— Derechos colectivos: se reconoce ese derecho a las personas trabajadoras a distancia con el mismo contenido y alcance que para el resto de las personas trabajadoras —presenciales—, lo cual será garantizado mediante condiciones pactadas por la negociación colectiva. Del mismo modo, se deberá asegurar una comunicación sin obstáculos entre las personas trabajadoras a distancia y sus representantes —y resto de personas trabajadoras—. En definitiva, se establece el principio de equiparación para el ejercicio de derechos colectivos y, a tal efecto, se establecen y especifican derechos relacionados con la comunicación, por medio de la implantación de mecanismos como el tablón virtual (art. 19).
4. Capítulo IV. Facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia (arts. 20 a 22)
El último capítulo se refiere de manera específica a las facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia, incluyendo la protección de datos y seguridad de la información, el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales y las instrucciones necesarias para preservar a la empresa frente a posibles brechas de seguridad.
A grandes rasgos, las personas trabajadoras a distancia deberán:
— Cumplir con las instrucciones sobre protección de datos establecidas por la empresa —previa participación de la representación legal de las personas trabajadoras— (art. 20.1).
— Cumplir con las instrucciones sobre seguridad de la información fijadas por la empresa —en este caso, previa información a dicha representación— (art. 20.2).
— Cumplir con las condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos informáticos establecidos en la empresa, dentro de los términos pactados, en su caso, por la negociación colectiva (art. 21).
Por su parte, la empresa podrá adoptar las medidas que estime oportunas de vigilancia y control, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, sus circunstancias personales, como la concurrencia de una discapacidad (art. 22).
5. Disposiciones adicionales, transitorias y finales. Endurecimiento de las sanciones en el orden social
Adicionalmente al articulado, la norma se cierra con disposiciones adicionales, transitorias y finales. Procedemos a destacar aquellas más relevantes vinculadas al objeto de esta norma y a la regulación laboral pues, como ya viene siendo habitual, se utiliza para introducir cuestiones diversas, como el régimen fiscal aplicable a la final femenina de la UEFA Champions League 2020, el tipo impositivo aplicable al IVA de bienes necesarios para combatir el COVID-19, o modificaciones en normativa del sector ferroviario. Incluso se trata de perfeccionar y reordenar los requisitos para la tramitación y petición del denominado ingreso mínimo vital ante los problemas que han surgido desde que la prestación fue aprobada.
Como se reflejó en el propio cuerpo normativo, la negociación colectiva (convenio o acuerdos colectivos) tiene un papel muy relevante en la Ley. Así se acentúa en la disposición adicional 1ª, donde se concede la posibilidad de establecer la identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia, las condiciones de acceso al mismo, el desarrollo de la actividad, una duración máxima, contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia y otras cuestiones que se consideren necesarias de regular; pudiendo también desarrollar una jornada mínima presencial, el ejercicio de reversibilidad, un porcentaje o período de referencia inferiores a los fijados en esta Ley como carácter regular, un porcentaje de trabajo presencial de los contratos formativos diferente al previsto (50%), así como circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión.
Otra novedad del texto de la Ley es la la disposición adicional 2ª considera domicilio de referencia, a efectos de considerar la Autoridad Laboral competente y los servicios y programas públicos de fomento del empleo aplicables, aquel que figure como tal en el contrato de trabajo y, en su defecto, el domicilio de la empresa o del centro o lugar físico de trabajo.
Asimismo, se establecen reglas transitorias aplicables a aquellas relaciones de trabajo a distancia ya vigentes. Concretamente:
1. Disposición transitoria primera: la Ley será íntegramente aplicable a las relaciones de trabajo vigentes y que estuvieran reguladas con anterioridad a su publicación (12 de julio de 2021), por acuerdos y/o convenios colectivos, desde el momento en el que estos pierdan su vigencia.
En el caso de que estos acuerdos y/o convenios no prevean un plazo de duración, la Ley resultará de aplicación una vez transcurrido un año desde su publicación en el BOE.
Excepción: salvo que las partes firmantes acuerden expresamente un plazo superior que, como máximo, podrá ser de tres años.
2. El acuerdo de trabajo a distancia deberá formalizarse en el plazo de tres meses desde que la norma resulte de aplicación, conforme con las reglas anteriores. Y ello incluso mediante las necesarias adaptaciones o modificaciones en los acuerdos de trabajo a distancia de carácter individual vigentes a la fecha de publicación de esta norma.
3. Por otro lado, y en virtud de la disp. transitoria segunda, las infracciones en el orden social cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la disp. final 1ª.2 se sancionarán conforme a las cuantías sancionatorias previstas con anterioridad a dicha fecha.
4. Disposición transitoria tercera: cuando el trabajo a distancia se haya implementado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del RDL 8/2020 —carácter preferente del trabajo a distancia durante la pandemia—, o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria, y mientras estas se mantengan —término este que queda muy abierto e indeterminado—, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria. Aun así, las empresas deberán dotar de los medios, equipos herramientas y consumibles que exige el trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario. Por otra parte, mediante negociación colectiva se establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora a distancia.
En otras palabras, la Ley no será de aplicación, y por lo tanto no se deberán formalizar acuerdos de trabajo a distancia con aquellos trabajadores que presten actividades no presenciales, si este trabajo a distancia, inexistente con anterioridad en la empresa, ha venido forzado por la actual situación de la pandemia y mientras la misma se mantenga, pero, aun y así, la empresa tendrá que dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige tal modo de trabajo pero, en principio, y salvo acuerdo en negociación colectiva expreso, no procede el abono de compensación de gastos de tipo alguno.
Debemos entender que la intención del legislador es que aquellas empresas que se hayan visto forzadas al teletrabajo no vengan obligadas a asumir más gastos en unos momentos como los actuales pero sí se comprometan a facilitar a sus empleados aquellas herramientas necesarias para teletrabajar.
5. Finalmente, se recuerda que la aplicación de esta Ley no puede instrumentalizarse para mermar derechos reconocidos a los que ya «teletrabajaban» antes de su publicación.
Por último, mediante las disposiciones finales (primera, segunda y tercera) se modifican los artículos 13, 23 y 37 del ET; el artículo 138 bis de la LRJS y los artículos 7.1 y 40 de la LISOS. Concretamente, cabe destacar:
— Se establece un derecho de las personas trabajadoras consideradas víctimas de violencia de género o del terrorismo a realizar su trabajo —total o parcialmente— a distancia o dejar de hacerlo si este fuera el sistema establecido, siempre que estas modalidades sean compatibles con el puesto y funciones desarrolladas (art. 37.8 ET) Existe también un derecho preferente de acceso al trabajo a distancia (en favor de las personas cuando cursen con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional, modificando el artículo 23.1.a ET.
— Se establece un procedimiento judicial especial y específico (art. 138 bis LRJS) aplicable a las reclamaciones relacionadas con el acceso, reversión y modificaciones del trabajo a distancia —aunque si la causa de reclamación está relacionada con el ejercicio de los derechos de conciliación se regirá por el procedimiento del artículo 139 LRJS—.
— Se especifica que se considerará Infracción grave en materia de relaciones laborales el «no formalizar por escrito el contrato de trabajo, cuando este requisito sea exigible o lo haya solicitado la persona trabajadora, o no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en los términos y con los requisitos legalmente previstos.» (artículo 7.1 LISOS).
— Infracciones en materia de relaciones laborales y empleo. Tras el incremento del 20% de las cuantías de las sanciones previstas en el artículo 40 LISOS, serán castigadas las infracciones leves, en su grado mínimo, con multas de 70 a 150 euros; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros. Respecto de las infracciones graves: multa, en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros. Las muy graves serán castigadas con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros (art. 40.1 LISOS).
— Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. Las nuevas sanciones son las siguientes: las infracciones leves se castigarán, en su grado mínimo, con multa de 45 a 485 euros; en su grado medio, de 486 a 975 euros; y en su grado máximo, de 976 a 2.450 euros. Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.451 a 9.830 euros; en su grado medio, de 9.831 a 24.585 euros; y en su grado máximo, de 24.586 a 49.180 euros. Y las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 49.181 a 196.745 euros; en su grado medio, de 196.746 a 491.865 euros; y en su grado máximo, de 491.866 a 983.736 euros (art. 40.2 LISOS).
Con la entrada en vigor este pasado sábado, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal nos obliga a:
declarar las criptomonedas o divisas virtuales a través del Modelo 720
limitar los pagos en efectivo desde los 2.500 a los actuales 1.000 €, en el caso de que en la operación intervenga un empresario o profesional.
Límitar los pagos en efectivo desde los 15.000 a 10.000 € para el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.
Puedes hacer clic aquí para acceder en formato pdf al BOE con la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
Además, a continuación te transcribimos un completo artículo de ElEconomista, que explica el alcance de las obligaciones esenciales que la Ley Antifraude introduce:
ElEconomista: El Congreso aprueba la ley antifraude de Montero: exige declarar las criptomonedas y castiga Sucesiones y Patrimonio
El texto, aprobado definitivamente, incluye las enmiendas del Senado
Exige declarar las “monedas virtuales” en el cuestionado ‘Modelo 720’
Limita los pagos en efectivo a 1.000 euros, algo que rechaza el BCE
El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Los legisladores terminan así con la tramitación parlamentaria de esta normativa. El texto recoge el castigo fiscal en los impuestos relacionados con los inmuebles, como Transmisiones, Sucesiones o Patrimonio. Además, limita los pagos en efectivo en efectivo a los 1.000 euros, en contra del criterio del Banco Central Europeo (BCE).
La normativa aprobada, impulsada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esconde una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la trasmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos.
La norma apuntala, “en alas de la seguridad jurídica” las tasaciones por parte de las Comunidades Autónomas a través del Catastro
Tal y como adelantó elEconomista en octubre del año pasado, el Gobierno descarga así la tasación en el llamado Valor de Referencia del Mercado (VRM), calculado por el Catastro a través de una serie de variables que permite a las Haciendas autonómicas superar el valor real de los inmuebles. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y puede exceder el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos.
El Supremo, en una sentencia de 23 de mayo de 2018, rechazó que las Haciendas autonómicas puedan comprobar los valores de los inmuebles aplicando coeficientes sobre los valores catastrales y en otras sentencias viene a exigir que, para conocer el valor real de una vivienda, el perito se desplace al lugar. Sin embargo, la norma apuntala, “en alas de la seguridad jurídica” las tasaciones por parte de las Comunidades Autónomas a través del Catastro. El texto recoge que “el valor de referencia que establece el Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva”. Según Hacienda, la medida “cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas de forma unánime”.
Obliga a declarar las criptomonedas
La normativa introduce un refuerzo en el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, estableciendo nuevas obligaciones de información sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales. En concreto, la ley exige “la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero”.
Es decir, tal y como adelantó elEconomista en febrero, obligará a introducir estas operaciones en la declaración de bienes en el extranjero, el polémico Modelo 720. Este modelo se encuentra actualmente en estudio por la Justicia europea tras el dictamen motivado de Bruselas en el que cuestiona su aplicación por, entre otros asuntos, las elevadas multas que establece, que pueden llegar hasta el 150%. Según ha podido saber este periódico, se espera que el Abogado General presente las conclusiones sobre este asunto este mes.
En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.
Entre las novedades introducidas en las enmiendas del Senado, está la reforma de la suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos previstos en la normativa tributaria por motivo del Covid. Ahora, la ley limita los efectos de esta medida a aquellos plazos de prescripción que, sin tener en cuenta dicha suspensión, finalicen antes del día 1 de julio de 2021.
Límite al efectivo
Entre las medidas que se incluyen en el texto se encuentra la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasa de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones en el que interviene un empresario o profesional. A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.
El Banco Central Europeo (BCE) rechazó el 1 de febrero de 2019 el límite de 1.000 euros para el pago en efectivo que ahora ha aprobado el Congreso. El entonces presidente del BCE, Mario Draghi, envió un dictamen a España en el que pidió al Gobierno el freno de la medida y alertó de serios riesgos para la moneda europea y determinados sectores económicos.
El documento, al que tuvo acceso elEconomista, subraya que bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o profesional “es desproporcionada”. El BCE destaca su “posible repercusión adversa” en el sistema de pagos en efectivo.
Draghi alertó del riesgo para el Euro del los límites en efectivo a España: “Pone en peligro el concepto de curso legal”
El Supervisor alertó entonces del riesgo de la medida española para la moneda europea. “Esta limitación dificulta la liquidación de operaciones legítimas usando el efectivo como medio de pago, por lo que pone en peligro el concepto de curso legal”, subraya el Banco Central Europeo en su dictamen. El Banco niega que esta medida tenga cabida en la normativa europea antifraude. El límite para las empresas establecido en la Directiva europea antiblanqueo está en los 10.000 euros.
Por otra parte, la nueva norma contempla la prohibición por ley de las amnistías fiscales. Además, el texto rebaja de un millón de euros a 600.000 euros el umbral de la deuda con Hacienda que conlleva aparecer en el listado de deudores. También, Hacienda incluirá en esa lista de deudores a los responsables solidarios, como pueden ser los familiares o los socios.
La nueva Ley actualiza y amplía el concepto de paraísos fiscales, que pasan a denominarse “jurisdicciones no cooperativas”, término usado a nivel internacional. La lista de paraísos fiscales deberá ser actualizada periódicamente.
Castigo a las ‘herencias en vida’
La normativa recoge un castigo a los pactos sucesorios -el reparto de herencias en vida- al eliminar varias de sus ventajas. Los sucesores de los contribuyentes que escojan esta opción para legar sus bienes sufrirán un incremento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que afectará, incluso, a los pactos sucesorios ya firmados antes de que entre en vigor la ley.
La ley aprobada hoy modifica el artículo 36 de la ley del IRPF. Hacienda usará los precios de adquisición antiguos y no los del momento de la firma del pacto sucesorio para calcular la ganancia patrimonial del heredero. El nuevo redactado establecerá que si se transmite el bien antes del fallecimiento del donante, se usará la misma fecha y valor de adquisición que tenía el donante para calcular la ganancia o pérdida en IRPF, aunque el pacto sucesorio se haya formalizado muchos años antes. De esta forma, Hacienda imputará grandes beneficios a los sucesores, puesto que los precios de compra antiguos son mucho menores que los actuales.
𝗠𝗼𝘆𝗮&𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 quiere hacer un recordatorio que consideramos muy importantes: 𝒆𝒍 𝒑𝒓ó𝒙𝒊𝒎𝒐 𝑳𝑼𝑵𝑬𝑺 12 𝑫𝑬 𝑱𝑼𝑳𝑰𝑶 𝒔𝒆 𝒂𝒄𝒂𝒃𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒍𝒂𝒔 𝑨𝒀𝑼𝑫𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑹𝑬𝑪𝑻𝑨𝑺 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑬𝑴𝑷𝑹𝑬𝑺𝑨𝑺 𝒀 𝑷𝑹𝑶𝑭𝑬𝑺𝑰𝑶𝑵𝑨𝑳𝑬𝑺 afectados por el Covid-19 𝒆𝒏 𝑩𝑨𝑳𝑬𝑨𝑹𝑬𝑺 (855 millones de €)
Además debes recordar ya se modificaron las bases reguladores para la convocatoria de estas ayudas a empresas y profesionales para incluir • 𝐌Á𝐒 𝐂𝐍𝐀𝐄𝐬, llegando a incluir prácticamente todas las actividades económicas, y también • 𝐌Á𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐏𝐓𝐎𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐋𝐎𝐒 𝐐𝐔𝐄 𝐒𝐎𝐋𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀𝐑 𝐀𝐘𝐔𝐃𝐀𝐒, puesto que ya no es preciso que se empleen las ayudas para reducir deuda sino que una empresa o un empresario autónomo podrá pedir ayudas en base a una justificación de pérdidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.
¿Todavía no lo tienes claro? Mira el vídeo informativo de Nicolás Emery explicando la modificación de las bases reguladoras de las ayudas en Baleares a continuación y, si te queda alguna duda, contacta con cualquiera de las oficinas de 𝗠𝗼𝘆𝗮&𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆.
V0824-21 (descárga este documento en formato pdf aquí)
NORMATIVA
LIRPF. Ley 35/2006, arts., 14, 22, 23 y 27.
CUESTIÓN
Tributación de las cantidades impagadas.
DESCRIPCIÓN
El consultante es propietario junto con su mujer de una residencia que tiene alquilada. El arrendatario no paga las rentas del alquiler desde marzo de 2020, habiendo iniciado el consultante un procedimiento de desahucio.
CONTESTACIÓN
No se manifiesta en la consulta que se den los requisitos para la consideración del arrendamiento como actividad económica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), por lo que se parte de la consideración de que dicho arrendamiento genera rendimientos del capital inmobiliario.
El artículo 22.2 de la Ley del impuesto establece que “se computará como rendimiento íntegro del capital inmobiliario el importe que por todos los conceptos deba satisfacer el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario, incluido, en su caso, el correspondiente a todos aquellos bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario”.
El artículo 23.1 de la citada Ley incluye entre los gastos que considera necesarios para la obtención de los ingresos y, por tanto, deducibles para la determinación del rendimiento neto “los saldos de dudoso cobro en las condiciones que se establezcan reglamentariamente”.
En su desarrollo, el artículo 13 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), determina en su párrafo e) la deducibilidad de “los saldos de dudoso cobro siempre y cuando esta circunstancia quede suficientemente justificada. Se entenderá cumplido este requisito:
1º Cuando el deudor se halle en situación de concurso.
2º Cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la finalización del período impositivo hubiesen transcurrido más de seis meses, y no se hubiese producido una renovación de crédito.
Cuando un saldo dudoso fuese cobrado posteriormente a su deducción, se computará como ingreso en el ejercicio en que se produzca dicho cobro”.
No obstante, el artículo 15 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE de 23 de diciembre) establece que:
Reglamentariamente podrá modificarse el plazo previsto en este artículo.”
De lo anteriormente expuesto cabe concluir lo siguiente:
1º. El consultante deberá imputar en el año 2020, como rendimiento íntegro del capital inmobiliario, las cantidades correspondientes al arrendamiento del inmueble, incluso aunque no hayan sido percibidas.
2º. Del rendimiento íntegro computado podrá deducir como gasto los saldos de dudoso cobro una vez transcurrido el plazo antes referido, dado que no parece que el deudor se haya encontrado en situación de concurso.
En el caso de que la deuda fuera cobrada posteriormente a su deducción como gasto, deberá computar el ingreso en el año en que se produzca dicho cobro.
En el presente caso, se parte de la hipótesis de que las gestiones de cobro se inician en 2020, reclamándose las deudas existentes a la fecha y no cobradas, por lo que dichas deudas podrán considerarse como gasto deducible imputable al ejercicio 2020 cuando desde el inicio de la gestión de cobro hasta el 31 de diciembre de 2020 hayan transcurrido más de 3 meses. Respecto a las deudas vencidas con posterioridad al inicio de las gestiones de cobro, debe tenerse en cuenta por un lado que las gestiones de cobro iniciales no podían referirse a dichas deudas, al ser inexistentes a esa fecha, y por otro, la extensión de la reclamación judicial a dichas deudas conforme éstas fueran naciendo, por lo que el plazo debe computarse para estas últimas deudas a partir de su vencimiento.
En consecuencia, podrán imputarse al ejercicio 2020 como gastos deducibles del rendimiento del capital mobiliario las deudas comprendidas en la gestión de cobro iniciada en 2020 (se parte, como se ha referido, de la hipótesis de que las gestiones para el cobro se inician en ese ejercicio), cuando hubieran transcurrido más de 3 meses desde el inicio de dichas gestiones hasta el final de dicho ejercicio, imputándose al ejercicio 2021 en el caso de que el referido plazo finalice en el ejercicio 2021.
Respecto a las deudas que hubieran nacido con posterioridad al inicio de las gestiones de cobro, podrán imputarse como gasto deducible al ejercicio en el que finalice el plazo correspondiente contado a partir de su vencimiento.
Por último, en cuanto a las cuestiones relativas a la cumplimentación del modelo 100, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Declaración anual”, se manifiesta que los aspectos relacionados con la referida cumplimentación corresponden a la competencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por lo que este Centro Directivo carece de competencias para contestar a dichas cuestiones.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
¿Tienes dudas con respecto a tu declaración de renta o cualquier otra obligación tributaria? No tardes en pedir cita en cualquiera de las oficinas de Palma o Calvià de Moya & Emery
Las bases de la convocatoria de ayudas -dispuestas por el Gobierno central- por valor de 855 millones de euros para empresas y autónomos en las islas Baleares que se hayan visto afectados por el covid19 han sido modificadas o ampliadas recientemente con el fin de que puedan solicitar dichas ayudas más empresas y más profesionales que en un principio no pudieron acceder. Hoy el abogado y economista Nicolás Emery de Moya & Emery ha hablado de todos esos cambios con Jaime Mora en Radio Calvià FM:
Quedan incluidos todos los CNAEs
Se amplía el término o plazo de presentación hasta el 12 de julio 2021 a las 15’00h
Es requisito haber tenido actividad en 2019/2020, pero no todo el año, por lo que amplían las ayudas a los autónomos de temporada, ya que pueden estar sin actividad en algún momento de 2019/2020, pero alta en el momento de la solicitud
Será obligatorio mantener la actividad en el 2022.
No subida de salarios a alta dirección de las empresa ni reparto de dividendos.
Régimen especial a las empresas afectados por el cierre de Thomas Cook
Reconocimiento de pérdidas y no solo de la deuda pendiente,
Las ayudas presentadas hay que dar de baja la declaración y presentar una nueva cambiando los importes, y subiendo la cantidad solicitada
Las empresas sin deudas, pero que ha puesto sus recursos propios para pagar, se incluyen ya que estas cantidades van en concepto de perdidas como elemento de justificación
Obligatorio informe de auditoría para poder justificar las perdidas, ya que no es un año natural (01-03-20 a 31-03-21)
Existirá un retraso de 2 semanas en el cobro por la ampliación del plazo de la presentación, compromiso de pago previsión para finales de julio.
Ayudas de la línea hasta 3.000 € caída de facturación de un 30%, a través de declaración de responsable, habrá una comprobación aleatoria
Los que vayan por módulos no tendrán que demostrar cada factura, pero si se tendrá que guardar el uso correcto del dinero
Las facturas pendientes de pago el devengo/servicio será desde marzo 20 a mayo 21, se podrán pagar con las ayudas desde el 14/07/21 hasta 2 meses después de haberlas cobrado
Concepto de pérdidas, incluye amortizaciones (ingresos-gastos variables)
Deberán estar al corriente de pago desde la solicitud hasta que se conceda la ayuda, sino sería un motivo de denegación, por lo que se tendrán que vigilar los corrientes de pago.
Se excluyen las deudas a proveedores por inversión
Créditos ICO, solo importes del crédito destinados a pago de deudas de marzo hasta mayo.
Los tributos locales que son pagaderos en oct/nov, aunque tengan 2 meses para efectuar los pagos, estos si se incluyen
Excepciones: perdidas nuevas, perdidas 2019, las nuevas no pueden salvo afectados a Thomas Cook o inversiones grandes
Pólizas de crédito se cubrirán los préstamos y créditos por pagos realizados de marzo20 a mayo21 para reducir el capital pendiente
Los ERTEs y los Impuestos personales no son susceptibles de englobar en las ayudas.
¿Todavía tienes dudas sobre las ayudas directas para empresas y profesionales que hayan sufrido las consecuencias económicas de la pandemia del covid-19 y no sabes si cumples los requisitos para acceder a ellas? Entonces ponte en contacto con Moya & Emery
I. NUEVA FÓRMULA DE REVALORIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES
En cumplimiento de la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo a través del incremento de las pensiones el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media anual registrada en el mes de noviembre del ejercicio anterior.
Se garantiza que en el supuesto de inflación negativa -algo muy infrecuente y de escaso impacto incluso en las circunstancias de los últimos años– las pensiones no sufrirían merma alguna, quedando ese año inalteradas.
Como regla adicional, con el objetivo reforzado de preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y garantizar la suficiencia económica de los pensionistas, el Gobierno y los interlocutores sociales realizarán, en el marco del diálogo social, una evaluación periódica, cada cinco años, de los efectos de la revalorización anual de la que dará traslado al Pacto de Toledo, y que contendrá una propuesta de actuación si fuese necesario corregir alguna desviación para preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
II. MEDIDAS PARA FAVORECER EL ACERCAMIENTO VOLUNTARIO DE LA EDAD EFECTIVA CON LA EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN
La actuación complementaria del conjunto de medidas incluidas en este apartado tiene como objetivo, en cumplimiento de la recomendación 12ª del Pacto de Toledo, seguir impulsando el proceso de acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria. Ello se hará en el marco del refuerzo del derecho a la jubilación consagrado en nuestro modelo de jubilación flexible, priorizando el reforzamiento de los instrumentos de incentivo y desincentivo previstos para los supuestos de jubilación anticipada o demorada sobre la citada edad ordinaria.
1. Jubilación anticipada voluntaria.
– Se revisan los coeficientes reductores (que a partir de ahora serán mensuales) con el fin de fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación y dar un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas.
Menos de 38 años y 6 meses cotizados
Más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses
Más de 41 años y 6 meses cotizados y menos de 44 años y 6 meses
Más de 44 años y medio cotizados
Como excepción, se aplicarán los coeficientes reductores correspondientes a la jubilación por causa no imputable al trabajador en aquellos supuestos en los que quien se jubila anticipadamente de forma voluntaria esté percibiendo el subsidio de desempleo desde hace, al menos, tres meses.
