FUENTE: Artículo original de IBERLEY, de 24/11/2020.
Se publica en el BOE del 24 de noviembre la Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, por la que se modifica la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria.
Con entrada en vigor el 1 de enero de 2021 se publica en el BOE del 24 de noviembre de 2020 la Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, por la que se modifica la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo,
por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el
Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria.
Esta Orden tiene por objeto adaptar
el contenido y diseños de los Libros registro llevados a través de la
Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
a los cambios normativos y también para adecuarlo a las necesidades
asistenciales que se han puesto a disposición del sujeto pasivo
recientemente.
En consecuencia, en primer lugar, esta orden se hace necesaria para que, a partir del 1 de enero de 2021, pueda ser posible la llevanza de las operaciones a que se refiere el número 3.º del apartado 1 del artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
del libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias, a
través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria mediante el suministro electrónico de la información.
Esta modificación normativa tiene su origen en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero,
de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios
fiscales, el cual introdujo modificaciones en la normativa reguladora
del Impuesto sobre el Valor Añadido con la finalidad de proceder a la
incorporación al ordenamiento interno de la Directiva (UE) 2018/1910,
del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE
en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de
determinadas normas del régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido en
la imposición de los intercambios entre los Estados miembros.
En virtud del citado Real Decreto-ley, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
incorporó a nuestro ordenamiento interno las reglas armonizadas de
tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido de los denominados
acuerdos de venta de bienes en consigna. Esto es, los acuerdos
celebrados entre empresarios o profesionales para la venta
transfronteriza de mercancías, en las que un empresario (proveedor), o
un tercero en su nombre y por su cuenta, envía bienes desde un Estado
miembro a otro, dentro de la Unión Europea, para que queden almacenados
en el Estado miembro de destino a disposición de otro empresario o
profesional (cliente), que puede adquirirlos en un momento posterior a
su llegada.
Con el
objetivo de simplificar estas operaciones y reducir las cargas
administrativas de los empresarios y profesionales que realizan
aquellas, la nueva regulación establece que las entregas de
bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en
consigna darán lugar a una entrega intracomunitaria de bienes exenta en
el Estado miembro de partida efectuada por el proveedor, y a una
adquisición intracomunitaria de bienes en el Estado miembro de llegada
de los bienes efectuada por el cliente, cumplidos determinados
requisitos.
Entre los requisitos, se establece la obligación de que los empresarios y profesionales que participan en los acuerdos de ventas de bienes en consigna,
incluido en su caso el empresario o profesional que sustituya a aquel
al que inicialmente estaban destinados los bienes, anoten dentro del
libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias el envío o
recepción de los bienes comprendidos en un acuerdo de ventas de bienes
en consigna. Esta obligación registral se configura no únicamente como
un requisito formal sino como un requisito sustantivo, puesto que su
cumplimiento será necesario para la aplicación de la simplificación. En
este sentido, el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 del Consejo, de 4
de diciembre de 2018, ha modificado el Reglamento de Ejecución (UE)
282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011 para regular de forma
armonizada el registro de estas operaciones.
Siguiendo
esta línea, el Real Decreto-ley 3/2020 modificó el Reglamento del
Impuesto, para regular, dentro del libro registro de determinadas
operaciones intracomunitarias que deben llevar los sujetos pasivos del
Impuesto, los movimientos de mercancías y las operaciones derivadas de
un acuerdo de ventas de bienes en consigna.
No
obstante, para facilitar su cumplimiento y el desarrollo técnico
necesario para su aplicación, el registro de los envíos o recepciones de
los bienes comprendidos en un acuerdo de ventas de bienes en consigna
dentro del nuevo libro registro de determinadas operaciones
intracomunitarias a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria para los empresarios y profesionales
acogidos al suministro inmediato de información, se retrasó hasta el 1
de enero de 2021.
Con
el objeto de hacer posible que los empresarios y profesionales acogidos
al suministro inmediato de información puedan cumplir con las
obligaciones registrales derivadas de un acuerdo de ventas de bienes en
consigna a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a partir de 1 de enero de 2021, esta orden
aprueba las especificaciones funcionales de los elementos integrantes de
los mensajes XML de alta y modificación de los registros del libro
registro de determinadas operaciones intracomunitarias.
En segundo lugar, esta orden tiene por objeto introducir mejoras
de carácter técnico en las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el
Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
para ayudar al correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias
asociadas, principalmente relacionadas con la cumplimentación de las
autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido.
De este modo, se
añade en el libro registro de facturas recibidas una marca para
identificar, con carácter opcional, las cuotas soportadas por la
adquisición o importación de bienes de inversión.
También
en el libro registro de facturas recibidas, se introducen los campos
necesarios para que, en caso de que el contribuyente decida deducir el
Impuesto sobre el Valor Añadido soportado en un periodo posterior al de
registro pueda, con carácter opcional, indicarlo, así como el ejercicio y
periodo en que ejercitará el derecho a deducir.
Finalmente, esta orden establece que aquellas entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal y las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 20.Tres de la Ley 37/1992, que estén incluidas en el suministro inmediato de información, deberán informar de las adquisiciones de bienes o servicios al margen de cualquier actividad empresarial o profesional en los mismos términos que las mismas entidades deben informar en la declaración informativa anual sobre operaciones con terceras personas, modelo 347, cuando no están incluidas en el Suministro Inmediato de Información.
FUENTE: Artículo original de IBERLEY, de 24/11/2020.
La Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el marco de sus precisiones sobre la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, ha publicado también este documento en el que fija su criterio sobre el número máximo de titulares en el domicilio, la acreditación del propio domicilio y la determinación de la unidad de convivencia. Como siempre, Moya & Emery, lo pone a tu disposición para su consulta:
PREGUNTAS Y
RESPUESTAS QUE CABE EXTRAER DEL INFORME SOBRE EL ALCANCE DEL APARTADO 7 DEL
ARTÍCULO 6 DEL REAL DECRETO-LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE
EL INGRESO MINIMO VITAL, INTRODUCIDO POR EL REAL DECRETO-LEY 30/2020, DE 29 DE
SEPIEMBRE, DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO
1. Precisiones en relación con la consideración de domicilio conforme al artículo 6, punto 7, del RD-Ley 20/2020 a efectos de determinar el número máximo de dos titulares en un mismo domicilio que establece el artículo 5 punto 5 deI mismo:
El artículo 6.7 del RO-Ley 20/2020 dispone:
“7. Si en virtud de un contrato queda acreditado el uso
individualizado, por una persona sola o por
una unidad de convivencia, de una habitación en establecimiento
hotelero o similar, será considerado domicilio
a los efectos previstos en esta
norma.
Lo establecido en el párrafo anterior no
será aplicable a los pactos o acuerdos entre los convivientes sobre el uso del domicilio o de determinadas
zonas del mismo, sin contraprestación económica.”
Conforme a esta disposición, a efectos de determinar el número máximo de titulares en un misma. domicilio, hay que distinguir entre dirección (Calle, número, localidad, código postal … ) y domicilio, de tal forma que en una misma dirección puede haber varios domicilios independientes, si se acredita, mediante contrato· que contemple contraprestación económica o, de ser este verbal; mediante certificación del titular del establecimiento o vivienda, que la persona individual o unidad de convivencia solicitantes del IMV ocupan solamente una habitación o una parte concreta de la vivienda o establecimiento hotelero o similar.
Dentro del domicilio así acreditado es donde se limitará a dos el número máximo de titulares, conforme al artículo 5.5 del RD-Ley 20/2020.
2. Precisiones sobre la aplicación de lo dispuesto en el punto 3 del artículo 19 del RD-Ley 2012020 (Acreditación de requisitos), en relación con lo dispuesto en el punto 7 del artículo 6 del mismo.
El punto 3 del artículo 19 dispone que: “El domicilio en España se
acreditará con el certificado de
empadronamiento.”
Por
tanto, enprimer término,
y en todos los casos,
también en los contemplados en el punto 7 del artículo 6, el domicilio se
acreditará mediante el correspondiente
certificado de empadronamiento.
Una vez acreditado el empadronamiento
en la dirección que figure en la solicitud;
si se trata de un supuesto de los contemplados en el punto 7 del artículo 6, además, el solicitante (individual o unidad
de convivencia) deberá acreditar mediante el correspondiente contrato, en los
términos expuestos en el punto anterior, que su domicilio, a efectos de lo dispuesto en
el RO-Ley 20/2020, se localiza en una habitación o zona concreta de la
vivienda o establecimiento hotelero o similar.
3. Precisiones
sobre la determinación de la unidad de convivencia en relación con las
previsiones del punto 7 del artículo 6 del RD-Ley 20/2020.
En los supuestos contemplados en el punto 7 del artículo 6, es decir, aquellos en los que se acredite debidamente que el solicitante ocupa una habitación o zona concreta en un establecimiento hotelero o similar, a cambio de una contraprestación económica, dicho espacio será considerado su domicilio a los efectos de determinar la unidad de convivencia de la que, en su caso, forma parte.
Se ha publicado por parte de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este documento que hace referencia, en el marco del INGRESO MÍNIMO VITAL, al requisito de vivir de forma independiente en las unidades de convivencia que sufran variaciones antes, durante o después de la solicitud de la prestación y desde Moya & Emery lo ponemos a tu disposición a continuación:
PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE CABE EXTRAER DEL
“INFORME SOBRE EL REQUISITO DE VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 7.2 DEL REAL DECRETO LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL INGRESO MÍNIMO VITAL, EN LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA QUE SUFREN VARIACIONES ANTES,
DURANTE O DESPUÉS DE LA SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN.”
Requisito
de haber vivido de forma independiente.
El artículo 7 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29
de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (IMV), en la nueva
redacción dada por el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas
sociales en defensa del empleo, dispone:
“2. Las personas beneficiarias a las
que se refiere el artículo 4.1.b), que sean menores de 30 años en la fecha de
la solicitud del ingreso mínimo vital, deberán acreditar haber vivido de forma
independiente en España, durante al menos los tres años inmediatamente
anteriores a la indicada fecha.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá
que una persona ha vivido de forma independiente siempre que acredite que su
domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante
los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en dicho periodo
hubiere permanecido durante al menos doce meses, continuados o no, en situación
de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad
Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, o en una mutualidad de
previsión social alternativa al Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.
Las personas beneficiarias a las que se refiere el
artículo 4.1.b), que sean mayores de 30 años en la fecha de la solicitud, deberán
acreditar que, durante el año inmediatamente anterior a dicha fecha, su
domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores.
Los requisitos previstos en los párrafos
anteriores no se exigirán a las personas que por ser víctimas de violencia de
género hayan abandonado su domicilio habitual, a las que hayan iniciado los
trámites de separación o divorcio o a las que se encuentren en otras
circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.
(…)
4. Los requisitos relacionados en los apartados
anteriores deberán cumplirse en el momento de presentación de la solicitud o al
tiempo de solicitar su revisión, y
mantenerse al dictarse la resolución y durante el tiempo de percepción del
ingreso mínimo vital.”
El requisito del artículo 7.2 de “haber
vivido de forma independiente”, conlleva 2 exigencias:
haber vivido de forma independiente en España en
un domicilio distinto al de los progenitores, tutores o acogedores durante los
3 años inmediatamente anteriores a la solicitud del IMV,
y, además, haber permanecido en situación de alta
12 meses, continuados o no, dentro de dicho periodo.
A las
unidades de convivencia unidas con vínculo de parentesco no se les exige el
requisito de “haber vivido de forma independiente”.
El
requisito de “haber vivido de forma independiente” tampoco se exige a los
mayores de 30 años. A éstos sólo se les exige acreditar que su domicilio en
España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores 1 año
inmediatamente anterior a la solicitud del IMV.
No se
exigirá el requisito de “haber vivido de forma independiente”, aunque el
solicitante sea menor de 30 años, en los siguientes casos:
personas que por ser víctimas de violencia de
género hayan abandonado su domicilio habitual.
Personas que hayan iniciado los trámites de
separación o divorcio.
personas que se encuentren en otras circunstancias
que puedan determinarse reglamentariamente.
Dicho
requisito sí se exige a los menores de 30 años que viven solos o que comparten
domicilio con una unidad de convivencia en la que no están integrados (no tienen
vínculo de parentesco).
2. Cuando se exige haber vivido de forma independiente cuando las unidades de convivencia con vínculo de parentesco se extinguen por el fallecimiento de alguno de sus integrantes, quedando éste como único beneficiario.
Si el
fallecimiento de uno de los integrantes de la unidad de convivencia provoca que
la misma deje de existir por quedar una persona sola, no se exige al miembro
supérstite haber vivido de forma independiente.
Tampoco
se exigirá al miembro supérstite haber vivido de forma independiente si la
unidad familiar ya hubiese solicitado el IMV y su reconocimiento se encontrase
en trámite.
Si no
hubiese llegado a solicitarse el IMV por la unidad de convivencia cuando tiene
lugar el fallecimiento, sí procede exigir al único solicitante del IMV los
requisitos de acceso a la prestación que se exigen a los beneficiarios
individuales, entre ellos el de haber vivido de forma independiente.
Madrid, a 6 de noviembre de 2020
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA
Las empresas o autónomos que soliciten la ampliación de
plazos no deberán estar en mora ni incursos en procedimientos
concursales
Las entidades financieras garantizarán que no se producen
incrementos injustificados en los tipos de interés, ni exigirán la
contratación de productos vinculados
Para favorecer la recuperación y el mantenimiento de
empresas viables, se amplía el alcance temporal de algunas medidas
aprobadas en materia concursal
Se incentiva el desarrollo de los mercados de financiación
alternativa, elevándose el umbral de capitalización para que una
empresa pueda seguir en el mercado de capitales de Pymes
Se extiende a 2021 la posibilidad de celebrar por medios
electrónicos o telemáticos las juntas generales o las asambleas de
asociados
Se prorroga el IVA del 0% para la compra de determinados
productos sanitarios por parte de hospitales y se rebaja el IVA de las
mascarillas al 4%
Se modifica la Ley del Mercado de Valores para que el
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el
vicepresidente y los consejeros no natos puedan continuar en el
ejercicio de sus funciones hasta el nombramiento de quienes les sucedan
El
Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas
urgentes para apoyar la liquidez y la solvencia de empresas y
trabajadores autónomos, con la adopción de nuevas medidas en los ámbitos
financiero y concursal.
Con el objetivo de que puedan seguir
disponiendo de la financiación adecuada para cubrir sus necesidades de
liquidez o realizar sus proyectos de inversión, se amplía hasta el 30 de
junio el plazo de concesión de las dos Líneas de hasta 140.000 millones
de avales públicos gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial
(ICO).
Las empresas y autónomos que lo soliciten y que cumplan con
los criterios de elegibilidad (fundamentalmente, no estar en mora ni
incursas en procedimiento concursal) podrán disponer de una ampliación
en el vencimiento de los préstamos de la Línea de Avales del ICO para
liquidez de hasta tres años adicionales, con un máximo de ocho años,
desde los cinco actuales. Adicionalmente, podrán gozar de un plazo
adicional de carencia en el pago del principal de 12 meses, siempre y
cuando la carencia total no supere los 24 meses.
Más del 73% de
las operaciones concedidas con cargo a la línea de liquidez tienen un
plazo de entre 4 y 5 años, según los datos disponibles hasta el 31 de
octubre.
Asimismo, las entidades financieras no podrán
incrementar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la
contratación de productos vinculados y habrán de mantener las líneas de
circulante hasta el 30 de junio de 2021 para los clientes que cumplan
los criterios de elegibilidad y cuenten con un préstamo avalado al
amparo de alguna de las dos Líneas de Avales de ICO.
Las entidades financieras aprobarán la ampliación de los plazos a solicitud del cliente en un máximo de 30 días.
A
partir de la entrada en vigor de estos cambios, todas las operaciones
de financiación garantizadas con aval del ICO contarán con un plazo de
amortización que puede llegar a los ocho años. Se igualan así las
características de la Línea de Avales aprobada en marzo con la de la
Línea de Avales para inversión y liquidez, que se aprobó en julio, y que
ya tenía ese plazo máximo.
Se prevé, asimismo, una rebaja de
hasta el 50% de los aranceles notariales y registrales correspondientes a
las operaciones relativas a la extensión de los plazos.
Menos cargas financieras
Con las
modificaciones aprobadas se alivia de manera notable la carga financiera
de autónomos y empresas que lo necesiten, de forma que puedan disponer
de más tiempo para recuperar su actividad empresarial y hacer frente a
sus obligaciones financieras.
Por ejemplo, para el crédito medio
concedido en el sector de bienes de consumo y comercio al por menor
(operación de 77.500 euros con un tipo del 2,5%) y que tuviera un plazo
de devolución de tres años y ya hubiera agotado el periodo de carencia,
el cliente, al tener 12 meses de carencia y extender tres años el plazo
de devolución, pasaría de pagar 2.667 euros de cuota mensual a abonar
161 euros los próximos 12 meses y 1.518 a partir de entonces.
En
el ámbito de turismo, ocio y cultura, en el que el crédito medio
concedido tiene un importe de 100.270 euros al 2,2%, con un plazo de
devolución de cinco años y que contara con 12 meses de carencia, el
cliente mantendría su cuota durante un año adicional en 183 euros y, al
extender el plazo de devolución en tres años más, una vez finalizada la
carencia vería reducida su cuota de 2.184 a 1.487 euros.
En el
crédito tipo del sector de la industria de alimentación y bebidas, con
un plazo de devolución de cuatro años, un importe de 270.600 euros y una
cuota del 2,1%, la extensión del plazo de devolución en otros tres
ejercicios y la introducción de 12 meses de carencia permitiría bajar la
cuota mensual de 6.688 a 473 euros durante un año y, a partir de
entonces, situarla en 4.344 euros.
Con datos a cierre del pasado
mes de octubre, los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes
de consumo, y el de industria textil y moda, junto al comercio al por
menor de estos ámbitos, concentran 274.000 operaciones, casi un tercio
de los créditos concedidos, por lo que estas medidas pueden ayudar de
manera notable a proteger la solvencia de los autónomos y empresas
vinculados a los mismos.
Medidas adicionales
Asimismo, para reforzar
las medidas de apoyo a la liquidez y ampliar su alcance, podrán
beneficiarse de los avales de la Línea de 40.000 millones de euros para
liquidez e inversión aprobada en julio los pagarés incorporados al
Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). De esta forma se fomenta el
mantenimiento de las fuentes de liquidez proporcionadas por los mercados
de capitales, como alternativa a la financiación bancaria.
Estas
medidas son adicionales a las ya aprobadas en las últimas semanas por la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para reforzar la
solvencia y la financiación empresarial, en particular para apoyar a
las empresas exportadoras a través de la Compañía Española de Seguros de
Crédito a la Exportación (CESCE).
En primer lugar, se ha creado
una línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante dotada
con 1.000 millones de euros, dando así continuidad a la línea del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. En segundo lugar, se ha ampliado en
100 millones de euros la línea especial de avales y circulante para PYME
y empresas no cotizadas. Y, finalmente, se ha creado una nueva línea de
cobertura de avales para empresas cotizadas, por un importe de 1.000
millones de euros de euros y con vigencia temporal hasta diciembre de
2021.
Medidas en el ámbito concursal
El RDL
establece también otras medidas para apoyar la solvencia, recuperación y
mantenimiento de las empresas viables, evitando así el posible impacto
sobre la continuidad de la actividad económica y la estabilidad
financiera generado por el desencadenamiento automático de procesos de
liquidación derivados de la caída transitoria de los ingresos por la
situación excepcional generada por la pandemia sanitaria. Con este
objetivo, se amplía el alcance temporal de algunas medidas aprobadas en
materia concursal.
De forma específica, se extiende hasta el 14 de
marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del
concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a
trámite las solicitudes de concurso necesario presentado por los
acreedores.
También se amplía el alcance temporal de las medidas
de inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento
de convenio que presenten los acreedores y de las solicitudes de
incumplimiento de acuerdo de refinanciación.
Estas medidas
permitirán evitar el concurso de empresas que, en condiciones de
normalidad, serían viables, proporcionándoles un tiempo adicional para
su recuperación o para la negociación con sus acreedores.
Por otra
parte, se eleva de 500 a 1.000 millones de euros el umbral de
capitalización recogido en la Ley del Mercado de Valores a partir del
cual una empresa está obligada a solicitar que la negociación de sus
acciones pase de realizarse exclusivamente en un mercado de Pyme en
expansión a hacerlo en un mercado regulatorio. De este modo se incentiva
el desarrollo de los mercados de financiación alternativa.
Adicionalmente,
se amplía el plazo de vigencia durante el ejercicio 2021 para que las
juntas generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios
electrónicos, cuando no esté previsto en sus estatutos.
En
relación con el régimen de autorización previa de inversiones
extranjeras, se aclaran los sectores estratégicos en los que se requiere
autorización para llevar a cabo una inversión. Asimismo, de forma
temporal hasta el 30 de junio de 2021, se incluyen en el régimen de
autorización previa las inversiones extranjeras directas realizadas por
residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación
Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en
sociedades no cotizadas si la inversión es superior a 500 millones de
euros.
Con el fin de garantizar la continuidad de las
instituciones en tanto se produce el proceso de renovación, se prevé
que, tras la finalización del mandato del presidente, vicepresidente y
consejeros no natos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), éstos puedan continuar en el ejercicio de sus funciones hasta el
nombramiento de sus sucesores.
Finalmente, mediante este Real Decreto-Ley se prorroga la rebaja al 0% del IVA aplicable a la compra de determinados productos sanitarios por parte de hospitales y se rebaja el IVA de las mascarillas del 21% al 4% y se adoptan una serie de disposiciones para la transposición de la normativa comunitaria en materia energética.
