El pasado 30 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó ampliar ciertas medidas con las que se pretende ayudar a los profesionales y empresas que pidieron créditos con aval estatal durante la pandemia a sortear la crisis, otorgándoles más tiempo para cumplir con las obligaciones financieras. Se trata de:
Una extensión de los plazos de solicitud de avales públicos,
Un aumento del límite máximo de acumulación de ayudas por beneficiario hasta los 2,3 millones de euros (antes limitadas a 1,8 millones)
Una ampliación de las medidas de refuerzo de la solvencia contenidas en el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes (de entidades financieras) con financiación avalada, previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19
Así, desde el 1 de diciembre de 2021 hasta junio de 2022 cabrá la posibilidad de negociar tanto la ampliación del periodo de amortización de los préstamos como la conversión del préstamo con aval público en participativo. Además, desde el 1 de diciembre de 2022 a junio de 2023 cabrá la posibilidad de solicitar transferencias directas para la reducción del principal.
Puedes consultar la norma, publicada en el BOE, que aprueba estas medidas a través de este enlace, aquí. Y no dudes en pedir cita en cualquiera de las oficinas de Moya&Emery -Palma o Calvià- para recibir asesoramiento sobre ayudas estatales o autónomicas disponibles, así como de las distintas formas de financiar tu empresa o negocio.
Es posible en determinados casos y para ello el trabajador tendrá que acogerse a la concreta modalidad de jubilación anticipada derivada del cese no voluntario en el trabajo, que tiene como requisito haber sufrido un despido. Ello, junto con otros requisitos, permitiría al trabajador adelantar la jubilación ordinaria hasta en 4 años hasta los 61 años, siempre que se acredite la cotización necesaria mínima, fijada en 37 años y 3 meses cotizados.
Debe tenerse en cuenta que a partir de 2022, con los cambios en la edad de jubilación previstos, los cómputos variarán, dado que la edad ordinaria para la jubilación se fijará en los 65 años para los trabajadores con 37 años y seis meses cotizados (3 meses más), y será de 66 años y dos meses para el resto (2 meses más).
El despido requisito de una jubilación anticipada debe traer cuenta de una situación de reestructuración empresarial. Además, será preciso que el trabajador conste inscrito como demandante de empleo un mínimo de 6 meses con anterioridad a solicitar la prejubilación.
El trabajador que se plantee acogerse a cualquiera de los tipos de jubilación anticipada debe tener en cuenta que la pensión resultará recortada en función de los años cotizados y del adelanto temporal solicitado, por ello conviene hacer bien los cálculos.
Si quieres saber más acerca de este tema, lee a continuación toda la información que Seguridad Social pone a tu disposición:
A partir de 17-03-2013, se establece esta nueva modalidad de jubilación anticipada que será aplicable a los hechos causantes producidos a partir de dicha fecha, salvo en los casos en que resulte de aplicación lo establecido en la disposición final 12.2 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Podrán acceder a esta modalidad de jubilación anticipada los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos:
Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad exigida que en cada caso resulte de aplicación, sin que a estos efectos resulten de aplicación las bonificaciones de edad, de las que puedan beneficiarse los trabajadores de algunos sectores profesionales por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y las personas con discapacidad igual o superior al 45% o al 65%.
Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo de, al menos, seismeses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación (situación asimilada al alta).
Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de:
33 años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias ni el abono de años y días de cotización por cotizaciones anteriores a 1-1-67. A estos exclusivos efectos, sólo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
Del período de cotización, al menos 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o al momento en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar.
En el caso de trabajadores incluidos en el Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, a efectos de acreditar el período mínimo de cotización efectiva (33 años), será necesario que, en los últimos 10 años años cotizados, al menos 6 correspondan a períodos de actividad efectiva en este sistema especial. A estos efectos, se computarán también los períodos de percepción de prestaciones por desempleo de nivel contributivo en este sistema especial.
En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, para acreditar el período mínimo de cotización de 33 años, se aplicarán, a partir de 04-08-2013, las reglas establecidas en el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto.
Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral. A estos efectos, las causas de extinción del contrato de trabajo que podrán dar derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada serán las siguientes:
El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (ET).
El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 52.c) del ET.
La extinción del contrato por resolución judicial, conforme al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 del ET, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante.
La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del ET.
La cuantía de la pensión se determina aplicando a la base reguladora el porcentaje general que corresponda en función de los años cotizados y el coeficiente reductor que corresponda.
La cuantía que resulte será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación, de los siguientes coeficientes en función del período de cotización acreditado:
Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses.
Coeficiente del 1,750 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses.
Coeficiente del 1,625 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.
Coeficiente del 1,500 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.
A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de aplicación.
Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que se equipare a un período la fracción del mismo.
Límite de la cuantía:
Una vez aplicados los referidos coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la cuantía que resulte de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 por 100 por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.
El coeficiente del 0,50 por 100 a que se refiere el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes supuestos:
Cuando se trate de jubilaciones causadas al amparo de lo establecido en la norma 2ª del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social.
En los casos de jubilaciones anticipadas, en relación con los grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, o se refieran a personas con discapacidad.
Tener 61 años de edad real. A tal efecto, no serán de aplicación las bonificaciones de edad, de las que puedan beneficiarse los trabajadores de algunos sectores profesionales por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y las personas con discapacidad igual o superior al 45% o al 65%.
Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de:
30 años (se computará como cotizado a la Seguridad Social el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año) sin que se tenga en cuenta, a tales efectos, la parte proporcional por pagas extraordinarias ni el abono de años y días de cotización por cotizaciones anteriores a 1-1-67.
Del período de cotización, al menos 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o al momento en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar.
En el caso de trabajadores incluidos en el Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, a efectos de acreditar el período mínimo de cotización efectiva (30 años), será necesario que, en los últimos 10 años años cotizados, al menos 6 correspondan a períodos de actividad efectiva en este sistema especial. A estos efectos, se computarán también los períodos de percepción de prestaciones por desempleo de nivel contributivo en este sistema especial.
En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, para acreditar el período mínimo de cotización de 30 años, se aplicarán, a partir de 04-08-2013, las reglas establecidas en el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto.
Encontrarse inscritos, como demandantes de empleo, en las oficinas del servicio público de empleo, durante un plazo de, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de jubilación. No obstará al cumplimiento de este requisito la simultaneidad de la inscripción señalada con la realización de una actividad por cuenta propia o ajena, siempre que dicha actividad sea compatible con la inscripción como demandante de empleo, según la legislación vigente.
Que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se haya producido por causa imputable a la libre voluntad del trabajador. A tales efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decide poner fin a la misma. Se considerará en todo caso que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria, cuando la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 267,1 a) de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).
Los requisitos de encontrarse inscrito en las oficinas de empleo durante, al menos, 6 meses y que el cese en el trabajo no se hubiera producido por causa imputable al trabajador no serán exigibles en aquellos supuestos en los que el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo o contrato individual de prejubilación, haya abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, y en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo global, represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social. (La novedad radica en la equiparación de los contratos individuales de prejubilación a los acuerdos colectivos).
También podrán acceder a la jubilación, cumplidos los requisitos exigidos en los apartados 1, 2 y 3, siempre que la extinción de la relación laboral anterior haya venido precedida por alguna de las causas señaladas en el apartado anterior:
Los beneficiarios de la prestación de desempleo, cuando ésta se extinga por agotamiento del plazo de duración de la prestación o por pasar a ser pensionista de jubilación, de conformidad con lo señalado en las letras a) y e), apartado 1, del artículo 272 de la LGSS.
Los beneficiarios del subsidio por desempleo, de nivel asistencial, mayores de 52/55 años.
A los trabajadores mayores de 55 años que no reúnan los requisitos para acceder al subsidio por desempleo de mayores de dicha edad, una vez agotada la prestación por desempleo, y continúen inscritos en las oficinas del servicio público de empleo.
No será exigible el cumplimiento de los requisitos 3 y 4, cuando se trate de trabajadores a los que la empresa, en virtud de obligación adquirida en acuerdo colectivo, haya abonado, como mínimo, durante los 2 años anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación, una cantidad que, en cómputo global, no sea inferior al resultado de multiplicar por 24 la suma de los siguientes importes:
La cuantía mensual de la prestación que hubiera correspondido al trabajador en concepto de prestación contributiva por desempleo, de haber accedido a la situación legal de desempleo, en la fecha de la extinción del contrato de trabajo.
El importe mensual de la cuota satisfecha por el trabajador en el convenio especial suscrito por aquél.
Para la acreditación del cumplimiento de este requisito, la empresa deberá emitir una certificación en la que consten las cantidades abonadas al trabajador, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo, al menos durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación, así como las bases de cotización por desempleo de los 180 días inmediatamente anteriores a la baja en la empresa. El trabajador, junto con la solicitud de la pensión de jubilación, deberá presentar la certificación de la empresa ante la Entidad gestora correspondiente.
En el caso de que hayan de computarse cotizaciones acreditadas en diferentes regímenes de la Seguridad Social:
Reconocerá la prestación el régimen en el que el trabajador esté en alta, en el momento del hecho causante, siempre que reúna todos los requisitos para el acceso a la pensión establecidos en el mismo, computándose a tales efectos exclusivamente las cotizaciones acreditadas en dicho régimen.
En el supuesto de que no fuera posible acceder de este modo a la jubilación, reconocerá la pensión el régimen de Seguridad Social en el que no se estaba en alta, siempre que se reúnan los demás requisitos para el acceso a la jubilación, computándose a tales efectos exclusivamente las cotizaciones acreditadas en dicho Régimen.
Si tampoco fuera posible el acceso a la jubilación aplicando la regla anterior, decidirá el régimen donde el interesado acredite el mayor número de cotizaciones.
Si aplicando tales reglas, el Régimen que reconoce la pensión es el Régimen General (o el Régimen Especial de la Minería del Carbón o el Régimen Especial del Mar cuando se trate de trabajadores por cuenta ajena), el interesado podrá acceder a la jubilación anticipada por la vía del artículo 161 bis, apartado 2, del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, según su redacción a 31/12/2012. En caso contrario, no cabrá la aplicación de este mecanismo de jubilación anticipada.
El día del cese en la actividad laboral, cuando el trabajador está en alta.
El día de presentación de la solicitud, en las situaciones asimiladas a la de alta, con las siguientes excepciones:
En caso de excedencia forzosa, el día del cese en el cargo que dio origen a la asimilación.
En caso de traslado fuera del territorio nacional, el día del cese en el trabajo por cuenta ajena.
Efectos económicos:
Trabajadores en alta:
Desde el día siguiente al del cese en el trabajo, cuando la solicitud se haya presentado dentro de los 3 meses siguientes a aquél o con anterioridad al mismo.
En otro caso, se devengará con una retroactividad máxima de 3 meses desde la fecha de presentación de la solicitud.
Trabajadores en situación asimilada a la de alta:
Desde el día siguiente al de la solicitud o cuando se produzca el hecho causante, según sea la situación asimilada de que se trate.
Los trabajadores que, reuniendo todos los requisitos para obtener el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación en la fecha de entrada en vigor (5-8-97) de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, no lo hubieran ejercitado, aunque no hubiesen cesado en el trabajo, podrán optar por acogerse a la legislación anterior para obtener la pensión en las mismas condiciones a que hubiesen tenido derecho el día anterior al de la entrada en vigor de dicha ley.
En los supuestos de opción a favor de la legislación anterior a la citada ley, las cotizaciones efectuadas a partir de 5-8-97 no se computarán a efecto alguno ni procederá su devolución.
Las pensiones se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas junto con las mensualidades de junio y noviembre y por el mismo importe que el de la mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses.
En los supuestos de reconocimiento inicial o de reanudación del percibo de una pensión, así como en los casos de suspensión del percibo de la pensión o extinción de la misma, la paga extraordinaria correspondiente se abonará en razón de sextas partes.
La pensión, incluido el importe de la pensión mínima, será revalorizada al comienzo de cada año, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social y en el Real Decreto de revalorización de pensiones que se publica anualmente.
La pensión de jubilación está sujeta a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y sometida, en su caso, al sistema general de retenciones a cuenta del Impuesto.
La percepción de la pensión de jubilación es incompatible con:
La realización de cualquier trabajo del pensionista, por cuenta ajena o propia, que dé lugar a su inclusión en el Régimen General o en alguno de los Regímenes Especiales, con las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se determinen.
El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público delimitado en el párrafo segundo del apartado 1 del art. 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas (excepciones: profesores universitarios eméritos y personal licenciado sanitario).
El desempeño de los altos cargos.
La realización de trabajos incompatibles con la percepción de la pensión, produce los siguientes efectos:
La pensión de jubilación se suspende, así como la asistencia sanitaria inherente a la condición de pensionista.
El empresario está obligado a solicitar el alta e ingresar las cotizaciones que, en su caso, correspondan.
Las nuevas cotizaciones sirven para:
Incrementar, en su caso, el porcentaje ordinario de la pensión.
Devengar el porcentaje adicional que corresponda por prolongación de la vida activa laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, establecido en el art. 210 de la LGSS.
Disminuir el coeficiente reductor aplicado, en el caso de haber anticipado la edad de jubilación.
En ningún caso, las nuevas cotizaciones pueden modificar la base reguladora.
Compatibilidades:
No obstante lo indicado en el apartado anterior, podrá compatibilizarse el percibo de la pensión de jubilación con la realización de los siguientes trabajos:
Las personas que “accedan” a la jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión con un trabajo a tiempo parcial en los términos establecidos. Durante dicha situación, denominada jubilación parcial, se minorará el percibo de la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.
Los pensionistas de jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión “causada” con un trabajo a tiempo parcial en los términos establecidos. Durante dicha situación, denominada jubilación flexible, se minorará la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista, en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.
El percibo de la pensión de jubilación es compatible con la realización de trabajos por cuenta propia, cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI, en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no están obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social y no generarán derechos sobre las prestaciones de la Seguridad Social.
El ejercicio de la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados en alta en una mutualidad alternativa o exentos de causar alta en el RETA.
El mantenimiento de la titularidad del negocio y el ejercicio de las funciones inherentes a dicha titularidad.
Compatibilidad de la pensión de jubilación con el ejercicio de la actividad de profesionales sanitarios jubilados médicos/as y enfermeros/as menores de setenta años.
Estos profesionales podrán ser reincorporados al servicio activo por la autoridad competente de la comunidad autónoma, al amparo de lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Esta reincorporación podrá ser tanto a jornada completa como a tiempo parcial, siendo compatible dicho nombramiento con la pensión de jubilación. (Orden SND/232/2020, de 15 de marzo)
Jubilación Activa. Pensión de jubilación y envejecimiento activo, artículo 214 de la LGSS:
El disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, en los siguientes términos:
El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación, sin que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado.
El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100%.
El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.
La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista. No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará el 100 %.
La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las pensiones del sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto se mantenga el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reducirá en un 50%, excepto en el supuesto de realización de trabajos por cuenta propia en los términos señalados en el párrafo anterior.
El pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo.
El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.
Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o producido el cese en la actividad por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación. Igual restablecimiento se producirá en el caso de cese en la actividad por cuenta propia cuando no se dieran las circunstancias que permitan compatibilizar el 100% de la pensión de jubilación con el trabajo.
La compatibilidad del 100 % de la pensión con la actividad por cuenta propia, se establece sólo para los trabajadores autónomos, siempre que se acredite tener contratado al menos un trabajador por cuenta ajena. La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, también prevé la posibilidad de que se amplíe a futuro esta compatibilidad a los trabajadores por cuenta ajena y al resto de trabajadores por cuenta propia (disposición final quinta). Cotización:
Durante la realización del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, compatible con la pensión de jubilación, los empresarios y los trabajadores cotizarán a la Seguridad Social únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa reguladora del régimen del sistema de la Seguridad Social correspondiente, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8%, no computable para las prestaciones, que en los regímenes de trabajadores por cuenta ajena se distribuirá entre empresario y trabajador, corriendo a cargo del empresario el 6% y del trabajador el 2%. Mantenimiento del empleo por las empresas:Las empresas en las que se compatibilice la prestación de servicios con el disfrute de la pensión de jubilación no deberán haber adoptado decisiones extintivas improcedentes en los seis meses anteriores a dicha compatibilidad. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad al 17-03-2013 y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción. Una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y trabajo, la empresa deberá mantener, durante la vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel de empleo existente en la misma antes de su inicio. A este respecto se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores de alta en la empresa en el periodo de los 90 días anteriores a la compatibilidad, calculado como el cociente que resulte de dividir entre 90 la suma de los trabajadores que estuvieran en alta en la empresa en los 90 días inmediatamente anteriores a su inicio. No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato.
Compatibilidad de la pensión de jubilación con las actividades dedicadas a la creación artística que generen por esa actividad derechos de propiedad intelectual (Real Decreto 302/2019, de 26 de abril). Desde 1/05/2019, se establece la compatibilidad de la pensión de jubilación con el desempeño de una actividad de creación artística por la que se perciban ingresos derivados de derechos de propiedad intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros, con independencia de que por la misma actividad perciban otras remuneraciones conexas.No es compatible cuando, además, se realice un trabajo por cuenta ajena o propia que dé lugar a su inclusión en la Seguridad Social. Régimen de compatibilidad. Con independencia del porcentaje de la pensión y de su cuantía, estas actividades son compatibles con:
el 100 por ciento del importe que corresponda percibir o, en su caso, viniera percibiendo el beneficiario por la pensión contributiva de jubilación.
el 100 por ciento del importe del complemento por maternidad,
la cantidad adicional a que se refiere el párrafo tercero del artículo 210.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con la actividad de creación artística, siempre que reúna los requisitos establecidos para ello.
Para los trabajadores por cuenta propia: 8 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes
Para los trabajadores por cuenta ajena: el 6 por ciento correrá a cargo del empresario y el 2 por ciento a cargo del trabajador. Cómputo de periodos de carencia Para las prestaciones causadas después del hecho causante de la jubilación, sólo se podrán tener en cuenta las cotizaciones practicadas desde el hecho causante de la jubilación. Incompatibilidad pensión de jubilación e incapacidad temporal. La prestación de incapacidad temporal causada con posterioridad al hecho causante de la jubilación compatible con la realización de alguna una actividad de creación artística, será incompatible con el cobro de la pensión contributiva de jubilación a partir del momento en que se cese en la actividad y se cause baja en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. En estos supuestos solo se abonará la pensión contributiva de jubilación.
Amén de otras aprobadas, entendemos que son las más significativas en lo referido a las empresas las siguientes medidas:
1. Avales
Se modifica el apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que queda redactado así:
“El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 40.000 millones de euros, hasta el 30 de junio de 2022. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.»“.
2. Medidas en el ámbito del derecho concursal
A) Obligación de declaración de concurso de acreedores
Modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, cuyo artículo 6 queda redactado así:
“Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la Ley Concursal comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha.
Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Si hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.»”
B) Causa de disolución por pérdidas
Otra modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia es la del apartado 1 del artículo 13, que queda redactado así:
Artículo 363.1.e) TRLSC. «A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021. Si en el resultado del ejercicio 2022 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.»
El objeto de esta 3ª convocatoria es conceder ayudas directas a personas físicas y jurídicas que desarrollan su actividad económica en el municipio de Palma, que tengan menos de 20 trabajadores de media anual computando los diferentes centros de trabajo y con una facturación en 2019 inferior a un millón de euros, siempre que esta facturación haya disminuido durante el 2020 en una cantidad superior a un 20%.
Las ayudas serán de un importe de 2.000,00 € por centro de trabajo o establecimiento, con un máximo de dos establecimientos por persona beneficiaria (máximo: 4.000,00 €).
Estas ayudas son compatibles con la percepción de cualquier otra subvención procedente de cualquier entidad del sector público o privado, si bien, para poder optar a recibirla no se puede haber sido beneficiario de ayudas en la primera y segunda convocatoria de este ayuntamiento.
Toda la tramitación de solicitudes debe hacerse online.
Pincha en los enlaces a continuación para conocer el resto de las condiciones y requisitos para la obtención de las ayudas, consultar las bases de la convocatoria de ayudas en castellano o en catalán.
Y si tienes dudas, ven a Moya&Emery y te acompañaremos en el proceso de solicitud de tu ayuda y te informaremos de otras disponibles para tu negocio o actividad y en tu localidad. Pide cita con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.
REAL DECRETO LEY DE PRÓRROGA DE MEDIDAS ECONÓMICAS PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN
El Consejo de Ministros aprobó ayer martes 23 de noviembre un Real Decreto Ley para impulsar determinadas medidas que apoyen la recuperación en España, en especial medidas de apoyo a autónomos y empresas.
AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE MEDIDAS DE APOYO A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
El Consejo de Ministros ha aprobado, en línea con la extensión de la vigencia del Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea, un Real Decreto-ley que amplía la vigencia de determinadas medidas de apoyo a autónomos y empresas para garantizar su plena recuperación y viabilidad.
Se trata de seguir apoyando la recuperación y solvencia del tejido productivo para que las empresas puedan aprovechar el nuevo entorno de crecimiento económico.
El Real Decreto-ley aprobado amplía la vigencia de las Líneas de Avales, prorroga el régimen de autorización previa de determinadas inversiones extranjeras y extiende algunas medidas en el ámbito concursal.
Por otra parte, cabe señalar que, debido a la ampliación del Marco Temporal, se mantienen vigentes hasta el 30 de junio de 2022 los fondos de recapitalización de empresas gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y COFIDES.
Medidas en el ámbito concursal
El Real Decreto-Ley aprobado establece también medidas en el ámbito concursal, ampliándose al ejercicio 2021 la medida excepcional establecida en la Ley 3/2020 de exclusión de los resultados a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas. Extiende, a su vez hasta el 30 de junio de 2022, la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores, con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo y dispongan de un margen adicional para restablecer su equilibrio patrimonial en tanto se tramita la modernización del régimen concursal español.
El objetivo de esta reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es reorientar el marco concursal dotándolo de nuevos instrumentos para la reestructuración temprana de empresas viables, avanzando en la segunda oportunidad para empresarios que sean personas físicas y agilizando los procesos concursales, con el fin de evitar la destrucción de empleo y de tejido productivo.
Ampliación de las Líneas de Avales
Los autónomos y empresas podrán acceder a financiación garantizada a través de las Líneas de Avales hasta el 30 de junio de 2022 para cubrir sus necesidades de liquidez o financiar sus proyectos de inversión.
Las Líneas de Avales puestas en marcha por el Instituto de Crédito Oficial han sido un instrumento clave para garantizar el mantenimiento del tejido productivo, especialmente durante los momentos más duros de la pandemia.
Desde la puesta en marcha de la Línea de Avales de Liquidez en marzo de 2020 por importe de 100.000 millones de euros y con la posterior aprobación de la segunda Línea de Avales para Inversión y Liquidez por importe de 40.000, se han garantizado hasta el 18 de noviembre de 2021, 1.137.891 operaciones y desplegado avales por importe de 101.945 millones de euros, que han permitido movilizar 133.975 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo. A estas cifras hay que añadir los 1.385 avales formalizados que se ha destinado a garantizar 81 operaciones de empresas que cotizan en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y que han movilizado 1.978 millones de euros.
El diseño, gestión y modelo de asignación de los avales han permitido que sean de las líneas más utilizadas en toda Europa y constituyen uno de los mayores y más eficaces ejemplos de colaboración público-privada.
Adicionalmente, se amplía hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de reintegro por parte de las Comunidades Autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. De esta forma, las Comunidades dispondrán de un plazo adicional para resolver los recursos de las convocatorias ya cerradas.
Extensión de la suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras
El Real Decreto-ley amplía hasta el 31 de diciembre de 2022 la extensión de la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras, en determinados sectores, procedentes de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas, si la inversión es superior a 500 millones de euros.
La ampliación de la vigencia de esta medida tiene como objetivo proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos.
Si quieres leer más información sobre las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de 23 de noviembre, haz clic en este enlace a la página oficial de La Moncloa.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una reciente sentencia, ha extendido la protección de derechos, asimilándolos a los de una embarazada, a una trabajadora que fue despedida mientras se encontraba en tratamiento de reproducción asistida, hecho este del que estaba al corriente su empleador. Así, el Tribunal ha declarado nulo su despido por discriminación de género de la trabajadora, que se encontraba de baja por incapacidad temporal debido al tratamiento de fecundación in vitro unido a su alto riesgo de sufrir un aborto y lo declara nulo por resultar discriminatorio por razón de sexo, ya que, razona la sentencia, quien está en tratamiento de fecundación in vitro no está en situación de embarazo, pero es probable que lo esté si prospera el tratamiento.
En este caso, la sentencia confirma la nulidad del despido por discriminación de género y, además, concede una indemnización por daños morales causados a la trabajadora.
¿Te interesa este tema? Lee más acerca de este caso y la sentencia recaída en la noticia del portal Noticias Jurídicas que transcribimos a continuación:
La justicia declara nulo el despido de una trabajadora en tratamiento de fecundación in vitro
El tribunal extiende la protección de la mujer durante el embarazo al periodo de fertilización
Un paso más allá en la protección de los derechos de la mujer. Y es que, se consolida la tendencia de extender la protección del embrazo al momento previo, como es el caso de la inseminación artificial o la fecundación in vitro. Así lo ha considerado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una reciente sentencia, que confirma la nulidad de un despido de una trabajadora de una escuela infantil municipal que, a la fecha de tramitación del despido, se encontraba en tratamiento de reprodución asistida. La Sala entiende que hay discriminación de género.
Según comenta la abogada que llevó la defensa, Sara del Carmen Romero Díaz, del sindicato CSIF Huelva, “la sentencia, de forma brillante, declara la nulidad del despido, y extiende la protección de la mujer durante el embarazo al tratamiento de fecundación in vitro al que estaba sometida y que el Ayuntamiento conocía perfectamente.”
La trabajadora, que era técnico especialista en la escuela infantil municipal desde el año 2011, fue encadenando sucesivos contratos de obra y servicio con el ayuntamiento, hasta que a principios de 2016 causó baja por incacidad temporal, por encontrarse en tratamiento de reproducción asistida y tener alto riesgo de aborto.
Según consta en la sentencia, la causa de la incapacidad temporal era bien conocida por el ayuntamiento demandado, ya que, se organizaron las bajas laborales con sus compañeras para atender correctamente a la escuela infantil.
Causas despido
El 25 de marzo de 2016, el ayuntamiento decidió extinguir su contrato de trabajo, alegando causas objetivas al amparo del artículo 52 del Estatutos de los Trabajadores (ET). El organismo justificó el despido en la necesidad de amortizar puestos de trabajo para superar la deficitaria situación económica que atravesaba la administración.
Sin embargo, con independencia de la existencia de necesidades de ajuste económico, la trabajadora fue despedida para contratar a otros en su lugar, lo que reafirma la nulidad de su cese a juicio del tribunal, habida cuenta del conocimiento por parte el ayuntamiento de su situación de embarazo.
Relación laboral
Por otro lado, y no solo a los efectos de cómputo de la antigüedad, la Sala estima que ha existido una relación continua con el ayuntamiento enmascarada en una pluralidad de contratos fraudulentos, ya que la demandante realizó una actividad habitual y ordinaria y no temporal.
Igualmente, puntualiza el tribunal que el hecho de que “el ayuntamiento carezca de la cualidad de empresa ello no la priva de su condición de empleadora conforme al Derecho Laboral, pues, la relación con sus trabajadores no funcionarios se sustenta en el art. 1º del ET, quedando de esta forma asimilada a cualquier otra empresa a todos los efectos contemplados en el Derecho del Trabajo”.
Discriminación
Respecto a la causa de fondo del despido, es cierto que no existe una protección directa sobre el tratamiento de fertilidad, ni en el Estatuto de los Trabajadores, ni en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sin embrago la jurisprudencia mayoritaria hace extensible la protección de la nulidad del despido (vía protección del sexo femenino), protegiendo no solo el embarazo, sino también los tratamientos de fecundación.
Es por ello, que los magistrados consideran que no se trata de un despido por embarazo, pero si discriminatorio por razón de sexo, ya que quien está en tratamiento de fecundación in vitro no esta en situación de embarazo, pero es probable que lo esté si prospera.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso interpuesto por la Diputación de Andalucía y confirma la nulidad del despido por discriminación de genéro con derecho a una indemnización por daños morales causados.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que debe denegarse a una empresa española el derecho a la deducción del IVA correspondiente a la adquisición de un bien debido a que dicha empresa, contribuyente en este caso, en la factura que ha expedido para dicha operación de compra ha consignado de forma deliberada un proveedor ficticio.
Además, el TJUE considera que si en la factura faltan los datos que permitan comprobar la condición de sujeto pasivo del proveedor o si se acredita que el citado sujeto pasivo cometió un fraude en el IVA, entonces no cabe aplicar la deducción correspondiente en el IVA.
¿Te interesa esta noticia? Lee en más profundidad esta noticia, publicada en la web de ElDerecho/LEFEBVRE:
El TUE establece que se debe denegar la deducción por IVA si se indica en la factura un proveedor ficticio
El Tribunal de Justicia de la UE recuerda, que los ciudadanos no pueden prevalerse de las normas del Derecho de la Unión “de forma fraudulenta o abusiva”
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha publicado una sentencia, relativa a una empresa española, en la que declara que debe denegarse el derecho a la deducción del IVA correspondiente a la adquisición de bienes cuando el contribuyente ha indicado “deliberadamente” un proveedor ficticio en la factura que él mismo ha expedido para dicha operación.
El tribunal añade que si en la factura faltan los datos necesarios para comprobar que el verdadero proveedor tenía la condición de sujeto pasivo o si se acredita suficientemente con arreglo a Derecho que el citado sujeto pasivo cometió un fraude en el IVA o sabía o debería haber sabido que la operación invocada para fundamentar el derecho a deducción formaba parte de un fraude de este tipo, no cabe aplicarse la mencionada deducción.
El caso al que se refiere el tribunal europeo es el de la empresa española Ferimet, que declaró haber adquirido en 2008 de la sociedad Reciclatges de Terra Alta materiales de chatarra e indicó que la operación estaba sometida al régimen de autoliquidación del IVA, por lo que emitió la factura correspondiente.
Durante un control, la Inspección de los Tributos reparó en que la empresa que figuraba en la factura como proveedor de esos materiales carecía, en realidad, de los medios materiales y humanos necesarios para su entrega, y consideró que las facturas emitidas por Ferimet eran falsas. La Inspección de los Tributos decidió por ello que no podía concederse una deducción del IVA respecto de esa operación y emitió para el ejercicio 2008 una liquidación por un importe de 140.441,71 euros, acompañada de una sanción de 140.737,68 euros.
El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña desestimó el recurso contra las citadas liquidación e imposición, por lo que Ferimet acudió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que también desestimó su recurso por considerar que la Inspección de los Tributos había demostrado suficientemente la ocultación del proveedor.
Ferimet interpuso entonces un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aduciendo que la normativa nacional y europea, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, llevan necesariamente a considerar que tenía derecho a deducirse el IVA relativo a la adquisición de los materiales de chatarra de que se trata. A este respecto, alegó que era la verdadera destinataria de esos materiales, que los compró y recibió efectivamente y que no había habido ni podía haber una pérdida de ingresos fiscales puesto que, al estar sometidos al régimen de autoliquidación, ni ella ni su proveedor debían pagar el IVA.
El Tribunal Supremo se dirigió entonces al Tribunal de Justicia de la UE para preguntarle, esencialmente, si, a la luz del principio de neutralidad fiscal, la Directiva relativa al IVA debe interpretarse en el sentido de que debe denegarse a un contribuyente el ejercicio del derecho a deducirse el IVA relativo a la adquisición de bienes que se le han entregado, cuando ese contribuyente haya mencionado “a sabiendas” un proveedor ficticio en la factura que emitió él mismo respecto de dicha operación en el marco de la aplicación del régimen de autoliquidación.
Este miércoles el TUE ha dictaminado que no puede aplicarse dicha deducción y añade que la indicación del proveedor en la factura es un “requisito formal” para el ejercicio del derecho a deducción del IVA. “Sin embargo, en este asunto, el sujeto pasivo mencionó deliberadamente en la factura a un proveedor ficticio, lo que impidió a la Inspección de los Tributos identificar al verdadero proveedor y, por tanto, acreditar la condición de sujeto pasivo de este último, algo que constituye en cambio un requisito material del derecho a deducir el IVA”, subraya el tribunal europeo.
Igualmente, indica que la deducción del IVA debe concederse si se cumplen los requisitos materiales, aun cuando los sujetos pasivos hayan omitido determinados requisitos formales, siempre que la administración tributaria disponga de los datos necesarios para determinar que se cumplen esos requisitos materiales.
El Tribunal de Justicia de la UE recuerda, además, que los ciudadanos no pueden prevalerse de las normas del Derecho de la Unión “de forma fraudulenta o abusiva” y las autoridades y los tribunales nacionales deben denegar el derecho a deducción cuando haya quedado probado, mediante elementos objetivos, que este derecho se invoca de forma fraudulenta o abusiva.
“Esa denegación debe hacerse no solo cuando el propio sujeto pasivo haya cometido el fraude, sino también cuando se demuestre que el sujeto pasivo a quien se entregaron los bienes o se prestaron los servicios en que se base el derecho a deducción sabía o debería haber sabido que, mediante la adquisición de esos bienes o servicios, estaba participando en una operación que formaba parte de un fraude del IVA”, subraya el alto tribunal en su sentencia.
En Galicia, un Juzgado de lo Social consideró lícita las grabaciones -usadas para fundar un despido disciplinario- que fueron realizadas desde las cámaras del propio vehículo al chófer de autobús y que captaron no sólo los trayectos fijados o rutas, sino que también comprendía la grabación de los períodos de descanso entre ruta y ruta. En ellos podía observarse como el conductor en diversas ocasiones no cobró el billete a una mujer a quien realizó tocamientos, que fumó varias veces en el interior del autobús y orinó hacia fuera del vehículo.
Recurrido por el trabajador el pronunciamiento del Juzgado de lo Social, el Tribunal Superior de Justicia Gallego no admitió las grabaciones porque consideró que vulneraban los derechos de los conductores entender que no recibieron una información adecuada de la videovigilancia de la que iban a ser objeto y también del tratamiento de sus datos personales. Por todo ello declaró el despido del conductor nulo.
Finalmente y tras un nuevo recurso de parte de la empresa, el Tribunal Supremo ha sentenciado que estaba justificada la limitación de los derechos fundamentales de los trabajadores en este caso, a quienes considera informados expresamente de la instalación del sistema de grabación y de su ubicación, el cual tenía por objetivo la vigilancia de actos ilícitos, tanto de empleados como de terceros, y, en definitiva, de la seguridad del centro de trabajo.
¿Quieres saber más sobre este tema? Lee a continuación la reseña realizada por el portal de la Abogacía Española:
El TS considera justificadas las grabaciones en el tiempo de descanso de los trabajadores
El Tribunal Supremo ha considerado que la grabación de trabajadores en su tiempo de descanso está justificada para probar actos ilícitos de los empleados.
La cuestión es en qué circunstancias puede considerarse legítima la utilización por parte del empresario de este sistema al amparo del poder de dirección que le reconoce el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, respetando siempre el derecho a la intimidad personal que protege el artículo 18.1 de la Constitución Española.
“Cuando hay una infracción, debe prevalecer la persecución del delito al derecho a la privacidad”, afirma Gonzalo Vázquez Martínez, abogado que ha conseguido la resolución, pero aclara, que “hay que analizar caso por caso”.
Este caso concreto trataba de un trabajador que prestaba servicios como conductor de un autobús de una empresa de transporte público y que fue despedido disciplinariamente porque, según recoge el fallo, en varias ocasiones no cobró el billete a una mujer, a la que “realizó tocamientos”, fumó varias veces en el interior del autobús y orinó hacia fuera del vehículo.
“Los autobuses estaban provistos de tres cámaras que todos los trabajadores conocían y cuya existencia se indicaba en las pegatinas del autobús debidamente señaladas”, aclara Vázquez.
El Supremo considera que “algunas de aquellas conductas antijurídicas grabadas por las cámaras se produjeron tras finalizar una ruta y antes de empezar la siguiente. Pero ello no excluye que un conductor de autobús urbano, tras finalizar una ruta y antes de empezar la siguiente, cuando se encuentra dentro de su autobús, pueda incurrir en incumplimientos contractuales graves y culpables que afecten a sus obligaciones laborales, lo que justifica que las cámaras continuaran grabando durante esos lapsos temporales”.
Para el abogado, el estar en el tiempo de descanso “no excluye que el conductor, cuando se encuentra dentro de su autobús, pueda incurrir en incumplimientos contractuales graves que afecten a sus obligaciones laborales y que deriven en infracciones graves”.
El Supremo ha sentenciado que “estaba justificada la limitación de los derechos fundamentales en juego”. Y añade que los trabajadores “estaban informados expresamente de la instalación del sistema y de su ubicación”, que tenía por objetivo “la vigilancia de actos ilícitos de los empleados y de terceros y en definitiva de la seguridad del centro de trabajo, pero excluye otro tipo de control laboral que sea ajeno a la seguridad”.
El Juzgado de Lo Social consideró lícitas las grabaciones en las que se justifica el despido disciplinario, pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia inadmitió la prueba de videovigilancia y declaró la nulidad del despido. Consideraba estas pruebas “contrarias a derecho” argumentando que “no se había dado a los conductores una información previa, expresa, precisa e inequívoca sobre el tratamiento de los datos personales obtenidos”.
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Si usted tiene 52 años o más y ha agotado la prestación o subsidio por desempleo, conozca cuáles son los requisitos que debe cumplir y la información necesaria para solicitar un subsidio por desempleo de mayor de 52 años:
Requisitos
Estar en desempleo.
No tener la condición de persona trabajadora fija discontinua.
Tener 52 años o más en la fecha en que se cumplan los requisitos para acceder al subsidio por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: Si en la fecha en que se encuentre en alguno de estos supuestos no hubiera cumplido la edad de 52 años pero desde dicha fecha permaneciera inscrito o inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo en los servicios públicos de empleo, podrá solicitar el subsidio cuando cumpla esa edad (con posterioridad al 13 de marzo de 2019), salvo que haya sido beneficiario de la protección por cese de actividad o de la prestación por desempleo para eventuales agrarios, o haya extinguido el último derecho a protección por desempleo reconocido por imposición de sanción firme. Se considerará cumplido el requisito de inscripción ininterrumpida cuando cada una de las posibles interrupciones en la inscripción como demandante de empleo haya tenido una duración inferior a 90 días, no computándose los periodos que correspondan a la realización de una actividad por cuenta propia o ajena. En el caso de la persona trabajadora por cuenta ajena no podrá acceder al subsidio cuando el cese en el último trabajo haya sido voluntario.
Haber agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo.
Ser emigrante que ha retornado a España (debe haber trabajado en el extranjero como mínimo 12 meses en los últimos seis años, desde su última salida de España, en países no pertenecientes a la Unión Europea (UE) o al Espacio Económico Europeo (EEE)) y no tener derecho a prestación contributiva por desempleo.
Ser liberado o liberada de prisión sin derecho a prestación contributiva por desempleo, cuando la privación de libertad hubiera sido por tiempo superior a 6 meses.
Haber sido declarado o declarada plenamente capaz o persona con incapacidad permanente parcial como consecuencia de un expediente de revisión por mejoría de una situación de gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total para la profesión habitual.
Estar en situación legal de desempleo y no tener derecho a prestación contributiva por desempleo, habiendo cotizado por desempleo, al menos, entre 90 y 359 días.
Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo durante un mes desde que se agote la prestación por desempleo que usted estaba percibiendo (fecha en que finaliza la prestación concedida, que siempre será anterior a la fecha del último cobro de la prestación), o desde la fecha de la inscripción como demandante de empleo si se accede al subsidio por ser emigrante retornado, liberado o liberada de prisión o por revisión de la incapacidad, y no haber rechazado durante ese mes ninguna oferta de colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional. La inscripción deberá mantenerse durante todo el periodo de percepción del subsidio.
Carecer de rentas propias de cualquier naturaleza que en cómputo mensual sean superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Si no cumpliera este requisito en la fecha del hecho causante, podrá acceder al subsidio si lo cumple y lo acredita dentro del plazo de un año desde entonces. En todo caso, el cumplimiento de este requisito deberá mantenerse durante todo el periodo de percepción del subsidio.
Acreditar que en la fecha del hecho causante y en la de la solicitud del subsidio reúne todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social español – haber cotizado por jubilación 15 años, dos de los cuales han de estar dentro de los últimos 15 – y que ha cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo de su vida laboral. Las cotizaciones efectuadas en otros países se tienen en cuenta para percibir este subsidio solo si han sido realizadas en países pertenecientes al Espacio Económico Europeo o con los que exista convenio de totalización de periodos para la protección por desempleo.Se considera como fecha del hecho causante:
Para quienes tengan cumplida la edad de 52 años entonces, la fecha en la que se cumpla el plazo de espera de un mes (si el acceso al subsidio para mayores de 52 años es por haber agotado una prestación contributiva, por haber sido liberado o liberada de prisión, por haber retornado del extranjero o por haber sido declarado o declarada plenamente capaz o incapaz permanente parcial) o la fecha de la situación legal de desempleo (si el acceso al subsidio para mayores de 52 años es por acreditar situación legal de desempleo y cotizaciones insuficientes para acceder a la prestación contributiva).
Para quienes no tengan cumplida la edad de 52 años en la fecha de encontrarse en alguno de los supuestos de acceso a un subsidio, aquella en que se cumpla dicha edad.
Para aquellas personas que a fecha 13 de marzo de 2019 ya tuvieran cumplidos 52 años pero no hubieran podido acceder al subsidio para mayores de 55 años – bien por ser menores de dicha edad, bien por ser mayores pero haberla cumplido sin estar percibiendo ni tener derecho a percibir ningún subsidio -, la fecha del hecho causante es el 13 de marzo de 2019, día en que entró en vigor el Real Decreto-ley 8/2019, que les permite acceder al subsidio para mayores de 52 años siempre que cumplan todos los requisitos anteriormente expuestos, excepto el de no haber percibido la protección por cese de actividad o la prestación como eventual agrario. Sí han de cumplir el requisito de inscripción ininterrumpida como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, en este caso, desde la fecha en que se encontraron en alguno de los supuestos de acceso al subsidio previstos en el punto 3, hasta el 13 de marzo de 2019.
La duración será hasta que usted alcance la edad ordinaria que se le exija para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.
La cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). (Cuantías para este año).
La entidad gestora (Servicio Público de Empleo Estatal o Instituto Social de la Marina) ingresará las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a la jubilación. La base de cotización por jubilación será el 125 % del tope mínimo de cotización vigente en cada momento.
El pago del subsidio se realizará por mensualidades de 30 días, entre los días 10 y 15 del mes inmediato siguiente al que corresponda el devengo. Se efectuará,salvo excepciones, mediante el abono en la cuenta de la entidad financiera que usted indique, siempre que sea titular de la misma.
Documentación necesaria
La documentación que debe aportar es la siguiente:
Documento de identificación de la persona solicitante, para comprobar los datos bastará con mostrar uno de los siguientes documentos:
Españoles y españolas: Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte.
Extranjeras y extranjeros residentes en España:
Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano/a de la Unión Europea en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjeros/as (TIE) en la que consta el NIE, y el pasaporte.
Cualquier documento bancario en el que figure el número de cuenta de la que usted sea titular y donde desee percibir la prestación.
Solamente si el Servicio Público de Empleo Estatal lo solicita, el justificante de rentas.
Para mantener el derecho al subsidio, debe justificar que sigue cumpliendo el requisito de carencia de rentas propias. Para ello, debe presentar ante el Servicio Público de Empleo Estatal una declaración de sus rentas cada doce meses, a contar desde la fecha del nacimiento del derecho al subsidio o desde la fecha en que lo reanudó por última vez. El plazo para presentar esta declaración es de 15 días a partir de aquel en el que se cumplan los doce meses.
Si no presenta esta declaración en el plazo indicado, se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social.
Si presenta la declaración fuera de plazo, se reanudará el cobro del subsidio, pero con efectos desde la fecha en que entregue dicha declaración.
Las personas trabajadoras que perciban el subsidio de mayores de 52 años podrán firmar un Convenio Especial, a través de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, para completar la cotización por jubilación que efectúa el Servicio Público de Empleo Estatal.
Cuándo, dónde y cómo lo tramito
Pueden darse varios supuestos:
Si tiene 52 años o más en el momento de cumplir todos los requisitos para acceder a un subsidio, debe solicitarlo en el plazo de los 15 días hábiles siguientes a aquel en el que cumpla el plazo de espera de un mes o acredite siutación legal de desempleo por haber cesado involuntariamente en un trabajo, acreditando un periodo de ocupación superior a 90 días e inferior a 360.En estos casos, solicitado en plazo, el subsidio para mayores de 52 años nacerá a partir del día siguiente a aquel en que se cumpla el mes de espera o a partir del día siguiente al de la situación legal de desempleo.
Si en la fecha en la que se encuentra en algún supuesto de acceso a un subsidio no tiene cumplida la edad de 52 años, deberá presentar la solicitud dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes al cumplimiento de dicha edad, siempre que hasta entonces se haya mantenido inscrito o inscrita, de acuerdo con lo establecido en al apartado anterior.Si cuando cumpla dicha edad está percibiendo cualquier otro subsidio, este quedará extinguido y se reconocerá el subsidio para mayores de 52 años. En ambos casos, solicitado en plazo, el derecho nacerá a partir del día siguiente a aquel en que se cumplan 52 años.
Si el día 13 de marzo de 2019 ya tiene cumplidos 52 años, pero no ha podido acceder al subsidio para mayores de 55 años por ser menor de 55 años el día 12 de marzo de 2019, o por ser mayor de 55 años habiendo cumplido dicha edad sin estar percibiendo ni tener derecho a percibir ningún subsidio, el plazo para presentar la solicitud será de 15 días hábiles siguientes al 13 de marzo de 2019 y el subsidio nacerá a partir del día 14 de marzo de 2019.En todos los casos, si se presenta la solicitud fuera de plazo, el derecho nacerá a partir del día siguiente al de la solicitud, siempre que los requisitos exigidos se cumplan no solo en la fecha de la solicitud, sino también en la fecha del hecho causante y que no haya concurrido ninguna causa de extinción del derecho.Puede presentar la solicitud a través de:
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Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de intentar contratar a buenos profesionales y para mantener el talento en la empresa es que la normativa tributaria permite a las empresas el pago en especie hasta un 15 % de la retribución anual de trabajador. La utilización correcta del salario monetario y el salario en especie puede ser la herramienta perfecta para que el trabajador pueda meter más dinero en su bolsillo al final del año, ya que puede obtener un ahorro en el impuesto sobre la renta. Además, la utilización de este tipo de herramienta no supone mermar la cotización del trabajador.
Conoce y aprovecha, de la mano del abogado y economista Nicolás Emery, las ventajas fiscales existentes en relación con la forma de cobro o pago de algunos gastos, como el pago del seguro de enfermedad, el pago de la guardería de los niños o inclusos el coste que supone ir al trabajo utilizando el medio de transporte público.
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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Con la reforma legal se garantiza la constitucionalidad del tributo, se ofrece seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los Ayuntamientos.
Con el fin de dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional en sus sentencias de 2019 y 2021, el Real Decreto-ley adecúa la base imponible del impuesto a la capacidad económica efectiva del contribuyente. Para ello, se mejora la técnica de determinación de la base imponible en el sistema objetivo, para que refleje en todo momento la realidad del mercado inmobiliario, y, además, se convierte en optativo este sistema, permitiendo que la base imponible del impuesto sea la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición de un terreno cuando así lo solicite el obligado tributario.
De esta forma se cumple la sentencia del pasado 26 de octubre que admitió como válido el método objetivo de cálculo de la base imponible siempre y cuando no fuera obligatorio y reflejara la realidad del mercado inmobiliario.