Con el fin de fomentar el acercamiento voluntario de la edad efectiva de jubilación anticipada voluntaria a la edad de jubilación ordinaria de las personas con pensión teórica superior al límite máximo de pensión de la Seguridad Social, los coeficientes reductores se aplicarán sobre la cuantía de la pensión respetando la limitación máxima a la que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Seguridad Social. La eliminación de la regulación hasta ahora aplicable en los supuestos en los que la pensión teórica quedaba por encima de ese límite se hará de forma progresiva a lo largo de un periodo de diez años a contar desde el 1 de enero de 2024. En cualquier caso, estos coeficientes solo se aplicarán en la medida en que la evolución de la pensión máxima del sistema absorba completamente el efecto del aumento de coeficientes respecto a los vigentes en 2021 para estos trabajadores con base reguladora superior a la pensión máxima, de manera que la pensión reconocida no sea inferior a la que le habría correspondido con la aplicación de las reglas vigentes en 2021.
De la anterior previsión quedan excluidas –y, por tanto, seguirán rigiéndose por las reglas de acceso a las distintas modalidades de jubilación anticipada previas a la aprobación y entrada en vigor de esta reforma– aquellas personas, con base reguladora superior a la pensión máxima, cuya relación laboral:
Se haya extinguido antes de 1 de enero de 2022, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas, por un periodo superior a 12 meses, en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
Se extinga después de esa fecha como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o en virtud de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa o decisiones adoptadas en procedimientos concursales, que fueran aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley que dé cumplimiento a este acuerdo.
No obstante, las personas a las que se refieren los apartados anteriores también podrán optar por que se aplique, para el reconocimiento de su derecho a pensión, la legislación que esté vigente en la fecha del hecho causante de la misma.
Coeficientesaplicablesa pensiones teóricas por encima de la máxima (con la limitaciónreseñadamás arriba)
Menosde 38 años y 6 meses cotizados
Más de 38 años y 6 meses y menos de 41 años y 6 meses cotizados
Más de 41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses cotizados
Más de 44 años y 6 meses cotizados
2. Jubilación anticipada involuntaria.
Se acuerda introducir cuatro modificaciones. Primero, a las causas de extinción contractual que dan derecho al acceso a esta modalidad de jubilación mencionadas en el art. 207.1 LGSS, se añaden el resto de causas extintivas por razones objetivas y la resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos previstos en los artículos 40.1, 41.3, 49.1.m) y 50 ET..
Segundo, el coeficiente aplicable sobre la pensión se determina por mes de adelanto de la jubilación, no por trimestre.
Tercero, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se aplican en la determinación de la
pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente.
– Cuarto, adicionalmente el coeficiente reductor correspondiente a cada uno de los seis meses previos a la edad de jubilación ordinaria se rebaja respecto de los propuestos para la jubilación voluntaria.
– Finalmente, no sufrirán cambios los coeficientes reductores del 0,5% por trimestre, desde la pensión máxima, aplicables a las jubilaciones anticipadas involuntarias, manteniéndose en los mismos términos vigentes hasta la fecha, estando excluida expresamente esta modalidad de la previsión de equiparación de coeficientes para la jubilación anticipada voluntaria prevista en el apartado II.1 de este Acuerdo. Esta misma garantía se extenderá a los supuestos previstos en el apartado
II.1 referidos a personas que accediendo a la jubilación anticipada voluntaria desde una situación en la que vienen percibiendo el subsidio por desempleo desde hace, al menos, tres meses, se les aplican los coeficientes reductores establecidos para la jubilación anticipada involuntaria
3. Jubilación anticipada por razón de la actividad
Se acuerda la modificación del procedimiento de solicitud, y se precisan con mayor detalle los indicadores de peligrosidad o penosidad que determinan el acceso a esta modalidad de jubilación anticipada.
Las solicitudes de iniciación del procedimiento deberán ser formuladas conjuntamente por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas; o por las organizaciones sindicales más representativas y la administración correspondiente cuando el procedimiento afecte al personal de las administraciones públicas.
La fijación de los indicadores que acrediten la concurrencia de circunstancias de penosidad o peligrosidad será objeto de desarrollo reglamentario, que se abordará en el marco del diálogo social.
Con respecto a las solicitudes ya presentadas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establecerá en el plazo de seis meses un calendario para la resolución de los expedientes, priorizando de acuerdo con criterios objetivos la resolución de los mismos.
Se creará una comisión encargada de evaluar y, en su caso, instar la aprobación de los correspondientes decretos de reconocimiento de coeficientes reductores. Integrarán esta comisión los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Trabajo y Economía Social; y Hacienda; junto las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
Se establecerá un procedimiento para la revisión de los coeficientes reductores de edad con una periodicidad máxima de diez años.
– Por otro lado, se separan en normas distintas la jubilación anticipada por razón de la actividad y por razón de la discapacidad.
4. Jubilación demorada
Se acuerda aplicar la exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que corresponda en cada caso.
Se acuerda mejorar los incentivos para la prolongación de la carrera profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación.
Se ofrecen tres tipos de incentivos, a elegir por el trabajador, por cada año de demora:
Un porcentaje adicional del 4 por ciento (este porcentaje adicional se sumará al que corresponda de acuerdo con el número de años cotizados y se aplicará a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión).
Una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas.
– Una combinación de las opciones anteriores.
5. Jubilación activa
En coherencia con el conjunto de previsiones de este bloque, se exige como condición para acceder a esta modalidad de jubilación el transcurso de al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
En el plazo máximo de doce meses, el Gobierno revisará, en el marco del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales, esta modalidad de jubilación con el fin de corregir las diferencias existentes entre regímenes y sistemas especiales y favorecer el mantenimiento de la actividad de los trabajadores mayores, al tiempo que se preserva la sostenibilidad del sistema. En todo caso, la nueva regulación no podrá tener como consecuencia la sustitución de trabajadores con cotización completa por trabajadores con cotización reducida.
6. Jubilación forzosa
Se acuerda que no sea posible establecer cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador por el cumplimiento de una edad inferior a 68 años. Observada esta limitación de edad, se requerirán además las siguientes condiciones:
Primero, que la persona trabajadora afectada tenga derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
Segundo, que cada extinción contractual en aplicación de esta previsión lleve aparejada simultáneamente la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos, una persona trabajadora como medida vinculada a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo.
Excepcionalmente, este límite podrá rebajarse hasta la edad ordinaria de jubilación fijada por la normativa de Seguridad Social cuando la tasa de ocupación de las trabajadoras en alguna de las actividades económicas correspondientes al ámbito funcional del convenio sea inferior al 20 por ciento de las personas ocupadas en las mismas.
A estos efectos, las actividades económicas en las que se ha de cumplir esta condición serán las que correspondan a los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas que figuren en el Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad (REGCON). La Administración de la Seguridad Social facilitará esta información respecto de la totalidad de trabajadores por cuenta ajena en cada una de las CNAE correspondientes en la fecha de constitución de la comisión negociadora del convenio.
La aplicación de esta excepción exigirá, además, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Que la persona trabajadora afectada tenga derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
Que en el CNAE al que esté adscrita la persona afectada por la aplicación de esta cláusula concurra una tasa de ocupación de empleadas inferior al 20 por ciento sobre el total de trabajadores de dicho CNAE a la fecha de efectos de la decisión extintiva. Este CNAE será el que resulte aplicable para la determinación de los tipos de cotización para la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Que cada extinción contractual en aplicación de esta previsión afecte a un puesto de trabajo vinculado a algunas de las actividades económicas antes mencionadas; y que cada extinción en aplicación de esta previsión lleve aparejada simultáneamente
la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos, una mujer.
La decisión extintiva de la relación laboral será, con carácter previo, comunicada por la empresa a los representantes legales de los trabajadores y al propio trabajador afectado.
– Sin perjuicio de lo anterior, las cláusulas sobre jubilación forzosa que se hubieran incluido en los convenios colectivos al amparo de la legislación hasta ahora vigente podrán ser aplicadas hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada del convenio en cuestión.
7. Reducción en la cotización para trabajadores mayores de 62 años en procesos de IT
Con el fin de favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, se acuerda establecer una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.
III. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL SISTEMA:
CULMINACIÓNDEL PRINCIPIODESEPARACIÓNDEFUENTES
En cumplimiento de la recomendación 1ª del Pacto de Toledo, los firmantes de este acuerdo comparten la necesidad de culminar la plena implementación del principio de separación de fuentes respecto de aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no ha sido asumida todavía por el Estado.
Para ello, de forma adicional al mantenimiento estable de la transferencia anual ya aprobada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (13.929 millones de euros), se incrementará esta, tanto en los ejercicios de 2022 y 2023, como en años sucesivos, también de forma permanente como la transferencia aprobada para 2021, hasta alcanzar una transferencia que sirva para cubrir todos los conceptos reseñados a continuación.
Primero, los conceptos ya financiados por transferencia del Estado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021:
(millones de euros)
Transferencia para la financiación de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menor
2.785
Transferencia para financiar reducciones en la cotización a la Seguridad Social
1.779
Subvenciones implícitas a REM, SEA, contratos formación
996
Complemento para reducir la brecha de género
788
Integración de lagunas
450
Jubilación anticipada sin coeficiente reductor y sin cotización adicional
371
Pensiones en favor de familiares
373
Cuantía equivalente a 2 puntos de cotización por otros conceptos de naturaleza no contributiva
6.387
Segundo, los siguientes conceptos a incorporar dentro de la transferencia para financiar otros conceptos en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo 2020:
Coste de la pensión de jubilación anticipada involuntaria en edades inferiores a la edad ordinaria de jubilación.
2.010
Complementos de prestaciones contributivas, sujetos a límite de ingresos.
3.444
Cuantía equivalente a 1 punto de cotización por otros conceptos de naturaleza no contributiva
3.193
De la misma forma, se reitera el compromiso del Estado como garante público del sistema de Seguridad Social. En este sentido, el Estado garantiza el equilibrio financiero del sistema en los importes y durante el tiempo estrictamente necesario en los que los ingresos derivados de cotizaciones y transferencias estables y preestablecidas desde los Presupuestos Generales del Estado, junto al resto de recursos previstos en el art. 109 de la LGSS, puedan no ser suficientes.
IV. NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN POR INGRESOS REALES Y MEJORA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
En cumplimiento de la recomendación 5ª del Pacto de Toledo, con objeto de mejorar y reforzar el sistema de protección de este Régimen y su financiación, se acuerda establecer un sistema de cotización basado en los rendimientos reales declarados fiscalmente. La implantación de esta modificación se hará a partir del 1 de enero de 2022 de forma gradual, con objeto de permitir la más adecuada definición de los mismos y las adaptaciones técnicas necesarias por parte de la Hacienda Pública y de la propia Seguridad Social. En concreto, el nuevo sistema se aprobará en 2022, sin producir efectos económicos hasta 2023; y el despliegue será progresivo hasta un máximo de nueve años, con revisiones periódicas cada tres años en las que las organizaciones empresariales y sindicales, y las asociaciones de autónomos podrán decidir, junto al Gobierno, la aceleración del calendario.
Aquellos autónomos cuyos rendimientos fiscales derivados de la actividad por cuenta propia estén por encima de la actual base mínima de cotización del RETA cotizarán por los mismos. Esta base mínima se equiparará progresivamente a la del Régimen General de la Seguridad Social.
Los autónomos que tengan rendimientos fiscales declarados inferiores a la base mínima de cotización vigente cotizarán por los mismos. Sin perjuicio de ello, a efectos de la acción protectora se reconocerá la base mínima correspondiente durante un periodo máximo de dos años.
Se prevé que los trabajadores autónomos elijan provisionalmente su base de cotización entre los tramos que se determinen normativamente en función de previsiones de rendimientos. Con la posibilidad de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos.
Si existen diferencias una vez hecha la regularización anual, el trabajador deberá proceder a su ingreso en caso de haber cotizado menos de lo que le correspondía; y podrá solicitar la devolución si la cotización realizada fue superior.
Durante el periodo transitorio, y de acuerdo con lo establecido en el marco del diálogo social, se establecerá una cotización intermedia por tramos cuyo número se irá incrementando progresivamente.
En el plazo de doce meses, y en cumplimiento del mandato de la recomendación 4ª del Pacto de Toledo, se abordarán las diferencias de acción protectora entre el Régimen General y el RETA con el objetivo de lograr una protección social equiparable entre estos dos regímenes.
V. MEDIDAS PARA PRESERVAR EL EQUILIBRIO Y LA EQUIDAD INTERGENERACIONAL
En cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los firmantes se comprometen a negociar la sustitución del factor de sostenibilidad del artículo 211 por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027 en los términos que se describe en el párrafo siguiente. El proceso de negociación en el marco del diálogo social se abrirá inmediatamente después a la suscripción de este acuerdo, de forma que la regulación del nuevo mecanismo pueda incorporarse al proyecto de ley que dé cumplimiento al citado acuerdo antes del 15 de noviembre de 2021. Si en ese proceso de negociación en el marco del diálogo social no se alcanzara un acuerdo, el Gobierno de España procedería a regular el citado mecanismo, de forma que esté definido en el momento de entrada en vigor de la citada Ley.
Dada la dimensión intergeneracional del sistema de pensiones, y las necesidades excepcionales y acotadas en el tiempo que para su equilibrio va a suponer la jubilación de la generación del baby boom y el aumento de la esperanza de vida, es necesario recuperar para el diseño del nuevo mecanismo el planteamiento consensuado en la reforma de 2011. Ello implica incorporar indicadores que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población y que, actuando de forma equilibrada sobre el conjunto de parámetros del sistema, sirvan de base para un diseño del nuevo mecanismo que evite hacer recaer en las generaciones más jóvenes el coste derivado de la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas, repartiendo de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.
VI. OTRAS MEDIDAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y DE LA CALIDAD DE LA ACCIÓN PROTECTORA
1. Agencia Estatal de la Seguridad Social.
Para dar cumplimiento al mandato de la recomendación octava del Pacto de Toledo, el Gobierno aprobará en el plazo de seis meses un Proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social.
2. Viudedad de parejas de hecho
En el plazo de 6 meses, y en cumplimiento de la recomendación 13ª del Pacto de Toledo, se abordará en el marco del diálogo social una revisión del marco regulador de acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con el fin de equiparar las condiciones de acceso de este colectivo al de las parejas constituidas en matrimonio.
3. Base reguladora de las prestaciones de incapacidad temporal en los casos de personas trabajadoras con contrato fijo-discontinuo
Se acuerda incluir en la legislación de Seguridad Social una referencia expresa para que la base reguladora diaria de la prestación por incapacidad temporal se calcule mediante el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas desde el último llamamiento al trabajo, con un máximo de tres meses inmediatamente anteriores al del hecho causante, entre el número de días naturales comprendidos en el período.
4. Cláusula de ‘salvaguarda’
La conocida como “cláusula de salvaguarda” –derivada originalmente de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, e incorporada actualmente al ordenamiento jurídico de la Seguridad Social en el apartado 5 de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social– se mantendrá en su regulación actual con carácter indefinido, de manera que extiende sus efectos más allá del 1 de enero de 2022 garantizando la cobertura de la totalidad de personas que originalmente se preveía proteger con la citada cláusula.
5. Cotización de becarios
En el plazo máximo de tres meses se procederá al desarrollo reglamentario previsto en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, de modo que se garantice que la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria, determine la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado.
Se aplicará a estas prácticas una reducción del 75 por cien en la cotización a la Seguridad Social.
6. Convenios especiales cuidadores SAAD
Se establecerán en el plazo de seis meses los oportunos cambios normativos que posibiliten que la financiación pública establecida para asumir las cuotas derivadas de los convenios especiales de los cuidadores de personas en situación de dependencia regulados en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, en los casos de personas que hayan reducido su jornada de trabajo para dedicar una parte de la misma al cuidado de las personas en situación de dependencia, permita garantizar el mantenimiento de las bases de cotización que tenían estas personas antes de dicha reducción, así como las correspondientes actualizaciones de dicha base de cotización en los mismos términos en que lo haga el tope mínimo del Régimen General de la Seguridad Social.
VII. INTEGRACIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS COMO ANEXO DE ESTE ACUERDO
Se integra y suscribe, como anexo inseparable de este Acuerdo, el texto normativo que concreta su contenido en los aspectos en los que corresponde y que el Gobierno incorporará fielmente en el Proyecto de Ley que remitirá a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.
Lo anterior, sin perjuicio del resto de contenidos previstos en este Acuerdo, cuya propuesta de texto normativo aún no ha sido ultimada (RETA, viudedad de parejas de hecho…), que se concretarán en los plazos previstos en cada apartado y, en cualquier caso, coincidiendo con la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley que concretará normativamente este Acuerdo.
El Boletín Oficial de las Islas Baleares publicó ayer 1 de julio la modificación de la Orden de las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de la Línea COVID de ayudas directas a empresarios y profesionales, con el objetivo de incorporar el supuesto de las pérdidas como concepto elegible en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Esta modificación, ya anunciada la semana pasada, amplía el criterio por el cual la Orden solo se autorizaban ayudas para enjugar deuda.
Con esa ampliación se intenta hacer un llamamiento a todos los profesionales y empresas, que ahora sí podrán verse beneficiadas por estas modificaciones, a fin de que realicen la solicitud de la ayuda, después de haber facilitado su acceso.
Con esta medida, se permite incrementar la cuantía de la ayuda a aquellas empresas que ya cumplían los requisitos en el caso de tener deuda, y también permitirá acceder a las ayudas a aquellas otras compañías que, a pesar de tener pérdidas justificables en el periodo mencionado, hasta ahora no podían tener acceso por no tener deuda pendiente. En el caso de la justificación de pérdidas, hace falta un informe de la auditoría que se tiene que presentar en la fase posterior al cobro de la ayuda.
Hay que recordar que la semana pasada también se acordó la ampliación de la convocatoria a prácticamente todos los CNAEs de las actividades productivas de las Islas, con el fin de repescar aquellos sectores que hubieran podido quedar excluidos en la anterior clasificación, y hacer extensivo así las ayudas a todos los sectores de actividades productivas de las Islas, a todas las empresas y a todos los empresarios autónomos.
Asimismo, y para dar margen a las empresas y autónomos a estudiar todos estos nuevos supuestos, también se acordó ampliar hasta el 12 de julio el plazo hábil para poder presentar las solicitudes de ayudas.
Haz clic aquípara descargar la resolución en formato PDF y no dudes en ponerte en contacto con Moya & Emery si tienes alguna duda con respecto a los requisitos exigidos para acceder a las ayudas o precisas ayuda para solicitarlas:
Fija un marco estable de revalorización de las pensiones con el IPC medio del año anterior
Se flexibilizan las condiciones para la jubilación anticipada y se crean más incentivos para la demorada
Plantea la sustitución del actual factor de sostenibilidad de 2013 por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que se diseñará en cinco meses
Prevé la implantación gradual de un sistema de cotización por rendimientos reales para los trabajadores autónomos
Nota de Prensa del Ministerio de Seguridad Social del Lunes, 28 de junio de 2021.-
La Mesa Técnica de pensiones formada por los responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de los interlocutores sociales CEOE, Cepyme, CCOO y UGT ha concluido con un texto, que debe ser ratificado por los órganos correspondientes de los interlocutores sociales. El acuerdo definitivo, que traslada las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado otoño, también recogidas en parte en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se formalizará una vez que los órganos correspondientes de los agentes sociales lo ratifiquen.
En estos compromisos se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y corrigiendo definitivamente la fórmula introducida en 2013, cuya aplicación está suspendida desde 2018. De esta forma, se fija un mecanismo estable de revalorización y el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, las pensiones quedarán inalteradas.
El texto incluye además una evaluación periódica de este nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que se realizará en el marco del diálogo social cada cinco años.
En segundo lugar, siguiendo la recomendación 12ª, se incorporan diversas previsiones dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación. En este aspecto se incluyen cuatro medidas: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.
Respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasarán a ser mensuales para dar más flexibilidad a los futuros pensionistas y fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación. Además, se dará un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas (ver anexo con coeficientes). En la mayoría de los casos, además, los coeficientes serán más bajos que los actualmente vigentes con el fin de incentivar pequeñas demoras en la salida del mercado laboral.
Además, para mejorar las pensiones de las personas que acceden a la jubilación por causa no imputable al trabajador, se aplicarán los coeficientes de la jubilación anticipada voluntaria en aquellos supuestos en los que quien se jubila anticipadamente de forma voluntaria esté percibiendo el subsidio de desempleo desde hace, al menos, tres meses.
Otro de los elementos del texto en esta materia es la supresión de los aspectos regresivos del sistema, de forma que se eliminará gradualmente la regulación para personas con ingresos superiores a la pensión máxima. Esta eliminación se hará de forma progresiva durante un plazo de 10 años a partir del 1 de enero de 2024.
En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, se mejoran dos aspectos: de un lado, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales; y, de otro, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria se aplican en la determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente, entre otros.
En lo que se refiere a la jubilación anticipada por razón de la actividad, se modificará el procedimiento de solicitud y se precisarán con más detalle los indicadores de peligrosidad o penosidad que determinan el acceso a esta modalidad de jubilación anticipada de manera que su aplicación pueda ser efectiva.
Nuevos incentivos a la jubilación demorada
En el caso de la jubilación demorada, se establecerá la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda. Pero como medida más destacable, se refuerzan significativamente los incentivos, que serán de tres tipos por cada año de demora:
Un porcentaje adicional del 4%
Una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas (ver anexo)
Una combinación de ambas opciones
Respecto a la jubilación activa, se exigirá como condición para acceder a esta modalidad el transcurso de al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación y se revisará en el marco del diálogo social esta modalidad en el plazo máximo de doce meses.
Sobre la jubilación forzosa, se ha acordado prohibir las cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador antes de los 68 años. Este límite se podrá rebajar en algunos sectores (CNAE) con la condición de que se incremente la participación de la mujer en dichos sectores. Las cláusulas que se hubieran incluido en los convenios según la normativa vigente podrán ser aplicados mientras sigan en vigor.
Por último, dentro de esta línea que persigue favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.
Sistema en equilibrio a partir de 2023
Otro aspecto muy destacable es el fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema. Siguiendo la recomendación 1ª, se ha incluido en el documento la culminación de los gastos no contributivos de la Seguridad Social en 2022 y 2023, incluyendo otros 7.600 millones de euros, como garantía del equilibrio del sistema por parte del Estado.
Conforme a la recomendación 5ª del Pacto de Toledo, el documento prevé la implantación gradual a partir del 1 de enero de 2022 de un sistema de cotización por rendimientos reales por parte de los trabajadores autónomos. El nuevo sistema se aprobará en 2022, sin producir efectos económicos hasta 2023, con un despliegue progresivo durante un máximo de nueve años. Cada tres años, se hará una revisión periódica en la que los interlocutores sociales y las asociaciones de autónomos, junto con el Gobierno, podrán decidir la aceleración de este calendario.
Nuevo mecanismo de equidad intergeneracional en noviembre
Además, para preservar el equilibrio y la equidad intergeneracional, y en cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los firmantes se comprometen a negociar la sustitución del factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027. El proceso de negociación se abrirá inmediatamente después de la firma de este texto en el marco del diálogo social de forma que la regulación del nuevo mecanismo pueda incorporarse al proyecto de ley antes del 15 de noviembre de 2021. Si en ese proceso de negociación en el marco del diálogo social no se alcanzara un acuerdo, el Gobierno regularía el citado mecanismo para que pueda estar definido en el momento de entrada en vigor de la ley.
Finalmente, se prevé el cumplimiento de la recomendación 8ª del Pacto de Toledo mediante la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses. En este mismo plazo, y en cumplimiento de la recomendación 13ª se abordará en el marco del diálogo social una revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a la de los matrimonios.
Asimismo, la cláusula de salvaguarda se mantendrá en su regulación actual con carácter indefinido y se realizará, en un plazo de tres meses, el desarrollo reglamentario para la inclusión en la Seguridad Social de las personas que realicen prácticas, aunque no tengan carácter remunerado. En estos casos, se establecerá una reducción de cotización del 75%.
Puedes descargar, en formato pdf, la nota de prensa del Ministerio de Seguridad Social aquí
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Los magistrados consideran que este contrato regulado en el convenio colectivo de la construcción en España no previene de fraude en la temporalidad al permitir renovar contratos indefinidamente en sucesivas obras, “un riesgo real de provocar una utilización abusiva de este tipo de contratos”
En pleno debate sobre la contratación temporal en España, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dado un varapalo a los contratos ‘fijos de obra’ del sector de la construcción. Se trata de un contrato temporal específico de la construcción, regulado en su convenio colectivo, por el que se ligan relaciones contractuales a las obras. Los magistrados han concluido este jueves que el contrato ‘fijo de obra’ no previene de los abusos en la temporalidad, como exige la legislación europea, al permitir encadenar sucesivos contratos de este tipo “indefinidamente”.Cinco medidas con las que el Gobierno quiere reducir el trabajo temporalSABER MÁS
Los magistrados europeos analizan los contratos ‘fijos de obra’ de la construcción en España a raíz de una cuestión prejudicial planteada por un juzgado español. El tribunal le consulta varias dudas sobre el caso de un trabajador que encadenó seis contratos fijos de obra, entre los años 1996 y 2017, con la empresa Obras y Servicios Públicos S.A. En 2017, el trabajador pasa a depender de Acciona Agua tras hacerse esta con la adjudicación de un contrato público de Canal de Isabel II que antes tenía la empresa para la que trabajaba el afectado. Su último contrato ‘fijo de obra’ se extendió durante más años, tras lo que el empleado demandó su condición de fijo.