La abogada de Moya & EmeryMarga de Matos estuvo ayer en los estudios de Radio Calvià FM para explicarnos el concepto de despido, decirnos qué modalidades de despido hay (despido disciplinario, despido objetivo, colectivo) contarnos las implicaciones que tienen cada uno de ellos, tanto para la empresa como para el trabajador o trabajadores que lo sufran, mostrarnos las diferentes calificaciones que pueden tener los despidos (procedente, improcedente o nulo) y, por último, volver a explicar las obligaciones de mantenimiento del empleo para las empresas acogidas a ERTE (y sus nuevas modalidades) y las implicaciones que tiene no cumplir con la obligación de mantenimiento del empleo que conllevan, en concreto sobre la calificación del despido.
Consulta Vinculante V2239-20, de 1 de julio de 2020 de la
Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Deducción de cuotas soportadas. Acreditación. La sociedad interesada ha recibido liquidación provisional por parte de la Agencia Tributaria no admitiendo la deducción de las cuotas soportadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al arrendamiento de una vivienda, al no considerarse el mismo afecto a la actividad empresarial. La vivienda ha sido arrendada por la sociedad para alojar a trabajadores desplazados por motivos laborales. Respecto a la forma de documentar el arrendamiento en cuestión, a efectos de probar su afectación a la actividad empresarial o profesional de la interesada, como ya se ha señalado esta circunstancia deberá probarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, según dispone el artículo 106 de la Ley General Tributaria. En todo caso, la competencia para la valoración de los medios de prueba aportados por la consultante corresponde a los órganos de Gestión e Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sin que este Centro directivo pueda pronunciarse sobre la validez preferente de unos u otros
DESCRIPCIÓN
La sociedad consultante ha recibido
liquidación provisional por parte de la Agencia Tributaria no admitiendo la
deducción de las cuotas soportadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido
correspondientes al arrendamiento de una vivienda, al no considerarse el mismo
afecto a la actividad empresarial. La vivienda ha sido arrendada por la
sociedad consultante para alojar a trabajadores desplazados por motivos
laborales.
CUESTIÓN
Forma de documentar el
mencionado arrendamiento de forma o medios de prueba que se deben aportar en
caso de futuros requerimientos por parte de la Administración, para demostrar
la afectación a la actividad empresarial y poder deducir las cuotas soportadas
por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
A estos efectos el artículo
93.Cuatro de la Ley del Impuesto dispone que:
“Cuatro.
No podrán ser objeto de deducción, en ninguna medida ni cuantía, las cuotas
soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o
servicios efectuadas sin la intención de utilizarlos en la realización de
actividades empresariales o profesionales, aunque ulteriormente dichos bienes o
servicios se afecten total o parcialmente a las citadas actividades.”.
Por
su parte, el artículo 94.Uno.1º del mismo texto legal establece que:
“Uno.
Los sujetos pasivos a que se refiere el apartado uno del artículo anterior
podrán deducir las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido comprendidas en
el artículo 92 en la medida en que los bienes o servicios, cuya adquisición o
importación determinen el derecho a la deducción, se utilicen por el sujeto
pasivo en la realización de las siguientes operaciones:
1º.
Las efectuadas en el ámbito espacial de aplicación del impuesto que se indican
a continuación:
a)
Las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
b)
Las prestaciones de servicios cuyo valor esté incluido en la base imponible de
las importaciones de bienes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de
esta Ley.
c)
Las operaciones exentas en virtud de lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23,
24 y 25 de esta ley, así como las demás exportaciones definitivas de bienes
fuera de la Comunidad que no se destinen a la realización de las operaciones a
que se refiere el número 2º de este apartado.
Los
servicios prestados por agencias de viaje que estén exentos del impuesto en
virtud de lo establecido en el artículo 143 de esta Ley.”.
En el
presente supuesto el consultante afirma la afectación a su actividad
empresarial del arrendamiento de vivienda a que se refiere la consulta. Ésta es
una cuestión de hecho que deberá acreditar por cualquiera de los medios
admitidos en Derecho, cuya carga incumbe a la misma de acuerdo con lo señalado
en esto en materia de prueba en la Sección 2º del capítulo II del título III de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, (BOE del 18), en particular lo señalado en su
artículo 105.1 según el cual quien haga valer su derecho deberá probar los
hechos constitutivos del mismo.
“Uno.
Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o
satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no
se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.
Dos.
No se entenderán afectos directa y exclusivamente a la actividad empresarial o
profesional, entre otros:
1º.
Los bienes que se destinen habitualmente a dicha actividad y a otras de naturaleza
no empresarial ni profesional por períodos de tiempo alternativos.
2º.
Los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades
empresariales o profesionales y para necesidades privadas.
3º.
Los bienes o derechos que no figuren en la contabilidad o registros oficiales
de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo.
4º.
Los bienes y derechos adquiridos por el sujeto pasivo que no se integren en su
patrimonio empresarial o profesional.
5º.
Los bienes destinados a ser utilizados en la satisfacción de necesidades
personales o particulares de los empresarios o profesionales, de sus familiares
o del personal dependiente de los mismos, con excepción de los destinados al
alojamiento gratuito en los locales o instalaciones de la empresa del personal
encargado de la vigilancia y seguridad de los mismos, y a los servicios
económicos y socio-culturales del personal al servicio de la actividad.
Tres.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las cuotas soportadas por
la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de
los bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de
la actividad empresarial o profesional podrán deducirse de acuerdo con las
siguientes reglas:
1ª.
Cuando se trate de bienes de inversión distintos de los comprendidos en la
regla siguiente, en la medida en que dichos bienes vayan a utilizarse
previsiblemente, de acuerdo con criterios fundados, en el desarrollo de la
actividad empresarial o profesional.
2ª.
Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques,
ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la
actividad empresarial o profesional en la proporción del 50 por ciento.
(…).
3ª.
Las deducciones a que se refieren las reglas anteriores deberán regularizarse
cuando se acredite que el grado efectivo de utilización de los bienes en el
desarrollo de la actividad empresarial o profesional es diferente del que se
haya aplicado inicialmente.
La
mencionada regularización se ajustará al procedimiento establecido en el
Capítulo I del Título VIII de esta Ley para la deducción y regularización de
las cuotas soportadas por la adquisición de los bienes de inversión,
sustituyendo el porcentaje de operaciones que originan derecho a la deducción
respecto del total por el porcentaje que represente el grado de utilización en
el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.
4ª.
El grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o
profesional deberá acreditarse por el sujeto pasivo por cualquier medio de
prueba admitido en derecho. No será medio de prueba suficiente la
declaración-liquidación presentada por el sujeto pasivo ni la contabilización o
inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los registros
oficiales de la actividad empresarial o profesional.
(….).”.
En
virtud de lo dispuesto en este artículo para que se genere el derecho a la
deducción de cuotas soportadas por la adquisición de bienes o recepción de
servicios se precisa, en principio, que la afectación a la actividad
empresarial sea directa y exclusiva. No obstante, se admite la afectación
parcial cuando sea un bien de inversión el objeto de la adquisición,
importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título.
En
cuanto al modo de acreditar este grado de afectación por el consultante, además
de lo previsto en la ya citada Ley General Tributaria, deberá tenerse en
cuenta que a estos efectos será válido cualquier medio admitido en Derecho,
pero no será prueba suficiente la declaración-liquidación presentada por el
propio sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes
bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad empresarial, sin
perjuicio de que esta anotación sea otra condición necesaria para poder
ejercitar el derecho a la deducción.
3.-
Por último, en cuanto a la forma de documentar el arrendamiento objeto de
consulta, a efectos de probar su afectación a la actividad empresarial o
profesional de la consultante, como ya se ha señalado esta circunstancia deberá
probarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, según dispone
el artículo 106 de la Ley General
Tributaria.
En
todo caso, la competencia para la valoración de los medios de prueba aportados
por la consultante corresponde a los órganos de Gestión e Inspección de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, sin que este Centro directivo
pueda pronunciarse sobre la validez preferente de unos u otros.
Consulta Vinculante V2295-20, de 7 de julio de 2020 de la Subdirección
General de Impuestos sobre la Renta de las Personas físicas
DESCRIPCIÓN
El consultante, persona física mayor de 70 años
y farmacéutico titular de una oficina de farmacia, está acogido a la jubilación
activa cobrando el 50 por ciento de la pensión de jubilación desde hace más de
tres años. Dado que su deseo es retirarse definitivamente, se está planteando
donar su negocio a su hijo que también es farmacéutico.
Exención
en el IRPF de la donación de un negocio por el titular a su hijo
En primer lugar, debe indicarse que el
análisis de la tributación de la transmisión de un negocio de farmacia requiere
distinguir entre existencias y elementos de inmovilizado. Por lo que respecta a
las primeras, la donación supondrá la obtención de un rendimiento íntegro de la
actividad económica de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre). En
lo que respecta a la valoración del rendimiento obtenido, el artículo 28.4 de
la citada Ley señala que se atenderá al valor normal en el mercado de los
bienes o servicios objeto de la actividad, que el contribuyente ceda o preste
de forma gratuita o destine al uso o consumo propio.
En cuanto al inmovilizado, tanto material
como intangible, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 28.2 de la
Ley del Impuesto, según el cual “para la determinación del rendimiento
neto de las actividades económicas no se incluirán las ganancias o pérdidas
patrimoniales derivadas de elementos patrimoniales afectos a las mismas, que se
cuantificarán conforme a lo previsto en la sección 4ª del presente
capítulo”.
Por tanto, por lo que se refiere al
inmovilizado, la donación generará en el donante una ganancia o pérdida
patrimonial, cuyo importe vendrá determinado por la diferencia entre los
valores de adquisición y transmisión del elemento que se transmite, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Impuesto, valores que vienen
definidos en los artículos 35 y 36 del mismo texto legal.
Si de esta cuantificación resultase una
ganancia patrimonial, su importe se deberá integrar en la base imponible del
ahorro, conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Ley del Impuesto.
Si, por el contrario, resultase una pérdida
patrimonial, no se computaría a efectos del IRPF, al establecer el artículo
33.5.c) de la misma Ley que no se computarán como pérdidas patrimoniales las derivadas
de transmisiones lucrativas por actos ínter vivos o liberalidades.
No obstante, el artículo 33.3 de la Ley del
Impuesto señala que:
“3. Se estimará que no existe ganancia o
pérdida patrimonial en los siguientes supuestos:
Los elementos patrimoniales que se afecten
por el contribuyente a la actividad económica con posterioridad a su adquisición
deberán haber estado afectos ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco
años anteriores a la fecha de la transmisión.”
El apartado 6 del artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, establece una reducción en la base imponible de dicho
Impuesto por la transmisión “ínter vivos”, en favor del cónyuge y
determinados parientes, de una empresa individual, un negocio profesional o de
participaciones en entidades del donante a los que sea de aplicación la
exención a la que antes se ha hecho referencia regulada en el apartado octavo
del artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio y que cumplan
determinados requisitos.
Por tanto, en la medida en que se cumplan los
requisitos establecidos en este último artículo, con independencia de que el
donatario aplique o no la referida reducción, se estimará la inexistencia de
ganancia o pérdida patrimonial para el donante como consecuencia de la
transmisión del inmovilizado afecto al negocio donado, siendo irrelevantes a
dichos efectos los requisitos que establezca la normativa autonómica.
Por último, en lo que respecta a la
incidencia de la jubilación, sea parcial o total, en la aplicación de los
beneficios fiscales previstos en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y,
en definitiva, en la presunción de inexistencia de ganancia o pérdida
patrimonial conforme al artículo 33.3.c) de la Ley 35/2006, cabe
resaltar, al respecto, que el Tribunal Supremo, en Sentencias de 12 de marzo y
10 de junio de 2009, ha declarado que la existencia de pensión de jubilación es
cuestión ajena a la normativa tributaria por lo que, si concurren los
requisitos legales establecidos para el beneficio tributario, la percepción de
aquella no es obstáculo para la procedencia de éste.
Las responsabilidades que pueden recaer sobre los empresarios en caso de omisión de las medidas de prevención y protección de los trabajadores frente al contagio por Covid-19 son variadas, por ejemplo, pueden causar responsabilidades administrativas.
En concreto, el RD Legislativo 5/ 2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social prevé como infracción grave el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales si este incumplimiento crea un riesgo grave para la salud de los trabajadores.
Las consecuencias derivadas de un contagio por coronavirus pueden llegar a ser muy graves, por lo que, si el trabajador acredita que el contagio se ha producido en el centro de trabajo como consecuencia de la omisión de las medidas de seguridad, podría derivarse para el empresario una infracción de carácter muy grave que, si se denunciara a la Inspección de Trabajo, daría lugar a la imposición de una sanción administrativa, con la multa proporcionada a la gravedad de los hechos.
El RD-Ley 21/2020, de 9 de junio, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge las principales medidas que tendrían que adoptarse en los centros de trabajo para los trabajadores que realizan su trabajo de forma presencial y el RD- Ley 26/2020, de 7 de julio de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, habilitó de forma especial y extraordinaria a la Inspección de Trabajo y a los funcionarios autonómicos para la realización de labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales (vigilancia, requerimientos y propuestas de sanciones ante los eventuales incumplimientos empresariales).
Estas sanciones no agotan otras responsabilidades laborales exigibles en el ámbito de la Ley General de Seguridad Social, por ejemplo si un trabajador sufre un perjuicio en su salud derivado de la falta o insuficiencia de las debidas medidas de seguridad, la empresa podría afrontar la obligación de hacerse cargo del pago de recargo de prestaciones que correspondiera, así como de abonar una indemnización adicional.
En el ámbito penal se podría atribuir a los empresarios esa responsabilidad si se pusiera a los trabajadores en peligro grave para la vida, la salud o la integridad física por no haberse facilitado las medidas de seguridad e higiene adecuadas, basta con que se haya permitido el riesgo, aunque no haya habido un resultado dañino para el empleado. Han de ser infracciones muy graves que impliquen un riesgo muy grave para la vida, salud o integridad física del trabajador. Las penas varían, dependiendo si ha sido un acto consciente de infracción o si ha sido una imprudencia grave, por haber adoptado medidas insuficientes o defectuosas y si desgraciadamente la salud del trabajador resultará gravemente dañada o falleciera. Además, derivada de la responsabilidad penal, podría surgir responsabilidad civil e incluso cabe la responsabilidad civil contractual, aun sin responsabilidad penal, con base en lo que se establece en el Código Civil: “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”. Esta responsabilidad consistiría en satisfacer al perjudicado una indemnización de daños y perjuicios, que sería fijada en atención a las circunstancias concurrentes y a los daños realmente producidos.
La actual situación requiere una especial diligencia por parte de los empresarios tanto en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales como en la atención a las normas específicas dictadas con ocasión del Covid-19, con sus continuas modificaciones y las aplicaciones concretas en cada comunidad autónoma e incluso en cada municipio en función del avance de la pandemia
TRABAJADORES
Los trabajadores tienen obligaciones en relación al cumplimiento de la normativa general de prevención y de las instrucciones que el empresario les haya indicado, además, corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional.
Entre las obligaciones propias del trabajador se indican las siguientes: no acudir al centro de trabajo si presenta síntomas compatibles con Covid-19, deberán cumplir con el aislamiento domiciliario pertinente si recibe un diagnóstico por Covid-19 o guardar un periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con Covid-19;
El trabajador deberá informar inmediatamente a la empresa y/o delegados de prevención Covid-19 para que puedan llevarse a cabo las medidas de prevención y protección que se consideren oportunas para proteger al resto de los trabajadores y así el empresario tomar las medidas pertinentes, inclusive el aislamiento del resto de los trabajadores si estuviera realizando trabajo presencial.
Si el trabajador incumple lo anterior, puede llegar a ser sancionado por la dirección de la empresa de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable, y si su irresponsabilidad dañase a terceros, estaría obligado a responder por la vía civil e incluso el propio empresario podría causar responsable civilmente por el daño a terceros de su trabajador.
Ya ha habido varias resoluciones en el ámbito de la jurisdicción social en las que, principalmente en casos de trabajos con especial riesgo de contagio, se ha reconocido la vulneración por parte de la empresa del derecho a la integridad física de los trabajadores, al no disponerse de medidas preventivas o equipos de protección.
Consulta Vinculante
V2496-20, de 22 de julio de 2020 de la Subdirección General de Impuestos sobre
la Renta de las Personas Físicas
DESCRIPCIÓN
Se remite a la cuestión
planteada.
Límite máximo que puede
percibir un trabajador en concepto de dietas
CUESTIÓN
Cuál es el límite máximo que
puede percibir un trabajador en concepto de dietas respecto al total de su
salario obtenido, para que su importe esté exento de gravamen (pudiendo justificar
el desplazamiento).
CONTESTACIÓN
En lo que a la materia
tributaria concierne, cabe señalar que las «asignaciones para gastos de
locomoción y para gastos de manutención y estancia» se incluyen con carácter
general entre los rendimientos íntegros del trabajo, pero, excepcionalmente y
al amparo de la habilitación contenida en el artículo 17.1.d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre),
el artículo 9 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de
30 de marzo, en adelante RIRPF, exonera de gravamen estas
asignaciones cuando las percibe el trabajador por cuenta ajena que, en virtud
del poder de organización que asiste al empresario, debe desplazarse fuera de
su centro de trabajo para desarrollar el mismo; ello bajo la concurrencia de
determinados requisitos reglamentarios, entre los que se encuentra,
básicamente, que el empleado o trabajador se desplace fuera del centro de
trabajo para realizar su trabajo en un lugar distinto.
De acuerdo a ello, las
cantidades que abone la empresa y que deriven del desplazamiento de los
trabajadores a un municipio distinto de su lugar de trabajo habitual y del que
constituya su residencia, no estarán sujetas al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas ni a su sistema de retenciones a cuenta, en la medida que
cumplan de acuerdo al artículo 9.A.3 del RIRPF, los siguientes requisitos:
a) Que traten de compensar
gastos de manutención y estancia en establecimientos de hostelería.
b) Que en cada uno de los
municipios distintos del habitual del trabajo no se permanezca por el perceptor
más de nueve meses (límite temporal) y,
c) Que tales dietas no
superen los límites cuantitativos señalados en dicho artículo 9.A.3, letra a),
del Reglamento del Impuesto, y que actualmente en vigor son:
a.- Cuando se haya
pernoctado
– Por gastos de estancia,
los importes que se justifiquen.
– Por gastos de manutención,
53,34 euros diarios por desplazamiento dentro del territorio español, o 91,35
euros diarios por desplazamiento al extranjero.
b.- Cuando no se haya
pernoctado
Se considerarán exceptuadas
de gravamen las asignaciones para gastos de manutención que no excedan de 26,67
ó 48,08 euros diarios, según se trate de desplazamiento dentro del territorio
español o al extranjero, respectivamente.
La norma reglamentaria exige
que tiene que tratarse de desplazamientos a un municipio distinto del lugar
habitual del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia.
Toda cantidad que se satisfaga por este concepto de asignaciones para gastos de
manutención y estancia que no responda a los términos reglamentarios señalados,
estaría sometida en su totalidad a tributación por el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
Debe insistirse que tiene
que tratarse de desplazamientos a un municipio distinto del lugar habitual de
trabajo, interpretando dicha expresión o término en el sentido de que el
trabajador debe estar destinado en un centro de trabajo y salir o desplazarse
fuera del mismo para realizar en otro centro de trabajo su labor.
Además de lo anterior, debe
precisarse al respecto que a efectos de lo dispuesto en el artículo 9.A.3 del
Reglamento del Impuesto, las cantidades satisfechas por gastos de manutención
en desplazamientos con pernocta o no dentro del territorio español o al
extranjero, a municipios distintos del lugar de trabajo habitual del perceptor
y del que constituya su residencia, no necesitan acreditación en cuanto a su
importe, en referencia a los límites cuantitativos que en dicho precepto se
señalan, para su consideración como asignaciones para gastos normales de
manutención exceptuadas de gravamen, sin perjuicio de la acreditación por parte
del pagador del día y lugar del desplazamiento, así como su razón o motivo.
Respecto a la justificación
que deberá efectuarse por el pagador de la realidad de los desplazamientos, la
misma podrá realizarse por medio de cualquiera de los medios de prueba
admitidos en Derecho, si bien corresponderá a los órganos de gestión e
inspección de la Administración Tributaria su valoración.
En referencia a las cuantías
que tienen la consideración de asignaciones para gastos normales de manutención
y estancia en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de hostelería,
para los casos en que se pernocta en municipio distinto, el Reglamento del
Impuesto considera exceptuadas de gravamen los gastos de estancia los importes
que se justifiquen.
Debe señalarse que, a estos
efectos, los justificantes admisibles son únicamente los correspondientes a
estancia en hoteles y demás establecimientos de hostelería, sin que puedan
asimilarse a los mismos las cantidades destinadas al alquiler o arrendamiento
de una vivienda.
Por otro lado, la regulación
de los gastos de locomoción que pueden estar exonerados de gravamen se recoge
en la actualidad en el artículo 9.A.2 del RIRPF, que establece lo siguiente:
“Se exceptúan de
gravamen las cantidades destinadas a compensar los gastos de locomoción del
empleado o trabajador que se desplace fuera de la fábrica, taller, oficina, o
centro de trabajo, para realizar su trabajo en lugar distinto, en las
siguientes condiciones e importes:
a) Cuando el empleado o
trabajador utilice medios de transporte público, el importe del gasto que se
justifique mediante factura o documento equivalente.
b) En otro caso, la cantidad
que resulte de computar 0,19 euros por kilómetro recorrido, siempre que se
justifique la realidad del desplazamiento, más los gastos de peaje y
aparcamiento que se justifiquen”.
A su vez, el apartado 5
señala que “las cuantías exceptuadas de gravamen en este artículo serán
susceptibles de revisión por el Ministro de Economía y Hacienda, en la
proporción en que se revisen las dietas de los funcionarios públicos”,
mientras que el apartado 6 señala que “las asignaciones para gastos de
locomoción, manutención y estancia que excedan de los límites previstos en este
artículo estarán sujetas a gravamen”.