La naturaleza del impuesto, que no discutió el Tribunal Constitucional, se mantiene. Es decir, el tributo grava el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período de 20 años.
El Real Decreto-ley establece que la base imponible del impuesto será el resultado de multiplicar el valor catastral del suelo en el momento del devengo por los coeficientes que aprueben los Ayuntamientos, que en ningún caso podrán exceder de los que se indican a continuación en función del número de años transcurridos desde la adquisición del inmueble:
Periodo de generación
Coeficiente
Inferior a 1 año
0,14
1 año
0,13
2 años
0,15
3 años
0,16
4 años
0,17
5 años
0,17
6 años
0,16
7 años
0,12
8 años
0,10
9 años
0,09
10 años
0,08
11 años
0,08
12 años
0,08
13 años
0,08
14 años
0,10
15 años
0,12
16 años
0,16
17 años
0,20
18 años
0,26
19 años
0,36
Igual o superior a 20 años
0,45
Los coeficientes serán actualizados anualmente, con norma de rango legal -podrá llevarse a cabo, por ejemplo, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado-, teniendo en cuenta la evolución del mercado inmobiliario.
Además, se reconoce la posibilidad de que los Ayuntamientos, a los solos efectos de este impuesto, corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización. Ello garantiza que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio.
El sistema objetivo se convierte en optativo
Este método para calcular la base imponible es optativo ya que el contribuyente tiene la posibilidad de tributar en función de la plusvalía real obtenida en el momento de la transmisión de un inmueble y que se determina por la diferencia entre el valor de transmisión del suelo y el de adquisición. Si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior a la resultante del método de estimación objetiva, podrá aplicar la real.
En las transmisiones de un inmueble en los que haya suelo y construcción, la plusvalía real del terreno equivaldrá a la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición tras aplicarle la proporción que representa el valor catastral del suelo sobre el valor catastral total. (Se adjunta una presentación con ejemplos).
Estos cálculos podrán ser objeto de comprobación por parte de los Ayuntamientos, de acuerdo con una novedad que introduce la norma.
Así, se da respuesta al mandato del Tribunal Constitucional de 2021 que establece que el método objetivo de determinación de la base imponible no puede ser el único método admitido legalmente.
Ningún contribuyente pagará el impuesto si no obtiene una ganancia
El Real Decreto-ley también da cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional en su sentencia 59/2017 de no someter a tributación aquellas situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos. Para ello, se introduce un nuevo supuesto de no sujeción al impuesto para las operaciones en que se constate, a instancia del contribuyente, que no se ha obtenido un incremento de valor.
El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición. Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición se tomará el que sea mayor de entre el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración Tributaria, de acuerdo con la nueva facultad que se otorga a los Ayuntamientos.
Las plusvalías generadas en menos de un año tributarán
También como novedad, serán gravadas las plusvalías generadas en menos de un año, es decir, las que se producen cuando entre la fecha de adquisición y de transmisión ha transcurrido menos de un año y que, por tanto, pueden tener un carácter más especulativo. Esta opción ya se está aplicando en algunas ciudades.
Los Ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana tendrán un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley para adecuar sus normativas al nuevo marco legal.
El Gobierno, con esta reforma, restablece la exigibilidad del impuesto, que había quedado en suspenso con la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre, dado que había dejado un vacío normativo para la determinación de la base imponible, lo que impedía la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo. El Real Decreto-ley que aprueba hoy el Consejo de Ministros, por tanto, evita el riesgo de que los Ayuntamientos sufran una merma de sus recursos, incrementen su nivel de déficit o vean deteriorados los servicios que prestan a los ciudadanos.
Asimismo, la norma acota el vacío legal que podría haber provocado distorsiones en el mercado inmobiliario, al poder haberse convertido esta circunstancia en un incentivo para acelerar operaciones inmobiliarias que esquivaran la tributación.
Se van conociendo detalles del futuro impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana –Plusvalía-. En la nueva plusvalía se introducirán los cambios normativos necesarios tras haber sido declarada la inconstitucionalidad y nulidad del impuesto la semana pasada por parte del Tribunal Constitucional, debido al método de cálculo de la base imponible del impuesto que resultaba confiscatorio.
La nueva plusvalía, a fin de ser fiel a la situación del mercado inmobiliario en cada momento y gravar la ganancia real, constará de nuevos coeficientes aplicables al valor catastral que se actualizarán cada año y permitirá al contribuyente optar por dos modos alternativos de cálculo del tributo.
Lee más acerca de los cambios futuros en el impuesto de plusvalía en el artículo del diario ElPaís que te reproducimos a continuación:
El Gobierno aprueba el nuevo impuesto de plusvalía con dos métodos de cálculo
Los contribuyentes podrán elegir si calcular el tributo sobre el valor catastral del terreno o emplear la diferencia entre el valor de compra y de venta del inmueble
El Gobierno ha aprobado este lunes en el Consejo de Ministros el nuevo cálculo del impuesto de plusvalía, que había quedado anulado tras una reciente sentencia del Tribunal Constitucional. La fórmula diseñada por el Ministerio de Hacienda pretende reflejar la evolución del mercado inmobiliario, como exige el fallo, evitando que el tributo se tenga que abonar en ausencia de ganancia para el contribuyente. “Es una muy buena noticia para todos los ayuntamientos y también para la ciudadanía”, ha resaltado Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al cónclave ministerial.
La solución de Hacienda, aprobada por decreto ley, pasa por ofrecer dos opciones de cálculo: usar el valor catastral del terreno en el momento del traspaso, aplicando unos nuevos coeficientes que se actualizarán cada año para reflejar la evolución del mercado, o emplear como base imponible la plusvalía real que se obtiene ―es decir la diferencia entre el valor de compra y el de venta de la vivienda―.
Los contribuyentes podrán elegir la fórmula que más les beneficie ―en la mayoría de los casos será la segunda―, y los ayuntamientos tendrán a su vez capacidad para rebajar el valor catastral del terreno hasta un 15% únicamente para este tributo, con el objetivo de acercarlo lo más posible a la realidad inmobiliaria municipal.
Coeficientes
El departamento dirigido por María Jesús Montero también ha decidido fijar un coeficiente para las transmisiones que se lleven a cabo en menos de un año, que suelen ser las más especulativas, y que hasta ahora no estaban gravadas por este impuesto. El nuevo sistema entrará en vigor con la publicación de la norma, pero los consistorios tendrán seis meses para adaptarse.
Los coeficientes máximos fijados por el ministerio, que varían en función del número de años transcurridos desde la adquisición del inmueble, oscilarán desde el 0,13 para las operaciones de compraventa que tengan lugar en un periodo de entre uno y dos años, hasta el 0,45 que se aplicará cuando la tenencia del inmueble haya sido de dos décadas o superior. A las transmisiones realizadas en un plazo inferior al año se aplicará una penalización con un coeficiente de 0,14. La base imponible del tributo que se calcule a través de este método se obtendrá multiplicando estos coeficientes al valor catastral del suelo en el momento de enajenación del inmueble.
Rodríguez ha insistido en que la solución ofrecida por el Gobierno permitirá a los consistorios evitar recortes en la prestación de servicios y que los ciudadanos paguen por el impuesto cuando no les corresponde. Es decir, cuando no hayan obtenido ganancias por la venta de su vivienda: “La norma devuelve certidumbre a los ayuntamientos y a los contribuyentes”.
Evolución del mercado
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), mejor conocido como impuesto de plusvalía, es un tributo municipal que tiene que abonar quien venda un inmueble, lo herede o lo reciba en donación por la supuesta ganancia extra que consigue gracias a la revalorización del suelo público sobre el que la vivienda está construida. Es el gravamen local que más ingresos aporta a los ayuntamientos, solo por detrás del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), y hasta el fallo del Constitucional su base imponible se calculaba multiplicando el valor catastral del terreno por los años de tenencia del inmueble, aplicando después un coeficiente en función de los años.
Este sistema de cálculo es lo que el alto aribunal ha considerado inconstitucional, en un fallo conocido el pasado 26 de octubre, “por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica”. En concreto, el tribunal concluyó este método objetivo de determinación de la base imponible no puede ser el único legalmente admitido. Este descansaba sobre unos valores fijos que siempre daban como resultado una revalorización del terreno, aunque la evolución del mercado inmobiliario hubiera ido en la dirección opuesta, como dejó patente el estallido de la burbuja inmobiliaria.
El Constitucional ya se había pronunciado en contra del esquema cálculo del impuesto en dos anteriores fallos. El primero se remonta a 2017: con ello, eximió del pago del tributo a aquellos contribuyentes que hubiesen cerrado con pérdidas la transmisión del inmueble. En 2019 llegó el segundo revés: el pleno del alto tribunal, por unanimidad, declaró inconstitucional cobrar el gravamen cuando su importe supera el beneficio real obtenido por el contribuyente.
Este tercer fallo, que ha anulado el sistema de cálculo y obligado a Hacienda a buscar contrarreloj una alternativa, cierra sin embargo la puerta a cualquier reclamación, salvo los casos ya recurridos antes de la sentencia. Los ayuntamientos evitarán así una avalancha de demandas, pero no podrán cobrar lo que hayan dejado de ingresar desde la fecha de la sentencia ―que impidió en la práctica cobrar el impuesto―, ya que el decreto no tiene carácter retroactivo.
El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista Abel Caballero, se ha dicho este lunes confiado en que el nuevo tributo “será justo en términos de ciudadanos”, mostrándose más favorable al método de cálculo que recoge la diferencia entre los valores compra y de venta del inmueble. Caballero ha lamentado que el sistema aplicado hasta ahora era “sumamente deficiente” y “confiscatorio”, y ha recordado que en 2015 ya había pedido reformarlo, debido a que era “injusto e infinidad de veces, excesivo, calculado para una plusvalía creciente”, quedando “totalmente invalidado” con la crisis financiera.
Así será el nuevo impuesto de plusvalía: dará dos opciones a los ciudadanos y les permitirá elegir la más favorable
El real decreto que el Gobierno aprobará el próximo lunes da margen a los Ayuntamientos para rebajar un 15% la base imponible del impuesto que anuló el Constitucional
El Ministerio de Hacienda ya tiene listo el impuesto de plusvalía después de que la semana pasada el Tribunal Constitucional declarase nulo el método utilizado para calcular la base imponible. El departamento que dirige María Jesús Montero adaptará el tributo a las fluctuaciones del precio de la vivienda para reconocer la ganancia real y la realidad del mercado inmobiliario, como reclamaba el alto tribunal. Creará unos nuevos coeficientes que se aplicarán sobre el valor catastral y que actualizará cada año para recoger la verdadera situación del mercado. Además, ofrecerá a los contribuyentes dos alternativas para calcular el tributo y les permitirá acogerse a la más beneficiosa.
El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como impuesto de plusvalía municipal, es un tributo directo que depende de los Ayuntamientos. Se paga cuando una persona vende, dona o hereda una vivienda. Esta figura fiscal grava en realidad la revalorización que han sufrido los terrenos urbanos sobre los que está construida una casa desde el momento de la compra hasta que se ha traspasado.
La nueva norma mejora el cálculo de la base imponible para garantizar que los contribuyentes que no obtengan una ganancia por la venta del inmueble queden exentos de pagar el tributo, según fuentes ministeriales. Hacienda establecerá dos opciones para determinar la cuota tributaria permitiendo que los ciudadanos opten por la que consideren más beneficiosa. Por un lado, se podrá calcular mediante el valor catastral en el momento del traspaso, con unos nuevos coeficientes que fijará el ministerio y que reflejarán la realidad inmobiliaria. La otra opción consistirá en valorar la diferencia entre el valor de compra y el de venta.
En la mayoría de los casos será más favorable para los ciudadanos optar por la segunda opción. En cualquier caso, Hacienda actualizará los coeficientes cada año para tener en cuenta las fluctuaciones de valor de los bienes inmuebles.
La normativa dará margen a los Ayuntamientos para que puedan corregir hasta el 15% a la baja el valor catastral del suelo en función de la situación de su mercado inmobiliario solo para este tributo. Lo que permitirá adaptar el impuesto a la verdadera situación de cada municipio.
Penalizar la especulación
También se fijará un coeficiente para gravar las plusvalías generadas en menos de un año, es decir, las que se producen cuando entre la fecha de adquisición y de transmisión ha transcurrido menos de un año y que, por tanto, pueden tener un carácter más especulativo.
Hasta ahora para calcular el tributo había que multiplicar el valor catastral del suelo por el número de años que se había sido titular de la propiedad. A esta cifra se le aplicaba un coeficiente anual, en función de los años, que no solía superar el 3,5%. Y a la cantidad resultante se le aplicaba el tipo impositivo, que tampoco podía superar el 30%. Como el valor catastral era el parámetro fundamental del impuesto y los coeficientes tampoco variaban, el Constitucional considera nulo este método objetivo de determinación de la base imponible, ya que presuponía que siempre existe un aumento de valor con independencia de la evolución del mercado.
Por eso, Hacienda sustituye los porcentajes anuales aplicables sobre el valor catastral por unos coeficientes máximos fijados en función del número de años transcurridos desde la adquisición. Y actualizará cada año estos multiplicadores.
El real decreto-ley recalca que el método para calcular el impuesto será optativo. Se dejará al contribuyente la posibilidad de elegir el método más favorable. Podrá tributar en función de la plusvalía real obtenida al traspasar el inmueble —la diferencia entre el precio de venta y el de compra— o por el valor catastral y los nuevos coeficientes. Si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior a la calculada con el valor catastral, podrá aplicarse el primer método. La norma permitirá a los Ayuntamientos comprobar estos cálculos para evitar errores o fraudes.
Desde el 26 de octubre, fecha en que fue firmada la sentencia, los consistorios no podían exigir la liquidación del gravamen al ser considerado inconstitucional su método de cálculo. No era el primer revés judicial para las plusvalías, ya que otras dos sentencias de 2017 y 2019 habían cuestionado algunos aspectos del impuesto. La reforma de Hacienda intenta ahora solventarlos todos de una vez.
El principal reparo, porque suponía el meollo de la cuestión y fue lo que llevó a la anulación de facto del tributo, era cómo determinar la base imponible del mismo. El reciente fallo señalaba que este era “ajeno a la realidad del mercado inmobiliario”, lo que se había hecho particularmente palpable cuando los precios de las casas se desplomaron durante la Gran Recesión. En esos años, era frecuente que incluso vendiendo una casa a pérdidas (es decir, por menos de lo que había costado) hubiera que pagar el impuesto. Esto ya fue cuestionado por el Constitucional en 2017.
El pasado miércoles, durante el debate del proyecto de Ley de los Presupuestos del Estado para 2022, la ministra Montero sostuvo que la modificación que preparaba su departamento aportaría “tranquilidad y seguridad” tanto a los contribuyentes como a los Ayuntamientos. Estos, que llevan ya 10 días sin poder cobrar el impuesto, tendrán seis meses para adaptar su normativa al nuevo marco legal. Lo que han dejado de ingresar desde el 26 de octubre no podrán recuperarlo. Aunque el ministerio ya había estudiado fórmulas para ello, el decreto no será retroactivo. Pero a la vez, los consistorios no se verán obligados a enfrentarse a una avalancha de reclamaciones porque la sentencia del Constitucional estableció un blindaje contra esa posibilidad.
Cuando el impuesto se paga mediante una autoliquidación (como sucede en la mayoría de grandes municipios), el contribuyente tiene un plazo teórico de cuatro años para pedir una revisión de la suma que ha abonado. El fallo judicial, sin embargo, determinó que no será posible reclamar cantidades que no se encontrasen ya recurridas antes de dictarse la sentencia.
La nueva norma no tendrá carácter retroactivo
El real decreto con la nueva normativa sobre el impuesto de plusvalía que prevé aprobar el lunes el Consejo de Ministros no tendrá carácter retroactivo. Eso dejará una especie de vacío legal desde que se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional, que lleva fecha del 26 de octubre (el día en que se supo el sentido del fallo), hasta que entre en vigor el decreto.
El texto íntegro, sin embargo, se desveló el miércoles de esta semana, cuando el alto tribunal publicó la sentencia en su web. Otra fecha importante es la de su publicación en el BOE, porque algunas fuentes jurídicas señalan que hay dudas sobre si algunos efectos del fallo surten efecto desde ese momento.
En cualquier caso, parece claro que los ayuntamientos se enfrentarán a un periodo en el que no podrían exigir la liquidación del tributo. Si se toma como referencia el 26 de octubre, la fecha que cuenta con más consenso, y teniendo en cuenta que el decreto entre en vigor el martes (el día siguiente del Consejo de Ministros), ese periodo sería de 15 días.
Traducido en recaudación sobre la base de 2019, cuando el gravamen aportó 2.519 millones a las arcas municipales, eso supone que los consistorios podrían dejar de ingresar algo más de 100 millones. Se trata de una pérdida abultada, pero no lo suficiente como para comprometer sus finanzas. El año pasado, sin ir más lejos, la pandemia provocó una merma en la recaudación del impuesto de plusvalías del 32%. O lo que es lo mismo, dejaron de ingresar unos 800 millones de euros.
Un compañero de la trabajadora despedida, también empleado de la misma sucursal bancaria, movido por las sospechas, abrió el bolso sin su consentimiento mientras estaba ausente e hizo fotografías del mismo y de parte del dinero sustraído. Tras la personación de la policía en la oficina, la trabajadora mostró el interior del bolso por propia voluntad y confesó el delito.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que se pronuncia ante un recurso de suplicación de la trabajadora (pincha aquí para tener acceso al contenido de la Sentencia en formato pdf), señala que, aunque la vulneración de sus derechos fuera llevada a cabo por otro compañero-trabajador (con la condición de particular) y no por la empresa, es la propia empresa quien se aprovechó de los resultados para proceder al despido disciplinario. La trabajadora sufrió en el proceso un quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva por la inclusión de elementos probatorios obtenidos de forma ilícita. Entiende el Tribunal que la actuación de la policía se vio condicionada por la toma ilícita de una fotografía del interior del bolso de la despedida y que no puede aprovecharse como una prueba autónoma, de igual forma que dicha fotografía también determinó la presencia de la policía en el lugar, la exhibición del bolso por parte de trabajadora y la confesión del delito. Todos los medios de prueba derivan en su conjunto de una prueba inicial ilícita.
No obstante lo anterior, que el descubrimiento de los hechos traiga cuenta del acceso ilícito al bolso por parte del compañero y la posterior presencia policial, no justifica una nulidad del despido, como pretende la trabajadora, a pesar del aprovechamiento de una prueba irregularmente obtenida. El TSJ señala que su despido no es nulo sino improcedente y, por ello, brinda a la empresa la posibilidad de o bien readmitir a la trabajadora o bien de indemnizarla en cantidad cercana a los 65.000 €. El TSJ entiende que la reacción de la empresa de despedir a la trabajadora es consecuente y viene estrictamente referida al descubrimiento de la realización por parte de su empleada de una irregularidad. También entiende que la exclusión de la prueba ilícita es ya garantía bastante para la trabajadora en orden a la protección de sus derechos fundamentales, pero fuera de esto, no puede pretenderse una especie de blindaje de la interesada frente a las consecuencias de sus actos.
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Estas fichas de procedimiento , disponibles para su consulta y descarga a través del documento facilitado por el SEPE (en formato pdf aquí) informan de manera general sobre situaciones que pueden afectar a las prestaciones por ERTE COVID-19.
Habrá que tener siempre en cuenta que la Dirección Provincial del SEPE correspondiente puede tener establecido otro mecanismo de comunicación o de tramitación que modifique o complemente lo expuesto aquí. Si ese fuera el caso tendría prevalencia lo que se haya comunicado desde la unidad administrativa provincial.
La resolución de parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en este asunto señala que los registros de jornada de carácter biométrico son muy invasivos y manejan demasiados datos personales -son de categoría especial en el caso señalado- y ha sancionado a la empresa con una multa de 20.000 € por incumplimiento del artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos, referido a la obligación de disponer de un informe de Evaluación de Impacto de Protección de los Datos Personales. La empresa ha optado por abonar la sanción de forma voluntaria.
¿Te interesa este tema? Lee a continuación el artículo publicado en Confilegal acerca del registro de la jornada laboral.
AEPD advierte que los registros de datos biométricos de las jornadas laborales son invasivos: sanciona a una empresa con 20.000 €
Uno de los sindicatos de la empresa fue quien formuló la denuncia ante la AEPD en febrero del 2020
Los registros de jornada de carácter biométricos son muy invasivos y manejan demasiados datos personales, según la Agencia de Protección de Datos (AEPD) que en una reciente resolución, finalizada por pago voluntario, sanciona a Servicios Logísticos Martorell Siglo XXI con 20.000 euros por la implantación de dicho registro a su cliente automovilístico SEAT, con 520 trabajadores.
En esta resolución (expediente número: PS/00050/2021), que puede recurrirse en primera instancia a la propia AEPD y con posterioridad a la Audiencia Nacional, se imputa a la reclamada que, tratando datos de carácter personal de categoría especial, y existiendo la obligación de disponer de una Evaluación de Impacto en la Protección de los Datos Personales (EIPD) incumplió el artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Dicha EIPD supone, según la resolución, que las organizaciones deben demostrar que están cumpliendo con la norma, incluyendo medidas de documentación sobre cómo son tratados los datos, con que finalidad, hasta cuándo, y documentar los tratamientos y los procedimientos para centrar la cuestión desde un momento temprano de la construcción del sistema de tratamiento.
Al final se trata de que la implantación posibilita la minimización de riesgos en el momento de tratar los datos, teniendo en cuenta la proporcionalidad de los mismos. En función del resultado se puede incluso tener que informar a la AEPD de los resultados de dicha evaluación.
Según consta en el expediente, fue uno de los sindicatos de la empresa quien formuló la denuncia ante la AEPD en febrero del 2020 por su oposición a la implementación de un sistema de control presencial de los trabajadores a través de un sistema biométrico de huella digital en las dependencias de la empresa, mediante terminales que incorporan lectores para la captura de la huella dactilar de cada empleado. En la actualidad, el sistema se conjuga con el lector de tarjeta.
El pasado 19 de octubre de 2021 la parte reclamada procedió al pago de la sanción en la cuantía de 16.000 euros, haciendo uso de la reducción prevista en la propuesta de resolución, al reconocer su culpabilidad, tal y como señala el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
Pere Vidal, abogado laboralista y profesor de Derecho Laboral en la Universitat Oberta de Catalunya, socio de ASNALA, comenta que «desde la perspectiva jurídico-laboral, la resolución de la AEPD choca con la doctrina de tribunales superiores de justicia e incluso del propio Tribunal Supremo, en las pocas ocasiones en las que han tenido oportunidad de resolver sobre esta materia».
«Por ejemplo, la sentencia del TSJ de Canarias de 29 de mayo de 2012 dejaba claro que el establecimiento de un sistema de control horario que identifica al personal por la lectura de la mano mediante infrarrojos no lesiona el derecho a la intimidad«, cometa.
También señala el fallo el TSJ de Murcia, en sentencia de 25 de enero de 2010, «recordando que el control de acceso a las instalaciones de la empresa constituye una finalidad legítima y que, tal medida de control, que vincula la lectura de las huellas digitales a los datos de identidad de los trabajadores, es adecuada, pertinente y no excesiva».
Vidal recuerda que «en el mismo sentido se pronunció el TSJ de la Comunidad Valenciana, en sentencia de 8 de febrero de 2017, en un caso en que un trabajador despedido alegaba una supuesta vulneración del derecho a la protección de datos en relación con el sistema de fichajes mediante huella digital. Pretensión que fue desestimada de plano por la Sala de suplicación».
Este jurista señala que «estando ya en vigor el RGPD, empezaron a suscitarse las dudas sobre el sistema de huella digital como sistema de control de los trabajadores, en tanto que el RGPD lo considera dato biométrico, estando su tratamiento muy restringido».
«De hecho, la Agencia Catalana de Protección de Datos ya avisó en un dictamen de 2018 que, antes de implantar un sistema de control basado en huella digital, era necesaria una evaluación de impacto, priorizando alternativas menos intrusivas (códigos, tarjetas, etc.)», indica.
Este abogado confiesa que «a pesar de ello, son muchas las empresas que han optado por el sistema de huella digital en lugar del lector de tarjetas, pues el sistema de “huella” evita el riesgo de suplantación».
«Sin duda, con esta resolución de la AEPD, las empresas desterrarán definitivamente este sistema de control, volviendo a los lectores de tarjetas, para evitar incurrir en riesgos innecesarios, no solamente las multas de la AEPD, sino posibles demandas por vulneración de derechos fundamentales».
Una tecnología muy invasiva
Por su parte, Eduard Blasi, abogado experto en privacidad, coordinador del grupo de privacidad y salud de APEP y profesor de la UOC, indica que los puntos llamativos de esta resolución son varios «es un uso de esta herramienta con trabajadores de un tratamiento de temporal que solo se utilizó dos meses. Un proyecto piloto al que se le sanciona con 20.000 euros de multa».
Este experto explica que «de la lectura de la resolución del regulador se traduce que la empresa hizo un análisis de riesgos básicos que no le llegó a la evaluación de impactos, necesaria cuando se tratan datos sensibles o se pueden vulnerar derechos fundamentales. Otra cuestión que llama la atención es que no se reclamó la huella completa, solo fueron algunas coordenadas y así lo indica la propia resolución».
Para este jurista, «está claro que la empresa hizo su trabajo a medias, pese a ello recibió esta sanción tan elevada. La AEPD consideró que no era suficiente para proteger los datos personales de sus trabajadores».
En cuanto a la técnica utilizada, «es otro punto de la resolución interesante, cuando se emplea una tecnología biométrica es fundamental que tipo de técnica se utiliza. La AEPD ha plasmado en diferentes resoluciones la distinción entre la identificación biométrica con la autentificación biométrica«.
De esta forma, «la identificación biométrica conlleva un tratamiento de datos sensibles, es decir un tratamiento mas intrusivo, pero la autenticación no lo es tanto y no te lleva a un tratamiento de datos sensibles o a una categoría especial de datos. Al final es un punto que la AEPD destaca en sus resoluciones, si es autenticación biométrica no hay que hacer esa evaluación de impacto«.
Sin embargo, en este caso «cuando la AEPD le pide a la empresa que describa la tecnología que utiliza se vio claramente que lo que hacia esta empresa era una identificación biométrica, una comparación de uno a varios. Había un tratamiento y un sistema complejo que elevaba los datos a categoría especial».
A juicio de Blasi, «es importante en la tecnología biométrica dos cuestiones, la primera el tipo de tecnología que se emplee a nivel software, por la distinción antes señalada. Y la segunda la finalidad, en este caso era un registro de jornada. En este caso, la AEPD señala que para un registro de este tipo existen medios menos intrusivos porque la tecnología no superaba el juicio de proporcionalidad».
Este experto señala que otras autoridades de protección de datos como la CNIL francesa o la APDCAT de Cataluña que «se han posicionado en el sentido que cuando se trata dentro de una empresa por razones de seguridad este tipo de tratamientos no seria desproporcionado. Si se accede a zonas o lugares reservados queda justificado el uso de dicha tecnología».
Para Eduard Blasi, “la evaluación de impacto que viene avalada desde el RGPD es fundamental para saber qué riesgos genera dicha implantación de ese sistema de control de jornada horaria. Al no existir ese análisis la propia AEPD a instancia de la denuncia recibida sindical reclama cierta información y comprueba que la citada evaluación de impacto no se ha realizado”.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales que establecían el método para calcular el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana -comúnmente conocido como plusvalía municipal- , al entender que con ellos el impuesto tenía caracter confiscatorio ya que daba por sentado -con la utilización de dicho método de determinación de la base imponible- que el suelo urbano siempre sufría revalorización. Con esta son ya tres las veces que el máximo órgano de garantía de nuestros derechos se ha pronunciado de forma negativa sobre este impuesto.
¿Te interesa este tema? Lee a continuación el artículo publicado en ElEconomista acerca de la declaración de inconstitucionalidad de la Plusvalía:
Plusvalía municipal, soluciones tras una muerte anunciada
La sentencia del Constitucional con la plusvalía supone una buena oportunidad para modernizar la fiscalidad
El pasado 26 de octubre, el Tribunal Constitucional declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de tres artículos de la Ley de Haciendas Locales, los que regulaban la base imponible del impuesto municipal de plusvalía. Esto no era una sorpresa, hacía ya más de cuatro años que el Tribunal Constitucional había declarado que pagar como si se hubiese ganado, cuando en realidad se había perdido era injusto, confiscatorio y en consecuencia inconstitucional. El problema radicaba en que el sistema de fijación de la base imponible, es decir de la magnitud sobre la que recae el impuesto era tan defectuosa que llegaba a producir resultados confiscatorios. Ahora, el Constitucional ha determinado que todo el sistema de fijación de la base imponible es contrario a la Carta Magna.
Después de la sentencia, el impuesto ha quedado herido de muerte. Y esto tiene consecuencias económicas, ya que es el segundo impuesto más recaudatorio de los Ayuntamientos, después del IBI, y en 2019 recaudó más de 2.500 millones de euros. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha limitado efectos, con lo que las cuantías que los Ayuntamientos tendrán que devolver serán pequeñas. Esto se debe a que no sólo no tendrán que devolverse los ingresos prescritos, es decir de hace más de cuatro años, sino tampoco las situaciones administrativas y judiciales firmes. Pero, además el Tribunal Constitucional tampoco permite impugnar las autoliquidaciones, es decir declaraciones con ingreso, basándose en la inconstitucionalidad de las normas si no se ha realizado antes de la sentencia.
Éste seguramente va a ser el aspecto más polémico de la sentencia. Si no se hubiesen limitado efectos, y los Ayuntamientos hubiesen tenido que devolver todos los importes cobrados y no prescritos, no sólo se hubiesen tenido que enfrentar a la gestión de decenas de miles de expedientes, sino que también hubiesen tenido que devolver varios miles de millones de euros, con un impacto muy importante no sólo en el déficit público, sino también en los presupuestos y políticas municipales. Estas enormes devoluciones probablemente hubiesen terminado en muchos casos en subidas de impuestos a los demás contribuyentes.
Pero, aunque los Ayuntamientos no tengan que devolver ingresos derivados de la aplicación de un impuesto inconstitucional, de momento se han quedado sin su segunda fuente de ingresos. Es cierto que este impuesto era optativo, con lo que algunos Ayuntamientos no lo habían implantado, pero hay un grave problema para los que sí lo hicieron. Y si se quieren que los Ayuntamientos obtengan ingresos de las plusvalías del suelo en su Ayuntamiento habrá que buscar un sistema que no sea inconstitucional.
Ante esto, la mejor alternativa es aprovechar la situación para modernizar y simplificar el sistema fiscal. Si se quiere gravar una plusvalía, lo lógico es calcularla por diferencia entre el precio de compra y el de venta. Es cierto que eso ya tributa en el IRPF a tipos entre el 19% y el 21%. Ahora bien, los Ayuntamientos podrían exigir un recargo, al menos sobre la plusvalía del suelo. Pero, los Ayuntamientos no tienen los datos, que sí tiene la Agencia Tributaria, en parte y que luego completan los ciudadanos cuando realizan su declaración del IRPF.
Cuando se declara una ganancia de patrimonio por venta de un inmueble en el IRPF, Hacienda ya conoce la referencia catastral y el importe cobrado. Lo que no conoce es el precio de compra, que declara el contribuyente, y que puede ser comprobado, como el resto de los extremos de la declaración. Pero una vez conocido el precio de compra, Hacienda ya tiene todos los elementos para poder calcular un eventual recargo que pueda establecer cualquier Ayuntamiento e ingresárselo. Un sistema similar se puede realizar en el impuesto de sociedades para los inmuebles que vendan las personas jurídicas. Y en otros casos como donaciones o fallecimientos, esto también se podría gestionar por la Agencia Tributaria o en su caso por las Administraciones Autonómicas.
No tiene ningún sentido que el mismo hecho, ganar dinero vendiendo un piso, se declare y se gestione dos veces, de dos formas distintas, porque una parte de los ingresos va a dos administraciones: es duplicar gastos de gestión y tiempo y gastos del contribuyente. De hecho, la mitad del IRPF corresponde a las CCAA y la otra al Estado, y se gestiona como un solo impuesto por la Agencia Tributaria. Y tampoco tiene sentido que conociendo la plusvalía real se tribute con una plusvalía objetiva o ficticia. Y no sólo no tiene sentido, sino que es inconstitucional y no se puede aplicar. Por eso, aunque hayamos tardado cuatro años, aprovechemos la ocasión para simplificar y hacer más moderna y justa la plusvalía municipal: nunca es tarde si la dicha es buena.
La aparición de la COVID-19 ha puesto en auge modelos como los ERTE que antes eran muy poco conocidos pero que a día de hoy están a la orden del día. La Dirección General de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social publicó en diciembre de 2020 el criterio interpretativo sobre las cláusulas de mantenimiento de empleo (haz clic en el enlace para acceder al documento en formato pdf) relacionadas con las empresas que se acogieron a los ERTE derivados de la COVID-19.
Con las nuevas medidas aprobadas recientemente, pasamos recordar estos términos:
¿Qué es una cláusula de salvaguarda o mantenimiento de empleo?
Es la obligación empresarial de mantener el empleo durante los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad empresarial, es decir desde la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por ERTE, aun cuando sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla.
¿A quién afecta?
A todas las empresas que reciban exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social.
Tenemos que tener en cuenta que esta cláusula es nominativa, lo que significa que la empresa debe mantener el empleo de todos los trabajadores afectados por el ERTE que recibieron exoneraciones, y no puede despedir a un trabajador y sustituirlo por otro.
Existen cinco cláusulas de mantenimiento de empleo, según los Reales Decretos que se han ido aprobando desde la declaración del primer estado de alarma de 2020:
PRIMERA: La primera cláusula, solo afectaba a los ERTE por Fuerza Mayor, pero no a los ETOP (causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción), contando los 6 meses desde que se reincorpora al primer trabajador, ya sea de manera total o parcial, siendo el plazo único para todo el ERTE.
SEGUNDA: La segunda, recogida en el RD-Ley 30/2020, mantiene vigente la obligación de salvaguarda de empleo. Al ser una continuación del anterior, se establecen dos maneras de contar los 6 meses:
Si la empresa estaba afectada por un compromiso previo, esos 6 meses se empezarán a contar desde la finalización del primer periodo, siempre y cuando algún trabajador del nuevo ERTE con exoneración esté incorporado.
Si no tuviera un compromiso previo, el cómputo se cuenta desde el momento en que el primer trabajador deje de estar afectado por el ERTE, ya sea de manera total o parcial.
*En lo referente a los ERTE ETOP realizados en virtud del RD-Ley 24/2020 y que tengan exoneración de cuotas de la Seguridad Social, los 6 meses empiezan a contar desde el 26 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor de la norma y no antes, aunque hubieran sacado algún trabajador.
TERCERA, CUARTA Y QUINTA: Estas tres últimas cláusulas recogidas en los RD-Ley 2/2021, 11/2021 y 18/2021, las agrupamos en el mismo apartado ya que mantienen vigente la anterior, pensando en todo tipo de ERTE que hayan tenido o vayan a tener exoneración.
¿Cuáles son los ERTE con exoneración? (Lista a partir del 1/11/2021 y hasta el 28/02/2022)
ERTE de las empresas de la cadena de valor y CNAE de la disposición adicional primera del RDL 11/2021.
ERTE por causas ETOP vinculados a los CNAE y empresas, contemplados en la disposición adicional primera del RDL 11/2021.
ERTE por limitación de la actividad.
ERTE por impedimento.
ERTE prorrogados de impedimento, limitación y rebrote.
*La exoneración de estos ERTE del RD-Ley 18/2021 estará vinculada a actividad formativa.
¿Qué ocurre si se incumple el compromiso?
La consecuencia será la pérdida de la exoneración de las cotizaciones concedidas, debiendo la empresa (no sólo el centro de trabajo, aunque hay disparidad de opiniones entre Inspección de Trabajo y la Dirección General de Trabajo) devolver el importe total de las cotizaciones de cuyo pago resultó exonerada, además del correspondiente recargo del 20% y los intereses de demora que se generen hasta la fecha de devolución.
Cada compromiso de empleo se debe considerar por separado a los efectos de la cantidad a devolver, por lo que, si se incumple el segundo, no habrá que devolver el primero, pero habrá que estar a las decisiones judiciales y a los Reales Decretos para poder asegurar este aspecto.
¿Cuándo se entiende incumplido el compromiso?
Si se produce el despido o extinción de los contratos de trabajo de cualquier de las personas afectadas por los ERTE.
Se incluye también la extinción solicitada por el trabajador tras una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o por una movilidad geográfica.
*Excepción: empresas en que concurra riesgo de concurso de acreedores.
Lista de supuestos en que no se considera incumplido el compromiso
Despido disciplinario declarado procedente.
Dimisión.
Muerte.
Jubilación.
Incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.
Fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo, cuando no suponga despido sino interrupción.
Subrogación: se considera que la relación laboral sigue viva.
En caso de contratos temporales:
Extinción del tiempo convenido.
Realización de la obra o servicio objeto del contrato.
Cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.
Implicación para el trabajador
El incumplimiento no afecta al trabajador ni determina la consideración del despido como procedente, improcedente o nulo. Por ello, como en cualquier otro despido, el trabajador tiene un plazo de 20 días hábiles para impugnar el despido.
Las nuevas propuestas del Ministerio de Trabajo en el marco de la negociación con los agentes sociales para la reforma del Estatuto de los Trabajadores (ET) incluyen, entre otrasdos novedades significativas:
la implantación de un límite máximo del 15% de contratos temporales en las empresas y la obligación de que cada año las que hayan excedido ese porcentaje presenten un plan para la creación de puestos indefinidos hasta rebajar el porcentaje por debajo del máximo permitido.
la obligación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) de contratar indefinidamente -negando la posibilidad de contratarlos temporalmente- a los trabajadores que éstas cedan a sus clientes.
Lee a continuación y al respecto un artículo de ElEconomista sobre las novedades en las propuestas del Gobierno para la reforma del ET:
Las empresas no podrán tener más de un 15% de su plantilla en temporal
Las ETT tendrán que hacer fijos a los trabajadores que cedan a sus clientes
El Ministerio de Trabajo presentó el miércoles a los agentes sociales un nuevo documento de negociación para la modernización del Estatuto de los Trabajadores (ET), según comunicó la UGT. Entre las novedades propuestas respecto al anterior borrador -que data del 14 de julio- el Gobierno quiere limitar por ley que una empresa pueda tener más del 15% de su plantilla contratada de forma temporal. Además, según la información proporcionada por el sindicato, las ETT (Empresas de Trabajo Temporal) ya no podrán contratar de forma temporal a trabajadores para ser cedidos a sus clientes y deberán mantener una relación indefinida con los empleados que cedan.
En un comunicado tras la reunión que mantuvieron los representante de los sindicatos y las patronales con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, UGT adelantó que Trabajo ha introducido propuestas para los contratos formativos, los contratos temporales del nuevo artículo 15 ET, la incardinación del contrato fijo de obra de la construcción en la contratación indefinida, una nueva definición del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (similar al Erte), así como una nueva regulación de las ETT que permita encajar los trabajos de temporada con una mejor protección de las personas trabajadoras a través de la contratación indefinida en las propias empresas de trabajo temporal.
Respecto al 15% del límite de temporalidad, UGT señala que los contratos estructurales, -los ligados a razones productivas por el incremento ocasional e imprevisible de la actividad; los ligados a razones organizativas para sustituir a un trabajador de plantilla en baja y las dos modalidades formativas, el de prácticas y el contrato de formación dual- que serán legales tras la reforma laboral, no podrán superar tras la nueva propuesta del Gobierno un 15% de la totalidad de la plantilla, según el límite que establece el Ministerio de Trabajo.
Fuentes conocedoras del documento señalan que cada año las empresas que hayan excedido ese 15% deberán presentar a los sindicatos un plan que implique la creación de puestos indefinidos para reconducir el porcentaje de temporales por debajo del 15% de la plantilla.
En referencia a las Empresas de Trabajo Temporal, UGT señala que la propuesta “permite la celebración de los contratos de puesta a disposición para trabajos temporales siempre que la relación laboral de la persona cedida esté concertada por tiempo indefinido, ya sea a tiempo completo o tiempo parcial, modificando los artículos 6 y 10 de la ley de ETT”. Actualmente, estas empresas pueden optar por contratar de forma temporal a personal que va a ceder bajo la modalidad de obra y servicio o bien la propuesta del Gobierno de contratar fijos a las personas que luego cede de forma temporal a sus clientes. Dado que el contrato de obra y servicios se elimina, solo les queda la posibilidad de contratar de forma indefinida.
Entre las modificaciones de Trabajo se incluye una nueva redacción del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), similar al Erte. Ahora se permitirá usarlo para la recualificación de la plantilla y la se aclara que las causas ETOP justificarán el mecanismo.
UGT adelanta que Trabajo introducirá flexibilidad en la contratación temporal de la construcción. Así, según el sindicato en vez de derogar el contrato fijo de obra en la construcción, como pretendía, lo modificará. No obstante, pretende con la nueva redacción encajar este contrato específico del sector dentro de la contratación indefinida, tal como demanda UGT.
En una reciente sentencia el Tribunal Supremo señala que este tipo de gastos de atención a clientes o representación -comidas con futuros clientes, regalos a proveedores, entradas a espectáculos deportivos y culturales, estancias en hotel o spa- no pueden considerarse donativos ni liberalidades -como pretende Hacienda-, ya que tienen por objeto incrementar los resultados y hacer crecer el negocio, a través de la promoción y marketing y, en cualquier caso, son un plus para el negocio que generará beneficios, a veces inmediatos, si no medio o a largo plazo.
Lee más sobre esta sentencia a través de la noticia del digital crónica económica que te transcribimos a continuación:
El Supremo abre una vía para sumar deducciones en Sociedades
La pandemia del coronavirus ha dejado en una situación económica crítica a un porcentaje elevado de autónomos y cerca de 225.000 siguen recibiendo algún tipo de ayuda, fundamentalmente la derivada de las exenciones en las cuotas.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dado un alivio al colectivo, que desde ahora podrá desgravarse en el Impuesto de Sociedades los gastos de representación, que el Ministerio de Hacienda no consideraba deducibles ya que no estaban vinculados de forma directa al negocio y los ingresos. El Fisco se mostraba muy rígido a la hora de aplicar desgravaciones en el tributo, que debían estar claramente acreditadas. Sin embargo, el Supremo, con una sentencia que sienta jurisprudencia, va mucho más allá y acaba con un debate continuo, que finalmente perjudicaba a las pequeñas empresas y trabajadores por cuenta ajena, que en muchas ocasiones daban marcha atrás a estas iniciativas de márquetin y básicas para el desarrollo de su negocio -eventos, conferencias o reuniones- o asumían el coste de realizarlas conscientes que no podían llevarlas a la Agencia Tributaria para reducir su factura fiscal.
Según la ley vigente, “los gastos de atención a clientes o proveedores serán deducibles siempre que se encuentren documentados en facturas que cumplan los requisitos formales y que se justifiquen como necesarios para la actividad, hasta el límite del 1% de los ingresos anuales (para evitar el fraude)”, un planteamiento que dejaba mucho margen a los responsables de Hacienda y que daba pie a criterios muy dispares, que en muchas ocasiones se derivaban a los tribunales. Ahora, el Alto Tribunal aclara que este tipo de gastos podrán desgravarse, aunque gracias a ellos no se consiga cerrar un acuerdo o negocio, como preveía la normativa como requisito. Los contactos con clientes y proveedores son un plus para el negocio que genera beneficios. Estas relaciones se podrán demostrar por un ’email’ o ‘whatsapp’ La base de su sentencia, que tiene gran trascendencia, es que este tipo de gastos de atención a clientes o representación, entre los que se pueden comidas con futuros clientes, regalos a proveedores, entradas a espectáculos deportivos -fútbol, baloncesto, tenis…- y culturales -cine, teatro, circo…-, estancias en hoteles e incluso invitaciones a spa, no pueden ser considerados donativos ni liberalidades, ya que tienen el objeto de incrementar los resultados y hacer crecer el negocio a través de la promoción y márquetin. Lo que hace el Tribunal es dejar patente que estos contactos con clientes y empleados y los gastos que generan son un plus para el negocio que generará beneficios a medio y largo plazo, a veces inmediato. La factura de un buen restaurante con un cliente o una invitación al palco VIP de un equipo de fútbol trasciende más allá de la apariencia y estos detalles con los clientes tienen como consecuencia acuerdos y mayores ventas y, por tanto, mayores ingresos, por lo que deben ser deducibles.
Acreditar este resultado ante Hacienda no resultaba fácil hasta ahora, por lo que habitualmente estos gastos caían en el ‘saco’ de donativos y liberalidades no deducibles, pero ahora el contribuyente no deberá probar la relación con los ingresos de estos desembolsos que para algunas empresas básicos y sí, si lo reclama el Fisco, los vínculos con el agasajado mediante estas atenciones, a través de un correo electrónico, un mensaje de ‘whatsapp’ o una llamada. El fallo también explica lo que no es deducible. La sentencia considera, ante recurso de casación contencioso-administrativo de una empresa viguesa suministradora de materiales de construcción, que los gastos predeterminados a favor de los accionistas o los partícipes de la sociedad no son desgravables, “puesto que cuando el objetivo no se integra en la propia actividad empresarial de optimizar los resultados empresariales, sino en beneficio particular de los componentes de la sociedad, decae cualquier consideración de gasto deducible excluido de los donativos o liberalidades“. Los intereses de demora también son deducibles, ya que no tienen carácter punitivo. “Están conectados con el ejercicio de la actividad“, asegura el TS. El pasado febrero también el Alto Tribunal avalaba que los intereses de demora son deducibles, puesto que no tienen carácter punitivo o sancionador -una de las causas de exclusión, como los donativos-, ya que tienen un carácter resarcitorio -financiero. “No vemos que los intereses de demora no estén correlacionados con los ingresos; están conectados con el ejercicio de la actividad empresarial y, por tanto, serán deducibles“, sentenciaba en contra del criterio de Hacienda. Varios tribunales superiores de Justicia, entre ellos los de Castilla y León y el de Aragón, ya se habían manifestado en la línea del último fallo del Alto Tribunal sobre el asunto.
En este caso, el origen del conflicto estaba en una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en la que reconocía un cambio de criterio a partir de 2010 en relación con el que se venía manteniendo anteriormente -tanto por el propio TEAC como por la Dirección General de Tributos (DGT)-, lo que provocó que los órganos de la AEAT modificaran el criterio en sus actuaciones y consideraran dicho gasto como no deducible en el Impuesto de Sociedades. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) señalaba, a raíz de esta sentencia, que “la deducibilidad de los intereses de demora en los ejercicios en los que resulta de aplicación la vigente Ley 27/2014 no debería ser objeto de controversia por varios motivos: En primer lugar, porque existe doctrina de la DGT que ampara dicha deducibilidad y mientras esta no se modifique -por la propia DGT o por el TEAC- los órganos de la AEAT se encuentran vinculados a ella, por lo que dicho gasto no debería cuestionarse en el seno de un procedimiento. En segundo lugar, porque aún en el hipotético caso en que esto ocurriera y el TEAC tuviera que pronunciarse, el Supremo deja claro que los intereses de demora no pueden considerarse gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico“.
La convocatoria de estas subvenciones por parte del Ajuntament de Calvià concederá ayudas de hasta 9.000 € (línea A) y 6.000 € (línea B). El importe de la subvención será del 80% de las facturas, facturas proforma o presupuestos presentados por la persona o entidad beneficiaria. El plazo para presentar las solicitudes: desde el 15/10/21 hasta el 04/11/21.