El TJUE considera que, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar a los tribunales españoles, “no cabe considerar que el artículo 24 del Convenio Colectivo controvertido” –el que regula el contrato ‘fijo de obra’– “permita justificar la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada” dado que “entraña un riesgo real de provocar una utilización abusiva de este tipo de contratos”.
Los jueces europeos apuntan que si bien en general se limita este tipo de contrato a una sola obra, esto “se aplica a cada contrato ‘fijo de obra’ considerado por separado” y “pueden celebrarse diversos contratos de este tipo sucesivamente para diferentes obras”.
Las condiciones que recoge el convenio colectivo de la construcción para estos contratos “permite renovar los contratos ‘fijos de obra’ indefinidamente por el efecto acumulado de esos sucesivos contratos o la agregación de estos”, lo que en opinión del tribunal europeo pone “de manifiesto que dicho trabajador en realidad desempeña de modo permanente y estable tareas que forman parte de la actividad ordinaria de la entidad o de la empresa que lo emplea”.
Así lo ven los magistrados en el caso enjuiciado por el tribunal español que plantea la cuestión prejudicial. “La situación del litigio principal ilustra a la perfección esta apreciación, pues el demandante ha suscrito seis contratos ‘fijos de obra’ sucesivos con Obras y Servicios Públicos por una duración total que excede de 25 años”.
El TJUE recuerda además que el Tribunal Supremo también ha limitado la posibilidad de encadenar contratos como permite el convenio colectivo. “Viene aplicando límites temporales” a estos contratos ‘fijos de obra’ propios de otros contratos temporales según el apartado 5 del Estatuto de los Trabajadores, “de manera que, cuando un trabajador ha suscrito dos o más contratos de este tipo y se ha superado el límite temporal legal previsto en dicha disposición, adquiere la condición de indefinido”, recoge la sentencia.
Los magistrados resuelven por tanto que “una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite atender necesidades que no son provisionales, sino, al contrario, permanentes y estables, no está justificada” en la legislación europea, que obliga a la existencia de medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de los contratos temporales.
Analizar si la indemnización es suficiente medida preventiva
El TJUE emplaza al tribunal español a que analice si hay “medidas legales” para prevenir este abuso de los contratos ‘fijo de obra’ que se analizan. Las empresas alegaron la existencia de una indemnización por cese de este tipo de contrato ‘fijo de obra’, que también regula el convenio colectivo.
Los magistrados europeos apuntan que, para que esta funcione como una medida preventiva en los términos exigidos por la normativa de la UE, “la concesión de una indemnización debe tener específicamente por objeto compensar los efectos de la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada”. Además, la indemNización tiene que ser no solo proporcionada, “sino también lo bastante efectiva y disuasoria como para garantizar la plena eficacia de dicha cláusula”.
El pronunciamiento del tribunal alcanza a uno de los sectores que más utiliza la contratación temporal en España, un país que tiene una tasa media muy alta de temporalidad, del 26,3% en 2019. España es de hecho el país con más peso del trabajo temporal de la UE. En el caso de la construcción, de media, el 40% de sus trabajadores tienen contratos temporales. Con una visión más detallada, en el sector de la construcción de edificios la tasa alcanza a más de la mitad de sus afiliados a la Seguridad Social, al 55%.
Baleares amplía los supuestos y destinatarios de las ayudas de 855 millones de Euros dirigidas a empresas y autónomos: hoy, sábado 26 de junio, se ha publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares la norma que amplía las bases de dichas ayudas directas:
Con MÁS CNAEs INCLUIDOS: se ha ampliado el abanico de actividades económicas incluidas en la convocatoria a todos los sectores productivos.
Con MÁS PLAZO PARA SOLICITAR LAS AYUDAS: se ha ampliado el plazo para presentar solicitudes dos semanas más, hasta el lunes 12 de julio.
Con MÁS CONCEPTOS O SUPUESTOS PARA LOS QUE SOLICITAR LAS AYUDAS: se amplían los conceptos por los cuales una empresa o un empresario autónomo podrá pedir ayudas en base a una justificación de pérdidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Este supuesto amplía el actual criterio por el cual las ayudas solo se autorizaban para reducir deuda.
Consulta el BOIB con los cambios en las bases reguladores de la convocatoria de ayudas directas a empresa y autónomos ampliadas hoy, en formato pdf, aquí.
Por otro lado, si tu empresa que desarrolla actividad en el municipio de Palma había solicitado previamente las ayudas extraordinarias de la Fundación Mallorca Turismo, puedes consultar si tu solicitud ha sido aprobada en esta resolución, en formato pdf, publicada también hoy en el BOIB.
Lee a continuación nuestra anterior entrada del blog 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 en que dábamos cuenta del acuerdo para ampliar las ayudas directas:
AFECTADOS POR EL COVID19: Baleares amplía los supuestos para la distribución de las ayudas de 855 millones dirigidas a empresas y autónomos
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presidido hoy una Mesa de Diálogo Social para hacer un seguimiento de la convocatoria de ayudas a empresas y autónomos para hacer frente a las consecuencias derivadas de la COVID19, de 855 millones. Durante la reunión, se han planteado una serie de medidas para ampliar los supuestos para la distribución de este fondo estatal y conseguir así un mayor número de solicitudes, que a día de hoy ya eran 5.202 en el conjunto de las Islas.
Tres son los principales aspectos que se han abordado: se amplía el abanico de actividades económicas incluidas en la convocatoria a todos los sectores productivos; se amplía el plazo para presentar solicitudes dos semanas más, hasta el lunes 12 de julio, y se ampliarán los conceptos por los cuales una empresa o un empresario autónomo podrá pedir ayudas en base a una justificación de pérdidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Este supuesto amplía el actual criterio por el cual las ayudas solo se autorizaban para reducir deuda.
El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, han explicado las novedades de esta convocatoria de ayudas durante una comparecencia posterior a la reunión de la Mesa de Diálogo Social.
Ampliación a todos los CNAE de actividades productivas
En primer lugar, la Mesa de Diálogo Social ha decidido ampliar al máximo el abanico de actividades económicas incluidas en las ayudas. Así, todas las empresas de prácticamente todos los CNAE podrán acogerse a ellas, a excepción del sector de entidades financieras y de seguros, y para Actividades de los hogares.
De este modo, se repescan aquellos sectores que hubieran podido quedar descuadrados en la anterior clasificación. Por lo tanto, las ayudas se hacen extensivas a todos los sectores de actividades productivas de las islas, a todas las empresas y a todos los empresarios autónomos.
Ampliación del plazo de solicitudes
Finalmente, y para dar margen a las empresas y autónomos a estudiar estos nuevos supuestos, la Mesa de Diálogo Social ha acordado ampliar quince días más la presentación de las solicitudes de ayudas. De este modo, el plazo se alarga hasta el 12 de julio. Se prevé que los primeros pagos se inicien a finales del mes de julio.
Posibilidad de justificar pérdidas
Además, la convocatoria ampliará los conceptos por los cuales una empresa o un autónomo podrá acogerse a las ayudas si cayó su facturación más de un 30% el 2020 respeto el año anterior, incluyendo como nuevo concepto la justificación de pérdidas en el periodo mencionado.
Este hecho tiene dos implicaciones. Por un lado, se amplían los conceptos y, por tanto, la cantidad del importe que podrán recibir los solicitantes que ya habían iniciado el trámite por deudas. Por otro lado, aquellos solicitantes que cumplían todos los requisitos de la convocatoria excepto el de tener deudas pendientes ahora sí que podrán perdir la ayuda.
De este modo, se da entrada a aquellos empresarios que cancelaron sus deudas con recursos propios y que hasta ahora se encontraban excluidos de la ayuda, flexibilizando así uno de los requisitos importantes de la convocatoria.
Para acceder a las ayudas justificando pérdidas, habrá que presentar un informe de auditoría para acreditar la solicitud, que se tendrá que presentar en la fase de justificación, una vez cobrada la ayuda.
Publicaciones al BOIB
Este sábado se publicará en el BOIB el inicio de modificación de la Orden referida a la ampliación de CNAE y a la ampliación del plazo de solicitudes. Así mismo, y después de las consultas técnicas al Ministerio de Economía, está en fase de redacción y supervisión jurídica la parte que incluye la acreditación de pérdidas para acceder en las ayudas, aspecto que se publicará la semana que viene en el BOIB.
5.202 solicitudes en 10 días
Como balance, en estos primeros 10 días desde la apertura del plazo para presentar las peticiones, el sistema telemático habilitado por la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) en la web ajutscovid.atib.es ha contabilizado 5.202 solicitudes, actualizadas a mediodía de hoy miércoles. La distribución por islas es: 3.819 en Mallorca, 594 en Menorca, 674 en Ibiza y 103 en Formentera. Además, se han recibido 12 solicitudes correspondientes a empresarios con domicilio fiscal fuera de las Islas y con establecimiento permanente en la Comunidad.
La línea de atención telefónica específica para esta convocatoria (971 678 444) ya ha atendido 3.700 consultas. Al correo electrónico (ajutscovid@atib.es) han llegado otras 2.400 peticiones de información, que ya ha sido contestadas.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presidido hoy una Mesa de Diálogo Social para hacer un seguimiento de la convocatoria de ayudas a empresas y autónomos para hacer frente a las consecuencias derivadas de la COVID19, de 855 millones. Durante la reunión, se han planteado una serie de medidas para ampliar los supuestos para la distribución de este fondo estatal y conseguir así un mayor número de solicitudes, que a día de hoy ya eran 5.202 en el conjunto de las Islas.
Tres son los principales aspectos que se han abordado: se amplía el abanico de actividades económicas incluidas en la convocatoria a todos los sectores productivos; se amplía el plazo para presentar solicitudes dos semanas más, hasta el lunes 12 de julio, y se ampliarán los conceptos por los cuales una empresa o un empresario autónomo podrá pedir ayudas en base a una justificación de pérdidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Este supuesto amplía el actual criterio por el cual las ayudas solo se autorizaban para reducir deuda.
El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, han explicado las novedades de esta convocatoria de ayudas durante una comparecencia posterior a la reunión de la Mesa de Diálogo Social.
Ampliación a todos los CNAE de actividades productivas
En primer lugar, la Mesa de Diálogo Social ha decidido ampliar al máximo el abanico de actividades económicas incluidas en las ayudas. Así, todas las empresas de prácticamente todos los CNAE podrán acogerse a ellas, a excepción del sector de entidades financieras y de seguros, y para Actividades de los hogares.
De este modo, se repescan aquellos sectores que hubieran podido quedar descuadrados en la anterior clasificación. Por lo tanto, las ayudas se hacen extensivas a todos los sectores de actividades productivas de las islas, a todas las empresas y a todos los empresarios autónomos.
Ampliación del plazo de solicitudes
Finalmente, y para dar margen a las empresas y autónomos a estudiar estos nuevos supuestos, la Mesa de Diálogo Social ha acordado ampliar quince días más la presentación de las solicitudes de ayudas. De este modo, el plazo se alarga hasta el 12 de julio. Se prevé que los primeros pagos se inicien a finales del mes de julio.
Posibilidad de justificar pérdidas
Además, la convocatoria ampliará los conceptos por los cuales una empresa o un autónomo podrá acogerse a las ayudas si cayó su facturación más de un 30% el 2020 respeto el año anterior, incluyendo como nuevo concepto la justificación de pérdidas en el periodo mencionado.
Este hecho tiene dos implicaciones. Por un lado, se amplían los conceptos y, por tanto, la cantidad del importe que podrán recibir los solicitantes que ya habían iniciado el trámite por deudas. Por otro lado, aquellos solicitantes que cumplían todos los requisitos de la convocatoria excepto el de tener deudas pendientes ahora sí que podrán perdir la ayuda.
De este modo, se da entrada a aquellos empresarios que cancelaron sus deudas con recursos propios y que hasta ahora se encontraban excluidos de la ayuda, flexibilizando así uno de los requisitos importantes de la convocatoria.
Para acceder a las ayudas justificando pérdidas, habrá que presentar un informe de auditoría para acreditar la solicitud, que se tendrá que presentar en la fase de justificación, una vez cobrada la ayuda.
Publicaciones al BOIB
Este sábado se publicará en el BOIB el inicio de modificación de la Orden referida a la ampliación de CNAE y a la ampliación del plazo de solicitudes. Así mismo, y después de las consultas técnicas al Ministerio de Economía, está en fase de redacción y supervisión jurídica la parte que incluye la acreditación de pérdidas para acceder en las ayudas, aspecto que se publicará la semana que viene en el BOIB.
5.202 solicitudes en 10 días
Como balance, en estos primeros 10 días desde la apertura del plazo para presentar las peticiones, el sistema telemático habilitado por la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) en la web ajutscovid.atib.es ha contabilizado 5.202 solicitudes, actualizadas a mediodía de hoy miércoles. La distribución por islas es: 3.819 en Mallorca, 594 en Menorca, 674 en Ibiza y 103 en Formentera. Además, se han recibido 12 solicitudes correspondientes a empresarios con domicilio fiscal fuera de las Islas y con establecimiento permanente en la Comunidad.
La línea de atención telefónica específica para esta convocatoria (971 678 444) ya ha atendido 3.700 consultas. Al correo electrónico (ajutscovid@atib.es) han llegado otras 2.400 peticiones de información, que ya ha sido contestadas.
Neus Lafuente, asesora de empresas de Moya & Emery, dedidcó el último consultorio jurídico de Ràdio Calvià FM a la Ley de Segunda Oportunidad: comentó dos novedosas sentencias al respecto de la misma, hizo referencia al reciente Congreso de Derecho Mercantil y Concursal celebrado en Palma la semana pasada en que participó y, por último, hizo un breve repaso de los requisitos exigibles para poder acogerse al mencanismo de 2ª oportunidad.
Los autónomos aún tienen dos semanas para subir o bajar su cuota de cara a este próximo verano, alterando su base de cotización antes del 30 de Junio.
Los autónomos tienen hasta el 30 de junio para cambiar su base de cotización, y así, subir o bajar su cuota de cara a este verano. Aunque todavía muchos no lo saben, los trabajadores por cuenta propia pueden modificar hasta cuatro veces al año la base por la que cotizan a la Seguridad Social y, de esta forma, adaptar sus aportaciones al momento en el que prevean que se van a encontrar en cada trimestre.
A expensas de la reforma que pretende llevar a cabo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que los autónomos coticen por sus ingresos reales -que debería pactarse con los agentes sociales en todo caso-, por el momento, el colectivo todavía puede decidir la base por la que cotiza entre la mínima -de 944,40 euros- y la máxima -de 4.070,10 euros-. Esto significa que los trabajadores por cuenta propia pueden solicitar una bajada o subida de su cuota y pasar a pagar entre 289 euros al mes y 1.245,45 euros, según les convenga en cada momento.
De cara a un verano, que se presenta todavía incierto y aún con muchas actividades que seguirán afectadas por la pandemia, podría ser una buena opción bajar la cuota de forma temporal si se prevén ingresos bajos durante los próximos meses para, después, subirla cuando el negocio empiece a recuperarse.
También podría suceder al contrario. Para aquellos autónomos de sectores que esperan grandes picos de ingresos en la época estival puede ser una buena idea subir la base de cotización mientras prevean mayor facturación para, de este modo, mejorar todas las prestaciones, tanto presentes -Incapacidad Temporal, cese de actividad…-, como futuras -jubilación, viudedad…-.
Hasta el 30 de junio para que los autónomos bajen o suban su cuota desde julio
Sea como sea, los autónomos tienen sólo hasta el 30 de junio para cambiar su base de cotización, si quieren que la modificación en su cuota tenga efectos de cara a este verano. Si cambiaran su base en este periodo, pasarían a pagar más o menos a la Seguridad Social desde el día 1 de julio.
Sin embargo, si el autónomo se demorara más allá del 30 de junio para efectuar el cambio de base, tendría que esperar hasta octubre para ver reflejada la modificación en su cuota mensual.
Esto es porque la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo aprobada el pasado enero de 2018, y que regula la posibilidad de hacer cuatro cambios anuales en la base de cotización, también fija determinadas fechas a partir de las cuáles el cambio entra en vigor. Éstas serían:
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, con efecto a partir del 1 de abril
Entre el 1 de abril y el 30 de junio, con efecto desde el 1 de julio
Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, con efecto a partir del 1 de octubre
Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, con efecto desde el 1 de enero del año siguiente
El cambio se debe realizar telemáticamente en la Sede Electrónica de la TGSS. Desde la página principal y a través de la pestaña “Afiliación e Inscripción”, el trabajador por cuenta propia debe acceder a “Cambio en la base de cotización de autónomos”.
Una opción para autónomos que no percibieron el cese de actividad hasta junio
Este cambio de base para disminuir la cuota podría ser interesante para autónomos de sectores que no están ligados a la época estival y siempre que no hayan solicitado hasta mayo, ni prevean solicitar hasta septiembre la prestación por cese de actividad. Cabe recordar que tanto los trabajadores por cuenta propia que vinieran percibiendo hasta el pasado mes esta ayuda, como los que la vayan a solicitar en los próximos meses no tendrán que pagar cuota, o sólo tendrán que abonar una pequeña parte de ella.
Aquellos autónomos que perciban cualquiera de las modalidades de cese de actividad -extraordinarias, POECATA…- tienen derecho, o bien a la exoneración de su cuota, o bien a que su mutua se la devuelva junto a la prestación, y en ninguno de los dos casos tendrían que pagar esos meses por sus cotizaciones.
Además de estas prestaciones, los autónomos que vinieran percibiendo el 31 de mayo de 2021 alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en el Real Decreto-Ley 2/2021, tendrán exento el pago de la cuota de autónomos con las siguientes cuantías: el 90% de la cuota de autónomos del mes de junio; el 75% de la cuota de autónomos del mes de julio; el 50% de la cuota de autónomos del mes de agosto; y el 25% de la cuota de autónomos del mes de septiembre.
Cuidado con la edad y con mantener bases bajas demasiado tiempo
También hay que tener en cuenta que la elección de la base de cotización está sujeta a unas determinadas edades, y no todos los autónomos pueden elegir cualquier importe. Según señalan desde la Seguridad Social “si el autónomo es menor de 47 años, podrá solicitar cualquier base de cotización comprendida entre las bases máxima y mínima permitidas para el Régimen. Si es mayor de 47 años sólo podrá solicitar una base máxima igual o inferior a la base máxima para mayores de 47 años”.
A pesar de que este año la base mínima es de 944,40 euros y la máxima de 4.070.10 euros mensuales, como norma general, aquellos que tengan más de 47 años deben saber que su cambio estará limitado entre los 1.018,50 y 2.077,80 euros al mes.
También cabe recordar que, si bien se permite modificar la base de cotización hasta cuatro veces al año, no es recomendable mantenerla demasiado baja durante mucho tiempo, ya que esto podría repercutir en el importe de algunas prestaciones, y especialmente de las que se pueden necesitar a corto plazo, ya que suelen tener en cuenta sólo los últimos años de cotización.
De este modo, mientras que bajar la cuota durante unos meses puede aliviar al autónomo en un momento puntual, mantenerla baja durante demasiado tiempo podría llegar a ser un inconveniente de cara a la jubilación, si el trabajador por cuenta propia se encuentra en los 25 años anteriores al retiro, ya que las bases de todos esos meses contarán para calcular el importe de la pensión.
Además, hay que tener en cuenta que los autónomos no están exentos de tener cualquier contingencia y, cotizando por la mínima, apenas si percibirían en una baja unos 570 euros mensuales a partir del cuarto día, y alrededor de 680 a partir del vigésimo primero. De ahí tocaría descontar lo que supone la cuota mensual de cotización (286,15 euros en 2020). Es decir, le quedarían apenas entre 280 y 380 euros para vivir mientras está de baja. Aunque gracias a las negociaciones de las organizaciones de autónomos con el Gobierno, éste eximió del pago de la cuota a los autónomos que estén dos meses o más de baja.
Estas fichas de procedimiento , disponibles para su consulta y descarga a través del documento facilitado por el SEPE (en formato powerpoint aquí o en formatopdf aquí) informan de manera general sobre situaciones que pueden afectar a las prestaciones por ERTE COVID-19.
Habrá que tener siempre en cuenta que la Dirección Provincial del SEPE correspondiente puede tener establecido otro mecanismo de comunicación o de tramitación que modifique o complemente lo expuesto aquí. Si ese fuera el caso tendría prevalencia lo que se haya comunicado desde la unidad administrativa provincial.
En el documento informativo disponible para su descarga podrás encontrar el siguiente índice de temas:
Índice temático
XML: Cuándo SÍ y cuándo NO enviar ficheros XML de períodos de actividad por certific@2.
SUBROGACIÓN: trabajadores de una empresa en ERTE que pasan a otra empresa.
TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS sin actividad a la fecha teórica de llamamiento (y 3 bis).
TRABAJADORES INDEFINIDOS A T/PARCIAL con trabajos en fechas ciertas y repetidas.
TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS con incorporación efectiva a la actividad – interrupciones.
TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS con medidas extraordinarias COVID-19 que finalizan campaña.
TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS: SÍNTESIS para la gestión de las prestaciones ERTE o FD por las empresas.
IT: ¿Quién abona y cómo se comunica la baja médica durante el ERTE?
IT: Información al SEPE por parte del trabajador que cae en baja médica.
BAJA de la prestación ERTE: cómo comunicar el fin del cobro de la prestación.
BAJA de la prestación ERTE: otras causas distintas de la reincorporación a la actividad.
BAJAS en la prestación ERTE COVID-19 – ejemplos de cómo comunicar la baja.
DÍAS FESTIVOS EN EL MES: cómo se comunican y quién los paga.
Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: continuidad de las prestaciones extraordinarias.
Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: diferencias de procedimiento ERTE FM y ETOP.
Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: comunicaciones para ERTE ETOP prorrogados.
La ministra de Trabajo reformará los contratos temporales para limitar su uso
El Gobierno destinará en los próximos siete años casi 5.000 millones a impulsar el empleo entre los jóvenes para luchar contra la alta tasa de paro que tiene este colectivo en España, la mayor de Europa, con casi cuatro de cada diez menores de 25 años en paro. El Consejo de Ministros aprobó el martes pasado el Plan de Garantía Juvenil Plus (PGJ+)para el periodo 2021-2027, dotado con 3.263 millones de euros, que garantiza a los inscritos una oferta de empleo o de formación antes de cuatro meses y les ofrece microcréditos sin avales para montar su propia empresa.
Además de la garantía juvenil, el Plan Estratégico Juventud Avanza dedicará otros 937 millones de euros a diversas inversiones para el empleo juvenil contempladas en el Plan de Recuperación, 600 millones a programas de formación con alternancia en el empleo y 150 millones al convenio con la Secretaría de Estado de Digitalización de Inteligencia Artificial. «Estamos ante la mayor inversión del Gobierno de España en la historia de la democracia para abordar el problema del desempleo juvenil, con una inversión que alcanza casi los 5.000 millones de euros», destacó en la rueda de prensa posterior al consejo la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que denunció que los jóvenes, por el mero hecho de serlo, no merecen sueldos y trabajos «indignos», sino todo lo contrario.
Para conseguir los objetivos de mejora de la empleabilidad y del emprendimiento de los jóvenes, el plan se sustenta sobre la orientación y el seguimiento personalizados de los usuarios en todas las actuaciones de apoyo; la formación dirigida a la adquisición de competencias y la mejora de la experiencia profesional teniendo en cuenta las necesidades de transformación del modelo productivo; la mejora de las oportunidades de empleo a través de incentivos dirigidos, especialmente, a las personas que necesiten una especial consideración; igualdad de oportunidades; emprendimiento y fomento de la iniciativa empresarial y mejora de la gestión.
Teléfono gratuito
Las personas inscritas en el plan de garantía juvenil tendrán una atención inmediata con el compromiso de que en un plazo máximo de cuatro meses hayan recibido una oferta de empleo o de formación que contará con un seguimiento especial en este período. Además, dispondrán de una línea de teléfono gratuita que permitirá resolver las dudas de la atención además de la disponibilidad de sistemas digitales complementarios.
Asimismo, con el objetivo de impulsar el emprendimiento, se concederán ayudas para afrontar el pago de cuotas a la Seguridad Social durante seis meses y también para la publicidad y transformación digital del negocio, además de formación en marketing digital y comercialización a las personas emprendedoras.
Pero no solo eso, sino que estas personas emprendedoras que no puedan acceder a un crédito ordinario podrán obtener financiación sin necesidad de avales a gracias al Programa emprende con microcréditos. Además de la aportación económica, las personas beneficiarias recibirán apoyo de orientación y asesoramiento tras la recepción del préstamo.
Golpe a los contratos temporales
Yolanda Díaz también advirtió que se realizará una reforma «de calado, estructural» para reducir el uso de los contratos temporales con una mayor justificación de las causas que permitan hacer este tipo de acuerdos laborales. «Solo se va a acudir a una modalidad temporal cuando exista una causa que lo justifique», ha defendido Díaz, quien ha dicho que el principio de contratación será la estabilidad, es decir, el indefinido. «Hay uso y abuso de ciertas modalidades contractuales», ha añadido en alusión a los contratos de obra y servicio, uno de los temporales más usados en España.
Díaz ha evitado concretar más sobre esta reforma, enmarcada en los objetivos comprometidos ante la Unión Europea, y que se debate junto a los agentes sociales. Según publica Expansión, el Gobierno quiere limitar la duración del contrato temporal por causas productivas a seis meses, o un año como máximo, si así lo establece el convenio sectorial.
Quiere obligar también a las empresas a explicar por escrito las causas, las circunstancias y la duración del contrato, y que incumplirlas suponga tener que hacer indefinido al trabajador.