Respecto a la justificación
de la realidad de los desplazamientos, la misma podrá realizarse por medio de
cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho, según dispone el artículo 106 de la Ley General Tributaria (Ley
58/2003, de 17 de diciembre), si bien corresponderá a los órganos de gestión e
inspección de la Administración Tributaria su valoración.
Por último, el exceso
percibido, en su caso, sobre las cantidades que se acaban de indicar en los
apartados 2 y 3 del artículo 9.A. del RIRPF, está plenamente sujeto a gravamen
en concepto de rendimientos del trabajo, y en lo que se refiere a la retención
aplicable, al tratarse de rendimientos del trabajo, la misma se determinará de
acuerdo con el procedimiento general establecido en el artículo 82 y siguientes
del Reglamento del Impuesto.
La abogada de Moya & Emery Neus Lafuente, especializada en el Derecho mercantil, societario y contractual, estuvo a cargo del consultorio jurídico del pasado viernes en Radio Calvià FM, dedicando su intervención en el espacio radiofónico a tratar la problemática de los alquileres de local de negocio en época COVID y las posibilidades de los arrendatarios de suspender, congelar o paralizar el pago de las rentas.
La abogada hizo un repaso de la normativa actual, de los principios jurídicos que rigen este tipo de contratos, las más recientes sentencias al respecto y un conjunto de buenas recomendaciones para arrendatarios y arrendadores, todos afectados por la situación excepcional que estamos sufriendo por la pandemia.
Para
la cotización por contingencias profesionales, el tipo de cotización
será el 1,1 por ciento.
Para
el cese de actividad, el tipo de cotización será del 0,8 por ciento.
De conformidad con lo anterior, se informa de que se ha
procedido por la Tesorería General a la actualización de los tipos de
cotización que se han venido aplicando hasta el período de liquidación de septiembre
de 2020, y que correspondían a los previstos para el año 2019. Como
consecuencia de la citada actualización, las cuotas correspondientes al período
de octubre de 2020 y posteriores se calcularán ya con los nuevos
tipos.
Respecto de la regularización que proceda hacer de
las cuotas correspondientes a los meses de enero a septiembre, señalar
que la misma se abordará en las próximas semanas y en su momento se informará
del período de recaudación en el que se procederá al cargo en cuenta de las complementarias
correspondientes.
Para mayor información contacte con el servicio de atención
telefónica de la Tesorería General de la Seguridad Social 901 50 20 50.
Es el resumen anual de los 111 (impuesto en el que se
reflejan las retenciones practicadas sobre los trabajadores en nómina y a los
profesionales en facturas presentándose éste trimestralmente -enero-abril-julio-octubre-).
¿Cuándo se presenta el 190?
Entre el 1 y 31 de enero del año posterior en el que se
practican las citadas retenciones.
¿Qué consideración tendrán las prestaciones de
los ERTES recibidas por los trabajadores?
Tendrán la consideración de rendimiento del trabajo y no
estarán exentas de tributación.
Posiblemente, mucha gente el año que viene se encontrará que
ha tenido dos o más pagadores (el SEPE y empresa).
¿Cuándo habrá obligación de presentar la
renta?
Si
se han tenido dos pagadores o más y la suma de los rendimientos del trabajador
es superior a los 22.000€.
Si
el rendimiento del trabajo obtenido del segundo pagador y demás pagadores es
superior a 1.500€ y la suma total de los rendimientos del trabajo supera los
14.000€
¿Cómo reflejar estas prestaciones en el modelo
190?
Como clave C (prestaciones por desempleo, subsidios). De
igual manera se reflejarán las prestaciones por cese de actividad de los
autónomos.
¿Qué pasa con aquellas prestaciones obtenidas
indebidamente?
Aquí se han de toma en consideración dos situaciones:
La
devolución del indebido se da antes de la presentación del modelo 190:
Se
informará del neto recibido.
La
devolución del indebido se da una vez presentado el modelo 190:
Se informará
en el modelo 190 de 2021 y en el ejercicio de devengo (2020) en signo negativo.
¿Y las prestaciones por cese de actividad de
los autónomos qué consideración merecen?
Dichas prestaciones son prestaciones por desempleo, por
tanto, según el artículo 17.1.b) de la Ley de IRPF, las prestaciones por
desempleo se califican como rendimientos de trabajo.
Pese a provenir de la actividad económica de la actividad
del autónomo, no es un ingreso inherente de la misma y por tanto, no debe
reflejarse como ingreso en el modelo 130 de pago fraccionado del IRPF.
Frente a los últimos datos obtenidos sobre la evolución de la pandemia en nuestro país que denotan un aumento en el número de casos (segunda ola de la pandemia), el Gobierno de la Nación en fecha 25 de octubre de 2020 publicó, el Real Decreto 926/2020 en el que vuelve a declararse el Estado de Alarma afectando a la totalidad del territorio nacional.
A continuación, se expone un breve resumen de su contenido:
El contacto social tanto en espacios públicos como cerrados se ha convertido a día de hoy en uno de los principales focos de contagio (un tercio de los brotes, lo que implica casi una cuarta parte de los casos).
Es por ello que en este Real Decreto quiere manifestarse la importancia de reducir las reuniones familiares y sociales entre personas no convivientes, el permanecer en el domicilio, evitando desplazamientos si no son de vital importancia y el restringir la actividad nocturna que es donde se han detectado los mayores incumplimientos o relajaciones en cuanto a las medidas adoptadas inicialmente para afrontar el COVID-19.
¿Qué implica la declaración del
Estado de Alarma?
Que la autoridad competente será el Gobierno nacional (centralización).
¿Quiere decir eso que las CCAA
(Comunidades Autónomas) no pueden decidir nada? NO, evidentemente los gobiernos
autonómicos y las autoridades sanitarias de las CCAA conocen específicamente la
situación de la CCAA con lo cual están mejor posicionados para la toma de
ciertas decisiones en función de los datos.
Es por ello que el Gobierno Nacional permite a las autoridades competentes delegadas, poder dictar las resoluciones, disposiciones u órdenes que estimen necesarias sin necesidad de pasar por un procedimiento administrativo.
Por tanto, se trata de una
centralización de decisiones con matices y dejando la puerta abierta a ciertas
decisiones a las autoridades delegadas de las CCAA.
¿Hasta cuando se mantiene en vigor
el nuevo Estado de Alarma?
Hasta el 9 de mayo de 2021 a las
0:00 horas, sin perjuicio de su posible prórroga o derogación previa en función
de la evolución de la pandemia. Con lo cual es una fecha referencial.
Como se ha comentado, los datos han
demostrado que la mayoría de los brotes de contagio provienen de las reuniones
familiares/sociales tanto en público como en privado y que las actividades
realizadas durante el horario nocturno son en las que se han relajado las
medidas de seguridad o donde se encuentran la mayor parte de los
incumplimientos.
Es por ello que se ha limitado la libertad de circulación entre la franja horaria de 23:00 a 06:00 horas, pudiéndose únicamente circular por alguno de los siguientes motivos:
a)
Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera
necesidad.
b)
Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c)
Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
d)
Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales,
institucionales o legales.
e)
Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las
actividades previstas en este apartado.
f)
Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
g)
Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h)
Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
i) Repostaje en
gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la
realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.
Matiz a tener en cuenta: la autoridad
competente de cada CCAA podrá flexibilizar dicha franja horaria de la siguiente
manera determinar que la hora de inicio de dicha restricción sea entre las
22:00 -00:00 horas y la de finalización sea entre las 05:00-07:00 horas.
¿Hay limitaciones para desplazarse
entre CCAA?
Sí, los desplazamientos que se entienden como justificados para poder moverse
entre CCAA son los siguientes:
a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos
sanitarios.
b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales,
empresariales, institucionales o legales.
c) Asistencia a centros universitarios, docentes y
educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.
d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores,
dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros
o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.
g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos
públicos, judiciales o notariales.
h) Renovaciones de permisos y documentación oficial,
así como otros trámites administrativos inaplazables.
i) Realización de exámenes o pruebas oficiales
inaplazables.
j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza,
debidamente acreditada.
La autoridad competente de la CCAA
podrá determinar si caben dichas restricciones para ámbitos geográficos
inferiores a la CCAA (por ejemplo, a nivel provincial).
¿Cómo quedan las limitaciones de
las reuniones en grupo tanto en el ámbito publico como privado?
Se limitan a 6 dichas reuniones
tanto en ámbito público como privado, salvo entre convivientes y excepciones en
instalaciones, dependencias o establecimientos abiertos al público.
En función de los datos y evolución
de la pandemia, la autoridad competente podrá determinar que el límite de 6
personas sea aún inferior, salvo cuando se trata de convivientes.
Fuera de estas limitaciones quedan
las actividades laborales, profesionales e institucionales.
IMPORTANTE: todas estas medidas de podrán flexibilizar, modificar o suspender en función de la evolución de la pandemia a nivel nacional y en función de la situación en que se encuentre cada territorio.
La Agencia Tributaria (AEAT) ha elaborado una nota con aclaraciones
relativas a las prestaciones derivadas de un expediente de regulación
temporal de empleo y también a la prestación extraordinaria por cese de
actividad de cara a la cumplimentación del modelo 190 correspondiente al
ejercicio 2020 (a presentar en enero de 2021).
La AEAT ha considerado oportuno dar traslado de las siguientes
aclaraciones con el objetivo de que la presentación de esta información
sea correcta.
A continuación indicamos dichas aclaraciones:
Las prestaciones derivadas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) se califican como rendimiento de trabajo sujetas a gravamen. No están exentas del IRPF.
El cobro de las prestaciones derivadas de ERTEs implicará en la
práctica totalidad de los casos que existan dos pagadores de
rendimientos de trabajo. Si un contribuyente ha obtenido durante el
ejercicio 2020 rendimientos de trabajo de dos pagadores distintos:
Si
el importe percibido del segundo y restantes pagadores no supera los
1.500 euros, no existirá obligación de declarar por IRPF si la suma
total de rendimientos del trabajo no supera los 22.000 euros.
Si
el importe percibido del segundo y restantes pagadores supera los 1.500
euros, no existirá obligación de declarar por IRPF si la suma total de
rendimientos del trabajo percibidos en el ejercicio no supera los 14.000
euros.
Las prestaciones satisfechas por un ERTE se deben declarar en el modelo 190, con clave C (desempleo).
Se trata de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19 en materia de protección por desempleo.
En el caso de ser reciban prestaciones de ERTEs improcedentes, que
posteriormente el perceptor deba devolver, se deberá tener en cuenta:
si
la devolución se produce en el ejercicio 2020: el pagador de estas
prestaciones presentará el modelo 190 correspondiente al ejercicio 2020
reflejando únicamente el neto correspondiente que proceda.
si la
devolución se produce en el ejercicio 2021: el pagador de estas
prestaciones informará de las cantidades que han sido devueltas en el
modelo 190 correspondiente a 2021, con ejercicio de devengo 2020 y signo
negativo.
Las cantidades por el concepto de prestación extraordinaria por
cese de actividad percibidas por los autónomos satisfechas por la Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina
en el ámbito del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, deben declararse en el modelo 190, con clave C (prestaciones y subsidios de desempleo).
La prestación extraordinaria por cese de actividad percibidas
por los autónomos se califica al igual que la prestación «ordinaria» por
cese de actividad de los autónomos regulada en los artículos 327 y ss.
LGSS, la prestación extraordinaria por cese de actividad es una prestación
del sistema de protección de desempleo; según el artículo 17.1.b) de la
Ley de IRPF, las prestaciones por desempleo se califican como
rendimientos de trabajo. Aunque su origen esté en la actividad
económica del autónomo, no se trata de un ingreso inherente a la misma y
por tanto no puede calificarse como un rendimiento de actividades
económicas. Consecuentemente, esta prestación no debe incluirse
como un ingreso más del trimestre en el modelo 130 de pago fraccionado
del IRPF.
A continuación transcribimos la nota informativa de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina, a la que también puedes tener acceso en formato pdf a través de este enlace:
El Instituto Social de la Marina tiene encomendada, entre otras, la gestión de las prestaciones por desempleo de los trabajadores incluidos dentro del campo de aplicación del Real Decreto 47/2015, de 21 de octubre reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.
Por ello, y en orden a gestionar de una manera más eficaz las prestaciones incluidas en el real decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre, se dictan una serie de pautas para que dicha gestión se realice de forma más rápida, eliminando en la medida de lo posible, los retrasos en el pagos de dichas prestaciones.
A tal fin, se ha habilitado el siguiente buzón 07.ism-baleares.ertes@seg-social.es, para que se envíe la documentación que se indica y referida a empresas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar-
Para la gestión de las distintas prestaciones, habrá que distinguir entre:
A.- SOLICITUDES COLECTIVAS 1.- En el caso de las solicitudes recogidas en los artículos 1 y 9 del real decreto antes señalado, al remitir dichas solicitudes al buzón señalado , en el asunto se consignará “Solicitud ERTE R.D Ley 30/2020” seguido del nombre de la empresa. 2.- Incidencias posteriores al inicio de la prestación 2.1.- Comunicación de altas y/o bajas de I.T, inicio de prestación de nacimiento y cuidado de hijos, una vez ya está reconocida la prestación por desempleo: Dichas incidencias se comunicarán al mismo buzón, consignando en el asunto “incidencia ERTE trabajador DNI/NIE ” y se indicará el número del DNI/NIE, adjuntando parte de baja/alta médicos, o comunicando el inicio del disfrute de la prestación de nacimiento y cuidado de hijo, en cualquiera de los periodos de disfrute. 2.2.- Inclusión de trabajadores en la solicitud colectiva que no deberían de haberse incluido en la misma por encontrarse en situación de I.T., nacimiento y cuidado de hijos o excedencia en el momento de inicio del ERTE. Si hemos incluido en la solicitud inicial, a algún trabajador en el ERTE, que NO lo deberíamos haber incluido, se hará al mismo buzón señalado anteriormente, indicando en el asunto “trabajador reconocido en ERTE sin derecho” e indicar DNI/NIE. 2.3.- Una vez finalizado el periodo indicado en el apartado 2.2 (I.T., nacimiento, excedencia, etc.), se deberá enviar el EXCEL, incluyendo únicamente a dichos trabajadores, indicando en el campo inicio suspensión/reducción el día siguiente a la finalización de dicha causa.
B.- BAJAS DE PRESTACIONES Las bajas de prestaciones, se pueden enviar bien por el fichero EXCEL, o a través de fichero XML. B.1 Bajas de prestaciones por colocación continuada sin variaciones de jornada ni reducción Las bajas de prestaciones, se habrán de comunicar con carácter previo a dicha baja, consignando en el campo día de la baja en la prestación, el día de la colocación (NO el día anterior). El acceso al fichero para su cumplimentación y grabación se hará a través del siguiente enlace: https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/Plantilla-BAJA-ERTE-COVID-19.xlsx., enviando el fichero que se ha generado al buzón indicado con el asunto “Baja ERTE R.D. Ley 30/2020”, seguido del nombre de la empresa. En este caso no se enviarán periodos de actividad de dichos trabajadores. B.2 Bajas de prestaciones por haber distintos periodos de actividad dentro de un mes y/o reducción de jornada 1.- Se enviará el fichero EXCEL generado en el apartado B.1 anterior siempre consignando como fecha de baja de prestaciones el día 1 del mes que se produzca la baja y/o reducción o en su defecto la fecha en la que el trabajador se incorporó al ERTE si esta es posterior al día del mes en curso. (ej. Alta ERTE 5 de octubre y comienza a variar jornada el 20/10/2020. En este caso la fecha de la baja no sería el 1 de octubre sino el 5 de octubre). 2.- El mes siguiente, en los primeros 25 días naturales, deberemos de cumplimentar el fichero EXCEL al cual se accede en el enlace siguiente , y una vez cumplimentado, debemos de generar el fichero XML con el botón habilitado para ello, siguiendo las instrucciones del propio fichero. https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/asistente-para-generar-ficheros-XML.xlsm Una vez generado el fichero XML, hay que enviarlo como ya hemos indicado, en los primeros 25 naturales siguientes al mes siguiente a la fecha en que es produjo la baja y/o reducción, a través de la aplicación Certificad@s, que se encuentra en el siguiente enlace: https://sede.sepe.gob.es/DCertificadosWeb/ActionNavegacion.do?accion=navegacion
Una vez enviado el fichero se tendrá que comunicar al ISM a través del buzón habilitado para ello, el número de envío para proceder a su validación.
Palma, octubre de 2020
Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina Moll Vell, 15, 07012 Palma de Mallorca TEL.: 971 227 144 / 137 CORREO ELECTRONICO CORREU ELECTRÒNIC illesbalears.dirprov.ism@seg-social.es
No va a ser todo trabajo y Derecho en Moya & Emery. Nuestros amigos de Radio Calviá FM invitaron a la letrada Marga de Matos este pasado lunes a su espacio “Las 10 canciones de…” para hacer un repaso de las diez canciones que ponen banda sonora a su vida y explicarnos el porqué de su elección.
Puedes escucharlas la selección musical de Marga de Matos completa en este vídeo de la entrada de nuestro blog y también a través del siguiente enlace de audio al IVOOX de Radio Calvià.
¿AUTÓNOMO? Entonces seguro que te interesa ver el último consultorio jurídico de Moya & Emery en Radio Calvià FM, con todas las novedades con respecto a las ayudas a trabajadores autónomos desde octubre 2020, sobre las que debes recordar que el plazo para su solicitud finaliza mañana, 19/10/2020.
Además, Nicolás Emery trató más temas: dudas con respecto a la los trabajadores fijos discontinuos y la prestación especial para ellos y también sobre reclamaciones sobre arrendamientos, de parte de los propietarios a los inquilinos a raíz de una reciente sentencia.
Este pasado miércoles, el abogado y economista Nicolás Emery fue invitado al informatiu vespre de IB3 ràdio, en la sección dedicada al análisis político, la cual tuvo como tema principal de debate la situación financiera del Govern con la crisis del Covid-19.
La paralización de la economía por la pandemia amenaza la previsión de ingresos del Gobierno para este año. Hasta el mes de septiembre la caída de ingresos propios es, según Hacienda, de 140 millones de Euros, lo que equivale a un 18%. El impuesto sobre el turismo sostenible es el que más baja, un 70%. Se ha dejado de recaudar 88 millones de Euros respecto del més de Septiembre del año pasado. La previsión para este año era ingresar 128 millones de Euros de la Ecotasa y de momento se han ingresado 35. En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la caída es de 37 millones de Euros. Con estos datos parece claro que los prespuestos de 2021 se tendrán que adaptar a esta caída de ingresos, pero ¿Cómo? Escucha el programa para conocer la opinión de nuestro experto.
No olvides que puedes acceder a la programación de radio y televisión de IB3 a través de su web www.ib3.org
Hoy Moya & Emery te acerca los nuevos reales decretos aprobados ayer sobre IGUALDAD RETRIBUTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRE, PLANES DE IGUALDAD y REGISTRO Y DEPÓSITO DE CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS:
Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres: https://bit.ly/3nQYFeU
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo: https://bit.ly/33XvTBz
¿Se produce la prórroga automática de todos los ERTE de fuerza Mayor vigentes a 30 de septiembre? Sí, se prorrogan automáticamente todos los ERTE de fuerza mayor vigentes a 30 de septiembre hasta el 31 de enero de 2021.
¿Se prorrogan también automáticamente las exoneraciones a la Seguridad Social vigentes a 30 de septiembre para los ERTE de Fuerza mayor? Únicamente se prorrogan las exoneraciones para aquellas empresas que pertenecen a determinados sectores, con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad. Las empresas pertenecientes a estos sectores, identificados a través de una serie de CNAE 2009 que se relacionan en el anexo del Real Decreto Ley 30/2020, de 29 de septiembre, prorrogan su ERTE junto con las exoneraciones previstas en la norma, sin necesidad de realizar trámite alguno. También podrán acceder a las exoneraciones previstas en la norma para estas CNAE, las empresas que sean calificadas como integrantes de su cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas, previa solicitud presentada al efecto ante la autoridad laboral.
¿Cuáles son las empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes de las empresas pertenecientes a los sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad? Son empresas con un ERTE por fuerza mayor prorrogado cuya facturación, durante el año 2019, se haya generado, al menos, en un cincuenta por ciento, en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09 referidos en el anexo indicado, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en dichos códigos CNAE-09.
¿Cómo pueden acreditar las empresas su condición de dependientes o integrantes de la cadena de valor de empresas pertenecientes a los sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad? La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor de una empresa perteneciente a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad debe presentarse ante la autoridad laboral competente, junto con un informe o memoria explicativos y toda aquella documentación acreditativa que se considere oportuno. Además, la empresa debe comunicar dicha circunstancia a las personas trabajadoras de su empresa y trasladar toda la documentación a la representación de las mismas, en caso de haberla.
¿Cuál es la autoridad laboral competente para acreditar que una empresa tiene la condición de pertenecer a la cadena de valor o ser económicamente dependiente de empresas pertenecientes a los sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad? La autoridad laboral competente es la autoridad laboral que resolvió favorablemente, bien por resolución expresa, bien por silencio administrativo positivo, el ERTE de fuerza mayor prorrogado.
¿Cuándo se puede solicitar la condición de empresa incluida en la cadena de valor o económicamente dependiente de una empresa perteneciente a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación? El plazo para solicitar dicha condición es del 5 al 19 de octubre de 2020.
¿Cuál es el ámbito de las exoneraciones tanto de las empresas pertenecientes, a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación, como de las que pertenecen a su cadena de valor y las que son económicamente dependiente de ellas? El ámbito de las exoneraciones tanto de las empresas pertenecientes a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación, como de las que pertenecen a su cadena de valor y las que son dependientes de ellas, es el ERTE de fuerza mayor prorrogado por cuyas personas trabajadoras se aplican las exoneraciones. Si el ERTE afectaba únicamente a uno o varios centros de trabajo de una empresa, este será su ámbito.