Líneas disponibles
LÍNEA A:
La adquisición de elementos y la realización de actuaciones que contribuyan a la mejora estética interior y/o exterior de establecimientos físicos que dispongan de alguna zona de uso público.
LÍNEA B:
Actuaciones dirigidas a la innovación y la digitalización de los negocios del término. Se incluyen:
Sublínea 1ª.- Adquisición de terminales de punto de venta (TPV).
Sublínea 2ª.- Creación, actualización o mantenimiento de un portal web para publicitar la actividad y/o para venta de productos o servicios.
Sublínea 3ª.- Adquisición de programas informáticos (software) para la gestión del negocio.
PERSONAS / ENTIDADES BENEFICIARIAS
1. Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.
2. Las personas o entidades beneficiarias deben estar dadas de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores; y, si fuera el caso, en el impuesto sobre actividades económicas (IAE); con un epígrafe correspondiente a la actividad que se ejerce.
3. Se exime a las personas solicitantes de estas ayudas de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, y de ser deudoras por reintegro ante la Administración.
Las solicitudes serán estudiadas por riguroso orden de presentación. Se concederán las subvenciones, siguiendo dicho orden, a todas aquellas solicitudes que cumplan los requisitos y las condiciones previstas en las presentes bases hasta que se agote el crédito presupuestario.
Tienes más información en la convocatoria publicada en el BOIB, a través de este enlace.
¿Necesitas ayuda? No lo dudes, pásate por nuestra oficina 𝗠𝗼𝘆𝗮&𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 de Calvià de la C/ Córdoba (Son Caliu), recibe nuestro asesoramiento y deja en nuestra manos la solicitud de la subvención para tu negocio.
El artículo 29.2.j) establece “la obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos.”
Este artículo añade que “Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad”.
El desarrollo reglamentario mencionado en el artículo 29.2.j) está actualmente en curso por lo que la forma de cumplimentar las obligaciones establecidas en dicho artículo aún no está completamente definida y habrá que esperar a que el Reglamento establezca los requisitos que deben cumplir los sistemas y programas informáticos o electrónicos así como, en su caso, la forma de certificarlos.
* Por tanto, hay que esperar al desarrollo reglamentario para conocer con detalle los requisitos que deben cumplir los programas y sistemas informáticos, así como, en su caso, la forma de certificación o acreditación de que se cumplen dichos requisitos.
El artículo 201.bis regula las infracciones por fabricación, producción, comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable.
El apartado 1 define como infracción tributaria grave la fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas informáticos o electrónicos que:
a) permitan llevar contabilidades distintas en los términos del artículo 200.1.d) de esta Ley;
b) permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas;
c) permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas;
d) permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable;
e) no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la Administración Tributaria, en los términos del artículo 29.2.j) de esta Ley;
f) no se certifiquen, estando obligado a ello por disposición reglamentaria, los sistemas fabricados, producidos o comercializados
Las letras a), b), c) y d) serán de directa aplicación a partir del 11 de octubre de 2021.
Las letras e) y f) exigen explícitamente un desarrollo reglamentario. Por tanto, no serán de aplicación hasta que dicho Reglamento sea aprobado y entre en vigor.
El apartado 2 del artículo 201.bis se refiere a la tenencia por los usuarios de sistemas y programas informáticos o electrónicos que no se ajusten a lo establecido en el artículo 29.2.j) de esta Ley, cuando los mismos no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.
* Por tanto, hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario de la certificación a que alude este apartado, los usuarios no podrán ser sancionados por incumplimiento de este artículo.
Puedes conocer, a través de las fichas que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pone a disposición de cualquier interesado, cuáles son los requisitos que debes cumplir para respetar la normativa de protección de datos en todo lo referente a la videovigilancia, como por ejemplo, su uso en una comunidad de personas propietarios, una vivienda o un establecimiento comercial.
A continuación te transcribimos los principios básicos que rigen la normativa sobre videovigilancia (en formato pdf aquí). Además, puedes acceder a la web de la AEPD para ver las guías disponibles para los supuestos contemplados a través de este enlace.
PRINCIPIOS BÁSICOS
La captación y/o la grabación de imágenes de personas identificadas, o identificables, con fines de seguridad de personas, bienes e instalaciones mediante cámaras, videocámaras, o cualquier otro medio técnico análogo, constituye un tratamiento de datos personales sometido a la normativa de protección de datos.
No está sometido a la normativa de protección de datos el tratamiento de imágenes en el ámbito exclusivamente personal o doméstico por una persona física que sólo capte el interior de su propio domicilio.
No se podrán obtener imágenes de espacios públicos con fines de seguridad, actividad que está reservada en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, salvo imágenes parciales y limitadas que resulten imprescindibles para la vigilancia o sea imposible evitarlas. En ningún caso se pueden captar imágenes en baños, vestuarios o lugares análogos, ni de espacios ajenos.
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
Previamente a su puesta en funcionamiento, se elaborará el registro de actividades referido a este tratamiento. Se trata de un documento interno. Puede utilizarse la herramienta FACILITA_RGPDdisponible en la web de la AEPD cuando no se trate de grandes infraestructuras (estaciones de ferrocarril, centros comerciales). La Guíasobreel uso de videocámaras para seguridad y otrasfinalidadesofrece un modelo de registro de actividades.
La utilización de sistemas de videovigilancia que se limiten a una mera reproducción o emisión de imágenes en tiempo real, sin ser grabadas ni almacenadas, exige también configurar el registro de actividades de tratamiento.
DERECHO DE INFORMACIÓN
En todos los casos se deberá informar de la existencia de un sistema de videovigilancia. A este fin se colocará un cartel suficientemente visible en los accesos a las zonas videovigiladas, que indicará de forma clara la identidad del responsable de la instalación, ante quién y dónde dirigirse para ejercer los derechos que prevé la normativa de protección de datos, y dónde obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales. La AEPD ofrece un modelo de cartel en la Guía sobre el uso de videocámaras. Igualmente, se pondrá a disposición de los afectados el resto de la información a la que se refiere el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos.
INSTALACIÓN
La contratación de un servicio de videovigilancia externo o la instalación de las cámaras por un tercero no exime a su titular del cumplimiento de la normativa de protección de datos. No obstante, si se trata de una empresa de seguridad que gestiona el sistema de videovigilancia en el domicilio de las personas físicas, la empresa será el responsable del tratamiento.
SEGURIDAD Y SECRETO
El responsable deberá adoptar las medidas de seguridad de carácter técnico y organizativo, en función del análisis de riesgos que se haya realizado previamente. Para facilitar esta labor, consulte la Guía de la AEPD sobre análisis de riesgos.
Cuando no se trate de videovigilancia masiva, como podría ser el caso de uso en comunidades de propietarios o pequeños establecimientos, puede utilizarse la herramienta FACILITA_RGPD.
El responsable deberá informar a quién tenga acceso a las imágenes sobre sus obligaciones de seguridad (reserva, confidencialidad y sigilo) y de su deber de guardar secreto.
Se deberán adoptar medidas que impidan el acceso a las imágenes por parte de personal no autorizado.
CONSERVACIÓN DE LAS IMÁGENES
Las imágenes serán conservadas durante un plazo máximo de un mes desde su captación, transcurrido el cual se procederá al borrado.
Cuando se produjese la grabación de un delito o infracción administrativa que deba ser puesta en conocimiento de una autoridad las imágenes se acompañarán a la denuncia y deberán conservarse con el único fin de mponerlas a disposición de la citada autoridad sin que puedan ser utilizadas para ningún otro propósito.
NOTA IMPORTANTE
Este documento se refiere únicamente a las obligaciones en materia de protección de datos personales. Pueden existir otras normas que impongan requisitos adicionales a la instalación de sistemas de videovigilancia que no han sido recogidos aquí
Más información en la Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades
Aún tienes dudas, entonces ponte en contacto con Moya & Emery y pide cita en cualquier de nuestras oficinas, donde podremos brindarte el asesoramiento sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos necesario según tus caso.
Nicolás Emery dedicó el consultorio jurídico de Ràdio Calvià FM a desgranar la propuesta de Presupuestos Generales del Estado, presentada ayer a debate en el Congreso de los Diputados, haciendo referencia al gasto social previsto, las pensiones, los fondos europeos y, en especial a los fondos para el apoyo industrial. Además, quiso hacer mención a las novedades, hitos y obligaciones jurídicas más importantes para empresas, profesionales y particulares recordándonos que:
• En noviembre entrará en vigor la prohibición de utilizar programas informáticos que permitan la llevanza de doble contabilidad.
• Ayer día 13 de octubre acabó el plazo para solicitar la renovación de los ERTES.
• El próximo 20 de octubre acabará el plazo para presentación de impuestos
• Ha habido modificaciones en el suministro inmediato de información (SII) a la Agencia Tributaria sobre el IVA
Un Juzgado de lo Social de Sevilla ha reconocido en este caso que la multipatología tanto física como psíquica que afecta a la empleada de hogar, por un lado fibromialgia y por otro un cuadro ansioso-depresivo, le impiden ejercer con continuidad y de manera eficaz, no sólo la suya, sino cualquier profesión y la hacen, por tanto, merecedora de la prestación de incapacidad permanente absoluta por parte del INSS.
Lee más acerca de este caso en la noticia del portal NoticiasJurídicas.comque te transcribimos a continuación:
Un juzgado reconoce la incapacidad permanente absoluta por fibromialgia a una empleada del hogar
El juez considera que las dolencias le impiden trabajar con continuidad y eficacia
La fibromialgia, así como muchas dolencias “invisibles”, siguen constituyendo hoy un doble lastre para el que los padece. No solo han de luchar diariamente para sobre llevar la fatiga, dolores físicos, depresión sino también con aquellos que cuestionan su capacidad para trabajar o que sus dolencias sean reales. Este es el caso de una empleada de hogar a quien el Juzgado de lo Social de Sevilla le ha reconocido finalmente la incapacidad permanente absoluta, por entender que la fibromialgia y la depresión que padece le limitan para el desempeño de cualquier actividad laboral, en contra del criterio de la Seguridad Social.
El letrado de la demandante, Alvaro Jiménez Bidón, socio del despacho Jiménez Bidón Abogados, comenta como “pese al cuadro multipatológico cronificado en el tiempo y de incierta recuperación de esta trabajadora de sólo 44 años, el INSS le negó la incapacidad permanente, por considerar que sus dolencias no disminuyen su capacidad laboral”. Motivo por el que la mujer no tuvo otra alternativa que “recurrir dos veces a los juzgados para que éstos le ratificasen, tanto su incapacidad laboral temporal (baja médica), como la permanente, siéndole reconocida finalmente una incapacidad laboral absoluta”.
Empleada hogar
La operaria, que trabajaba como empleada del hogar, fue dada de alta de su incapacidad temporal (baja médica por patología psíquica) por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en julio de 2017. Tras una impugnación de alta, el juez ratificó en enero de 2018 esa baja médica con efectos retroactivos al momento del alta.
Sin embargo, en marzo de 2018, de nuevo el INSS le denegó la incapacidad permanente, por considerar que “sus dolencias no disminuyen su capacidad laboral”.
Dolencias limitantes
Los informes médicos demuestran que la trabajadora padece dos tipos de patologías limitantes. Unas de carácter físico, referidas a los efectos de dolor causados por la fibromialgia, unido a las limitaciones ocasionadas por el síndrome del túnel carpiano que le afecta a los dos manos y que le suponen una importante limitación para realizar las tareas fundamentales como empleada de hogar.
Y, por otro lado, las de carácter psíquico, ya que sufre un trastorno mixto ansioso-depresivo y una neurosis obsesiva de mala evolución. Tales dolencias, según explica el informe aportado, le causan una apatía intensa con fallos de memoria de retención, que le impiden una mínima concentración para llevar a cabo cualquier tipo de trabajo por suave que sea, hasta el punto de no poder acudir al trabajo con regularidad, con horarios determinados y poder relacionarse con compañeros y jefes.
Requisitos
La sentencia recuerda que la incapacidad permanente absoluta inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Para valorar el grado de invalidez, los jueces han dictado que “más que atender a las lesiones hay que valorar las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral”. De forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando la persona no tenga capacidad alguna para desarrollar una actividad laboral.
En cambio, matiza la sentencia, sería incapacidad total para la profesión habitual si inhabilitase a la trabajadora para la realización de todos o de las principales tareas de dicha profesión con un mínimo de capacidad o eficacia, y siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Igualmente, también recalca la importancia de que esa actividad tenga un rendimiento económico aprovechable y que no se trate de un ejercicio esporádico de la actividad laboral, sino que se trate de un desempeño laboral conforme a “las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia”.
Por todo ello, y teniendo en cuenta todas las limitaciones en su capacidad funcional que le provocan las patologías que padece, el juez considera patente que la demandante no puede desarrollar ninguna actividad laboral con habitualidad, rentabilidad, continuidad y eficacia. Por tanto, declara a la demandante en Incapacidad Permanente Absoluta, con la prestación que le corresponda por parte del INSS.
Haz clic en este enlace para acceder a esta guía básica oficial de tramitación en formato pdf, que recoge las novedades y los trámites a seguir aprobados en el Real Decreto‐ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo que prorroga prestaciones extraordinarias por ERTE COVID y para los fijos discontinuos junto con un conjunto de medidas para autónomos, empresas y trabajadores.
Recuerda que en Moya & Emery te ofrecemos asesoramiento y gestionaremos por ti cualquier solicitud de prestaciones y ayudas a que puedas tener derecho, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros para una cita en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.
Es común que los profesionales o las empresas vean como sus facturas emitidas no son pagadas, ya sea en parte o totalmente. La crisis económica derivada del COVID-19 ha convertido los impagos en algo demasiado habitual y quizás alguna de las preguntas pueda rondarte la cabeza: ¿Hay alguna forma de recuperar el IVA de las facturas impagadas? ¿Qué hay que hacer para recuperar ese IVA? ¿Cuáles son los requisitos o los plazos para recuperarlo?
En caso de que ya se haya liquidado el IVA de una factura impagada, debes saber que el importe del impuesto puede ser recuperado siguiendo los siguientes pasos:
Reclamar al deudor de un modo fehaciente el importe de la factura impagada (mediante un burofax, judicialmente o notarialmente).
Hacer factura rectificativa de la original impagada (la rectificativa es una modificación o ampliación de la factura original).
Dar cuenta a Hacienda de la factura rectificativa.
¿Qué dice la ley al respecto?
Nuestra legislación señala que la base imponible del impuesto se puede reducir si los créditos que corresponden a las cuotas repercutidas son total o parcialmente incobrables. ¿Pero cuándo se considera un crédito incobrable? Cuando reúna las siguientes condiciones:
Que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.
Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este impuesto.
Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible, IVA excluido, sea superior a 300 euros.
Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos.
¿Qué debo hacer en relación a la factura impagada? Reclamar su pago, declararla incobrable, emitir una factura rectificativa, informar a Hacienda
Como hemos señalado, tras considerar el crédito como incobrable y reclamar al deudor su pago, deberá emitirse en estos casos una factura rectificativa de la impagada y declarada como paso inicial para recuperar el IVA repercutido. Y esta factura rectificativa viene a enmendar la factura original, que no se anula y seguirá existiendo.
La factura rectificativa es, a todos los efectos, una factura y debe cumplir idénticos requisitos que cualquiera y también otros adicionales o especiales, como:
que la rectificativa debe hacer mención clara al hecho de que es una factura que modifica o rectifica la factura original, a la que debe hacer referencia clara.
No pueden seguir el orden normal o habitual del resto de factura.
Una factura rectificativa no puede hacer contener registros contables negativos.
¿Necesitas ayuda para reclamar a tus deudores y recuperar el IVA de facturas que te han dejado de abonar? No lo dudes, ponte en contacto con Moya & Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià y te asesoraremos en tu caso concreto
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha declarado en una reciente sentencia –continuando una doctrina reiterada hasta la fecha– que el despido de una empleada embarazada es nulo. La importante novedad estriba en que, en el caso señalado, el Tribunal ha aseverado que si la empresa no era conocedora de que la mujer estaba encinta, no puede considerarse un despido en que concurra discriminaciónpor razón de sexo y, por tanto, no cabe indemnización por daños morales, algo que había reconocido la sentencia de instancia (en una cantidad nada menos que de 25.000 €) pero que ahora ha enmendado y hecho desaparecer el TSJ catalán. Entiende el Tribunal que la declaración de nulidad de un despido en supuestos de trabajadoras embarazadas ni puede ni debe conllevar un reconocimiento automático de daños morales si no se demuestra que la empresa conocía del embarazo.
Puedes consular la sentenciareferida en formato pdf a través de este enlace y recuerda que en Moya & Emery podemos asesorarte y ofrecerte defensa letrada en asuntos de discriminación laboral, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros para una cita en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià:
El informe en que presenta sus conclusiones el Abogado General al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es claro: denegar el derecho a paro (o impedirles cotizar para poder tenerlo) de las empleadas del hogar es discriminación indirecta pr razón de sexo sin justificación alguna.
Ahora el TJUE deberá dictar sentencia, sin verse vinculado por el informe del Abogado General -aunque en pocas ocasiones se suele separar de su criterio- sobre el caso de una empleada del hogar a la que la Tesorería General de la Seguridad Social denegó la posibilidad de cotizar para tener prestación por desempleo.
¿Quieres leer más al respecto? Lee a continuación la noticia publicada por abogacía española:
El abogado general del TJUE ve ilegal la ley española que niega prestación del paro a empleadas del hogar
La legislación española que excluye de las prestaciones por desempleo a las empleadas del hogar es contraria al Derecho de la Unión Europea porque constituye una discriminación indirecta hacia las mujeres, según ha concluido el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Szpunar.
En opinión del letrado, dado que estos empleados son “casi exclusivamente mujeres”, denegarles el derecho a paro “constituye una discriminación indirecta por razón de sexo y no justificada por objetivos legítimos y ajenos a toda discriminación basada en el sexo”.
Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes de cara a la futura sentencia que tendrá que emitir el TUE en los próximos meses para resolver el caso de una empleada del hogar a la que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) denegó una solicitud de cotización a la protección por desempleo para adquirir el derecho a la prestación.
El asunto fue elevado al tribunal de Luxemburgo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, que pide al TUE que interprete la directiva sobre igualdad en materia de seguridad social para determinar si existe una discriminación indirecta por razón de sexo.
Así, Szpunar señala que corresponde al juez español comprobar si la “desventaja particular” que la legislación española establece para las empleadas del hogar puede calificarse de “medida indirectamente discriminatoria”.
Si embargo, el letrado destaca que, mientras que la proporción entre hombres y mujeres es “más o menos similar” entre los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el régimen de general de la seguridad social (en el que todos tienen derecho a una prestación por desempleo), la proporción en el caso del régimen especial para empleados del hogar “difiere considerablemente”.
En este caso, explica, las mujeres representan más del 95% de los trabajadores de este sistema y, por tanto, la cláusula de exclusión “afecta negativamente a una proporción significativamente mayor de empleados de hogar de sexo femenino que de sexo masculino”.
De esta forma, Szpunar apunta que, si el juez español llegar a la conclusión de que las empleadas del hogar están en “una posición menos ventajosa”, debería considerar que la legislación es contraria a las normas europeas “salvo que esté justificada por factores objetivos y ajenos a toda discriminación por razón de sexo”.
El Abogado General examina a continuación este último punto y rechaza las alegaciones presentadas por la TGSS y el Gobierno español, que justificaban la diferencia de trato “por objetivos basados en las características específicas de la categoría de empleados de hogar y del estatuto de sus empleadores, así como por objetivos de protección de los trabajadores, de protección del nivel de ocupación en este sector y de lucha contra el trabajo sumergido y el fraude”.
El letrado apunta, en primer lugar, que se trata de objetivos “legítimos” de protección social, pero estima que “no son ajenos a toda discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, no pueden justificar una discriminación perjudicial para las personas de sexo femenino”.
Por otro lado, Szpunar destaca que los motivos basados en las características de las empleadas del hogar (trabajadoras poco cualificadas que cobran el salario mínimo) o de sus empleadores (cabezas de familia) “parecen estar basados más bien en estereotipos de género” y, en consecuencia, “son difícilmente ajenos a una discriminación por sexo”.
Además, el Abogado General rechaza en sus conclusiones que una eventual protección de las empleadas del hogar frente al desempleo pueda incitarlos al fraude, así como que la exclusión “conduce a reforzar la concepción social tradicional de los roles”, lo que permite “no solo explotar la posición, estructuralmente más débil, de las personas que integran este sector, sino también infravalorar su trabajo”.
Ya están disponibles las ayudas para el alquiler de viviendas del año 2021. Consulta un completo documento resumen en formato pdf a través de este enlace para conocer las condiciones, requisitos, importes máximos a percibir, plazos y formas de presentación de las solicitudes. También puedes, a través de este enlace, ver el pdf de las bases de la convocatoria de ayudas publicadas en el BOIB.
Estas ayudas estatales y autonómicas tienen por objeto facilitar el disfrute de una vivienda destinada a domicilio habitual y permanente en régimen de alquiler, a sectores de población con escasos recursos económicos, mediante el otorgamiento de ayudas a los inquilinos que consisten en la financiación de una parte de la renta que el inquilino tiene que satisfacer por la vivienda alquilada.
El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda empieza el día 1 de octubre de 2021 y finaliza el 15 de noviembre de 2021, ambos incluidos.
Si quieres más información acerca de las ayudas disponibles o asesoramiento para la tramitación de las mismas, ponte en contacto con Moya & Emery en cualquiera de nuestra oficinas de Palma o Calvià
El nuevo Real Decreto Ley traslada el VI Acuerdo Social en Defesada del Empleo alcanzado entre la Vicepresidencia tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.
En esta ocasión, el mecanismo de los ERTE promueve la formación como paso fundamental para recapitalizar las personas trabajadoras trabajadores y mejorar su empleabilidad. Las empresas que cuenten con acciones formativas podrán acceder a mayores exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
La nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, para las que es obligatorio solicitar ante la autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 de octubre. Por tanto, los nuevos ERTE se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero de 2022.
ERTE de formación
De un modelo basado en los llamados ERTE sectoriales, con una protección especial a las actividades que habían mostrado una menor recuperación tras el impacto de la pandemia, se pasa a dar mayor protección a las empresas que promuevan la formación de sus empleados. Se incentiva así la formación en los nuevos ERTE, subvencionando el grueso del coste de la formación y aplicando exoneraciones a las empresas que formen a sus trabajadores en ERTE.
Las empresas que formen a personas afectadas por este tipo de ERTE tendrán derecho al incremento del crédito para la financiación para actividades formativas, en función de su tamaño:
•De 1 a 9 personas trabajadoras: 160 euros por persona
•De 10 a 49 personas trabajadoras trabajadores: 240 euros por persona
•De 50 o más personas: 320 euros por persona
Exoneraciones
Los beneficios, en forma de exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social y con ayudas a la formación, son mayores en función del tamaño de la empresa y de las acciones formativas.
•El esquema de exoneraciones entre noviembre y febrero distinguirá entre empresas de menos de10 trabajadores y aquellas con plantilla igual o superior a estos. Así, para las primeras, las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social alcanzarán el 80% si realizan acciones formativas y el 50% para el resto; si la empresa tiene 10 o más trabajadores, tendrá una exoneración del 80% si realiza acciones formativas, y del 40% en el resto de los casos.
•El número mínimo de horas de formación de cada persona será de 30, en las empresas de 10 a 49 trabajadores y de 40 a para las que tienen 50 o más. Y estas actividades deberán desarrollarse durante la jornada suspendida.
•Además, se mantienen los ERTE de impedimento, vinculados a las limitaciones de actividad. Las empresas en esa situación pasan a tener una exoneración del 100% de la aportación empresarial devengada a partir de noviembre de 2021, durante el periodo de cierre, y hasta el 28 de febrero.
Protección de las personas trabajadoras
Los trabajadores acogidos a ERTE seguirán disfrutando de la exención del periodo de carencia para el acceso a la prestación por desempleo. También del denominado “contador a cero” que se amplía de manera extraordinaria hasta el 1 de enero de 2023.
Las bases reguladoras de las personas trabajadoras, sobre las que se calculan las prestaciones, se incrementan del 50 al 70% para las personas beneficiarias que hayan consumido 180 días.
Se mantienen los beneficios para las personas afectadas por ERTE con contrato a tiempo parcial y la prestación extraordinaria para las personas fijas discontinuas.
Medidas de acompañamiento
Se mantienen las garantías de acuerdos anteriores tales como los límites al reparto de dividendos y el acceso a las ayudas a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales.
Las empresas acogidas a estos ERTE tendrán que respetar restricciones en el acceso a las horas extraordinarias y en las externalizaciones de la actividad.
Se extiende la prohibición del despido durante el periodo de vigencia de la norma y también se interrumpe el cómputo de la duración máxima de los contratos temporales para las personas acogidas a ERTE.
El compromiso de mantenimiento del empleo contará con un nuevo periodo adicional de 6 meses.
La norma también contempla prórroga del plan MECUIDA y de la prestación extraordinaria para los profesionales de las artes hasta el 28 de febrero de 2022
ERTE específico para Canarias
El Gobierno también ha aprobado los ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias.
Los trabajadores y trabajadoras tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.
Tramitación simplificada
Las empresas deberán solicitar a la autoridad laboral la prórroga de todos los expedientes para extender los beneficios de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. Para tramitar esta solicitud deberán presentar el listado de horas o días de trabajo suspendidos o reducidos desde julio de 2021. Para el caso particular de los ERTE por razones económicas, técnicas organizativas o de producción, los llamados ERTE ETOP, aportarán el informe de la representación legal de las personas trabajadoras.
Se mantiene la simplificación de trámites para pasar de un ERTE de impedimento a uno de limitación y viceversa. Será suficiente una comunicación en tal sentido a la autoridad laboral y a la representación de las personas trabajadoras.
Prórroga de las ayudas a los autónomos
El Consejo de Ministros ha dado luz verde también al sexto esquema de ayudas para los autónomos de este tipo, tras el acuerdo entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las asociaciones de autónomos. Con el objetivo de apoyar el mantenimiento de la actividad, se incluyen exoneraciones de las cuotas a las Seguridad Social para todos los trabajadores por cuenta propia que han estado protegidos en el periodo anterior (a finales de septiembre eran 226.000) durante los próximos cuatro meses.
Estas ayudas, en forma de exoneraciones, serán así: en octubre del 90%, en noviembre del 75%, en diciembre del 50% y en enero de 2022 del 25%.
Prestaciones
Además, se mantienen hasta el 28 de febrero las prestaciones extraordinarias vigentes para proteger a quienes tienen un impacto significativo sobre su actividad.
En primer lugar, continúa la prestación extraordinaria por suspensión de actividad, dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID 19. La cuantía de la prestación es del 70% de la base mínima de cotización. Además, el autónomo quedará exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo le contará como cotizado y, en su caso, será compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI.
En segundo lugar, se mantiene la prestación compatible con la actividad para aquellos trabajadores que, reuniendo el requisito de carencia para acceder a la prestación ordinaria de cese de actividad, cumplen dos exigencias adicionales: una, que su facturación del tercer y cuarto trimestre 2021 caiga el 50%, frente al tercer y cuarto trimestre de 2019; y dos, no haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros (que supone 1,2 veces el SMI en dos trimestres).
Tercero, quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación ni al cese ordinario, podrán solicitar una prestación extraordinaria. La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de cotización e igualmente está exonerado de abonar las cuotas y computa como cotizado. Los requisitos son acreditar una caída de ingresos del 75% (los ingresos del cuarto trimestre 2021 deben ser inferiores a los del cuarto trimestre de 2019) y no tener unos rendimientos netos computables entre julio y diciembre de 2021 superior al 75% del salario mínimo interprofesional.
En cuarto lugar, también se mantiene la prestación para autónomos de temporada, que es del 70% de la base mínima y requiere no tener ingresos superiores a 6.725 euros en el tercer y cuarto trimestre de 2021.
Por último, también se ha aprobado una prestación específica para los autónomos afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Aquellos trabajadores por cuenta propia que se vean obligados a suspender o cesar su actividad como consecuencia directa de este suceso podrán recibir la prestación por cese de actividad sin que los primeros cinco meses de percepción le computen.
Desde marzo de 2020 a septiembre de 2021, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destinado en ayudas para autónomos más de 10.100 millones entre prestaciones y exoneraciones de las cuotas.
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NOTA DE PRENSAOFICIAL sobre el VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo, Madrid, 27 de septiembre de 2021 (descárgala aquí)
Se renueva el compromiso para proteger a personas trabajadoras y empresas
Es el sexto consenso que alcanzan Gobierno y agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia
Se prorroga el llamado contador a cero hasta el 31 de diciembre de 2022 y se extienden las garantías de acuerdos anteriores como, entre otras, la cláusula de mantenimiento del empleo, la limitación a la subcontratación y las horas extra
El modelo actual seguirá vigente durante el mes de octubre
Los nuevos ERTE priorizan la formación a las personas trabajadoras para incrementar su cualificación
La Vicepresidencia segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han alcanzado un acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022, con el objeto de extender esta medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la pandemia. Se trata del VI Acuerdo en Defensa del Empleo alcanzado en el marco del diálogo social.
Para facilitar la transición de los ERTE, el modelo actual seguirá vigente 1ºdurante el mes de octubre.
Formación en ERTE
En esta ocasión, el mecanismo de los ERTE pone el foco en la formación como paso fundamental para incrementar la capacitación de las personas trabajadoras y mejorar su empleabilidad. A partir del 1 de noviembre, estarán vigentes las nuevas modalidades, con mayores exenciones en la cotización a la Seguridad Social para las empresas que realicen acciones formativas.
En cuanto a estas acciones formativas, deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022.
Garantías para las personas trabajadoras
Los ERTE seguirán contando con las cláusulas de protección como, entre otras, el llamado contador a cero, que se amplía hasta el 31 de diciembre de 2022, o la cláusula de mantenimiento del empleo. También las limitaciones a la subcontratación, a la realización de horas extraordinarias o los límites relacionados con el reparto de dividendos y el acceso a estas ayudas por parte de empresas domiciliadas en paraísos fiscales.
Se reconoce, además, una prestación extraordinaria por desempleo para para los trabajadores fijos discontinuos.
ERTE específico para Canarias
El Gobierno también ha pactado con los interlocutores sociales la puesta en marcha de unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias. Los trabajadores y trabajadoras tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su mactividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.
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El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de la semana que viene un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), el cual ha sido pactado entre el Ejecutivo y los sindicatos. La subida, que será de 15 euros y elevará el SMI hasta los 965 euros mensuales en 14 pagas, o 13.510 euros anuales, coloca al SMI español séptimo en el ranking de los países de la Unión Europea con el SMI más elevado.
A continuación, te presentamos el proyecto de Real Decreto que va a aprobar la subida del SMI en texto y en formato pdf (haz clic aquí):
Proyecto de Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021
En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido en el artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, se procede mediante este real decreto a establecer las cuantías que deberán regir a partir del 1 de septiembre de 2021, tanto para las personas trabajadoras que son fijas como para las que son eventuales o temporeras, así como para las empleadas y empleados de hogar.
Las nuevas cuantías representan un incremento del 1,579 por ciento respecto de las previstas en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, cuyos efectos fueron prorrogados hasta la aprobación del salario mínimo interprofesional para el 2021 en el marco del diálogo social, en los términos establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, mediante la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.
Las nuevas cuantías, por último, son el resultado de tomar en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores.
El citado incremento tiene por objeto seguir haciendo efectivo el derecho a una remuneración equitativa y suficiente que proporcione a las personas trabajadoras y a sus familias un nivel de vida decoroso, en línea con lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales que ha interpretado que dicho umbral se sitúa en el 60% del salario medio, garantizando la capacidad adquisitiva de los salarios para hacer frente al coste de la vida y atendiendo a la coyuntura económica general.
Asimismo, el incremento del salario mínimo interprofesional contribuye a promover un crecimiento y una recuperación de la actividad económica sostenida, sostenible e inclusiva, al cumplimiento de la Agenda 2030, en particular de las Metas 1.2, 8.3 y 10.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativas, de manera respectiva, a la erradicación de la pobreza, la promoción de políticas orientadas a la creación de puestos de trabajo decentes y a la adopción de políticas salariales que logren de manera progresiva una mayor igualdad, y a una mayor cohesión social.
Este real decreto cumple con los principios de buena regulación exigibles conforme al artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, responde a la necesidad de cumplir con el mandato previsto en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores de fijación anual del salario mínimo interprofesional, así como del establecido en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, de aprobar el real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2021, en el marco del diálogo social. Es eficaz y proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para posibilitar el conocimiento, efectos y aplicación de dicho salario mínimo interprofesional, que cumple con el doble objetivo de constituir un suelo mínimo de contratación y determinar lo que se considera el nivel de suficiencia de los salarios. Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y se ofrece una explicación completa de su contenido. Dado que se trata de una norma que regula un aspecto parcial de la materia, su tramitación se encuentra exenta de la consulta pública previa y ha sido sometida a los trámites de audiencia e información públicas, y de manera específica, a la previa consulta de las organizaciones sindicales y patronales más representativas, de conformidad con lo establecido en los artículos 26.2 y 6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Finalmente, es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y cumple con el principio de eficiencia, dado que su aplicación no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias.
Este real decreto es dictado al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día .. de septiembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional.
El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 32,17 euros/día o 965 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses.
En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.
Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.
Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación que se establecen en los artículos siguientes.
Artículo 2. Complementos salariales.
Al salario mínimo consignado en el artículo 1 se adicionarán, sirviendo el mismo como módulo, en su caso, y según lo establecido en los convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción.
Artículo 3. Compensación y absorción.
A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a compensación y absorción en cómputo anual por los salarios profesionales del incremento del salario mínimo interprofesional, se procederá de la forma siguiente:
La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este real decreto no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo las personas trabajadoras cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo.
A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el resultado de adicionar al salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real decreto los devengos a que se refiere el artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 13.510 euros.
Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo las personas trabajadoras en cómputo anual y jornada completa con arreglo a normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto.
Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales que se encuentren en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto subsistirán en sus propios términos, sin más modificación que la que fuese necesaria para asegurar la percepción de las cantidades en cómputo anual que resulten de la aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, en consecuencia, ser incrementados los salarios profesionales inferiores al indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a este.
Artículo 4. Personas trabajadoras eventuales, temporeros y temporeras, y empleadas y empleados de hogar.
Las personas trabajadoras eventuales, así como las temporeras y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días percibirán, conjuntamente con el salario mínimo a que se refiere el artículo 1, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho toda persona trabajadora, correspondientes al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 45,70 euros por jornada legal en la actividad.
En lo que respecta a la retribución de las vacaciones, las personas trabajadoras a que se refiere este artículo percibirán, conjuntamente con el salario mínimo interprofesional fijado en el artículo 1, la parte proporcional de este correspondiente a las vacaciones legales mínimas en los supuestos en que no existiera coincidencia entre el periodo de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. En los demás casos, la retribución del periodo de vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación.
De acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para la determinación del salario mínimo de las empleadas y empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el fijado para las personas trabajadoras eventuales y temporeras y que incluye todos los conceptos retributivos, el salario mínimo de dichas empleadas y empleados de hogar será de 7,55 euros por hora efectivamente trabajada.
En las cuantías del salario mínimo por días u horas fijadas en los apartados anteriores se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquellas.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.
Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la Ministra de Trabajo y Economía Social para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones de carácter general que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor y periodo de vigencia.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de septiembre de 2021.
Los destinatarios son los negocios de artesanía, economía social y solidaria, instalaciones de ocio juvenil y educativo, guías turísticos y escuelas de danza
El Consell de Mallorca, a través de la Fundación Mallorca Turisme y con la colaboración del Govern de les Illes Balears, pone a disposición de los interesados ayudas y subvenciones para los afectados por el covid-19. En este caso podrán acceder a una subvención de 1.500€ por establecimiento empresarial, hasta un máximo de dos, los propietarios de negocios de artesanía, economía social y solidaria, instalaciones de ocio juvenil y educativo reguladas por el Decreto 23/2018, guías de turismo y escuelas de baile en Mallorca. Las solicitud de ayudas está abierta desde el pasado día 20 de Septiembre a través de la web www.ajutsmallorca.com.
Si está usted interesado en recibir más información sobre las ayudas disponibles, pida cita con Moya & Emery y le guiaremos durante todo el proceso de solicitud.
La pasada semana se publicaba en el BOIB la resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern balear por la que se aprueba la segunda concesión parcial de ayudas a solicitantes de la Línea 2 de la Línea Covid de ayudas directas a empresarios y profesionales de las Islas Baleares a que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19. Nicolás Emery, invitado al consultorio jurídico de Radio Calvià FM, pudo hacer un repaso de las ayudas aprobadas, del número de empresas y profesionales a quienes se les ha concedido y importancia de estas ayudas, de sus requisitos, condiciones, importes y los fines a que pueden ser destinadas.
Los desempleados que se dan de alta en el régimen de trabajadores autónomos pueden seguir cobrando la prestación por un período máximo de cobro de nueve meses
El paro, una prestación contributiva para paliar el menoscabo económico que sufren los desempleados por la ausencia de un sueldo y mientras se busca un nuevo empleo, puede mantenerse mientras se trabaja si el desempleado opta por el autoempleo, es decir, por convertirse en autónomo.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) nos señala que el desempleado que estuviera percibiendo paro y se dé de alta de autónomo puede optar por seguir cobrando la prestación durante los primeros meses de su nueva actividad como trabajador por cuenta propia, en la que se supone será la etapa más susceptible de no generar suficientes ingresos, que es el principio del negocio.
Para seguir cobrando el paro, el autónomo debe pedir la compatibilidad, esto es, solicitar cobrar el paro mientras está realizando su actividad de autoempleo. Y esta solicitud debe hacerse en un plazo de 15 días desde el inicio de la misma y, en caso de ser concedida dicha compatibilidad, se podrá cobrar el paro hasta un máximo de 270 días o, en su caso, el período de paro que al solicitante le reste. Solo se le descontará lo correspondiente a IRPF, pero no se le deducirá la cotización a la Seguridad Social.
El SEPE informa de que los autónomos que se den de alta como “socios o socias de sociedades laborales de nueva creación o socios trabajadores o socias trabajadoras de cooperativas de trabajo asociado de nueva creación” también tienen derecho a este beneficio, aunque si comienzan una actividad por cuenta ajena a tiempo parcial o completo dejarán de cobrar el paro inmediatamente.
¿Qué autónomos quedan excluidos de compatibilizar paro con actividad de autoempleo?
No es la única circunstancia en la que los autónomos perderían el derecho a cobrar el paro mientras realizan su actividad. El SEPE recoge una serie de incompatibilidades para los autónomos:
que ingresen en una cooperativa de trabajo asociado de nueva creación o sociedad laboral de nueva creación sin darse de alta en la Seguridad Social.
que se den de alta para incorporarse como socios o socias de una sociedad mercantil.
que se den de alta y cuyo último empleo haya sido por cuenta propia.
que ya se hubiesen beneficiado de este derecho en los 24 meses anteriores a la solicitud.
que se hayan beneficiado del pago único del paro en los 24 meses anteriores a la solicitud.
que al darse de alta firmen un contrato con el empleador o empleadora para quien hubiesen trabajado por cuenta ajena inmediatamente antes de la situación legal de desempleo, o con una empresa del mismo grupo empresarial.
EL TSJIB deja sin efecto la prohibición de alquiler turístico en pisos en la Ciudad de Palma ¿Y ahora qué?
Tras dos años de prohibición absoluta de la comercialización de estancias turísticas en viviendas sitas en edificios plurifamiliares en todo el municipio de Palma (Mallorca), el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (en adelante, el “TSJIB”), ha estimado el recurso presentado por la asociación HABTUR BALEARES que interesaba la declaración de nulidad la delimitación provisional de las zonas aptas para la comercialización de estancias turísticas.
El recurso presentado por HABTUR BALEARES sostenía, entre otros motivos, que la delimitación provisional no supera el “Test de necesidad y proporcionalidad” exigido por normativa europea. Por lo que respecta a la necesidad, no se acredita la existencia de una razón imperiosa de interés general que justifique el establecimiento de barreras de entrada al mercado de esta actividad; y en relación con la proporcionalidad, por existir instrumentos menos distorsionadores para perseguir los objetivos pretendidos.
Asimismo, y en relación con lo anterior, considera la parte recurrente que el Ayuntamiento de Palma ha vulnerado los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia para restringir la libertad de empresa de los explotadores de viviendas con fines turísticos, lo que determinaría la nulidad de la norma.
Así las cosas, el TSJIB ha decidió estimar el recurso sobre la base de que la delimitación provisional permite la comercialización de ETH en viviendas unifamiliares, excluyendo siempre y en todo caso su ejercicio en viviendas plurifamiliares, impidiendo su explotación turística de una forma radical, sin que el Ayuntamiento haya justificado las razones imperiosas de interés general sobre las que se sustenta.
En este sentido, la sentencia pone de manifiesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en aplicación de su doctrina, el Tribunal Supremo, han determinado que la explotación turística de inmuebles puede ser objeto de actuaciones preventivas y de control por parte de los entes públicos a fin de salvaguardar bienes básicos de los ciudadanos, pero estas modulaciones deben en todo caso estar amparadas en estos fines que exceden de la esfera individual, los cuales, por su trascendencia, habilitan la restricción de la regla de la libertad.
En este caso, el Ayuntamiento de Palma aprueba una vía de control tajante en cuanto a la posibilidad de explotación turística de viviendas sitas en inmuebles plurifamiliares, ya que simplemente las prohíbe, habilitando la posibilidad de comercialización en las viviendas unifamiliares, cuando el dibujo de la Ciudad de Palma demuestra que la gran mayoría de edificaciones residenciales pertenecen a la primera clasificación, y sin emplear otros mecanismos reguladores menos tajantes, no por ello carentes de efectos preventivos y dirigidos a los fines de interés general que el Consistorio trata de alcanzar a través de la ordenación provisional impugnada.
Entiende el TSJIB que las finalidades públicas perseguidas pueden obtenerse a través de medios menos radicales, ya que la prohibición constituye la última de las soluciones posibles a los efectos nocivos que la Administración demandada trata de evitar y atajar. El libre ejercicio de la actividad turística debe conjugarse con los intereses generales, y en esta interconexión pueden adoptarse decisiones administrativas que deben ser proporcionales, idóneas y necesarias para la colectividad.
La prohibición absoluta de la comercialización de ETH en edificios plurifamiliares no aparece como ponderada con las finalidades alegadas por el Ayuntamiento, el cual dispone de medios menos agresivos para la consecución de los fines perseguidos.
En efecto, el TSJIB ya se había pronunciado respecto a la problemática que presenta el alquiler turístico. Así pues, en su Sentencia nº 270/2021 pone de manifiesto que el uso como arrendamiento turístico puede comportar implantación de actividades que suponen un aumento de población flotante en detrimento de la residente, además de una posible distorsión en los precios del alquiler ordinario, alterando así el equilibrio de las ciudades. Por ello, la administración puede imponer restricciones a dichos usos turísticos por razones de convivencia, demografía, densidad, medio ambiente, escasez de recursos naturales, movilidad, entre otros.
Y en este mismo sentido, la Ley de Turismo de las Islas Baleares (art. 75.3.b)) permite la no admisión de comercialización de estancias turísticas en viviendas en todo o en parte de su término municipal, sea con respecto a todas las tipologías edificatorias o a algunas.
Por tanto, en vista del actual marco normativo y la reciente jurisprudencia del TSJIB, es de esperar que el Ayuntamiento de Palma se apresure a aprobar una nueva normativa que regule la comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso residencial en el municipio de Palma, limitando el acceso a su desarrollo, pero esta vez, justificando la necesidad de dichas limitaciones en base al interés general, sin que, en ningún caso, pueda establecer prohibiciones de carácter genérico.
Probablemente, la nueva regulación implicará, de facto, una prohibición cuasi genérica para esta modalidad de arrendamiento en las viviendas plurifamiliares, pero esta vez, deberán hacerlo respetando los principios y los límites de nuestro ordenamiento jurídico, ya que no está de más recordar que los políticos, en su calidad de representantes de del pueblo, también están sometidos a la normativa que ellos mismos deciden aprobar.
“Las reglas del juego también son aplicables a los que crean y controlan el juego”.
Marta Marina
Abogada especializada en Derecho de la empresa y Derecho inmobiliario en Moya & Emery
El pasado enero, el Tribunal Supremo (TS) ya matizó su doctrina, declarando que los contratos de obra o servicio de duración inusualmente larga se convierten en indefinidos, entendiendo que, cuando una relación laboral se mantiene ininterrumpidamente y sin alteración durante un largo lapso, la autonomía e identidad de la contrata justificativa de la contratación se desdibuja convirtiéndose en una actividad que, por su extensión temporal, necesariamente se incorpora en la esencia de la empresa.
Ahora, la Audiencia Nacional en su último fallo, aplicando esta doctrina del TS y con la intención de adaptar el convenio de teleoperadores a la normativa europea, parece prohibir el contrato de obra y servicio en el sector de la teleoperación, lo que, por ende, puede implicar que los teleoperadores con actual contrato de obra y servicio se convierta en indefinidos.
¿Quieres leer más al respecto? Haz clic aquí para ver nuestra entrada de blog anterior sobre la matización de la doctrina del Tribunal Supremo sobre los contratos de obra y servicio o lee a continuación la noticia de europa press:
Más de 40.000 teleoperadores podrían pasar a ser indefinidos tras un fallo de la Audiencia Nacional
Más de 40.000 trabajadores del sector de los contact-center podrían pasar a contrato indefinido después de que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional haya decidido aplicar una sentencia del Tribunal Supremo y adaptar el convenio a la normativa europea, lo que implicaría prohibir la contratación de obra y servicio en el sector.
La decisión judicial, contra la que aún cabe recurso de casación, llega tras la denuncia de sindicatos como CGT, CCOO y UGT y deja sin efecto el artículo 14.b del convenio colectivo que regulaba esta modalidad de contratación, ya que la jurisprudencia señala que el trabajo en el sector suele ser temporal y, por lo tanto, no puede apartarse del marco ordinario de las relaciones de trabajo.
De este modo, la Audiencia estima las demandas formuladas por CCOO y CGT y anula y deja sin efecto el artículo 14 b) del II Convenio Colectivo del Sector de Contact Center, suscrito por la Asociación de Contact Center Española (ACE) y por los sindicatos CC.OO y UGT en el siguiente párrafo: “A tales efectos se entenderá que tienen sustantividad propia todas las campañas o servicios contratados por un tercero para la realización de actividades o funciones de contact center cuya ejecución en el tiempo es, en principio de duración incierta, y cuyo mantenimiento permanece hasta la finalización de la campaña o cumplimiento del servicio objeto del contrato”.
CCOO ha señalado en un comunicado que valora la actuación del tribunal y ha llamado a la patronal a “entrar en razón” y ‘entender’ que “el mantenimiento del sector pasa por darle estabilidad al empleo”.
Por su parte, CGT ha tildado de “histórica” la sentencia y ha asegurado que “continuará peleando por los derechos fundamentales de los trabajadores del contact-center”.
Consulta el listado de empresas y profesionales a quien se ha aprobado conceder ayudas directas estatales en el BOIB, haciendo clic en este enlace al archivo en formato pdf, aquí
Una persona va a adquirir una vivienda terminada pero la operación se va a articular mediante dos operaciones separadas con una misma sociedad: (i) entrega del solar y (ii) contratación para la ejecución de la obra de construcción. Todo se realizará mediante un único contrato y el solar no va a estar a disposición del adquirente hasta que no se le entregue la vivienda terminada.
NORMATIVA
Ley 37/1992 arts. 4, 5, 75, 90, 91.Uno.3.1º
CUESTIÓN PLANTEADA
Tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a dichas operaciones.