Los autónomos sólo tienen hasta el próximo lunes 21 para solicitar las nuevas ayudas por cese de actividad y cobrar junio entero. De lo contrario, percibirían la prestación a partir del mes siguiente a su solicitud.
Los autónomos tienen hasta el lunes 21 de junio para solicitar las nuevas ayudas por cese de actividad y cobrar el mes entero. De lo contrario, empezarían a percibir la prestación y a estar exonerados de las cuotas desde el primer día del mes siguiente a su solicitud.
La diferencia entre hacer la solicitud antes de ese día o después sería dejar de percibir, al menos, un mínimo de 450 euros (el 70% de la base de cotización mínima, dependiendo de la modalidad), además de tener que pagar la cuota de junio. Así viene recogido en el Real Decreto Ley 11/2021, que regula las cinco nuevas modalidades de ayudas por cese de actividad y establece sus nuevas condiciones de acceso.
Como se ha venido haciendo en las anteriores prórrogas, la Seguridad Social da veinte días para que los autónomos prevean si van a tener caídas en sus ingresos y soliciten las nuevas ayudas, excepto la prestación extraordinaria por cierre, que se puede solicitar a partir de la fecha en la que la autoridad competente suspenda la actividad, y la exoneración de cotizaciones para aquellos que no soliciten ninguna prestación, que es automática.
Hasta el 21 de junio para solicitar el cese de actividad
Como ya avanzó este diario, las ayudas se articulan esta vez en cuatro prestaciones: dos para cubrir a los autónomos que esperan en los próximos meses una caída de ingresos y baja facturación, otra para casos en los que la autoridad sanitaria correspondiente les cierre el negocio, y una última para cubrir a los trabajadores por cuenta propia de temporada. Así mismo, y como novedad, se pone en marcha una exoneración en las cuotas hasta septiembre que, como ocurrió el verano pasado, será decreciente mes a mes y cubrirá a todos aquellos autónomos que, habiendo percibido el cese de actividad hasta mayo, no pidan las demás prestaciones.
A partir del pasado martes 1 de junio, los autónomos ya pueden solicitar una de las modalidades de prestación ante su mutua. Dependiendo de la prestación a la que tenga derecho el trabajador por cuenta propia, cambiará el procedimiento de solicitud.
Hay tres modalidades en las que es especialmente recomendable solicitar la ayuda antes del día 21, si se prevén caídas en la facturación o bajos rendimientos durante este verano.
Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia (POECATA)
A partir de junio, los autónomos que todavía conserven periodo contributivo -es decir, aquellos que lo hayan empezado a cobrar más tarde de octubre de 2020, o que cotizaran por cese antes de 2019, por ejemplo- podrán acceder de nuevo a la prestación compatible con la actividad hasta septiembre. Este cese de actividad será, una vez más, del 70% de la base de cotización del autónomo (661 euros, si cotiza por la mínima).
Si bien tanto ésta como las demás prestaciones se pueden solicitar en cualquier momento hasta su fecha de finalización (que es el 30 de septiembre), es recomendable que los autónomos que ya prevean que cumplirán los requisitos de caída de facturación y bajos rendimientos la soliciten a su mutua cuanto antes.
En caso de que el autónomo pida la prestación entre el día 1 y el 21 de junio de 2021, percibirá el dinero correspondiente a todo el mes de junio, además de que estará exento de pagar toda su cuota de este mes.
Sin embargo, si la solicita más allá del 21 de junio, se empezará a percibir el dinero ya no desde junio, sino desde el primer día del mes siguiente a la solicitud.
Prestación extraordinaria para aquellos que no puedan acceder a la POECATA
Como novedad, los autónomos que a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y no puedan causar derecho a la prestación compatible con la actividad (POECATA), podrán acceder a partir del 1 de junio de 2021 a la prestación de cese de actividad extraordinaria.
La cuantía de esta prestación extraordinaria será del 50% de la base mínima de cotización, y no de la base de cotización del autónomo. Es decir, sería, por norma general, de 460 euros fijos al mes.
En este caso se establecen las mismas fechas de solicitud que en la POECATA: hasta el 21 de junio para percibir el mes entero y beneficiarse de la exoneración de las cuotas correspondiente a junio. Si se solicita más allá, los autónomos beneficiar de esta modalidad desde el primer día del mes siguiente.
Prestación extraordinaria para autónomos de temporada
Por último, se vuelve a recoger una vez más en este decreto una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada. En este caso, al igual que con la POECATA y la prestación extraordinaria para autónomos que no cuentan con periodo contributivo suficiente, el trabajador por cuenta propia deberá rellenar el formulario de solicitud de la prestación y enviárselo a su mutua antes del 21 de junio para cobrar el mes entero.
Así, esta prestación podrá empezar a devengarse con efectos 1 de junio de 2021 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que se presente la solicitud entre el 1 y el 21 de junio. En caso contrario, los efectos quedan fijados al día primero del mes siguiente de la presentación de solicitud.
Dos excepciones: la exoneración de cuotas decreciente y el cese por cierre de actividad
Además de las anteriores prestaciones, los autónomos que vinieran percibiendo el 31 de mayo de 2021 alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en el Real Decreto-Ley 2/2021, tendrán exento el pago de la cuota de autónomos con las siguientes cuantías: el 90% de la cuota de autónomos del mes de junio; el 75% de la cuota de autónomos del mes de julio; el 50% de la cuota de autónomos del mes de agosto; y el 25% de la cuota de autónomos del mes de septiembre.
En este caso, no es necesario solicitar estas exoneraciones, sino que se aplicarán de oficio, siempre y cuando no se solicite ninguna de las demás prestaciones recogidas en el nuevo Real Decreto-Ley 11/2021.
Por otro lado, a partir del 1 de junio, aquellos autónomos que se vean obligados a suspender su actividad económica a consecuencia de las medidas restrictivas que adopte la autoridad competente, tendrán derecho a una prestación extraordinaria. Sin embargo, en este caso, la fecha límite para solicitar el cese de actividad y cobrar la prestación de todo el mes de junio ya no será el día 21. Sea cual sea el mes en el que se le obligue a cerrar, el trabajador por cuenta propia deberá presentar la solicitud en los primeros 21 días siguientes a la entrada en vigor de las medidas restrictivas si quiere percibir la prestación desde el primer día de la entrada en vigor de dichas medidas.
Un trabajador puede retirarse de forma anticipada voluntaria si cumple los requisitos de edad y cotización fijados por la ley
Cuanto antes mejor. Esto es lo que desean muchos trabajadores en España respecto a la jubilación. Y más en estos momentos en que se negocia una reforma de las pensiones que viene a traer aún más incertidumbre a quienes ven cerca su fecha de retiro.
Como definición, hay que recordar que la prestación por jubilación en su modalidad contributiva cubre la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando, alcanzada la edad establecida, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, poniendo fin a su vida laboral, o reduce su jornada de trabajo y su salario en los términos legalmente vigentes.
En 2021, la edad ordinaria de jubilación en España está establecida en 66 años para aquellos trabajadores que hayan cotizado menos de 37 años y tres meses; y en 65 años para quienes hayan cotizado 37 años y tres meses o más.
La jubilación anticipada se produce cuando el trabajador accede al retiro antes de la edad ordinaria legal, bien de forma voluntaria o forzosa. A fecha de junio de 2021, pueden acceder a esta modalidad de jubilación anticipada voluntaria los trabajadores, incluidos en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, que tengan cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad exigida que resulte de aplicación en cada caso.
Para tener derecho a la modalidad de jubilación anticipada ordinaria, hay que acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años. Del período de cotización, al menos dos años deberán estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o al momento en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar.
De esta forma, en 2021 pueden retirarse de forma voluntaria quienes:
Con 66 años hayan cumplido con los requisitos de cotización establecidos para acceder a una pensión contributiva (al menos 15 años). La cuantía de la prestación aumenta cuantos más años se haya cotizado.
Con 65 años cumplidos, hayan cotizado 37 años y tres meses o más. En este caso, se jubilan también con la edad legalmente establecida -no anticipada- y cobrarán el 100% de la prestación a la que tengan derecho.
Los trabajadores con 65 y 64 años que hayan cotizado más de 35 años y menos de 37 años y tres meses y deseen retirarse de forma anticipada, sufrirán una reducción de la cuantía de la prestación según los coeficientes legalmente establecidos.
Con 63 años cumplidos, pueden retirarse de forma anticipada quienes hayan cotizado 37 años y tres meses o más. En este caso sufrirán una reducción de la cuantía de la prestación según los coeficientes legalmente establecidos.
En caso de lograr una jubilación anticipada, hay que tener en cuenta que la cuantía de la prestación será diferente a la ordinaria. Para calcular el montante de la pensión habrá que aplicar un porcentaje reductor por cada trimestre que se haya adelantado el retiro. Ese coeficiente reductor oscila entre el 1,5% y el 1,875% por cada trimestre. La reducción depende de la cantidad de años cotizados. A mayor cotización, menor reducción.
Podíamos leer en elEconomista.es, haciéndose eco a su vez de la noticia publicada por Europa Press, que el despido será nulo (y dejará, por tanto, de ser considerado un despido improcedente, que es lo que ahora sucede) cuando el empresario extinga un contrato temporal sin causa justificada, según ha planteado el Gobierno en el borrador o propuesta presentada a los agentes sociales en el marco de las negociaciones de la reforma laboral. La consecuencia más importante de calificación de un despido como nulo es que conlleva la obligación de readmitir al trabajador de forma inmediata y, además, la obligación por parte del empleador de abonar los salarios atrasados. Además, se plantea que sólo cabrán los contratos temporales cuando existan picos en la demanda o vengan justificado por la necesidad de una sustitución.
El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales que el despido de los trabajadores con contrato de duración determinada sea considerado nulo, en lugar de improcedente, si dicho contrato no está debidamente justificado o no se ha realizado por escrito, y todo ello con independencia de la causa que alegue la empresa para extinguir la relación laboral.
Así figura en el borrador, con fecha 2 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa que aborda una parte de la reforma del mercado laboral, la referida a los contratos temporales, los convenios colectivos y la subcontratación.
La calificación de despido nulo de los contratados bajo una modalidad de duración determinada no justificada implicaría la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir.
Lo que hace el Ejecutivo en el borrador es proponer la adición de un nuevo apartado en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores en la parte relativa al despido nulo para el caso de los trabajadores que hayan suscrito un contrato de duración determinada no justificado.
El Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 8 de junio, contiene un conjunto de medidas de orientación personalizada a los jóvenes para dotarles de las habilidades y capacitación necesarias para su inserción laboral, destinado a menores de 30 años con escasa formación, pero también a quienes tienen una sobrecualificación.
Plan de Garantía Juvenil Plus
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para personas jóvenes que servirá de referencia para las entidades vinculadas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el mismo periodo. Este plan permitirá que la Unión Europea libere fondos del FSE+ destinados al empleo juvenil.
El Plan de Garantía Juvenil Plus tiene como objetivo mejorar la cualificación de las personas jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral. El Plan de Garantía Juvenil se inscribe en una inversión global, el Plan Estratégico Juventud Avanza, que agrupa el conjunto de acciones para el empleo juvenil y que destinará 4.950 millones a estos fines, la mayor cantidad destinada hasta el momento por un Gobierno para acciones de empleo juvenil.
Su elaboración cuenta con las aportaciones que las comunidades autónomas trasladaron en la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se celebró el 28 de abril, con el conocimiento del Diálogo Social y con la colaboración del Instituto de la Juventud y del Consejo de la Juventud.
Es también una herramienta fundamental para conseguir los ODS 5 y 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Pilares del Plan
Para conseguir los objetivos de mejora de la empleabilidad y del emprendimiento de las personas jóvenes, el plan se sustenta sobre la orientación y el seguimiento personalizados de las usuarias y usuarios en todas las actuaciones de apoyo; la formación dirigida a la adquisición de competencias y la mejora de la experiencia profesional teniendo en cuenta las necesidades de transformación del modelo productivo; la mejora de las oportunidades de empleo a través de incentivos dirigidos, especialmente, a las personas que necesiten una especial consideración; igualdad de oportunidades; emprendimiento y fomento de la iniciativa empresarial y mejora de la gestión.
Medidas del Plan de Garantía Juvenil Plus
Para promover la creación de oportunidades del empleo e incrementar la cualificación e inserción laboral de las personas jóvenes, dotándolas de más competencias profesionales, superando la brecha tecnológica y la segregación, el Plan de Garantía Juvenil Plus (2021-2027) incorpora, entre otras actuaciones, las siguientes medidas:
Flexibilidad y agilidad de la gestión: Para una orientación más efectiva, las personas inscritas en el plan tendrán una atención inmediata con el compromiso de que en un plazo máximo de cuatro meses hayan recibido una oferta de empleo o de formación que contará con un seguimiento especial en este periodo. Las personas interesadas dispondrán de una línea de teléfono gratuita que permitirá resolver las dudas de la atención además de la disponibilidad de sistemas digitales complementarios.
Un espacio virtual específico permitirá la formación y también la búsqueda y selección de ofertas de empleo.
Emprendimiento para personas jóvenes afectadas por la crisis sanitaria
La situación provocada por la crisis sanitaria del COVID-19 hace necesario apoyar de manera decidida el emprendimiento juvenil. Se impulsarán ayudas para afrontar el pago de cuotas a la Seguridad Social durante seis meses y también para la publicidad y transformación digital del negocio además de formación en marketing digital y comercialización a las personas emprendedoras.
Programa emprende con microcréditos: Permitirá obtener financiación, sin necesidad de avales, a personas emprendedoras que no puedan acceder a un crédito ordinario. Además de la aportación económica, las personas beneficiarias recibirán apoyo de orientación y asesoramiento tras la recepción del préstamo.
Refuerzo de la orientación: La red Re-Orienta recibirá un nuevo impulso y se promocionará la estabilidad profesional y la carrera profesional de las personas orientadoras. La calidad del sistema de orientación será objeto de evaluación.
La orientación dirigida a las personas jóvenes con responsabilidades familiares, especialmente mujeres cuyas cargas de cuidado no resultan visibles a menudo, reforzará la corresponsabilidad y acabar con los estereotipos de géneros. La formación en derechos laborales, el acceso a contratos formativos y la disposición de herramientas digitales serán algunos de los instrumentos para impulsar su integración en el mercado laboral.
La igualdad, la conciliación y la corresponsabilidad se fomentarán mediante diferentes actuaciones desde el ámbito de la orientación, en el marco de los Planes de Igualdad vigentes, el apoyo al estudio, al empleo y a las mujeres jóvenes en el medio rural que les permita mejorar su empleo y acceder a fórmulas de trabajo autónomo y emprendimiento.
Se adoptarán medidas para visibilizar el papel de las mujeres jóvenes en las profesiones STEM con acciones formativas específicas y también en el ámbito de la Responsabilidad Social de las Empresas.
Favorecer la formación: La prevención del abandono escolar retorno a la formación es fundamental para consolidar carreras profesionales y responder a las necesidades del mercado laboral. Los itinerarios personalizados priorizarán favorecer la reincorporación a la educación reglada de las personas que hayan abandonado el sistema educativo de manera prematura.
Primera experiencia profesional: Las personas inscritas en Garantía Juvenil podrán participar en el programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas que permitirá dotarse de experiencia y acceder a un empleo de calidad, un eje transversal del plan.
Reincorporación al mercado laboral: De las personas jóvenes que no buscan un empleo porque creen que no lo encontrarán. Los servicios públicos de empleo trabajarán desde una perspectiva local, mediante acciones coordinadas con los servicios sociales y de juventud para facilitar su integración en los servicios de orientación, en el Sistema Nacional de Empleo o bien en el sistema educativo.
Acciones de empleo para personas LGTBI: La discriminación asociada a la LGTBIfobia condiciona la integración laboral de este colectivo que dispondrá de un programa piloto de inserción sociolaboral para incorporar medidas específicas para erradicar situaciones discriminatorias.
Las personas orientadoras recibirán cualificación específica en este ámbito, se financiarán acciones de visibilización, en especial para favorecer las políticas de Responsabilidad Social Corporativa y se realizarán campañas de sensibilización en las empresas para facilitar que todas las personas puedan acceder al mercado laboral con independencia de su identidad sexual.
Migrantes: En el caso de las personas jóvenes migrantes se incidirá en la orientación y la inserción laboral.
Personas con discapacidad: El colectivo de jóvenes con discapacidad soporta tasas de paro, especialmente de larga duración, de inactividad y de riesgo de exclusión por encima de la media. Se incidirá en la cualificación específica de las personas orientadoras que atiendan este colectivo y se financiarán acciones que den visibilidad a la inclusión de este colectivo en el empleo y también las que permitan sensibilizar a las empresas.
Se reforzará el “Servicio Puente” con la contratación de preparadores laborales de apoyo para el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción para favorecer un empleo digno, de calidad y con autonomía personal.
Regeneración de espacios rurales y urbanos en declive: La recuperación de estos entornos abre una ventana de oportunidad para generar empleo juvenil. La orientación para la regeneración de espacios rurales y urbanos es una medida dirigida especialmente a jóvenes con iniciativa creativa que busquen llevar a cabo acciones con un fin principalmente social. Todo ello permitirá obtener un doble impacto: la creación de empleo y responder a demanda habitacional de personas vulnerables.
Las medidas de sucesión generacional en el ámbito rural están encaminadas a dar relevo generacional en empleos tradicionales
A través de la promoción de escuelas taller, talleres de empleo y programas mixtos de Empleo-Formación se incentivará la puesta en valor del patrimonio histórico, natural y cultural, la recuperación de oficios y generación de oportunidades laborales.
En los programas de Empleo-Formación se incluirá la experiencia profesional en las empresas de la zona de intervención, con especial atención a la formación y el empleo en el marco del turismo rural.
El programa Redes Taller Joven facilitará la movilidad dentro del territorio nacional en función de los intereses de las personas jóvenes con una ayuda específica que permitirá mejorar sus oportunidades.
Oportunidades en la transición económica: Economía circular, economía digital, energías renovables, transición ecológica y economía azul.
La economía digital es uno de los ejes fundamentales de transformación económica. Favorecer el acceso a la a tecnología y desarrollar habilidades digitales incide en la capacidad de relación social y también en la búsqueda y de acceso a las oportunidades laborales.
La formación en estas materias en los talleres de alfabetización digital incide de manera destacada en la inclusión de los colectivos más vulnerables. Estos talleres podrán contar con programas complementarios de búsqueda de empleo mediante herramientas informáticas. Se apoyarán las iniciativas orientadas a la reducción de las desigualdades económicas y sociales a través de la digitalización prestando especial atención al factor territorial.
En otra transición, hacia una economía sostenible y eficiente, la economía circular se perfila como un sector con gran demanda laboral con gran incidencia en los perfiles especializados en materias relacionadas con la tecnología y la investigación, características que comparten con las energías renovables o la transición ecológica, con fuerte potencial de creación de empleo. Un potencial que también se observa en el campo de la economía azul con oportunidades en materias como la logística portuaria y de transporte, recursos marinos, turismo o renovables de origen marino.
En estos ámbitos se llevará a cabo un mapa de oportunidades y necesidades en los diferentes territorios, desarrollar itinerarios integrales de empleo con programas de formación específicos.
El Plan de Garantía Juvenil Plus apoyará la estancia de las personas jóvenes en centros de investigación y empresas tecnológicas.
Escuelas profesionales duales: Permitirán conectar la Formación Profesional con el empleo mediante una oportunidad laboral real y remunerada en empresas y un acompañamiento personalizado de entre 12 y 18 meses de duración.
Escuelas de segunda oportunidad: Permitirán incrementar las oportunidades laborales de aquellas personas que abandonaron sus estudios a una edad temprana, adquiriendo formación en materias clave que permitan el acceso a la formación para obtener Certificados de Profesionalidad.
ANEXO. Tabla de inversiones
INICIATIVA
FONDOS DISPONIBLES
Plan GJ+ (2021-2027)
3.263 M€ en todo el periodo(A través del Fondo Social Europeo +)
Inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Otras inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
172 M€
Programas de Formación en alternancia del empleo
600 M€
Convenio con la Secretaría de Estado de Digitalización Inteligencia Artificia
150 M€
TOTAL
4.950 M €
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¿Crees que puedes ser destinatario de las medidas del Plan de Garantía Juvenil Plus pero tienes dudas? ¿Necesitas más información u orientación sobre las ayudas y programas específicos y cómo acceder a ellos? En 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 te ayudamos. Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮 (971728010) o 𝗖𝗮𝗹𝘃𝗶𝗮 (971132359) o a través del correo electrónico 𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆@𝗺𝗼𝘆𝗮𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆.𝗰𝗼𝗺
Ayer martes 8 de Junio tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre el Govern balear, el Ayuntamiento de Palma y el Consell Insular de Mallorca que permitirá conceder 11,5 millones de euros en ayudas económicas directas a los sectores económicos del municipio para contribuir a paliar las consecuencias de las restricciones motivadas por la pandemia.
El convenio firmado es parte del conjunto de medidas de acompañamiento para hacer frente a los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria que se aprobaron en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto para la Reactivación de las Illes Balears. Este paquete de medidas incluye la creación de un fondo de ayudas de 30 millones de euros para los sectores más afectados financiado conjuntamente entre el Govern, los ayuntamientos y los consejos insulares.
Ayudas
En total, se destinarán 11.503.644 euros a ayudas que beneficiarán al tejido empresarial de Palma y que están financiados a partes iguales por el Ayuntamiento, el Consell y el Govern. Cada institución aporta 3.834.548 euros.
Los 11,5 millones de euros se dividirán en hasta cinco convocatorias diferentes.
La primera de las convocatorias será de 7,8 millones de euros y se destinará a los sectores económicos afectados por la crisis de la COVID-19 para paliar su situación económica y garantizar su sostenimiento. La convocatoria la gestionará de forma directa el Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca Turisme. Una vez publicadas las bases Boletín Oficial de las Illes Balears, la solicitud es hará totalmente en línea desde la plataforma www.ajutsmallorca.com.
Se concederán ayudas directas a personas físicas y jurídicas que desarrollan su actividad económica en el municipio de Palma con menos de 20 trabajadores de media anual computando los diferentes centros de trabajo y con una facturación el 2019 inferior a un millón de euros, siempre que esta facturación haya disminuido durante el 2020 en una cantidad superior a un 20%. En el caso de hoteles y otros alojamientos, podrán solicitar la ayuda las empresas que tengan una plantilla máxima de 50 trabajadores.
La ayuda será de 2.000 euros por centro de trabajo o establecimiento, con un máximo de dos establecimientos por beneficiario (máximo: 4.000 euros). Además, se trata de ayudas compatibles con la percepción de cualquier otra subvención procedente de cualquier entidad del sector público o privado. En cuanto a los sectores beneficiarios, podrán solicitarlas los siguientes sectores:
comercio,
alimentación,
alojamiento,
agencias de viajes,
educación e investigación;
lavanderías,
tintorerías,
peluquerías y salones de belleza;
parques de recreo,
ferias
organización de congresos
recintos feriales.
Las cuatro convocatorias restantes las gestionará el Ayuntamiento. Las ayudas económicas se destinarán a los comercios, autónomos y sector de la restauración, que gestionará PalmaActiva (2,6 millones de euros); Cultura (600.000 euros), Participación (210.000 euros) y taxis (840.000 euros). Los 3,8 millones de euros municipales se complementarán con 400.000 euros del presupuesto propio. Por lo tanto, el Ayuntamiento otorgará ayudas por un importe de 4,2 millones.
Palma será uno de los 22 ayuntamientos de Mallorca para los cuales el Consell gestionará a través de ajutsmallorca.com las ayudas provenientes del fondo mixto de Consell, Govern y ayuntamientos. Otros 28 ayuntamientos convocan y tramitan las ayudas directamente.
Puedes descargar a través de los siguientes enlaces lanota informativa de prensa de la Presidencia del Govern balear, en formato pdf, tanto en catalán como en castellano.
En 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 te ayudamos en la tramitación de las ayudas a que da derecho este convenio si eres destinatario. Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮 (971728010) o 𝗖𝗮𝗹𝘃𝗶𝗮 (971132359) o a través del correo electrónico 𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆@𝗺𝗼𝘆𝗮𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆.𝗰𝗼𝗺
El pasado 29 de mayo se publicaron en el BOIB tras su aprobacion por por parte del Govern balear las bases de la convocatoria para las Islas Baleares de las 𝐀𝐘𝐔𝐃𝐀𝐒 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐀𝐒 𝐘 𝐀 𝐅𝐎𝐍𝐃𝐎 𝐏𝐄𝐑𝐃𝐈𝐃𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄𝐒𝐀𝐒 𝐘 𝐀𝐔𝐓Ó𝐍𝐎𝐌𝐎𝐒 que el Estado, a través del Real Decreto-Ley 5/2021, puso a disposición de los afectados por el coronavirus y que ascienden a 855 millones de Euros disponibles para su solicitud. El abogado y economista de 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 Nicolás Emery dedicó el consultorio jurídico de Radio Calvia FM de esta semana a tratar estas ayudas y los siguientes aspectos:
Beneficiarios o destinatarios de las ayudas
Período subvencionable y cronología del proceso
Requisitos generales para acceder a las ayudas
Obligaciones que comportan las ayudas para los perceptores
Casos especiales
Gastos a que se pueden dedicar las ayudas recibidas
Cómo deben pedirse las ayudas
Explicación del proceso de tramitación
Justificación de las ayudas
Tabla de CNAEs incorporados por el RD-L 5/2021 y por la CAIB
Si has sufrido una minoración de tu facturación que alcance un 30% o más en 2020 con respecto al año anterior, puedes recibir tu ayuda y, si te queda alguna duda, no te preocupes, en 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 te ayudamos en la tramitación de las ayudas que puedan pertenecerte. Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮 (971728010) o 𝗖𝗮𝗹𝘃𝗶𝗮 (971132359) o a través del correo electrónico 𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆@𝗺𝗼𝘆𝗮𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆.𝗰𝗼𝗺
¡Ya están aquí las ayudas para empresas y autónomos en las Islas Baleares y puedes recibir hasta 500.000 € a fondo perdido! El Estado ha dispuesto una importante partida de fondos y las Comunidades Autónomas son las encargadas de hacerlos llegar a empresas y trabajadores.