¿Cuál es el plazo que tiene la autoridad laboral para resolver sobre la declaración de empresa incluida en la cadena de valor o económicamente dependiente de una empresa perteneciente a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación? El plazo para que la autoridad resuelva la solicitud de empresa incluida en la cadena de valor o dependiente de empresas pertenecientes a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación es de 5 días hábiles, con silencio administrativo positivo.
¿Cuál es la cuantía de las exoneraciones de los ERTE de Fuerza Mayor tanto de las empresas pertenecientes, a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación, como de las que pertenecen a su cadena de valor y las que son económicamente dependiente de ellas? El porcentaje de exoneración de los ERTE de Fuerza Mayor de las empresas pertenecientes, a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación, como de las que pertenecen a su cadena de valor y las que son económicamente dependiente de ellas: • El 85% de la cotización a la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta para las empresas de menos de 50 personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020. • 75 % de la cotización a la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta para las empresas de 50 y más personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020. Estos porcentajes se aplicarán a todos las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de octubre, o que la hubieran reiniciado desde el 12 de mayo, así como a aquellos que se mantengan en situación de suspensión de contrato o reducción de jornada hasta el 31 de enero de 2021, en los porcentajes de jornada afectados por la suspensión.
¿Se prevé que se puedan solicitar nuevos ERTE vinculados a exoneraciones por fuerza mayor derivada de la Covid-19? Las empresas, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan, afectadas en su actividad por la Covid-19 podrán acceder a nuevos ERTE exonerados. Concretamente los supuestos previstos son los siguientes:
Las empresas que en alguno de sus centros de trabajo vean impedido el desarrollo de su actividad como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de octubre de 2020, por autoridades españolas o extranjeras y por los centros de trabajo afectados por el cierre, previa tramitación de un ERTE por fuerza mayor.
Las empresas que en alguno de sus centros de trabajo vean limitado el desarrollo de su actividad económica normalizada como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, por los centros de trabajo donde sufran esas limitaciones y por las personas trabajadoras en situación de suspensión de contrato o reducción de jornada, previa tramitación de un ERTE por fuerza mayor.
¿Cuál es el procedimiento para que las empresas que vean impedida o limitada su actividad económica puedan exonerarse de las cuotas de la Seguridad Social? Las empresas cuya actividad económica se vea impedida por nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria o se vean limitadas en el desarrollo de su actividad normalizada por decisiones o medidas de las autoridades competentes en los términos descritos en el Item anterior y por los centros de trabajo afectados, deberán tramitar un expediente de regulación temporal de empleo, conforme a lo previsto en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores.
¿Cuáles son los porcentajes a aplicar en los ERTE por impedimentos o limitaciones de actividad derivados de las nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria?
Para las empresas que tengan su actividad impedida por nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria: a) Empresas con menos de 50 personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020. El 100% de la aportación empresarial por la cotización a la Seguridad Social, así como la relativa a las cuotas de aportación conjunta, durante el periodo de cierre con el límite del 31 de enero de 2021, respecto de las personas trabajadoras, los centros de trabajo afectados y por el período de duración de las nuevas medidas. b) Empresas con 50 o más personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020. El 90 % de la aportación empresarial y cuotas por conceptos de recaudación conjunta, durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021, respecto de las personas trabajadoras, los centros de trabajo afectados y por el período de duración de las nuevas medidas.
Para las empresas que tengan limitaciones en el desarrollo normalizado de su actividad: a) Empresas con menos de 50 personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020. La exención respecto de la aportación empresarial y las cuotas de recaudación conjunta devengadas en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021 será el 100 %, 90 %, 85 % y 80 %, respectivamente, para las personas trabajadoras que tengan sus jornadas suspendidas o reducidas en los centros de trabajo donde esté limitada la actividad y por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión. b) Empresas con 50 o más personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020. La exención respecto de la aportación empresarial y las cuotas de recaudación conjunta devengadas en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021 será el 90%, 80%, 60% y 50% respectivamente, para las personas trabajadoras que tengan sus jornadas suspendidas o reducidas en los centros de trabajo en los que esté limitada la actividad y por los periodos y porcentajes de jornada afectados por a suspensión.
¿Se pueden transformar ERTE por Fuerza mayor vigentes en ERTE por causas económicas organizativas y de producción -ETOP-? Sí, se puede tramitar un ERTE ETOP mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor, y en el caso de que el ERTE ETOP se inicie tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.
¿Se pueden prorrogar los ERTE ETOP una vez finalizado el plazo pactado por las partes? Sí, se pueden prorrogar ante la autoridad laboral receptora de la comunicación final del ERTE, siempre que se llegue a un acuerdo durante el periodo de consultas. La prórroga deberá ser tramitada conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre y con las especialidades incluidas en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
¿Tienen derecho a exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social los ERTE ETOP? Los ERTE ETOP que tienen derecho a exoneraciones son los siguientes:
Los ERTE ETOP, posteriores al 1 de octubre de 2020 que provengan de una transformación de ERTE por fuerza mayor o que se iniciaran al finalizar un ERTE por fuerza mayor, siempre y cuando el ERTE por fuerza mayor del que provienen tuviera derecho a exoneraciones de cuotas a partir del 1 de octubre de 2020 y en la misma cuantía que correspondiera a dicho ERTE.
Los ERTE ETOP que tuvieran derecho a exoneraciones a 30 de septiembre de 2020, siempre que cumplan los mismos requisitos establecidos en los ERTE de fuerza mayor para ser considerados empresas pertenecientes a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación, o empresas dependientes o integrantes de la cadena de valor de aquellas.
¿Existe alguna diferencia en la protección por desempleo de las personas trabajadoras incluidos en ERTE por Fuerza Mayor previstos en el artículo 22 del RDL 8/2020, los ERTE ETOP del artículo 23 del RDL 8 /2020 y por ERTE por suspensión o limitación de actividad previstos en el artículo 2 del RDL /20? No. La protección por desempleo de las personas trabajadoras es idéntica con independencia del ERTE en el que se encuentren incluidos, siempre que éste, ya sea por fuerza mayor, ETOP o de suspensión o limitación de actividad económica derive de la crisis del COVID-19.
¿Existe un nuevo compromiso de mantenimiento del empleo? Sí, para aquellas empresas que reciban exoneraciones conforme a lo previsto en el RDL 30/2020, de 29 de septiembre, se abre un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo que comienza a contar desde la primera reincorporación al trabajo de un trabajador afectado por el ERTE. o desde que finalizara el anterior compromiso del empleo de ser esa fecha posterior.
Los ERTES suspensivos y por reducción
de jornada por Fuerza Mayor autorizados hasta la fecha se prorrogan
automáticamente hasta el próximo 31 de enero de 2021.
Dudas:
¿Habrá exoneraciones a la Seguridad Social para esta prórroga? Si es así, ¿Cuáles
son los % de exoneración? ¿Se prorrogan los % de exoneración previstos hasta 30
de septiembre? ¿Es el mismo % para trabajadores recuperados y para los
afectados por reducciones de jornada?
Artículo 2:
ERTES POR REBROTE.
Concepto ERTE por Rebrote y empresas que
se pueden ver beneficiadas por el mismo:
Empresas o entidades que independientemente
del sector o actividad vean impedido el desarrollo de su actividad como
consecuencia de las nuevas restricciones o medidas de contención sanitarias
adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020 por autoridades españolas o
extranjeras y tengan previamente autorizado un ERTE.
Empresas o entidades que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de las decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, previa autorización de un expediente de regulación temporal de Fuerza Mayor por limitaciones (este inciso da pie a pensar que es un nuevo tipo de ERTE no un complemento del anterior, ya que, en caso contrario, entendemos que debería poner previa autorización de un ERTE por FM en base al artículo 22 del RD 8/2020.
Se
accederá a estas exoneraciones a instancia del empresario y previa comunicación
por su parte a los organismos competentes de los trabajadores afectados y los
periodos de suspensión y reducción de jornada afectados. Todo ello, mediante
declaración responsable.
La
renuncia expresa al ERTE determina el fin de las exoneraciones desde la fecha
de efectos de la renuncia, debiéndose comunicar a la TGSS y a la Autoridad
Laboral.
Estas
exoneraciones no afectarán a la cotización de los trabajadores, es decir, ni
los que se vean afectados por suspensiones ni por reducciones de jornada verán
mermadas sus cotizaciones, sino que seguirán cotizando al 100% de su jornada
habitual previa al ERTE. Ejemplo: Trabajador reducido a un 50% de
su jornada, su cotización es del 100% es decir, como si hiciera una jornada del
100%.
Artículo 3:
ERTE POR CAUSAS ETOP.
Estos ERTEs se tramitarán manteniendo las
particularidades del artículo 23 del RD 8/2020. Ejemplo: el
periodo de consultas no se puede extender más allá de los 7 días.
Estos ERTEs pueden iniciarse:
Mientras
está vigente el de FM: en
este caso, si el ERTE ETOP es finalmente autorizado, su fecha de efectos se
retrotrae a la fecha de solicitud.
Después
de finalizar el ERTE de FM: la fecha del ERTE ETOP se retrotrae a
la fecha de fin del ERTE de FM.
ERTEs
ETOP tramitados antes de la entrada en vigor de este RD 30/2020:
Mantienen
su vigencia hasta la fecha prevista de fin de los mismos con posibilidad de
prorrogarse en caso de que la fecha de fin cayera durante la vigencia del RD
30/2020, siempre que se consiga acuerdo en periodo de consultas.
La prórroga
se tramitará ante la Autoridad Laboral receptora de la comunicación final del
ERTE ETOP inicial.
Duda:¿Cuál
será el % de exoneración de estos ERTES?
Artículo 5:
SALVAGUARDA DE EMPLEO.
Se mantiene la garantía de empleo de los 6
meses para los trabajadores afectados por el ERTE.
Cabe recordar que el acceso a las
bonificaciones y el no retorno de las ya aplicadas depende de cumplir con este
mantenimiento de empleo, ya que en caso de incumplimiento pese a ser un solo
trabajador, implica el retorno completo (todos los meses y todos
los trabajadores) del importe exonerado.
Las empresas que se beneficien de las
exoneraciones anteriormente referenciadas quedan sujetas a un nuevo periodo de
mantenimiento de empleo de 6 meses.
Si la empresa afectada por un compromiso de
mantenimiento de empleo previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo de 6
meses se producirá cuando aquél haya terminado.
Artículo 6:
PROHIBICIÓN DE DESPEDIR EN BASE A CAUSAS ETOP O FUERZA MAYOR
DERIVADAS DEL COVID-19 (al declararse improcedentes e implicar, si es una persona afectada por
ERTE, el retorno de las exoneraciones al no cumplirse con el mantenimiento de
empleo de 6 meses).
EXTENSIÓN DE LOS CONTRATOS EVENTUALES QUE VENCEN DENTRO DEL PERIODO
AFECTADO POR EL ERTE POR EL TIEMPO QUE EL CONTRATO HAYA RESTADO SUSPENDIDO
ENTRE EL INICIO DE LA AFECTACIÓN AL ERTE Y LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL MISMO.
Artículo 7:
PROHIBICIÓN DE LA REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS, EXTERNALIZACIONES
Y NUEVAS CONTRACTACIONES, se EXCEPTUAN personas afectadas que no
puedan por formación, capacitación o razones objetivas justificadas desarrollar
las funciones encomendadas. También en el caso de que la empresa no tenga
ninguna persona contratada o con la categoría para la función concreta a
desarrollar
No cumplir con lo dispuesto implica cometer
una infracción sujeta a Inspección de Trabajo.
Artículo 8:
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO.
Se extienden al igual que los ERTEs hasta el
31.01.2021 las prestaciones por desempleo.
IMPORTANTE: las
empresas afectas por las prórrogas y las que apliquen un ERTE por causas ETOP a
fecha de entrada en vigor de esta norma, deberán formular una nueva
solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del 20.10.2020.
Las
empresas que desafecten a todos o algunos de los trabajadores del ERTE, lo
deben comunicar con CARÁCTER PREVIO a su efectividad a la entidad
gestora. Igualmente la renuncia total y definitiva del ERTE requiere su previa
comunicación.
IMPORTANTE: se
mantiene el importe a percibir, sin perjuicio de los topes en función de la
situación familiar concreta, del 70% de la base reguladora de los 6 meses
previos al ERTE inicial, todo ello hasta 31 de enero de 2021.
Casos
de regularización de las prestaciones por desempleo cuando en un mes natural se
alternen periodos de actividad e inactividad, así como reducciones de jornada,
la empresa deberá comunicar la información sobre los días trabajados en el mes
anterior (periodos de actividad).
En el
caso de las reducciones de jornada se convertirán en días equivalentes de
actividad, (2 días a jornada del 50%, son 1 día a jornada completa). Todo ello
con carácter previo a la aplicación de la reducción de jornada.
Nº
horas trabajadas efectivamente/nº de horas de una jornada habitual sin reducción
de jornada.
PROTECCIÓN AL CONSUMO DEL
DESEMPLEO.
Con el
fin de proteger a las personas afectadas por la crisis socio sanitaria y ERTES,
NO se computarán en ningún momento como consumidas de cara al desempleo durante
el ERTE antes del 01.01.2022 que accedan a un nuevo derecho a percibirlo y sea
como consecuencia de el fin de un contrato temporal, despido individual o
colectivo por causas ETOP o despidos declarados improcedentes.
Artículo 9:
PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS DE LOS FIJOS DISCONTINUOS.
Los beneficiarios serán los FIJOS
DISCONTINUOS afectados durante todo o parte del periodo de actividad por un
ERTE cuando dejen de estar afectados por el ERTE por fin temporada.
Asimismo, los fijos discontinuos que hayan
sido beneficiarias de cualquiera de las medidas siempre que las hayan agotado,
continúen desempleadas y sin derecho a percibir las prestaciones por desempleo
o las agoten antes del 31.01.2021.
Se exige que la empresa presente la solicitud
de prestaciones extraordinarias incluyendo a todos los fijos discontinuos que
dejen de estar afectados por el ERTE.
El
plazo de presentación es de 15 días siguientes al fin temporada o para las
situaciones previas a este RD, 15 días desde la entrada en vigor del mismo.
La prestación se prevé hasta el 31.01.2021 y
podrá interrumpirse por reincorporación total en cuyo caso la empresa debe
comunicar la baja de dicha prestación
Será el trabajador quien deberá comunicar
dicha baja cuando inicie una actividad como autónomo o por cuenta ajena en una
empresa diferente en la que está contratado como Fijo Discontinuo.
Dicha prestación se puede reanudar cuando el
trabajador acredite el cese involuntario como autónomo o se encuentre de nuevo
en desempleo, eso siempre previo al 31.01.2021.
Dicha prestación es compatible con el trabajo
a tiempo parcial por cuenta ajena que se tenga al nacer el derecho a recibir
dicha prestación o aquel iniciado a posteriori, previa deducción en su importe
por la parte proporcional del tiempo trabajado.
EMPRESAS PERTENENCIENTES A SECTORES CON ELEVADA TASA DE COBERTURA
POR ERTE Y REDUCIDA TASA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVIDAD:
CONCEPTO: Las
empresas con ERTE por FM prorrogados hasta el 31.01.2021 y que se incluyan en
la lista expuesta en el Anexo I del RD 30/2020.
También aquellas empresas cuyo negocio
dependa indirectamente y en su mayoría de las empresas referidas en este Anexo
o que formen parte de la cadena de valor de éstas.
Se entiende por ser integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente aquellas cuya facturación durante el año 2019 se haya generado, al menos un 50% en operaciones hechas de forma directa con las incluidas en el Anexo I, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada por empresas incluidas en dichos códigos CNAES del Anexo I.
EL TRANSPORTE ESPACIAL Y EL ALQUILER DE CINTAS DE VÍDEO EN LA LISTA DE EMPRESAS QUE MÁS SUFREN EL COVID-19
La
dirección estratégica de un gobierno democrático, elegido libremente por los
ciudadanos del país, debería ser la de liderar con la máxima seguridad
jurídica e implantar aquellas normas de su competencia para garantizar la
optimización de recursos de toda índole, que aseguren la
libertad y convivencia en todo el territorio. Es necesario que los gobiernos
actúen con un plan establecido de antemano como si de una gran empresa se
tratara, de forma que obtengan el máximo beneficio con los mínimos recursos o
esfuerzo.
Durante
los últimos seis meses el entorno económico mundial está en guerra contra una
pandemia que dista mucho de tener soluciones sanitarias a corto plazo en
España. Mientras esto ocurre, el Estado español da apariencia de estar ciego,
tomando medidas económicas a corto plazo, que, más que ayudar a los
reales generadores de empleo -pequeñas y medias empresas-, está llevando a cabo
una mera política de subvenciones -a través del subsidio de desempleo y la
exoneración de cuotas a la seguridad social- que incentivan a que las empresas
no incorporen sus trabajadores a sus puestos y no haya más que una mínima
actividad económica.
Hay
que dar un paso hacia atrás para tener una mejor visión de la situación en que
nos encontramos. El pasado día 29 de septiembre, la Ministra de Trabajo llevó
al Consejo de Ministros el acuerdo logrado con los representantes sindicales y
la patronal, firmado esa misma mañana -en el tiempo de descuento- que
entraría en vigor al día siguiente, con su publicación en el BOE, y con efectos
reales a partir del día primero de octubre. La inseguridad jurídica que
ello genera a todos los operadores que actuamos en el ámbito laboral –empresas,
trabajadores, abogados, asesores, etc.– no es de recibo. No nos lo merecemos
cuando, además, esto no viene de nuevas: la situación con la que convivimos se
inició a mediados de marzo y el cortoplacismo –sucesivas prórrogas de tres en
tres meses– de estas medidas sólo genera dudas, incertezas y desazón
a todos. El peor mensaje para la generación de empleo y recuperación económica.
Además
de lo anterior, hay que tener en cuenta que las supuestas medidas a adoptar que
se iban filtrando a los medios de comunicación no han coincidido finalmente con
lo que realmente se ha plasmado en papel. ¿Por qué no se hacen las cosas
bien? ¿Por qué no se toma medidas a más largo plazo?
Haré a
continuación un breve resumen de la situación en que quedan los ERTES a partir
del 1 de octubre.
¿Mantienen
los ERTEs las exoneraciones?No. Salvo mejor
interpretación de la Seguridad Social, los expedientes de regulación de empleo
aprobados, en vigor y prorrogados hasta el 31 de enero de 2021, pierden las
exoneraciones de que venían beneficiándose hasta el 30 de septiembre.
Se
crea una nueva figura de ERTE Fuerza Mayor, que, si se quiere mantener
algún tipo de exoneración, sustituye a los ERTEs que las empresas y
trabajadores venían disfrutando hasta el 30 de septiembre pasado. Este
nuevo ERTE se desdobla en dos ERTEs, bien por impedimento, bien por
limitaciones de actividad. Los mismos sí tendrán derecho a una exoneración
en el pago de cuotas a la Seguridad Social, que para el mes de octubre puede
ser del 100% de la parte del salario del trabajador que no ha trabajado. Dicha
exoneración del 100% se verá reducida en un 10% cada mes hasta llegar al mes de
enero de 2021. Pero¿Para cuándo una exoneración del 100% para el
trabajador recuperado (sacado del ERTE) y trabajando?
Las
empresas, antes del 19 de octubre, a través de sus asesores laborales o
abogados de empresas tendrán que rellenar una comunicación de ERTE,
indicando la situación que se encuentra la empresa ERTE, por Fuerza Mayor (FM),
por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (ETOP), de
limitación, de impedimento, DR, R S, W XML, DAE, AL, ITSS, TGSS, SEPE, más un
sinfín de tramites más. Todo ello, y después de haber leído el ANEXO de las
actividades de CNAE – 09, que, entre otras, incluye sectores tan importantes
para la economía como el transporte espacial y el alquiler de cintas de
video y disco. Me viene a la memoria la película Las
doce pruebas de Astérix, vista más de una vez en formato VHS
durante mi infancia.
Todo indica que la salud sanitaria se corregirá implantando y/o copiando a otros países, los cuales ya NO tienen nuestros actuales altos niveles de contagio. Pero entiendo que la salud económica podría ir restableciéndose sin que se esté solventando la crisis sanitaria, si bien para ello se hace imprescindible la generación de estímulos a la empresa para que le sea más barato recuperar a un trabajador en ERTE que dejarlo en dicha situación o mandarlo al paro. Esta política también bonificaría a las arcas de la Seguridad Social y a la reducción del gasto en subsidios de desempleo. No basta con prohibir horas extras y despedir, hay que hacer algo más.
Artículo de opinión a cargo de Nicolás Emery para el digital Canal4 Diario
En ella las empresas podrán saber qué deben hacer a partir del 1 de octubre si sus trabajadores siguen en ERTE; conocer quién, dónde, cómo y cuándo presentar una solicitud colectiva de prestaciones por desempleo derivadas de ERTEs por COVID-19; qué actividades deben ser comunicadas al SEPE a partir del 1 de Octubre, cómo se calculan los días de actividad equivalente (DAE), cómo debe hacer dicha comunicación y cuándo; además, de cara a evitar los errores precedentes en la comunicación y solicitudes con el SEPE, se dan las pautas de utilización de ficheros XML a empresas y gestores.