CONTESTACIÓN
1.- El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que “estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.”.
El apartado dos, letras a) y b), del mismo precepto señala que “se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional:
a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de empresario o profesional.
b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción al Impuesto.”.
Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.uno de la citada Ley 37/1992, se reputarán empresarios o profesionales, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido:
“a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.
No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.
b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.
(…).”.
En este sentido, el apartado dos, de este artículo 5, establece que “son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.”.
En consecuencia, la entidad promotora tiene la condición de empresario o profesional y estarán sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de bienes y prestaciones de servicios que en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional realice en el territorio de aplicación del Impuesto.
2.- Por otra parte, según parece deducirse del escrito de consulta, con carácter previo a la construcción de las viviendas, la constructora va a transmitir a los adquirentes la parcela de suelo que le corresponde si bien en ese momento no adquieren la facultad de disposición de la parcela, que la adquirirán una vez haya terminado la construcción de la vivienda y ésta sea entregada a los mismos.
En relación con el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido, el artículo 75, apartado uno, número 1º y apartado dos, de la Ley 37/1992, preceptúa lo siguiente:
“Uno. Se devengará el Impuesto:
1º. En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable.
(…)
Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.”.
En este sentido, el artículo 1462 del Código Civil establece lo siguiente:
“Se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y posesión del comprador.
Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario.”.
Por tanto, con carácter general la cosa se entiende entregada cuando se pone en poder y posesión del adquirente. No obstante, el otorgamiento de la escritura pública equivale a la entrega de la cosa solamente si tal entrega no se ha producido, de hecho, con anterioridad o de la misma no se deduce que tendrá lugar posteriormente. Estas circunstancias han de reflejarse en dicha escritura pública, pero en el caso de que no se reflejase la primera de las mencionadas, ello no obsta para que la entrega se haya producido anteriormente.
De la escasa información contenida en el escrito de consulta resulta que el terreno no se pondrá a disposición del cliente hasta el momento que se entregue la vivienda construida, habiéndose así acordado entre la constructora y el consultante.
En estas circunstancias, la transmisión del poder de disposición de la parcela de terreno no tendrá lugar hasta la fecha en que, según dicha escritura pública, se produzcan los efectos traslativos en ella previstos (fecha de entrega de la vivienda ya construida), momento en el que, asimismo, se producirá el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a dicha operación.
Lo anterior se entiende sin perjuicio del devengo por los pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible, es decir, a la entrega efectiva del terreno y la vivienda al cliente, tal y como dispone el apartado dos del artículo 75 de la Ley 37/1992. A tal efecto, según reiterada doctrina de este Centro directivo, las aportaciones realizadas por los clientes, efectuadas con el objeto de contribuir a la financiación de la construcción de las viviendas, constituyen pagos anticipados de las citadas entregas de las viviendas, devengándose el impuesto en el momento del cobro de dichas cantidades y ello con independencia del modo como se denominen y cualquiera que sea el concepto al que se impute el pago de dicha contraprestación.
3.- De acuerdo con los hechos que parecen desprenderse del escrito de consulta, en el caso de que la sociedad constructora proceda a vender las parcelas de terreno conservando la posesión de las mismas para edificar y entregar ulteriormente la parcela con las viviendas, nos encontraríamos ante dos operaciones: por una parte, la entrega del terreno propiamente dicha y, por otra, una ejecución de obra cuya finalidad es la construcción de unas viviendas.
Es decir, la actuación de la sociedad constructora en los términos descritos supone, junto a la entrega de un terreno, la realización de las obras de edificación de viviendas para sus clientes titulares del terreno sobre el que se asentarán los referidos inmuebles.
Consecuentemente, estas operaciones de construcción estarán sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, siendo destinatarios de las mismas los propios adquirentes de la vivienda, a quienes la constructora habrá de repercutir el impuesto devengado a la vez que se efectúen los pagos correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 90, apartado Uno, de la Ley 37/1992, el citado tributo se exigirá al tipo impositivo del 21 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo 91 de la propia Ley 37/1992.
En este sentido, el artículo 91.Uno.3.1º de la citada Ley dispone que se aplicará el tipo impositivo del 10 por ciento a las siguientes operaciones:
“1.º Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas principalmente a viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados.
Se considerarán destinadas principalmente a viviendas, las edificaciones en las que al menos el 50 por ciento de la superficie construida se destine a dicha utilización.”.
Por consiguiente, el régimen tributario en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a las distintas operaciones descritas difiere por cuanto que el tipo impositivo aplicable, conforme a las reglas de los artículos 90 y 91 de la Ley 37/1992, es el 21 por ciento para las entregas de terrenos en curso de urbanización y el 10 por ciento para las operaciones consistentes en las ejecuciones de obra de construcción de viviendas.
No obstante lo anterior, tal y como ha manifestado este Centro directivo, entre otras, en la contestación vinculante de 9 de febrero de 2016, número V0531-16, procede analizar si ambas operaciones constituyen un todo unitario a la luz del objetivo realmente perseguido, esto es, la entrega de las viviendas construidas, o bien si cada una de ellas conserva su carácter autónomo y, en consecuencia, el régimen fiscal que le es propio.
En este punto debe tenerse en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, Tribunal) contenida, entre otras, en la sentencia de 21 de febrero de 2008, recaída en el Asunto C-425/06, Part Service Srl. Concretamente, en sus apartados 47 a 53, la citada sentencia concluye lo siguiente:
“47. Con carácter preliminar, procede recordar que la opción de un empresario entre operaciones exentas y operaciones gravadas puede basarse en un conjunto de elementos y, especialmente, de consideraciones de carácter fiscal relativas al régimen del IVA. Cuando un sujeto pasivo puede elegir entre dos operaciones, la Sexta Directiva no le obliga a optar por la que maximice el pago del IVA. Al contrario, el sujeto pasivo tiene derecho a elegir la estructura de su actividad de modo que limite su deuda fiscal (sentencia Halifax y otros, antes citada, apartado73).
48. No obstante, cuando una operación consta de varias prestaciones, se plantea la cuestión de si debe considerarse como una operación única o como varias prestaciones distintas e independientes que han de apreciarse separadamente.
49. Esta cuestión tiene una importancia particular desde el punto de vista del IVA, entre otras cosas, para aplicar el tipo impositivo o las disposiciones relativas a la exención previstas por la Sexta Directiva (véanse las sentencias de 25 de febrero de 1999, CPP, C-349/96, Rec. p.I-973, apartado 27, y de 27 de octubre de 2005, Levob Verzekeringen y OV Bank, C-41/04, Rec. p.I-9433, apartado18).
50. A este respecto, del artículo 2 de ésta se desprende que normalmente cada prestación debe considerarse distinta e independiente (véanse las sentencias, antes citadas, CPP, apartado 29, y Levob Verzekeringen y OV Bank, apartado20).
51. No obstante, en determinadas circunstancias, varias prestaciones formalmente distintas, que podrían realizarse separadamente dando lugar, en cada caso, a gravamen o a exención, deben considerarse como una operación única cuando no son independientes.
52. Así sucede, por ejemplo, cuando, al término de un análisis aun meramente objetivo, se comprueba que una o varias prestaciones constituyen una prestación principal y que la otra o las otras prestaciones constituyen una o varias prestaciones accesorias que comparten el tratamiento fiscal de la prestación principal (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas CPP, apartado 30, y Levob Verzekeringen y OV Bank, apartado 21). En particular, una prestación debe considerarse accesoria de una prestación principal cuando no constituye para la clientela un fin en sí, sino el medio de disfrutar en las mejores condiciones del servicio principal del prestador (sentencia CPP, antes citada, apartado 30, y las circunstancias del litigio principal que dio lugar a dicha sentencia).
53. Puede igualmente considerarse que existe una prestación única cuando dos o varios elementos o actos que el sujeto pasivo realiza se encuentran tan estrechamente ligados que objetivamente forman una sola prestación económica indisociable cuyo desglose resultaría artificial (véase, en este sentido, la sentencia Levob Verzekeringen y OV Bank, antes citada, apartado22).”.
De acuerdo con la citada jurisprudencia del Tribunal, es decisivo determinar la naturaleza de las distintas operaciones teniendo en cuenta todas las circunstancias. A tal respecto, es importante si las operaciones se hallan vinculadas entre sí de forma tal que, tomadas aisladamente, desde la perspectiva del consumidor medio, no revistan para el cliente la utilidad práctica necesaria.
En el caso objeto de consulta, el consultante espera obtener de la constructora la vivienda sin que, en las condiciones señaladas, la entrega previa del terreno le reporte utilidad alguna de manera aislada.
En este sentido, un indicio de la necesaria vinculación entre ambas operaciones, según parece deducirse del escueto escrito de consulta, es que la puesta a disposición del terreno tendrá lugar en el momento de la entrega de la vivienda ya terminada, conservando mientras tanto la sociedad constructora la capacidad de disposición de la finca en aras de cumplir con el objeto social de terminar la construcción de las viviendas. Asimismo, otra prueba de lo anterior vendría constituida por la calificación del terreno de uso residencial, así como la posible existencia de proyectos de edificación de viviendas ya visados por el correspondiente colegio de arquitectos.
A partir de los criterios anteriores, ha de considerarse que en el supuesto concreto descrito en el escrito de consulta existe una única operación desde el punto de vista económico consistente en la entrega de viviendas terminadas que no debe desglosarse artificialmente para no alterar la funcionalidad del sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido. En consecuencia, al considerarse una operación global, el tipo impositivo aplicable debe determinarse de modo uniforme, siendo de aplicación el tipo reducido del 10 por ciento tanto a la venta de la parcela de terreno como a la posterior ejecución de obras y entrega de la vivienda.
4.- Por otra parte, se informa de que, en relación con las dudas suscitadas sobre el régimen de tributación indirecta de las operaciones inmobiliarias, tanto en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido como del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha incorporado en el portal del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) dentro de sus servicios de asistencia virtual referentes al IVA, un nuevo servicio de ayuda e información al contribuyente denominado “Calificador Inmobiliario”, creado para resolver las principales dudas planteadas en relación con la tributación indirecta relacionada con la transmisión, cesión y arrendamiento de bienes inmuebles, así como, la urbanización de terrenos.
El “Calificador inmobiliario” ofrece información sobre la tributación indirecta que afecta a las operaciones, distinguiendo entre diferentes supuestos, como la venta de edificaciones o terrenos, el arrendamiento sin opción de compra, arrendamiento con opción de compra, de inmuebles, así como las operaciones en las que intervienen las Juntas de compensación.
En concreto, indica si la operación de compraventa o arrendamiento del inmueble tributa por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o por el Impuesto sobre el Valor Añadido, indicando en este último caso el tipo impositivo aplicable, a quién corresponde la declaración e ingreso del impuesto, y si en la factura que documente la operación se debe o no repercutir el Impuesto sobre el Valor Añadido.
A estos efectos, podrá contactar con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de su sede electrónica: http://www.aeat.es, o en la siguiente dirección –haz clic aquí-:
5.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
A partir del 06-09-2021, TODAS las notificaciones y comunicaciones de la Agencia Tributaria estarán disponibles en la Dirección Electrónica Habilitada única (en adelante DEHú).
Actualmente las notificaciones de la AEAT están disponibles para comparecer en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, en la Dirección Electrónica Habilitada (en adelante DEH) y en Carpeta Ciudadana.
El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo en el artículo 42 sobre la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos establece en el punto 5: Toda notificación cuyo emisor pertenezca al ámbito estatal a que se refiere el artículo 1.2 de este Reglamento se pondrá a disposición del interesado a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, incluyendo el supuesto previsto en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, los emisores de ámbito estatal podrán notificar en su sede electrónica o sede electrónica asociada de forma complementaria a la puesta a disposición en la Dirección Electrónica Habilitada única.
A la DEH se envían para comparecer únicamente las notificaciones electrónicas. A la DEHú se enviarán todas las notificaciones, tal como se está haciendo actualmente en la Sede electrónica y en Carpeta Ciudadana.
Se tendrá acceso a las notificaciones depositadas por la Agencia Tributaria en la DEHú por dos vías:
A través del portalhttps://dehu.redsara.es/, autenticándose con certificado electrónico o Cl@ve PIN.
A través de servicios web para la descarga masiva de notificaciones ofrecido por la DEHú.
Instrucciones en el Portal de Administración Electrónica PAe https://administracionelectronica.gob.es/ctt/lema/descargas
Con el fin de dar tiempo para la adaptación de los desarrollos necesarios, habrá un periodo transitorio durante el que se mantendrá el envío de las notificaciones a la DEH. Al finalizar ese periodo transitorio (previsiblemente en el último trimestre de 2021), no se enviarán notificaciones a la DEH.
¿Qué es la DEHú?
La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) o Punto único de notificaciones para todas las Administraciones Públicas facilita el acceso a los ciudadanos a las notificaciones y comunicaciones emitidas por las administraciones públicas en el ejercicio de su actividad.
Ante la dispersión de sedes electrónicas y de vías de puesta a disposición, la DEHú permite que los interesados, tanto personas físicas como personas jurídicas, tengan acceso a sus notificaciones y comunicaciones en un punto.
Ofrece dos vías de puesta a disposición:
• Vía web para que tanto las personas físicas como las personas jurídicas puedan acceder y comparecer a sus notificaciones y comunicaciones de manera sencilla y directa.
• Vía servicios web para grandes destinatarios que les permite implementar procesos automatizados para acceder a sus notificaciones y comunicaciones, comparecer las notificaciones y distribuirlas entre sus diferentes centros y/o departamentos de manera rápida y eficiente.
UK motorists in Spain have been caught off guard by a sudden change of regulations which will make the standard GB number plate and stickers obsolete. A change in the law for British cars in Spain will come into effect on Tuesday September 28 2021, which means they will have to display a UK sticker instead.
Until now Brits have needed to display a GB sticker clearly on the rear of their vehicles no matter what is on their licence plate, whether a Union Jack or a Euro symbol or whatever, and these rules will stay the same up until September 27.
On and after September 28 2021, Brits driving a UK car in Spain will need to display a UK sticker clearly on the rear of the vehicle no matter what is on the number plate.
The changes come at the same time as a raft of new regulations come into force for UK citizens in Spain as a result of Brexit, including changes in passport validity for Brits travelling to Spain.
Consulta el primer listado de empresas y profesionales a quien se ha aprobado conceder ayudas directas estatales, aprobado hoy 9 de Septiembre en el BOIB, haciendo clic en este enlaceal archivo en formato pdf.
La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, señaló este pasado lunes que solo quedan 275.000 trabajadores en España que continúen en ERTE, según las últimas cifras, de los 4 millones de empleados que lo llegaron a estar durante los peores meses de la pandemia.
Los ERTEs fueron extendidos con una prórroga que finaliza el próximo día 30 de este mes y el Gobierno negocia ya con los agentes sociales una nueva extensión de este mecanismo, pero casi con total probabilidad se alterarán las condiciones de los ERTEs actuales y se revisarán o suprimirán muchas de las exoneraciones a la Seguridad Social. Lo cierto es que a día de hoy no hay nada seguro sobre los futuros ERTE y sus condiciones.
Visita el blog de Moya & Emery para mantenerte al día de toda la actualidad laboral, mercantil y fiscal https://blog.moyaemery.com
El Gobierno ha implantado una serie de ayudas y subvenciones para las empresas, autónomos y pymes que contribuyan a la creación de puestos de empleo. El objetivo es generar puestos de empleo indefinidos y reducir la tasa de paro en España. Estas ayudas a empresas por contratación varían en cuantía dependiendo de diversos factores. Todas estas ayudas están vigentes durante el año 2021.
Las ayudas citadas en este artículo tienen carácter anual:
Ayudas en contratos indefinidos
Ayudas en contratos temporales
Ayudas para contratos de formación
Ayudas por contratar indefinidamente a jóvenes
Ayudas en contratos indefinidos
Contrato a trabajador varón por tiempo completo: 4.000 euros anuales.
A mujer trabajadora o mayor de 45 años por tiempo completo: 4.500 euros.
Contrato a personas mayores de 45 años con discapacidad, que participen en programas de empleo y/o que reciban ayudas o subsidios por desempleo (RAI, IMV o ayudas de las diferentes comunidades autónomas): 5.500 – 6.000 euros.
Jóvenes (hombres) que salen del país en busca de trabajo: 5.500 euros.
Jóvenes (mujeres) que salen del país en busca de trabajo: 6.000 euros.
Contrato a tiempo indefinido a mujeres víctimas de violencia de género o mayores de 45 años que acrediten estar en situación de desempleo durante mucho tiempo: 7.500 euros.
Todas las ayudas anteriormente mencionadas en este párrafo pueden incrementarse en 2.000 euros si provienen de un autónomo, sociedad laboral o cooperativa que contrata a su primer trabajador.
Ayudas en contratos temporales
Hombre
Mujer
Menor de 45 años y/o con discapacidad
3.500 euros
4.100 euros
Menor de 45 años con discapacidad grave
4.700 euros
4.700 euros
Mayor de 45 años y/o con discapacidad
4.100 euros
4.700 euros
Mayor de 45 años con discapacidad grave
4.600 euros
5.300 euros
Ayudas para contratos de formación
Esta ayuda tiene como objetivo fomentar el empleo entre los jóvenes de 16 y 25 años y/o mayores de 25 años con discapacidad o en situación de exclusión social. Los jóvenes han sido el colectivo más perjudicado a causa del Covid-19, y es por ello, que estas subvenciones pueden impulsar el empleo juvenil y reducir, en consecuencia, la alta tasa de paro juvenil en España.
Contrato de formación a tiempo completo: 2.940 euros.
Si esta persona ha perdido su trabajo durante el estado de alarma: 3.440 euros.
Si el contrato de formación es para una mujer o una persona del colectivo Trans: la ayuda se verá incrementada en 500 euros adicionales.
Ayudas por contratar indefinidamente a jóvenes
Contrato a tiempo completo superior a 12 meses: 5.500 euros.
Si este joven ha perdido su trabajo durante el estado de alarma: 6.000 euros.
Incremento de 500 euros adicionales si es mujer o pertenece al colectivo Trans.
En la web oficial del SEPE se detallan más en profundidad, haciendo clic aquí.
¿Todavía tienes dudas? En Moya & Emery podemos asesorarte para conocer y optar por las ayudas y subvenciones disponibles que mejor se acoplan a tu plan de negocio. Concierta una cita con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià:
Las entidades bancarias tienen la obligación de notificar al Banco de España y a la Agencia Tributaria las operaciones a partir de determinadas cantidades de dinero en metálico.
La lucha contra la economía sumergida y la evasión fiscal ha hecho que aumente la vigilancia de estas operaciones y transacciones económicas sobre las cuales, cuando superan los 3.000 euros, pesa la obligación de que sean informadas al Banco de España y AEAT.
Lo anterior no implica que uno no pueda ingresar la cantidad que estime oportuna en su banco (la entidad bancaria no puede impedírselo) sino simplemente que los movimientos de su cuenta bancaria podrán ser escrutados y, llegado el caso,necesario dar una cumplida justificación a la administración tributaria de la procedencia de dicho patrimonio si no lo ha hecho en la declaración de la renta como rendimientos del trabajo, de su actividad económica o rendimientos de capital.
En caso de no poder demostrar el origen de la cantidad ingresada, la administración tributaria podrá entenderlo como un incremento patrimonial no justificado, que lo que podrá ser objeto de alguna de las sanciones que la ley prevé al efecto, que pueden llegar alcanzar los ciento cincuenta mil euros.
¿Qué es una pareja de hecho? ¿Hay diferente regulación y derechos distintos en cada comunidad autónoma? ¿Qué requisitos o condiciones se exigen para que exista una pareja de hecho? ¿Debo cumplir un período mínimo para que se me considere pareja de hecho? ¿Qué derechos tengo por ser pareja de hecho? ¿Tengo derecho a una pensión de viudedad si muere mi pareja de hecho? ¿Qué ocurre con la herencia si fallezco o muere mi pareja de hecho? ¿Qué régimen económico es aplicable? ¿Puedo ¿Cómo afecta ser pareja de hecho en el ámbito tributario?
Neus Lafuente, de Moya & Emery, nos da las respuestas a todas estas preguntas en este vídeo del consultorio jurídico de Radio Calvià FM.
Para los informativos del fin de semana de IB3 Televisióentrevistó al abogado y economista Nicolás Emery con motivo de las dificultades que el BREXIT ha deparado para la contratación de trabajadores británicos, esencialmente en Baleares, para el sector de la hostelería y la restauración.
Recuerda que desde 𝗠𝗼𝘆𝗮 & 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 podemos ayudarte en tus dudas laborales (contratación de británicos), mercantiles (importación y exportación de bienes o contratacion de servicios a o desde el Reino Unido) y tributarias (recargo de equivalencia/devolución del IVA). Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià y pide cita.
Se puede definir la star-up o empresa emergente como una empresa de nueva creación -o relativamente joven- la cual goza de grandes posibilidades de crecimiento y que comercializa mediante tecnologías de la información y la comunicación sus servicios o productos.
Los objetivos fundamentales de esta ley son los siguientes con respecto a las startups son:
• Fomentar la creación y la relocalización de las mismas en España. • Atraer talento y capital internacional a este sector en nuestro país. • Estimular la inversión, tanto pública pública como privada • Impulsar el acercamiento entre la Formación Profesional y la Universidad con este tipo de empresas emergentes. • Optimizar el sistema estatal de ayudas al emprendimiento basado en innovación.
En Moya & Emery podemos ayudarte a poner en marcha tu empresa o negocio. Ponte en contacto con nosotros y pide cita en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.
El pasado mes de julio el Abogado General de la Unión Europea, Saugmandsgaard Øe, presentó sus conclusiones al Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) sobre el modelo 720 -declaración de bienes en el extranjero-. Y fueron de menor calado del esperado. En ellas, el Abogado General no ha resuelto taxativamente si el Modelo 720 en su configuración actual cumple la legalidad europea, con lo que deja esta determinación a una futura sentencia del TJUE.
Lo que sí ha hecho el Abogado General ha sido señalar que las controvertidas multas formales fijas impuestas por la Agencia Tributaria española en caso de que no se hubiera cumplido la obligación de información sobre los bienes y derechos en el extranjero o de que se hubiera hecho extemporáneamente -esto es, no haber declarado bienes en el extranjero o haberlos declarado fuera de plazo- “son contrarias al Derecho de la Unión”.
El magistrado mantiene la imprescriptibilidad de los bienes no declarados y las multas de hasta el 150% porque Bruselas (la Comisión Europea fue quien presentó un recurso a la norma española que instauró la obligación de declarar mediante el modelo 720) no ha demostrado el incumplimiento legal de esa norma. El abogado general de la UE cree que la normativa española que obliga a presentar esta información fiscal constituye una restricción a los movimientos de capitales, puesto que puede disuadir a los residentes fiscales en España de invertir en otros estados, o impedir o limitar sus posibilidades de hacerlo”. Y aunque admite que podría haber razones que justifiquen esta obligación tributaria, como la lucha contra el fraude y la evasión de capitales, califica las sanciones fijas como “desproporcionadas”
Las conclusiones del Abogado General revocan las sanciones formales y la imputación como ganancias no justificadas, con independencia de la fecha de su adquisición, y con sanción del 150%, pero únicamente de las cuentas bancarias abiertas a partir del 1 de enero de 2016. Y considera que España puede fijar la imprescriptibilidad para el resto de bienes y derechos en el extranjero (en otros países de la UE o fuera) que deben ser declarados mediante el Modelo 720, esto es, cuentas abiertas antes del 2016, inmuebles, valores y criptomonedas.
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La Justicia europea añade más dudas sobre la declaración de bienes en el extranjero: tumba solo las multas formales y mantiene las del 150%
El Abogado General no aclara si el Modelo 720 es legal
El magistrado deja en manos de la sentencia final el futuro del Modelo
“La denuncia de Bruselas no aporta los datos necesarios”, concluye
La Justicia europea ha añadido hoy más dudas sobre la ya polémica Declaración de Bienes en el Extranjero. El Abogado General de la Unión Europea, Saugmandsgaard Øe, ha tumbado solo las multas formales del Modelo 720 de la Hacienda española. Sin embargo, mantiene la imprescriptibilidad con sanciones de hasta el 150%. Así, sobre estas cuestionadas multas, no aclara si son o no desproporcionadas. A su juicio, solo “son contrarias al Derecho de la Unión las multas fijas impuestas en caso de que no se cumpla o de que se cumpla extemporáneamente la obligación de información sobre los bienes y derechos en el extranjero”.
El magistrado ha presentado hoy unas conclusiones que dejan abiertas la legalidad de las multas del 150% y el resto de interpretaciones sobre esta medida fiscal. Tampoco aclara si afecta a la libertad de movimientos de capitales. Saugmandsgaard Øe expresa sus “dudas” sobre si el Modelo 720 contraviene el Derecho europeo.
En sus conclusiones presentadas esta mañana ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el magistrado asegura que “la normativa española constituye efectivamente una restricción a los movimientos de capitales, puesto que puede disuadir a los residentes fiscales en España de invertir en otros Estados, o impedir o limitar sus posibilidades de hacerlo”. Sin embargo, precisa que “esta restricción puede estar justificada por los objetivos perseguidos de lucha contra el fraude y la evasión fiscales”.
El Abogado General se pronuncia así sobre la cuestionada declaración de bienes en el extranjero -el polémico Modelo 720- impulsada por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La Justicia Europea emite su valoración por primera vez después de que en 2015 la Comisión Europea iniciara un procedimiento de infracción contra España por esta medida. El Modelo 720 exige a los ciudadanos informar sobre sus bienes en el extranjero y la normativa establece elevadas multas, que pueden llegar al 150%, por presentarlo fuera de plazo ante la Agencia Tributaria. La Comisión Europea, al no encontrar respuesta de España a su dictamen, remitió al TJUE el expediente sobre esta declaración de bienes en el extranjero al considerar que su normativa impone sanciones “desproporcionadas a los contribuyentes españoles por no notificar los activos poseídos en otros Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo”.
En resumen, las conclusiones del Abogado General solo revocan las sanciones formales y la imputación como ganancias no justificadas, con independencia de la fecha de su adquisición, y con sanción del 150%, pero únicamente de las cuentas bancarias abiertas a partir del 1 de enero de 2016. El abogado general considera que Bruselas sólo ha demostrado que España tiene información de esos concretos bienes en el extranjero. Es decir, el Abogado General considera que España puede establecer la imprescriptibilidad para el resto de bienes y derechos en el extranjero a declarar con el Modelo 720 -cuentas abiertas antes del 2016, inmuebles y valores de todo tipo, y criptomonedas a partir de ahora-, en la Unión Europea o fuera, con independencia de cómo funcionen los intercambios de información entre autoridades fiscales.
Sobre las multas
La Comisión Europea denunciaba que las elevadas multas del Modelo 720 son desproporcionadas por “imponer automáticamente una multa pecuniaria fija del 150% en caso de que no se presente o de que se presente extemporáneamente el modelo 720, y ello debido tanto a la severidad de la multa como a su carácter automático y no graduable, máxime cuando según ella se trata de una obligación formal”.
El Abogado General considera que “la multa del 150% no sanciona el incumplimiento de una mera obligación formal, sino el incumplimiento de la obligación material de pago del impuesto”. A su juicio, “la Comisión no ha aportado la prueba de que la multa del 150 % se imponga de manera automática y no graduable”. Además, destaca que “tampoco ha aportado la prueba de que la sanción impuesta en caso de activos ocultos en el extranjero sea más severa que las aplicadas en casos internos”.
El Abogado General sostiene que las multas del 150% “solo se imponen cuando el contribuyente es titular de activos en el extranjero por los que no ha pagado el impuesto que debería haber satisfecho, y se calcula a partir de la cuota del impuesto adeudado. Además, el incumplimiento de la obligación formal relativa al modelo 720 se sanciona por medio de las multas fijas antes citadas”.
“Realiza una distinción entre cuentas antiguas y nuevas que la norma española no hace, es un argumento que se ha sacado de la manga y que no tiene ningún sentido”, explica Esaú Alarcón
Por otra parte, Bruselas denunciaba el hecho de imponer, en caso de que no se presente o de que se presente extemporáneamente el modelo 720, multas fijas cuyo nivel es superior al de las sanciones previstas por el régimen sancionador general para infracciones similares. En este caso, el Abogado General, sí considera que son desproporcionadas. “Esas multas fijas son 15, 50 y 66 veces superiores a las aplicadas en situaciones internas”, apunta.
Sobre la imprescriptibilidad
El Abogado General vacila sobre si constituye una restricción desproporcionada el hecho de que no presentar o presentar extemporáneamente el modelo 720 conlleve que los activos objeto del modelo sean calificados de ganancias patrimoniales no justificadas que no prescriben. Destaca que “la Comisión, en gran medida, no ha aportado al Tribunal de Justicia los datos necesarios para que este compruebe la existencia del incumplimiento alegado”.
Por una parte, estima que la regla del “efecto de imprescriptibilidad” puede ser adecuada para garantizar la consecución del objetivo que persigue el Modelo 720. Por otra parte, considera que “esta regla no es necesaria cuando el intercambio automático y obligatorio de información tributaria es suficiente para permitir a la Administración tributaria española efectuar los controles necesarios para liquidar correctamente el impuesto”. El Abogado General apostilla que “en ese caso la Administración tributaria española no puede aplicar dicha regla escudándose en posibles dificultades”.
Dudas sobre su legalidad
Tras examinar los diferentes activos objeto del modelo 720 a la luz del régimen de intercambio de información tributaria, el Abogado General expresa “sus dudas” respecto a que los Estados miembros no dispongan de información relativa a las cuentas preexistentes y a los activos a los que se refiere el modelo 720 que son objeto de un intercambio automático y obligatorio, al menos en el caso de los bienes inmuebles. El magistrado subraya que la Comisión “no ha aportado datos que permitan comprobar la existencia de un incumplimiento a este respecto”.
A su juicio, “la Comisión ha demostrado de modo jurídicamente suficiente que la Administración tributaria española dispone de la información necesaria únicamente en relación con las cuentas bancarias abiertas a partir del 1 de enero de 2016 (cuentas bancarias nuevas)”. En consecuencia, declara que “la aplicación de la regla del efecto de imprescriptibilidad resulta desproporcionada, puesto que va más allá de lo necesario respecto de esta categoría de activos”.
Sin embargo, el Abogado General vuelve a virar en sus conclusiones y mantiene que esta regla no resulta desproporcionada en el caso de los activos respecto de los que la Administración tributaria española no dispone de esa información, habida cuenta en particular del muy limitado grado de armonización alcanzado hasta ahora en el ámbito de la fiscalidad, y de la necesidad de los Estados miembros de luchar contra el fraude fiscal. En su opinión, “los Estados miembros disponen en este ámbito de un amplio margen de apreciación, que comprende la posibilidad de aplicar la regla en cuestión”.
“Decepción” entre los fiscalistas
El abogado Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence, fue quien recurrió este asunto ante la Comisión Europea. “Las conclusiones del Abogado General me parecen muy decepcionantes“, apunta. “Va todo un Abogado General de la Unión Europea y afirma que si un Estado no tiene suficiente información sobre la existencia de determinados bienes en el extranjero, sobre una posible infracción tributaria, puede establecer la imprescriptibilidad o, lo que es peor, que se pierdan prescripciones ganadas, que resuciten obligaciones tributarias muertas. Eso es un disparate”, critica.
Del Campo sostiene que el Abogado General “está ignorando la propia jurisprudencia del Tribunal europeo, que, en sentencias 11 de junio 2009 y 15 septiembre 2011, ha dejado claro que cuando un Estado no tenga indicios de la existencia de los bienes foráneos se pueden prolongar los plazos de prescripción, pero de forma proporcionada y justificada”, añade. Del Campo cree que la sentencia final puede no ir en línea con las conclusiones presentadas hoy. “Estoy convencido de que el TJUE terminará tumbando también la imprescriptibilidad, con propia sanción del 150%, en relación con todos los demás bienes a declarar con el Modelo 720 y no solo con respecto a cuentas bancarias abiertas a partir de 2016″, pronostica.
El fiscalista Esaú Alarcón, socio de Gibernau Asesores, es otro de los abogados que más conoce el Modelo 720. Su intervención en el proceso fue clave en un proceso en la Audiencia Nacional, donde consiguió el Dictamen de la Comisión Europea contra España. Coincide con del Campo. “Me ha decepcionado sobre todo porque las normas no se pueden fragmentar“, apunta. “Realiza una distinción entre cuentas antiguas y nuevas que la norma española no hace, es un argumento que se ha sacado de la manga y que no tiene ningún sentido”, explica.
En cuanto a la imprescriptibilidad, Esaú Alarcón cree que “es una barbaridad”. Subraya que “afecta a la seguridad jurídica, que es un principio fundamental europeo. Es decepcionante”. Sin embargo, Alarcón pide esperar a otro procedimiento sobre el Modelo 720 elevado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. “Como hace tanto hincapié en la seguridad jurídica, puede que luego se consiga resolver esta situación”, concluye.
Nicolás Emery nos habló de la importancia de los balances y de llevanza correcta de la contabilidad en la empresa en el último consultorio jurídico de Rádio Calvià FM, en el que pudo responder a cuestiones como:
¿Qué es un balance de situación? ¿Para qué sirve la información que figura en él? ¿Cómo debe hacerse? ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo se debe interpretar?
¿Por qué es importante conocer el valor del activo corriente?
¿Y el pasivo corriente?
¿Qué diferencia hay entre el activo no-corriente y el activo corriente? ¿Y qué diferencia entre el pasivo corriente y el pasivo no-corriente?
El depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil. ¿Qué empresas está obligadas a presentar cuentas y qué plazo hay? ¿Para qué sirven las cuentas anuales?
¿Qué es el fondo de maniobra?
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El complemento retributivo específico de puesto de trabajo también se cobra durante la situación de embarazo de riesgo, a pesar de no se haya tomado posesión del nuevo puesto de trabajo.
El Tribunal Supremo (TS) ha entendido en el caso que nos atañe que se ha incurrido en discriminación por razón de sexo por dejar de abonar a la perjudicada, mujer de profesión Guardia Civil, el complemento retributivo correspondiente con motivo de no haber tomado posesión del nuevo puesto de trabajo en atención a su situación de baja por embarazo de riesgo.
El TS considera que las mujeres Guardias Civiles, en caso de que padezcan insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas para el servicio la cual venga derivada de una situación de embarazo de riesgo, tienen derecho a percibir el componente singular del complemento específico del puesto de trabajo anterior o del actual.
Y es, señala el TS, el principio de no discriminación por razón de sexo obliga a compensar las desventajas que el embarazo puede provocar en los derechos económicos y profesionales de las mujeres y que no puede haber discriminación alguna en caso de embarazo o maternidad, tal como establece el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, en consonancia con el artículo 58 relativo a la licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia, y la jurisprudencia constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE).
Puedes consular la sentenciareferida en formato pdf a través de este enlace.
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Ante un aumento de estos procesos concursales del 45% en el primer semestre del año frente al de 2019 y con el afán de que los empresarios que están siendo azotados por la crisis económica traída por la pandemia del Covid-19 puedan anticiparse y disponer de toda la información necesaria para afrontar de la mejor manera posible una eventual situación de insolvencia en su empresa, el Consejo General de Economistas junto con la patronal CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) han elaborado una la GUÍA DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA ANTE LA INSOLVENCIA, que puedes descargar en formato pdf aquí
Si te interesa este tema, además puedes leer el artículo del digital CincoDíascon un resumen de la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia del CGE y CEPYME:
Cómo se debe afrontar la insolvencia de la empresa, paso a paso
La necesidad de los empresarios, especialmente si son pequeños, de disponer de la información necesaria para afrontar la temida situación de insolvencia es cada vez mayor en el contexto de la crisis del Covid. Ante un aumento de estos procesos del 45% en el primer semestre de 2021 frente al de 2019, el Consejo General de Economistas y la patronal Cepyme han editado la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia, un recorrido paso a paso del proceso que se ha de seguir y que se resume a continuación.
Alerta temprana
La Guía aconseja, en primer lugar, detectar con anticipación la futura insolvencia para ganar tiempo y recursos. Se trata de realizar un control económico-financiero de la compañía y de observar riesgos tales como caída de facturación o márgenes, la necesidad de convertir en dinero bienes del activo inmovilizado, la pérdida de concesiones o retrasos en los pagos.
Insolvente pero viable
Los controles permiten conocer si la empresa sigue siendo solvente o no. En caso de insolvencia, cabe la posibilidad de que haya viabilidad, coyuntura en la que hay que reorganizar costes, reconducir la empresa, buscar financiación y reestructurar deudas. Para esto último, hay que negociar con los acreedores mediante acuerdos de refinanciación o pactos extrajudiciales o concursales (propuestas de convenio y acuerdos laborales).
Insolvente e inviable
Todavía se recomienda estudiar las posibilidades de acuerdos extrajudiciales para liquidar la empresa, lo que se conoce como liquidación voluntaria. Si no es posible, se solicita el concurso de liquidación.
Comunicar los acuerdos
Al abrir la negociación con los acreedores, es necesario comunicarlo al juzgado competente. Durante los siguientes tres meses, se suspenden las posibles ejecuciones contra el deudor o las ya iniciadas. En el caso de personas naturales (físicas), el plazo es de dos meses.
Acuerdos de refinanciación
Los acuerdos de refinanciación son de dos tipos: colectivos y singulares. En los primeros, el deudor llega a un pacto con sus acreedores, con o sin homologación judicial. En los singulares, el acuerdo puede ser con uno o con varios acreedores y nunca son homologados por el juez.
Pactos extrajudiciales de pagos
Este tipo de acuerdos pretenden desjudicializar los procesos y requieren la intervención de un mediador concursal. Las personas físicas no empresarias o las personas jurídicas cuya entidad no es inscribible en el Registro Mercantil deben solicitar el mediador ante notario. El resto lo harán ante el Registro Mercantil o cámara de comercio correspondiente. Hay que advertir que el mediador tiene menos responsabilidades y obligaciones que un administrador concursal.
Papel del mediador
Como primer paso, el mediador convoca al deudor y a sus acreedores, dentro de los 10 días siguientes a la aceptación del cargo, con el propósito de alcanzar el acuerdo extrajudicial de pagos. Remite una propuesta a los acreedores, con el visto bueno del deudor, que puede contemplar cualquiera de estas medidas: esperas no superiores a 10 años; quitas; conversión de créditos en acciones o participaciones de la empresa o en otros instrumentos financieros; o cesión de bienes y derechos. Si los acreedores aceptan el plan presentado, se firma en escritura pública.
No se aprueba el plan
En caso de que los acreedores no aprueben la propuesta, el mediador presenta concurso, llamado consecutivo. Las personas físicas lo hacen ante el Juzgado de Primera Instancia y el resto de deudores, ante un Juzgado Mercantil.
Concurso consecutivo
A este concurso se llega después de no haber alcanzado ni el acuerdo de refinanciación ni el extrajudicial de pagos, por haberlos incumplido o bien porque se haya declarado la nulidad o la ineficiencia judicial de alguno de los dos acuerdos.
Exoneración del pasivo insatisfecho
Cuando una persona física llega al concurso consecutivo aún puede recurrir al sistema se segunda oportunidad o beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho por el que el deudor se libera de las deudas existentes, con ciertas limitaciones.
Proceso del concurso consecutivo
El juez nombra administrador concursal al mediador como regla general. Si el concurso se hubiera declarado a solicitud del acreedor, el concursado podrá presentar una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que le hubiera sido notificada esa declaración. Las personas físicas solo podrán presentar un plan de liquidación de la masa activa (bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor). Para el supuesto de falta de presentación o de inadmisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio, de la falta de aprobación del convenio, y de incumplimiento del convenio aprobado, el juez acordará directamente la apertura de la fase de liquidación.
Concurso de acreedores
Este concurso tiene como objeto repartir la masa activa del deudor entre los acreedores. Se presenta en dos meses desde la insolvencia y cuando no hay acuerdo previo. Es voluntario cuando lo presenta el propio deudor y necesario cuando lo hacen los acreedores. Los necesarios son los que los que no se pueden presentar hasta el 31 de diciembre de 2021 en virtud de la moratoria concursal. Consta de tres fases. La fase común es la de solicitud de concurso, el auto de declaración y el informe del administrador concursal. La fase de convenio incluye, entre otras cosas, la presentación y admisión de las propuestas, la aprobación judicial de la propuesta aceptada mayoritariamente y su posterior cumplimiento o incumplimiento. La de liquidación es en la que se liquida la masa activa y se procede al reparto entre los acreedores.
Calificación
En esta fase del proceso se depuran las posibles responsabilidades y se determina si el concurso es culpable o fortuito
Conclusión y rendición de cuentas
El concurso se concluye por: cumplimiento del convenio aprobado; liquidación de los bienes y derechos y pago a los acreedores hasta donde alcance; inexistencia de la insolvencia por pago o por satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio; desistimiento o renuncia de los acreedores; o insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa. Esta última es la causa más frecuente de conclusión. La rendición de cuentas se presentará junto con el informe final de liquidación
La nueva Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude ha puesto el foco sobre ellos y Hacienda, como caballo de batalla, los vigilará más estrechamente: Los autónomos que tributan en elrégimen deestimación objetiva (módulos) están en el punto de mira porque se entiende que estos, al no tener la obligación de presentar un balance al declarar sus ingresos, poseen una mayor facilidad para aceptar “pagos en b”. En el intento de acabar con los movimientos continuos de efectivo y de controlar sus flujos de caja de operaciones sin declarar, la nueva ley ha limitado los pagos en efectivo, reduciendo la cantidad que puede ser abonada a los 1.000 Euros (antes eran 2.500 €) y fija una sanciones, tanto para pagador como para el receptor, en caso de incumplimiento de hasta el 25% del importe pagado, En caso de que una de las dos partes de cuenta de esta práctica irregular no tendrá que abonar la sanción. Además, se ofrece una reducción del 50% por pagarla sin hacer alegaciones.
Nadie queda a salvo, pero claramente serán más susceptiblesde de verse fiscalizados por la Agencia Tributaria los trabajadores por cuenta propia DE sectores de actividad en que el empleo de efectivo como medio de pago es más habitual: pequeños comercios y bares.
¿Quieres saber más de este tema? Lee a continuación el interesante artículo de elEconomista.es al respecto o nuestras entradas previas al respecto de la Ley antifraude.
Estos son los autónomos perseguidos por Hacienda por exceder los límites de efectivo
La Ley contra el Fraude aprobada recientemente por el Gobierno ha puesto el foco en el colectivo de autónomos. La Inspección es consciente de que este segmento del tejido empresarial español es un ecosistema perfecto para que florezca la economía sumergida. De ahí, que uno de los caballos de batalla de esta ley haya sido el dinero en efectivo.
Básicamente, la norma reduce la cantidad máxima abonada en efectivo, pasando de los 2.500 euros hasta los 1.000 euros. La sanción que establece la Administración asciende hasta el 25% del pago realizado para ambas partes, pagador y receptor.
¿A quién persigue Hacienda?
El fisco lleva tiempo poniendo el foco en un grupo de autónomos dentro del colectivo en concreto. Los ‘moduleros’, los trabajadores por cuenta propia que tributan en el régimen de estimación objetiva, no están obligados a presentar un balance de ingresos, por lo que es el caldo de cultivo perfecto para que se den casos de economía sumergida.
Estos profesionales tributan dentro de este régimen porque llevan a cabo actividades en las que hay mucho movimiento de efectivo y el flujo de caja es continuo, lo que dificulta en gran medida hacer un seguimiento de las cuentas. Por este motivo, declaran a Hacienda en base a unos segmentos de ingresos establecidos por la Administración, los módulos.
Precisamente, este es el motivo de que sea más fácil llevar a cabo transferencias de dinero en efectivo no declaradas. Este es el verdadero grupo de autónomos perseguido por la Inspección.
Para saber qué autónomos entran dentro de esta parte del colectivo tan solo hay que pensar en aquellas actividades en las que es más habitual el uso de efectivo. Atendiendo a esta referencia, los trabajadores por cuenta propia más vigilados por el fisco serían los hosteleros y los comerciantes. Dentro de estas dos áreas ya es posible especificar los subsectores más vigilados.
Por ejemplo, dentro de la hostelería, es más fácil que se ponga el foco en un bar que en un hotel, ya que en este último es más habitual ver los pagos con tarjeta o, incluso por transferencia desde la cuenta bancaria. Dentro del comercio, estará más vigilada una pequeña tienda de ropa que una gran franquicia de inmuebles, en la que es muy común que el ticket medio supere los 1.000 euros.
En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) ha venido a ratificar recientemente el despido de un trabajador que mintió a la empresa -por partida doble- para llegar a ser contratado. Y es que el empleado mintió tanto en el currículum entregado a la empresa como en la declaración jurada y responsable que se le solicitó debido a la imposibilidad de llevar a cabo un reconocimiento médico previo a su incorporación, ocultando una limitación funcional para llevar a cabo las laborales que el puesto de mensajero precisaba (manipulación y carga de paquetería) por su limitación funcional de extremidades y columna por trastorno del disco intervertebral, síndrome de túnel carpiano y síndrome álgico.
¿Te ha intesado esta noticia? Entonces sigue leyendo más al respecto en este interesante artículo del portal Noticias Jurídicas, desde donde podrás, además, tener acceso a la sentencia referida:
Un empleado es despedido por mentir en el currículo
El trabajador firmó una declaración responsable para conseguir un puesto de trabajo cuando, por sus limitaciones físicas, no podría desarrollarlo
El TSJ Castilla y León avala el despido de un empleado que mintío, tanto en su currículo como en la declaración responsable, para conseguir el puesto de carga y descarga de paquetería, ocultándo su limitación funcional para desempeñar las funciones que el empleo acarreaba.
Según establece el tribunal, el modo abierto en el que está configurada la transgresión de la buena fe contractual, para tener efectos disciplinarios a efectos de justificar un despido, se basa primordialmente en la pérdida de la confianza en el trabajador; quiebra de la confianza que puede derivar de conductas de engaño u ocultación, destinadas a conseguir y mantener el vínculo de trabajo sobre unas condiciones de capacidad laboral irreales y parcialmente incompatibles con las exigencias del puesto desempeñado.
La sentencia (disponible en este enlace) estima que se da esta pérdida de confianza porque el trabajador, tanto en su currículo como en la declaración responsable firmada antes de acceder al puesto de trabajo, ocultó, no su discapacidad, pero sí su limitación funcional para poder desarrollar las labores que iba a asumir.
Sustitución del reconocimiento médico
Ante la imposibilidad de llevar a cabo un examen previo a su incorporación por las circunstancias derivadas del estado de alarma a consecuencia del COVID-19, se tuvo que sustituir el reconocimiento médico por la declaración jurada y responsable. En ella, el trabajador, que pretendía acceder a un puesto de mensajería y reparto de paquetes, indicó que medicamente no presentaba limitaciones para la manipulación manual de cargas – siendo ésta una tarea esencial de la categoría para la que iba a ser contratado-, y declaró su compromiso de informar a la empresa de cualquier variación en su situación médica que pudiese influir en su puesto de trabajo.
Previamente, y conociendo que la labor a desarrollar sería carga y descarga de paquetería, había señalado en su CV su facilidad para el trabajo físico y que solo estaba impedido para trabajar en la construcción, ocultando un informe del EVO, previo a la declaración de discapacidad superior al 33% en el que se había constar una limitación funcional de extremidades y columna por trastorno del disco intervertebral, síndrome de túnel carpiano y síndrome álgico.