Si has sufrido una minoración de tu facturación que alcance un 30% o más en 2020 con respecto al año anterior, puedes recibir tu ayuda.
¿Tienes dudas? No te preocupes, en Moya & Emery te ayudamos en la tramitación de todas las ayudas que te pertenecen y lo hacemos todo por ti.
¿Quieres saber más de las ayudas? Mira este vídeo del socio y gerente de Moya & Emery, Nicolás Emery, explicando la norma balear que pone en marcha estas ayudas, sus destinatarios, las condiciones de su concesión, los plazos para solicitarlas.
Y no dudes en ponerte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma – 971728010 – o Calvià – 971132359 – o a través del correo electrónico emery@moyaemery.com
𝗡𝗲𝘂𝘀 𝗟𝗮𝗳𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 ya nos había avanzado en previos consultorios que una resolución judicial del pasado febrero condenó a pagar en concepto de indemnización a la compañía aseguradora de una empresa que había contratado un seguro y que había sufrido pérdida de beneficios o paralización de la actividad debido al COVID. Hoy la asesora de empresas de Moya & Emery ha vuelto al consultorio jurídico de @Radio Calvia FM para informar de cómo proceder para reclamar a nuestra compañía de seguros en casos similares, y ha respondido a preguntas tales como:
• ¿qué requisitos debe cumplir la póliza para poder reclamar?
• ¿qué cantidad tendremos derecho a reclamar?
• ¿qué respuesta han dado hasta ahora las aseguradoras al realizar una reclamación previa extrajudicial?
• ¿Por qué la Audiencia Provincial de Girona ha dado la razón a la empresa reclamante?
• ¿Se considera válida una limitación o renuncia de derechos recogida en una póliza?
También en este espacio jurídico radiofónico 𝗡𝗲𝘂𝘀 𝗟𝗮𝗳𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 ha podido hacer un repaso del mecanismo de la 𝗦𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮 𝗢𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱.
Desde el pasado día 14 de abril existe la obligación para las empresas de una correcta llevanza del REGISTRO SALARIAL, creado con el fin de acabar con la brecha salarial discriminatoria entre hombres y mujeres.
¿En qué consiste el registro salarial?
¿Cuál es el objetivo de instaurar este registro salarial? ¿A partir de cuándo es obligatorio tener dicho registro?
¿Quiénes están obligados a cumplimentarlo?
¿Con qué periodicidad se debe elaborar este registro salarial?
¿Qué colectivos de trabajadores se verán afectados por este registro salarial?
¿Cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo ese registro salarial o no justificar las diferencias detectadas en él?
¿Qué elementos debe contener el registro salarial?
Escucha la entrevista a la abogada especialista en Derecho laboral, Marga de Matos y encuentra respuesta a todas las preguntas acerca del nuevo registro salarial. Y si todavía te queda alguna, llámanos y concierta una cita con Moya & Emery.
Se prorrogan automáticamente hasta el 30/09/2021 los ERTES por Fuerza Mayor basados en las causas del artículo 22 del RD 8/2020, los ERTES por REBROTE, Impedimento y Limitaciones.
Las exoneraciones para los ERTES DE LIMITACIONES (únicamente sobre la parte suspendida serán):
85% en junio y julio si la empresa tiene menos de 50 trabajadores y del 75% en agosto y septiembre.
75% en junio y julio si la empresa tiene 50 o más trabajadores y del 65% en agosto y septiembre.
Las exoneraciones para los ERTES POR IMPEDIMENTO- REBROTE:
100% en las empresas de menos de 50 trabajadores para el periodo de junio a septiembre.
90% en las empresas de 50 o más trabajadores para el periodo de junio a septiembre.
ARTÍCULO 2
se podrán solicitar entre el 01/06/2021 Y 30/06/2021 ERTES POR LIMITACIONES E IMPEDIMENTO, así como el cambio de uno a otro en función de las medidas socio sanitarias y situación epidemiológica en cada momento vigente.
El cambio de IMPEDIMENTO A LIMITACIONES o viceversa no precisará de nuevo ERTE, pero sí de comunicación a la Autoridad Laboral que comunicará los cambios a la inspección de trabajo para las correspondientes acciones de control.
De igual modo, se deberá informar a la TGSS para la aplicación de las correctas exoneraciones en función del tipo de ERTE, presentándose las correspondientes declaraciones responsables.
ARTÍCULO 3
Los ERTES ETOP iniciado tras un ERTE de Fuerza Mayor su fecha de efectos será retrotraerá a la fecha de fin del ERTE de Fuerza Mayor.
Se mantienen los límites del reparto de dividendos y transparencia fiscal para todos aquellos ERTES prorrogados (concedidos con anterioridad a la vigencia de este RD) como los que se concedan en virtud del mismo.
Se mantiene la cláusula del mantenimiento de empleo para las empresas que se vean beneficiadas con las exoneraciones previstas en el nuevo RD, debiéndose tomar en consideración los periodos de mantenimiento de empleo anteriores y pendientes de cumplimiento que se pudieran tener, es decir, se van a encadenar uno tras otro.
Se mantienen de igual modo los límites de nuevas contrataciones, externalizaciones y la imposibilidad de hacer horas extraordinarias.
Se vuelve a recodar que la Fuerza Mayor y las causas ETOP en las que se basaron las suspensiones y reducciones de contrato no serán justificativas de las extinciones de contrato ni de despido. Así mismo, los contratos temporales que se vean suspendidos por ser el trabajador afectado al ERTE, se prorrogarán por el tiempo que el contrato reste suspendido (fecha de suspensión hasta fecha de reincorporación o en caso de esta ser posterior al vencimiento del mismo – fecha de suspensión hasta fecha de fin vencimiento, empezando el cómputo del contrato una vez el trabajador sea reincorporado total o parcialmente).
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
ERTES por CNAE, elevada tasa de cobertura por los ERTES y reducida tasa de recuperación de actividad, así como las que pasen de ERTE Fuerza Mayor a ERTE ETOP.
Se prorrogan hasta el 30/09/2021.
Las exoneraciones serán las siguientes para la parte de la jornada TRABAJADA:
95% en empresas de menos de 50 trabajadores desde junio hasta septiembre.
85% en empresas de 50 o más trabajadores desde junio hasta septiembre.
Las exoneraciones serán las siguientes para la parte de la jornada NO TRABAJADA:
85% en empresas de menos de 50 trabajadores desde junio hasta agosto y de un 70% en septiembre.
75% en empresas de 50 o más trabajadores desde junio hasta agosto y de un 60% en septiembre.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
Las empresas deberán reincorporar efectivamente a los fijos discontinuos en su plantilla durante el periodo teórico de llamamiento (01/06/2019 y 30/06/2019 periodo de referencia del llamamiento). Si el llamamiento normalmente se produce después del 30/09 se tomará como referencia la fecha del llamamiento teórico de 2020.
En el caso de que los Fijos Discontinuos llamados no pueden desarrollar su actividad por estar su empresa en un ERTE POR IMPEDIMENTO/ REBROTE o no ser necesarios entre la plantilla efectiva, deberán ser llamados igualmente y quedar afectados por el ERTE.
Para realizar estos llamamientos se tendrán 15 días y se deberá en este periodo informar a la Autoridad Laboral y realizar la solicitud colectiva para recibir las correspondientes prestaciones por desempleo.
La prestación extraordinaria para los fijos discontinuos se mantiene vigente resultará aplicable en aquellos casos en que el llamamiento teórico de la persona no se diera entre el 01/06 y 30/09, así como en aquellos casos que se den interrupciones ordinarias en la actividad en aquellos casos en que se haya dado una reincorporación efectiva.
ARTÍCULO 5
A partir del 01/06/2021 los autónomos que recibieran alguna prestación por cese de actividad tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones en los siguientes %:
90% en junio, 75% en julio, 50% en agosto y 25% en septiembre.
Para ello, es necesario que el autónomo esté de alta y la base de cotización para determinar la exención será por la que venía cotizando antes de acceder a la prestación por cese de actividad. La percepción de la prestación por cese de actividad es incompatible con la exención en la cotización.
ARTÍCULO 6
Los autónomos que se vean obligados a suspender temporalmente su actividad o la mantengan suspendida, tendrán derecho a una prestación económica por cese de actividad siempre que cumplan los siguientes requisitos:
Estar afiliados al menos 30 días naturales de la fecha de resolución de la suspensión de la actividad.
Hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o ponerse al día con sus deudas en el plazo de 30 días naturales.
La cuantía de la prestación será del 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada. Si conviven en un mismo domicilio dos personas que tengan derecho a esta prestación, su importe para cada uno será del 40%.
El derecho nace al día siguiente de la adaptación de la medida de cierre o desde el 01 de junio si se mantiene la suspensión de la actividad con anterioridad a dicha fecha.
Pese a la exención de la obligación de cotizar, el autónomo que deberá mantenerse de alta, y se entenderá como periodo cotizado siendo asumidas las mismas por las entidades con cargo a los presupuestos.
El percibo de esta prestación es incompatible con el percibido de otra prestación por trabajo por cuenta propia, otra prestación de la seguridad social o percepción de alguna cuantía por trabajar por cuenta ajena, salvo que lo percibido por ese trabajo por cuenta ajena sea inferior a 1,25 veces el importe del SMI.
La gestión de las mismas corresponde a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y se extiende hasta el próximo 30 de septiembre de 2021.
Se debe solicitar dicha prestación dentro de los 21 días naturales posteriores siguientes a la resolución del cierre de actividad o antes del 21 de junio si la resolución de cierre de actividad fuera previa al 01/06/2021 y no se estuviera recibiendo dicha prestación.
1. Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero. (artículo 5)
2. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19. (artículo 6)
3. Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia. (artículo 7)
4. Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos que ejercen actividad y a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista en el artículo 7 de este real decreto-ley (artículo 8)
5. Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada. (artículo 9)
1. Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero. (artículo 5)
A partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el 31 de mayo de 2021 algunas de las prestaciones por cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del RD-Ley 2/2021 (*Alguna de las ayudas de cese de actividad que se han percibido entre febrero y mayo de 2021) , tendrán exento el pago de la cuota de autónomos con las siguientes cuantías: a) El 90% de la cuota de autónomos del mes de junio. b) El 75% de la cuota de autónomos del mes de julio. c) El 50% de la cuota de autónomos del mes de agosto. d) El 25% de la cuota de autónomos del mes de septiembre.
A) ¿Qué requisitos hay que cumplir para que se apliquen estas exenciones sobre la cuota de autónomos? Tienes que haber percibido hasta 31 de mayo alguna de las prestaciones de cese de actividad reguladas en los artículos 6 ó 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero.
B) ¿Hay que solicitarlo? No, se aplicará de oficio, siempre y cuando no solicites ninguna de las prestaciones que se explican a continuación.
2. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19. (artículo 6)
A partir del 1 de junio de 2021 aquellos autónomos que se vieran obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de la adopción de medidas restrictivas por parte de autoridad competente tendrán derecho a una prestación económica extraordinaria.
A) ¿Qué requisitos hay que cumplir?
Estar afiliados y en alta en RETA al menos 30 días naturales antes de la fecha en la que se decreta la suspensión temporal de toda la actividad.
Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas B) ¿Qué importe voy a recibir? ¿Tendré que pagar la cuota de autónomos?
La cuantía será del 70% de la base mínima de cotización que le corresponda a la actividad.
La cuantía será de un 40% de la base mínima de cotización que le corresponda a la actividad para el caso de que convivan en un mismo domicilio personas con vínculo familiar o análogas donde dos o más miembros tengan derecho a esta prestación.
El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre.
Tendrás exoneradas las cuotas a la seguridad, desde el primer día del mes en el que se adopte la medida y hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida. C) ¿Con qué es incompatible esta prestación?
Con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena. Salvo que los ingresos que se perciban por ese trabajo sean inferiores al 1,25 del SMI (* Inferior a 1.385,41€)
Con el desarrollo de otra actividad por cuenta propia.
Con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre.
Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba. D) ¿Cómo y cuándo la solicito?
Ante tu mutua colaboradora con la seguridad social.
Deberá solicitarse dentro de los primeros 21 días naturales siguientes a la entrada en vigor de las medidas restrictivas, para percibir la prestación desde el primer día de la entrada en vigor de las medidas. En caso contrario, los efectos quedan fijados el primer día del mes siguiente al que se presente la solicitud y el trabajador quedará exento de la obligación de cotizar desde el día que tenga derecho a percibir la prestación.
3. Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia. (artículo 7)
A partir del 1 de junio de 2021, los autónomos que a 31 de mayo de 2021vinieran percibiendo la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia regulada en el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y no hubieran agotado los periodos de prestación, podrán continuar percibiéndola hasta el 30 de septiembre de 2021. Asimismo, aquellos autónomos que no hubieran solicitado las prestaciones anteriores y tuvieran a fecha de junio periodo de prestación, podrán solicitar esta ayuda siempre que cumplan con los requisitos que indicamos a continuación. A) ¿Qué requisitos tengo que cumplir?
Estar afiliados y en alta en RETA.
No haber agotado los períodos de prestación: el tiempo de prestación a la que se tiene derecho depende del tiempo que lleve el autónomo cotizando por cese de actividad, tal y como se indica en la siguiente tabla, de acuerdo con el artículo 338.1 de la LGSS.
PERÍODO COTIZADO MESES DE PRESTACIÓN De 12 a 17 meses 4 meses De 18 a 23 meses 6 meses De 24 a 29 meses 8 meses De 30 a 35 meses 10 meses De 36 a 42 meses 12 meses De 43 a 47 meses 16 meses De 48 meses en adelante 24meses
No haber cumplido la edad ordinaria de jubilación o de haberlo hecho no cumplir con el resto de requisitos para poder acceder a la misma (*No es compatible con la jubilación activa, parcial o total).
Hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas.
Acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 una reducción de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más de un 50% de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia habidos en el segundo y tercer trimestre de 2019, así como no haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre de 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros. *Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el segundo y tercer trimestre de 2019 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos habidos en el segundo y tercer trimestre de 2021 en la misma proporción B) ¿Cómo y cuándo la solicito? ¿Cuánto tiempo dura?
Ante tu mutua colaboradora con la seguridad social.
Si la solicitas entre el día 1 y el 21 de junio de 2021, la percibirás desde el día 1 de junio.
Si la solicitas más allá del 21 de junio, la percibirás desde el día primero del mes siguiente a la solicitud. C) ¿Con qué es incompatible esta prestación?
Con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena. Salvo que los ingresos que se perciban por ese trabajo sean inferiores al 1,25 del SMI (* 1385,41€).
Los ingresos netos computables fiscalmente procedentes del trabajo por cuenta propia y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no podrá superar 2,2 veces el salario mínimo interprofesional (* 2.438,33€)
Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
D) ¿Cuánto será la prestación y qué pasará con la cuota de autónomos?
La prestación será el 70% de la base reguladora.
La prestación será el 50% de la base mínima de cotización que corresponda en función de la actividad, para los autónomos que estén en pluriactividad, de acuerdo con las incompatibilidades del apartado anterior.
Durante el tiempo que este percibiendo el autónomo esta prestación deberá ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de sus cotizaciones. La mutua abonará al trabajador autónomo junto con el importe de la prestación el importe de las cotizaciones por contingencias comunes (*
El tipo de contingencias comunes es un 28,30% que se aplica sobre la base de cotización del autónomo, en este caso el autónomo sí abonará el tipo de contingencias profesionales, cese de actividad y formación profesional que es un 2% de su base de cotización. Ejemplo: Si el autónomo cotiza sobre la base mínima de 944,40 la mutua le devolverá 267,26€ y el autónomo asumirá 18,88€.)
E) ¿Qué documento tengo que aportar? ¿Tendré que aportar alguna documentación para justificar la bajada de ingresos fiscalmente computables?
Al presentar la solicitud solo tendrás que cumplimentar el formulario que las mutuas ponen a disposición.
A partir del 1 de abril de 2022 se podrán revisar por parte de las mutuas todas las prestaciones concedidas: o Las mutuas, recabaran la información tributaria de cada autónomo beneficiario de la prestación del Ministerio de Hacienda, para el caso de que estas no pudieran acceder a esa información tributaria, le pedirá al autónomo que, en un plazo de diez días, aporte a siguiente documentación que le correspondiera en función del régimen fiscal en el que se encuentre: Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), correspondiente a las declaraciones del segundo y tercer trimestre del año 2019 y del segundo y tercer trimestre de 2021. Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del primer, segundo y tercer trimestre del año 2019 y delaño 2021.
Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el segundo y tercer trimestre de 2019, se entenderá que los trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva han experimentado esa reducción siempre que el número medio diario de las personas trabajadoras afiliadas y en alta al sistema de la Seguridad Social en la actividad económica correspondiente (*Hace referencia a los datos estadísticos sobre afiliados en alta laboral y empresas cotizantes en el Sistema de la Seguridad Social por CNAE que se publican. Pinchando en el enlace podéis acceder a una sede electrónica desde la que podréis consultar los datos relativos a la afiliación por CNAEs, años y meses), expresada a 4 dígitos (CNAE), durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior en más de un 7,5 por ciento al número medio diario correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2019.
F) ¿Qué pasa si se prevé que no se va a mantener una bajada del 50% de los ingresos? Los trabajadores autónomos que soliciten esta prestación podrán: o Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2021. o Devolver por iniciativa propia la prestación cuando considere que los rendimientos netos computables fiscalmente percibidos durante el segundo y tercer trimestre de 2021 superarán los umbrales indicados.
4. Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos que ejercen actividad y a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista en el artículo 7 de este real decreto-ley (artículo 8)
Los trabajadores autónomos que a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y no pueda causar derecho a la prestación del articulo 7 (ver aquí), podrán acceder a partir del 1 de junio de 2021 a la prestación de cese de actividad extraordinaria.
A) ¿Qué requisitos hay que cumplir?
Estar de alta en RETA desde antes del 1 de abril de 2020.
Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas
No tener rendimientos netos fiscalmente computables procedentes de la actividad por cuenta propia en el segundo y tercer trimestre de 2021 superiores a 6.650,00€
Acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 unos ingresos fiscalmente computables de la actividad por cuenta propia inferiores a los habidos el primer trimestre de 2020. B) ¿Qué importe voy a recibir? ¿Tendré que pagar la cuota de autónomos?
La cuantía será del 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada (* Si la base mínima de la actividad es la ordinaria, 944,40, el importe de la prestación ascenderá a 472,20€) o La cuantía será de un 40% de la base mínima cotización que corresponda por la actividad desarrollada para el caso de que convivan en un mismo domicilio personas con vínculo familiar o análogas donde dos o más miembros tengan derecho a esta prestación.
Durante el tiempo que este percibiendo el autónomo esta prestación deberá ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de sus cotizaciones.
La mutua abonará al trabajador autónomo junto con el importe de la prestación el importe de las cotizaciones por contingencias comunes (* El tipo de contingencias comunes es un 28,30% que se aplica sobre la base de cotización del autónomo, en este caso el autónomo sí abonará el tipo de contingencias profesionales, cese de actividad y formación profesional que es un 2% de su base de cotización. Ejemplo: Si el autónomo cotiza sobre la base mínima de 944,40 la mutua le devolverá 267,26€ y el autónomo asumirá 18,88€). C) ¿Con qué es incompatible esta prestación?
Con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena.
Con el desempeño de otra actividad por cuenta propia.
Con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad.
Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba. D) ¿Cómo y cuándo la solicito? ¿Cuánto tiempo dura?
Ante tu mutua colaboradora con la seguridad social.
Si la solicitas entre el día 1 y el 21 de junio de 2021, la percibirás desde el día 1 de junio y durante 4 meses.
Si la solicitas más allá del 21 de junio, la percibirás desde el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 30 de septiembre de 2021. E) ¿Qué documento tengo que aportar? ¿Tendré que aportar alguna documentación para justificar la bajada de ingresos fiscalmente computables?
Al presentar la solicitud solo tendrás que cumplimentar el formulario que las mutuas ponen a disposición.
A partir del 1 de enero de 2022 se podrán revisar por parte de las mutuas todas las prestaciones concedidas: o Las mutuas, recabaran la información tributaria de cada autónomo beneficiario de la prestación del Ministerio de Hacienda, para el caso de que estas no pudieran acceder a esa información tributaria, le pedirá al autónomo que, en un plazo de diez días, aporte a siguiente documentación que le correspondiera en función del régimen fiscal en el que se encuentre:
Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020 y sus liquidaciones trimestrales (modelos 303), así como las liquidaciones del segundo y tercer trimestre del año 2021 (modelos 303). Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación de cada trimestre a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2020, así como las autoliquidaciones del segundo y tercer trimestre del año 2021. Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
F) ¿Y si mientras estoy recibiendo la prestación, me doy cuenta de que no voy a cumplir los requisitos de la bajada de ingresos fiscalmente computables?
Puedes renunciar a la prestación en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2021.
Devolver por iniciativa propia la prestación.
5. Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada. (artículo 9)
A) ¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a esta prestación? o Haber estado de alta y cotizando como trabajador autónomo durante un mínimo de 4 meses y un máximo de 7 meses de cada uno de los años 2018 y 2019, siempre que al menos, ese marco temporal, haya estado de alta 2 meses de junio y septiembre del año 2018 y del año 2019 o No haber estado de alta o asimilado al alta por cuenta ajena durante más de 120 días durante 2018 y durante 2019. o No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena más de 60 días durante el segundo y tercer trimestre de 2021. o No haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre del año 2021 unos ingresos netos computables fiscalmente superiores a 6.650 euros. o Hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas.
B) ¿Qué importe se va a percibir? o La cuantía de la prestación será la equivalente al 50% de la base mínima de cotización que corresponda.
C) ¿A partir de qué momento se percibirá la prestación? o Podrá empezar a devengarse con efectos 1 de junio de 2021 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que se presente la solicitud entre el 1 y el 21 de junio. En caso contrario, los efectos quedan fijados al día primero del mes siguiente de la presentación de solicitud.
D) Cotización o Durante la percepción de la prestación no será obligatorio cotizar, permaneciendo el trabajador autónomo en situación de alta.
E) ¿Con qué es incompatible esta prestación?
Con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena.
Con el trabajo por cuenta propia
Con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre.
Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba. F) ¿Qué pasa si se prevé que no se va a cumplir con los requisitos? Los trabajadores autónomos que soliciten esta prestación podrán: o Renunciar a ella en cualquier momento antes del 30 de agosto de 2021. o Devolver por iniciativa propia la prestación cuando considere que los ingresos percibidos durante el ejercicio de la actividad superarán los umbrales indicados.
G) ¿Qué documentación tengo que aportar? o Hay que rellenar el modelo de solicitud que ponga a disposición cada mutua en el cual podrás autorizar a la mutua a consultar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios.
• El preacuerdo permite mantener mecanismos especiales de protección de las personas trabajadoras y de las empresas
• Es el quinto consenso que se alcanzan Gobierno y agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia
• En los ERTE para sectores ultraprotegidos se incentiva la reactivación con mayores exoneraciones para los trabajadores activados que para los suspendidos
La Vicepresidencia tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han alcanzado un principio de acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre de 2021, con el objeto de extender esta medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la pandemia.
El preacuerdo permite prorrogar la aplicación de las medidas de flexibilidad que se han adoptado desde el comienzo de la crisis sanitaria y en los términos previstos en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, y las medidas extraordinarias en materia de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas. También prorroga las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo y, por último, prorroga todas aquellas medidas complementarias de protección necesarias para garantizar la estabilidad en el empleo, evitando despidos y destrucción de puestos de trabajo.
Mantendrán su vigencia las medidas extraordinarias recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, relativas a las medidas extraordinarias de protección del empleo relacionadas con extinciones y despidos, la interrupción del cómputo de los contratos temporales, la salvaguarda de empleo, así como los límites relacionados con el reparto de dividendos y transparencia fiscal y el uso de horas extraordinarias y nuevas externalizaciones.
Sectores ultraprotegidos
Estos sectores, indicados en la lista de códigos CNAE adjunta y su cadena de valor, tendrán exoneraciones diferentes en los casos de trabajadores en suspensión de empleo frente a los que se activen en un contexto de mayor recuperación que en meses anteriores. Con el objetivo de incentivar la activación de empleo, en esta ocasión se incluyen unas exoneraciones mayores para los casos de los trabajadores que se reincorporen a la actividad: del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 85% para las que tienen 50 o más en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
Cuando mantengan a los trabajadores suspendidos, habrá una exoneración del 85% en junio, julio y agosto y del 70% en septiembre si la empresa tiene menos de 50 trabajadoras. En el caso de contar con 50 trabajadores o más, las exoneraciones serán del 75% en junio, julio y agosto y del 60% en septiembre.
En esta lista se incluyen tres nuevos sectores (1419 –Confección de otras prendas de vestir y accesorios –, 4637 –Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias– y 7420 –Actividades de fotografía–). Y salen cinco (1811 –Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas–, 2670 – Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico–, 4741 – Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados–, 5122 –Transporte espacial– y 7734 – Alquiler de medios de navegación–).