En primer lugar, un ejemplo práctico de cómo afectará al trabajador en su declaración de la renta de este 2020 el haber estado incluido en ERTE y, posteriormente, un repaso completo a toda la actualidad laboral acercándote todas las novedades sobre las ayudas para trabajadores autónomos desde octubre 2020; la recién aprobada prórroga de los expedientes de regulación temporal del empleo -ERTES- y sus particularidades; y el conjunto de medidas extraordinarias de protección del desempleo y demás regulación recogida en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. Eso encontrarás en este vídeo de la charla del abogado y economista Nicolás Emery con nuestros amigos de Radio Calvià FM en el consultorio jurídico del pasado viernes.
Los
ERTES suspensivos y por reducción de jornada por Fuerza Mayor autorizados hasta
la fecha se prorrogan automáticamente hasta el próximo 31 de enero de 2021.
Dudas:
¿habrá exoneraciones a la Seguridad Social para esta prórroga? Si es así,
¿cuáles son los % de exoneración? ¿se prorrogan los % de exoneración previstos
hasta 30 de septiembre? ¿es el mismo % para trabajadores recuperados y para los
afectados por reducciones de jornada?
ERTES POR REBROTE (artículo 2):
Concepto
ERTE por Rebrote y empresas que se pueden ver beneficiadas por el mismo:
Empresas o entidades que independientemente
del sector o actividad vean impedido el desarrollo de su actividad como
consecuencia de las nuevas restricciones o medidas de contención sanitarias
adoptadas a partir del 01 de octubre de 2020, por autoridades españolas o
extranjeras y tengan previamente autorizado un ERTE.
Empresas o entidades que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de las decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, previa autorización de un expediente de regulación temporal de Fuerza Mayor por limitaciones (este inciso da pie a pensar que es un nuevo tipo de ERTE no un complemento del anterior, ya que si no pienso que debería poner previa autorización de un ERTE por FM en base al artículo 22 del RD 8/2020.
Se accederá a estas
exoneraciones a instancia del empresario y previa comunicación por su parte a
los organismos competentes los trabajadores afectados y los periodos de
suspensión y reducción de jornada afectados. Todo ello, mediante declaración
responsable.
La renuncia expresa al
ERTE determina el fin de las exoneraciones desde la fecha de efectos de la
renuncia, debiéndose comunicar a la TGSS y a la Autoridad Laboral.
Estas exoneraciones no
afectarán a la cotización de los trabajadores, es decir, ni los que se vean
afectados por suspensiones ni por reducciones de jornada verán mermadas sus cotizaciones,
sino que seguirán cotizando al 100% de su jornada habitual previa al ERTE. Ejemplo:
Trabajador reducido a un 50% de su jornada, su cotización es del 100% es decir,
como si hiciera una jornada del 100%.
ERTE POR CAUSAS
ETOP (artículo 3):
Estos ERTES se tramitarán manteniendo las particularidades del artículo
23 del RD 8/2020. Ejemplo: el periodo de consultas no se puede
extender más allá de los 7 días.
Estos ERTES pueden iniciarse:
Mientras esta vigente el de FM:
en este caso si el ERTE ETOP es finalmente autorizado, su fecha de efectos se
retrotrae a la fecha de solicitud.
Después de finalizar el ERTE de FM:
la fecha del ERTE ETOP se retrotrae a la fecha de fin del ERTE de FM.
ERTES ETOP tramitados
antes de la entrada en vigor de este RD 30/2020:
Mantienen su vigencia hasta la fecha
prevista de fin de los mismos con posibilidad de prorrogarse en caso de que la
fecha de fin cayera durante la vigencia del RD 30/2020, siempre que se consiga
acuerdo en periodo de consultas.
La prórroga se tramitará ante la Autoridad
Laboral receptora de la comunicación final del ERTE ETOP inicial.
Duda:¿% de exoneración de
estos ERTES?
SALVAGUARDA DE
EMPLEO (artículo 5):
Se mantiene la garantía de empleo de los 6 meses para los trabajadores
afectados por el ERTE.
Recordar que el acceso a las bonificaciones y el no retorno de las ya
aplicadas depende de cumplir con este mantenimiento de empleo, ya que en caso
de incumplimiento pese a ser un solo trabajador, implica el RETORNO
COMPLETO (todos los meses y todos los trabajadores) del importe
exonerado.
Las empresas que se beneficien de las exoneraciones anteriormente
referenciadas, quedan sujetas a un nuevo periodo de mantenimiento de empleo de
6 meses.
Si la empresa afectada por un compromiso de mantenimiento de empleo
previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo de 6 meses se producirá
cuando aquél haya terminado.
Artículo 6
PROHIBICIÓN DE
DESPEDIR EN BASE A CAUSAS ETOP O FUERZA MAYOR DERIVADAS DEL COVID-19 (al declararse
improcedentes e implicar si es una persona afectada por ERTE el retorno de las
exoneraciones al no cumplirse con el mantenimiento de empleo de 6 meses).
EXTENSIÓN DE
LOS CONTRATOS EVENTUALES QUE VENCEN DENTRO DEL PERIODO AFECTADO POR EL ERTE POR
EL TIEMPO QUE EL CONTRATO HAYA RESTADO SUSPENDIDO ENTRE EL INICIO DE LA
AFECTACIÓN AL ERTE Y LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL MISMO.
Artículo 7:
PROHIBICIÓN DE
LA REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS, EXTERNALIZACIONES Y NUEVAS
CONTRACTACIONES, se
EXCEPTUAN personas afectadas que no puedan por formación, capacitación o
razones objetivas justificadas desarrollar las funciones encomendadas. También
en el caso de que la empresa no tenga ninguna persona contratada o con la
categoría para la función concreta a desarrollar
No cumplir con lo dispuesto implica cometer una infracción sujeta a
Inspección de Trabajo.
MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO (artículo 8):
Se extienden al igual que los ERTES hasta el 31.01.2021 las prestaciones
por desempleo.
IMPORTANTE: las empresas afectas por las prórrogas y las que
apliquen un ERTE por causas ETOP a fecha de entrada en vigor de esta norma, deberán
formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del
20.10.2020.
Las empresas que desafecten a todos o algunos
de los trabajadores del ERTE, lo deben comunicar con CARÁCTER PREVIO
a su efectividad a la entidad gestora. Igualmente la renuncia total y
definitiva del ERTE requiere su previa comunicación.
IMPORTANTE: se mantiene el importe a percibir, sin perjuicio de los
topes en función de la situación familiar concreta, del 70% de la base
reguladora de los 6 meses previos al ERTE inicial, todo ello hasta 31 de enero
de 2021.
Casos de regularización de las prestaciones
por desempleo cuando en un mes natural se alternen periodos de actividad e
inactividad, así como reducciones de jornada, la empresa deberá comunicar la
información sobre los días trabajados en el mes anterior (periodos de
actividad).
En el caso de las reducciones de jornada se
convertirán en días equivalentes de actividad, (2 días a jornada del 50%, son 1
día a jornada completa). Todo ello con carácter previo a la aplicación de la
reducción de jornada.
Nº horas trabajadas efectivamente/nº de horas
de una jornada habitual sin reducción de jornada.
PROTECCIÓN AL CONSUMO DEL DESEMPLEO:
Con el fin de proteger a las personas
afectadas por la crisis socio sanitaria y ERTES, NO se computarán en ningún
momento como consumidas de cara al desempleo durante el ERTE antes del
01.01.2022 que accedan a un nuevo derecho a percibirlo y sea como consecuencia
de el fin de un contrato temporal, despido individual o colectivo por causas
ETOP o despidos declarados improcedentes.
PRESTACIONES
EXTRAORDINARIAS DE LOS FIJOS DISCONTINUOS (artículo 9):
Los beneficiarios serán los FIJOS DISCONTINUOS afectados durante todo o
parte del periodo de actividad por un ERTE cuando dejen de estar afectados por
el ERTE por fin temporada.
Asimismo, los fijos discontinuos que hayan sido beneficiarias de
cualquiera de las medidas siempre que las hayan agotado, continúen desempleadas
y sin derecho a percibir las prestaciones por desempleo o las agoten antes del
31.01.2021.
Se exige que la empresa presente la solicitud de prestaciones
extraordinarias incluyendo a todos los fijos discontinuos que dejen de estar
afectados por el ERTE.
El plazo de presentación es de 15
días siguientes al fin temporada o para las situaciones previas a este RD, 15
días desde la entrada en vigor del mismo.
La prestación se prevé hasta el 31.01.2021 y podrá interrumpirse por
reincorporación total en cuyo caso la empresa debe comunicar la baja de dicha
prestación
Será el trabajador quien deberá comunicar dicha baja cuando inicie una
actividad como autónomo o por cuenta ajena en una empresa diferente en la que
está contratado como Fijo Discontinuo.
Dicha prestación se puede reanudar cuando el trabajador acredite el cese
involuntario como autónomo o se encuentre de nuevo en desempleo, eso siempre
previo al 31.01.2021.
Dicha prestación es compatible con el trabajo a tiempo parcial por
cuenta ajena que se tenga al nacer el derecho a recibir dicha prestación o
aquel iniciado a posteriori, previa deducción en su importe por la parte
proporcional del tiempo trabajado.
EMPRESAS
PERTENENCIENTES A SECTORES CON ELEVADA TASA DE COBERTURA POR ETE Y REDUCIDA
TASA DE RECUPERACIÓN DE ACRTIVIDAD:
CONCEPTO: Las empresas con ERTE por FM prorrogados hasta el 31.01.2021 y que se
incluyan en la lista expuesta en el Anexo I del RD 30/2020.
También aquellas empresas cuyo negocio dependa indirectamente y en su
mayoría de las empresas referidas en este Anexo o que formen parte de la cadena
de valor de éstas.
Se entiende por ser integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente aquellas cuya facturación durante el año 2019 se haya generado, al menos un 50% en operaciones hechas de forma directa con las incluidas en el Anexo I, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada por empresas incluidas en dichos códigos CNAES del Anexo I.
Puedes acceder al Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, con toda la nueva regulación laboral y su tabla anexa de sectores/actividades incluidas aquí.
Hoy se ha publicado el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, que aprueba el conjunto de medidas pactadas y MOYA & EMERY Asesoría y Consulting te acerca este resumen con los aspectos más importantes:
Se prorrogan automáticamente todos los ERTE de fuerza mayor vigentes.
Será posible solicitar nuevos ERTE de fuerza mayor, tanto por impedimento como por limitación de actividades en todos los sectores, altamente exonerados en el pago de cuotas.
Se establecen exoneraciones en la cotización para empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad y su cadena de valor, con ERTE prorrogado, sin necesidad de solicitar uno nuevo.
Los trabajadores fijos discontinuos podrán percibir una prestación extraordinaria.
No se reducirá el porcentaje de base reguladora para calcular las prestaciones por ERTE cuando se hayan percibido 6 meses de prestación.
Se mantiene el “contador a cero” y el acceso a prestaciones de desempleo sin carencia previa.
Se mantiene la limitación de repartir dividendos y de acceso a ayudas por empresas situadas en paraísos fiscales.
Se establece una nueva salvaguarda de empleo de 6 meses.
Puedes acceder al Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, con toda la nueva regulación laboral y su tabla anexa de sectores/actividades incluidas aquí.
RESUMEN
RD 30/2020 de 29 de septiembre de 2020, de medidas sociales en defensa del
Empleo
ERTES FUERZA MAYOR (artículo 1):
Los
ERTES suspensivos y por reducción de jornada por Fuerza Mayor autorizados hasta
la fecha se prorrogan automáticamente hasta el próximo 31 de enero de 2021.
Dudas:
¿habrá exoneraciones a la Seguridad Social para esta prórroga? Si es así,
¿cuáles son los % de exoneración? ¿se prorrogan los % de exoneración previstos
hasta 30 de septiembre? ¿es el mismo % para trabajadores recuperados y para los
afectados por reducciones de jornada?
ERTES POR REBROTE (artículo 2):
Concepto
ERTE por Rebrote y empresas que se pueden ver beneficiadas por el mismo:
Empresas o entidades que independientemente
del sector o actividad vean impedido el desarrollo de su actividad como
consecuencia de las nuevas restricciones o medidas de contención sanitarias
adoptadas a partir del 01 de octubre de 2020, por autoridades españolas o
extranjeras y tengan previamente autorizado un ERTE.
Empresas o entidades que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de las decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, previa autorización de un expediente de regulación temporal de Fuerza Mayor por limitaciones (este inciso da pie a pensar que es un nuevo tipo de ERTE no un complemento del anterior, ya que si no pienso que debería poner previa autorización de un ERTE por FM en base al artículo 22 del RD 8/2020.
Se accederá a estas
exoneraciones a instancia del empresario y previa comunicación por su parte a
los organismos competentes los trabajadores afectados y los periodos de
suspensión y reducción de jornada afectados. Todo ello, mediante declaración
responsable.
La renuncia expresa al
ERTE determina el fin de las exoneraciones desde la fecha de efectos de la
renuncia, debiéndose comunicar a la TGSS y a la Autoridad Laboral.
Estas exoneraciones no
afectarán a la cotización de los trabajadores, es decir, ni los que se vean
afectados por suspensiones ni por reducciones de jornada verán mermadas sus cotizaciones,
sino que seguirán cotizando al 100% de su jornada habitual previa al ERTE. Ejemplo:
Trabajador reducido a un 50% de su jornada, su cotización es del 100% es decir,
como si hiciera una jornada del 100%.
ERTE POR CAUSAS
ETOP (artículo 3):
Estos ERTES se tramitarán manteniendo las particularidades del artículo
23 del RD 8/2020. Ejemplo: el periodo de consultas no se puede
extender más allá de los 7 días.
Estos ERTES pueden iniciarse:
Mientras esta vigente el de FM:
en este caso si el ERTE ETOP es finalmente autorizado, su fecha de efectos se
retrotrae a la fecha de solicitud.
Después de finalizar el ERTE de FM:
la fecha del ERTE ETOP se retrotrae a la fecha de fin del ERTE de FM.
ERTES ETOP tramitados
antes de la entrada en vigor de este RD 30/2020:
Mantienen su vigencia hasta la fecha
prevista de fin de los mismos con posibilidad de prorrogarse en caso de que la
fecha de fin cayera durante la vigencia del RD 30/2020, siempre que se consiga
acuerdo en periodo de consultas.
La prórroga se tramitará ante la Autoridad
Laboral receptora de la comunicación final del ERTE ETOP inicial.
Duda:¿% de exoneración de
estos ERTES?
SALVAGUARDA DE
EMPLEO (artículo 5):
Se mantiene la garantía de empleo de los 6 meses para los trabajadores
afectados por el ERTE.
Recordar que el acceso a las bonificaciones y el no retorno de las ya
aplicadas depende de cumplir con este mantenimiento de empleo, ya que en caso
de incumplimiento pese a ser un solo trabajador, implica el RETORNO
COMPLETO (todos los meses y todos los trabajadores) del importe
exonerado.
Las empresas que se beneficien de las exoneraciones anteriormente
referenciadas, quedan sujetas a un nuevo periodo de mantenimiento de empleo de
6 meses.
Si la empresa afectada por un compromiso de mantenimiento de empleo
previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo de 6 meses se producirá
cuando aquél haya terminado.
Artículo 6
PROHIBICIÓN DE
DESPEDIR EN BASE A CAUSAS ETOP O FUERZA MAYOR DERIVADAS DEL COVID-19 (al declararse
improcedentes e implicar si es una persona afectada por ERTE el retorno de las
exoneraciones al no cumplirse con el mantenimiento de empleo de 6 meses).
EXTENSIÓN DE
LOS CONTRATOS EVENTUALES QUE VENCEN DENTRO DEL PERIODO AFECTADO POR EL ERTE POR
EL TIEMPO QUE EL CONTRATO HAYA RESTADO SUSPENDIDO ENTRE EL INICIO DE LA
AFECTACIÓN AL ERTE Y LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL MISMO.
Artículo 7:
PROHIBICIÓN DE
LA REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS, EXTERNALIZACIONES Y NUEVAS
CONTRACTACIONES, se
EXCEPTUAN personas afectadas que no puedan por formación, capacitación o
razones objetivas justificadas desarrollar las funciones encomendadas. También
en el caso de que la empresa no tenga ninguna persona contratada o con la
categoría para la función concreta a desarrollar
No cumplir con lo dispuesto implica cometer una infracción sujeta a
Inspección de Trabajo.
MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO (artículo 8):
Se extienden al igual que los ERTES hasta el 31.01.2021 las prestaciones
por desempleo.
IMPORTANTE: las empresas afectas por las prórrogas y las que
apliquen un ERTE por causas ETOP a fecha de entrada en vigor de esta norma, deberán
formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del
20.10.2020.
Las empresas que desafecten a todos o algunos
de los trabajadores del ERTE, lo deben comunicar con CARÁCTER PREVIO
a su efectividad a la entidad gestora. Igualmente la renuncia total y
definitiva del ERTE requiere su previa comunicación.
IMPORTANTE: se mantiene el importe a percibir, sin perjuicio de los
topes en función de la situación familiar concreta, del 70% de la base
reguladora de los 6 meses previos al ERTE inicial, todo ello hasta 31 de enero
de 2021.
Casos de regularización de las prestaciones
por desempleo cuando en un mes natural se alternen periodos de actividad e
inactividad, así como reducciones de jornada, la empresa deberá comunicar la
información sobre los días trabajados en el mes anterior (periodos de
actividad).
En el caso de las reducciones de jornada se
convertirán en días equivalentes de actividad, (2 días a jornada del 50%, son 1
día a jornada completa). Todo ello con carácter previo a la aplicación de la
reducción de jornada.
Nº horas trabajadas efectivamente/nº de horas
de una jornada habitual sin reducción de jornada.
PROTECCIÓN AL CONSUMO DEL DESEMPLEO:
Con el fin de proteger a las personas
afectadas por la crisis socio sanitaria y ERTES, NO se computarán en ningún
momento como consumidas de cara al desempleo durante el ERTE antes del
01.01.2022 que accedan a un nuevo derecho a percibirlo y sea como consecuencia
de el fin de un contrato temporal, despido individual o colectivo por causas
ETOP o despidos declarados improcedentes.
PRESTACIONES
EXTRAORDINARIAS DE LOS FIJOS DISCONTINUOS (artículo 9):
Los beneficiarios serán los FIJOS DISCONTINUOS afectados durante todo o
parte del periodo de actividad por un ERTE cuando dejen de estar afectados por
el ERTE por fin temporada.
Asimismo, los fijos discontinuos que hayan sido beneficiarias de
cualquiera de las medidas siempre que las hayan agotado, continúen desempleadas
y sin derecho a percibir las prestaciones por desempleo o las agoten antes del
31.01.2021.
Se exige que la empresa presente la solicitud de prestaciones
extraordinarias incluyendo a todos los fijos discontinuos que dejen de estar
afectados por el ERTE.
El plazo de presentación es de 15
días siguientes al fin temporada o para las situaciones previas a este RD, 15
días desde la entrada en vigor del mismo.
La prestación se prevé hasta el 31.01.2021 y podrá interrumpirse por
reincorporación total en cuyo caso la empresa debe comunicar la baja de dicha
prestación
Será el trabajador quien deberá comunicar dicha baja cuando inicie una
actividad como autónomo o por cuenta ajena en una empresa diferente en la que
está contratado como Fijo Discontinuo.
Dicha prestación se puede reanudar cuando el trabajador acredite el cese
involuntario como autónomo o se encuentre de nuevo en desempleo, eso siempre
previo al 31.01.2021.
Dicha prestación es compatible con el trabajo a tiempo parcial por
cuenta ajena que se tenga al nacer el derecho a recibir dicha prestación o
aquel iniciado a posteriori, previa deducción en su importe por la parte
proporcional del tiempo trabajado.
EMPRESAS
PERTENENCIENTES A SECTORES CON ELEVADA TASA DE COBERTURA POR ETE Y REDUCIDA
TASA DE RECUPERACIÓN DE ACRTIVIDAD:
CONCEPTO: Las empresas con ERTE por FM prorrogados hasta el 31.01.2021 y que se
incluyan en la lista expuesta en el Anexo I del RD 30/2020.
También aquellas empresas cuyo negocio dependa indirectamente y en su
mayoría de las empresas referidas en este Anexo o que formen parte de la cadena
de valor de éstas.
Se entiende por ser integrantes de la cadena de valor o dependientes
indirectamente aquellas cuya facturación durante el año 2019 se haya generado,
al menos un 50% en operaciones hechas de forma directa con las incluidas en el
Anexo I, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la
desarrollada por empresas incluidas en dichos códigos CNAES del Anexo I.
Ya se ha publicado el RDL 28/2020, de 22 de septiembre, que regula
el trabajo a distancia, conocido hasta ahora como TELETRABAJO. A
continuación, os pasamos un resumen de los aspectos más importantes de los
aspectos que recoge el RDL. La nueva regulación entra en vigor a los 20 días de
su publicación y NO tendrá efecto sobre trabajo a distancia implantado
excepcionalmente como consecuencia de las medidas de contención sanitaria
derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá resultando
de aplicación la normativa laboral ordinaria.
Las modalidades de trabajo que especifica
la ley:
«Trabajo a
distancia»: forma de organización del trabajo o de realización de la
actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la
persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o
parte de ella, con carácter regular.
«Teletrabajo»:
aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o
prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de
telecomunicación.
«Trabajo
presencial»: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el
lugar determinado por la empresa.
Ley de teletrabajo: ámbito de
aplicación
Se entenderá que es regular el trabajo a
distancia que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un
mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje
proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.
Se limita su aplicación a los
contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en
prácticas y para la formación y el aprendizaje, solo cabrá un acuerdo de
trabajo a distancia que garantice, como mínimo, un porcentaje del
cincuenta por ciento de prestación de servicios presencial, sin perjuicio
del desarrollo telemático, en su caso, de la formación teórica vinculada a
estos últimos.
Y tendrá la misma igualdad de trato, de
oportunidades y no discriminación, que la persona trabajadora que preste los
servicios en el centro de trabajo.