La empresa solo conocía la clasificación del trabajador como demandante de empleo protegido en razón a su tipo y grado de minusvalía, y no fue hasta que se pudo realizar el reconocimiento médico – que fue evitado por el trabajador mientras pudo negarse a su realización-, cuando se toma conocimiento de que no podía manejar pesos superiores a 7 kilos, lo que entra en una clara contradicción con lo que había declarado dos meses antes, al inicio de la relación laboral, al afirmar que podía manipular cargas sin limitaciones cuando no era cierto.
Valora también la sala que, una vez que la empresa tuvo conocimiento de las limitaciones funcionales del trabajador, intentó buscarle otro puesto de trabajo lo que no resultó posible por la demanda del mercado, siendo la actitud del trabajador, desde entonces, la de proferir toda clase de insultos y amenazas contra la empresa sobre que no tenía licencia y permisos necesarios para funcionar, avisando verbalmente a algunos compañeros que iba a coger una baja para que no le pudieran despedir y para que la empresa tuviera que pagarle por no trabajar.
También, y a pesar de las instrucciones dadas expresamente al trabajador, vino haciendo hasta el último día caso omiso de las normas de seguridad y salud laboral, al manipular él solo y sin medios auxiliares bultos de 15 kilos o no pedir ayuda al compañero con el que realizaba la ruta que tenía asignada.
Según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que fija la regla general y de mínimos al respecto de las vacaciones (es decir, puede ser mejorada por convenio colectivo o acuerdos con el propio empleado), el trabajador que durante su período vacacional sufra una situación de incapacidad temporal -y un contagio de Covid-19 tiene tal consideración- podrá suspender sus vacaciones (total o parcialmente, según el caso) y tendrá derecho a disfrutar de las mismas una vez haya recibido el alta médica. Para disfrutar el nuevo período es necesario volver a estar de alta (que haya finalizado la incapacidad temporal), ponerse de acuerdo con la empresa sobre la nueva fecha de disfrute y, como último requisito o condición, que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.
Además, las cuarentenas, por positivo o contacto estrecho, o períodos de aislamiento tienen la consideración de incapacidad temporal por enfermedad común, así que sucede lo mismo que con un contagio por Covid-19 en lo que respecta a las vacaciones.
El obligado a guardar cuarentena que se encuentre disfrutando las vacaciones en España pero fuera de su lugar habitual de residencia habitual podrá desplazarse a su domicilio pero en vehículo privado y firmando una declaración responsable. Y -atentos los residentes en las Islas Baleares y Canarias- si la única opción de desplazamiento a nuestro hogar fuera en un medio de transporte público, “este se realizará previa valoración y autorización de la autoridad de salud pública de origen y destino debiéndose asegurar que las medidas de distanciamiento del contacto, respecto al resto de personas, sean aplicadas desde el punto de partida y durante todo el trayecto”.
¿Quieres saber más al respecto de este tema? Lee a continuación un interesante artículo del diario CincoDias Legal:
¿Qué ocurre con las vacaciones si me contagio de COVID-19 durante su disfrute?
Esta pregunta, o si el trabajador puede desplazarse desde el lugar de descanso al de su residencia para hacer cuarentena, tienen respuesta
Las vacaciones correspondientes al mes de agosto ya han dado el pistoletazo de salida. Y lo han hecho en plena quinta ola de contagios por el nuevo coronavirus. Aunque en España el 59,1% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación y el 69,3% tiene al menos una dosis, según datos del Ministerio de Sanidad actualizados el día 5, se siguen produciendo nuevos contagios. Ante esta situación, cabe la pregunta acerca de qué ocurriría si por desgracia el trabajador se contagia durante su periodo de descanso o si tiene que hacer la cuarentena de 10 días por haber tenido un contacto estrecho con una persona infectada.
De conformidad con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, la persona tendría derecho a disfrutar de las vacaciones una vez recibido el alta médica. Y es que, estas se suspenderían, de forma que se podría hacer uso de ellas una vez que finalizase la situación de incapacidad temporal, previo acuerdo con la empresa sobre la fecha, “y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado”.
Es decir, si el trabajador comienza su incapacidad temporal, por ejemplo, el 24 de diciembre de 2021, las vacaciones pendientes de ese año natural (2021) podrían disfrutarse hasta el 30 de junio de 2023. Con respecto a las vacaciones devengadas en 2022, se podrían disfrutar hasta el 30 de junio de 2024. Estas reglas sobre disfrute de vacaciones pueden ser mejoradas por convenio, acuerdo colectivo o acuerdo individual.
Tal y como apunta el Ministerio de Seguridad Social en su página web, los periodos de aislamiento “se considerarán como incapacidad temporal por enfermedad común”. La emisión de los partes de baja, confirmación y alta corresponderá al Servicio Público de Salud de la comunidad autónoma a la que esté vinculado el trabajador en función de su domicilio.
No obstante, a efectos del pago, estos periodos se consideran “accidentes de trabajo” y no “incapacidades temporales por enfermedad común”. Esto significa que la prestación económica se produce desde el día siguiente al de la baja y no desde el cuarto como ocurre con las bajas por enfermedad común, según señala el departamento que dirige José Luis Escrivá.
Dónde hacer la cuarentena
Por otro lado, el Ministerio de Sanidad explica que si la persona debe guardar cuarentena por positivo o por contacto estrecho con una persona infectada mientras se encuentra de vacaciones en un lugar distinto al de su residencia, puede hacerla en el lugar en el que se encuentre en ese momento o donde tenga su residencia habitual.
Pese a ello, el transporte se deberá realizar en coche privado y firmando un documento de declaración responsable. Pero si por cualquier circunstancia la única opción de desplazamiento fuera en un medio de transporte público, como puede ser el caso de las islas, “este se realizará previa valoración y autorización de la autoridad de salud pública de origen y destino debiéndose asegurar que las medidas de distanciamiento del contacto, respecto al resto de personas, sean aplicadas desde el punto de partida y durante todo el trayecto”.
A cuatro meses de su puesta en marcha, todavía están sin repartir dos tercios del fondo de ayudas directas de 7000 millones de € dispuesto para paliar los efectos económicos de la pandemia sobre autónomos y empresas. La falta de agilidad y la exclusión de muchas empresas y autónomos por no cumplir los requisitos para su concesión ha hecho que desde el Ministerio de Economía se estudie la posibilidad de que las CCAA ,que son los entes delegados para fijar los requisitos y tramitar dichas ayudas, modifiquen los criterios de concesión de las ayudas y que las mismas puedan ser usadas para liquidar deudas tributarias, con la Seguridad Social y préstamos extrabancarios. De este modo sería factible conseguir, de un lado, que el Estado pueda cobrar parte de la deuda que autónomos y pymes mantienen por el momento y, por el otro lado, que los afectados puedan, tras haberse puesto al corriente de pago con las administraciones públicas, acceder al resto de ayudas desplegadas que mantienen como requisito esencial no tener deudas con la administración.
Sigue leyendo más al respecto de este titular, en el artículo del diario digital ElEconomista, que te transcribimos a continuación:
Calviño medita dar 5.000 millones para cubrir deudas extrabancarias de los autónomos y pymes
También estudia permitir liquidar pagos con Hacienda y Seguridad Social
La letanía de los autónomos para acceder al fondo de ayudas directas dotado con 7.000 millones de euros y que aún tiene un 60% del total sin conceder, tras cuatro meses de vigencia, parece haber alertado a los técnicos del Gabinete del Ministerio de Economía, que desde esta misma semana ya estudian dos propuestas para agilizar la liberación de este dinero.
Concretamente, para estos casi 5.000 millones de euros que aún descansan en las arcas públicas de las comunidades autónomos -a las que se les transfirieron los fondos y que son las responsables de aprobar las solicitudes en virtud de los requisitos impuestos- el Gobierno ya valora la posibilidad de que puedan ser usados para liquidar las deudas tributarias y los aplazamientos solicitados por pymes y autónomos tanto a la Seguridad Social como a la Agencia Tributaria. Y también se medita la opción de extender la ayuda para devolver aquellos préstamos extrabancarios solicitados por los trabajadores por cuenta propia para sostener sus negocios, con fecha previa a la aprobación en mayo del fondo de rescate, y que han soportado los familiares y amigos de los afectados, principalmente.
Esta medida, más allá, supondría un balón de oxígeno para el colectivo en un momento en que parece que la situación sanitaria vuelve a trastocar la actividad de los comercios y del sector servicios, en plena temporada estival, que quedará limitada según las medidas que ya están adoptando las comunidades autónomas con motivo de la quinta ola de contagios. Así, uno de los puntos clave de la propuesta que ha hecho llegar UPTA, una de las asociaciones representantes del colectivo al Gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, está en que si este dinero fuera a parar a la liquidación de atrasos y pagos de los autónomos y pymes con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, se lograría un doble beneficio. Por un lado permitiría al Estado recuperar o cobrar parte de estos pagos demorados, que suponen una deuda de facto con la Administración Pública y por otro lado supondría que los afectados podrían volver a solicitar el resto de ayudas públicas desplegadas para el colectivo a nivel regional y local, ya que un requisito imprescindible en todas estas solicitudes es encontrarse al corriente de pago con las administraciones del Estado.
Según UPTA, el Ministerio de la vicepresidenta primera está valorando esta propuesta tras las conversaciones mantenidas esta misma semana, en la que la asociación habría aportado los datos que dan cuenta de la lentitud con la que se están concediendo estas ayudas directas. Para UPTA, esto “supondría un auténtico espaldarazo para paliar la difícil situación que están atravesando miles de autónomos que no pueden solicitar ninguna ayuda de las administraciones por no estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria o la Tesorería de la Seguridad Social”. El presidente de la organización, Eduardo Abad, asegura al respecto que se está a tiempo de enderezar el rumbo del plan de ayudas y la solución pasa por ser “eficaces”.
Modificar requisitos
Desde su punto de vista, el Gobierno debe establecer mecanismos que permitan a las comunidades autónomas cambiar las órdenes de ayuda y “con ello conseguir un doble efecto, por un lado, saldar deudas existentes con la administración central y por otro que los autónomos puedan acogerse a las ayudas de todas las administraciones”.
“Más del 60% de los 7.000 millones de euros de este plan de ayudas directas quedarán sin repartir porque no se pueden cumplir las restrictivas condiciones de acceso impuestas por el Real Decreto del mes de mayo”, según Abad.
UPTA asegura que uno de los principales problemas de este plan de ayudas reside en la obligatoriedad de mantener vivas deudas con proveedores o suministradores de bienes o servicios con anterioridad a la fecha de publicación del Real Decreto, además de establecer unos determinados supuestos que hacen referencia a las pérdidas contables, que al fin y al cabo aluden a gastos sin abonar por parte de la sociedad.
“Desde UPTA también queremos esclarecer cómo deben considerarse los préstamos realizados por parte de socios de una sociedad mercantil a su propia empresa; o los préstamos que por parte de familiares o cualquier otra persona se produjeran entre marzo de 2020 y mayo de 2021 a un trabajador por cuenta propia para poder hacer frente a sus obligaciones con proveedores. En este sentido, desde UPTA consideramos que una simple elevación a documento público notarial debería ser suficiente para considerarlo un préstamo sin saldar, y, por lo tanto, entrar en los supuestos de justificación para las ayudas gubernamentales, siempre y cuando se justifique el préstamo a través de transferencias bancarias en el periodo anterior a la publicación de la normativa”, sugieren desde la entidad representante del colectivo de trabajadores por cuenta propia de cara a dotar de liquidez.
Iniciar una actividad económica conlleva una serie de requisitos y obligaciones fiscales para las personas que quieran emprender un negocio y, por ello, el abogado y economista 𝙉𝙞𝙘𝙤𝙡á𝙨 𝙀𝙢𝙚𝙧𝙮 ha querido repasar las más importantes junto con la audiencia de Radio Calvià FM en el consultorio jurídico de este martes. Dar de alta nuestra actividad económica, darnos de alta como autónomos, presentar correctamente una 𝙙𝙚𝙘𝙡𝙖𝙧𝙖𝙘𝙞ó𝙣 𝙘𝙚𝙣𝙨𝙖𝙡 a la Agencia Tributaria con toda la información relativa a nuestra actividad: indicar la fecha de inicio de la actividad (fecha que tomará la Seguridad Social para dar de alta de autónomos); también el lugar de la actividad; dar cuenta de qué obligaciones tributarias serán las relativas a nuestra actividad: si tenemos personal asalariado, si pagaremos un alquiler en nuestro negocio, si existe o no la obligación de presentar el IVA, el tipo de contabilidad que se aplicará a nuestra actividad (estimación objetiva/módulos o estimación directa); etc.
Las ayudas directas a autónomos y empresarios dispuestas por el Gobierno, que para las Islas Baleares ascienden a un total de 855 millones de euros, no llegarán a sus destinatarios antes de septiembre. La gestión de la concesión de dichas ayudas, que fue delegada por el Ejecutivo a cada comunidad autónoma, amén de que los criterios y requisitos para la concesión han variado desde un principio -al menos en las baleares- está provocando dilación en la entrega de las cantidades. Con todo ello, Baleares es una de las que tienen más avanzado el proceso de concesión de ayudas. Pese a que, como se ha avanzado, el importe líquido de las ayudas no llegará hasta más adelante, de entre todas las solicitudes presentadas en nuestra comunidad, el Govern balear ha ido publicando en el BOIB la relación de beneficiarios a quien se ha aprobado conceder las ayudas, que puedes consultar en los siguientes enlaces aquí y aquí.
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), a través de su secretario general, José Luis Perea, ha señalado: “El proceso es lento. Las ayudas no van a estar este verano”.
Si quieres más información, lee ea continuación el artículo de Vozpópuli que da cuenta de la noticia:
Las ayudas directas a autónomos y pymes llegarán como mínimo en otoño
Según los plazos de las convocatorias establecidas por las comunidades autónomas, los empresarios ya descartan recibir el dinero antes de que acabe el verano
Los 7.000 millones en ayudas directas prometidos por el Gobierno para pymes y autónomos no llegarán antes de septiembre. Aunque las inyecciones monetarias fueron anunciadas por el Ejecutivo el pasado mes de marzo, que la gestión sea a través de las comunidades autónomas está dilatando el proceso, puesto que los plazos son diferentes en cada una de ellas.
Las líneas de ayudas anunciadas están compuestas de dos compartimentos. El primero, uno de 5.000 millones, que se destinará al conjunto de comunidades autónomas. El segundo, de 2.000 millones, será para Canarias y Baleares, por tratarse de los territorios más castigados por la pandemia por la caída del turismo.
No obstante, ninguna ha entregado aún las ayudas, confirman a Vozpópuli fuentes de la patronal CEOE y de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). “El proceso es lento. Las ayudas no van a estar este verano”, confirma José Luis Perea, secretario general de ATA, que apunta a que agosto suele ser un mes inhábil.
En este sentido, ni siquiera confían en que puedan entregarlas ya las comunidades que tienen más avanzado el proceso, como Murcia o Baleares, que terminaron a finales de junio de recibir la documentación de los interesados; Castilla-La Mancha, que hizo lo propio el 19 de julio; o Canarias y Madrid, esta misma semana. Con calendarios diferentes, Navarra tendrá el plazo abierto hasta el 20 de agosto, mientras que Aragón esperará hasta el 10 de septiembre.
De hecho, son varias las que han ampliado el plazo por la dificultad que está suponiendo. “Son ayudas que se tramitan siguiendo los criterios de la ley de subvenciones, son muy farragosas burocráticamente“, señala Perea, que insiste en que va a haber “pocos autónomos beneficiados”. Según sus cálculos, no superará el 12%.
Autónomos y pymes rechazan los criterios
Estas ayudas están destinadas a reducir el endeudamiento suscrito entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, que sirven para cubrir obligaciones de deuda y pagos a proveedores, acreedores financieros y no financieros, así como costes fijos incurridos, procedentes de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. Para recibirlas, las empresas deben registrar una caída de volumen de operaciones anual en 2020 de un 30% como mínimo con respecto a 2019.
Este requisito de deuda es uno de los que más rechazan los empresarios y autónomos, puesto que consideran que es injusto. “Hay que presentar documentos contables justificativos que acrediten una deuda, así que están penalizando a todos aquellos autónomos que son buenos pagadores y han cogido sus ahorros para pagar a suministradores, proveedores…”, reclaman desde ATA. Lo mismo apuntan desde la patronal Hostelería de España, que reseña que estas inyecciones “benefician a quienes tienen deudas frente a quienes han arriesgado su patrimonio para ir pagando esas deudas”
Con todo, no creen que durante el verano vayan a recibir ninguna de las inyecciones. “Si se agilizan mucho, nos llevaríamos una grata sorpresa, pero contamos con que al menos hasta septiembre no empezarán a pagar“, concluye Perea.
El plazo de concesión de las ayudas es hasta el 31 de diciembre de este año y se reparten por comunidades según una serie de criterios: dos tercios dependen de la caída del PIB en 2020, moderado en función de la prosperidad relativa de cada autonomía; algo más de un 20% se distribuye en función de la tasa de desempleo y una novena parte según el paro juvenil.
Con la reforma de la Ley Concursal se transpone la Directiva sobre reestructuración e insolvencia y se articula una de las reformas más importantes incluidas en el Plan de Recuperación para favorecer la demografía empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico
El Anteproyecto de Ley, que se saca a audiencia pública, supone una mejora estructural de los mecanismos de insolvencia para fomentar la reestructuración empresarial y establece un marco normativo ágil y flexible que contribuye a minimizar la destrucción de tejido productivo y facilita el mantenimiento de empresas viables
El texto introduce la figura de los planes de reestructuración empresarial, un instrumento pre-concursal dirigido a evitar la insolvencia, o a superarla, que incentiva una actuación temprana y, por tanto, con mayores probabilidades de éxito
El deudor podrá determinar cuáles serán los acreedores afectados por el plan de reestructuración y las ejecuciones singulares de los bienes y derechos de la empresa quedarán suspendidas –hasta un máximo de 12 meses– para facilitar la negociación del plan, lo que permitirá a la empresa continuar desarrollando su actividad con total normalidad
La reforma incluye un novedoso procedimiento especial para microempresas sencillo, rápido, flexible, digitalizado -en el que las partes se comunicarán a través de formularios gratuitos y disponibles on line o las vistas serán virtuales- y que supondrá una reducción significativa de los costes para el deudor. Este procedimiento permitirá a los deudores alcanzar un plan de continuación si la empresa es viable o, en caso de no ser posible, les facilitará una rápida liquidación de la empresa a través de una plataforma on line
También se reforma el procedimiento concursal para agilizarlo y reducir su duración, con medidas como la sustitución de la junta de acreedores por una tramitación escrita en el convenio o la reducción de la retribución del administrador concursal si la gestión no es eficiente, lo que se producirá si el procedimiento dura más de 12 meses por causa que le sea imputable
Otra de las novedades es la modificación en profundidad del procedimiento de segunda oportunidad, dirigido a personas físicas (consumidores) y autónomos en concurso, dando un nuevo impulso a quienes desean volver a emprender o continuar con su actividad económica sin el lastre de deudas de una iniciativa anterior. De este modo, bajo ciertas condiciones y sujetándose a un plan de pagos, se posibilita la exoneración de las deudas sin necesidad de una liquidación previa de los activos empresariales o de la vivienda habitual del deudor.
El Gobierno a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha sacado a trámite de audiencia pública el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal. El proyecto normativo incluye la transposición de la Directiva europea de reestructuración e insolvencia e introduce otras reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas viables.
Esta modificación constituye una de las reformas más importantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer la demografía empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico.
Se trata de un proyecto de ley ambicioso, dirigido a garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad; que los empresarios personas físicas insolventes puedan disfrutar de la exoneración de sus deudas, después de un periodo de tiempo razonable, favoreciendo la segunda oportunidad; y que se mejore la eficiencia del procedimiento concursal con el fin de reducir su duración.
Se presta especial atención a las microempresas, que dispondrán de un procedimiento específicamente adaptado a sus necesidades y características.
La reforma es de especial importancia en el actual contexto económico, puesto que la disponibilidad de este tipo de instrumentos de reestructuración, eficientes y ágiles, contribuirá a minimizar la destrucción del tejido productivo y al mantenimiento de empresas y negocios viables.
Planes de reestructuración
Los planes de reestructuración, que sustituyen a los actuales acuerdos de refinanciación, son uno de los elementos centrales de la Directiva de insolvencia y de la reforma de la Ley Concursal para facilitar que las empresas deudoras viables dispongan de un instrumento eficaz para evitar la insolvencia o salir de ella.
Se trata de un instrumento pre-concursal, dirigido a empresas con dificultades financieras, que favorece una reestructuración en un estadio más temprano que el de los actuales instrumentos, cuando se detecten indicios de probabilidad de insolvencia, frente a la actual exigencia de que ésta sea inminente.
Es un mecanismo flexible, ágil desde el punto de vista procedimental, que incorpora las mejores prácticas de otros modelos de derecho comparado, como el americano, para contribuir a su eficacia. En concreto, posibilita el arrastre de clases acreedoras disidentes, esto es, las que no votan a favor del plan, incluyendo también las correspondientes salvaguardas para los acreedores. Su introducción incentivará una reestructuración más temprana y, por tanto, con mayores probabilidades de éxito, contribuirá a la descongestión de los juzgados mercantiles, liberará recursos y permitirá una mayor eficiencia del concurso.
Asimismo, se introduce un nuevo procedimiento de insolvencia único para autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores, más rápido, digitalizado y con un coste muy reducido que incrementa la posibilidad de continuidad de las empresas viables y facilita la reasignación de recursos. Este procedimiento se caracteriza por la simplificación del proceso concursal, su carácter modular y ofrece dos itinerarios posibles. Tras un período de negociación con los acreedores de un máximo de tres meses debe optarse: por un plan de continuación rápido y flexible, si hay posibilidad de un acuerdo o, en su defecto, por una liquidación ordenada, pero rápida, a través de una plataforma on line. Este procedimiento únicamente debe utilizarse para liquidar empresas que son insolventes.
Procedimiento de segunda oportunidad
Se reforma en profundidad el procedimiento de segunda oportunidad, dirigido a personas físicas y autónomos en concurso, con el objetivo de incentivar a los beneficiarios a continuar con su actividad laboral o empresarial y posibilitando una segunda oportunidad realmente efectiva. El Anteproyecto de Ley introduce medidas adicionales a las previstas en la Directiva de insolvencia, entre las que destaca la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos a los acreedores, permitiendo al deudor, bajo ciertas condiciones, mantener su vivienda habitual y, si fuera autónomo, continuar con su actividad.
El plan de pagos tendrá una duración máxima de tres años, que se ampliará a cinco años cuando no se enajene la vivienda habitual del deudor. Asimismo, se amplía la relación de deudas exonerables y se eliminan o se relajan ciertas restricciones para poder acceder a las exoneraciones.
Reforma del procedimiento concursal
Por último, el Anteproyecto de Ley también incluye la reforma del procedimiento concursal para incrementar su eficacia. Con este objetivo se introducen numerosas modificaciones dirigidas a agilizar el procedimiento y a facilitar la aprobación de un convenio cuando la empresa sea viable, facilitar la venta de unidades productivas o, en su caso, su liquidación. En este sentido, entre las medidas para agilizar el procedimiento y reducir su duración, la reforma prevé incentivos en la retribución del administrador concursal condicionados a la celeridad y agilidad del procedimiento, y penalizaciones si la gestión no es eficiente, lo que se producirá si el procedimiento dura más de 12 meses por causa que le sea imputable
Modificación de la ley orgánica del poder judicial
Como complemento necesario para las medidas de eficiencia contenidas en el anteproyecto, resulta imprescindible descargar de competencias a los juzgados mercantiles y a las secciones especializadas de las audiencias provinciales. Estas medidas requieren la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se presenta una segunda reforma, como Ley Orgánica, complementaria a la de la Ley Concursal.
Esta reforma contempla, entre las medias más destacadas, que los juzgados de los casos sobre condiciones generales de la contratación y sobre protección de los consumidores y ciertas reclamaciones en materia de transportes (retrasos de aerolíneas, equipajes, etc.) pasen de los juzgados de lo mercantil a los juzgados de primera instancia.
Finalmente, volverá a los juzgados de lo mercantil el conocimiento del concurso de las personas naturales no empresarias.
Desde 𝗠𝗼𝘆𝗮 & 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆, a través de la abogada especializada en Derecho laboral 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒐𝒔, hemos querido dedicar íntegramente a la PENSIÓN DE JUBILACIÓN este último consultorio jurídico en Ràdio Calvià FM y explicar una serie de dudas que pueden surgir entre el colectivo de personas en edad de jubilarse o que se encuentren cercanas a dicha edad de jubilación, algunas de ellas ya planteadas por clientes de nuestro despacho de forma habitual. Por ello, se han intentado abarcar y explicar los siguientes puntos:
Concepto de jubilación.
¿A día de hoy, cuándo me puedo jubilar?
¿Cómo se verán afectadas las pensiones de jubilación con la reforma que se plantea de cara a 2022?
¿Qué jubilaciones se ven afectadas por la reforma de las pensiones? Concepto de éstas.
Recuerda que puedes ponerte en contacto con cualquiera de las oficinas de 𝗠𝗼𝘆𝗮 & 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 y pedir cita para aclarar cualquier duda con respecto a tu pensión de jubilación.
Como se ha convertido en costumbre ya, el pasado viernes tuvo lugar la comida de verano del despacho Moya & Emery. En ella, los miembros del equipo de profesionales que integran ambas oficinas de Palma y de Palmanova, junto con algunos de los estrechos colaboradores de nuestro despacho de asesores, consultores y gestores, pudimos disfrutar, en un distendido ambiente, de los platos dispuestos por los huéspedes de la cita, nuestros amigos del ristorante Il Carpaccio de Santa Ponça.
Echamos de menos, como no podía ser de otro modo, a las compañeras y compañeros que no pudieron asistir al evento por deber atender otros compromisos. En la próxima seguro que estaremos todos juntos.
El Estatuto de Trabajadores dispone una serie de derechos de cuya existencia no todos los trabajadores parecen estar al tanto. Además, a esos derechos se deberán sumar los que también disponga el convenio colectivo de su empresa o de su sector, en caso de que lo haya.
Hoy desde Moya & Emery queremos darte a conocer algunos de esos derechos “desconocidos” más comunes de los trabajadores:
1. Tu anticipo de nómina
En caso de precisar liquidez, el trabajador puede solicitar que se le adelante el porcentaje de nómina correspondiente a los días que lleve trabajados: si se ha trabajado 10 días del mes, se podrá solicitar el anticipo de 33% de la mensualidad; si 15 días del mes, un 50%, etc.
En todo caso, no es este un derecho de concesión automática, puesto que el anticipo dependerá de la propia disponibilidad y liquidez de la empresa para llevarlo a cabo.
2. Tu pausa del café o del cigarro
Los trabajadores que hagan turnos de 6 horas o más tienen derecho a 15 minutos de descanso si así lo desean. La duda surge en si esos minutos de descanso deben ser retribuidos o no por la empresa. La última sentencia al respecto señala que no computan esos minutos como jornada laboral y, por tanto, no devengan conceptos retribuibles y, por ende, la jornada laboral debe alargarse hasta cumplir el tiempo disfrutado de descanso.
3. Tu día libre en caso de cambio de residencia / mudanza
El derecho a un día libre que no puede detraerse de las vacaciones lo fija el Estatuto de los Trabajadores para el caso de que el trabajador precise realizar un cambio de residencia o mudanza. Es muy habitual que los convenios colectivos amplíen este derecho a dos días o incluso más, por ello conviene al trabajador conocer este dato.
4. Tus 20 horas para seguir formándote
Siempre que esté ligado con el propio puesto de trabajo y la labor del trabajador dentro de la empresa, el empleador deberá conceder al trabajador que lo solicite hasta un máximo de 20 horas al año de formación, las cuales estarán dentro de su jornada laboral.
5. Suspender tus vacaciones
¿Qué pasa si mientras estoy disfrutando de mis vacaciones me pongo enfermo? El Estatuto permite al trabajador anular las vacaciones en dichos casos, dando parte de su baja, con aporte de justificante médico y afrontando la reducción salarial que dicha circunstancia acarrea.
Reducción del 60 por ciento de los rendimientos de capital inmobiliario del IRPF en los supuestos de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a viviendas.
Intereses de demora
Recargos por presentación de declaración o autoliquidación extemporánea.
Sanciones.
Sanciones por limitación de pagos en efectivo.
Suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos.
Responsabilidad subsidiaria de titulares de Depósitos Fiscales y Registro de Extractores de Depósitos Fiscales.
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1. Reducción del 60 por ciento de los rendimientos de capital inmobiliario del IRPF en los supuestos de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a viviendas.
1.1. ¿Cuándo resulta aplicable la nueva redacción del apartado 2 del artículo 23 de la Ley del IRPF?
La modificación del apartado 2 del artículo 23 de la Ley del IRPF efectuada por el artículo Tercero. Dos de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, de acuerdo con la letra d) de la Disposición Final 7ª de dicha Ley, tiene efectos a partir del día siguiente al de la publicación de la norma en el BOE.
Por tanto, resultará aplicable siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 23 de la LIRPF, en relación con las autoliquidaciones del Impuesto del ejercicio 2021 en adelante, con independencia de que se presenten dentro o fuera del plazo establecido.
Además, para el ejercicio 2021 y puesto que el impuesto se devenga el último día del periodo impositivo, la nueva redacción será aplicable a los rendimientos netos de todo el ejercicio y no solo a los exigibles a partir de la entrada en vigor de la misma.
2. Intereses de demora.
¿Ha habido algún cambio normativo que afecte al devengo de intereses de demora?
Sí, se ha modificado el artículo 26.2 f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en adelante LGT, que queda redactado como sigue:
“f) Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente, salvo que voluntariamente regularice su situación tributaria sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de esta ley relativo a la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo”.
Con la nueva redacción, desde la entrada en vigor de la Ley, se exige recargo del artículo 27 de la LGT de la siguiente forma:
Por la parte del reintegro, desde la fecha de la devolución.
Por el resto, desde el fin de plazo de declaración.
Con el régimen anterior a la entrada en vigor de la ley se exigían intereses por la parte del reintegro (es decir, por la parte de devolución indebidamente obtenida) y recargos del artículo 27 de la LGT por el exceso.
¿Cuándo entrará en vigor el cambio que afecta al artículo 26. 2 f) de la LGT?
Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No hay disposición transitoria al respecto.
¿Qué régimen resulta aplicable a las declaraciones complementarias presentadas fuera de plazo que incluyen reintegro de una devolución obtenida derivada de una autoliquidación anterior?
Declaraciones complementarias presentadas antes de la entrada en vigor de la norma: Se exigirán intereses por la parte del reintegro (es decir, por la parte de devolución indebidamente obtenida) y recargos del artículo 27 de la LGT por el exceso.
Declaraciones complementarias presentadas desde la entrada en vigor de la norma, se exige recargo del artículo 27 de la LGT de la siguiente forma:
b.1) Por la parte del reintegro, desde la fecha de la devolución. b.2) Al resto, desde el fin de plazo de declaración.
La nueva redacción del precepto determina que el devengo de los intereses de demora se efectuará conforme a lo dispuesto en el art. 27 LGT.
Ahora bien, hay que distinguir según se trate de cantidades a ingresar procedentes de un reintegro de una devolución o de una cuota a ingresar.
Si es un reintegro de una devolución el plazo a los efectos de aplicar el art. 27 con su sistema de recargos e intereses comenzará a partir del momento de la devolución.
Si es una cuota a ingresar a partir del día siguiente del fin del período voluntario.
¿Qué recargo procede girar si en la declaración que se presenta fuera de plazo se reintegra la devolución y se realiza un ingreso adicional?
Sobre la parte del ingreso correspondiente al reintegro de la devolución, procederá la liquidación de recargo y, en su caso, intereses de demora, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la LGT, computándose el retraso desde la fecha de la devolución.
Sobre la parte del ingreso que no se corresponda al reintegro de la devolución, procederá la liquidación de recargo y, en su caso, intereses de demora, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la LGT, computándose el retraso desde el fin del plazo reglamentario establecido para la presentación e ingreso.
Ejemplo:
Declaración que origina una devolución de 1.000 euros. Se presenta una complementaria fuera de plazo a ingresar 5.000 euros. ¿Cómo se aplica el régimen de recargos?
Se diferenciarán las siguientes partes:
Reintegro de Devolución: 1.000 euros.
Este importe llevará el recargo y los intereses de demora, en su caso, del artículo 27.2 de la LGT que corresponda desde la fecha en que tuvo lugar la devolución.
Resto: lo ingresado en la declaración presentada fuera de plazo, complementaria, descontada la parte de reintegro de devolución, es decir,
4.000 euros.
Este importe llevará el recargo y los intereses de demora, en su caso, del artículo 27.2 de la LGT que corresponda desde el fin del plazo establecido para la presentación de la declaración.
3. Recargos por presentación de declaración o autoliquidación extemporánea.
¿Qué tipos se aprueban en la nueva norma respecto del régimen de recargos por presentación de declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo?
El recargo será un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso.
Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 15 por ciento.
(Artículo 27.2 de la LGT)
¿Desde cuándo resulta aplicable el nuevo régimen de recargos por presentación de declaraciones o autoliquidaciones extemporáneas?
La entrada en vigor tendrá lugar el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La nueva redacción del apartado 2 del artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será de aplicación a los recargos exigidos con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el obligado tributario y el recargo no haya adquirido firmeza.
La revisión de los recargos no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizarán por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos, previa audiencia al interesado.
(Disposición Transitoria Primera de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude y art 10.2 LGT).
A las declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento antes de la entrada en vigor de la nueva norma, ¿Se les aplica el nuevo porcentaje de recargos?
Sí, siempre que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:
No se haya iniciado el expediente de recargo.
El expediente de recargo esté en tramitación.
No se haya agotado el plazo para plantear recurso o reclamación contra el recargo.
Se encuentre en tramitación el recurso o reclamación que se haya planteado contra el recargo.
Se encuentre en fase de ejecución la resolución o sentencia de un recurso o reclamación que se haya planteado contra el recargo.
¿Qué ocurre si una vez en vigor la ley tengo en tramitación un expediente de recargo sin que se me haya notificado la resolución de liquidación del recargo?
Tendrá derecho a que se le aplique el nuevo régimen de recargos. Se le notificará la liquidación con los nuevos porcentajes de recargos.
No es necesario que el contribuyente lo solicite a la AEAT.
Los Tribunales han dictado resolución aplicando la normativa vigente antes de la entrada en vigor de la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal pero todavía no se ha ejecutado dicha resolución cuando entra en vigor dicha ley, ¿cómo se va a ejecutar la misma?
La ejecución de las Resoluciones de los Tribunales una vez en vigor la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal se efectuará conforme a la normativa vigente en la fecha de la ejecución, con independencia de la normativa que aplicaron los Tribunales en el momento de su resolución.
4. Sanciones.
¿Ha afectado el cambio normativo al régimen de sanciones previsto en la Ley General Tributaria?
Sí, se modifican los porcentajes de reducción para el caso de actas con acuerdo y, por otra parte, de reducción por pronto pago y no interposición de recurso o reclamación.
También se modifica el plazo de inicio de los procedimientos sancionadores a consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección
Ver preguntas siguientes.
Reducción de sanciones por pronto pago y no interposición de recurso o reclamación.
Modificación del artículo 188 .3 de la LGT. La reducción del 25% pasa a ser del 40%.
Reducción de sanciones para actas con acuerdo.
Modificación del artículo 188.1 a) de la LGT. La reducción del 50% pasa a ser del 65%.
Plazo de inicio de los expedientes sancionadores a consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección.
Modificación del artículo 209.2 de la LGT. Se amplía el plazo de 3 a 6 meses.
¿Desde cuándo resulta aplicable el nuevo régimen de sanciones?
La entrada en vigor será al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La nueva redacción de los apartados 1 y 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se aplicará a las sanciones acordadas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido firmeza. A estos efectos, la Administración tributaria competente rectificará dichas sanciones.
También se aplicará la nueva redacción del apartado 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si concurren las siguientes circunstancias:
Que, desde su entrada en vigor y antes del 1 de enero de 2022, el interesado acredite ante la Administración tributaria competente el desistimiento del recurso o reclamación interpuesto contra la sanción y, en su caso, del recurso o reclamación interpuesto contra la liquidación de la que derive la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso o reclamación.
Que en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la Administración Tributaria tras la acreditación de dicho desistimiento, se efectúe el ingreso del importe restante de la sanción.
(Disposición Transitoria Primera de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude y art 10.2 LGT).
He recibido una sanción antes de la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, ¿Tengo derecho a aplicar el nuevo régimen de sanciones beneficiándome del mayor porcentaje de reducción?
El nuevo régimen de sanciones es más favorable para el obligado tributario.
Esto supone que, a cualquier sanción que no haya sido recurrida y no haya adquirido firmeza en el momento de entrada en vigor de la norma se le debe aplicar el nuevo porcentaje de reducción.
¿A qué sanciones les resulta de aplicación la nueva Ley?
Sanciones para las que todavía no se ha iniciado el procedimiento sancionador, aun correspondiendo a infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.
Sanciones cuyo procedimiento se encuentre en tramitación en el momento de entrada en vigor de la ley.
Sanciones para las que no se haya agotado el plazo para plantear recurso o reclamación.
Sanciones recurridas y que tras la entrada en vigor de la ley y antes del 1 de enero de 2022, se desista del recurso, conforme se indica en la Disposición Transitoria Primera de la Ley.
Sanción que debe ser anulada parcialmente en ejecución de un recurso o reclamación contra la liquidación o contra la propia sanción.
Si la sanción está recurrida en el momento de entrada en vigor de la nueva normativa, ¿Qué se puede hacer para beneficiarse del nuevo porcentaje de reducción del 40%?
Cabe el desistimiento contra el recurso o reclamación conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera para poder beneficiarse de la aplicación de los nuevos porcentajes de reducción.
Desde la entrada en vigor de la norma y antes del 1 de enero de 2022, el interesado debe acreditar ante la Administración tributaria competente el desistimiento del recurso o reclamación interpuesto contra la sanción y, en su caso, del recurso o reclamación interpuesto contra la liquidación de la que derive la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso o reclamación.
Como requisito adicional, en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la Administración Tributaria tras la acreditación de dicho desistimiento, debe efectuar el ingreso del importe restante de la sanción.
¿Basta con el desistimiento del recurso contra la sanción para poder beneficiarme de la aplicación del nuevo porcentaje de reducción de sanciones?
No, si hubiera recurso o reclamación contra la liquidación, deberá desistir tanto del recurso o reclamación contra la sanción, como del interpuesto contra la liquidación.
¿Cómo acredito ante la AEAT el desistimiento de los recursos o reclamaciones interpuestos?
Deberá acreditarlo presentando ante la AEAT el documento de desistimiento que presentó ante el órgano competente para conocer del recurso o reclamación.
El contribuyente interpone reclamación económico-administrativa contra una liquidación provisional. Con posterioridad desiste de la misma. ¿En caso de desistimiento de la reclamación, son aplicables las reducciones del 30% y del 40%?
No, sólo la reducción del 40%. No está previsto que, con el desistimiento del recurso o reclamación contra la liquidación, se recupere la reducción por conformidad del 30%.
Se aprecia un defecto formal de procedimiento que retrotrae actuaciones en el procedimiento de liquidación de la deuda tributaria y se inicia un nuevo procedimiento sancionador, ¿Resulta aplicable la nueva reducción del 40%?
Sí.
Si se confirma parcialmente una regularización, acordándose la anulación de la liquidación para su sustitución por otra, en los casos en que proceda minorar la sanción, ajustándola al nuevo importe de la liquidación
¿Resulta aplicable la nueva reducción del 40% al nuevo importe minorado de sanción?
Sí.
¿Qué ocurre si una vez en vigor la ley se había notificado el inicio de un expediente sancionador, pero no la resolución con la imposición de la sanción?
Se notificará la sanción con los nuevos porcentajes.
No es necesario que el contribuyente lo solicite a la AEAT.
¿Es posible desistir de un recurso contra la ejecución de una sanción para poder aplicar el nuevo porcentaje de reducción?
Sí.
¿Está previsto el desistimiento para beneficiarse del nuevo porcentaje de reducción en el caso de actas con acuerdo?
No, la Disposición Transitoria Primera sólo prevé el desistimiento para el supuesto de reducción del artículo 188.3 de la LGT, en el caso de pronto pago y no recurso ni reclamación contra la sanción o la liquidación.
5. Sanciones por limitación de pagos en efectivo.
¿Cómo afecta la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal a las limitaciones de pagos en efectivo?
Disminuye el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros para las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional.
Se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España.
Relacionado con la limitación de pagos en efectivo, ¿Qué consecuencias tendría el pago de la sanción impuesta en cualquier momento posterior a la propuesta de sanción, pero antes de recibir la notificación de la resolución definitiva?
Una vez notificada la propuesta de resolución, el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la notificación de la resolución implicará la terminación del procedimiento con las siguientes consecuencias:
Reducción de la sanción del 50 por ciento. Esa reducción se perderá si se recurre en la vía contencioso-administrativa, exigiéndose el importe restante de la sanción sin más trámite que la notificación al interesado.
Terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.
Renuncia a formular alegaciones que, en su caso, se entenderán como no presentadas.
Agotamiento de la vía administrativa, sin perjuicio de la posibilidad del recurso en vía contencioso-administrativa, computándose el plazo de ese recurso desde la fecha del pago.
¿Desde qué momento resultan aplicables los nuevos límites para pagos en efectivo?
Resultará aplicable para los pagos efectuados a partir de la entrada en vigor de la norma, aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.
La norma entra en vigor el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
¿Resulta aplicable la nueva reducción por pago voluntario a las sanciones exigidas antes de la entrada en vigor de la ley?
Sí, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido firmeza.
Ahora bien, en el caso de que hayan sido recurridas, también se aplicará la citada reducción si concurren las siguientes circunstancias:
Que, desde su entrada en vigor y antes del 1 de enero de 2022, el interesado acredite ante la Administración competente el desistimiento del recurso interpuesto contra la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso.
Que en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la Administración tras la acreditación de dicho desistimiento, se efectúe el ingreso del importe restante de la sanción.
En caso de finalización del procedimiento sancionador por la realización del pago voluntario ¿Es posible impugnar la sanción por incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo? ¿Qué recurso puede interponerse?
El pago voluntario de la sanción reducida supone la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, y el agotamiento de la vía administrativa. Por ello, no procede la admisión del recurso de alzada.
La sanción podría ser recurrida únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El plazo para la interposición del recurso se computa desde la fecha del pago. Y la interposición de dicho recurso supondrá la pérdida de la reducción aplicada, que se exigirá sin más trámites que la notificación al interesado.
6. Suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos.
¿Ha habido algún cambio normativo que afecte a la suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo?
Sí, la disposición final tercera ha modificado el apartado 2 de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que queda redactado como sigue:
«2. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de mayo de
2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria.
En el caso de plazos de prescripción, la suspensión del párrafo anterior solo resultará aplicable a aquellos plazos que, sin tener en cuenta la misma, finalicen antes del día 1 de julio de 2021.»
Por tanto, en los casos en que resulte aplicable la suspensión del plazo de prescripción prevista en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, el plazo finalizará, si no se produce la interrupción del mismo, una vez trascurridos 4 años y 78 días (periodo comprendido entre el 14/03/2020 y el 30/05/2020 durante el que estuvo suspendido el plazo).
La suspensión del cómputo señalado se aplicará a partir de la entrada en vigor de la ley a aquellos plazos de prescripción que finalizaran originariamente antes de 1 de julio de 2021.
¿Qué derechos se van a ver afectados por la suspensión del plazo de prescripción prevista en el apartado 2 de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, tras la modificación efectuada por la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal?
Habrá que estar a los plazos de declaración de cada tributo y a las reglas de cómputo del plazo de prescripción de los derechos contemplados en el artículo 66 de la LGT.
Por ejemplo, en el caso del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente liquidación y suponiendo que no se hubiera producido previamente la interrupción del mismo, el último periodo impositivo al que afectaría la suspensión del plazo y el primero al que ya no resultaría aplicable, serían los siguientes:
IRPF: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo de prescripción del derecho a liquidar es el correspondiente al ejercicio 2016, para el que el plazo de declaración finalizó el 30 de junio de 2017 y para el que el plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda habría finalizado antes del 1 de julio de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Para el IRPF de los ejercicios 2017 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo de prescripción.
IVA con periodo de declaración trimestral: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión es el primer trimestre del ejercicio 2017, para el que el plazo de declaración finalizó el 20 de abril 2017 y para el que el plazo de prescripción habría finalizado antes del 1 de julio
de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Para el IVA del segundo trimestre del ejercicio 2017 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo.
IVA con periodo de declaración mensual: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo es el correspondiente al mes de mayo de 2017, para el que el plazo de declaración finalizó el 20 de junio de 2017 y para el que el plazo de prescripción habría finalizado antes del 1 de julio de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Para el IVA del mes de junio del ejercicio 2017 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo.
Impuesto sobre Sociedades de entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo de prescripción es el ejercicio 2015, para el que el plazo de declaración finalizó el 25 de julio de 2016 y para el que el plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda habría finalizado antes del 1 de julio de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Para el IS de los ejercicios 2016 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo de prescripción.
En el caso de que con anterioridad al 14 de marzo de 2020 se hubiese interrumpido el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria, ¿el cómputo del nuevo plazo de 4 años se ve afectado por la suspensión?
La suspensión del plazo resultará aplicable si el nuevo periodo de 4 años que estaba transcurriendo finalizaba antes del 1 de julio de 2021, sin tener en cuenta la suspensión.
Por ejemplo, supongamos que el plazo de prescripción del IRPF del ejercicio 2013 se interrumpió el 1 de abril de 2017. Dado que el transcurso del nuevo plazo de 4 años finalizaría antes del 1 de julio de 2021, dicho plazo sí se verá afectado por la suspensión, por lo que habrá que sumar al mismo 78 días.
En cambio, supongamos ahora que el plazo de prescripción del IRPF del ejercicio 2013 se interrumpió el 1 de noviembre de 2017. Dado que el transcurso del nuevo plazo de 4 años no finalizaría antes del 1 de julio de 2021, dicho plazo no se verá afectado por la suspensión y finalizará una vez completados los 4 años.
7. Responsabilidad subsidiaria de titulares de Depósitos Fiscales y Registro de Extractores de Depósitos Fiscales.
La entrada en vigor del Artículo octavo de la Ley 11/2021, de 9 de julio, que modifica el la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se produce con arreglo a la regla general de la norma (Disposición final séptima), por lo que, formalmente, ya se encuentra en vigor.
No obstante, hay en la propia norma un requisito cuyo cumplimiento exige ineludiblemente de un desarrollo reglamentario ya que se estable:
“los titulares de depósitos fiscales de productos comprendidos en los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre Hidrocarburos serán responsables subsidiarios del pago de la deuda tributaria correspondiente a las entregas de dichos productos efectuadas por los sujetos pasivos de las operaciones asimiladas a las importaciones de bienes devengadas con ocasión de la salida o el abandono de los bienes del régimen de depósito distinto del aduanero. Dicha responsabilidad subsidiaria solo será exigible cuando el extractor, o la persona autorizada por el mismo, no esté incluido en el Registro de extractores que reglamentariamente se establezca, y su importe no podrá exceder del de las cuotas devengadas por aplicación del artículo 19. 5.º de esta Ley con ocasión de la salida o el abandono de los bienes del régimen de depósito distinto de los aduaneros.
Por lo tanto, debe entenderse que hasta tanto el desarrollo reglamentario, al que se refiere la norma, sea completado y entre en vigor la responsabilidad a la que alude el artículo no puede ser aplicada. Así mismo, en este momento tampoco resulta posible cursar el alta en el Registro toda vez que dicho registro no ha sido creado ni se han operado las modificaciones necesarias en el modelo 036.