Se han incluido en este listado aquellas empresas cuya CNAE entre finales de abril de 2020 y finales de mayo han recuperado la actividad en porcentaje inferior al 75% y tengan un porcentaje de afiliados cubiertos por los ERTE igual o superior al 15%.
Limitación e impedimento
Por su parte, los ERTE por limitación de su actividad se verán prorrogados con un nuevo esquema de exoneraciones: si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, será del 85% en junio y julio, y del 75% en agosto y septiembre. Si la empresa tiene 50 trabajadores o más, la exención será del 75% en junio y julio y del 65% en agosto y septiembre.
Por su parte, las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en los próximos cuatro meses en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de las restricciones administrativas para luchar contra la pandemia podrán solicitar un “ERTE de impedimento”. Estas empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre 2021, que será del 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.
Actualmente hay alrededor de 558.000 trabajadores en situación de ERTE. Del total, unos 137.000 se encuentran en ERTE por limitación y cerca de 16.300, por impedimento. Del resto, poco más 233.000, se encuadran entre los sectores ultraprotegidos o vinculados a ellos.
Garantías de los ERTE
El sistema de ERTE vigente a partir del 1 de junio mantiene las características de flexibilidad del modelo anterior y se ajusta al ciclo de actividad del tejido productivo acorde con la evolución de la pandemia. Las condiciones de cierta incertidumbre y el restablecimiento de la actividad empresarial, en estos momentos asimétrica y sectorizada, exige mantener las medidas excepcionales previstas en las diferentes normas adoptadas
desde el comienzo de la crisis sanitaria, todo ello sin perjuicio de la previsible y paulatina normalización de la situación sanitaria. La norma dispone, para el colectivo de fijos discontinuos y aquellas personas que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, la obligación de que las empresas procedan a su incorporación efectiva durante los períodos teóricos de llamamiento de las personas trabajadoras. En caso de que no puedan desarrollar su actividad en el periodo de llamamiento, se dispone su afectación por los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a fecha de entrada en vigor de esta norma o autorizados con posterioridad.
El denominado contador a cero continuará vigente en los términos del artículo 8.7 del RDL 30/ 2020 de 29 de septiembre.
Los profesionales de las artes en espectáculos públicos que tuvieran derecho al acceso extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo, en los términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, podrán continuar percibiéndolas hasta el 30 de septiembre de 2021.
Esta prestación será incompatible con la realización de actividades por cuenta propia o por cuenta ajena, o con la percepción de cualquier otra prestación, renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.
Anexo Códigos de la Clasificación Nacional de Actividades. Económicas –CNAE-09– de empresas ultraprotegidas
710 Extracción de minerales de hierro
1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas
1820 Reproducción de soportes grabados
2051 Fabricación de explosivos
2441 Producción de metales preciosos
3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares
3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares
3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial
4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles
4634 Comercio al por mayor de bebidas
4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias
4932 Transporte por taxi
4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
5010 Transporte marítimo de pasajeros (2)
5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores (2)
5110 Transporte aéreo de pasajeros
5223 Actividades anexas al transporte aéreo
5510 Hoteles y alojamientos similares
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
5530 Campings y aparcamientos para caravanas
5590 Otros alojamientos 5610 Restaurantes y puestos de comidas
5630 Establecimientos de bebidas
5813 Edición de periódicos
5914 Actividades de exhibición cinematográfica
7420 Actividades de fotografía
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos
7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico
7735 Alquiler de medios de transporte aéreo
7911 Actividades de las agencias de viajes
7912 Actividades de los operadores turísticos
7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina
8230 Organización de convenciones y ferias de muestras
9001 Artes escénicas
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas
9004 Gestión de salas de espectáculos
9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales
9200 Actividades de juegos de azar y apuestas
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos
9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento
9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel 9604 Actividades de mantenimiento físico
Puedes ver la nota de prensa, en formato pdf, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al respecto del principio de acuerdo alcanzado, aquí.
Hace poco se ha sabido que es el 14 de Junio la fecha elegida a partir de la cual se podrán solicitar las ayudas que, con un importe de 800 millones de Euros el Estado transferirá a las Baleares con el fin de salvar la maltrecha economía de autónomos y empresas. Con tal motivo el programa radiofónico Multiplex de IB3 radio quiso aprovechar para dedicar parte de su espacio del pasado martes a hablar de los AUTÓNOMOS con el socio y gerente de Moya & Emery, Nicolás Emery que en su calidad de economista y asesor de empresas cono de primera mano a este colectivo -el de los trabajadores por cuenta propia- que ha sufrido especialmente la pandemia del covid y sobre el que ahora pesa la incertidumbre del cambio anunciado de su sistema de cotizaciones para tratar de amoldarlo a los ingresos reales de los trabajadores, y que, parece ser, contará con 13 tramos de cotización distintos.
Guia dels ajuts directes de l’Estat per a les empreses que han patit les conseqüències de la COVID-19 a les Illes Balears (Desplegament dels RDL 5/2021 i 6/2021)
El 12 de març de 2021, el Butlletí Oficial de l’Estat publicava el Reial decret llei 5/2021 através del qual s’establien les condicions per donar suport a les empreses més afectades per la COVID-19, amb un import global d’11.000 milions d’euros. D’aquest import, un important fons de 7.000 milions d’euros s’han de distribuir en ajuts directes per contribuir a la viabilitat de les empreses, dels quals les Illes Balears percebrà 855,7 milions.
El Govern de les Illes Balears, conscient que es tracta d’un fons sense precedents, va obrir el diàleg social a través del Pacte de Reactivació Econòmica, i va estudiar conjuntament amb els agents econòmics i socials de les illes el text del Govern de l’Estat, a fi de concretar les necessitats de les empreses balears, amb especificitats de cada illa, i permetre una distribució més òptima d’aquests ajuts.
Va ser així que, en virtut del RDL 6/2021 que modificava el Reial decret llei anterior per facilitar la participació de les comunitats autònomes en el disseny dels ajuts, a la llista de 92 CNAE aprovada inicialment pel Govern d’Espanya, el Govern de les Illes Balears hi va afegir gairebé 50 activitats més, i va ajustar així el teixit productiu propi, per la qual cosa s’arriba a un total de gairebé 140 activitats diferents.
A més, també acordà apujar el topall de 200.000 € d’ajuda màxima inicial fins a 500.000 €, sempre amb l’objectiu de facilitar la viabilitat de les empreses i millorar-ne la solvència.
Finalment, s’acordà obrir el ventall dels ajuts a quatre tipus d’empreses amb situacions concretes de les Illes Balears:
Empresaris autònoms de temporada
Empreses afectades per Thomas Cook
Empreses de nova creació
Empreses que van dur a terme fortes inversions el 2019
Objecte dels ajuts
Els ajuts de l’Estat tenen una finalitat molt concreta: ajudar les empreses i els empresaris autònoms a fer front a deutes pendents, a fi de millorar la seva solvència mitjançant la reducció o la supressió de deutes que han hagut d’adquirir a causa de la davallada d’activitat econòmica.
Són, per tant, uns ajuts de caràcter finalista: eixugar el deute bé a proveïdors o bé al crèdit.
En concret, es preveu cobrir deutes pendents provinents de prestacions de serveis o de subministrament, així com tributs, salaris, arrendaments o reducció del deute financer, inclosos els deutes amb socis o administradors i, en general, qualsevol altre deute amb un creditor. Aquests deutes s’han d’haver meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021.
Cal ressenyar que el disseny de l’Estat preveu cobrir deutes a les empreses pels imports que superin el 30 % de la caiguda de facturació l’any 2020 respecte de 2019, atribuïble a les mesures restrictives adoptades per fer front a la pandèmia.
Col·lectius beneficiaris
L’ajut s’estableix en dues línies:
LÍNIA 1. Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva sobre la renda de les persones físiques (estimació per mòduls). (Màxim de 3.000 €)
LÍNIA 2. Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa sobre la renda de les persones físiques i empresaris que apliquin l’impost de societats o l’impost sobre renda de no residents. (De 4.000 a 500.000 €)
Després d’haver determinat la quantia per al grup d’empresaris i autònoms de la línia 1 (màxim 3.000 €), per determinar les quanties de la línia 2 es prorratejarà l’import restant entre tots els sol·licitants que s’ajusten a totes les condicions de la convocatòria.
Es prorratejarà el 100 % dels recursos disponibles, seguint la regla d’assignació per la qual el percentatge de cobertura de pèrdues serà del doble per a les empreses de fins a 10 treballadors, respecte de les empreses de més de 10 treballadors. (Amb un màxim de 500.000 €)
Per tant: TOTES les empreses i els autònoms que compleixin els requisits tindran ajuda.
L’ajut de les empreses de la línia 2 no es podrà determinar fins que es tanqui el període de sol·licituds i s’integrin totes les
Requisits principals
La convocatòria és complexa i presenta un seguit de requisits per poder-se acollir als ajuts. Aquí se’n destaquen els més específics.
PER A LES DUES LÍNIES
Que l’empresa o l’autònom sol·licitant estiguin inclosos en algun dels gairebé 150 CNAE recollits en el RDL 5/2021 i els específics determinats a les Balears.
PER A LA LÍNIA 2.
Acreditar el 2020 més d’un 30 % de caiguda en el volum d’operacions respecte de 2019, exceptuant les empreses de nova creació (entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020).
Acreditar que la base imposable de 2019 va ser positiva (amb l’excepció de les empreses afectades per la fallida de Thomas Cook i les que han duit a terme fortes inversions el 2019).
OBLIGACIONS.
A més, les empreses o els autònoms beneficiaris s’han d’obligar a:
Mantenir-se d’alta en el cens d’empresaris fins al dia 30 de juny de 2022.
No tenir un repartiment de dividends ni en el 2021 ni en el 2022.
No aplicar increments en la retribució del personal d’alta direcció en dos anys.
Calendari tramitació (I)
CALENDARI DE SOL·LICITUDS I PAGAMENT
24 de maig. Autorització de despesa – Consell de Govern.
29 de maig. Publicació de la convocatòria.
14 de juny. Inici del termini de sol·licituds. (*)
28 de juny. Finalització del termini de sol·licituds per a les dues línies (1 i 2) i establiment del prorrateig d’ajudes per a TOTES empreses i persones autònomes per a la línia 2
Pagaments:
Línia 1. A partir del 20 de juliol. Els beneficiaris de la línia 1 començaran a cobrar abans perquè la tramitació no requereix més documentació ni càlculs addicionals.
Línia 2. A partird el adarrerase tman ad e juliol.
(*)L’inici devalidaciópera la concessiód’ajutsdelalínia 1 començarà abans de finalitzar el període de sol·licituds, per poder avançar els pagaments.
Calendari tramitació (II)
CALENDARI DE JUSTIFICACIÓ
A partir del cobrament dels ajuts, les empreses i els autònoms beneficiaris hauran de justificar el pagament dels deutes bonificats pels ajuts.
Període de pagament de deutes. S’hauran de fer des del 14 de juny fins als dos mesos posteriors comptadors des del dia en què es va ingressar l’ajut al beneficiari.
Període de justificació de la subvenció. S’hauran de justificar els pagaments dels deutes entre l’endemà de la data del pagament de l’ajut i el 31 de març de 2022.
Segons l’import del deute:
Fins a 6.000 €: la justificació s’ha de fer amb una declaració responsable.
Entre 6.001 i 60.000 €: caldrà presentar una declaració classificada de despeses satisfetes mitjançant l’import concedit, amb identificació del creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i la data de pagament.
Més de 60.000 €: s’obliga a un informe d’auditoria.
Més CNAE incorporats
D’acord amb el RDL 6/2021, el Govern de les Illes Balears va iniciar una ronda de conversacions amb bona part del teixit productiu de les Illes Balears per incloure més activitats que havien quedat excloses en la llista de CNAE que l’Estat proposava.
Fruit d’aquesta tasca, s’han incorporat gairebé 50 noves activitats que es podran beneficiar dels ajuts directes, que se sumen a les 93 de l’annex del RDL 5/2021.
Criteris d’inclusió de nous CNAE:
a Subsectors amb una caiguda molt rellevant de l’activitat que no tenien un encaix clar dins la classificació dels CNAE i necessitaven d’una inclusió particular.
a Sectors estratègics de l’economia balear, molts lligats a la indústria pròpia.
a Sectors que conformen la cadena de valor de l’activitat turística i que, malgrat això, quedaren exclosos en la primera llista. Aquests sectors s’evidencien perquè hagueren de sol·licitar un ERTO per cadena de valor.
a Sectors econòmics que s’han vist subjectes a decisions del Govern per reduir la seva activitat al llarg dels mesos posteriors a juny de 2020 per
CNAE incorporats CAIB
INDUSTRIA TRADICIONAL
Processat i conservació de carn
Elaboració de productes carnis i de volateria
Fabricació d’oli d’oliva
Fabricació de formatges
Preparació de llet i altres productes lactis
Elaboracions de vins
Elaboració d’altres begudes no destil·lades
Fabricació de cervesa
Fabricació de begudes no alcohòliques
Fabricació d’articles de marroquineria, viatge
Fabricació de calçat
Fabricació de terra de fusta acoblats
Fabricació d’altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
Fabricació d’altres productes de fusta; articles de goma, cistelleria i esparteria
Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament
Fabricació de perfums i cosmètics
Fabricació d’altres productes químics NCAP
Fabricació d’altres productes de goma Fabricació d’envasos i embalatges de plàstic
Fabricació d’altres productes de plàstic
Tractament i revestiment de metalls Fabricació de productes de perns
Fabricació de mobles d’oficina
Fabricació de mobles de cuina
Fabricació d’altres mobles
ACTIVITATS AMB RESTRICCIONS DES DE JULIOL 2020
Educació preprimària. (escoletes)
Educació esportiva i recreativa
Educació cultura
Activitats de les escoles de conducció i pilotatge
Altes educacions NCAP. Acadèmies, centres de formació i centres privats d’ensenyament no reglat
Activitats de radiodifusió
Serveis de representació de mitjans de comunicación
INFORMÀTICA
Activitats de programació informàtica
Activitats de consultoria informàtica
Gestió de recursos informàtics
Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica
Processos de dades, allotjament i activitats relacionades
Portals web
Activitats de les agències de notícies
Altres serveis d’informació NCAP
COMERÇ
Comerç a l’engròs de fruites i hortalisses
Comerç a l’engròs de carns i productes carnis
Comerç a l’engròs de productes làctics, ous, olis i greixos comestibles
Comerç a l’engròs de productes del tabac
Comerç a l’engròs de productes de perfumeria i cosmètica
Comerç a l’engròs de productes químics
Comerç al detall de ferreteries, pintura i vidre (souvenirs)
Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats
Edició de libres
CNAE RDL 5/2021
Extracció de minerals de ferro
Elaboració de gelats
Elaboració de cafè, te i infusions
Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques
Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a base de fruita
Confecció d’altres peces de roba exteriors
Confecció d’altres peces de roba i accessoris
Fabricació d’articles de pelleteria
Confecció d’altres peces de roba de punt
Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes
Altres activitats d’impressió i arts gràfiques
Serveis preimpressió i preparació de suports
Enquadernació i serveis relacionats
Reproducció de suports gravats
Fabricació d’explosius
Fabricació de metalls preciosos
Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic
Fabricació de cables de fibra òptica
Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars
Reparació i manteniment aeronàutic i espacial
Subministrament de vapor i aire condicionat
Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de roba, pelleteria, calçat i articles de cuir
Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac
Comerç majorista de cuir i pells
Comerç majorista de begudes
Comerç majorista de sucre, xocolata i confiteria
Comerç majorista de peix, marisc i altres productes alimentaris
Comerç majorista, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac
Comerç majorista de porcellana, cristalleria i articles de neteja
Comerç majorista d’articles de rellotgeria i joieria
Altre comerç minorista a establiments no especialitzats
Comerç minorista de pa i productes de forn, confiteria i pastisseria a establiments especialitzats
Comerç minorista de begudes a establiments especialitzats
Comerç minorista d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics a establiments especialitzats
Comerç minorista de tèxtils a establiments especialitzats
Comerç minorista de diaris i articles de papereria a establiments especialitzats
Comerç minorista de peces de roba a establiments especialitzats
Comerç minorista de calçat i articles de cuir a establiments especialitzats
Comerç minorista d’articles de rellotgeria i joieria a establiments especialitzats
Comerç minorista de productes tèxtils, peces de roba i calçat a llocs de venda o mercats ambulants
Comerç minorista d’altres productes a llocs de venda o mercats ambulants
Altres comerços minoristes no realitzat ni a establiments, ni a llocs de venda ni a mercats ambulants.
Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers
Transport per taxi
Tipus de transport terrestre de passatgers NCAP
Transport marítim de passatgers
Transport de passatgers per vies navegables interiors
Transport aeri de passatgers
Activitats annexes al transport terrestre
Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors
Activitats annexes al transport aeri
Hotels i allotjaments similars
Allotjaments turístics i altres allotjaments de llarga estada
Càmpings i aparcaments per a caravanes
Altres allotjaments
Restaurants i establiments de menjars
Provisió de menjar preparat per a esdeveniments
Altres serveis de menjar
Establiments de begudes
Edició de diaris
Activitats d’exhibició cinematogràfica
Activitats de fotografia
Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers
Lloguer de camions
Lloguer d’articles d’oci i esportius
Lloguer de cintes de vídeo i discs
Lloguer d’altres productes personals i articles d’us domèstic
Lloguer de maquinària i d’equip d’oficina, inclosos ordinadors
Lloguer de mitjans de navegació
Lloguer de mitjans de transport aeri.
Lloguer de maquinària, equips i béns intangibles NCAP
Activitats de les agències de viatge
Activitats dels operadors turístics
Altres serveis de reserva i activitats relacionades amb aquestes
Activitats de fotocòpies, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina
Organització de convencions i fires de mostres
Altres activitats de suport a les empreses
Arts escèniques
Activitats auxiliars a les arts escèniques
Gestió de sales d’espectacle
Activitats de museus
Gestió de llocs i edificis històrics
Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
Activitats de jocs d’atzar i apostes
Gestió d’instal·lacions esportives
Activitats dels gimnasos
Altres activitats esportives
Activitats dels parcs d’atraccions i dels parcs temàtics
Altres activitats recreatives i d’entreteniment
Reparació de calçat i articles de cuir
Reparació de rellotges i joieria
Neteja de peces de roba de tèxtil i de pell
Activitats de manteniment físic
Com s’ha de demanar l’ajut
La tramitació per a la sol·licitud dels ajuts serà exclusivament telemàtica.
Serà un procés àgil, dissenyat per facilitar la tramitació de la sol·licitud.
Una vegada emplenades les dades obligatòries per a cada cas, s’inicia el procés de validació per atorgar o no l’ajut a cada empresa o autònom sol·licitant.
El Govern de les Illes Balears obrirà un centre d’atenció telefònica per atendre els dubtes sobre la convocatòria. Aquest número de telèfon es facilitarà quan la convocatòria estigui en funcionament.
Així mateix, les conselleries de Model Econòmic, Turisme i Treball i d’Hisenda i Relacions Exteriors obriran una pàgina web específica en la qual es donarà informació sobre aquests ajuts i els formularis per cursar les sol·licituds.
Un altre instrument d’informació que s’habilitarà serà un compte de correu electrònic específic per als ajuts.
Hoy desde Moya & Emery te acercamos dos recientes normas aprobadas en Consejo de Gobierno que vienen a modificar los niveles de alerta sanitaria en las Islas Baleares, modifican también el plan de medidas de prevención contra el Covid-19, y prorrogan y modifican las medidas de prevención excepcionales aplicables de forma temporal a las islas:
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de mayo de 2021 por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas, se modifica puntualmente el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2021, por el cual se aprobó el nuevo Plan de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las islas, aquí en versión pdf
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2021 por el que se prorrogan y modifican las medidas excepcionales establecidas mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021 para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante el mes de mayo de 2021, aquí en versión pdf
El Gobierno se planea endurecer las ayudas para autónomos, las cuales vencen en breve y cuya prórroga se está negociando en estos momentos.
Los subsidios y ayudas puestas en marcha durante la pandemia destinados a trabajadores autónomos están a escasos días de vencer y las negociaciones entre Gobierno y representantes de los trabajadores para proceder a una prórroga de las mismas están encontrando serias dificultades debido a la férrea posición del Gobierno, que plantea un endurecimiento de condiciones para optar a las nuevas ayudas: se deberán acreditar pérdidas de ingresos en los dos trimestres anteriores del 75% (hasta ahora bastaba acreditar el 50%) para acceder a la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo.
Lee el completo artículo de elEconomista, a continuación, respecto de las negociaciones para la prórroga de las ayudas a autónomos:
Tendrán que acreditar una pérdida de ingresos de nuevo del 75%
Todas las asociaciones de autónomos rechazan la primera propuesta
El Gobierno y las asociaciones de autónomos avanzan en la negociación para ampliar el esquema de ayudas y bonificaciones vigente desde el inicio de la pandemia, y que al menos se extenderá hasta el próximo 31 de septiembre. Eso sí, siempre y cuando se solventen ciertos flecos de la negociación que están trabando el acuerdo, como el del endurecimiento de los requisitos para que los trabajadores por cuenta propia puedan compatibilizar el cobre de la prestación extraordinaria por cese de actividad con el desarrollo de su negocio, según una serie de condiciones.
En este sentido, según la propuesta de renovación de ayudas para autónomos del Gobierno a la que ha tenido acceso elEconomista, que recoge cuatro supuestos en los que los trabajadores del colectivo podrán acogerse a una bonificación de la cuota o a una prestación, para el supuesto de compatibilización del cese y la actividad, el Ejecutivo plantea que a partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos que a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia y no hubieran agotado los periodos de prestación previstos en el artículo 338.1 de la Ley General de la Seguridad Social (el cese de actividad ordinario), podrán continuar percibiéndola hasta el agotamiento del período pendiente de consumir o en su caso, hasta el 30 de septiembre de 2021, siempre que, durante el segundo y tercer trimestre de 2021 cumplan los requisitos que se indican en este precepto.
Es decir, según la propuesta del Ejecutivo en este punto, aquellos autónomos que vinieran cobrando la prestación compatible con la actividad, pero que ya hayan agotado el cese ordinario (que se ha descontado durante los meses de compatibilización) ya no podrían acceder a esta modalidad de ayuda. Y además, el acceso a la prestación exigirá acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 una reducción de los rendimientos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 75% de los habidos en el segundo semestre de 2019; así como no haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre de 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 6.650 euros. Mientras que en el periodo anterior se requería una disminución de más del 50% de los rendimientos de la actividad en el primer semestre de 2021 en relación al segundo semestre de 2019, además de no haber obtenido rendimiento netos superiores a 7.900 euros.
Por ello, los autónomos han exigido al Gobierno en la reunión mantenida este miércoles que se flexibilice por un lado el supuesto en el que el autónomo que agota el cese de actividad deja de poder compatibilizar la prestación con el desempeño de su actividad por un lado, al tiempo que se pide que este porcentaje de caída de ingresos repercutido sea similar tanto para el que accede de nuevas a la prestación (75%) y al que se le prorroga (50%), siendo la petición del colectivo en este caso la de alinear el volumen de caídas en ese 50% que venía operando hasta este momento.
Sobre esta reunión con el Gobierno y el posible acuerdo para la prórroga del esquema de ayudas, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, apunta que se han producido avances sustanciales con la propuesta del Gobierno para ampliar el cese extraordinario hasta el 31 de septiembre si bien reconoce que el endurecimiento de algunos requisitos para acceder a las mismo ha hecho establecer ciertas líneas rojas en la negociación. Con esta prestación, su cobro, consume días del periodo de protección pero no del periodo de carencia para acceder a una futura prestación.
“Cuando el autónomo ha generado esta prestación lo ha hecho porque tenía el periodo de carencia exigido en la normativa, periodo que ha consumido para generar ese prestación; ahora bien, una vez que ha sido beneficiario de la prestación compatible con el trabajo por cuenta propia, ha seguido cotizado por todos los conceptos, desde el primer día, independientemente de quien haya pagado la cuota, por lo que las cotizaciones correspondientes al periodo que el autónomo ha estado cobrando dicha prestación son computables para acumular un nuevo periodo de carencia a efectos de una futura prestación por cese de actividad ordinario o extraordinario, en su caso”, apunta Abad sobre la propuesta del Ejecutivo para este supuesto que afecta a miles de autónomos.
“Con esta prestación, su cobro, consume días del periodo de protección pero no del periodo de carencia para acceder a una futura prestación. Esto es lo que entendemos desde UPTA, ya que no se ha producido el cierre de la actividad (baja en Hacienda y en el RETA) y además, se ha seguido cotizando”, sentencia el líder de la entidad representante del colectivo sobre la reunión mantenida.
Elevar la prestación al 70%
Por otro lado, los autónomos han trasladado al Ejecutivo, representado por el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, la petición de que la cuantía de la prestación del 50% de la base mínima de cotización que corresponda por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus ascienda al menos hasta el 70% de la base mínima.
“Consideramos que tendría que ser el 70% de la base reguladora ya que tienen el negocio cerrado por causas ajenas a su voluntad pero tienen que seguir asumiendo costes (alquileres, préstamos, suministros….), como ya se trasladó para esta modalidad de prestación correspondiente al periodo anterior”, señala Abad, asegurando que si no se atiende a estas peticiones no apoyaran el esquema presentado por el Gobierno.