Es necesario un acuerdo del trabajo a
distancia
El trabajo a distancia será voluntario para
la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma del
acuerdo, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en
un momento posterior.
La negativa de la persona trabajadora a
trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y
las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a
distancia, no serán causas justificativas de la extinción de la
relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de
trabajo.
La decisión de trabajar a distancia desde
una modalidad de trabajo presencial será reversible para la empresa y
la persona trabajadora.
Obligaciones formales del acuerdo
El acuerdo debe realizarse por escrito. Podrá
estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un
momento posterior, pero en todo caso deberá formalizarse antes de que se
inicie el trabajo a distancia.
La empresa deberá entregar a la
representación legal de las personas trabajadoras una copia de todos los
acuerdos de trabajo a distancia que se realicen y de sus actualizaciones, y
posteriormente, dicha copia se enviará a la oficina de empleo ( Sepe),
si no hubiera representación también debe de enviarse la copia básica al SEPE.
Contenido mínimo del acuerdo
Inventario de los medios, equipos y
herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los
elementos muebles, así como de la vida útil o periodo máximo para la renovación
de estos.
Enumeración de los gastos que pudiera
tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a
distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente
debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma.
Horario de trabajo de la persona
trabajadora y dentro
de él, en su caso, reglas de disponibilidad.
Porcentaje y distribución entre trabajo
presencial y trabajo a distancia, en su caso.
Centro de trabajo de la empresa al que
queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso,
desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.
Lugar de trabajo a distancia elegido por
la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia.
Duración de plazos de preaviso
para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso.
Medios de control empresarial de la
actividad.
Procedimiento a seguir en el caso de
producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a
distancia.
Instrucciones
dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las
personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente
aplicables en el trabajo a distancia.
Instrucciones dictadas por la empresa,
previa información a la representación legal de las personas trabajadoras,
sobre seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a
distancia.
Duración del acuerdo de trabajo a
distancia.
La modificación de las condiciones, incluido
el porcentaje de presencialidad, deberá ser objeto de acuerdo entre
la empresa y la persona trabajadora, formalizándose por escrito con carácter
previo a su aplicación.
Derechos de las personas trabajadoras
a distancia
Deberán garantizarse los mismos derechos
que a los trabajadores presenciales en materia de formación, promoción
profesional, registro horario y evaluación de riesgos con las especialidades
propias de este trabajo.
Destacando particularmente la consideración
a los siguientes derechos:
Derecho a
la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa
de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el
desarrollo de la actividad, de conformidad
con el inventario incorporado en el acuerdo referido en el artículo. Asimismo,
se garantizará la atención precisa en el caso de dificultades técnicas,
especialmente en el caso de teletrabajo.
Derecho al
abono y compensación de gastos. El desarrollo del trabajo a distancia
deberá ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la
asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los
equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad
laboral.
Derecho al
horario flexible
Derecho a la
intimidad y a la protección de datos, en los términos previstos en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, de acuerdo con los principios de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados.
No se podrá exigir la instalación de programas o
aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la
utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia.
Se deberán establecer criterios
de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso
los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos
sociales y los derechos reconocidos legal y constitucionalmente. En su
elaboración deberá participar la representación legal de las personas
trabajadoras. Los convenios o acuerdos colectivos podrán especificar los
términos dentro de los cuales las personas trabajadoras pueden hacer uso por
motivos personales de los equipos informáticos puestos a su disposición por
parte de la empresa para el desarrollo del trabajo a distancia, teniendo en
cuenta los usos sociales de dichos medios y las particularidades del trabajo a
distancia.
Derecho a la
desconexión digital. Las
personas que trabajan a distancia, particularmente en teletrabajo, tienen
derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. El deber
empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del
uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante
los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la
jornada y a cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que
dispongan la normativa legal o convencional aplicables.
La empresa, elaborará una política
interna dirigida a personas trabajadoras, incluidas los que ocupen puestos
directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la
desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre
un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga.
Facultades de organización, dirección,
control empresarial en el trabajo a distancia y protección de datos.
Las personas trabajadoras, en el
desarrollo del trabajo a distancia, deberán cumplir las instrucciones que haya
establecido la empresa en el marco de la legislación sobre protección de datos.
Las personas trabajadoras deberán cumplir
las instrucciones sobre seguridad de la información específicamente fijadas por
la empresa, previa
información a su representación legal, en el ámbito del trabajo a distancia.
Condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos o útiles
informáticos.
Las personas trabajadoras deberán cumplir
las condiciones e instrucciones de uso y conservación establecidas en la
empresa en relación
con los equipos o útiles informáticos, dentro de los términos que, en su caso,
se establezcan en la negociación colectiva.
Facultades de control empresarial.
La empresa podrá adoptar las medidas que
estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por
la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, incluida
la utilización de medios telemáticos, guardando en su adopción y aplicación la
consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la
capacidad real de los trabajadores con discapacidad.
Situaciones de trabajo a distancia
existentes a la entrada en vigor del real decreto-ley.
El real
decreto-ley será íntegramente aplicable a las relaciones de trabajo vigentes y
que estuvieran reguladas, con anterioridad a su publicación, por convenios o
acuerdos colectivos sobre condiciones de prestación de servicios a distancia,
desde el momento en el que estos pierdan su vigencia.
En caso de que los convenios o acuerdos
referidos en el apartado anterior no prevean un plazo de duración, esta norma
resultará de aplicación íntegramente una vez transcurrido un año desde su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que las partes firmantes
de estos acuerden expresamente un plazo superior, que como máximo podrá ser de
tres años.
En ningún caso
la aplicación de este real decreto-ley podrá tener como consecuencia la
compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos o condiciones
más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas que prestasen con
carácter previo sus servicios a distancia.
Trabajo a distancia como medida de
contención sanitaria derivada de la COVID-19.
Al trabajo a distancia implantado
excepcionalmente como consecuencia de las medidas de contención sanitaria
derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá resultando
de aplicación la normativa laboral ordinaria.
En todo caso, las empresas estarán
obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige
el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte
necesario.
En su caso, la negociación colectiva
establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona
trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran
sido ya compensados.
El presente real decreto-ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
Si quiere plantearnos sus dudas o consultas y recabar nuestro asesoramiento con respecto al teletrabajo o cualquier asunto de índole laboral en su empresa o trabajo, póngase en contacto con
Hoy en Moya & Emery queremos recordar a los trabajadores autónomos que, desde que se aprobó la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, los mismo pueden realizar hasta cuatro cambios anuales en su base de cotización. De este modo, se puede ajustar la cuota a la facturación que el autónomo prevea para los próximos meses y, si el negocio remonta, volver a una base superior.
En este caso, el plazo para hacerlo, y así asegurar que el cambio tenga efectos este mismo año, es hasta el 30 de septiembre. A partir de esa fecha, habría que esperar hasta el año que viene para que se haga efectivo.
Por ello, os recordamos que tenéis de plazo hasta el próximo 30 de septiembre para modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según la edad, para que tenga efectos a partir del 1 de octubre.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el proceso de
revisión de las prestaciones, está procediendo a notificar a las
personas beneficiarias de prestaciones los cobros indebidos que se
puedan haber originado.
Aquellas personas que hayan recibido cobros de forma indebida
recibirán una notificación para proceder a la devolución de estos
cobros. Una vez que se haya notificado este requerimiento, la persona
interesada dispone de 30 días hábiles para realizar este trámite, sin
recargos ni intereses si se realiza en el plazo correspondiente.
En el contexto actual, una vez efectuada la devolución del cobro indebido, NO es necesario que se presente el boletín de ingreso en la oficina de prestaciones. Se debe conservar por si fuese requerido más adelante
Nicolás Emery en el consultorio jurídico de Radio Calviá FM del viernes 18 de septiembre
El abogado y economista Nicolás Emery, socio y gerente de Moya & Emery, dedicó el ultimo consultorio jurídico de Radio Calvià FM a tratar diversos temas sobre la actualidad laboral:
La extensión o prolongación de los ERTEs para determinados sectores: hostelería y turismo, agencias de viajes, determinadas empresas del ámbito del ocio y la cultura;
La devolución de prestaciones indebidas por parte de los trabajadores en ERTE;
La derogación del RD 27/2020 de 4 de agosto y sus implicaciones en cuanto al tratamiento o calificación de la enfermedad profesional o accidente laboral;
Sentencias sobre la discriminación originada con la homologación de los autónomos societarios y el autónomo persona física y cambio de criterio expreso de la Seguridad Social: los autónomos societarios ya pueden proceder reclamar la devolución de cuotas pagadas en exceso.
Como siempre para cualquier duda, aclaración o consulta, puedes ponerte en contacto con Moya & Emery a través de nuestra web, perfiles en redes sociales o en cualquiera de nuestras oficinas en Palma o Calvià.
¿SE PRORROGARÁN LOS ERTES MÁS
ALLÁ DEL 30 DE SEPTIEMBRE?
La
respuesta a esta pregunta es la que están esperando muchos empresarios y
trabajadores para saber qué deben hacer y en qué situación van a quedar. Y es
que a quince días de la fecha fijada para el fin de los ERTES -el 30 de
septiembre- todavía no se ha hecho publicación oficial de si éstos van a ser o
no prorrogados y las condiciones en que se va a producir esa prórroga en caso
de darse.
Lo único
que se conoce por el momento es que el Gobierno parece contemplar la
posibilidad de alargar los ERTES no hasta final de año sino hasta finales de
enero de 2021, es decir, una vez pasadas las fechas de Navidad. Algo a lo que
las patronales han mostrado su oposición, entendiendo que determinados sectores
como el turístico necesitan de una prórroga mayor, hasta Semana Santa. Se insiste
que los ERTES se mantendrán el tiempo que resulten necesarios.
De ser
así, quedarían por concretar las futuras exoneraciones y bonificaciones a la
Seguridad Social a partir del próximo mes de octubre, así como algunos temas relativos a las prestaciones por
desempleo como el importe que deben recibir las personas afectadas por los
ERTES a partir del sexto mes.
En
relación con este último punto, parece haber consenso en cuanto a mantener que
el importe a recibir continúe siendo del 70% de la base reguladora y no del
50%, al carecer de sentido dejar a los trabajadores en una situación vulnerable
cuando necesitan ayuda más que nunca.
Ahora
bien, mantener esta prestación al 70% implica un mayor gasto público con lo
cual se plantea la posibilidad de que consuma otras prestaciones como el paro, prestación
hasta ahora intacta. Es decir, personas, que tengan o hayan tenido suspendido
su empleo más de 6 meses, empezarán a ver como su paro se consume.
¿SE REGULARÁ POR SECTORES ESTA
POSIBLE PRÓRROGA Y CONDICIONES?
Es
evidente que la incidencia del COVID-19 ha tenido un impacto a nivel general
para todo el tejido empresarial, sin embargo, su incidencia no ha sido la misma
en todos los sectores. Es manifiesto que las actividades más afectados han sido
y son las del sector turístico.
No obstante, las empresas prefieren una regulación general que no por sectores. Se entiende que todas las empresas que mantienen su ERTE es por necesidad no porque así lo deseen.
Official information for UK nationals moving to or living in Spain, including guidance on residency, healthcare, passports and the Withdrawal Agreement.
Published 22 March 2013 Last updated 7 September 2020
Attend one of our citizen outreach meetings
to keep up to date on working and living in Spain. Due to COVID-19
restrictions, the majority of our outreach will be taking place online.
The Withdrawal Agreement sets out the terms of the UK’s withdrawal from the EU
and provides for a deal on citizens’ rights. It sets out a transition
period which lasts until 31 December 2020. During this time you can
continue to live, work and study in the EU broadly as you did before 31 January 2020.
If you are resident in Spain at the end of the transition period, you
will be covered by the Withdrawal Agreement, and your rights will be
protected for as long as you remain resident in Spain.
Any rights that are not covered by the Withdrawal Agreement will be
the subject of future negotiations. Read this guidance page for more
information
In the meantime, make sure you are registered as a resident in Spain.
We will update this guidance as soon as more information becomes
available.
If you are legally resident in Spain before the transition period ends on 31 December 2020, you will be able to stay. You must register as a Spanish resident if you want to stay in Spain for more than 3 months. Children must also be registered with their own residency document.
If you are living in Spain before 1 January 2021 and register as a
resident after 6 July 2020, you will be issued with a biometric
residence card called a Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). This
card will prove your rights under the Withdrawal Agreement.
If you registered as a resident before 6 July 2020, you will have a
green A4 certificate or credit card-sized piece of paper from
Extranjeria or the police. This is still a valid document and will prove
your rights under the Withdrawal Agreement, including after the
transition period ends.
You can exchange your paper residence document for the new TIE but you are not obliged to.
The green paper residence certificate and the new biometric TIE card
will continue to be equally valid in proving your residence status and
rights in Spain. But, the Spanish government advises that the biometric
card is more durable and may simplify some administrative processes.
If you move to Spain after 31 December 2020, different immigration
requirements will apply. We will update this page when further
information is available.
This support is available only to those who need additional help.
This may include pensioners, disabled people, people living in remote
areas or who have mobility difficulties.
The services available for people who need this additional support include:
answering questions about residency applications, such as the documents required and application procedure
guiding individuals through the process, if necessary
supporting people facing language barriers or difficulty accessing technology
In Spain, this support is being provided by three organisations: The
International Organisation for Migration will cover: Andalusia, Madrid
and Murcia; Babelia will cover Alicante, Valencia and Castellon; and Age
in Spain will cover Catalonia and the Balearic Islands.
If you or someone you know may have difficulty completing the
paperwork, you can contact them using the details below to discuss how
they may be able to help you.
IOM – The International Organisation for Migration (Andalusia, Madrid and Murcia)
Helpline: +34 932 20 97 41 available Mon to Fri, 9am to 6pm
Healthcare
If you are living in Spain or move there permanently before 31
December 2020, you’ll have life-long healthcare rights in Spain as you
do now, provided you remain resident.
If you live in Spain and receive an exportable UK
pension, contribution-based Employment Support Allowance (ESA) or
another exportable benefit, you may currently be entitled to state
healthcare paid for by the UK. You will need to apply for a certificate of entitlement known as an S1 certificate.
You must also buy comprehensive travel insurance to cover anything not covered by your TSE, EHIC or for travel to countries outside the EU.
If you are resident in Spain, you must not use your EHIC from the UK to access healthcare in Spain, unless you are a student or posted worker.
When you travel from Spain for a temporary stay in another European
Economic Area (EEA) country or Switzerland, you can use your UK or Spanish-issued EHIC to access state-provided healthcare in the country. During that short stay:
the EHIC covers treatment that is medically necessary until your planned return home
an EHIC is not a replacement for comprehensive travel insurance
There will be no changes to your healthcare access before 31 December 2020. You can also continue to use your EHIC, as you did before, during this time.
The rules on travel will stay the same until the transition period
ends on 31 December 2020. During this time you can continue to travel to
countries in the Schengen area or elsewhere in the EU with your UK passport.
Check your passport is valid for travel before you book your trip.
Your passport should be valid for the proposed duration of your stay.
From 1 January 2021, you must have at least 6 months left on an adult
or child passport to travel to most countries in Europe (not including
Ireland). This requirement does not apply if you are entering or
transiting to Spain, and you are in scope of the Withdrawal Agreement.
If you renewed your current passport before the previous one expired,
extra months may have been added to its expiry date. Any extra months
on your passport over 10 years may not count towards the 6 months
needed.
You will need to renew your passport before travelling if you do not have enough time left on your passport.
As a non-EEA national, different border checks will apply when travelling to other EU
or Schengen area countries. You may need to show a return or onward
ticket and that you have enough money for your stay. You may also have
to use separate lanes from EU, EEA and Swiss citizens when queueing. Your passport may be stamped for visits to these countries.
Entry requirements
From 1 January 2021, you will be able to travel to other Schengen
area countries for up to 90 days in any 180-day period without a visa
for purposes such as tourism. This is a rolling 180-day period.
To stay for longer, to work or study, or for business travel, you
will need to meet the entry requirements set out by the country to which
you are travelling. This could mean applying for a visa or work permit.
You may also need to get a visa if your visit would take you over the
90 days in 180 days limit.
Periods of stay authorised under a visa or permit will not count against the 90-day limit. Travel to the UK and Ireland will not change.
Different rules will apply to EU countries that are not part of the Schengen Area. Check each country’s travel advice page for information on entry requirements.
Children travelling from Spain
On 1 September 2019, the Spanish authorities implemented a new
regulation. Children (under 18 years old) resident in Spain, who travel
out of Spain without a person who has parental responsibility, may need a
certified authorisation by that person. This is required in addition to
a valid travel document.
The Spanish authorities have confirmed that the regulation does not
apply to foreign children resident in Spain who are subject to the law
of their country of nationality, or to non-resident foreign children
visiting Spain.
We have notified the Spanish immigration authorities that there is no similar standard regulation in the UK,
so British consulates do not provide travel authorisation documents.
British children do not need written permission to travel unless they
are subject to a court order which states that written permission is
required from those holding parental responsibility. If the child is
subject to such a court order, or to ensure that an unaccompanied child
will be able to leave Spain without delay, you must obtain a certified
authorisation from a public notary in Spain.
You will need a valid residence document to exchange your licence.
To start the exchange process, book an appointment with the Spanish Traffic Authority (DGT)
online or by calling 060 (Spanish language only). You can request an
appointment to exchange your driving licence in a different province to
the one you live in.
Make sure you request the correct appointment option:
if your licence has expired or is due to expire in the next few months, you should choose ‘renovación’
if you have lost your licence or it has been stolen you should choose ‘sustitución’
for all other instances choose ‘canje’
You should get a photocopy of your UK licence certified by a notary prior to initiating this process in case there are any delays. You will have to hand over your UK licence to the Spanish Traffic Authority when applying to exchange it for a Spanish one.
You will be issued a temporary driving permit (“Autorización temporal
para conducir”) to use until your Spanish licence is processed. This
document is only recognised by traffic authorities in Spain and is not a
valid document in any other country.
You can instruct a registered ‘gestor’ to carry out this exchange process on your behalf if you wish.
These rules may change from 1 January 2021. We will update this guidance once more information is available.
Driving in the UK with a Spanish licence
Until the end of the transition period, you can still use your Spanish licence in the UK for short visits or exchange it for a UK licence without taking a test.
These rules may change from 1 January 2021. We will update this page once more information is available.
Lost, stolen or expired UK licences
If you live in Spain and your UK driving licence is lost, or stolen, or if it expires, you will not be able to renew it with the UK Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA). You will need to apply to the DVLA for a ‘certificate of entitlement’ in Spanish to be able to apply for a Spanish driving licence.
For information on driving in Spain, read our guidance on:
The UK has a double taxation
agreement with Spain to make sure that you do not pay tax on the same
income in both countries. You can ask the relevant tax authority about
double taxation relief.
Existing double taxation arrangements for UK nationals living in Spain have not changed.
As a Spanish resident, you must declare your global income to the
Spanish authorities, no matter which country it came from. If you are
not a resident, you will only pay tax on income that came from Spain.
Find out if you can pay National Insurance while abroad in order to protect your State Pension and entitlement to other benefits and allowances.
If you are employed or self-employed in the EU or EEA and you have a UK-issued A1/E101 form, you will remain subject to UK legislation until the end date on the form.
Pensions
You will need to tell the UK government offices that deal with your benefits, pension and tax if you are moving or retiring abroad.
There will be no changes before 31 December 2020 to the rules on claiming the UK State Pension in the EU, EEA or Switzerland as a result of the UK leaving the EU.
If you are living in the EU, EEA or Switzerland by 31 December 2020 you will get your UK
State Pension uprated every year for as long as you continue to live
there. This will happen even if you start claiming your pension on or
after 1 January 2021, as long as you meet the qualifying conditions
explained in the new State Pension guidance.
If you are living in Spain by 31 December 2020, you will be able to
count future social security contributions towards meeting the
qualifying conditions for your UK State Pension.
If you work and pay social security contributions in Spain, you will still be able to add your UK
social security contributions towards your Spanish pension. This will
happen even if you claim your pension after 31 December 2020.
If you are considering moving to Spain on or after 1 January 2021 and
you are not covered by the Withdrawal Agreement, the rules depend on
negotiations with the EU and may change. Check our guidance on benefits and pensions in the EU.
You can continue to receive your UK State Pension if you live in the EU, EEA or Switzerland and you can still claim your UK State Pension.
Benefits
You will need to tell the UK government offices that deal with your benefits, pension and tax if you are moving or retiring abroad.
You may still be able to claim some UK benefits like child and disability benefits if you live in Spain.
There will be no changes before 31 December 2020 to the rules on claiming UK benefits in the EU, EEA or Switzerland as a result of the UK leaving the EU.
If you are living in the EU, EEA or Switzerland by 31 December 2020, you will continue to receive any UK benefits you already receive. This will continue for as long as you live there and meet all other eligibility requirements.
If you work and pay social security contributions in Spain, your UK
social security contributions will be taken into account when applying
for Spanish contributions-based benefits. This will happen even if you
claim contributions-based benefits after 31 December 2020.
If you are considering moving to Spain on or after 1 January 2021 and
you are not covered by the Withdrawal Agreement, the rules depend on
negotiations with the EU and may change. Check our guidance on benefits and pensions in the EU.
Voting
You can vote and stand in local elections. To do so, you must:
register on the municipal register where you live (padrón municipal)
formally declare your intention to vote and register on the local electoral roll
confirm your padrón status every 2 to 5 years to remain registered and be able to vote
You can go to your local town hall and check your padrón status and the municipal electoral roll at any time.
You cannot vote in general or regional elections in Spain or European Parliamentary elections.
You may be able to vote in some UK elections. You can:
Tell the UK and Spanish authorities if you are returning to the UK permanently. To help prove you are now living in the UK, you must deregister with your:
If you get healthcare in Spain through the S1 form, you must contact the Overseas Healthcare Team on +44 (0)191 218 1999 or Seguridad Social to make sure your S1 is cancelled at the right time.