El abogado y economista Nicolás Emery, que comenzó el último consultorio jurídico de Radio Calvià FM con la advertencia de la entrada en vigor de la nueva Ley Antifraude y la limitación de pagos en efectivo a 1000 €, dedicó el grueso del espacio de radio, como tema central del día, a los AUTÓNOMOS, el autoempleo o los trabajadores por cuenta propia. Repasando comparativamente las cuotas, porcentajes y bases de cotización de los autónomos en los países de nuestro entorno, posteriormente ha tratado las siguientes figuras de autónomos y sus particularidades, así como ha respondido a las cuestiones señaladas a continuación:
• La tarifa plana para autónomos • Tipos de autónomos: el autónomo societario • El autónomo dependiente económicamente (los falsos autónomos) • ¿Es posible facturar sin estar dado de alta de autónomo? • ¿Qué es la base mínima de cotización? • Tipo aplicable para calcular la cuota • El futuro de las cotizaciónes: 13 tramos de autónomo, según el informe filtrado desde el Ministerio que marca tramos desde 90 € hasta 1.220 € durante un plazo de 9 años desde 2023 • ¿Para qué pagamos el autónomo?
Este pasado viernes la dupla formada por la abogada especializada en materia laboral Marga de Matos y el abogado y economista Nicolás Emery fueron invitados al Múltiplex de IB3 Ràdio para tratar la difícil situación del mercado laboral en las Islas Baleares provocada por la pandemia del Covid, los ERTEs y las pesimistas previsiones de los analistas acerca de la recuperación de puestos de trabajo, las cuales vaticinan que 6 de cada 10 trabajadores que se encontraban en ERTE al principio de verano no recuperarán su puesto de trabajo, lo que se traduciría en la pérdida de 270.000 empleos en toda España.
Si bien las sanciones previstas no entran en vigor hasta el próximo mes de octubre, es preciso que empresa y trabajador rubriquen su acuerdo en relación con las condiciones del teletrabajo, puesto que la Ley 10/2021, de trabajo a distancia fija tres tipos de sanciones y todas ellas están en relación con el incumplimimiento del acuerdo de teletrabajo, un documento en el que ambas partes de la relación laboral, empleado y empleador, fijan las condiciones específicas del trabajo a distancia.
Lee a cotinuación un completo artículo de elEconomista.es sobre la nueva Ley 10/2021, de trabajo a distancia, sus obligaciones para empresarios y trabajadores y las sanciones previstas para su incumplimiento. Además, puedes consultar el texto de la ley en vigor publicado en el BOE en formato pdf aquí:
Las multas a empresas por no cumplir la Ley de Teletrabajo: hasta 7.500 euros por no dar ordenador
Las sanciones no entrarán en vigor hasta octubre, pero empleados y empresa deben firmar ya su acuerdo de teletrabajo
La Ley de trabajo a distancia ya es una realidad en España. Aprobada hace un par de semanas, la nueva norma recoge qué se considera en concreto teletrabajo y bajo qué condiciones se debe cumplir. Y sí, también estipula sus sanciones, aunque en este caso estas no se comenzarán a ejecutar hasta octubre del presente año.
¿Pero qué tipo de sanciones recoge la Ley? La norma estipula tres tipos de sanciones y todas ellas están en relación con no cumplir el denominado ‘acuerdo de teletrabajo’, un documento que deben cumplimentar empleado y empresas para fijar las condiciones.
El acuerdo de trabajo a distancia que deben firmar empleado y empleador debe recoger un “contenido mínimo obligatorio” que menciona las herramientas que se van a usar (un ordenador, un móvil, por ejemplo), los gastos que se recogen por trabajar a distancia (la conexión a internet) y el horario estipulado. Todo este listado de mínimo aparece en el artículo 7.
Además, en ese mismo acuerdo también se pueden recoger las herramientas de control que pueda establecer la empresa para asegurarse de que el empleado está realizando sus labores a distancia.
Qué sanciones se estipulan: hasta 7.500 por no dotar de medios
En este marco, los empresarios que no proporcionen los materiales necesarios y por lo tanto falten a esta norma se enfrentarán a una multa que puede llegar a ser de 7.500 euros, al ser considerada una sanción grave.
Dependiendo del grado de incumplimiento del contrato, la sanción también puede ser considerada leve o muy grave, con las siguientes cuantías.
– Leves con multas de 70 a 150 euros en su grado mínimo; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros.
– Las graves con multa en su grado mínimo de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros.
– Las muy graves con multa en su grado mínimo de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.
Qué exige el acuerdo de teletrabajo
Todas estas vicisitudes entre empresa y trabajador deben quedar recogidas según la ley en un acuerdo de trabajo a distancia, un documento que deberá realizarse por escrito. Este acuerdo podrá estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior, pero en todo caso “deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia”, dice la norma.
Según marca el artículo 7 de la nueva Ley, será contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, “sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en los convenios o acuerdos colectivos”, los siguientes puntos:
– Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos.
– Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.
– Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad.
– Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso.
– Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.
– Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia.
– Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso.
– Medios de control empresarial de la actividad.
– Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.
– Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
El Gobierno ha puesto en marcha la nueva cotización por ingresos reales de los autónomos, de cara al 2023, cuando se produzca la recuperación económica, tras la salida de la crisis provocada por la situación actual sociosanitaria.
Se pretende aprobar un periodo de transitoriedad de 9 años para que tanto los autónomos que vayan a cotizar menos como los que tengan que cotizar más, vayan adaptándose. Los trabajadores por cuenta propia podrán seguir eligiendo su base de cotización en previsión de sus rendimientos netos, las cuotas irán entre los 90 y los 1.220 euros al mes.
Hoy, la base mínima de cotización de los autónomos es de 944 euros y la máxima es de 4.070 euros. Los que cotizan por la mínima pagan una cuota de unos 286 euros al mes al Estado, mientras que los que lo hacen por la máxima desembolsan unos 1.208 euros. Ahora, el autónomo decide la base en la que quiere tributar y el 86% de las personas físicas elige hacerlo por la mínima. Es decir, decide pagar 286 euros.
Lo cierto es que, con la fórmula del Ministro Escrivá, muchos autónomos pagarán una mensualidad menor, pero otros tantos verán hasta quintuplicada su cuota mensual. Para 2023, primer año de la entrada en vigor de la medida, el Gobierno ha establecido:
200 euros al mes para los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o menos.
215 euros para quienes tengan ingresos que oscilen entre 3.000 euros y 6.000 euros.
230 euros para quienes tengan unos ingresos superiores a 6.000 euros, pero inferiores a 9.000 euros.
245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.
260 euros para los de 12.600 a 17.000 euros de ingresos anuales.
275 euros para los de 17.000 euros a 22.000 euros.
290 euros para los de 22.000 a 27.000 euros.
305 euros para los de 27.000 a 32.000 euros.
320 euros para los de 32.000 a 37.000 euros.
340 euros para los de 37.000 a 42.000 euros.
360 euros para los de 42.000 a 47.000 euros.
380 euros para los de 47.000 a 48.841 euros.
400 euros si se tienen unos rendimientos superiores a 48.841 euros anuales.
Vemos que, durante el primer año del periodo transitorio de aplicación de esta reforma (2023), se establecerá una cotización intermedia por tramos cuyo número se irá incrementando progresivamente para quienes más ganan. Así, los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o menos tendrán una cuota de 200 euros al mes en 2023, primer año de aplicación del nuevo sistema, que será de 215 euros para quienes tengan ingresos que oscilen entre 3.000 euros y 6.000 euros, de 230 euros para quienes tengan unos ingresos superiores a 6.000 euros, pero inferiores a 9.000 euros, y de 245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.
Con este primer planteamiento, vemos que los autónomos que ganen hasta 22.000 euros verán reducida su cuota. Ellos serán los grandes beneficiados de la reforma de Escrivá.
Sin embargo, a partir de esa cuantía, todos los autónomos pagarán más. Dicho de otra forma, el Gobierno pretende subirle los impuestos a todos los autónomos que ganen más de 22.000 euros en 2023 y que coticen por la base mínima. Ante este sistema nos podemos preguntar si va a afectar realmente a las rentas más altas, según datos del INE, el salario bruto medio anual en España es de 24.009 euros, por lo que ni siquiera se le podría considerar clase media a los autónomos que ganan 22.000 euros.
La siguiente tabla muestra los rendimientos que obtuvo cada uno de los 3 millones de autónomos que hay en España.
Para los autónomos que ganen de 22.000 a 27.000 euros la subida sería de 4 euros al mes, o 48 euros al año, que puede suponer una cantidad insignificante, pero cuanto más se incrementan los ingresos, las cuotas se disparan. Por ejemplo, los que ganen entre 32.000 y 37.000 euros tendrán que pagar 34 euros más al mes dentro de dos años, mientras que los que tengan unos rendimientos superiores a 48.841 euros anuales pagarán 114 euros. Dicho de otra forma, casi 280.000 autónomos pagarán un 40% más de impuestos en menos de dos años. Este golpe al bolsillo de los autónomos que más ganan podría suponer un desincentivo a la generación de riqueza e incluso, una invitación a la economía sumergida.
Una reforma que en un primer momento se dijo que sería de trece tramos, pero ahora se están barajando entre 5 o 7” y unas cuotas que oscilarán entre un mínimo de 90 euros y un máximo de 1.220 euros una vez finalizado el periodo de 9 años de despliegue total de la reforma.
Las intenciones del Gobierno han incendiado a las organizaciones de autónomos.
Una vez que finalice el periodo de despliegue de la reforma de 9 años, a partir de 2031 las cuotas correspondientes a cada uno de los tramos (con ajustes vinculados a la inflación) serán de 90 euros al mes para quienes ganen menos de 3.000 euros, de 120 euros para quienes ingresen de 3.000 a 6.000 euros netos al año, de 185 euros para los autónomos con rendimientos de entre 6.000 y 9.000 euros y de 235 euros para quienes ganen entre 9.000 y 12.600 euros al año.
La idea que maneja Escrivá es que los autónomos puedan elegir provisionalmente su base de cotización entre los tramos que se aprueben, en función de sus previsiones de rendimientos con la posibilidad de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos. Si existen diferencias una vez hecha la regularización anual, el trabajador deberá proceder a su ingreso en caso de haber cotizado menos de lo que le correspondía y podrá solicitar la devolución si la cotización realizada fue superior.
Además, el documento detalla que los autónomos que tengan rendimientos fiscales declarados inferiores a la base mínima de cotización vigente cotizarán por los mismos. «Sin perjuicio de ello, a efectos de la acción protectora se reconocerá la base mínima correspondiente durante un periodo máximo de dos años», señala.
También destaca que los autónomos cuyos rendimientos fiscales derivados de la actividad por cuenta propia estén por encima de la actual base mínima de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cotizarán por los mismos y que esta base mínima se equiparará progresivamente a la del Régimen General de la Seguridad Social.
Aunque el Ejecutivo de Sánchez se escude en el bien de los autónomos para vender su reforma, ya que más de la mitad de ellos pagará menos, hay que dejar claro que la reforma se hace para recaudar más, por lo que los impuestos de los autónomos que menos paguen quedarán compensados de lejos con los perjudicados. El Gobierno prevé que la reforma del Reta eleve en un 20% la recaudación de la Seguridad Social a través de las aportaciones que realizan los trabajadores por cuenta propia, es decir, unos 2.000 millones de euros más cada año, que se sumarían a los 10.000 millones de media que suponen las cotizaciones de todos los autónomos a lo largo de un año para las arcas públicas del Estado.
Aunque, todavía no hay nada cerrado y están pendientes del diálogo social. A las asociaciones de autónomos, aunque apoyan la cotización por ingresos reales, les ha indignado la medida por su contenido y porque no había sido informados previamente. “
Las estadísticas que brindan las asociaciones de autónomos y pymes no son alentadoras: el 90% de empresarios y profesionales afectados por caídas de facturación quedan excluidos de las ayudasdirectas dispuestas hace ya 4 meses por el Gobierno de España y gestionadas por las Comunidades Autónomas (855 millones de € en el caso de Baleares) y, además, a día de hoy, no se han desembolsado ni la mitad de esos siete 7.000 millones de €. Hay dudas entre las CCAA y entre los solicitantes y posibles beneficiarios al respecto de qué costes pueden cubrirse con las ayudas.
Por todo lo anterior el Ministerio de Economía ha querido solventar dichos inconvenientes a través de un documento informativo (que no se ha hecho público) en el que aclara a las CCAA que las ayudas directas de que los empresarios hagan uso si les corresponden podrán destinarse por los mismos al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros (la ayuda debe destinarse primero a pagar la deuda financiera y, dentro de ella, primero a la que tiene aval público) y, por último, a abonar pérdidas contables, excluidas las pérdidas por deterioro del valor puntuales, justificando la existencia de las mismas y siempre que vengan referidas al período entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021 (que es el que cubre el decreto de las ayudas).
Si quieres más información, lee un interesante artículo en que se da cuenta de esta noticia que te transcribimos a continuación (y pincha los enlaces directos para acceder a ellos en su lugar original de publicación):
Calviño blinda las ayudas a empresas con pérdidas aunque no sean morosas
Economía aclara a las comunidades autónomas que el fondo de 7.000 millones puede ir también destinado a empresas con pérdidas contables por el Covid. Más de la mitad del dinero está sin repartir, según ATA.
Economía quiere que las ayudas directas lleguen ya a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia y se solucionen los inconvenientes que existen. Porque problemas hay, según han hecho saber varias comunidades autónomas al Ministerio y según han denunciado en público Cepyme y ATA. Para intentar avanzar en una solución el Gobierno aclara que aquellas compañías que hayan registrado pérdidas contables con motivo de la pandemia también pueden acceder al fondo de 7.000 millones. Aunque no tengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
Son ya cuatro meses desde la aprobación, en Consejo de Ministros, de ese paquete de ayudas directas a pymes repartidos entre Canarias y Baleares, a los que les correspondió 2.000 millones, y el resto de autonomías, con 5.000. Pero varios gobiernos autonómicos han expresado “dudas” sobre cuáles son los costes de las empresas afectadas por la pandemia que se pueden financiar con este fondo. No era una cuestión que quedaba totalmente clarificada.PUBLICIDAD
Por ello, en aras de la comprensión, Economía emitió un documento para despejar las dudas. Se llama “Aclaraciones al Título I del Real Decreto-ley 5/2021” y ya está en poder de los gobiernos autonómicos. No es un documento público pero sirve, en efecto, para blindar y clarificar qué tipo de situaciones puedes ser susceptibles de estas ayudas.
De esta forma, según esa “aclaración, y en virud de lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal de Ayudas de Estado en relación con los costes fijos, las empresas que cumplan los requisitos para percibir estas ayudas, establecidos en el mencionado Real decreto-ley, pueden destinar las ayudas a compensar pérdidas contables originadas durante la pandemia. Por ejemplo, pueden solicitar ayudas para pagar un préstamo que tuvieran contraido.
El periodo que abarca el decreto es claro: entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021. Si las empresas han tenido pérdidas contables en ese periodo pueden destinar las ayudas directas del fondo a cubrir los costes fijos generados durante ese año y tres meses, costes, eso sí, que no estén cubiertos por la contribución a los beneficios (es decir, los ingresos menos los costes variables) ni por otras fuentes como seguros, medidas temporales u otro tipo de ayudas.
Es decir, por resumir, las ayudas directas pueden destinarse por las comunidades autónomas al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros (la ayuda debe destinarse primero a pagar la deuda financiera y, dentro de ella, primero a la que tiene aval público) y, por último, a abonar pérdidas contables, excluidas las pérdidas por deterioro del valor puntuales, justificando la existencia de las mismas.
Cuatro meses después de la aprobación del decreto de ayudas directas la confusión entre comunidades autónomas y posibles beneficiarios de las mismas siguen las dudas. Las asociaciones de autónomos y pymes denuncian que no se han desmobolsado ni la mitad de esos 7.000 millones y que más de un 90% de los afectados por caídas de facturación quedan excluidos. Es una cifra que aporta la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
El Gobierno fijó que las ayudas directas a las empresarias serían de 3.000 y 200.000 euros y que, para recibirlas, las interesadas tendrían que acreditar una caída de sus ingresos de, cómo mínimo, un 30% de sus ingresos.
Por regla general, atendiendo más a la situación presente e inmediata que a la futura, el trabajador autónomo promedio en nuestro país tiende a cotizar por la base mínima de cotización, que, a día de hoy, está fijada en 944,40 € mensuales. Las estadísticas de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) arrojan este demoledor dato: aproximadamente un 90% de los autónomos en España cotizó por la base mínima el año 2019.
Quizá es el momento de cambiar tu base de cotización
Los autónomos, dependiendo de las circunstancias, pueden alterar la base de cotización a lo largo de su vida laboral en función de las previsiones o certezas que tengan acerca de sus ingresos. Aumentar o disminuir la base de cotización repercute en nuestra pensión de jubilación, pues tendrá, en función de ello, una mayor o menor cuantía.
No obstante lo anterior, el autónomo sólo puede cambiar su base de cotización de forma libre hasta los 47 años de edad, ya que con posterioridad existen limitaciones al respecto:
solo los trabajadores mayores de 41 años en 2021, que tengan una base de cotización de 2.052 euros en el mes de diciembre de 2020, podrán mantener esa libertad de elección.
Por el contrario, los que estén por debajo de ese límite no podrán elegir una base superior a 2.077,80 euros.
¿Cuántos años debo cotizar para cobrar la pensión mínima?
Según los siguientes tramos, son necesarios
Al menos 15 años cotizadospara recibir la pensión mínima.
20 años para cobrar el 50% de la pensión.
36 años para cobrar el 100% de la pensión.
¿A qué importe asciende la pensión mínima?
• Un autónomo que haya cotizado 944,40 euros mensuales (base mínima) durante un periodo de 15 años (período mínimo que da derecho a pensión) habrá generado un derecho a cobrar una pensión de jubilación de 226 euros al mes.
Será la pensión de 561 euros/mes si se cotiza por la base mínima durante al menos 25 años.
La pensión de jubilación alcanzará los 789 euros/mes si la cotización por la base mínima alcanza los 36 años.
Los expertos recomiendan cotizar por la base mínima sólo los períodos estrictamente necesarios, como en los inicios de un negocio o en los períodos en que la facturación cae por falta de actividad.
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Los notarios vendrán obligados a incluir el número de identificación fiscal en la escritura en que se constituya cualquier entidad jurídica; cualquier mercantil podrá ver su código revocado si no cumple sus obligaciones y, en tal caso, los notarios deberán informar a la Agencia Tributaria de las sociedades con el CIF revocado que intenten elevar a público cualquier negocio jurídico para evitar cualquier tipo de fraude.
La publicación en el BOE de la revocación del número de identificación fiscal impliacará la imposibilidad de que bancos y entidades de crédito realicen cargos o abonos en las cuentas o depósitos cuya titularidad corresponda a las personas jurídicas con el CIF revocado.
Se pone en marcha un régimen sancionador más fuerte, con multas contra las empresas que no presentan sus cuentas anuales de hasta 300.000 €.
Puedes hacer clic aquí para acceder en formato pdf al BOE con la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
Además, a continuación te transcribimos un completo artículo de Noticias Jurídicas, sobre el alcance de la nueva ley en lo que respecta a las sociedades:
Ley 11/2021, de 9 de julio: fin a las sociedades fantasma
Se modifica el régimen de revocación del número de identificación fiscal para que las entidades inactivas no puedan realizar inscripciones en ningún registro público
Este domingo ha entrado en vigor la ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Impone un nuevo paquete de normas contra la elusión fiscal, que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior. Pondrá fin a las sociedades inactivas, zombis o fantasmas y, esta vez (se supone) de verdad.
En la modificación incluida en Ley del Notariado por el artículo 19 de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude publicada en el Boletín Oficial de Estado el pasado 10 de julio, se prevé expresamente la obligación de incluir el número de identificación fiscal en la escritura pública por la que se cree o constituya cualquier tipo de entidad jurídica.
El Consejo General del Notariado facilitará a la Administración Tributaria la identificación de aquellas entidades con número de identificación fiscal revocado que hubieran pretendido otorgar un documento público. Todo ello, con el fin de mejorar el control efectivo de estas entidades y evitar situaciones de posible fraude.
Con esta reforma de la función notarial se pretende que:
1.Ante cualquier escritura pública referida a una persona jurídica el notario compruebe previamente que su NIF no haya sido revocado accediendo a la base de datos de la Agencia Tributaria.
2.El fedatario público informe a las autoridades tributarias de estas tentativas de negocio con NIF no vigentes, para que la administración pueda investigarlo
3.En todas las constituciones de empresas se asigne un NIF en la propia notaría a efectos de facilitar su rastreo.
Modificación de la Ley General Tributaria
La publicación de la revocación del número de identificación fiscal asignado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) determinará, además de su pérdida de validez a efectos identificativos, la imposibilidad de que las entidades de crédito realicen cargos o abonos en las cuentas o depósitos bancarios en que consten como titulares o autorizados los propietarios de dichos números revocados.
Cuando la revocación se refiera al número de identificación fiscal de una entidad, su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” implicará la abstención del notario para autorizar cualquier instrumento público relativo a declaraciones de voluntad, actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, contratos y negocios jurídicos de cualquier clase, así como la prohibición de acceso a cualquier registro público, incluidos los de carácter administrativo, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal.
El registro público en el que esté inscrita la entidad a la que afecte la revocación, en función del tipo de que se trate, procederá a extender en la hoja abierta una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse inscripción alguna que afecte a aquella, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal. Excepcionalmente, se admitirá la realización de los trámites imprescindibles para la cancelación de la nota marginal anteriormente indicada.
La revocación, en ningún caso, impedirá a la Administración Tributaria exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes.
Modificación de la Ley del Notariado
Tratándose de escrituras públicas por las que se cree o constituya una entidad con o sin personalidad jurídica el Notario deberá incluir obligatoriamente en aquellas el número de identificación fiscal. Con carácter previo a la autorización o intervención de cualquier escritura pública, acta o póliza, el notario consultará la lista de números de identificación fiscal revocados. El Notario deberá abstenerse de autorizar o intervenir cualquier instrumento público que se pretenda otorgar por una entidad jurídica con número de identificación fiscal revocado de conformidad con lo previsto en la normativa tributaria.
Finalmente, el Consejo General del Notariado suministrará a la Administración Tributaria la información relativa a las operaciones en las que se hubiera incumplido la obligación de comunicar al Notario el número de identificación fiscal para su constancia en la escritura, así como los medios de pago empleados y, en su caso, la negativa a identificar los medios de pago. Estos datos deberán constar en los índices informatizados. El Consejo General del Notariado establecerá un sistema automatizado para que el Notario a través de aquel suministre a la Administración Tributaria la identificación de aquellas entidades jurídicas con número de identificación fiscal revocado y no rehabilitado que hubieran pretendido otorgar un documento público.
Falta de depósito de cuentas
Desde el pasado 30 de enero la regulación sobre Auditoría de Cuentas refuerza el régimen sancionador contra las empresas que no presentan sus cuentas anuales con multas de hasta 300.000 euros.
En este sentido, las disposiciones adicionales décima y undécima del Real Decreto 2/2021 da un impulso al régimen de imposición de sanciones a aquellas sociedades que incumplan la obligación de depósito de cuentas, con la introducción de una serie de medidas que completan el régimen sancionador regulado en el artículo 283 LSC.:
• Podrá encomendarse la gestión y decisión sobre los expedientes sancionadores por incumplimiento del deber de depósito de cuentas a los registradores mercantiles del domicilio de la sociedad incumplidora (la DGSJFP y el ICAC acordarán los aranceles por esta gestión), cobrando de esta manera los registradores mercantiles un nuevo protagonismo en este proceso.
• El plazo total para resolver y notificar la resolución en el procedimiento sancionador será de seis meses a contar desde la adopción por el Presidente del ICAC del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la suspensión del procedimiento y de la posible ampliación de dicho plazo según lo establecido en la LPAC.
• Se establecen los criterios para determinar el importe de la sanción (que en la práctica son los que venía aplicando el ICAC), dentro de los límites establecidos en el artículo 283.1 LSC: entre 1.200 euros a 60.000 euros (cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros el límite de la multa para cada año de retraso se elevará a 300.000 euros):
La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
En caso de no aportar la declaración tributaria citada, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento.
Por tanto, si las cuentas anuales hubiesen sido depositadas con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, la sanción se impondrá en su grado mínimo y reducida en un cincuenta por ciento. Las infracciones por falta de depósito de cuentas prescribirán a los tres años (art. 283.4 LSC)
La Ley 10/2021, de trabajo a distancia, que entró en vigor el pasado domingo 11 de julio, comienza definiendo los conceptos de lo que deba entenderse por:
𝙏𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖: se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.
𝙏𝙚𝙡𝙚𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤: trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
𝙏𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡: se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.
Y señala posteriormente la Ley que la misma será aplicable a las relaciones de trabajo que se desarrollen a distancia con 𝙘𝙖𝙧á𝙘𝙩𝙚𝙧 𝙧𝙚𝙜𝙪𝙡𝙖𝙧 (no de forma ocasional) y sólo cuando haya acuerdo entre trabajador y empresario. Por tanto, el trabajo a distancia no puede ser impuesto sino que debe ser voluntario y precisará de haber firmado un 𝙖𝙘𝙪𝙚𝙧𝙙𝙤 𝙙𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖 con el empleador.
Lee a cotinuación un completo artículo del portal Noticias Jurídicas sobre la nueva Ley 10/2021, de trabajo a distancia y todas sus obligaciones para empresarios y trabajadores y consulta el texto de la ley en vigor publicado en el BOE en formato pdf aquí:
Ley 10/2021: así es la ley del teletrabajo y el trabajo a distancia
La norma aumenta las sanciones previstas para las empresas incumplidoras. Las compañías deberán garantizar la provisión de medios a los empleados y la adaptabilidad de las herramientas para las personas con discapacidad
La norma tiene fecha de entrada en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (que tuvo lugar el día 10 de julio), excepto la disposición final 1ª.2 (relativa a la modificación del artículo 40 LISOS) con entrada en vigor el 1 de octubre de 2021.
Veamos las principales implicaciones de la norma en el ámbito laboral:
1. Capítulo I. Disposiciones generales y definiciones (arts. 1 a 4)
Este capítulo I desarrolla el ámbito personal de aplicación, las definiciones de trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial a los efectos de esta ley, limitaciones, así como los principios de igualdad de trato y oportunidades y no discriminación, recogiendo aspectos concretos para hacer efectivo estos principios, teniendo en cuenta las especificidades que puede conllevar el trabajo a distancia en las condiciones de trabajo.
Así, la norma será de aplicación para aquellas relaciones de trabajo (incluidas dentro del art. 1.1 ET) que se desarrollen a distancia con carácter regular. Es la primera alusión de la Ley a la exclusión de la prestación ocasional. Como analizamos en anteriores artículos, la regularidad en el uso del trabajo a distancia (y no su intensidad) es el rasgo que caracteriza el ámbito de aplicación de la norma. Añade el texto que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un período de referencia de 3 meses, un mínimo del 30% de la jornada (o porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo). En consecuencia, incluye la prestación a distancia de más de un día y medio a la semana. Si dicha prestación es inferior, no aplica esta normativa. Asimismo, y como veremos más adelante, la Ley no es aplicable al personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
El art. 2 contiene las mismas definiciones que su norma precedente:
— Trabajo a distancia: Forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.
— Teletrabajo: Aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
— Trabajo presencial: El que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.
También se establece que no deben existir diferencias injustificadas (igualdad de trato y no discriminación) entre las propias personas trabajadoras a distancia, una referencia expresa a la necesidad de que se establezcan las debidas medidas de prevención frente al acoso, o la obligación de que se garantice que las personas que llevan a cabo trabajo a distancia puedan acceder y ejercitar los derechos de conciliación/corresponsabilidad igual que los trabajadores presenciales.
Especial importancia revisten las causas de discriminación directa o indirecta pues, a diferencia del RDL 28/2020, la Ley amplía dichas causas con “la edad, antigüedad o grupo profesional o discapacidad (…), asegurando la igualdad de trato y la prestación de apoyos, y realizando los ajustes razonables que resulten procedentes” (art. 4.3). Por otro lado, se expresa que a las personas que desarrollan trabajo a distancia ocasional les corresponderán los mismos derechos establecidos para las personas que desarrollan trabajo no ocasional (art. 22).
Asimismo, se prevén expresas limitaciones en el trabajo a distancia para contratos celebrados con menores y en las relaciones en prácticas y para la formación y el aprendizaje (art. 3). En estos casos se deberá garantizar que un mínimo del 50% de prestación de servicios tiene carácter presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático de la formación teórica —en su caso para estos últimos—.
2. Capítulo II. El acuerdo de trabajo a distancia (arts. 5 a 8)
El capítulo II, distribuido en dos secciones, se ocupa del acuerdo de trabajo a distancia y de las obligaciones formales vinculadas al mismo.
El teletrabajo será voluntario para ambas partes. Las partes tendrán que redactar un acuerdo con un contenido mínimo, ya de manera inicial o ya sobrevenida, la no afectación al estatus laboral de la persona trabajadora, el ejercicio de la reversibilidad, el carácter acordado de las modificaciones del acuerdo y la ordenación de las prioridades de acceso, así como la remisión a la negociación colectiva en el procedimiento y criterios que deben de seguirse, debiéndose evitar la perpetuación de roles de género y fomentando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
Así, en primer lugar se establece en el art. 5 que el trabajo a distancia será voluntario —sin que pueda ser impuesto, ni siquiera vía art. 41 ET— y requerirá de la firma del denominado «acuerdo de trabajo a distancia)».
En este sentido, hay que recordar la excepción general que se recoge en la disposición transitoria 3ª, es decir, el trabajo a distancia como medida de contención sanitaria. Es muy relevante esta disposición, que se mantiene desde el origen de la norma, pues obviamente el desarrollo del trabajo a distancia ha venido impuesto u obligado por la situación de pandemia en la que continuamos, si bien con la progresiva incorporación al mercado laboral presencial.
Señala también el citado precepto que la negativa de la persona trabajadora al trabajo a distancia, el ejercicio de la reversibilidadal trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de condiciones de trabajo.
Sí cabe el mencionado ejercicio de reversibilidad: la posibilidad de convertir el trabajo presencial en servicios a distancia y viceversa. Este ejercicio será posible tanto para la persona trabajadora como para la empresa, si bien en los términos, forma y modo establecidos en la negociación colectiva o, en su defecto, en los fijados en el acuerdo de trabajo a distancia.
El acuerdo de trabajo a distancia tendrá que constar por escrito. Su elaboración es obligatoria antes de que el trabajo a distancia comience
La norma continúa con las obligaciones formales del acuerdo de trabajo a distancia: deberá realizarse por escrito y antes de iniciarse dicho trabajo a distancia (art. 6). Es el documento en el que deben constar los elementos esenciales para que se garanticen los derechos de las personas trabajadoras a distancia. Su contenido mínimo obligatorio —sin perjuicio de la regulación al respecto en convenios o acuerdos colectivos— es el siguiente (art. 7):
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas —incluidos consumibles y elementos muebles—, así como su vida útil o período máximo para su renovación;
b) Enumeración de los gastos, forma de cuantificación y momento y forma de abono —esta se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en convenio o acuerdo colectivo—;
c) Horario de trabajo y reglas de disponibilidad;
d) Porcentaje y distribución entre trabajo de presencia y trabajo a distancia —en su caso—;
e) Centro de trabajo de la empresa donde queda adscrita la persona trabajadora;
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora;
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de reversibilidad;
h) Medios de control empresarial de la actividad;
i) Procedimiento a seguir en caso de dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia;
j) Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, para la protección de datos
k) Instrucciones sobre seguridad de la información, específicamente aplicables al trabajo a distancia
l) Duración del acuerdo o de la prestación de servicios a distancia.
Según el artículo 8, cualquier cambio en las condiciones de prestación de servicios reflejadas en el acuerdo de trabajo a distancia requerirán de consenso entre la empresa y la persona trabajadora y, como el propio acuerdo, deberán reflejarse por escrito con carácter previo a su implementación.
Para garantizar estos extremos, la empresa estará obligada a entregar copia a los representantes legales de las personas trabajadoras —tanto de los acuerdos de trabajo a distancia como de sus actualizaciones (modificaciones)—, en un plazo no superior a 10 días desde su formalización, excluyendo aquellos datos que pudieran afectar a la intimidad personal de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales y de garantía de los derechos digitales y del art. 8.4 ET. Por su parte, los citados representantes deberán firmar tal copia a efectos de acreditar que se ha producido la entrega.
Dichas copias se registrarán ante la Oficina de Empleo.
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Aunque, como hemos indicado, el trabajo a distancia es una fórmula libremente elegida por ambas partes (voluntariedad), la Ley impone una preferencia de acceso al trabajo presencial —total o parcial— de aquellas personas que realicen trabajo a distancia duranta la totalidad de su jornada. Para ello, la empresa informará a estas personas trabajadoras y a la representación legal de las personas trabajadoras de los puestos de trabajo vacantes con carácter presencial que se produzcan.
Cabe añadir que, mediante negociación colectiva o acuerdo entre empresa y representantes de las personas trabajadoras se pueden establecer mecanismos y criterio por los que la persona que desarrolla trabajo presencial pueda pasar a trabajo a distancia —y viceversa—, así como preferencias vinculadas a determinadas circunstancias. Se deberá evitar la perpetuación de roles y se tendrá en cuenta la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Todo esto será objeto de diagnóstico y tratamiento en el correspondiente Plan de Igualdad.
3. Capítulo III. Derechos de los trabajadores a distancia (arts. 9 a 19)
El capítulo III más extenso, dividido en seis secciones), desarrolla la igualdad de derechos proclamada en el primer capítulo, mediante la mención de las especiales precauciones a tener en cuenta respecto de los derechos laborales, cuando sean predicables en relación con las personas que llevan a cabo trabajo a distancia. Podemos distinguir:
— Derechos relacionados con la carrera profesional. Por un lado, se deberá garantizar la participación efectiva, en las acciones formativas, de las personas que trabajan a distancia, en términos equivalentes a aquellas que prestan servicios presencialmente e, igualmente, se deberá garantizar, previo acceso a la modalidad de trabajo a distancia, la formación necesaria para su adecuado desarrollo, tanto al momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan cambios en los medios o tecnologías utilizadas —particularmente, en el teletrabajo—. Así se desprende de la redacción del art. 9. Por otro lado, se ha de garantizar que las personas que trabajen a distancia disfruten los mismos derechos a la promoción profesional que aquellos que prestan servicios presenciales, por lo que la empresa estará obligada a informar a aquellas, de manera expresa y por escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan (sea para puestos de desarrollo presencial o a distancia), conforme al art. 10.
— Derechos de contenido económico: contemplados como “derechos relativos a la dotación y mantenimiento de medios y al abono y compensación de gastos”. Así, se reconoce el derecho a las personas que trabajan a distancia a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa, de todos los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral, de conformidad con el inventario establecido en el acuerdo de trabajo a distancia y, en su caso, con los términos establecidos en el convenio o acuerdo colectivo. También se garantizará la atención necesaria en el caso de dificultades técnicas —particularmente para el teletrabajo— (art. 11). Es novedad, en la redacción de la Ley 10/2021, la protección de las personas trabajadoras con discapacidad, de modo que los medios, equipos y herramientas, incluidos los digitales, han de ser “universalmente accesibles, para evitar cualquier exclusión por esta causa”. El apartado se cierra con el derecho al abono y compensación de gastos: el trabajo a distancia debe ser sufragado/compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción, por parte de la persona trabajadora, de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados con el desarrollo de su actividad laboral. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la determinación, y compensación o abono de estos gastos (art. 12).
— Derechos con repercusión en el tiempo de trabajo: el horario que debe constar en el acuerdo de trabajo a distancia es un punto de referencia, pero puede ser alterado por la persona trabajadora dentro de los límites fijados en el propio acuerdo. De este modo, la presunción es favorable a la flexibilidad horaria en beneficio del teletrabajador, siendo un rasgo en principio consustancial al teletrabajo (art. 13). A efectos de garantizar estos derechos, se expresa que la obligación de registro horario debe reflejar fielmente la jornada de trabajo, sin perjuicio de la flexibilidad horaria y, deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada (art. 14). Este papel preponderante de la negociación colectiva en materia de responsabilidad por los gastos se impuso en la redacción definitiva de la Ley, frente al borrador inicial del texto que preveía la asunción de “todos los gastos directos o indirectos”, inciso que fue posteriormente descartado.
— Derecho a la prevención de riesgos laborales: de acuerdo con la LPRL, las personas que trabajan a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello se deberá realizar una evaluación de riesgos y una planificación de la actividad preventiva, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. Esta evaluación de riesgos únicamente alcanzará la zona habilitada para la prestación de servicios, sin extenderse al resto de zonas de la vivienda.
Cuando para la obtención de la información acerca de los riesgos, fuera necesaria la visita al lugar de prestación de actividades a distancia (se requerirá para ello el permiso de la persona trabajadora), deberá emitirse un informe por escrito que justifique dicho extremo, que se entregará a la persona trabajadora y a los delegados/as de prevención (art. 16). En la redacción de dicho art. 16 de la Ley 10/2021 se incluye la “accesibilidad del entorno laboral efectivo” como factor a tener en cuenta para la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
— Derechos relacionados con el uso de medios digitales: en primer lugar, se garantiza expresamente el derecho a la intimidad de la persona que trabaje a distancia, y se indica que los mecanismos de control que pudieran existir serán idóneos, necesarios y proporcionados. Asimismo, las empresas deberán establecer —con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras— criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y derechos reconocidos (art. 17).
Se reconoce también en esta sección el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo, lo que conlleva una obligación a la empresa de garantizar una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y trabajo durante los períodos de descanso. Para ello, la empresa —previa audiencia a la representación legal de las personas trabajadoras— elaborará una política interna definiendo las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y sensibilización del personal sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas para evitar el riesgo de fatiga informática. También mediante negociación colectiva o acuerdo se establecerán los medios adecuadas para garantizar el indicado derecho a la desconexión y los tiempos de descanso (art. 18).
— Derechos colectivos: se reconoce ese derecho a las personas trabajadoras a distancia con el mismo contenido y alcance que para el resto de las personas trabajadoras —presenciales—, lo cual será garantizado mediante condiciones pactadas por la negociación colectiva. Del mismo modo, se deberá asegurar una comunicación sin obstáculos entre las personas trabajadoras a distancia y sus representantes —y resto de personas trabajadoras—. En definitiva, se establece el principio de equiparación para el ejercicio de derechos colectivos y, a tal efecto, se establecen y especifican derechos relacionados con la comunicación, por medio de la implantación de mecanismos como el tablón virtual (art. 19).
4. Capítulo IV. Facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia (arts. 20 a 22)
El último capítulo se refiere de manera específica a las facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia, incluyendo la protección de datos y seguridad de la información, el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales y las instrucciones necesarias para preservar a la empresa frente a posibles brechas de seguridad.
A grandes rasgos, las personas trabajadoras a distancia deberán:
— Cumplir con las instrucciones sobre protección de datos establecidas por la empresa —previa participación de la representación legal de las personas trabajadoras— (art. 20.1).
— Cumplir con las instrucciones sobre seguridad de la información fijadas por la empresa —en este caso, previa información a dicha representación— (art. 20.2).
— Cumplir con las condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos informáticos establecidos en la empresa, dentro de los términos pactados, en su caso, por la negociación colectiva (art. 21).
Por su parte, la empresa podrá adoptar las medidas que estime oportunas de vigilancia y control, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, sus circunstancias personales, como la concurrencia de una discapacidad (art. 22).
5. Disposiciones adicionales, transitorias y finales. Endurecimiento de las sanciones en el orden social
Adicionalmente al articulado, la norma se cierra con disposiciones adicionales, transitorias y finales. Procedemos a destacar aquellas más relevantes vinculadas al objeto de esta norma y a la regulación laboral pues, como ya viene siendo habitual, se utiliza para introducir cuestiones diversas, como el régimen fiscal aplicable a la final femenina de la UEFA Champions League 2020, el tipo impositivo aplicable al IVA de bienes necesarios para combatir el COVID-19, o modificaciones en normativa del sector ferroviario. Incluso se trata de perfeccionar y reordenar los requisitos para la tramitación y petición del denominado ingreso mínimo vital ante los problemas que han surgido desde que la prestación fue aprobada.
Como se reflejó en el propio cuerpo normativo, la negociación colectiva (convenio o acuerdos colectivos) tiene un papel muy relevante en la Ley. Así se acentúa en la disposición adicional 1ª, donde se concede la posibilidad de establecer la identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia, las condiciones de acceso al mismo, el desarrollo de la actividad, una duración máxima, contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia y otras cuestiones que se consideren necesarias de regular; pudiendo también desarrollar una jornada mínima presencial, el ejercicio de reversibilidad, un porcentaje o período de referencia inferiores a los fijados en esta Ley como carácter regular, un porcentaje de trabajo presencial de los contratos formativos diferente al previsto (50%), así como circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión.
Otra novedad del texto de la Ley es la la disposición adicional 2ª considera domicilio de referencia, a efectos de considerar la Autoridad Laboral competente y los servicios y programas públicos de fomento del empleo aplicables, aquel que figure como tal en el contrato de trabajo y, en su defecto, el domicilio de la empresa o del centro o lugar físico de trabajo.
Asimismo, se establecen reglas transitorias aplicables a aquellas relaciones de trabajo a distancia ya vigentes. Concretamente:
1. Disposición transitoria primera: la Ley será íntegramente aplicable a las relaciones de trabajo vigentes y que estuvieran reguladas con anterioridad a su publicación (12 de julio de 2021), por acuerdos y/o convenios colectivos, desde el momento en el que estos pierdan su vigencia.
En el caso de que estos acuerdos y/o convenios no prevean un plazo de duración, la Ley resultará de aplicación una vez transcurrido un año desde su publicación en el BOE.
Excepción: salvo que las partes firmantes acuerden expresamente un plazo superior que, como máximo, podrá ser de tres años.
2. El acuerdo de trabajo a distancia deberá formalizarse en el plazo de tres meses desde que la norma resulte de aplicación, conforme con las reglas anteriores. Y ello incluso mediante las necesarias adaptaciones o modificaciones en los acuerdos de trabajo a distancia de carácter individual vigentes a la fecha de publicación de esta norma.
3. Por otro lado, y en virtud de la disp. transitoria segunda, las infracciones en el orden social cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la disp. final 1ª.2 se sancionarán conforme a las cuantías sancionatorias previstas con anterioridad a dicha fecha.
4. Disposición transitoria tercera: cuando el trabajo a distancia se haya implementado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del RDL 8/2020 —carácter preferente del trabajo a distancia durante la pandemia—, o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria, y mientras estas se mantengan —término este que queda muy abierto e indeterminado—, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria. Aun así, las empresas deberán dotar de los medios, equipos herramientas y consumibles que exige el trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario. Por otra parte, mediante negociación colectiva se establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora a distancia.
En otras palabras, la Ley no será de aplicación, y por lo tanto no se deberán formalizar acuerdos de trabajo a distancia con aquellos trabajadores que presten actividades no presenciales, si este trabajo a distancia, inexistente con anterioridad en la empresa, ha venido forzado por la actual situación de la pandemia y mientras la misma se mantenga, pero, aun y así, la empresa tendrá que dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige tal modo de trabajo pero, en principio, y salvo acuerdo en negociación colectiva expreso, no procede el abono de compensación de gastos de tipo alguno.
Debemos entender que la intención del legislador es que aquellas empresas que se hayan visto forzadas al teletrabajo no vengan obligadas a asumir más gastos en unos momentos como los actuales pero sí se comprometan a facilitar a sus empleados aquellas herramientas necesarias para teletrabajar.
5. Finalmente, se recuerda que la aplicación de esta Ley no puede instrumentalizarse para mermar derechos reconocidos a los que ya «teletrabajaban» antes de su publicación.
Por último, mediante las disposiciones finales (primera, segunda y tercera) se modifican los artículos 13, 23 y 37 del ET; el artículo 138 bis de la LRJS y los artículos 7.1 y 40 de la LISOS. Concretamente, cabe destacar:
— Se establece un derecho de las personas trabajadoras consideradas víctimas de violencia de género o del terrorismo a realizar su trabajo —total o parcialmente— a distancia o dejar de hacerlo si este fuera el sistema establecido, siempre que estas modalidades sean compatibles con el puesto y funciones desarrolladas (art. 37.8 ET) Existe también un derecho preferente de acceso al trabajo a distancia (en favor de las personas cuando cursen con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional, modificando el artículo 23.1.a ET.
— Se establece un procedimiento judicial especial y específico (art. 138 bis LRJS) aplicable a las reclamaciones relacionadas con el acceso, reversión y modificaciones del trabajo a distancia —aunque si la causa de reclamación está relacionada con el ejercicio de los derechos de conciliación se regirá por el procedimiento del artículo 139 LRJS—.
— Se especifica que se considerará Infracción grave en materia de relaciones laborales el «no formalizar por escrito el contrato de trabajo, cuando este requisito sea exigible o lo haya solicitado la persona trabajadora, o no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en los términos y con los requisitos legalmente previstos.» (artículo 7.1 LISOS).
— Infracciones en materia de relaciones laborales y empleo. Tras el incremento del 20% de las cuantías de las sanciones previstas en el artículo 40 LISOS, serán castigadas las infracciones leves, en su grado mínimo, con multas de 70 a 150 euros; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros. Respecto de las infracciones graves: multa, en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros. Las muy graves serán castigadas con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros (art. 40.1 LISOS).
— Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. Las nuevas sanciones son las siguientes: las infracciones leves se castigarán, en su grado mínimo, con multa de 45 a 485 euros; en su grado medio, de 486 a 975 euros; y en su grado máximo, de 976 a 2.450 euros. Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.451 a 9.830 euros; en su grado medio, de 9.831 a 24.585 euros; y en su grado máximo, de 24.586 a 49.180 euros. Y las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 49.181 a 196.745 euros; en su grado medio, de 196.746 a 491.865 euros; y en su grado máximo, de 491.866 a 983.736 euros (art. 40.2 LISOS).
Con la entrada en vigor este pasado sábado, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal nos obliga a:
declarar las criptomonedas o divisas virtuales a través del Modelo 720
limitar los pagos en efectivo desde los 2.500 a los actuales 1.000 €, en el caso de que en la operación intervenga un empresario o profesional.
Límitar los pagos en efectivo desde los 15.000 a 10.000 € para el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.
Puedes hacer clic aquí para acceder en formato pdf al BOE con la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
Además, a continuación te transcribimos un completo artículo de ElEconomista, que explica el alcance de las obligaciones esenciales que la Ley Antifraude introduce:
ElEconomista: El Congreso aprueba la ley antifraude de Montero: exige declarar las criptomonedas y castiga Sucesiones y Patrimonio
El texto, aprobado definitivamente, incluye las enmiendas del Senado
Exige declarar las “monedas virtuales” en el cuestionado ‘Modelo 720’
Limita los pagos en efectivo a 1.000 euros, algo que rechaza el BCE
El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Los legisladores terminan así con la tramitación parlamentaria de esta normativa. El texto recoge el castigo fiscal en los impuestos relacionados con los inmuebles, como Transmisiones, Sucesiones o Patrimonio. Además, limita los pagos en efectivo en efectivo a los 1.000 euros, en contra del criterio del Banco Central Europeo (BCE).
La normativa aprobada, impulsada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esconde una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la trasmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos.
La norma apuntala, “en alas de la seguridad jurídica” las tasaciones por parte de las Comunidades Autónomas a través del Catastro
Tal y como adelantó elEconomista en octubre del año pasado, el Gobierno descarga así la tasación en el llamado Valor de Referencia del Mercado (VRM), calculado por el Catastro a través de una serie de variables que permite a las Haciendas autonómicas superar el valor real de los inmuebles. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y puede exceder el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos.