La propuesta del Gobierno
Sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos afectados por la suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de la aprobación de medidas para contener la pandemia, el documento dice que los autónomos deberán estar al menos 30 días naturales en alta antes de la fecha de la resolución que acuerde la suspensión de la actividad y en todo caso antes de la fecha de inicio de la misma cuando esta se hubiese decretado con anterioridad al 1 de junio de 2021 para acceder a esta prestación.
También deberán hallarse al corriente del pago de las cuotas. La cuantía será del 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada, pero puede incrementarse un 20% si el autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo proceden de su actividad suspendida.
El documento dice que a partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial Trabajadores por Cuenta Propia o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, que estuvieran de alta en estos regímenes y vinieran percibiendo el 31 de mayo alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional.
Así, se recoge una exención del 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de junio, del 75% de las que corresponden a julio, del 50% de las que corresponden a agosto y del 25% de las de septiembre. Para que sean aplicables estos beneficios en la cotización los trabajadores autónomos deberán mantener el alta en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social hasta el 30 de septiembre de 2021.
Según el borrador, la base de cotización a efectos de la determinación de la exención será la que resulte de aplicación en cada uno de los meses en los que se apliquen las exenciones. Además, la percepción de la prestación por cese de actividad en cualquiera de sus modalidades será incompatible con la exención en la cotización.
El texto también incluye la prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos de temporada. Para acceder a ella, se deberá acreditar que se ha estado dado de alta durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de seis meses de cada uno de los años 2018 y 2019, “siempre que ese marco temporal abarque un mínimo de dos meses entre los meses de junio y septiembre de estos años”.
No deberán haber estado en alta como trabajador por cuenta ajena en el régimen de Seguridad Social correspondiente más de 60 días durante el segundo y tercer trimestre del año 2021 y no deberán tener unos ingresos netos computables fiscalmente que superen los 6.650 euros durante el segundo y tercer trimestre del año este año.
La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización que le corresponda por la actividad desempeñada. La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de junio de 2021 y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 21 días naturales de junio. En caso contrario, los efectos quedan fijados al día primero del mes siguiente de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 30 de septiembre de 2021.
Por último, el texto dice que los autónomos que, a 31 de mayo de 2021, vinieran percibiendo la prestación extraordinaria de cese de actividad podrán continuar percibiéndola con los mismos requisitos y condiciones, durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida y hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida o hasta el 30 de septiembre de 2021 si esta última fecha es anterior.
En la versión digital del diario EXPANSIÓN podemos leer -dentro de la sección Laboral-: “Una mujer sin pareja puede acumular el permiso de maternidad y paternidad“. Y es que el juzgado de lo social Nº 16 de Valenacia ha dictado una sentencia por la que se reconoce el derecho de una madre sin pareja (familia monoparental) a disfrutar, tras el alumbramiento, de los permisos de maternidad y paternidad de forma acumulada.
Lee este interesante artículo transcrito a continuación y recuerda que en Moya y Emery podemos brindarte todo el asesoramiento que precises sobre permisos de nacimiento y cuidados del menor y las prestaciones de maternidad y paternidad, así como otros subsidios y su solicitud o tramitación.
La sentencia también se refiere a la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que las normas en materia de protección de la maternidad han de ser interpretadas a la luz del principio general del interés superior del menor.
El juzgado de lo social número 16 de Valencia ha hecho pública una sentencia en la que reconoce el derecho de una madre sin pareja, en situación de familia monoparental, a disfrutar de los permisos de maternidad y paternidad, tras dar a luz.
En la resolución, ganada por CSIF Comunidad Valenciana, el tribunal condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General, que se negaron a conceder el permiso de paternidad.
Esta es la segunda sentencia en España sobre este mismo asunto (el TSJ del País Vasco se pronunció en la misma línea en 2020) que contradice los criterios de la Seguridad Social, organismo que hasta el momento ha denegado estas peticiones.
Los fallos, en concreto, reconocen el derecho de una mujer sin pareja a disfrutar de sus 16 semanas de maternidad a las que se sumarían las 8 adicionales que le corresponderían al padre (en 2020 a los padres les correspondían 12 semanas, de las que se descontarían 4 que se deben disfrutar de manera inmediata tras el parto).
Según explican desde CSIF, los tribunales están dando la razón a las madres atendiendo a la Convención sobre los Derechos del Niño, norma que prevalecerá sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico en caso de conflicto con ellas. En concreto -apunta la sentencia-“si se deniega la prestación a la beneficiaria en los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de la igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (…) por cuanto que la atención, cuidado y desarrollo del menor afectado va a sufrir una clara merma respecto a la que van a recibir otros que en situación semejante, encuadrados dentro de un modelo familiar biparental”.
La sentencia también se refiere a la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que las normas en materia de protección de la maternidad han de ser interpretadas a la luz del principio general del interés superior del menor. Además, concluye que en el caso de denegación “se puede suscitar una quiebra del principio de Igualdad del artículo 14 de la Constitución Española”.
The Embassy of Spain to the United Kingdom would like to clarify that UK nationals who were legally residing in Spain before 1 January 2021, and as such are beneficiaries of the Withdrawal Agreement, can prove their residence status when entering Spain while entry restrictions remain in place by presenting any one of the following documents:
Residence card issued under Article 18.4 of the Withdrawal Agreement (the TIE) – ‘la tarjeta de identidad de extranjero (TIE)’.
Temporary or permanent EU residence certificate (green certificate) – ‘el certificado de registro de ciudadano de la Unión’ (tarjeta verde).
Residence card as a family member of an EU citizen – ‘la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión’.
Receipt of application to exchange an EU residence certificate (green certificate) or residence card as a family member of an EU citizen for the new TIE (residence card issued under Article 18.4 of the Withdrawal Agreement) – ‘el resguardo de expedición de la tarjeta de identidad de extranjero (TIE) o de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión’.
Confirmation of the positive outcome of your residence application from the Immigration Office – ‘la resolución favorable de reconocimiento como beneficiario del Acuerdo de Retirada emitida por la Oficina de Extranjería competente’.
Pese a que el pre-pack no se halla expresamente regulado en nuestra normativa, parece que se incorporará cuando se transponga la Directiva de reestructuraciones.
El Pre-pack concursal es una figura de creación jurisprudencial, actualmente no regulada de manera expresa en nuestra regulación, consistente en el nombramiento de un experto independiente, designado por el Juzgado del futuro concurso, con objeto de que lidere las negociaciones para la venta de una unidad productiva en un momento preconcursal. El objetivo que persigue esta figura es que, una vez declarado el concurso de acreedores, y con el nombramiento formal de Administración Concursal, el profesional pueda instar de manera ágil y rápida esa venta, aprovechando todo lo avanzado en las negociaciones, a la vez que hace uso de las posibilidades legales del concurso para hacer más atractiva la venta.
En España esta figura no se recoge de manera expresa en la normativa vigente por lo que, a la espera de la transposición de la Directiva 2019/1023, y en plena crisis económica derivada de la pandemia, con una moratoria concursal prolongada hasta 31 de diciembre próximo, la práctica ha llevado a la reciente solicitud de su uso en los juzgados de lo mercantil de Barcelona, y a la aceptación por parte de estos, que no se quedaron en su mera aplicación, sino que, incluso, redactaron unas pautas a seguir en futuros casos. Así, en un seminario que celebraron estos jueces de lo mercantil en Barcelona el pasado 20 de enero, emitieron unas directrices, con una serie de criterios que pueden consultarse aquí.
Posteriormente, los juzgados de lo mercantil de Madrid también presentaron su Guía de Buenas Prácticas para la venta de unidades productivas, ciñéndose al artículo 530 del TRLC, y por lo tanto a procedimientos concursales ya iniciados. La diferencia es clara, con respecto a los criterios de Barcelona, que se sitúan en una fase preconcursal.
Les toca ahora el turno a los juzgados de lo mercantil de Baleares, que recientemente han aprobado también su propio protocolo, propugnando un objetivo similar al de las directrices catalanas: “maximizar el precio de venta de los bienes y derechos de las empresas insolventes que no han sido todavía declaradas en concurso de acreedores, con unidad productiva en funcionamiento, evitar la destrucción del tejido empresarial, aprovechar estructuras e instalaciones de pequeño comercio (hostelería, comercio minorista, etc.), conservar el empleo y, con todo ello, conseguir una mejor satisfacción de los acreedores respecto a la que que tendría la venta de la unidad productiva dentro del procedimiento concursal sin haberse acudido a este mecanismo preconcursal, que viene a facilitar y agilizar el proceso con las debidas garantías de publicidad, transparencia, concurrencia y audiencia a los principales interesados: acreedores privilegiados, acreedores públicos y trabajadores, al haber contado el proceso con la supervisión de un experto independiente o administrador en materia de reestructuración (futuro administrador concursal) designado por el Juzgado de lo Mercantil a petición del deudor”.
Quizá, por tratar de compararlo con los criterios de Barcelona, cabría destacar los siguientes puntos de diferencia:
1. En primer lugar, que este nuevo Protocolo no incluye remisión alguna a organismo público de la Comunidad Autónoma, equivalente a la Conselleria d’Industria catalana. Recuérdese que las directrices de Barcelona exigen que la solicitud del pre-pack se acompañe de un justificante de haber cumplimentado debidamente el formulario virtual publicado en el portal del Canal Empresa de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña, a efectos de informar y de publicitar los datos esenciales de las unidades de negocio o activos en situación de crisis empresarial. Además, el solicitante catalán se compromete a informar a los potenciales postores de la existencia de un Registro de interesados donde aquellos podrán inscribirse, en el portal del Canal Empresa de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña:
2. En Barcelona se dice que el inicio del procedimiento se realiza “En el mismo escrito de comunicación al Juzgado Mercantil de la apertura de negociaciones con sus acreedores del art. 583 TRLC o en escrito posterior, dentro de los tres meses siguientes a dicha comunicación”; mientras que en Baleares se habla también de a comunicación por parte del deudor al Juzgado Mercantil de la apertura de negociaciones con sus acreedores del art. 583 TRLC, indicándose que puede solicitarse “en dicho escrito o en escrito posterior, dentro del plazo previsto en dicho precepto”.
3. En la fase concursal, Baleares hace expresa remisión a las reglas de la VUP (art. 218 TRLC), mientras que las directrices de Barcelona se remiten al 530 TRLC. No obstante, en ambos casos se prevé el plazo de 10 días para traslado de las propuestas.
En lo demás, las funciones del “experto independiente o administrador en materia de reestructuración” son prácticamente idénticas a las del protocolo catalán, y consisten en las siguientes funciones:
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“1º. Asistir y supervisar al deudor en la preparación de operaciones tendentes al proceso de búsqueda de inversores y oferentes para articular la futura venta de la Unidad Productiva.
2º. Familiarizarse con el funcionamiento empresarial de la Unidad Productiva. Para la consecución de este objetivo el deudor deberá colaborar facilitando la información de todo tipo que el experto le solicite para el adecuado desarrollo de su función y elaboración de su informe.
3º. Informar a los acreedores del proceso, participando, en su caso, en las negociaciones, especialmente, con los acreedores privilegiados y públicos, así como con los representantes de los trabajadores.
4º. Verificar y supervisar la regularidad, publicidad y transparencia en la preparación de operaciones sobre los activos de la empresa, especialmente garantizando la igualdad de acceso a la misma información y oportunidades entre los potenciales interesados o postores y la justa competencia.
5º. Emitir un informe final de la gestión realizada y, en particular, de las ventas preparadas sobre los activos de la empresa, haciendo constar sus observaciones técnicas sobre el proceso de búsqueda de oferentes e inversores y su valoración sobre la idoneidad de la propuesta de venta realizada por el deudor, incluyendo el precio y las condiciones de pago incluidas en dicha oferta.
Este informe final debería emitirse dentro del plazo de tres meses previsto en los arts. 583 ss. TRLC, a contar desde su nombramiento, salvo causa justificada y previa autorización de prórroga de dicho plazo por parte del Juzgado a petición del experto”.
A la espera de la transposición de la citada Directiva de reestructuraciones, queda por ver si más sedes de juzgados de lo mercantil optarán por esta figura del pre-pack; o lo harán por guías similares a la de las buenas prácticas de ventas de unidades productivas dentro del concurso, como las de Madrid.
El abogado y economista Nicolás Emery, aprovechó el último consultorio jurídico en Radio Calvià FM para, antes de dedicarse al tema principal elegido, hacer una serie de recordatorios importantes a los obligados a presentar declaración en esta campaña de la renta 2020 (perceptores del ingresos mínimo vital, perceptores de ingresos de 2 o más pagadores, en especial los trabajadores que hayan estado en ERTE), así como a todos los empresarios afectados por la pandemia del COVID19 con derecho a solicitar las ayudas para la solvencia aprobadas por el Gobierno, que ya pueden empezarse a tramitarse.
Una vez entrado en el tema principal del día–el IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO– el socio y gerente de @Moya & Emery hizo un repaso genérico de las características de este polémico impuesto, de los obligados a presentar declaración, de los mínimos exento de tributación, de las diferencias y bonificaciones existentes en las distintas comunidades autónomas en nuestro país, y de la necesidad de estar bien asesorado a la hora de presentarlo, etc.
A propuesta de la Vicepresidencia primera del Gobierno junto con los ministerios de Justicia; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Trabajo y Economía Social; para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Sanidad; Derechos Sociales y Agenda 2030; Igualdad; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el RD recoge las medidas destinadas a dar la necesaria cobertura jurídica y social a distintas situaciones de vulnerabilidad derivadas de la situación de crisis sanitaria, económica y social ocasionadas por la pandemia del COVID-19.
MOTIVACIÓN
La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 no solo ha causado una crisis sanitaria, sino que ha provocado una profunda crisis global, económica y social en nuestro país. Por esta razón, el Real Decreto-ley establece medidas de control sanitario de los pasajeros internacionales para prevenir la introducción de vectores de infección por el SARS-CoV-2 y sus variantes.
Asimismo, prorroga medidas de carácter económico y social, que estaban condicionadas al tiempo de vigencia del estado de alarma y que habían sido puestas en marcha para paliar sus efectos negativos sobre el tejido económico y social o específicamente adoptadas para hacer frente a las situaciones de colectivos con especial vulnerabilidad social y económica.
Además, contiene regulaciones que afectan al régimen de autorización o ratificación judicial de las medidas que hayan de adoptarse, cuando impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales, reforzando su eficacia, rapidez y homogeneidad en todo el territorio nacional.
Durante la vigencia y prórroga del estado de alarma, se han adoptado numerosas medidas a su amparo por las autoridades competentes delegadas, cuya vigencia decaerá en el mismo momento que finalice dicha prórroga. No obstante, la mayoría de dichas medidas pueden articularse en el marco definido por la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; quedando sujetas al control jurisdiccional ordinario.
Asimismo, en el tiempo de vigencia del estado de alarma se han reforzado los instrumentos de cooperación entre las autoridades sanitarias, fundamentalmente el debate y adopción de criterios por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el modelo de gobernanza compartida ha permitido adoptar las medidas de prevención a las condiciones que requiere la situación en cada ámbito territorial, y continúa plenamente vigente, al estar definido el mencionado Consejo Interterritorial en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
En consecuencia, se considera que la legislación sanitaria citada, unida a las previsiones contenidas en el resto de la normativa sanitaria, incluida la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, con las modificaciones puntuales introducidas en el presente Real Decreto-ley, constituyen un marco jurídico suficiente y adecuado para dar respuesta a la situación de crisis sanitaria en las actuales circunstancias epidemiológicas y de control de la enfermedad.
REAL DECRETO-LEY
El Real Decreto-ley se estructura en seis capítulos, quince artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
CAPÍTULO I
El Capítulo I establece una serie de medidas urgentes en el ámbito sanitario, relativas al control en los puertos y aeropuertos de los pasajeros que llegan a España. Su objetivo es detectar de manera rápida la presencia de casos importados de COVID-19 que pudieran generar brotes en nuestro país, así como localizar a los contactos estrechos de los casos, y hacer posible la inmediata adopción de las oportunas medidas de control que impidan la difusión incontrolada de la enfermedad.
Para ello, el sistema de información Spain Travel Health- SpTH permitirá la gestión de la verificación de los certificados digitales, que se puedan habilitar en el marco de la Unión Europea. Mejorará la gestión de los flujos de los pasajeros, en base a las comprobaciones realizadas previas al viaje y facilitará la localización de los viajeros sobre los que haya que realizar medidas adicionales a la llegada para disminuir el riego de importación de casos. Resulta a estos efectos prioritaria la máxima colaboración de las agencias de viaje, los operadores turísticos y compañías de transporte aéreo o marítimo.
CAPÍTULO II
El Capítulo II establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal. Se suspende la obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios hasta el 31 de diciembre de 2021, la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual, y, durante el mismo período, o hasta la celebración de la junta correspondiente, se entenderán prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de los órganos de gobierno. También se permite que la junta pueda celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios, y la posible la adopción de acuerdo sin celebración de junta mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática.
CAPÍTULO III
Por su parte, el Capítulo III establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a situaciones de vulnerabilidad económica y social por las que prorrogan por un plazo de 3 meses, medidas adoptadas para dar cobertura a dichas situaciones. Así, se amplía hasta el 9 de agosto de 2021 la garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables, prevista en la disposición adicional 4ª del Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre. También se extiende esta prórroga a los perceptores del bono social.
Se extienden a 3 meses más las medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda, establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, referidas a la suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda. Se amplía la posibilidad de aplicar una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor a aquellos contratos cuyo vencimiento estuviese establecido entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de 2021. También se extiende, hasta esa fecha, la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y se amplían por ese mismo periodo los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Se extiende hasta el 9 de septiembre de 2021 el plazo para que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria, puedan presentar la solicitud de compensación.
CAPÍTULO IV
El Capítulo IV aborda la situación de las víctimas de violencia de género y prorroga por 3 meses la consideración como servicios esenciales de los servicios públicos de información, asesoramiento, teleasistencia, seguimiento por medios telemáticos, asistencia social integral y acogida para víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, establecidos por Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
Además, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán destinar los fondos que les corresponden del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a desarrollar, en su respectivo ámbito competencial, los programas que sean necesarios para garantizar la prevención, asistencia y protección de las víctimas de violencia de género en el contexto específico de vulnerabilidad derivado de las medidas de contención de la pandemia internacional.
CAPÍTULO V
En el Capítulo V se recogen otras medidas extraordinarias de carácter socioeconómico. Se prorroga el plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, de 36 meses a 24 meses más para evitar que la crisis provocada por la pandemia obstaculice su continuidad y su consolidación como fórmula empresarial clave de la economía social y de la generación de empleo. Se minimizan los riesgos ante la pérdida de la calificación de Sociedad Laboral o ante su desaparición.
Además, se flexibiliza de forma extraordinaria y para el periodo que resta de ejercicio presupuestario, el uso del Fondo de Educación y Promoción de las cooperativas. Esta medida permite, siempre de acuerdo con los principios y valores y con los procedimientos de autogestión democrática que caracterizan a las cooperativas, destinar su Fondo de Educación y Promoción a cualquier actividad que ayude a frenar o paliar los efectos de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, bien mediante acciones propias o bien por medio de donaciones a otras entidades, públicas o privadas, o a dotar de liquidez a la cooperativa para garantizar la continuidad de su funcionamiento.
Finalmente, la necesidad de personal sanitario continúa siendo una realidad mientras se prolongue la situación de crisis sanitaria, por lo que resulta imprescindible facilitar a las administraciones públicas la contratación de dicho personal. Por ello, se considera necesario y urgente mantener la vigencia de la medida relativa a la posibilidad de que los profesionales sanitarios jubilados puedan incorporarse voluntariamente a los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades con Estatuto de autonomía, permitiendo la compatibilidad de la jubilación y el desarrollo de profesiones sanitarias sin que se vea mermada la cuantía de la pensión a percibir.
CAPÍTULO VI
El Capítulo VI regula el recurso de casación contra los autos que en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo dicten los tribunales (Tribunales Superiores de Justicia o Audiencia Nacional), cuando autorizan o revisan las medidas que las autoridades sanitarias dicten en el ámbito sanitario. En aquellos casos que dichas medidas limiten o restrinjan derechos fundamentales con el fin de prevenir, contener y limitar la crisis sanitaria derivada de la pandemia, las autoridades sanitarias pueden acordarlas, sometiéndolas a control judicial, tal y como se recoge en la legislación ordinaria. Es la Ley 3/2020, de 18 de septiembre la que atribuyó a las Salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, la competente para conocer de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas.
El RD prevé la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo dichas decisiones, a fin de garantizar la coherencia del sistema y mejorar la seguridad jurídica. La nueva regulación del recurso de casación hará posible que la tramitación y resolución de estos recursos sea sencilla, ágil, en breve plazo y tenga carácter preferente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que podrá fijar jurisprudencia sobre las cuestiones suscitadas en estos procedimientos de autorización y ratificación judicial de las medidas sanitarias restrictivas o limitativas de derechos fundamentales. De esta manera, se hace posible la aplicación uniforme de dicho marco normativo en todo el territorio nacional.
El Govern de les Illes Balears, a través del Institut Balear de Seguritat i Salut Laboral, ha puesto a disposición de los interesados las siguientes GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS FRENTE A LA COVID19, por un lado, para HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS y, por otro, para el sector de la RESTAURACIÓN. Desde Moya & Emery te acercamos estos documentos, en los que se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas de contención adecuadas para garantizar la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras ante la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en la hostelería y la restauración. Sólo tienes hacer clic en los enlaces más abajo para acceder a las guías en formato PDF:
Guía de buenas prácticas preventivas para hacer frente a la covid19 (Sars-CoV-2) de ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN Y SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (en castellano y catalán).
Guía de buenas prácticas preventivas para hacer frente a la covid19 (Sars-CoV-2) de HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS (en castellano y catalán).
Atentas aquellas personas que se encuentren desempleadas y que tengan más de 52 años, porque si cumplen una serie de requisitos a los que haremos mención en el presente artículo, pueden acceder a un subsidio especial no contributivo durante el presente año, un año complejo y repleto de incertidumbre debido a la crisis socio sanitaria derivada de la Covid-19.
Y es que muchas han sido las personas que se han visto abocadas a una situación compleja debido a esta pandemia ya sea porque no se han podido incorporar a su puesto de trabajo, ya sea porque se han visto afectados por un ERTE o directamente porque han perdido ese trabajo.
Es por eso que, mediante el presente artículo, se quiere informar de cómo el colectivo de mayores de 52 años puede acceder a una pequeña ayuda, como es este subsidio especial, cuya cuantía se ha incrementado con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado a los 564,90 €/mes.
Este subsidio está destinado, como se ha avanzado, a personas mayores de 52 años que se encuentren en situación de desempleo y cuya duración, siempre y cuando el beneficiario sigua cumpliendo los requisitos para tener acceso al mismo, se extiende hasta la edad de jubilación requerida para poder solicitar la pensión contributiva.
¿Y cuáles son los requisitos concretos que exige el SEPE para acceder a este subsidio?
Encontrarse en situación de desempleo.
Tener 52 años o más, pero no teniendo la edad mínima exigida para jubilarse, puesto que en ese caso se deberá optar por dicha pensión.
No ser fijo discontinuo.
Estar inscrito como demandante de empleo al solicitarse dicho subsidio. En este sentido, tiene un mes para inscribirse tras el fin de la prestación contributiva de desempleo (paro) y debe permanecer inscrito mientras se percibe dicho subsidio.
Fijar un compromiso de actividad.
No contar con ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (712,50€), excluyéndose las 2 pagas extraordinarias.
Tener un periodo cotizado de mínimo 15 años, habiendo cotizado mínimo 2 en los 15 últimos años anteriores a la solicitud del subsidio y al menos 6 años al desempleo durante la carrera laboral.
¿Cómo puede solicitarse dicho subsidio?
En caso de ser una persona que ya recibe dicho subsidio debe tener en cuenta que se debe renovar cada 6 meses, ¿y cómo debe hacerlo?
Existen esencialmente 3 vías:
Presencialmente: pidiéndose cita previa, se deberá rellenar el formulario de renovación y entregarlo en el registro público y oficina de prestaciones más cercana al domicilio.
Telemáticamente (vía preferente debido a las restricciones y necesidad de solicitar cita previa en los organismos públicos): mediante la página web del SEPE se poder renovar automáticamente siempre que se cuente con certificado digital.
Correo administrativo.
En el caso de ser la primera vez que se solicita dicho subsidio, también podrá hacerse dicha solicitud mediante las vías anteriormente descritas, debiéndose además de rellenar el correspondiente formulario, entregar todos aquellos documentos requeridos por el SEPE en aras a comprobar el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos. Recuerde que, para cualquier duda, consulta o para la tramitación de este subsidio, tiene usted a los profesionales de Moya&Emery a su disposición por cualquiera de los medios de contacto que le exponemos a continuación:
Finalizado ya el período transitorio del Brexit acordado por la UE y el Reino Unido te pueden haber surgido preguntas y dudas en materia laboral (contratación de británicos) y tributaria que el abogado y economista Nicolás Emery trató de abordar y darles respuesta en el último consultorio jurídico de Radio Calvià FM:
• ¿Qué hay que hacer para contratar a un trabajador británico? • ¿Qué requisitos debe cumplir un empresario para poder contratar a un trabajador extranjero? • ¿Cuáles son los trámites necesarios para ello? • ¿Qué situaciones influyen en la contratación de extranjeros? La estancia por estudios, investigación o práctica y la situación de residencia. Procedimientos específicos según otras circunstancias, como la nacionalidad. • El régimen especial de viajeros (no comunitarios) y la devolución del IVA de los productos adquiridos en el viaje. El recargo de equivalencia.