Read the guidance on returning to the UK permanently which includes information on, amongst other things, tax, access to services and bringing family members.
Disclaimer
Please note this information is provided as a guide only. Definitive information should be obtained from the Spanish authorities. The Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) is not liable for any inaccuracies in this information.
Questions for family members, third-country Nationals, of a UK National
I already have my residence document
GENERAL QUESTIONS
What is Brexit?
Brexit is the name given to the process of departure of
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (hereinafter “United
Kingdom”) from the European Union and the European Atomic Energy Community
(hereinafter referred to as “EU”).
The UK’s exit from the EU took place on 31 January 2020
and the terms of the departure are defined in the Agreement
on the withdrawal of the United Kingdom from the EU negotiated by
both parties (hereinafter Withdrawal Agreement). The Withdrawal Agreement
entered into force on 1 February 2020 and provides for an orderly departure of
the UK from the EU.
To this end, the Withdrawal Agreement foresees a
transition or implementation period which expires on 31 December 2020.
Residence rights are regulated in Title II of the Withdrawal Agreement.
What do I have to do to be recognised as a beneficiary of
the Withdrawal Agreement in Spain?
To address the documentation process, the Withdrawal Agreement offers two possibilities:
(1) lay down a procedure of a constituent nature, in which a new residence status must be applied for in the host State (Article 18.1);
(2) Not to
apply this procedure meaning that UK nationals will not have to ask for a new residence status
as a condition for legal residence. In this case, those eligible for residence rights
under the Withdrawal Agreement shall have the right to receive a residence
document expressly identifying them as beneficiaries of the Agreement (18.4).
Spain has opted for this second option and it is therefore not mandatory to apply for a new residence document.
It should be kept in mind that registration certificates
and residence card to family members of a Union citizen obtained
before the end of the transition
period will serve to prove their legal residence in Spain afterwards and to
benefit from the provisions of the Withdrawal Agreement. However, as from
6 July, you may apply for the issuance of a residence document explicitly
mentioning your status as beneficiary of the Withdrawal Agreement.
For those arriving in Spain after 6 July and in order to
avoid double requests (certificate
of registration of a citizen of the EU and residence document) a procedure for issuing residence documents under the Agreement during
the transition period has been designed. Once this procedure is operational (6 July), applications for
registration certificates or residence cards for the family member of the Union
citizen submitted by the beneficiaries of the Agreement shall be processed as
applications for the residence document referred to in Article 18.4 of the Agreement.
What will be my situation during the transition period?
The Withdrawal Agreement provides a transition period until 31 December 2020.
During this transition period, United Kingdom nationals and their family members who are nationals of third countries residing in Spain shall maintain their rights arising from the application of EU law.
After the end of the transition period, the Withdrawal
Agreement sets out that their rights of residence, work, studies and social
security will be maintained.
It should be kept in mind that registration certificates and residence card to family members of a Union citizen obtained before the end of the transition period will serve to prove legal residence in Spain afterwards and to benefit from the provisions of the Withdrawal Agreement. However, as from 6 July, you may apply for the issuance of a residence document explicitly mentioning your status as beneficiary of the Withdrawal Agreement.
Having a certificate of registration in force is a
guarantee of your rights as a resident in Spain.
You can consult this European Commission document
containing questions and answers on who benefits from the Withdrawal Agreement
and what their rights are.
Who is covered by the Withdrawal Agreement?
The Withdrawal Agreement protects United Kingdom
nationals residing in Spain at the end of the transition period, as well as
their third-country relatives, being members of the family before the end of
the transition period (except for future children) (see question 3.3).
What are the advantages of being recognised as a
beneficiary of the Withdrawal Agreement?
Both Brexit and the Withdrawal Agreement make it necessary to know which UK nationals reside in Spain before
the end of the transition period and which ones arrive after that date.
This is because the former, those who reside in Spain
before 31 December 2020, will have the rights of residence, free movement and
social security recognised by the Withdrawal Agreement. While those who arrive after that date will have different rights,
either those that recognise the future relationship between the EU and the
United Kingdom, or, in its absence, those recognised by Spanish law.
I have a registration certificate, can I still reside in
Spain?
Yes, you can continue to reside in Spain. In addition,
you and your family members may apply as from 6 July 2020 for the issuance of a
residence document explicitly mentioning your status as beneficiary of the Withdrawal Agreement, which will
facilitate both administrative formalities and the crossing of the external border.
What is my situation if I arrive
in Spain after the date of withdrawal (31 January 2020) and in the
middle of the transition period (1 February 2020-31 December 2020)? What do I
have to do?
The Withdrawal Agreement provides a transition period
until 31 December 2020.
As from 6 July, the procedure for obtaining the residence
document of Article 18.4 of the Agreement will be enabled. Therefore, if you
arrive from that date on, you must apply directly for the residence document at
the Inmigration Offices of the province
in which you reside. It will be verified that you meet the same requirements
demanded for obtaining the Union
citizen registration certificate. Once this residence document has been
obtained, it will be issued (in format Foreigner’s IdentityCard (TIE)) which
will explicitly mention your status as beneficiary of the Withdrawal Agreement.
If you have already obtained Spanish nationality you
will not need to do any formalities.
Will United Kingdom nationals residing in Spain obtain a
work permit to continue their professional activity in Spain?
No. The Withdrawal Agreement protects the rights of EU citizens
and British nationals, as
well as their respective relatives, to continue to live, work or study as they
do today and under the same essential conditions as under Union law. As a result, you will be able to continue working
as before without any additional permission.
Family members of a UK national, third-country nationals, resident
in Spain, do they have a special status?
Family members will maintain their family status throughout the transition period and thereafter.
I tried to get an appointment to get the residence
document, but there are no appointments available online, what can I do?
Due to the various phases associated with the Plan for
the Transition to a New Normality after the COVID crisis19, the number of
available appointments is gradually expanding.
Remember that, if you did not have a previous registration certificate or a Union citizen’s family card, the procedure may be requested here.
What will my situation be if I arrive in Spain after 1
January 2021? What foreign legislation applies to me?
Unless covered by the subjective scope of the Withdrawal Agreement , United Kingdom nationals entering Spain after 1 January 2021 shall be considered as third-country nationals. Therefore, the general immigration regime will apply to them, unless a future mobility scheme is negotiated within the framework of the future relationship being negotiated between the UK and the EU.
If I am a beneficiary of the Withdrawal Agreement, I am
in possession of a residence document issued on the basis of that agreement and
want to move to reside in another EU country,
can I do so?
The Withdrawal Agreement recognises the right to reside
in the host country, however future mobility will be subject to negotiations
within the framework of the future relationship between the UK and the EU.
Should there be a lack of agreement in this matter:
For short stays: the rules for short stays within the Schengen area
apply
For stays longer than 3 months, the national legislation
of each EEA shall apply.
If I have doubts, where can I get more information ?
In order to obtain the residence document, you must
request a prior appointment and submit your application personally to the
police establishments. The certificate will be replaced by the new residence
document that will be given to you within the time indicated by the office that
processed the card.
→ choose provincia→ trámites cuerpo nacional de policía(if it is posible tochoose) → choose Policia Exp tarjeta asociada al Acuerdo de retiradaciudadanos británicos y sus familiares.
Should I request it before 31 December 2020?
The procedure shall be operational from 6 July 2020, the date on which you may obtain a prior appointment to request the issue of this document.
Applications for the replacement of the registration certificate already in your possession may be raised at any time, including once the transition period is over.
2) I DON’T HAVE A REGISTRATION CERTIFICATE
Can I continue to reside in Spain?
Yes, but in order to facilitate administrative arrangements and
border crossings and your recognition as a beneficiary of the Withdrawal
Agreement, it is appropriate that you are in possession of the residence
document. It is recalled that, as from 6 July, in order to avoid double
requests, registration certificates will no longer be issued to United Kingdom
nationals and applications for such certificates will be understood and processed
as applications for the residence document.
If I arrive in Spain after 6 July and before the end of
the transition period, can I continue to apply for the EU registration
certificate? Or should I apply directly for this new residence document?
To avoid double requests, a system has been set up in which
applications for registration certificates will be understood and processed as
applications for this residence document identifying them as beneficiaries of
the Withdrawal Agreement.
How
do I get the residence document?
In order to obtain the residence document, you may have access to the new procedure established for this purpose by personally presenting the application, you or your representative, at the Immigration Office of the province (Oficina de Extranjería) in which you reside, or electronically.
Among
other requirements, you must prove that you resided in Spain before the end of
the transition period (e.g. through your registration certificate, rental
contracts, property ownership, employment contract, registration at a school).
This element will be more important if your application is submitted after the
transition period.
The
procedures are as follows:
first
You shall apply for the residence document at the Immigration Office of the province (Oficina de Extranjería) where you reside or will establish your residence. You can request it in person at the office (personally or through a representative) but you must obtain a prior appointment. Go here→ choose provincia → trámites oficinas deextranjería (if it is posible to choose) → Trámite para la documentación de nacionales de Reino Unido (Brexit)
And you may also request it electronically. → click “continuar”
→ choose provincia and how you are requesting (for example:
acceso individual) → click “continuar
nueva solicitud” → choose “EX20 – Documento de residencia
Artículo 50 TUE para nacionales
del Reino Unido (emitido de conformidad con el artículo 18.4 del Acuerdo de
retirada).
Second
Once granted, you must request its dispatch to the appropriate police unit. This procedure is face-to-face and personal.
To request your prior appointment: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html → choose provincia → trámites cuerpo nacional de policía (if it is posible to choose) → choose Policia Exp tarjeta asociada al Acuerdo de retirada ciudadanos británicos y sus familiares.
Should I request it within a maximum period of time?
The deadline for submitting the application will be 3 months from
your arrival in Spain.
How long will it take to get the residence document?
The deadline for deciding on your concession is three months.
And after that, you must request its dispatch within
one month of notification.
Can I apply for a residence document at any Immigration
office?
The application for the residence document must be made
to the Immigration Office of the province (Oficina de Extranjería) in which you
reside or where you are planning to establish your residence. Remember that you
can make the request electronically.
Can another person file the residence document
application in my place?
Requests to
Immigration offices may be made by a duly accredited representative.
On the other hand, the application for the issuance of the residence document (the physical card) to the police units must be made personally by the person concerned. Similarly, the collection must be carried out by the person concerned and presenting a valid and current passport.
INFORMATION ON DOCUMENTATION AND PROCEDURE
Should the required documents be originals or copies
(compulsed)?
The documents must be original.
If you apply electronically for the residence document
(procedure to be authorised for those who have not obtained a prior
registration certificate) you will provide
copies of it. It is recalled that an electronic signature system
must be in place in order to make the electronic application.
Is it necessary for me to prove my income?
Proof of sufficient income will only be required
if you do not have a previous registration certificate and do
not perform a professional or work activity in Spain.
Is it necessary for you to provide a criminal record
certificate?
You must not provide it together with your request.
However, the competent authority may verify the existence of a criminal record
and, where appropriate, refuse documentation on this ground considering it
would affect public policy.
If I arrive in Spain after 6 July, I
must request the document within 3 months of the entry date, what happens if I
submit the request later?
A sufficient additional time limit will be granted only
if sufficiently serious reasons (e.g. serious illness) are established. These
cases will be assessed individually by the Immigration Office.
While I get the new residence document, can I continue
working or studying in Spain?
Yes, I can.
What will be the cost of the new residence document?
The card fee must be paid, which
can be found on the website of the Ministry of the Interior.
During the procedure, will I be able to access the
processing status?
Yes, and if it is necessary to provide any additional documentation, it will be the administration itself that will contact you electronically or at your postal address. If you have provided an e-mail for notification purposes, please be aware of it.
What happens if an application is rejected? What will be
the deadlines for filing an appeal?
If your application is rejected, you may
file a complaint through administrative channels. The decision itself will tell
you the formalities relating to the appeal, deadlines, and to whom you must submit it. After this analysis in administrative proceedings, you will be able to go to court.
Have I been residing in Spain for more than 5 years, will
I be able to maintain or have access to permanent residence?
Yes, you will. However, obtaining a permanent residence document will require a procedure before the police unit (if you already have a temporary or permanent registration certificate) or taking two steps (if there is no registration certificate) at the Immigration Office and the police unit. Remember that procedures with Immigration offices (Oficinas de Extranjería) can be done electronically. Periods of residence prior to departure from the United Kingdom from the EU shall be taken into consideration.
QUESTIONS FOR FAMILY MEMBERS, THIRD-COUNTRY NATIONALS, OF A UK NATIONAL
Do family members of a United Kingdom national, third-country nationals, resident in Spain, have a special status?
Family members are beneficiaries of the Withdrawal Agreement and are therefore entitled to obtain the residence document under article 18.4.
If they are in possession of a residence card for a
family member of the EU citizen, they may apply to the police authorities for
it to be replaced by the residence document.
If, on the other hand, they do not have a family
member’s card of a citizen of the Union or have had it, but they have been
resident in Spain for more than five years without having
access to the permanent card, they may apply
to the Immigration office (Oficina
de Extranjería) in the province
where they reside for the
residence document, which will be
assessed individually and which, if resolved positively, will allow them to
request the issuance of the document.
What are the conditions for members of the UK family?
Family members of United Kingdom
nationals shall be beneficiaries provided that they satisfy one of the
following conditions:
Have resided in Spain before the end of the transition period and continue to reside here after this period;
Have not resided in Spain before the end of the transition period, but have a direct link with a national of the United Kingdom before the end of the transition period and, at the time when they are to be reunited with them, (e.g. with regard to spouses, dependent ascendants.
To be a first-degree consanguineous or adoptive descendant of a national of the United Kingdom and that the birth or adoption took place before or after the end of the transition period, in Spain or in a different place, provided that, at the time they are reunited with him, they are members of the nuclear or direct family as described in question 3.3 and meet one of the following conditions:
Both parents are nationals of the United Kingdom
One of the parents is a national of the United Kingdom and the other of Spanish nationality, or one of the parents is a national of the United Kingdom and has the right of joint or exclusive custody of the child.
Family members who have resided in Spain in accordance with Articles 12 and 13, Article 16(2) and Articles 17 and 18 of Directive 2004/38/EC before the end of the transition period and who continue to reside there after that period.
Who are considered family members?
According to the definitions of the Withdrawal
Agreement, both the so- called nuclear
family and the so-called extended family should be taken into
account provided that the family relationship (marriage, registered partner,
long-term relationship, etc.) has been established before the end of the
transition period and is maintained when the right of residence is to be
exercised.
It is considered nuclear family as set out in the Withdrawal
Agreement:
The spouse
The partner with whom the UK citizen is in a union analogous to a conjugal union entered in a public register established for that purpose in a Member State of the European Union or in a State party to the European Economic Area, provided that such entry has not been cancelled.
Their direct descendants, and those of their spouse or registered partner
Their direct ascendants, and those of their spouse or registered partner living in their care
It will also apply to the extended
family, in the framework of the withdrawal agreement as follows:
Another member of the family, regardless of nationality, who does not fall within the above definitions and who, in the country of origin, is dependent on or lives with the EU citizen who has the right of residence on a principal basis, or where, for serious health reasons, it is strictly necessary for the citizen of the EU to take care of the family member’s personal care;
The couple with whom the citizen of the Union has a stable relationship, duly proven.
However, this will apply to members of the extended family whose application for entry and residence under the Withdrawal Agreement was submitted before the end of the transition period and whose procedure is pending after the transition period.
Are there other cases where other people can enjoy the
right of residence, for example, to care for a minor EU citizen?
Yes, there are. In addition,
Article 9(a)(ii) of the Withdrawal Agreement goes beyond the reference to persons actually
caring for another
person (such as a parent caring for a minor) and is
worded more openly, to allow its application also to persons other than those
actually caring for another person (e.g. also minor siblings who are actually
cared for by the same person or persons as the minor EU citizen).
Can future family members benefit from the Withdrawal
Agreement?
Future family members do not have residence rights under the Withdrawal Agreement, with the sole exception of future children (born or legally adopted by European Union citizens or UK nationals).
I HAVE A RESIDENCE CARD TO FAMILY MEMBERS OF A UNION CITIZEN
How do I get the residence document?
In order to
obtain the residence document, you must request a prior appointment and submit
your application personally to the police establishments. Your temporary or
permanent residence card to family members of a Union citizen shall be replaced
by the new residence document
which will be given to you within a period specified by the office that processed the card.
If
you have a temporary residence card to family members of a Union citizen, but
have already reached 5 years of residence in Spain, you will be able to access the new procedure established for
this purpose, by personally submitting the application, you or your
representative, at the Immigration office
of the province in which you reside
(Oficina de Extranjería), or electronically.
The procedures are as follows:
FIRST
You shall apply for the residence document at the Immigration office of the province where you reside or are going to establish your residence. You can request it in person at the office (personally or through a representative) but you must obtain a prior appointment. Go here →choose provincia →trámites oficinas de extranjería (if it is posible to choose) → Trámite documentación nacionales terceros países familiares de nacionales de Reino Unido (Brexit)
—or electronically. →click “continuar” → choose provincia and how you are requesting (for example: acceso individual) → click “continuar nueva solicitud” → choose ““EX21 – Documento de residencia Artículo 50 TUEpara familiares de nacionales del Reino Unido (emitido de conformidad con el artículo 18.4 del Acuerdo de retirada)”
SECOND
Once granted, you must request its dispatch to the appropriate police unit. This procedure is face-to-face and personal.
To request your prior appointment: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html→choose provincia →trámites cuerpo nacional de policía (if it is posible to choose) →choose Policia Exp tarjeta asociada al Acuerdo de retirada ciudadanos británicos y sus familiares.
Should I request it before 31 December 2020?
The procedure will be operational from 6 July 2020, when an
appointment can be made for the issue of this document.
Applications for the replacement of the residence card to family
members of a Union citizen that you already hold may be raised at any time, including at the end of the transition period.
Remember, however, that your residence card to family members of a Union citizen will remain valid until it expires and serves to prove your legal residence in Spain after the end of the transition period and therefore benefit from the provisions of the Withdrawal Agreement. Therefore, please apply for this residence document when your card is about to expire.
I DON’T HAVE A RESIDENCE CARD TO FAMILY MEMBERS OF A UNION CITIZEN
If I arrive in Spain after 6 July and before the end of
the transition period, can I continue by applying for the residence card to
family members of a Union citizen?
Or should I apply directly
for this new residence document?
To avoid double
requests, a system
has been deployed
in which applications for residence card to family
members of a Union citizen for beneficiaries of the Withdrawal Agreement will
be understood and processed as applications for this residence document
identifying them as beneficiaries of the
Agreement.
How do I get the residence document?
To obtain the residence document, you can access the new
procedure established for this purpose, personally presenting the application,
you or your representative, at the Immigration office (Oficina de Extranjería) of the
province in which you reside, or electronically
The procedures are as follows:
FIRST
You shall apply for the residence document at the Immigration office of the province where you reside or are going to establish your residence.
You can request it in person at the office (personally or
through a representative) but you must obtain a prior appointment. Go here →choose provincia →trámites
oficinas de extranjería (if it is posible to choose) → Trámite documentación
nacionales terceros países familiares de nacionales de Reino Unido (Brexit)
or electronically. → click “continuar” → choose provincia and how you are requesting (for example: acceso individual) → click “continuar nueva solicitud” → choose ““EX21 – Documento de residencia Artículo 50 TUE para familiares de nacionales del Reino Unido (emitido de conformidad con el artículo 18.4 del Acuerdo de retirada)”
SECOND
Once granted, you must request its dispatch to the appropriate police unit. This procedure is face-to-face and personal.
To request your prior appointment: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html →choose provincia → trámites Cuerpo Nacional de Policía (if it is posible to choose) → choose Policia Exp tarjeta asociada al Acuerdo de retirada ciudadanos británicos y sus familiares.
Should I request it within a maximum period of time?
If you arrive from July 6, the deadline for submitting
the application will be 3 months from your arrival in Spain.
A sufficient additional time limit will be granted only
if sufficiently serious reasons (e.g. serious illness) are established. These
cases will be assessed individually by the foreign office.
How long will it take to get the residence document?
The deadline for deciding on your concession is three months.
And after that, it must request its dispatch within
one month of notification.
Can I apply for a residence document at any foreigner’s
office?
The application for the residence document must be made
to the Immigration Office of the province (Oficina de Extranjería) in which you
reside or where you are to establish your residence. Remember
that you can make the request electronically.
Can another person file the residence document
application in my place?
Requests to foreign offices may be made by a duly accredited representative.
On the other hand, the application for the issuance of the residence document (the physical card) to the police units must be made personally by the person concerned. Similarly, the collection of the same must be carried out by the interested party himself.
I ALREADY HAVE MY RESIDENCE DOCUMENT
Where can I renew the residence document that identifies
me as a beneficiary of the Withdrawal Agreement?
Residence documents that identify you as a beneficiary
of the Withdrawal Agreement may be renewed before the police units authorised
to do so when they have expired.
When should I renew the residence document that
identifies me as a beneficiary of the Withdrawal Agreement?
The residence document of beneficiary of the Agreement
must be renewed 30 days before the document
expires or within
90 days of the expiry date of the Agreement.
How long can I renew the residence document?
In cases where a temporary residence document is in
possession, a residence document shall be issued for 10 years, automatically
renewable every 10 years, and the term “Permanent” shall be entered in the
field corresponding to the Permission Type.
In cases where the person concerned holds a permanent
residence document, a residence
document shall be issued for 10 years,
automatically renewable every 10 years. Failure
to submit an application for renewal of the
residence document within the time limits laid down in paragraph 2 shall in no
case entail a loss of the right of permanent
residence.
What documentation do I have to provide?
Application form EX23.