El Supremo, en una sentencia de 23 de mayo de 2018, rechazó que las Haciendas autonómicas puedan comprobar los valores de los inmuebles aplicando coeficientes sobre los valores catastrales y en otras sentencias viene a exigir que, para conocer el valor real de una vivienda, el perito se desplace al lugar. Sin embargo, la norma apuntala, “en alas de la seguridad jurídica” las tasaciones por parte de las Comunidades Autónomas a través del Catastro. El texto recoge que “el valor de referencia que establece el Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva”. Según Hacienda, la medida “cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas de forma unánime”.
Obliga a declarar las criptomonedas
La normativa introduce un refuerzo en el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, estableciendo nuevas obligaciones de información sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales. En concreto, la ley exige “la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero”.
Es decir, tal y como adelantó elEconomista en febrero, obligará a introducir estas operaciones en la declaración de bienes en el extranjero, el polémico Modelo 720. Este modelo se encuentra actualmente en estudio por la Justicia europea tras el dictamen motivado de Bruselas en el que cuestiona su aplicación por, entre otros asuntos, las elevadas multas que establece, que pueden llegar hasta el 150%. Según ha podido saber este periódico, se espera que el Abogado General presente las conclusiones sobre este asunto este mes.
En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.
Entre las novedades introducidas en las enmiendas del Senado, está la reforma de la suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos previstos en la normativa tributaria por motivo del Covid. Ahora, la ley limita los efectos de esta medida a aquellos plazos de prescripción que, sin tener en cuenta dicha suspensión, finalicen antes del día 1 de julio de 2021.
Límite al efectivo
Entre las medidas que se incluyen en el texto se encuentra la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasa de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones en el que interviene un empresario o profesional. A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.
El Banco Central Europeo (BCE) rechazó el 1 de febrero de 2019 el límite de 1.000 euros para el pago en efectivo que ahora ha aprobado el Congreso. El entonces presidente del BCE, Mario Draghi, envió un dictamen a España en el que pidió al Gobierno el freno de la medida y alertó de serios riesgos para la moneda europea y determinados sectores económicos.
El documento, al que tuvo acceso elEconomista, subraya que bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o profesional “es desproporcionada”. El BCE destaca su “posible repercusión adversa” en el sistema de pagos en efectivo.
Draghi alertó del riesgo para el Euro del los límites en efectivo a España: “Pone en peligro el concepto de curso legal”
El Supervisor alertó entonces del riesgo de la medida española para la moneda europea. “Esta limitación dificulta la liquidación de operaciones legítimas usando el efectivo como medio de pago, por lo que pone en peligro el concepto de curso legal”, subraya el Banco Central Europeo en su dictamen. El Banco niega que esta medida tenga cabida en la normativa europea antifraude. El límite para las empresas establecido en la Directiva europea antiblanqueo está en los 10.000 euros.
Por otra parte, la nueva norma contempla la prohibición por ley de las amnistías fiscales. Además, el texto rebaja de un millón de euros a 600.000 euros el umbral de la deuda con Hacienda que conlleva aparecer en el listado de deudores. También, Hacienda incluirá en esa lista de deudores a los responsables solidarios, como pueden ser los familiares o los socios.
La nueva Ley actualiza y amplía el concepto de paraísos fiscales, que pasan a denominarse “jurisdicciones no cooperativas”, término usado a nivel internacional. La lista de paraísos fiscales deberá ser actualizada periódicamente.
Castigo a las ‘herencias en vida’
La normativa recoge un castigo a los pactos sucesorios -el reparto de herencias en vida- al eliminar varias de sus ventajas. Los sucesores de los contribuyentes que escojan esta opción para legar sus bienes sufrirán un incremento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que afectará, incluso, a los pactos sucesorios ya firmados antes de que entre en vigor la ley.
La ley aprobada hoy modifica el artículo 36 de la ley del IRPF. Hacienda usará los precios de adquisición antiguos y no los del momento de la firma del pacto sucesorio para calcular la ganancia patrimonial del heredero. El nuevo redactado establecerá que si se transmite el bien antes del fallecimiento del donante, se usará la misma fecha y valor de adquisición que tenía el donante para calcular la ganancia o pérdida en IRPF, aunque el pacto sucesorio se haya formalizado muchos años antes. De esta forma, Hacienda imputará grandes beneficios a los sucesores, puesto que los precios de compra antiguos son mucho menores que los actuales.
𝗠𝗼𝘆𝗮&𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 quiere hacer un recordatorio que consideramos muy importantes: 𝒆𝒍 𝒑𝒓ó𝒙𝒊𝒎𝒐 𝑳𝑼𝑵𝑬𝑺 12 𝑫𝑬 𝑱𝑼𝑳𝑰𝑶 𝒔𝒆 𝒂𝒄𝒂𝒃𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒍𝒂𝒔 𝑨𝒀𝑼𝑫𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑹𝑬𝑪𝑻𝑨𝑺 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑬𝑴𝑷𝑹𝑬𝑺𝑨𝑺 𝒀 𝑷𝑹𝑶𝑭𝑬𝑺𝑰𝑶𝑵𝑨𝑳𝑬𝑺 afectados por el Covid-19 𝒆𝒏 𝑩𝑨𝑳𝑬𝑨𝑹𝑬𝑺 (855 millones de €)
Además debes recordar ya se modificaron las bases reguladores para la convocatoria de estas ayudas a empresas y profesionales para incluir • 𝐌Á𝐒 𝐂𝐍𝐀𝐄𝐬, llegando a incluir prácticamente todas las actividades económicas, y también • 𝐌Á𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐏𝐓𝐎𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐋𝐎𝐒 𝐐𝐔𝐄 𝐒𝐎𝐋𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀𝐑 𝐀𝐘𝐔𝐃𝐀𝐒, puesto que ya no es preciso que se empleen las ayudas para reducir deuda sino que una empresa o un empresario autónomo podrá pedir ayudas en base a una justificación de pérdidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.
¿Todavía no lo tienes claro? Mira el vídeo informativo de Nicolás Emery explicando la modificación de las bases reguladoras de las ayudas en Baleares a continuación y, si te queda alguna duda, contacta con cualquiera de las oficinas de 𝗠𝗼𝘆𝗮&𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆.
V0824-21 (descárga este documento en formato pdf aquí)
NORMATIVA
LIRPF. Ley 35/2006, arts., 14, 22, 23 y 27.
CUESTIÓN
Tributación de las cantidades impagadas.
DESCRIPCIÓN
El consultante es propietario junto con su mujer de una residencia que tiene alquilada. El arrendatario no paga las rentas del alquiler desde marzo de 2020, habiendo iniciado el consultante un procedimiento de desahucio.
CONTESTACIÓN
No se manifiesta en la consulta que se den los requisitos para la consideración del arrendamiento como actividad económica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), por lo que se parte de la consideración de que dicho arrendamiento genera rendimientos del capital inmobiliario.
El artículo 22.2 de la Ley del impuesto establece que “se computará como rendimiento íntegro del capital inmobiliario el importe que por todos los conceptos deba satisfacer el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario, incluido, en su caso, el correspondiente a todos aquellos bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario”.
El artículo 23.1 de la citada Ley incluye entre los gastos que considera necesarios para la obtención de los ingresos y, por tanto, deducibles para la determinación del rendimiento neto “los saldos de dudoso cobro en las condiciones que se establezcan reglamentariamente”.
En su desarrollo, el artículo 13 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), determina en su párrafo e) la deducibilidad de “los saldos de dudoso cobro siempre y cuando esta circunstancia quede suficientemente justificada. Se entenderá cumplido este requisito:
1º Cuando el deudor se halle en situación de concurso.
2º Cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la finalización del período impositivo hubiesen transcurrido más de seis meses, y no se hubiese producido una renovación de crédito.
Cuando un saldo dudoso fuese cobrado posteriormente a su deducción, se computará como ingreso en el ejercicio en que se produzca dicho cobro”.
No obstante, el artículo 15 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE de 23 de diciembre) establece que:
Reglamentariamente podrá modificarse el plazo previsto en este artículo.”
De lo anteriormente expuesto cabe concluir lo siguiente:
1º. El consultante deberá imputar en el año 2020, como rendimiento íntegro del capital inmobiliario, las cantidades correspondientes al arrendamiento del inmueble, incluso aunque no hayan sido percibidas.
2º. Del rendimiento íntegro computado podrá deducir como gasto los saldos de dudoso cobro una vez transcurrido el plazo antes referido, dado que no parece que el deudor se haya encontrado en situación de concurso.
En el caso de que la deuda fuera cobrada posteriormente a su deducción como gasto, deberá computar el ingreso en el año en que se produzca dicho cobro.
En el presente caso, se parte de la hipótesis de que las gestiones de cobro se inician en 2020, reclamándose las deudas existentes a la fecha y no cobradas, por lo que dichas deudas podrán considerarse como gasto deducible imputable al ejercicio 2020 cuando desde el inicio de la gestión de cobro hasta el 31 de diciembre de 2020 hayan transcurrido más de 3 meses. Respecto a las deudas vencidas con posterioridad al inicio de las gestiones de cobro, debe tenerse en cuenta por un lado que las gestiones de cobro iniciales no podían referirse a dichas deudas, al ser inexistentes a esa fecha, y por otro, la extensión de la reclamación judicial a dichas deudas conforme éstas fueran naciendo, por lo que el plazo debe computarse para estas últimas deudas a partir de su vencimiento.
En consecuencia, podrán imputarse al ejercicio 2020 como gastos deducibles del rendimiento del capital mobiliario las deudas comprendidas en la gestión de cobro iniciada en 2020 (se parte, como se ha referido, de la hipótesis de que las gestiones para el cobro se inician en ese ejercicio), cuando hubieran transcurrido más de 3 meses desde el inicio de dichas gestiones hasta el final de dicho ejercicio, imputándose al ejercicio 2021 en el caso de que el referido plazo finalice en el ejercicio 2021.
Respecto a las deudas que hubieran nacido con posterioridad al inicio de las gestiones de cobro, podrán imputarse como gasto deducible al ejercicio en el que finalice el plazo correspondiente contado a partir de su vencimiento.
Por último, en cuanto a las cuestiones relativas a la cumplimentación del modelo 100, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Declaración anual”, se manifiesta que los aspectos relacionados con la referida cumplimentación corresponden a la competencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por lo que este Centro Directivo carece de competencias para contestar a dichas cuestiones.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
¿Tienes dudas con respecto a tu declaración de renta o cualquier otra obligación tributaria? No tardes en pedir cita en cualquiera de las oficinas de Palma o Calvià de Moya & Emery
Las bases de la convocatoria de ayudas -dispuestas por el Gobierno central- por valor de 855 millones de euros para empresas y autónomos en las islas Baleares que se hayan visto afectados por el covid19 han sido modificadas o ampliadas recientemente con el fin de que puedan solicitar dichas ayudas más empresas y más profesionales que en un principio no pudieron acceder. Hoy el abogado y economista Nicolás Emery de Moya & Emery ha hablado de todos esos cambios con Jaime Mora en Radio Calvià FM:
Quedan incluidos todos los CNAEs
Se amplía el término o plazo de presentación hasta el 12 de julio 2021 a las 15’00h
Es requisito haber tenido actividad en 2019/2020, pero no todo el año, por lo que amplían las ayudas a los autónomos de temporada, ya que pueden estar sin actividad en algún momento de 2019/2020, pero alta en el momento de la solicitud
Será obligatorio mantener la actividad en el 2022.
No subida de salarios a alta dirección de las empresa ni reparto de dividendos.
Régimen especial a las empresas afectados por el cierre de Thomas Cook
Reconocimiento de pérdidas y no solo de la deuda pendiente,
Las ayudas presentadas hay que dar de baja la declaración y presentar una nueva cambiando los importes, y subiendo la cantidad solicitada
Las empresas sin deudas, pero que ha puesto sus recursos propios para pagar, se incluyen ya que estas cantidades van en concepto de perdidas como elemento de justificación
Obligatorio informe de auditoría para poder justificar las perdidas, ya que no es un año natural (01-03-20 a 31-03-21)
Existirá un retraso de 2 semanas en el cobro por la ampliación del plazo de la presentación, compromiso de pago previsión para finales de julio.
Ayudas de la línea hasta 3.000 € caída de facturación de un 30%, a través de declaración de responsable, habrá una comprobación aleatoria
Los que vayan por módulos no tendrán que demostrar cada factura, pero si se tendrá que guardar el uso correcto del dinero
Las facturas pendientes de pago el devengo/servicio será desde marzo 20 a mayo 21, se podrán pagar con las ayudas desde el 14/07/21 hasta 2 meses después de haberlas cobrado
Concepto de pérdidas, incluye amortizaciones (ingresos-gastos variables)
Deberán estar al corriente de pago desde la solicitud hasta que se conceda la ayuda, sino sería un motivo de denegación, por lo que se tendrán que vigilar los corrientes de pago.
Se excluyen las deudas a proveedores por inversión
Créditos ICO, solo importes del crédito destinados a pago de deudas de marzo hasta mayo.
Los tributos locales que son pagaderos en oct/nov, aunque tengan 2 meses para efectuar los pagos, estos si se incluyen
Excepciones: perdidas nuevas, perdidas 2019, las nuevas no pueden salvo afectados a Thomas Cook o inversiones grandes
Pólizas de crédito se cubrirán los préstamos y créditos por pagos realizados de marzo20 a mayo21 para reducir el capital pendiente
Los ERTEs y los Impuestos personales no son susceptibles de englobar en las ayudas.
¿Todavía tienes dudas sobre las ayudas directas para empresas y profesionales que hayan sufrido las consecuencias económicas de la pandemia del covid-19 y no sabes si cumples los requisitos para acceder a ellas? Entonces ponte en contacto con Moya & Emery
I. NUEVA FÓRMULA DE REVALORIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES
En cumplimiento de la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo a través del incremento de las pensiones el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media anual registrada en el mes de noviembre del ejercicio anterior.
Se garantiza que en el supuesto de inflación negativa -algo muy infrecuente y de escaso impacto incluso en las circunstancias de los últimos años– las pensiones no sufrirían merma alguna, quedando ese año inalteradas.
Como regla adicional, con el objetivo reforzado de preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y garantizar la suficiencia económica de los pensionistas, el Gobierno y los interlocutores sociales realizarán, en el marco del diálogo social, una evaluación periódica, cada cinco años, de los efectos de la revalorización anual de la que dará traslado al Pacto de Toledo, y que contendrá una propuesta de actuación si fuese necesario corregir alguna desviación para preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
II. MEDIDAS PARA FAVORECER EL ACERCAMIENTO VOLUNTARIO DE LA EDAD EFECTIVA CON LA EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN
La actuación complementaria del conjunto de medidas incluidas en este apartado tiene como objetivo, en cumplimiento de la recomendación 12ª del Pacto de Toledo, seguir impulsando el proceso de acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria. Ello se hará en el marco del refuerzo del derecho a la jubilación consagrado en nuestro modelo de jubilación flexible, priorizando el reforzamiento de los instrumentos de incentivo y desincentivo previstos para los supuestos de jubilación anticipada o demorada sobre la citada edad ordinaria.
1. Jubilación anticipada voluntaria.
– Se revisan los coeficientes reductores (que a partir de ahora serán mensuales) con el fin de fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación y dar un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas.
Menos de 38 años y 6 meses cotizados
Más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses
Más de 41 años y 6 meses cotizados y menos de 44 años y 6 meses
Más de 44 años y medio cotizados
Como excepción, se aplicarán los coeficientes reductores correspondientes a la jubilación por causa no imputable al trabajador en aquellos supuestos en los que quien se jubila anticipadamente de forma voluntaria esté percibiendo el subsidio de desempleo desde hace, al menos, tres meses.
Con el fin de fomentar el acercamiento voluntario de la edad efectiva de jubilación anticipada voluntaria a la edad de jubilación ordinaria de las personas con pensión teórica superior al límite máximo de pensión de la Seguridad Social, los coeficientes reductores se aplicarán sobre la cuantía de la pensión respetando la limitación máxima a la que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Seguridad Social. La eliminación de la regulación hasta ahora aplicable en los supuestos en los que la pensión teórica quedaba por encima de ese límite se hará de forma progresiva a lo largo de un periodo de diez años a contar desde el 1 de enero de 2024. En cualquier caso, estos coeficientes solo se aplicarán en la medida en que la evolución de la pensión máxima del sistema absorba completamente el efecto del aumento de coeficientes respecto a los vigentes en 2021 para estos trabajadores con base reguladora superior a la pensión máxima, de manera que la pensión reconocida no sea inferior a la que le habría correspondido con la aplicación de las reglas vigentes en 2021.
De la anterior previsión quedan excluidas –y, por tanto, seguirán rigiéndose por las reglas de acceso a las distintas modalidades de jubilación anticipada previas a la aprobación y entrada en vigor de esta reforma– aquellas personas, con base reguladora superior a la pensión máxima, cuya relación laboral:
Se haya extinguido antes de 1 de enero de 2022, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas, por un periodo superior a 12 meses, en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
Se extinga después de esa fecha como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o en virtud de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa o decisiones adoptadas en procedimientos concursales, que fueran aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley que dé cumplimiento a este acuerdo.
No obstante, las personas a las que se refieren los apartados anteriores también podrán optar por que se aplique, para el reconocimiento de su derecho a pensión, la legislación que esté vigente en la fecha del hecho causante de la misma.
Coeficientesaplicablesa pensiones teóricas por encima de la máxima (con la limitaciónreseñadamás arriba)
Menosde 38 años y 6 meses cotizados
Más de 38 años y 6 meses y menos de 41 años y 6 meses cotizados
Más de 41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses cotizados
Más de 44 años y 6 meses cotizados
2. Jubilación anticipada involuntaria.
Se acuerda introducir cuatro modificaciones. Primero, a las causas de extinción contractual que dan derecho al acceso a esta modalidad de jubilación mencionadas en el art. 207.1 LGSS, se añaden el resto de causas extintivas por razones objetivas y la resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos previstos en los artículos 40.1, 41.3, 49.1.m) y 50 ET..
Segundo, el coeficiente aplicable sobre la pensión se determina por mes de adelanto de la jubilación, no por trimestre.
Tercero, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se aplican en la determinación de la
pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente.
– Cuarto, adicionalmente el coeficiente reductor correspondiente a cada uno de los seis meses previos a la edad de jubilación ordinaria se rebaja respecto de los propuestos para la jubilación voluntaria.
– Finalmente, no sufrirán cambios los coeficientes reductores del 0,5% por trimestre, desde la pensión máxima, aplicables a las jubilaciones anticipadas involuntarias, manteniéndose en los mismos términos vigentes hasta la fecha, estando excluida expresamente esta modalidad de la previsión de equiparación de coeficientes para la jubilación anticipada voluntaria prevista en el apartado II.1 de este Acuerdo. Esta misma garantía se extenderá a los supuestos previstos en el apartado
II.1 referidos a personas que accediendo a la jubilación anticipada voluntaria desde una situación en la que vienen percibiendo el subsidio por desempleo desde hace, al menos, tres meses, se les aplican los coeficientes reductores establecidos para la jubilación anticipada involuntaria
3. Jubilación anticipada por razón de la actividad
Se acuerda la modificación del procedimiento de solicitud, y se precisan con mayor detalle los indicadores de peligrosidad o penosidad que determinan el acceso a esta modalidad de jubilación anticipada.
Las solicitudes de iniciación del procedimiento deberán ser formuladas conjuntamente por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas; o por las organizaciones sindicales más representativas y la administración correspondiente cuando el procedimiento afecte al personal de las administraciones públicas.
La fijación de los indicadores que acrediten la concurrencia de circunstancias de penosidad o peligrosidad será objeto de desarrollo reglamentario, que se abordará en el marco del diálogo social.
Con respecto a las solicitudes ya presentadas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establecerá en el plazo de seis meses un calendario para la resolución de los expedientes, priorizando de acuerdo con criterios objetivos la resolución de los mismos.
Se creará una comisión encargada de evaluar y, en su caso, instar la aprobación de los correspondientes decretos de reconocimiento de coeficientes reductores. Integrarán esta comisión los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Trabajo y Economía Social; y Hacienda; junto las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
Se establecerá un procedimiento para la revisión de los coeficientes reductores de edad con una periodicidad máxima de diez años.
– Por otro lado, se separan en normas distintas la jubilación anticipada por razón de la actividad y por razón de la discapacidad.
4. Jubilación demorada
Se acuerda aplicar la exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que corresponda en cada caso.
Se acuerda mejorar los incentivos para la prolongación de la carrera profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación.
Se ofrecen tres tipos de incentivos, a elegir por el trabajador, por cada año de demora:
Un porcentaje adicional del 4 por ciento (este porcentaje adicional se sumará al que corresponda de acuerdo con el número de años cotizados y se aplicará a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión).
Una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas.
– Una combinación de las opciones anteriores.
5. Jubilación activa
En coherencia con el conjunto de previsiones de este bloque, se exige como condición para acceder a esta modalidad de jubilación el transcurso de al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
En el plazo máximo de doce meses, el Gobierno revisará, en el marco del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales, esta modalidad de jubilación con el fin de corregir las diferencias existentes entre regímenes y sistemas especiales y favorecer el mantenimiento de la actividad de los trabajadores mayores, al tiempo que se preserva la sostenibilidad del sistema. En todo caso, la nueva regulación no podrá tener como consecuencia la sustitución de trabajadores con cotización completa por trabajadores con cotización reducida.
6. Jubilación forzosa
Se acuerda que no sea posible establecer cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador por el cumplimiento de una edad inferior a 68 años. Observada esta limitación de edad, se requerirán además las siguientes condiciones:
Primero, que la persona trabajadora afectada tenga derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
Segundo, que cada extinción contractual en aplicación de esta previsión lleve aparejada simultáneamente la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos, una persona trabajadora como medida vinculada a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo.
Excepcionalmente, este límite podrá rebajarse hasta la edad ordinaria de jubilación fijada por la normativa de Seguridad Social cuando la tasa de ocupación de las trabajadoras en alguna de las actividades económicas correspondientes al ámbito funcional del convenio sea inferior al 20 por ciento de las personas ocupadas en las mismas.
A estos efectos, las actividades económicas en las que se ha de cumplir esta condición serán las que correspondan a los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas que figuren en el Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad (REGCON). La Administración de la Seguridad Social facilitará esta información respecto de la totalidad de trabajadores por cuenta ajena en cada una de las CNAE correspondientes en la fecha de constitución de la comisión negociadora del convenio.
La aplicación de esta excepción exigirá, además, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Que la persona trabajadora afectada tenga derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
Que en el CNAE al que esté adscrita la persona afectada por la aplicación de esta cláusula concurra una tasa de ocupación de empleadas inferior al 20 por ciento sobre el total de trabajadores de dicho CNAE a la fecha de efectos de la decisión extintiva. Este CNAE será el que resulte aplicable para la determinación de los tipos de cotización para la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Que cada extinción contractual en aplicación de esta previsión afecte a un puesto de trabajo vinculado a algunas de las actividades económicas antes mencionadas; y que cada extinción en aplicación de esta previsión lleve aparejada simultáneamente
la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos, una mujer.
La decisión extintiva de la relación laboral será, con carácter previo, comunicada por la empresa a los representantes legales de los trabajadores y al propio trabajador afectado.
– Sin perjuicio de lo anterior, las cláusulas sobre jubilación forzosa que se hubieran incluido en los convenios colectivos al amparo de la legislación hasta ahora vigente podrán ser aplicadas hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada del convenio en cuestión.
7. Reducción en la cotización para trabajadores mayores de 62 años en procesos de IT
Con el fin de favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, se acuerda establecer una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.
III. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL SISTEMA:
CULMINACIÓNDEL PRINCIPIODESEPARACIÓNDEFUENTES
En cumplimiento de la recomendación 1ª del Pacto de Toledo, los firmantes de este acuerdo comparten la necesidad de culminar la plena implementación del principio de separación de fuentes respecto de aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no ha sido asumida todavía por el Estado.
Para ello, de forma adicional al mantenimiento estable de la transferencia anual ya aprobada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (13.929 millones de euros), se incrementará esta, tanto en los ejercicios de 2022 y 2023, como en años sucesivos, también de forma permanente como la transferencia aprobada para 2021, hasta alcanzar una transferencia que sirva para cubrir todos los conceptos reseñados a continuación.
Primero, los conceptos ya financiados por transferencia del Estado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021:
(millones de euros)
Transferencia para la financiación de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menor
2.785
Transferencia para financiar reducciones en la cotización a la Seguridad Social
1.779
Subvenciones implícitas a REM, SEA, contratos formación
996
Complemento para reducir la brecha de género
788
Integración de lagunas
450
Jubilación anticipada sin coeficiente reductor y sin cotización adicional
371
Pensiones en favor de familiares
373
Cuantía equivalente a 2 puntos de cotización por otros conceptos de naturaleza no contributiva
6.387
Segundo, los siguientes conceptos a incorporar dentro de la transferencia para financiar otros conceptos en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo 2020:
Coste de la pensión de jubilación anticipada involuntaria en edades inferiores a la edad ordinaria de jubilación.
2.010
Complementos de prestaciones contributivas, sujetos a límite de ingresos.
3.444
Cuantía equivalente a 1 punto de cotización por otros conceptos de naturaleza no contributiva
3.193
De la misma forma, se reitera el compromiso del Estado como garante público del sistema de Seguridad Social. En este sentido, el Estado garantiza el equilibrio financiero del sistema en los importes y durante el tiempo estrictamente necesario en los que los ingresos derivados de cotizaciones y transferencias estables y preestablecidas desde los Presupuestos Generales del Estado, junto al resto de recursos previstos en el art. 109 de la LGSS, puedan no ser suficientes.
IV. NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN POR INGRESOS REALES Y MEJORA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
En cumplimiento de la recomendación 5ª del Pacto de Toledo, con objeto de mejorar y reforzar el sistema de protección de este Régimen y su financiación, se acuerda establecer un sistema de cotización basado en los rendimientos reales declarados fiscalmente. La implantación de esta modificación se hará a partir del 1 de enero de 2022 de forma gradual, con objeto de permitir la más adecuada definición de los mismos y las adaptaciones técnicas necesarias por parte de la Hacienda Pública y de la propia Seguridad Social. En concreto, el nuevo sistema se aprobará en 2022, sin producir efectos económicos hasta 2023; y el despliegue será progresivo hasta un máximo de nueve años, con revisiones periódicas cada tres años en las que las organizaciones empresariales y sindicales, y las asociaciones de autónomos podrán decidir, junto al Gobierno, la aceleración del calendario.
Aquellos autónomos cuyos rendimientos fiscales derivados de la actividad por cuenta propia estén por encima de la actual base mínima de cotización del RETA cotizarán por los mismos. Esta base mínima se equiparará progresivamente a la del Régimen General de la Seguridad Social.
Los autónomos que tengan rendimientos fiscales declarados inferiores a la base mínima de cotización vigente cotizarán por los mismos. Sin perjuicio de ello, a efectos de la acción protectora se reconocerá la base mínima correspondiente durante un periodo máximo de dos años.
Se prevé que los trabajadores autónomos elijan provisionalmente su base de cotización entre los tramos que se determinen normativamente en función de previsiones de rendimientos. Con la posibilidad de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos.
Si existen diferencias una vez hecha la regularización anual, el trabajador deberá proceder a su ingreso en caso de haber cotizado menos de lo que le correspondía; y podrá solicitar la devolución si la cotización realizada fue superior.
Durante el periodo transitorio, y de acuerdo con lo establecido en el marco del diálogo social, se establecerá una cotización intermedia por tramos cuyo número se irá incrementando progresivamente.
En el plazo de doce meses, y en cumplimiento del mandato de la recomendación 4ª del Pacto de Toledo, se abordarán las diferencias de acción protectora entre el Régimen General y el RETA con el objetivo de lograr una protección social equiparable entre estos dos regímenes.
V. MEDIDAS PARA PRESERVAR EL EQUILIBRIO Y LA EQUIDAD INTERGENERACIONAL
En cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los firmantes se comprometen a negociar la sustitución del factor de sostenibilidad del artículo 211 por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027 en los términos que se describe en el párrafo siguiente. El proceso de negociación en el marco del diálogo social se abrirá inmediatamente después a la suscripción de este acuerdo, de forma que la regulación del nuevo mecanismo pueda incorporarse al proyecto de ley que dé cumplimiento al citado acuerdo antes del 15 de noviembre de 2021. Si en ese proceso de negociación en el marco del diálogo social no se alcanzara un acuerdo, el Gobierno de España procedería a regular el citado mecanismo, de forma que esté definido en el momento de entrada en vigor de la citada Ley.
Dada la dimensión intergeneracional del sistema de pensiones, y las necesidades excepcionales y acotadas en el tiempo que para su equilibrio va a suponer la jubilación de la generación del baby boom y el aumento de la esperanza de vida, es necesario recuperar para el diseño del nuevo mecanismo el planteamiento consensuado en la reforma de 2011. Ello implica incorporar indicadores que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población y que, actuando de forma equilibrada sobre el conjunto de parámetros del sistema, sirvan de base para un diseño del nuevo mecanismo que evite hacer recaer en las generaciones más jóvenes el coste derivado de la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas, repartiendo de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.
VI. OTRAS MEDIDAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y DE LA CALIDAD DE LA ACCIÓN PROTECTORA
1. Agencia Estatal de la Seguridad Social.
Para dar cumplimiento al mandato de la recomendación octava del Pacto de Toledo, el Gobierno aprobará en el plazo de seis meses un Proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social.
2. Viudedad de parejas de hecho
En el plazo de 6 meses, y en cumplimiento de la recomendación 13ª del Pacto de Toledo, se abordará en el marco del diálogo social una revisión del marco regulador de acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con el fin de equiparar las condiciones de acceso de este colectivo al de las parejas constituidas en matrimonio.
3. Base reguladora de las prestaciones de incapacidad temporal en los casos de personas trabajadoras con contrato fijo-discontinuo
Se acuerda incluir en la legislación de Seguridad Social una referencia expresa para que la base reguladora diaria de la prestación por incapacidad temporal se calcule mediante el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas desde el último llamamiento al trabajo, con un máximo de tres meses inmediatamente anteriores al del hecho causante, entre el número de días naturales comprendidos en el período.
4. Cláusula de ‘salvaguarda’
La conocida como “cláusula de salvaguarda” –derivada originalmente de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, e incorporada actualmente al ordenamiento jurídico de la Seguridad Social en el apartado 5 de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social– se mantendrá en su regulación actual con carácter indefinido, de manera que extiende sus efectos más allá del 1 de enero de 2022 garantizando la cobertura de la totalidad de personas que originalmente se preveía proteger con la citada cláusula.
5. Cotización de becarios
En el plazo máximo de tres meses se procederá al desarrollo reglamentario previsto en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, de modo que se garantice que la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria, determine la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado.
Se aplicará a estas prácticas una reducción del 75 por cien en la cotización a la Seguridad Social.
6. Convenios especiales cuidadores SAAD
Se establecerán en el plazo de seis meses los oportunos cambios normativos que posibiliten que la financiación pública establecida para asumir las cuotas derivadas de los convenios especiales de los cuidadores de personas en situación de dependencia regulados en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, en los casos de personas que hayan reducido su jornada de trabajo para dedicar una parte de la misma al cuidado de las personas en situación de dependencia, permita garantizar el mantenimiento de las bases de cotización que tenían estas personas antes de dicha reducción, así como las correspondientes actualizaciones de dicha base de cotización en los mismos términos en que lo haga el tope mínimo del Régimen General de la Seguridad Social.
VII. INTEGRACIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS COMO ANEXO DE ESTE ACUERDO
Se integra y suscribe, como anexo inseparable de este Acuerdo, el texto normativo que concreta su contenido en los aspectos en los que corresponde y que el Gobierno incorporará fielmente en el Proyecto de Ley que remitirá a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.
Lo anterior, sin perjuicio del resto de contenidos previstos en este Acuerdo, cuya propuesta de texto normativo aún no ha sido ultimada (RETA, viudedad de parejas de hecho…), que se concretarán en los plazos previstos en cada apartado y, en cualquier caso, coincidiendo con la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley que concretará normativamente este Acuerdo.
El Boletín Oficial de las Islas Baleares publicó ayer 1 de julio la modificación de la Orden de las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de la Línea COVID de ayudas directas a empresarios y profesionales, con el objetivo de incorporar el supuesto de las pérdidas como concepto elegible en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Esta modificación, ya anunciada la semana pasada, amplía el criterio por el cual la Orden solo se autorizaban ayudas para enjugar deuda.
Con esa ampliación se intenta hacer un llamamiento a todos los profesionales y empresas, que ahora sí podrán verse beneficiadas por estas modificaciones, a fin de que realicen la solicitud de la ayuda, después de haber facilitado su acceso.
Con esta medida, se permite incrementar la cuantía de la ayuda a aquellas empresas que ya cumplían los requisitos en el caso de tener deuda, y también permitirá acceder a las ayudas a aquellas otras compañías que, a pesar de tener pérdidas justificables en el periodo mencionado, hasta ahora no podían tener acceso por no tener deuda pendiente. En el caso de la justificación de pérdidas, hace falta un informe de la auditoría que se tiene que presentar en la fase posterior al cobro de la ayuda.
Hay que recordar que la semana pasada también se acordó la ampliación de la convocatoria a prácticamente todos los CNAEs de las actividades productivas de las Islas, con el fin de repescar aquellos sectores que hubieran podido quedar excluidos en la anterior clasificación, y hacer extensivo así las ayudas a todos los sectores de actividades productivas de las Islas, a todas las empresas y a todos los empresarios autónomos.
Asimismo, y para dar margen a las empresas y autónomos a estudiar todos estos nuevos supuestos, también se acordó ampliar hasta el 12 de julio el plazo hábil para poder presentar las solicitudes de ayudas.
Haz clic aquípara descargar la resolución en formato PDF y no dudes en ponerte en contacto con Moya & Emery si tienes alguna duda con respecto a los requisitos exigidos para acceder a las ayudas o precisas ayuda para solicitarlas:
Fija un marco estable de revalorización de las pensiones con el IPC medio del año anterior
Se flexibilizan las condiciones para la jubilación anticipada y se crean más incentivos para la demorada
Plantea la sustitución del actual factor de sostenibilidad de 2013 por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que se diseñará en cinco meses
Prevé la implantación gradual de un sistema de cotización por rendimientos reales para los trabajadores autónomos
Nota de Prensa del Ministerio de Seguridad Social del Lunes, 28 de junio de 2021.-
La Mesa Técnica de pensiones formada por los responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de los interlocutores sociales CEOE, Cepyme, CCOO y UGT ha concluido con un texto, que debe ser ratificado por los órganos correspondientes de los interlocutores sociales. El acuerdo definitivo, que traslada las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado otoño, también recogidas en parte en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se formalizará una vez que los órganos correspondientes de los agentes sociales lo ratifiquen.
En estos compromisos se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y corrigiendo definitivamente la fórmula introducida en 2013, cuya aplicación está suspendida desde 2018. De esta forma, se fija un mecanismo estable de revalorización y el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, las pensiones quedarán inalteradas.
El texto incluye además una evaluación periódica de este nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que se realizará en el marco del diálogo social cada cinco años.
En segundo lugar, siguiendo la recomendación 12ª, se incorporan diversas previsiones dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación. En este aspecto se incluyen cuatro medidas: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.
Respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasarán a ser mensuales para dar más flexibilidad a los futuros pensionistas y fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación. Además, se dará un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas (ver anexo con coeficientes). En la mayoría de los casos, además, los coeficientes serán más bajos que los actualmente vigentes con el fin de incentivar pequeñas demoras en la salida del mercado laboral.
Además, para mejorar las pensiones de las personas que acceden a la jubilación por causa no imputable al trabajador, se aplicarán los coeficientes de la jubilación anticipada voluntaria en aquellos supuestos en los que quien se jubila anticipadamente de forma voluntaria esté percibiendo el subsidio de desempleo desde hace, al menos, tres meses.
Otro de los elementos del texto en esta materia es la supresión de los aspectos regresivos del sistema, de forma que se eliminará gradualmente la regulación para personas con ingresos superiores a la pensión máxima. Esta eliminación se hará de forma progresiva durante un plazo de 10 años a partir del 1 de enero de 2024.
En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, se mejoran dos aspectos: de un lado, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales; y, de otro, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria se aplican en la determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente, entre otros.
En lo que se refiere a la jubilación anticipada por razón de la actividad, se modificará el procedimiento de solicitud y se precisarán con más detalle los indicadores de peligrosidad o penosidad que determinan el acceso a esta modalidad de jubilación anticipada de manera que su aplicación pueda ser efectiva.
Nuevos incentivos a la jubilación demorada
En el caso de la jubilación demorada, se establecerá la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda. Pero como medida más destacable, se refuerzan significativamente los incentivos, que serán de tres tipos por cada año de demora:
Un porcentaje adicional del 4%
Una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas (ver anexo)
Una combinación de ambas opciones
Respecto a la jubilación activa, se exigirá como condición para acceder a esta modalidad el transcurso de al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación y se revisará en el marco del diálogo social esta modalidad en el plazo máximo de doce meses.
Sobre la jubilación forzosa, se ha acordado prohibir las cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador antes de los 68 años. Este límite se podrá rebajar en algunos sectores (CNAE) con la condición de que se incremente la participación de la mujer en dichos sectores. Las cláusulas que se hubieran incluido en los convenios según la normativa vigente podrán ser aplicados mientras sigan en vigor.
Por último, dentro de esta línea que persigue favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.
Sistema en equilibrio a partir de 2023
Otro aspecto muy destacable es el fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema. Siguiendo la recomendación 1ª, se ha incluido en el documento la culminación de los gastos no contributivos de la Seguridad Social en 2022 y 2023, incluyendo otros 7.600 millones de euros, como garantía del equilibrio del sistema por parte del Estado.
Conforme a la recomendación 5ª del Pacto de Toledo, el documento prevé la implantación gradual a partir del 1 de enero de 2022 de un sistema de cotización por rendimientos reales por parte de los trabajadores autónomos. El nuevo sistema se aprobará en 2022, sin producir efectos económicos hasta 2023, con un despliegue progresivo durante un máximo de nueve años. Cada tres años, se hará una revisión periódica en la que los interlocutores sociales y las asociaciones de autónomos, junto con el Gobierno, podrán decidir la aceleración de este calendario.
Nuevo mecanismo de equidad intergeneracional en noviembre
Además, para preservar el equilibrio y la equidad intergeneracional, y en cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los firmantes se comprometen a negociar la sustitución del factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027. El proceso de negociación se abrirá inmediatamente después de la firma de este texto en el marco del diálogo social de forma que la regulación del nuevo mecanismo pueda incorporarse al proyecto de ley antes del 15 de noviembre de 2021. Si en ese proceso de negociación en el marco del diálogo social no se alcanzara un acuerdo, el Gobierno regularía el citado mecanismo para que pueda estar definido en el momento de entrada en vigor de la ley.
Finalmente, se prevé el cumplimiento de la recomendación 8ª del Pacto de Toledo mediante la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses. En este mismo plazo, y en cumplimiento de la recomendación 13ª se abordará en el marco del diálogo social una revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a la de los matrimonios.
Asimismo, la cláusula de salvaguarda se mantendrá en su regulación actual con carácter indefinido y se realizará, en un plazo de tres meses, el desarrollo reglamentario para la inclusión en la Seguridad Social de las personas que realicen prácticas, aunque no tengan carácter remunerado. En estos casos, se establecerá una reducción de cotización del 75%.
Puedes descargar, en formato pdf, la nota de prensa del Ministerio de Seguridad Social aquí
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Los magistrados consideran que este contrato regulado en el convenio colectivo de la construcción en España no previene de fraude en la temporalidad al permitir renovar contratos indefinidamente en sucesivas obras, “un riesgo real de provocar una utilización abusiva de este tipo de contratos”
En pleno debate sobre la contratación temporal en España, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dado un varapalo a los contratos ‘fijos de obra’ del sector de la construcción. Se trata de un contrato temporal específico de la construcción, regulado en su convenio colectivo, por el que se ligan relaciones contractuales a las obras. Los magistrados han concluido este jueves que el contrato ‘fijo de obra’ no previene de los abusos en la temporalidad, como exige la legislación europea, al permitir encadenar sucesivos contratos de este tipo “indefinidamente”.Cinco medidas con las que el Gobierno quiere reducir el trabajo temporalSABER MÁS
Los magistrados europeos analizan los contratos ‘fijos de obra’ de la construcción en España a raíz de una cuestión prejudicial planteada por un juzgado español. El tribunal le consulta varias dudas sobre el caso de un trabajador que encadenó seis contratos fijos de obra, entre los años 1996 y 2017, con la empresa Obras y Servicios Públicos S.A. En 2017, el trabajador pasa a depender de Acciona Agua tras hacerse esta con la adjudicación de un contrato público de Canal de Isabel II que antes tenía la empresa para la que trabajaba el afectado. Su último contrato ‘fijo de obra’ se extendió durante más años, tras lo que el empleado demandó su condición de fijo.
El TJUE considera que, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar a los tribunales españoles, “no cabe considerar que el artículo 24 del Convenio Colectivo controvertido” –el que regula el contrato ‘fijo de obra’– “permita justificar la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada” dado que “entraña un riesgo real de provocar una utilización abusiva de este tipo de contratos”.
Los jueces europeos apuntan que si bien en general se limita este tipo de contrato a una sola obra, esto “se aplica a cada contrato ‘fijo de obra’ considerado por separado” y “pueden celebrarse diversos contratos de este tipo sucesivamente para diferentes obras”.
Las condiciones que recoge el convenio colectivo de la construcción para estos contratos “permite renovar los contratos ‘fijos de obra’ indefinidamente por el efecto acumulado de esos sucesivos contratos o la agregación de estos”, lo que en opinión del tribunal europeo pone “de manifiesto que dicho trabajador en realidad desempeña de modo permanente y estable tareas que forman parte de la actividad ordinaria de la entidad o de la empresa que lo emplea”.
Así lo ven los magistrados en el caso enjuiciado por el tribunal español que plantea la cuestión prejudicial. “La situación del litigio principal ilustra a la perfección esta apreciación, pues el demandante ha suscrito seis contratos ‘fijos de obra’ sucesivos con Obras y Servicios Públicos por una duración total que excede de 25 años”.
El TJUE recuerda además que el Tribunal Supremo también ha limitado la posibilidad de encadenar contratos como permite el convenio colectivo. “Viene aplicando límites temporales” a estos contratos ‘fijos de obra’ propios de otros contratos temporales según el apartado 5 del Estatuto de los Trabajadores, “de manera que, cuando un trabajador ha suscrito dos o más contratos de este tipo y se ha superado el límite temporal legal previsto en dicha disposición, adquiere la condición de indefinido”, recoge la sentencia.
Los magistrados resuelven por tanto que “una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite atender necesidades que no son provisionales, sino, al contrario, permanentes y estables, no está justificada” en la legislación europea, que obliga a la existencia de medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de los contratos temporales.
Analizar si la indemnización es suficiente medida preventiva
El TJUE emplaza al tribunal español a que analice si hay “medidas legales” para prevenir este abuso de los contratos ‘fijo de obra’ que se analizan. Las empresas alegaron la existencia de una indemnización por cese de este tipo de contrato ‘fijo de obra’, que también regula el convenio colectivo.
Los magistrados europeos apuntan que, para que esta funcione como una medida preventiva en los términos exigidos por la normativa de la UE, “la concesión de una indemnización debe tener específicamente por objeto compensar los efectos de la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada”. Además, la indemNización tiene que ser no solo proporcionada, “sino también lo bastante efectiva y disuasoria como para garantizar la plena eficacia de dicha cláusula”.
El pronunciamiento del tribunal alcanza a uno de los sectores que más utiliza la contratación temporal en España, un país que tiene una tasa media muy alta de temporalidad, del 26,3% en 2019. España es de hecho el país con más peso del trabajo temporal de la UE. En el caso de la construcción, de media, el 40% de sus trabajadores tienen contratos temporales. Con una visión más detallada, en el sector de la construcción de edificios la tasa alcanza a más de la mitad de sus afiliados a la Seguridad Social, al 55%.
Baleares amplía los supuestos y destinatarios de las ayudas de 855 millones de Euros dirigidas a empresas y autónomos: hoy, sábado 26 de junio, se ha publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares la norma que amplía las bases de dichas ayudas directas:
Con MÁS CNAEs INCLUIDOS: se ha ampliado el abanico de actividades económicas incluidas en la convocatoria a todos los sectores productivos.
Con MÁS PLAZO PARA SOLICITAR LAS AYUDAS: se ha ampliado el plazo para presentar solicitudes dos semanas más, hasta el lunes 12 de julio.
Con MÁS CONCEPTOS O SUPUESTOS PARA LOS QUE SOLICITAR LAS AYUDAS: se amplían los conceptos por los cuales una empresa o un empresario autónomo podrá pedir ayudas en base a una justificación de pérdidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Este supuesto amplía el actual criterio por el cual las ayudas solo se autorizaban para reducir deuda.
Consulta el BOIB con los cambios en las bases reguladores de la convocatoria de ayudas directas a empresa y autónomos ampliadas hoy, en formato pdf, aquí.
Por otro lado, si tu empresa que desarrolla actividad en el municipio de Palma había solicitado previamente las ayudas extraordinarias de la Fundación Mallorca Turismo, puedes consultar si tu solicitud ha sido aprobada en esta resolución, en formato pdf, publicada también hoy en el BOIB.
Lee a continuación nuestra anterior entrada del blog 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 en que dábamos cuenta del acuerdo para ampliar las ayudas directas:
AFECTADOS POR EL COVID19: Baleares amplía los supuestos para la distribución de las ayudas de 855 millones dirigidas a empresas y autónomos
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presidido hoy una Mesa de Diálogo Social para hacer un seguimiento de la convocatoria de ayudas a empresas y autónomos para hacer frente a las consecuencias derivadas de la COVID19, de 855 millones. Durante la reunión, se han planteado una serie de medidas para ampliar los supuestos para la distribución de este fondo estatal y conseguir así un mayor número de solicitudes, que a día de hoy ya eran 5.202 en el conjunto de las Islas.
Tres son los principales aspectos que se han abordado: se amplía el abanico de actividades económicas incluidas en la convocatoria a todos los sectores productivos; se amplía el plazo para presentar solicitudes dos semanas más, hasta el lunes 12 de julio, y se ampliarán los conceptos por los cuales una empresa o un empresario autónomo podrá pedir ayudas en base a una justificación de pérdidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Este supuesto amplía el actual criterio por el cual las ayudas solo se autorizaban para reducir deuda.
El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, han explicado las novedades de esta convocatoria de ayudas durante una comparecencia posterior a la reunión de la Mesa de Diálogo Social.
Ampliación a todos los CNAE de actividades productivas
En primer lugar, la Mesa de Diálogo Social ha decidido ampliar al máximo el abanico de actividades económicas incluidas en las ayudas. Así, todas las empresas de prácticamente todos los CNAE podrán acogerse a ellas, a excepción del sector de entidades financieras y de seguros, y para Actividades de los hogares.
De este modo, se repescan aquellos sectores que hubieran podido quedar descuadrados en la anterior clasificación. Por lo tanto, las ayudas se hacen extensivas a todos los sectores de actividades productivas de las islas, a todas las empresas y a todos los empresarios autónomos.
Ampliación del plazo de solicitudes
Finalmente, y para dar margen a las empresas y autónomos a estudiar estos nuevos supuestos, la Mesa de Diálogo Social ha acordado ampliar quince días más la presentación de las solicitudes de ayudas. De este modo, el plazo se alarga hasta el 12 de julio. Se prevé que los primeros pagos se inicien a finales del mes de julio.