Cabe advertir que, tal y como se detalla a continuación, si bien la LSC impone una serie de obligaciones a los órganos de administración de dichas sociedades, no siempre establece un régimen sancionador para el incumplimiento de cada una de ellas. A mayor abundamiento, el régimen sancionador que, hasta ahora, establecía la LSC, era bastante impreciso, lo que en la práctica se traducía en su inaplicación por parte de las autoridades competentes.
La principal obligación de una sociedad de capital es, sin lugar a duda, el depósito de las cuentas anuales, y así se desprende de la propia LSC con la configuración del régimen sancionador derivado de su incumplimiento.
En este sentido, de conformidad con el artículo 253 de la LSC, los administradores de una sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado. Continua el artículo 164 de la LSC disponiendo que la junta general ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para aprobar las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Finalmente, el artículo 279 de la LSC, establece que el órgano de administración deberá presentar las cuentas anuales, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, dentro del mes siguiente a la aprobación de las mismas.
A pesar de que la formulación, la obligación y el depósito de las cuentas anuales son la obligación por excelencia de toda sociedad, existe otra que merecen ser nombrada: la legalización del libro de actas y del libro registro de socios.
Según el artículo 26 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio, las sociedades mercantiles deben llevar un libro de actas en el que consten todos los acuerdos tomados por las juntas generales y demás órganos colegiados. Por su parte, los artículos 104 y 116 de la LSC establecen la obligación de las sociedades de llevar un libro registro de socios o, en su caso, accionistas.
Por lo que respecta a las consecuencias del incumplimiento de tales obligaciones, éstas varían según el caso. En cuanto a las cuentas anuales, esto es, el incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositarlas dentro del plazo establecido provoca dos consecuencias directas:
cierre de la hoja registral (artículo 282 LSC); e
imposición de multa (artículo 283 LSC).
El cierre registral da lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a una sociedad mientras el incumplimiento persista, aunque existen ciertas excepciones al respecto. No obstante, el cierre registral por falta de depósito de cuentas no se produce al día siguiente de la fecha límite para depositar las cuentas, sino que, de acuerdo con el artículo 378 del RRM, tiene lugar transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social.
En lo referente a las multas, el importa mínimo de la sanción se establece en 1.200 euros, pudiendo llegar a imponerse sanciones de hasta 300.000 euros en función del volumen de facturación anual.
En cambio, la no legalización de los libros obligatorios no tiene una consecuencia directa per se. Los problemas con el incumplimiento de esta obligación se presentarían en un escenario completamente diferente. Si bien es cierto que no existe una sanción económica, la legalización de los libros tiene valor probatorio internamente y frente a terceros, organismos públicos y tribunales. Si los libros no han sido legalizados, su contenido carece de valor probatorio y eso podría generar un conflicto en situaciones litigiosas como, por ejemplo, en el seno de un concurso de acreedores.
En cualquier caso, y como se adelantaba al inicio, el Ministerio ha aprobado un real decreto en virtud del cual ha precisado la regulación del régimen sancionador aplicable al incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas en el Registro Mercantil. En concreto, la Disposición Adicional Undécima ha fijado los criterios para la imposición de las sanciones por el incumplimiento de la citada obligación. De conformidad con el Reglamento, los criterios para determinar el importe de la sanción serán los siguientes:
La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento.
En vista de cuanto antecede y bajo la premisa de una sociedad cuyo ejercicio social coincide con el año natural (de 1 de enero a 31 de diciembre), los plazos máximos para realizar las obligaciones descritas en los párrafos anteriores serían los siguientes: para la formulación de las cuentas anuales el 31 de marzo; para la aprobación de cuentas el 30 de junio; para el depósito el 30 de julio; para la legalización de libro el 30 de abril; y para el cierre de hoja registral el 31 de diciembre.
Sin embargo, y como es bien sabido, el año pasado, con motivo de la crisis del COVID-19, el Gobierno español aprobó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Dicha disposición legal incluyó un paquete de medidas extraordinarias dirigidas a las personas jurídicas, con especial atención a las sociedades de capital, al objeto de facilitar el cumplimiento por parte de estas entidades de las obligaciones de formulación, aprobación y depósito de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2019. Sin entrar a analizar a fondo el Real Decreto-Ley, ya que en breves dejara de tener efectos prácticos, dicha norma extendió los siguientes plazos para las obligaciones relativas al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2019: para la formulación de cuentas anuales el 31 de agosto de 2020; para la aprobación de cuentas el 31 de octubre de 2020; para el depósito de cuentas el 30 de noviembre de 2020; para la legalización de libros el 30 de septiembre de 2020; y para el cierre de hoja registral el 31 de mayo de 2021.
De lo anterior se deduce que, si bien las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 ya deberían estar formuladas, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil correspondiente, en caso de que una sociedad no hubiera dado cumplimento a dichas obligaciones, aun tendría la hoja registral abierta y, por tanto, podría inscribir actos en el Registro Mercantil. No obstante, para aquellas sociedades que aún no hayan depositado las cuentas anuales relativas al ejercicio 2019, téngase en cuenta que el mes que viene el Registro Mercantil procederá a cerrar la hoja registral, con todas las consecuencias descritas anteriormente.
En cualquier caso, y por lo que respecta a la imposición de multas, es importante tener en cuenta que, si bien el incumplimiento se entiende desde el momento en que finaliza el plazo para depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil y no con el cierre de la hoja registral de la sociedad, nótese que la manera más eficaz que tienen las autoridades para detectar dicho incumplimiento por parte de una sociedad es con el cierre de la hoja registral de la misma.
Por tanto, y sin perjuicio de que se puedan llegar a dar supuestos de sanción en sociedades cuya hoja registral aún no haya sido cerrada, es de vital importancia que las sociedades que aún no hayan depositado las cuentas anuales del ejercicio 2019, lo hagan antes de 31 de mayo de 2021, ya que con la entrada en vigor del Reglamento es de esperar que las autoridades intensifiquen su actividad sancionadora a este respecto.
Marta Marina
Abogada especializada en Derecho de la empresa y Derecho inmobiliario en Moya & Emery
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La Campaña de la RENTA 2020 ha generado muchas dudas en los contribuyentes y obligados a presentar la declaración del IRPF, especialmente por los efectos de la pandemia del Covid19 que ha deparado para muchos trabajadores su inclusión un ERTE, los cuales, al recibir prestaciones por parte del SEPE, habrán tenido en el ejercicio más de un pagador (su empresa, por un lado, y el SEPE, por otro). Estos trabajadores, muy probablemente, deberán hacer una declaración de renta que les saldrá a pagar.
El abogado y economista Nicolás Emery trató de explicar de forma accesible y didáctica a la audiencia de Ràdio Calvià FM todas las novedades de la campaña de la RENTA 2020 e hizo por dar respuesta a las dudas más habituales suscitadas. Comentó los hitos fundamentales del calendario de la RENTA 2020, las principales novedades del IRPF en esta campaña, dio respuesta a qué ocurre si el trabajador ha tenido dos pagadores (ERTE / empleador en su trabajo habitual), si se ha cobrado la ayuda o prestación extraordinaria por cese de actividad, si se ha realizado una reinversión por venta de vivienda habitual, si se ha cobrado el ingreso mínimo vital, además de hablar las deducciones más habituales y también del aplazamiento de pago del impuesto aprobado de manera especial para los trabajadores en ERTE.
Por si fueran pocas las obligaciones de autónomos y empresas, y como si la Inspección de Trabajo no tuviera ya una enorme carga de trabajo y múltiples aspectos que vigilar con respecto a las mismas – registro horario, fraude en los ERTES, etc.–, desde la pasada semana ha venido a sumarse a la lista una obligación más: el registro salarial.
El registro salarial de la empresa consiste en un documento en el que se deben recoger los salarios de los trabajadores y trabajadoras, el cual tiene como objetivo demostrar que, ante un mismo puesto de trabajo, un trabajador –con independencia de si se es mujer o hombre– cobra lo mismo. La norma que recoge la obligatoriedad de llevar a cabo ese registro salarial entró en vigor hace escasos días, el pasado 14 de abril: el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
Por lo que se refiere a los afectados con esta nueva obligación, se ha de tener en cuenta que la llevanza del registro salarial afectada a todos los autónomos y empresas, independientemente de su tamaño y siempre que tengan más de 1 trabajador para de esta manera, poder tener un factor comparativo.
En este punto, es importante indicar que en este registro deberán aparecer todos los trabajadores que formen parte de la plantilla empresarial incluido el personal directivo y los altos cargos. Se trata, por tanto, de poder analizar con dicho registro de manera rápida y sencilla las potenciales desigualdades salariales entre la masa laboral de una empresa que ostenten al mismo o similar cargo o categoría
Si bien es cierto que se pondrá quizás mayor atención en las empresas que cuenten con plantillas más voluminosas (empresas con 50 o más trabajadores), ya que es donde es más difícil detectar diferencias salariales injustificadas y discriminatorias, que no se despisten las pequeñas empresas y negocios que también puede ser inspeccionadas por ello.
El objetivo que persigue esta normativa es claro: el establecer la obligación de llevar un registro salarial busca acabar o reducir la brecha salarial y desigualdades que hay entre hombres y mujeres en el mercado laboral y que las empresas cumplan con sus planes de Igualdad, independientemente de su tamaño. En este punto es importante recordar, que las empresas que están obligadas a disponer de un plan de igualdad son las que cuenten con una plantilla de 50 o más trabajadores.
En el caso de que en el registro salarial se encuentren diferencias diferencias salariales de un 25% o más entre trabajadores y trabajadoras que ocupen el mismo puesto de trabajo, deberá justificarse objetivamente, probando que dichas diferencias no se deben al sexo del trabajador, sino que quedan justificadas sobre la base de otros motivos legítimos (por ejemplo, la antigüedad del trabajador).
En cuanto a la periodicidad con la que se tendrá que llevar a cabo este registro salarial, la norma establece que, con carácter general, el registro de salarios se elaborará anualmente, sin perjuicio de que las posibles modificaciones sustanciales que se den en la empresa con respecto a los salarios aconsejen la elaboración del registro en lapsos de tiempo más breves.
Llegados a este punto, es importante advertir que aquellos que no cumplan con la obligación de llevar a cabo este registro salarial o no accedan a informar a los representantes de los trabajadores de su contenido y cambios, se entenderá que incurren en una infracción de carácter grave según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden laboral (LISOS), y que puede sancionarse con multas de entre 626€ a 6.250€.
En el caso de que, además de no cumplir con la llevanza del registro salarial, sean detectadas discriminaciones salariales por razón de sexo, se entenderá que los incumplidores incurren en una infracción de caráctermuy grave según la LISOS, que puede sancionarse con multas de entre 6.251€ a 187.515€.
Otro aspecto que tomar en consideración es que los trabajadores podrán acceder a estos registros a través de sus representantes, quienes tendrán un acceso íntegro al registro salarial y deberán ser informados de su contenido o de cualquier cambio con carácter previo, concretamente 10 días. En el caso de que la empresa no cuente con representación de los trabajadores, será el trabajador el que podrá acceder a dicho registro, pero no de forma íntegra, sino únicamente a los valores medios de los conceptos que incluye dicho registro, dado que no puedo ofrecerse información personal de otros trabajadores de acuerdo con la Ley de Protección de Datos.
Finalmente, en el mentado registro salarial se deberán incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y percepciones extrasalariales de la plantilla, desglosándose por sexo e indicando correctamente la media aritmética y mediana de lo que realmente se perciba en bruto anual por cada uno de los conceptos referenciados y por cada grupo profesional, nivel, puesto de trabajo o cualquier otro sistema de clasificación que use la empresa.
Sin dudar de que la medida pueda ayudar de formar efectiva a paliar la brecha salarial entre hombre y mujeres, no me queda más que lanzar desde esta tribuna el aviso a los navegantes, léase empresarios: la Inspección de Trabajo tiene otro agujero más por el que colarse en su empresa para escudriñarle (inspeccionar) y multarle (sancionar) si no cumple con la obligación de llevar a cabo un registro de los salarios y otras obligaciones en materia de igualdad.
Marga de Matos
Abogada especializada en Derecho laboral en Moya & Emery
Por si no fueran pocas las obligaciones de autónomos y empresas, desde el pasado día 14 de abril se ha unido una más que debes conocer y llevar a cabo: el REGISTRO SALARIAL.
¿En qué consiste el registro salarial?
¿Cuál es el objetivo de instaurar este registro salarial?
¿A partir de cuándo es obligatorio tener dicho registro?
¿Quiénes están obligados a cumplimentarlo?
¿Con qué periodicidad se debe elaborar este registro salarial?
¿Qué colectivos de trabajadores se verán afectados por este registro salarial?
¿Cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo ese registro salarial o no justificar las diferencias detectadas en él?
¿Qué elementos debe contener el registro salarial?
Escucha la entrevista a la abogada especialista en Derecho laboral, Marga de Matos y encuentra respuesta a todas las preguntas acerca del nuevo registro salarial. Y si todavía te queda alguna, llámanos y concierta una cita con Moya & Emery.
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que hayan estado trabajando normalmente pero también recibido prestaciones del SEPE derivadas de su inclusión en un expediente de regulación temporal de empleo -ERTE- durante el año pasado, pueden verse obligados a presentar la declaración de la renta, dado que habrán tenido dos pagadores distintos. La obligación legal de presentar declaración de renta en caso de dos o más pagadores queda fijada por ley en 14.000 euros siempre que del segundo pagador se haya recibido una cantidad superior a 1.500 euros.
Si tenemos en cuenta que las retenciones efectuadas a los trabajadores sobre las cantidades percibidas como prestaciones de parte del SEPE han sido por regla general bajas y casi mínimas, muchos de los obligados a declarar que se encuentren en el supuesto señalado tendrán una declaración con resultado a ingresar. La obligación de acometer el pago del impuesto, en un año en que los ingresos de las familias se han visto mermados debido a los efectos económicos adversos de la pandemia del Covid-19, puede resultar muy dificultoso.
Es por ello que la Orden ministerial HAC/320/2021 ha venido a permitir la posibilidad de fraccionar el pago del IRPF para los contribuyentes que hubieran estado en ERTE en 2020, una medida más, en la senda de otras aprobadas, que facilita el fraccionamiento de deudas tributarias para tratar de mitigar la falta de liquidez de los administrados traída por el coronavirus.
¿Qué requisitos deben cumplirse para poder acceder al fraccionamiento extraordinario?
Durante el año 2020 el contribuyente de IRPF –él o un miembro de la unidad familiar en caso de tributación conjunta– debe haber sido incluido en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.
El contribuyente debe haber recibido cualquier tipo de prestación por ello.
La cuota resultante en la declaración de IRPF del interesado en fraccionar debe resultar a ingresar, en la modalidad de tributación individual o la conjunta porque hubiera optado.
¿Existen limitaciones para optar a este fraccionamiento?
¿Cuáles son los límites económicos del fraccionamiento?
En ningún caso podrá exceder de 30.000 euros el importe, en conjunto, pendiente de pago por parte del solicitante, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, de las deudas de derecho público gestionadas por la AEAT y la Hacienda Pública Estatal, incluida la deuda por IRPF 2020.
A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.
Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del órgano de recaudación competente, sin que sea precisa la consulta a otros órganos u organismos a efectos de determinar el conjunto de las mismas. No obstante, los órganos competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas acumulables que, no constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u organismos.
¿Cuándo debe ser solicitado el fraccionamiento?
Puede solicitarse el fraccionamiento si la declaración del IRPF se presenta dentro del plazo voluntario de autoliquidación e ingreso, sin que pueda fraccionarse el ingreso derivado de autoliquidaciones complementarias presentadas con posterioridad al 30 de junio de 2021.
¿Cuáles serán las fracciones del pago y qué otros caracteres, condiciones e incompatibilidades implica el fraccionamiento extraordinario?
El pago para el que se solicita fraccionamiento será efectuado en 6 fracciones, que tendrán vencimiento los días 20 de cada mes, teniendo lugar el pago de la primera fracción el día 20 de julio de 2021.
Con este fraccionamiento no se devengan intereses de demorani es preciso la aportación de garantías de ningún tipo.
El fraccionamiento extraordinario de la Orden HAC/320/2021, no es compatible con:
Este mecanismo de fraccionamiento extraordinario es de carácter opcional para los contribuyentes, por tanto, su concesión dependerá de que el interesado lo solicite y, en su caso, acredite las condiciones para que le sea aprobado en su caso.
Si tienes dudas sobre si puedes cumples los requisitos para solicitar el fraccionamiento extraordinario en el pago de la renta 2020 o si puedes solicitar cualquier otro de los aplazamientos de pago de impuestos y deudas tributarias dispuestos por nuestra normativa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros:
La pasada semana, Nicolás Emery participó en directo en los informativos de Ràdio Calvià FM a raíz del inicio de la CAMPAÑA DE LA RENTA 2020, y, como en el resto de ocasiones en que ha acudido a los medios de comunicación, ha dado las pautas clave a los oyentes para la confección y presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF.
Recuerda que puedes pedir CITA PREVIA con Moya & Emery a través del correo info@moyaemery.com para que solventemos tus dudas y recibas todo el asesoramiento necesario sobre el impuesto sobre la Renta.
Con motivo del inicio hace escasos días de la campaña de la Renta 2020, la Seguridad Social, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha iniciado una campaña para informar a los contribuyentes beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), dado que se trata del primer ejercicio de IRPF desde la aprobación esta prestación a principios de junio de 2020 (mediante el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital), en que se especificó la obligación, tanto para los beneficiarios del IMV como para los integrantes de su unidad de convivencia, de presentar esta declaración fiscal, con independencia del nivel de ingresos de sus beneficiarios.
En concreto, la Agencia Tributaria ha comenzado a informar a estos contribuyentes, para quienes estima que, en la gran mayoría de supuestos, la declaración que tendrán que realizar será muy sencilla, puesto que no tendrán que incluir ingresos y por tanto su cuota será cero, es decir, ni tendrán que ingresar, ni les tendrán que devolver.
En el documento adjunto, laborado por la Agencia Tributaria, encontrará una guía de recomendaciones e información explicativa (haz clic aquí para abrir el pdf), para facilitar la presentación de la declaración para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.
En Moya & Emery le ayudamos confeccionar su declaración de renta año 2020. Pida CITA PREVIA con nosotros a través de estos teléfonos 971132359 – 971728010.
Con motivo del inicio de la CAMPAÑA DE LA RENTA 2020, el economista y abogado de Moya y Emery Nicolás Emery ha sido invitado a IB3 Ràdio y, en los micrófonos del programa #Múltiplex, ha abordado todas las claves y novedades para la correcta presentación del impuesto.
Recuerda que puedes pedir CITA PREVIA con Moya & Emery a través del correo info@moyaemery.com para que solventemos tus dudas y recibas todo el asesoramiento necesario sobre el impuesto sobre la Renta.
Neus Lafuente, asesora jurídica en materia mercantil y contractual de Moya & Emery, en el consultorio jurídico de Ràdio Calvia Fm, sobre las últimas novedades en relación a las CLÁUSULAS BANCARIAS ABUSIVAS en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria y otros productos financieros, tratando los siguientes temas:
• ¿Qué es una cláusula abusiva en un contrato? • ¿Cuáles son las consecuencias de insertarlas en un contrato? • Algunos ejemplos de las que más pueden interesarte. • La prescripción de los gastos de hipoteca y comisiones de hipoteca (IRPH) • ¿Cuál es la tendencia actual de los tribunales? • ¿Qué se puede recuperar de los gastos de hipoteca? • ¿Qué se puede recuperar si tenías IRPH? • ¿Cómo reclamar?
Lo que hasta ahora era una cláusula jurídica contractual prácticamente inutilizada y olvidada, la denominada rebus sic stantibus, se ha convertido en la esperanza de muchas familias y, especialmente, de empresarios con contratos de arrendamiento vigentes a quienes, debido a la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 y la consecuente paralización económica, les es imposible hacer frente a las rentas negociadas previamente al coronavirus.
Y, precisamente, esa es la clave de esta construcción doctrinal de una cláusula que se traduce literalmente del latín como “estando así las cosas” y que implica que las estipulaciones recogidas en los contratos tienen en cuenta las circunstancias que concurren en el momento de su firma o celebración, si bien, cualquier alteración sustancial de esas circunstancias iniciales puede dar lugar a la modificación de dichas estipulaciones contractuales iniciales.
Sobre la base de esta cláusula, la jurisprudencia española permite –en los casos de imposibilidad sobrevenida de cumplir el contrato con motivo de la imprevisibilidaddel cambio de las circunstancias– la modificación de los términos en que fue inicialmente pactado un contrato. Esta posibilidad de cambiar los términos pactados se fundamenta en que, en caso contrario, se podrían estar vulnerando los principios jurídicos de la equidad y la buena fe, de ahí que pueda derivar en una modificación de las obligaciones inicialmente asumidas por las partes, como puede ser el pago de la renta. La cláusula viene a ser una corrección y contraposición del principio jurídico histórico pacta sunt servanda, que establece que los pactos deben cumplirse en los términos convenidos.
Al ser fundamentalmente una construcción doctrinal y jurisprudencial, son en último término los Tribunales quienes están estableciendo los requisitos para aplicación de la cláusula rebussic stantibus, si bien no existen una lista tasada o estándares de aplicación. En todo caso, los principales criterios para su aplicación son:
Que se produzca una alteración extraordinaria de las circunstancias en que se pactó el contrato la cual suponga un cambio radical de la base fáctica del contrato.
Que exista una desproporción entre las prestaciones de ambas partes del contrato, es decir, que las bases del negocio jurídico-contractual se hayan alterado de tal forma que supongan una ruptura total de los términos de reciprocidad y equivalencia entre las prestaciones en los que el contrato se perfeccionó.
La causa de desproporción debe ser calificada como imprevisible y ninguna de las dos partes podría haberla tenido en cuenta a la hora de perfeccionarse el contrato. Además, los efectos no pueden ser imputables a la parte perjudicada.
No puede existir otro remedio o pacto para conseguir el reequilibrio. Y se debe acreditar que la nueva situación ha generado un desequilibrio en las obligaciones de ambas partes, como podría ser el caso de negocios que han tenido que permanecer cerrados al público por imperativo legal, pero que sin embargo se les ha mantenido la obligación de pago de la renta.
En base a la Sentencia del Tribunal Supremo 5/2019 de 9 de enero de 2019, la imprevisibilidad es la clave para determinar si procede o no la aplicación de esta cláusula, y difícilmente una pandemia mundial pueda ser mejor ejemplo de situación imprevisible e inevitable.
Rigiéndose por estos criterios, se han dictado las primeras resoluciones judiciales en las que se modifican sustancialmente las condiciones del contrato inicialmente pactado, como son:
La dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 81 de Madrid, con fecha del 25 de septiembre de 2020, en el que por Auto se acuerda la adopción de medidas cautelares con aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. En este caso, el arrendatario de un local, concretamente una discoteca, cuya apertura no se le permite desde la declaración del Estado de alarma, solicitó la suspensión del pago de la renta hasta la reapertura de la misma y esa petición fue denegada por el arrendador alegando la obligación del cumplimiento de los pactos. Sin embargo, el Magistrado entendió que la prohibición de apertura de los establecimientos debido al Estado de alarma no puede ser considerado como un incumplimiento del arrendatario. Por lo que resolvió que “mientras estén así las cosas” se suspende el pago de la renta pactada teniendo que pagar únicamente los gastos comunes del local mientras no pueda retomar la actividad; además, también falló que una vez se le permita abrir únicamente deberá pagar la mitad de lo pactado hasta que se celebre el juicio.
Algo parecido ocurre con la resolución 1/2021, 8 de enero, del Juzgado de Primera Instancia 20 de Barcelona en el que rebajan al arrendatario, dedicado a la hostelería, la renta en un 50%.
De igual forma, el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 14 e Palma de Mallorca, en el que se exenta al arrendatario, FERGUS HOTELES, de abonar la renta hasta que transcurra un año desde que presentó su demanda.
Todas las resoluciones judiciales citadas se fundamentan en el mismo argumento: la disminución drástica e involuntaria de los ingresos a consecuencia de las restricciones impuestas frente al COVID19. Es por ello que, teniendo en cuenta la situación actual, estas decisiones judiciales son probablemente las primeras de muchas otras resoluciones que discurrirán en el mismo sentido.
La presidenta Armengol anuncia que los autónomos que declaran por módulos serán los primeros en cobrar y recibirán el máximo previsto de 3.000 euros
La Comisión de Seguimiento del Pacto para la Reactivación y la Diversificación Económica y Social de las Illes Balears ha compartido varias cuestiones referentes a la gestión y al pago de las ayudas directas a las empresas de las Illes Balears que se podrán acoger a la convocatoria que hará el Govern para conceder los 855 millones de euros asignados a la comunidad autónoma en el reparto del fondo estatal de 7.000 millones.
La presidenta del Govern, Francina Armengol ha anunciado que los autónomos que declaran por módulos recibirán el máximo permitido que está establecido en 3.000 euros. Además, serán los primeros en cobrar las ayudas: “esta será la ayuda más rápida, puesto que es la que menos tramitación necesita”, ha dicho Armengol.
Así mismo, la presidenta también ha transmitido un mensaje de tranquilidad al decir que “todas las empresas que se presenten a la convocatoria y que cumplan los requisitos que marca el Real decreto ley tendrán su ayuda”.
Por lo tanto, ha explicado la presidenta, la concesión “no irá por orden de entrada,