Posibilidad de justificar pérdidas
Además, la convocatoria ampliará los conceptos por los cuales una empresa o un autónomo podrá acogerse a las ayudas si cayó su facturación más de un 30% el 2020 respeto el año anterior, incluyendo como nuevo concepto la justificación de pérdidas en el periodo mencionado.
Este hecho tiene dos implicaciones. Por un lado, se amplían los conceptos y, por tanto, la cantidad del importe que podrán recibir los solicitantes que ya habían iniciado el trámite por deudas. Por otro lado, aquellos solicitantes que cumplían todos los requisitos de la convocatoria excepto el de tener deudas pendientes ahora sí que podrán perdir la ayuda.
De este modo, se da entrada a aquellos empresarios que cancelaron sus deudas con recursos propios y que hasta ahora se encontraban excluidos de la ayuda, flexibilizando así uno de los requisitos importantes de la convocatoria.
Para acceder a las ayudas justificando pérdidas, habrá que presentar un informe de auditoría para acreditar la solicitud, que se tendrá que presentar en la fase de justificación, una vez cobrada la ayuda.
Publicaciones al BOIB
Este sábado se publicará en el BOIB el inicio de modificación de la Orden referida a la ampliación de CNAE y a la ampliación del plazo de solicitudes. Así mismo, y después de las consultas técnicas al Ministerio de Economía, está en fase de redacción y supervisión jurídica la parte que incluye la acreditación de pérdidas para acceder en las ayudas, aspecto que se publicará la semana que viene en el BOIB.
5.202 solicitudes en 10 días
Como balance, en estos primeros 10 días desde la apertura del plazo para presentar las peticiones, el sistema telemático habilitado por la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) en la web ajutscovid.atib.es ha contabilizado 5.202 solicitudes, actualizadas a mediodía de hoy miércoles. La distribución por islas es: 3.819 en Mallorca, 594 en Menorca, 674 en Ibiza y 103 en Formentera. Además, se han recibido 12 solicitudes correspondientes a empresarios con domicilio fiscal fuera de las Islas y con establecimiento permanente en la Comunidad.
La línea de atención telefónica específica para esta convocatoria (971 678 444) ya ha atendido 3.700 consultas. Al correo electrónico (ajutscovid@atib.es) han llegado otras 2.400 peticiones de información, que ya ha sido contestadas.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presidido hoy una Mesa de Diálogo Social para hacer un seguimiento de la convocatoria de ayudas a empresas y autónomos para hacer frente a las consecuencias derivadas de la COVID19, de 855 millones. Durante la reunión, se han planteado una serie de medidas para ampliar los supuestos para la distribución de este fondo estatal y conseguir así un mayor número de solicitudes, que a día de hoy ya eran 5.202 en el conjunto de las Islas.
Tres son los principales aspectos que se han abordado: se amplía el abanico de actividades económicas incluidas en la convocatoria a todos los sectores productivos; se amplía el plazo para presentar solicitudes dos semanas más, hasta el lunes 12 de julio, y se ampliarán los conceptos por los cuales una empresa o un empresario autónomo podrá pedir ayudas en base a una justificación de pérdidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Este supuesto amplía el actual criterio por el cual las ayudas solo se autorizaban para reducir deuda.
El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, han explicado las novedades de esta convocatoria de ayudas durante una comparecencia posterior a la reunión de la Mesa de Diálogo Social.
Ampliación a todos los CNAE de actividades productivas
En primer lugar, la Mesa de Diálogo Social ha decidido ampliar al máximo el abanico de actividades económicas incluidas en las ayudas. Así, todas las empresas de prácticamente todos los CNAE podrán acogerse a ellas, a excepción del sector de entidades financieras y de seguros, y para Actividades de los hogares.
De este modo, se repescan aquellos sectores que hubieran podido quedar descuadrados en la anterior clasificación. Por lo tanto, las ayudas se hacen extensivas a todos los sectores de actividades productivas de las islas, a todas las empresas y a todos los empresarios autónomos.
Ampliación del plazo de solicitudes
Finalmente, y para dar margen a las empresas y autónomos a estudiar estos nuevos supuestos, la Mesa de Diálogo Social ha acordado ampliar quince días más la presentación de las solicitudes de ayudas. De este modo, el plazo se alarga hasta el 12 de julio. Se prevé que los primeros pagos se inicien a finales del mes de julio.
Posibilidad de justificar pérdidas
Además, la convocatoria ampliará los conceptos por los cuales una empresa o un autónomo podrá acogerse a las ayudas si cayó su facturación más de un 30% el 2020 respeto el año anterior, incluyendo como nuevo concepto la justificación de pérdidas en el periodo mencionado.
Este hecho tiene dos implicaciones. Por un lado, se amplían los conceptos y, por tanto, la cantidad del importe que podrán recibir los solicitantes que ya habían iniciado el trámite por deudas. Por otro lado, aquellos solicitantes que cumplían todos los requisitos de la convocatoria excepto el de tener deudas pendientes ahora sí que podrán perdir la ayuda.
De este modo, se da entrada a aquellos empresarios que cancelaron sus deudas con recursos propios y que hasta ahora se encontraban excluidos de la ayuda, flexibilizando así uno de los requisitos importantes de la convocatoria.
Para acceder a las ayudas justificando pérdidas, habrá que presentar un informe de auditoría para acreditar la solicitud, que se tendrá que presentar en la fase de justificación, una vez cobrada la ayuda.
Publicaciones al BOIB
Este sábado se publicará en el BOIB el inicio de modificación de la Orden referida a la ampliación de CNAE y a la ampliación del plazo de solicitudes. Así mismo, y después de las consultas técnicas al Ministerio de Economía, está en fase de redacción y supervisión jurídica la parte que incluye la acreditación de pérdidas para acceder en las ayudas, aspecto que se publicará la semana que viene en el BOIB.
5.202 solicitudes en 10 días
Como balance, en estos primeros 10 días desde la apertura del plazo para presentar las peticiones, el sistema telemático habilitado por la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) en la web ajutscovid.atib.es ha contabilizado 5.202 solicitudes, actualizadas a mediodía de hoy miércoles. La distribución por islas es: 3.819 en Mallorca, 594 en Menorca, 674 en Ibiza y 103 en Formentera. Además, se han recibido 12 solicitudes correspondientes a empresarios con domicilio fiscal fuera de las Islas y con establecimiento permanente en la Comunidad.
La línea de atención telefónica específica para esta convocatoria (971 678 444) ya ha atendido 3.700 consultas. Al correo electrónico (ajutscovid@atib.es) han llegado otras 2.400 peticiones de información, que ya ha sido contestadas.
Neus Lafuente, asesora de empresas de Moya & Emery, dedidcó el último consultorio jurídico de Ràdio Calvià FM a la Ley de Segunda Oportunidad: comentó dos novedosas sentencias al respecto de la misma, hizo referencia al reciente Congreso de Derecho Mercantil y Concursal celebrado en Palma la semana pasada en que participó y, por último, hizo un breve repaso de los requisitos exigibles para poder acogerse al mencanismo de 2ª oportunidad.
Los autónomos aún tienen dos semanas para subir o bajar su cuota de cara a este próximo verano, alterando su base de cotización antes del 30 de Junio.
Los autónomos tienen hasta el 30 de junio para cambiar su base de cotización, y así, subir o bajar su cuota de cara a este verano. Aunque todavía muchos no lo saben, los trabajadores por cuenta propia pueden modificar hasta cuatro veces al año la base por la que cotizan a la Seguridad Social y, de esta forma, adaptar sus aportaciones al momento en el que prevean que se van a encontrar en cada trimestre.
A expensas de la reforma que pretende llevar a cabo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que los autónomos coticen por sus ingresos reales -que debería pactarse con los agentes sociales en todo caso-, por el momento, el colectivo todavía puede decidir la base por la que cotiza entre la mínima -de 944,40 euros- y la máxima -de 4.070,10 euros-. Esto significa que los trabajadores por cuenta propia pueden solicitar una bajada o subida de su cuota y pasar a pagar entre 289 euros al mes y 1.245,45 euros, según les convenga en cada momento.
De cara a un verano, que se presenta todavía incierto y aún con muchas actividades que seguirán afectadas por la pandemia, podría ser una buena opción bajar la cuota de forma temporal si se prevén ingresos bajos durante los próximos meses para, después, subirla cuando el negocio empiece a recuperarse.
También podría suceder al contrario. Para aquellos autónomos de sectores que esperan grandes picos de ingresos en la época estival puede ser una buena idea subir la base de cotización mientras prevean mayor facturación para, de este modo, mejorar todas las prestaciones, tanto presentes -Incapacidad Temporal, cese de actividad…-, como futuras -jubilación, viudedad…-.
Hasta el 30 de junio para que los autónomos bajen o suban su cuota desde julio
Sea como sea, los autónomos tienen sólo hasta el 30 de junio para cambiar su base de cotización, si quieren que la modificación en su cuota tenga efectos de cara a este verano. Si cambiaran su base en este periodo, pasarían a pagar más o menos a la Seguridad Social desde el día 1 de julio.
Sin embargo, si el autónomo se demorara más allá del 30 de junio para efectuar el cambio de base, tendría que esperar hasta octubre para ver reflejada la modificación en su cuota mensual.
Esto es porque la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo aprobada el pasado enero de 2018, y que regula la posibilidad de hacer cuatro cambios anuales en la base de cotización, también fija determinadas fechas a partir de las cuáles el cambio entra en vigor. Éstas serían:
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, con efecto a partir del 1 de abril
Entre el 1 de abril y el 30 de junio, con efecto desde el 1 de julio
Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, con efecto a partir del 1 de octubre
Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, con efecto desde el 1 de enero del año siguiente
El cambio se debe realizar telemáticamente en la Sede Electrónica de la TGSS. Desde la página principal y a través de la pestaña “Afiliación e Inscripción”, el trabajador por cuenta propia debe acceder a “Cambio en la base de cotización de autónomos”.
Una opción para autónomos que no percibieron el cese de actividad hasta junio
Este cambio de base para disminuir la cuota podría ser interesante para autónomos de sectores que no están ligados a la época estival y siempre que no hayan solicitado hasta mayo, ni prevean solicitar hasta septiembre la prestación por cese de actividad. Cabe recordar que tanto los trabajadores por cuenta propia que vinieran percibiendo hasta el pasado mes esta ayuda, como los que la vayan a solicitar en los próximos meses no tendrán que pagar cuota, o sólo tendrán que abonar una pequeña parte de ella.
Aquellos autónomos que perciban cualquiera de las modalidades de cese de actividad -extraordinarias, POECATA…- tienen derecho, o bien a la exoneración de su cuota, o bien a que su mutua se la devuelva junto a la prestación, y en ninguno de los dos casos tendrían que pagar esos meses por sus cotizaciones.
Además de estas prestaciones, los autónomos que vinieran percibiendo el 31 de mayo de 2021 alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en el Real Decreto-Ley 2/2021, tendrán exento el pago de la cuota de autónomos con las siguientes cuantías: el 90% de la cuota de autónomos del mes de junio; el 75% de la cuota de autónomos del mes de julio; el 50% de la cuota de autónomos del mes de agosto; y el 25% de la cuota de autónomos del mes de septiembre.
Cuidado con la edad y con mantener bases bajas demasiado tiempo
También hay que tener en cuenta que la elección de la base de cotización está sujeta a unas determinadas edades, y no todos los autónomos pueden elegir cualquier importe. Según señalan desde la Seguridad Social “si el autónomo es menor de 47 años, podrá solicitar cualquier base de cotización comprendida entre las bases máxima y mínima permitidas para el Régimen. Si es mayor de 47 años sólo podrá solicitar una base máxima igual o inferior a la base máxima para mayores de 47 años”.
A pesar de que este año la base mínima es de 944,40 euros y la máxima de 4.070.10 euros mensuales, como norma general, aquellos que tengan más de 47 años deben saber que su cambio estará limitado entre los 1.018,50 y 2.077,80 euros al mes.
También cabe recordar que, si bien se permite modificar la base de cotización hasta cuatro veces al año, no es recomendable mantenerla demasiado baja durante mucho tiempo, ya que esto podría repercutir en el importe de algunas prestaciones, y especialmente de las que se pueden necesitar a corto plazo, ya que suelen tener en cuenta sólo los últimos años de cotización.
De este modo, mientras que bajar la cuota durante unos meses puede aliviar al autónomo en un momento puntual, mantenerla baja durante demasiado tiempo podría llegar a ser un inconveniente de cara a la jubilación, si el trabajador por cuenta propia se encuentra en los 25 años anteriores al retiro, ya que las bases de todos esos meses contarán para calcular el importe de la pensión.
Además, hay que tener en cuenta que los autónomos no están exentos de tener cualquier contingencia y, cotizando por la mínima, apenas si percibirían en una baja unos 570 euros mensuales a partir del cuarto día, y alrededor de 680 a partir del vigésimo primero. De ahí tocaría descontar lo que supone la cuota mensual de cotización (286,15 euros en 2020). Es decir, le quedarían apenas entre 280 y 380 euros para vivir mientras está de baja. Aunque gracias a las negociaciones de las organizaciones de autónomos con el Gobierno, éste eximió del pago de la cuota a los autónomos que estén dos meses o más de baja.
Estas fichas de procedimiento , disponibles para su consulta y descarga a través del documento facilitado por el SEPE (en formato powerpoint aquí o en formatopdf aquí) informan de manera general sobre situaciones que pueden afectar a las prestaciones por ERTE COVID-19.
Habrá que tener siempre en cuenta que la Dirección Provincial del SEPE correspondiente puede tener establecido otro mecanismo de comunicación o de tramitación que modifique o complemente lo expuesto aquí. Si ese fuera el caso tendría prevalencia lo que se haya comunicado desde la unidad administrativa provincial.
En el documento informativo disponible para su descarga podrás encontrar el siguiente índice de temas:
Índice temático
XML: Cuándo SÍ y cuándo NO enviar ficheros XML de períodos de actividad por certific@2.
SUBROGACIÓN: trabajadores de una empresa en ERTE que pasan a otra empresa.
TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS sin actividad a la fecha teórica de llamamiento (y 3 bis).
TRABAJADORES INDEFINIDOS A T/PARCIAL con trabajos en fechas ciertas y repetidas.
TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS con incorporación efectiva a la actividad – interrupciones.
TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS con medidas extraordinarias COVID-19 que finalizan campaña.
TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS: SÍNTESIS para la gestión de las prestaciones ERTE o FD por las empresas.
IT: ¿Quién abona y cómo se comunica la baja médica durante el ERTE?
IT: Información al SEPE por parte del trabajador que cae en baja médica.
BAJA de la prestación ERTE: cómo comunicar el fin del cobro de la prestación.
BAJA de la prestación ERTE: otras causas distintas de la reincorporación a la actividad.
BAJAS en la prestación ERTE COVID-19 – ejemplos de cómo comunicar la baja.
DÍAS FESTIVOS EN EL MES: cómo se comunican y quién los paga.
Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: continuidad de las prestaciones extraordinarias.
Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: diferencias de procedimiento ERTE FM y ETOP.
Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: comunicaciones para ERTE ETOP prorrogados.
La ministra de Trabajo reformará los contratos temporales para limitar su uso
El Gobierno destinará en los próximos siete años casi 5.000 millones a impulsar el empleo entre los jóvenes para luchar contra la alta tasa de paro que tiene este colectivo en España, la mayor de Europa, con casi cuatro de cada diez menores de 25 años en paro. El Consejo de Ministros aprobó el martes pasado el Plan de Garantía Juvenil Plus (PGJ+)para el periodo 2021-2027, dotado con 3.263 millones de euros, que garantiza a los inscritos una oferta de empleo o de formación antes de cuatro meses y les ofrece microcréditos sin avales para montar su propia empresa.
Además de la garantía juvenil, el Plan Estratégico Juventud Avanza dedicará otros 937 millones de euros a diversas inversiones para el empleo juvenil contempladas en el Plan de Recuperación, 600 millones a programas de formación con alternancia en el empleo y 150 millones al convenio con la Secretaría de Estado de Digitalización de Inteligencia Artificial. «Estamos ante la mayor inversión del Gobierno de España en la historia de la democracia para abordar el problema del desempleo juvenil, con una inversión que alcanza casi los 5.000 millones de euros», destacó en la rueda de prensa posterior al consejo la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que denunció que los jóvenes, por el mero hecho de serlo, no merecen sueldos y trabajos «indignos», sino todo lo contrario.
Para conseguir los objetivos de mejora de la empleabilidad y del emprendimiento de los jóvenes, el plan se sustenta sobre la orientación y el seguimiento personalizados de los usuarios en todas las actuaciones de apoyo; la formación dirigida a la adquisición de competencias y la mejora de la experiencia profesional teniendo en cuenta las necesidades de transformación del modelo productivo; la mejora de las oportunidades de empleo a través de incentivos dirigidos, especialmente, a las personas que necesiten una especial consideración; igualdad de oportunidades; emprendimiento y fomento de la iniciativa empresarial y mejora de la gestión.
Teléfono gratuito
Las personas inscritas en el plan de garantía juvenil tendrán una atención inmediata con el compromiso de que en un plazo máximo de cuatro meses hayan recibido una oferta de empleo o de formación que contará con un seguimiento especial en este período. Además, dispondrán de una línea de teléfono gratuita que permitirá resolver las dudas de la atención además de la disponibilidad de sistemas digitales complementarios.
Asimismo, con el objetivo de impulsar el emprendimiento, se concederán ayudas para afrontar el pago de cuotas a la Seguridad Social durante seis meses y también para la publicidad y transformación digital del negocio, además de formación en marketing digital y comercialización a las personas emprendedoras.
Pero no solo eso, sino que estas personas emprendedoras que no puedan acceder a un crédito ordinario podrán obtener financiación sin necesidad de avales a gracias al Programa emprende con microcréditos. Además de la aportación económica, las personas beneficiarias recibirán apoyo de orientación y asesoramiento tras la recepción del préstamo.
Golpe a los contratos temporales
Yolanda Díaz también advirtió que se realizará una reforma «de calado, estructural» para reducir el uso de los contratos temporales con una mayor justificación de las causas que permitan hacer este tipo de acuerdos laborales. «Solo se va a acudir a una modalidad temporal cuando exista una causa que lo justifique», ha defendido Díaz, quien ha dicho que el principio de contratación será la estabilidad, es decir, el indefinido. «Hay uso y abuso de ciertas modalidades contractuales», ha añadido en alusión a los contratos de obra y servicio, uno de los temporales más usados en España.
Díaz ha evitado concretar más sobre esta reforma, enmarcada en los objetivos comprometidos ante la Unión Europea, y que se debate junto a los agentes sociales. Según publica Expansión, el Gobierno quiere limitar la duración del contrato temporal por causas productivas a seis meses, o un año como máximo, si así lo establece el convenio sectorial.
Quiere obligar también a las empresas a explicar por escrito las causas, las circunstancias y la duración del contrato, y que incumplirlas suponga tener que hacer indefinido al trabajador.
Los autónomos sólo tienen hasta el próximo lunes 21 para solicitar las nuevas ayudas por cese de actividad y cobrar junio entero. De lo contrario, percibirían la prestación a partir del mes siguiente a su solicitud.
Los autónomos tienen hasta el lunes 21 de junio para solicitar las nuevas ayudas por cese de actividad y cobrar el mes entero. De lo contrario, empezarían a percibir la prestación y a estar exonerados de las cuotas desde el primer día del mes siguiente a su solicitud.
La diferencia entre hacer la solicitud antes de ese día o después sería dejar de percibir, al menos, un mínimo de 450 euros (el 70% de la base de cotización mínima, dependiendo de la modalidad), además de tener que pagar la cuota de junio. Así viene recogido en el Real Decreto Ley 11/2021, que regula las cinco nuevas modalidades de ayudas por cese de actividad y establece sus nuevas condiciones de acceso.
Como se ha venido haciendo en las anteriores prórrogas, la Seguridad Social da veinte días para que los autónomos prevean si van a tener caídas en sus ingresos y soliciten las nuevas ayudas, excepto la prestación extraordinaria por cierre, que se puede solicitar a partir de la fecha en la que la autoridad competente suspenda la actividad, y la exoneración de cotizaciones para aquellos que no soliciten ninguna prestación, que es automática.
Hasta el 21 de junio para solicitar el cese de actividad
Como ya avanzó este diario, las ayudas se articulan esta vez en cuatro prestaciones: dos para cubrir a los autónomos que esperan en los próximos meses una caída de ingresos y baja facturación, otra para casos en los que la autoridad sanitaria correspondiente les cierre el negocio, y una última para cubrir a los trabajadores por cuenta propia de temporada. Así mismo, y como novedad, se pone en marcha una exoneración en las cuotas hasta septiembre que, como ocurrió el verano pasado, será decreciente mes a mes y cubrirá a todos aquellos autónomos que, habiendo percibido el cese de actividad hasta mayo, no pidan las demás prestaciones.
A partir del pasado martes 1 de junio, los autónomos ya pueden solicitar una de las modalidades de prestación ante su mutua. Dependiendo de la prestación a la que tenga derecho el trabajador por cuenta propia, cambiará el procedimiento de solicitud.
Hay tres modalidades en las que es especialmente recomendable solicitar la ayuda antes del día 21, si se prevén caídas en la facturación o bajos rendimientos durante este verano.
Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia (POECATA)
A partir de junio, los autónomos que todavía conserven periodo contributivo -es decir, aquellos que lo hayan empezado a cobrar más tarde de octubre de 2020, o que cotizaran por cese antes de 2019, por ejemplo- podrán acceder de nuevo a la prestación compatible con la actividad hasta septiembre. Este cese de actividad será, una vez más, del 70% de la base de cotización del autónomo (661 euros, si cotiza por la mínima).
Si bien tanto ésta como las demás prestaciones se pueden solicitar en cualquier momento hasta su fecha de finalización (que es el 30 de septiembre), es recomendable que los autónomos que ya prevean que cumplirán los requisitos de caída de facturación y bajos rendimientos la soliciten a su mutua cuanto antes.
En caso de que el autónomo pida la prestación entre el día 1 y el 21 de junio de 2021, percibirá el dinero correspondiente a todo el mes de junio, además de que estará exento de pagar toda su cuota de este mes.
Sin embargo, si la solicita más allá del 21 de junio, se empezará a percibir el dinero ya no desde junio, sino desde el primer día del mes siguiente a la solicitud.
Prestación extraordinaria para aquellos que no puedan acceder a la POECATA
Como novedad, los autónomos que a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y no puedan causar derecho a la prestación compatible con la actividad (POECATA), podrán acceder a partir del 1 de junio de 2021 a la prestación de cese de actividad extraordinaria.
La cuantía de esta prestación extraordinaria será del 50% de la base mínima de cotización, y no de la base de cotización del autónomo. Es decir, sería, por norma general, de 460 euros fijos al mes.
En este caso se establecen las mismas fechas de solicitud que en la POECATA: hasta el 21 de junio para percibir el mes entero y beneficiarse de la exoneración de las cuotas correspondiente a junio. Si se solicita más allá, los autónomos beneficiar de esta modalidad desde el primer día del mes siguiente.
Prestación extraordinaria para autónomos de temporada
Por último, se vuelve a recoger una vez más en este decreto una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada. En este caso, al igual que con la POECATA y la prestación extraordinaria para autónomos que no cuentan con periodo contributivo suficiente, el trabajador por cuenta propia deberá rellenar el formulario de solicitud de la prestación y enviárselo a su mutua antes del 21 de junio para cobrar el mes entero.
Así, esta prestación podrá empezar a devengarse con efectos 1 de junio de 2021 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que se presente la solicitud entre el 1 y el 21 de junio. En caso contrario, los efectos quedan fijados al día primero del mes siguiente de la presentación de solicitud.
Dos excepciones: la exoneración de cuotas decreciente y el cese por cierre de actividad
Además de las anteriores prestaciones, los autónomos que vinieran percibiendo el 31 de mayo de 2021 alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en el Real Decreto-Ley 2/2021, tendrán exento el pago de la cuota de autónomos con las siguientes cuantías: el 90% de la cuota de autónomos del mes de junio; el 75% de la cuota de autónomos del mes de julio; el 50% de la cuota de autónomos del mes de agosto; y el 25% de la cuota de autónomos del mes de septiembre.
En este caso, no es necesario solicitar estas exoneraciones, sino que se aplicarán de oficio, siempre y cuando no se solicite ninguna de las demás prestaciones recogidas en el nuevo Real Decreto-Ley 11/2021.
Por otro lado, a partir del 1 de junio, aquellos autónomos que se vean obligados a suspender su actividad económica a consecuencia de las medidas restrictivas que adopte la autoridad competente, tendrán derecho a una prestación extraordinaria. Sin embargo, en este caso, la fecha límite para solicitar el cese de actividad y cobrar la prestación de todo el mes de junio ya no será el día 21. Sea cual sea el mes en el que se le obligue a cerrar, el trabajador por cuenta propia deberá presentar la solicitud en los primeros 21 días siguientes a la entrada en vigor de las medidas restrictivas si quiere percibir la prestación desde el primer día de la entrada en vigor de dichas medidas.
Un trabajador puede retirarse de forma anticipada voluntaria si cumple los requisitos de edad y cotización fijados por la ley
Cuanto antes mejor. Esto es lo que desean muchos trabajadores en España respecto a la jubilación. Y más en estos momentos en que se negocia una reforma de las pensiones que viene a traer aún más incertidumbre a quienes ven cerca su fecha de retiro.
Como definición, hay que recordar que la prestación por jubilación en su modalidad contributiva cubre la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando, alcanzada la edad establecida, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, poniendo fin a su vida laboral, o reduce su jornada de trabajo y su salario en los términos legalmente vigentes.
En 2021, la edad ordinaria de jubilación en España está establecida en 66 años para aquellos trabajadores que hayan cotizado menos de 37 años y tres meses; y en 65 años para quienes hayan cotizado 37 años y tres meses o más.
La jubilación anticipada se produce cuando el trabajador accede al retiro antes de la edad ordinaria legal, bien de forma voluntaria o forzosa. A fecha de junio de 2021, pueden acceder a esta modalidad de jubilación anticipada voluntaria los trabajadores, incluidos en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, que tengan cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad exigida que resulte de aplicación en cada caso.
Para tener derecho a la modalidad de jubilación anticipada ordinaria, hay que acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años. Del período de cotización, al menos dos años deberán estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o al momento en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar.
De esta forma, en 2021 pueden retirarse de forma voluntaria quienes:
Con 66 años hayan cumplido con los requisitos de cotización establecidos para acceder a una pensión contributiva (al menos 15 años). La cuantía de la prestación aumenta cuantos más años se haya cotizado.
Con 65 años cumplidos, hayan cotizado 37 años y tres meses o más. En este caso, se jubilan también con la edad legalmente establecida -no anticipada- y cobrarán el 100% de la prestación a la que tengan derecho.
Los trabajadores con 65 y 64 años que hayan cotizado más de 35 años y menos de 37 años y tres meses y deseen retirarse de forma anticipada, sufrirán una reducción de la cuantía de la prestación según los coeficientes legalmente establecidos.
Con 63 años cumplidos, pueden retirarse de forma anticipada quienes hayan cotizado 37 años y tres meses o más. En este caso sufrirán una reducción de la cuantía de la prestación según los coeficientes legalmente establecidos.
En caso de lograr una jubilación anticipada, hay que tener en cuenta que la cuantía de la prestación será diferente a la ordinaria. Para calcular el montante de la pensión habrá que aplicar un porcentaje reductor por cada trimestre que se haya adelantado el retiro. Ese coeficiente reductor oscila entre el 1,5% y el 1,875% por cada trimestre. La reducción depende de la cantidad de años cotizados. A mayor cotización, menor reducción.
Podíamos leer en elEconomista.es, haciéndose eco a su vez de la noticia publicada por Europa Press, que el despido será nulo (y dejará, por tanto, de ser considerado un despido improcedente, que es lo que ahora sucede) cuando el empresario extinga un contrato temporal sin causa justificada, según ha planteado el Gobierno en el borrador o propuesta presentada a los agentes sociales en el marco de las negociaciones de la reforma laboral. La consecuencia más importante de calificación de un despido como nulo es que conlleva la obligación de readmitir al trabajador de forma inmediata y, además, la obligación por parte del empleador de abonar los salarios atrasados. Además, se plantea que sólo cabrán los contratos temporales cuando existan picos en la demanda o vengan justificado por la necesidad de una sustitución.
El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales que el despido de los trabajadores con contrato de duración determinada sea considerado nulo, en lugar de improcedente, si dicho contrato no está debidamente justificado o no se ha realizado por escrito, y todo ello con independencia de la causa que alegue la empresa para extinguir la relación laboral.
Así figura en el borrador, con fecha 2 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa que aborda una parte de la reforma del mercado laboral, la referida a los contratos temporales, los convenios colectivos y la subcontratación.
La calificación de despido nulo de los contratados bajo una modalidad de duración determinada no justificada implicaría la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir.
Lo que hace el Ejecutivo en el borrador es proponer la adición de un nuevo apartado en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores en la parte relativa al despido nulo para el caso de los trabajadores que hayan suscrito un contrato de duración determinada no justificado.
El Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 8 de junio, contiene un conjunto de medidas de orientación personalizada a los jóvenes para dotarles de las habilidades y capacitación necesarias para su inserción laboral, destinado a menores de 30 años con escasa formación, pero también a quienes tienen una sobrecualificación.
Plan de Garantía Juvenil Plus
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para personas jóvenes que servirá de referencia para las entidades vinculadas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el mismo periodo. Este plan permitirá que la Unión Europea libere fondos del FSE+ destinados al empleo juvenil.
El Plan de Garantía Juvenil Plus tiene como objetivo mejorar la cualificación de las personas jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral. El Plan de Garantía Juvenil se inscribe en una inversión global, el Plan Estratégico Juventud Avanza, que agrupa el conjunto de acciones para el empleo juvenil y que destinará 4.950 millones a estos fines, la mayor cantidad destinada hasta el momento por un Gobierno para acciones de empleo juvenil.
Su elaboración cuenta con las aportaciones que las comunidades autónomas trasladaron en la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se celebró el 28 de abril, con el conocimiento del Diálogo Social y con la colaboración del Instituto de la Juventud y del Consejo de la Juventud.
Es también una herramienta fundamental para conseguir los ODS 5 y 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Pilares del Plan
Para conseguir los objetivos de mejora de la empleabilidad y del emprendimiento de las personas jóvenes, el plan se sustenta sobre la orientación y el seguimiento personalizados de las usuarias y usuarios en todas las actuaciones de apoyo; la formación dirigida a la adquisición de competencias y la mejora de la experiencia profesional teniendo en cuenta las necesidades de transformación del modelo productivo; la mejora de las oportunidades de empleo a través de incentivos dirigidos, especialmente, a las personas que necesiten una especial consideración; igualdad de oportunidades; emprendimiento y fomento de la iniciativa empresarial y mejora de la gestión.
Medidas del Plan de Garantía Juvenil Plus
Para promover la creación de oportunidades del empleo e incrementar la cualificación e inserción laboral de las personas jóvenes, dotándolas de más competencias profesionales, superando la brecha tecnológica y la segregación, el Plan de Garantía Juvenil Plus (2021-2027) incorpora, entre otras actuaciones, las siguientes medidas:
Flexibilidad y agilidad de la gestión: Para una orientación más efectiva, las personas inscritas en el plan tendrán una atención inmediata con el compromiso de que en un plazo máximo de cuatro meses hayan recibido una oferta de empleo o de formación que contará con un seguimiento especial en este periodo. Las personas interesadas dispondrán de una línea de teléfono gratuita que permitirá resolver las dudas de la atención además de la disponibilidad de sistemas digitales complementarios.
Un espacio virtual específico permitirá la formación y también la búsqueda y selección de ofertas de empleo.
Emprendimiento para personas jóvenes afectadas por la crisis sanitaria
La situación provocada por la crisis sanitaria del COVID-19 hace necesario apoyar de manera decidida el emprendimiento juvenil. Se impulsarán ayudas para afrontar el pago de cuotas a la Seguridad Social durante seis meses y también para la publicidad y transformación digital del negocio además de formación en marketing digital y comercialización a las personas emprendedoras.
Programa emprende con microcréditos: Permitirá obtener financiación, sin necesidad de avales, a personas emprendedoras que no puedan acceder a un crédito ordinario. Además de la aportación económica, las personas beneficiarias recibirán apoyo de orientación y asesoramiento tras la recepción del préstamo.
Refuerzo de la orientación: La red Re-Orienta recibirá un nuevo impulso y se promocionará la estabilidad profesional y la carrera profesional de las personas orientadoras. La calidad del sistema de orientación será objeto de evaluación.
La orientación dirigida a las personas jóvenes con responsabilidades familiares, especialmente mujeres cuyas cargas de cuidado no resultan visibles a menudo, reforzará la corresponsabilidad y acabar con los estereotipos de géneros. La formación en derechos laborales, el acceso a contratos formativos y la disposición de herramientas digitales serán algunos de los instrumentos para impulsar su integración en el mercado laboral.
La igualdad, la conciliación y la corresponsabilidad se fomentarán mediante diferentes actuaciones desde el ámbito de la orientación, en el marco de los Planes de Igualdad vigentes, el apoyo al estudio, al empleo y a las mujeres jóvenes en el medio rural que les permita mejorar su empleo y acceder a fórmulas de trabajo autónomo y emprendimiento.
Se adoptarán medidas para visibilizar el papel de las mujeres jóvenes en las profesiones STEM con acciones formativas específicas y también en el ámbito de la Responsabilidad Social de las Empresas.
Favorecer la formación: La prevención del abandono escolar retorno a la formación es fundamental para consolidar carreras profesionales y responder a las necesidades del mercado laboral. Los itinerarios personalizados priorizarán favorecer la reincorporación a la educación reglada de las personas que hayan abandonado el sistema educativo de manera prematura.
Primera experiencia profesional: Las personas inscritas en Garantía Juvenil podrán participar en el programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas que permitirá dotarse de experiencia y acceder a un empleo de calidad, un eje transversal del plan.
Reincorporación al mercado laboral: De las personas jóvenes que no buscan un empleo porque creen que no lo encontrarán. Los servicios públicos de empleo trabajarán desde una perspectiva local, mediante acciones coordinadas con los servicios sociales y de juventud para facilitar su integración en los servicios de orientación, en el Sistema Nacional de Empleo o bien en el sistema educativo.
Acciones de empleo para personas LGTBI: La discriminación asociada a la LGTBIfobia condiciona la integración laboral de este colectivo que dispondrá de un programa piloto de inserción sociolaboral para incorporar medidas específicas para erradicar situaciones discriminatorias.
Las personas orientadoras recibirán cualificación específica en este ámbito, se financiarán acciones de visibilización, en especial para favorecer las políticas de Responsabilidad Social Corporativa y se realizarán campañas de sensibilización en las empresas para facilitar que todas las personas puedan acceder al mercado laboral con independencia de su identidad sexual.
Migrantes: En el caso de las personas jóvenes migrantes se incidirá en la orientación y la inserción laboral.
Personas con discapacidad: El colectivo de jóvenes con discapacidad soporta tasas de paro, especialmente de larga duración, de inactividad y de riesgo de exclusión por encima de la media. Se incidirá en la cualificación específica de las personas orientadoras que atiendan este colectivo y se financiarán acciones que den visibilidad a la inclusión de este colectivo en el empleo y también las que permitan sensibilizar a las empresas.
Se reforzará el “Servicio Puente” con la contratación de preparadores laborales de apoyo para el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción para favorecer un empleo digno, de calidad y con autonomía personal.
Regeneración de espacios rurales y urbanos en declive: La recuperación de estos entornos abre una ventana de oportunidad para generar empleo juvenil. La orientación para la regeneración de espacios rurales y urbanos es una medida dirigida especialmente a jóvenes con iniciativa creativa que busquen llevar a cabo acciones con un fin principalmente social. Todo ello permitirá obtener un doble impacto: la creación de empleo y responder a demanda habitacional de personas vulnerables.
Las medidas de sucesión generacional en el ámbito rural están encaminadas a dar relevo generacional en empleos tradicionales
A través de la promoción de escuelas taller, talleres de empleo y programas mixtos de Empleo-Formación se incentivará la puesta en valor del patrimonio histórico, natural y cultural, la recuperación de oficios y generación de oportunidades laborales.
En los programas de Empleo-Formación se incluirá la experiencia profesional en las empresas de la zona de intervención, con especial atención a la formación y el empleo en el marco del turismo rural.
El programa Redes Taller Joven facilitará la movilidad dentro del territorio nacional en función de los intereses de las personas jóvenes con una ayuda específica que permitirá mejorar sus oportunidades.
Oportunidades en la transición económica: Economía circular, economía digital, energías renovables, transición ecológica y economía azul.
La economía digital es uno de los ejes fundamentales de transformación económica. Favorecer el acceso a la a tecnología y desarrollar habilidades digitales incide en la capacidad de relación social y también en la búsqueda y de acceso a las oportunidades laborales.
La formación en estas materias en los talleres de alfabetización digital incide de manera destacada en la inclusión de los colectivos más vulnerables. Estos talleres podrán contar con programas complementarios de búsqueda de empleo mediante herramientas informáticas. Se apoyarán las iniciativas orientadas a la reducción de las desigualdades económicas y sociales a través de la digitalización prestando especial atención al factor territorial.
En otra transición, hacia una economía sostenible y eficiente, la economía circular se perfila como un sector con gran demanda laboral con gran incidencia en los perfiles especializados en materias relacionadas con la tecnología y la investigación, características que comparten con las energías renovables o la transición ecológica, con fuerte potencial de creación de empleo. Un potencial que también se observa en el campo de la economía azul con oportunidades en materias como la logística portuaria y de transporte, recursos marinos, turismo o renovables de origen marino.
En estos ámbitos se llevará a cabo un mapa de oportunidades y necesidades en los diferentes territorios, desarrollar itinerarios integrales de empleo con programas de formación específicos.
El Plan de Garantía Juvenil Plus apoyará la estancia de las personas jóvenes en centros de investigación y empresas tecnológicas.
Escuelas profesionales duales: Permitirán conectar la Formación Profesional con el empleo mediante una oportunidad laboral real y remunerada en empresas y un acompañamiento personalizado de entre 12 y 18 meses de duración.
Escuelas de segunda oportunidad: Permitirán incrementar las oportunidades laborales de aquellas personas que abandonaron sus estudios a una edad temprana, adquiriendo formación en materias clave que permitan el acceso a la formación para obtener Certificados de Profesionalidad.
ANEXO. Tabla de inversiones
INICIATIVA
FONDOS DISPONIBLES
Plan GJ+ (2021-2027)
3.263 M€ en todo el periodo(A través del Fondo Social Europeo +)
Inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Otras inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
172 M€
Programas de Formación en alternancia del empleo
600 M€
Convenio con la Secretaría de Estado de Digitalización Inteligencia Artificia
150 M€
TOTAL
4.950 M €
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¿Crees que puedes ser destinatario de las medidas del Plan de Garantía Juvenil Plus pero tienes dudas? ¿Necesitas más información u orientación sobre las ayudas y programas específicos y cómo acceder a ellos? En 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 te ayudamos. Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮 (971728010) o 𝗖𝗮𝗹𝘃𝗶𝗮 (971132359) o a través del correo electrónico 𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆@𝗺𝗼𝘆𝗮𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆.𝗰𝗼𝗺
Ayer martes 8 de Junio tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre el Govern balear, el Ayuntamiento de Palma y el Consell Insular de Mallorca que permitirá conceder 11,5 millones de euros en ayudas económicas directas a los sectores económicos del municipio para contribuir a paliar las consecuencias de las restricciones motivadas por la pandemia.
El convenio firmado es parte del conjunto de medidas de acompañamiento para hacer frente a los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria que se aprobaron en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto para la Reactivación de las Illes Balears. Este paquete de medidas incluye la creación de un fondo de ayudas de 30 millones de euros para los sectores más afectados financiado conjuntamente entre el Govern, los ayuntamientos y los consejos insulares.
Ayudas
En total, se destinarán 11.503.644 euros a ayudas que beneficiarán al tejido empresarial de Palma y que están financiados a partes iguales por el Ayuntamiento, el Consell y el Govern. Cada institución aporta 3.834.548 euros.
Los 11,5 millones de euros se dividirán en hasta cinco convocatorias diferentes.
La primera de las convocatorias será de 7,8 millones de euros y se destinará a los sectores económicos afectados por la crisis de la COVID-19 para paliar su situación económica y garantizar su sostenimiento. La convocatoria la gestionará de forma directa el Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca Turisme. Una vez publicadas las bases Boletín Oficial de las Illes Balears, la solicitud es hará totalmente en línea desde la plataforma www.ajutsmallorca.com.
Se concederán ayudas directas a personas físicas y jurídicas que desarrollan su actividad económica en el municipio de Palma con menos de 20 trabajadores de media anual computando los diferentes centros de trabajo y con una facturación el 2019 inferior a un millón de euros, siempre que esta facturación haya disminuido durante el 2020 en una cantidad superior a un 20%. En el caso de hoteles y otros alojamientos, podrán solicitar la ayuda las empresas que tengan una plantilla máxima de 50 trabajadores.
La ayuda será de 2.000 euros por centro de trabajo o establecimiento, con un máximo de dos establecimientos por beneficiario (máximo: 4.000 euros). Además, se trata de ayudas compatibles con la percepción de cualquier otra subvención procedente de cualquier entidad del sector público o privado. En cuanto a los sectores beneficiarios, podrán solicitarlas los siguientes sectores:
comercio,
alimentación,
alojamiento,
agencias de viajes,
educación e investigación;
lavanderías,
tintorerías,
peluquerías y salones de belleza;
parques de recreo,
ferias
organización de congresos
recintos feriales.
Las cuatro convocatorias restantes las gestionará el Ayuntamiento. Las ayudas económicas se destinarán a los comercios, autónomos y sector de la restauración, que gestionará PalmaActiva (2,6 millones de euros); Cultura (600.000 euros), Participación (210.000 euros) y taxis (840.000 euros). Los 3,8 millones de euros municipales se complementarán con 400.000 euros del presupuesto propio. Por lo tanto, el Ayuntamiento otorgará ayudas por un importe de 4,2 millones.
Palma será uno de los 22 ayuntamientos de Mallorca para los cuales el Consell gestionará a través de ajutsmallorca.com las ayudas provenientes del fondo mixto de Consell, Govern y ayuntamientos. Otros 28 ayuntamientos convocan y tramitan las ayudas directamente.
Puedes descargar a través de los siguientes enlaces lanota informativa de prensa de la Presidencia del Govern balear, en formato pdf, tanto en catalán como en castellano.
En 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 te ayudamos en la tramitación de las ayudas a que da derecho este convenio si eres destinatario. Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮 (971728010) o 𝗖𝗮𝗹𝘃𝗶𝗮 (971132359) o a través del correo electrónico 𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆@𝗺𝗼𝘆𝗮𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆.𝗰𝗼𝗺
El pasado 29 de mayo se publicaron en el BOIB tras su aprobacion por por parte del Govern balear las bases de la convocatoria para las Islas Baleares de las 𝐀𝐘𝐔𝐃𝐀𝐒 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐀𝐒 𝐘 𝐀 𝐅𝐎𝐍𝐃𝐎 𝐏𝐄𝐑𝐃𝐈𝐃𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄𝐒𝐀𝐒 𝐘 𝐀𝐔𝐓Ó𝐍𝐎𝐌𝐎𝐒 que el Estado, a través del Real Decreto-Ley 5/2021, puso a disposición de los afectados por el coronavirus y que ascienden a 855 millones de Euros disponibles para su solicitud. El abogado y economista de 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 Nicolás Emery dedicó el consultorio jurídico de Radio Calvia FM de esta semana a tratar estas ayudas y los siguientes aspectos:
Beneficiarios o destinatarios de las ayudas
Período subvencionable y cronología del proceso
Requisitos generales para acceder a las ayudas
Obligaciones que comportan las ayudas para los perceptores
Casos especiales
Gastos a que se pueden dedicar las ayudas recibidas
Cómo deben pedirse las ayudas
Explicación del proceso de tramitación
Justificación de las ayudas
Tabla de CNAEs incorporados por el RD-L 5/2021 y por la CAIB
Si has sufrido una minoración de tu facturación que alcance un 30% o más en 2020 con respecto al año anterior, puedes recibir tu ayuda y, si te queda alguna duda, no te preocupes, en 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 te ayudamos en la tramitación de las ayudas que puedan pertenecerte. Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮 (971728010) o 𝗖𝗮𝗹𝘃𝗶𝗮 (971132359) o a través del correo electrónico 𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆@𝗺𝗼𝘆𝗮𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆.𝗰𝗼𝗺
¡Ya están aquí las ayudas para empresas y autónomos en las Islas Baleares y puedes recibir hasta 500.000 € a fondo perdido! El Estado ha dispuesto una importante partida de fondos y las Comunidades Autónomas son las encargadas de hacerlos llegar a empresas y trabajadores.
Si has sufrido una minoración de tu facturación que alcance un 30% o más en 2020 con respecto al año anterior, puedes recibir tu ayuda.
¿Tienes dudas? No te preocupes, en Moya & Emery te ayudamos en la tramitación de todas las ayudas que te pertenecen y lo hacemos todo por ti.
¿Quieres saber más de las ayudas? Mira este vídeo del socio y gerente de Moya & Emery, Nicolás Emery, explicando la norma balear que pone en marcha estas ayudas, sus destinatarios, las condiciones de su concesión, los plazos para solicitarlas.
Y no dudes en ponerte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma – 971728010 – o Calvià – 971132359 – o a través del correo electrónico emery@moyaemery.com
𝗡𝗲𝘂𝘀 𝗟𝗮𝗳𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 ya nos había avanzado en previos consultorios que una resolución judicial del pasado febrero condenó a pagar en concepto de indemnización a la compañía aseguradora de una empresa que había contratado un seguro y que había sufrido pérdida de beneficios o paralización de la actividad debido al COVID. Hoy la asesora de empresas de Moya & Emery ha vuelto al consultorio jurídico de @Radio Calvia FM para informar de cómo proceder para reclamar a nuestra compañía de seguros en casos similares, y ha respondido a preguntas tales como:
• ¿qué requisitos debe cumplir la póliza para poder reclamar?
• ¿qué cantidad tendremos derecho a reclamar?
• ¿qué respuesta han dado hasta ahora las aseguradoras al realizar una reclamación previa extrajudicial?
• ¿Por qué la Audiencia Provincial de Girona ha dado la razón a la empresa reclamante?
• ¿Se considera válida una limitación o renuncia de derechos recogida en una póliza?
También en este espacio jurídico radiofónico 𝗡𝗲𝘂𝘀 𝗟𝗮𝗳𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 ha podido hacer un repaso del mecanismo de la 𝗦𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮 𝗢𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱.
Desde el pasado día 14 de abril existe la obligación para las empresas de una correcta llevanza del REGISTRO SALARIAL, creado con el fin de acabar con la brecha salarial discriminatoria entre hombres y mujeres.
¿En qué consiste el registro salarial?
¿Cuál es el objetivo de instaurar este registro salarial? ¿A partir de cuándo es obligatorio tener dicho registro?
¿Quiénes están obligados a cumplimentarlo?
¿Con qué periodicidad se debe elaborar este registro salarial?
¿Qué colectivos de trabajadores se verán afectados por este registro salarial?
¿Cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo ese registro salarial o no justificar las diferencias detectadas en él?
¿Qué elementos debe contener el registro salarial?
Escucha la entrevista a la abogada especialista en Derecho laboral, Marga de Matos y encuentra respuesta a todas las preguntas acerca del nuevo registro salarial. Y si todavía te queda alguna, llámanos y concierta una cita con Moya & Emery.