Passport in force or copy of expired. If the passport is expired, a copy of the passport and the renewal application must be provided.
Proof-of-charge form (Model 790. Code 012). The paragraph “Certificate of Community resident registration or residence card of a family member of a Union citizen” should be marked.
1 photograph according to the requirements established in the regulations on national identity document.
Once I have a temporary residence document that
identifies me as a beneficiary of the Withdrawal Agreement, I have reached 5
years of legal residence in Spain before the document expires. Can I apply for
the permanent residence document?
Yes. Those
persons who have reached 5 years of legal residence in Spain may access
permanent residence (as established in Article 15 of the Withdrawal Agreement)
before the validity of the residence document issued expires.
If you started with a registration certificate or family
member card of a Union citizen, you
may request theissuance of a new residence
document from the police departments that are authorized to
issue it after verifying the duration of residence.
If, on the other hand, you did not have such a previous
certificate or card, the application will be addressed to the Immigration
office in the place where you reside (Oficina
de Extranjería), which, after assessing the application and if it is
approved, will allow you to apply for the issue of the document.
This new residence document will be valid for 10 years
and the term “Permanent” will be entered in the field corresponding to the Type of Permit.
El marketing a empresas a través de redes sociales (Instagram, Facebook, Youtube, Blogs, etc,), esto es, el servicio que prestan los denominados “creadores de contenido digital”, consistente en la selección, gestión y soporte fotografías y/o vídeos para la promoción de marcas o servicios está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo general del 21 por ciento.
Y en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, entendiendo que los
“creadores de contenido digital” se corresponden con los coloquialmente
denominados “influencers”, personas físicas que operan en internet a través de
redes sociales marcando tendencias que inciden en el consumo, por lo que las
marcas comerciales están interesadas en publicitarse a través de ellos, se está
ante la generación de rendimientos de actividad económica —profesional— , con
obligación de retener al tipo del 15% (o del 7% en los dos años siguientes al
inicio de la actividad).
No obstante, el tipo de retención aplicable debe matizarse respecto a los rendimientos que la consultante pudiera satisfacer a los “influencers por la cesión por estos de derechos de imagen, pues en tal caso el sometimiento a retención de los importes que aquella abona en la parte que efectivamente se correspondiera con esa cesión ya no lo sería como rendimientos de la actividad profesional desarrollada, sino que estarían sometidos a retención —con independencia de su calificación, que mantendría la de rendimientos de actividad profesional— como rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen, lo que comportaría la sujeción de esta parte al tipo del 24%.
Haz clic en el siguiente enlace para tener acceso al contenido completo de la Consulta Vinculante referida.
De nuevo Nicolás Emery, gerente de Moya & Emery asesores, en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM para dar un repaso a la actualidad laboral con un resumen de la situación actual y dar ciertas pautas acerca de cómo deben afrontar la nueva situación los empresarios, qué deben hacer con los contratos que finalizan o cómo actuar ante un trabajador que sistemáticamente da positivo en los test de detección del covid-19 y todo al hilo del anuncio por parte de la Ministra de Trabajo en su reciente visita a Baleares sobre la intención del Gobierno de extender los ERTEs más allá del 30 de Septiembre.
También, desde el prisma opuesto, el del trabajador, el abogado y economista Nicolás Emery ha expuesto su parecer acerca de qué debe hacer un empleado ante un despido por parte de la empresa en circusntancias y supuestos diferentes.
El despacho Moya y Emery, en concreto nuestra sede de Palma, ha sido uno de los elegidos para la preparación e ilustración del artículo de portada del ejemplar de hoy día 2 de septiembre del diario Última Hora sobre cómo afrontan la vuelta al trabajo, tras las vacaciones, los despachos y oficinas y para dar cuenta de las medidas adoptadas tanto por parte de las empresas (con sus trabajadores y clientes) y organismos públicos para evitar contagios por covid-19.
En definitiva, hemos mostrado que el empleo de mascarillas, mamparas protectoras, el uso de gel desinfectante, el cumplimiento del distanciamiento, la toma de temperatura corporal y el resto de medidas (la atención con cita previa, la potenciación del teletrabajo, el establecimiento de distintos turnos de trabajo en la empresa) han venido siendo la norma general en nuestro despacho desde el inicio de la pandemia, de cara a garantizar la seguridad y la salud tanto de nuestros trabajadores como de los clientes que reciben nuestro asesoramiento.
Desde aquí nuestro agradecimiento al Última Hora por mostrar de manera gráfica nuestro compromiso con el cumplimiento de las medidas protectoras frente al coronavirus.
Puedes tener acceso a la portada y el artículo de Última Hora a través de este enlace.
En determinadas prestaciones por ERTE es posible que, al consultar el recibo, aparezca un cobro indebido que no es real y que desaparecerá cuando se realicen las regularizaciones pertinentes. Desde MOYA & EMERY recomendamos volver a consultar el estado de la prestación más adelante, para corroborar que la situación se ha regularizado correctamente.
El Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), en el proceso de revisión de las prestaciones,
está procediendo a notificar a las personas beneficiarias de
prestaciones los cobros indebidos que se puedan haber originado para que
procedan a la devolución de dichos cobros. Una vez que se haya
notificado este requerimiento, la persona interesada dispone de 30 días
hábiles para realizar este trámite, sin recargos ni intereses si se realiza
en el plazo correspondiente.
Si tienes alguna duda al respecto de las prestaciones recibidas y quieres saber si no has recibido cantidades indebidas que tengas la obligación de devolver, ponte en contacto con los profesionales de MOYA & EMERY.
En MOYA & EMERY Asesoría y Consulting hemos trasladado nuestras oficinas de Calvià. A una distancia mínima de nuestra anterior ubicación (a escasos 50 m del antiguo “Club de Hielo” en que radicaba nuestra anterior oficina) y en el mismo Carrer Còrdova, ahora en los bajos del número 2, haciendo esquina con el Carrer de Castelló, encontrarás unas nuevas instalaciones con más personal y puntos de atención, salas de reuniones y despachos para procurarte el mejor servicio posible.
Aunque debido a la pandemia hemos pospuesto la inauguración oficial, la oficina está completamente operativa y a pleno rendimiento y estaremos encantados de atenderte en tus consultas.
El Real Decreto-ley 25/2020 establece que las empresas del sector turístico podrán acceder a una bonificacióndel 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de los trabajadores fijos discontinuos:
1. Las empresas, excluidas las pertenecientes
al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del
turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren
vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los
meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020, y que inicien o mantengan
en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de
carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos
meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad
Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación
conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.
Las bonificaciones de cuotas se
aplicarán
por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia de la empresa,
previa comunicación de la identificación de las personas trabajadoras, y
previa presentación de declaración responsable, respecto de cada
código de cuenta de cotización y mes de devengo, sobre su vinculación al sector
del turismo.
Para que las bonificaciones resulten de
aplicación las declaraciones responsables se deberán presentar antes de
solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al período
de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.
La presentación de las declaraciones
responsables a las que se refiere este artículo se deberán realizar a
través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la
Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden ESS/484/2013,
de 26 de marzo.
2. La bonificación regulada en este
artículo será de aplicación en todo el territorio nacional.
3. Las bonificaciones previstas para las
contrataciones establecidas en el Programa de Fomento del empleo regulado en
esta Ley, se financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria
del Servicio Público de Empleo Estatal.
4.Las bonificaciones de cuotas de la
Seguridad Social se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad
Social en las correspondientes liquidaciones de cuotassin perjuicio
de su control y revisión posterior por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
5. Estas bonificaciones serán compatibles
con las exenciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social. El
importe resultante de aplicar las exenciones y estas bonificaciones no podrán,
en ningún caso, superar el 100 por 100 de la cuota empresarial que hubiera
correspondido ingresar.
Moya & Emery en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM del 21 de Agosto de 2020
El pasado viernes el abogado y economista colegiado Nicolás Emery de Moya & Emery dio respuesta en el consultorio jurídico de #RadioCalviaFM, por un lado, a cómo debe actuar el empresario en el caso que un trabajador dé positivo por COVID-19 (caso cofirmado) y otros supuestos como que el trabajador haya tenido contacto estrecho con alguien contagiado o en los casos en que haya simple sospecha de contacto.
Además el gerente de Moya & Emery trató cómo afecta el decreto de cierre de determinadas actividades turísticas y cuáles son las opciones del empresario ante tal situación: enviar a los trabajadores al ERTE, cómo gestionar un ERTE por rebrotes (y su beneficio frente al ERTE parcial y el total) o cómo hacer frente a las necesidades de financiación de la empresa provocadas por la falta de facturación o el cierre forzoso.
En el Boletín Oficial del Estado del día 13 de mayo de 2020 se publicó el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, que entró en vigor el mismo día 13 de mayo de 2020, y que regula determinadas medidas en materia de protección por desempleo aplicables durante el desconfinamiento.
Por otra parte, el día 27 de junio de 2020 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de Junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, que ha entrado en vigor el mismo día de su publicación.
Para garantizar una aplicación homogénea del mismo se hace necesario dictar las presentes instrucciones, a las que puedes tener acceso haciendo clic en esteenlace.
De nuevo el gerente de Moya & Emery, Nicolás Emery, fue invitado a la televisión autonómica balear IB3 tv, al programa 5dies, para abordar las consecuencias jurídicas a que se enfrentan en forma de sanciones los locales todavía abiertos al público en la Calle del Jamón (El Arenal) y Punta Ballena (Magalluf) tras el decreto de cierre de Govern Balear.
El abogado y economista Nicolás Emery pudo dar su punto de vista jurídico al respecto de las dudas planteadas en el caso sobre si algunos de estos locales están afectados o no por el decreto de cierre y, por ende, incumpliendo la normativa vigente, por utilizar accesos (puertas de entrada) a los mismos situadas en calles colindantes a las marcadas como de obligado cierre.
Una vez más queremos recordarte que puedes ver la programación completa de IB3 tv a través de su web http://ib3.org/carta.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de
Igualdad, y los sindicatos más representativos de ámbito estatal, UGT y
CCOO, han firmado el pasado 30-7-2020 el «Acuerdo para el Desarrollo de
la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en el Trabajo»,
comprometiéndose con los dos proyectos de textos reglamentarios cuya
tramitación se está llevando a cabo en este momento. En este
sentido, los Ministerios firmantes procederán a efectuar todos los
trámites correspondientes para la aprobación de estas normas de
conformidad con el texto acordado en la mesa de diálogo social.
En el texto del acuerdo encontramos algunas de las futuras obligaciones para las empresas en
aspectos como: los registros retributivos, la auditoría retributiva, el
sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación
profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo que fuere
de aplicación y el derecho de información de las personas
trabajadoras.
a) registro retributivo
De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores,
todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su
plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. Este
registro tiene por objeto garantizar la transparencia en la
configuración de las percepciones, de manera fiel y actualizada, y un
adecuado acceso a la información retributiva de las empresas, al margen
de su tamaño, mediante la elaboración documentada de los datos
promediados y desglosados.
b) auditoría retributiva
Las
empresas que elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el mismo
una auditoría retributiva, previa la negociación que requieren dichos
planes de igualdad. La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la
información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la
empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación
efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de
retribución. Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para
evitar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades existentes o
que pudieran producirse en aras a garantizar la igualdad retributiva, y
asegurar la transparencia y el seguimiento de dicho sistema retributivo.
c) los planes de igualdad serán obligatorios en empresas de más de 50 trabajadores
Como
es sabido, el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación amplió gradualmente su
obligatoriedad a las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras,
introdujo modificaciones en el contenido y alcance de los planes de
igualdad y remitió la nueva regulación de los mismos a un futuro
desarrollo reglamentario.
El acuerdo
recalca la obligación de las empresas de 50 o más personas trabajadoras,
o cuando siendo inferior la plantilla si están incluidas en los apdos 3
y 4 del art. 45 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo.
Entrada en vigor
El futuro reglamento entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
En
todo caso, las empresas deberán tener negociado, aprobado y presentada
la solicitud de registro de su plan de igualdad en el plazo máximo de un
año a contar desde el día siguiente a la fecha que finalice el plazo
previsto para constituir la comisión negociadora del correspondiente
plan de igualdad, de conformidad a los plazos establecidos
normativamente.
Herramientas para el registro retributivo y valoración de los puestos de trabajo
En
el plazo de 6 meses desde la fecha de publicación del futuro real
decreto, se aprobará, a través de una Orden Ministerial del Ministerio
de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad, el formato y
herramienta informatizada de registro retributivo y un procedimiento
informatizado de valoración de puestos de trabajo, gestionado por el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
En su caso, dicha orden ministerial podrá prever que el registro de retribuciones y la valoración de puestos de trabajo efectuada cumplen con los requisitos formales exigidos en el presente reglamento, cuando para su realización se hayan utilizado dichos formatos y aplicado el procedimiento informatizado a los que se refieren el apartado primero de esta disposición final.
Una señora ha transmitido una vivienda en cuya finca fue necesaria la
instalación de un ascensor para facilitar la accesibilidad de un vecino. El
coste de la obra se distribuye entre todos los vecinos, correspondiéndole a la
señora una determinada cantidad.
La cuestión planteada es si el coste de la obra que sufraga la señora forma
parte del valor de adquisición de la vivienda a efectos del cálculo de la
ganancia patrimonial.
La DGT concluye que, en el caso planteado, la instalación de un
ascensor, como elemento nuevo, en un edificio no se puede considerar en ningún
caso como gasto de reparación y conservación del edificio (un gasto de
reparación y conservación no formará parte del valor de adquisición).
En este caso, se trata de una mejora del edificio en su conjunto, la cual
repercute en los propietarios del mismo, los cuales por la normativa reguladora
de la propiedad horizontal están obligados a costear. Y como tal mejora,
aumentará el valor de adquisición de la vivienda a efectos de la ganancia o
pérdida patrimonial que se haya podido producir en dicha venta. Dicho aumento
será en el importe sufragado exclusivamente por la señora.
SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas
FECHA-SALIDA
17/06/2020
NORMATIVA
LIRPF,
Ley 35/2006, Art. 33 a 35.
DESCRIPCION-HECHOS
La
consultante ha transmitido una vivienda en cuya finca fue necesaria la
instalación de un ascensor para facilitar la accesibilidad de un vecino. El
coste de la obra se distribuyó entre todos los vecinos, correspondiéndole a la
consultante una determinada cantidad.
CUESTION-PLANTEADA
Si
el coste la obra que sufragó la consultante forma parte del valor de
adquisición de la vivienda a efectos del cálculo de la ganancia patrimonial.
CONTESTACION-COMPLETA
La transmisión de la vivienda
generará en la transmitente una ganancia o pérdida patrimonial, al producirse
una variación en el valor de su patrimonio que se pone de manifiesto con
ocasión de una alteración en su composición, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF.
La ganancia o pérdida patrimonial
vendrá dada por la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de
la vivienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la LIRPF,
valores que vienen definidos en los artículos 35 y 36, para las transmisiones
onerosas y lucrativas respectivamente.
El artículo 35 de la LIRPF
establece lo siguiente:
“1. El valor de adquisición estará
formado por la suma de:
a) El importe real por el que dicha
adquisición se hubiera efectuado.
b) El coste de las inversiones y
mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes
a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por el
adquirente.
En las condiciones que
reglamentariamente se determinen, este valor se minorará en el importe de las
amortizaciones.
2. El valor de transmisión será el
importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado. De este valor se
deducirán los gastos y tributos a que se refiere el párrafo b) del apartado 1
en cuanto resulten satisfechos por el transmitente.
Por importe real del valor de
enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte
inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste”.
De acuerdo con este precepto, a
efectos de la determinación de la ganancia o pérdida patrimonial, formarán
parte del valor de adquisición el importe real por el que dicha adquisición se
hubiere efectuado, así como el correspondiente a las inversiones y mejoras
efectuadas en la vivienda y los gastos y tributos inherentes a la adquisición,
excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por la adquirente.
El concepto de mejora no aparece
contemplado expresamente en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Ahora bien, la Resolución de 1 de marzo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas
de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias (BOE de 8 de marzo de 2013), en el apartado 3 de su norma segunda
entiende por “mejora” el conjunto de actividades mediante las que se produce
una alteración en un elemento del inmovilizado, aumentando su anterior
eficiencia productiva.
Asimismo, el apartado 3 de la
norma segunda de la citada Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas define el concepto de ampliación, que consiste en un proceso
mediante el cual se incorporan nuevos elementos a un inmovilizado, obteniéndose
como consecuencia una mayor capacidad productiva.
Por el contrario, no formarán
parte del valor de adquisición los gastos de reparación y conservación de la
vivienda a los cuales sí hace referencia el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo, BOE de 31 de marzo, en adelante RIRPF, en su artículo 13, al señalar los
gastos deducibles en la determinación del rendimiento del capital inmobiliario,
entre los que incluye los gastos de conservación y reparación, que define como
“los efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los
bienes materiales, tales como el pintado, revoco o arreglo de instalaciones”,
así como “los de sustitución de elementos, como instalaciones de calefacción,
ascensor, puertas de seguridad y otros”.
De acuerdo con estos preceptos,
debe entenderse que constituyen reparaciones y conservaciones las destinadas a
mantener la vida útil del inmueble y su capacidad productiva o de uso, mientras
que cabe considerar como ampliaciones o mejoras las que redundan, bien en un
aumento de la capacidad o habitabilidad del inmueble, bien en un alargamiento
de su vida útil.
En el caso planteado, se debe
señalar que la instalación de un ascensor, como elemento nuevo, en un edificio
no se puede considerar, en ningún caso, como un gasto de reparación y
conservación del edificio, circunstancia que implicaría, en determinados casos,
la deducibilidad del mismo en el IRPF.
En definitiva, se trata de una
mejora del edificio en su conjunto, la cual repercute en los propietarios del
mismo, los cuales por la normativa reguladora de la propiedad horizontal están
obligados a costear.
Por lo tanto, como tal mejora
aumentará el valor de adquisición de la vivienda de la consultante a efectos de
la ganancia o pérdida patrimonial que se le haya podido producir en dicha
venta. Dicho aumento será en el importe sufragado exclusivamente por la
consultante.
Finalmente, resta por indicar que
la ganancia patrimonial se integrará en la base imponible del ahorro, en la
forma prevista en el artículo 49 de la ley del Impuesto.
Lo que comunico a Vd. con efectos
vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
• Un recordatorio sobre ayudas, prestaciones y bonificaciones para AUTÓNOMOS y también para EMPRESAS, en especial las líneas de avales y los préstamos ICO existentes.
• Un explicación y advertencia acerca de la intención sancionadora del Gobierno con respecto al incumplimiento de los ERTEs.
• Información sobre la tarjeta de identificación de extranjeros -TIE-.
Con alguna que otra más que justificada ausencia, la tradicional comida de verano de Moya y Emery tuvo lugar ayer. En un agradable ambiente, el equipo que conforma nuestra asesoría y consultoría pudo disfrutar de la hospitalidad y buen hacer culinario de nuestros amigos del ristorante trattoria Il Carpaccio de Santa Ponça.
El abogado y economista Nicolás Emery fue invitado al magazine 5dies IB3 para abordar las sanciones a locales abiertos al público y la posibilidad de cierre de los mismos por incumplimiento de la normativa, al hilo del calvario que pasan los vecinos de ciertos establecimientos en los que parece no cumplirse la normativa de horas de cierre, ruidos y demás y que han venido denunciando tanto ante las autoridades administrativas como ante los medios de comunicación dichas situaciones de forma reiterada.
Con nuestro agradecimiento desde Moya & Emery a la invitación de nuestros amigos del 5dies por delante, queremos recordarte que puedes ver la programación completa de IB3 a través de su web en la sección IB3 a la carta.
El equipo de Moya & Emery, bajo la dirección letrada del socio y gerente Nicolás Emery, consigue una sentencia favorable a los intereses de su cliente, un establecimiento hotelero con cafería y restaurante.
La reciente sentencia declara, en contra de lo pretendido por el trabajador, su despido disciplinario por parte de la empresa como despido procedente, sin vulneración de sus derechos y absolviendo por completo a la misma, a consencuencia del consumo de drogas reconocido por el trabajador en las instalaciones de la empresa (fumar porros), incluso fuera del horario laboral, en lo que considera una transgresión grave de la buena fe contractual.
Puedes ver la sentencia, expurgada de los datos de carácter personal, haciendo clic en este enlace.
Nicolás Emery, socio y gerente de Moya y Emery, con Jaime Mora Bosch en los micros de Radio Calvià FM para dar cuenta de la nueva norma, en forma de INSTRUCCIÓN, del Govern Balear en la que ordena cómo deben actuar las EMPRESAS EN ERTE con los trabajadores FIJOS DISCONTINUOS, cuyo incumplimiento puede salir muy caro en forma de pérdida de las exoneraciones a las que las empresas se hubieran acogido.
Como experto en ofrecer asesoría y consultoría a las empresas del sector turístico
en Baleares, en el que mayor incidencia tiene esta medida por el gran
número de trabajadores fijos discontinuos con que cuenta el sector
hotelero y la restauración, Nicolás Emery ha dado su visión y propuesto las soluciones que considera más ventajosas para dichas empresas a lo largo de la entrevista.
El Govern Balear ha publicado una nueva instrucción (haz clic en los siguientes enlaces para ver la norma publicada en el Boletín Oficial balear en castellano o en catalán) en la que ordena cómo deben actuar las empresas en ERTE con los trabajadores fijos discontinuos y desde Moya & Emery queremos recordar que incumplir esta instrucción puede salir muy caro en forma de sanciones.
El contenido de la instrucción, que consta de un artículo principal señala “[…] y para reafirmar las medidas protectoras y de salvaguarda del empleo para los trabajadores fijos discontinuos incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo, se considera necesario dictar la siguiente, Instrucción
Mantener a los trabajadores afectados, inclusive a los trabajadores fijos discontinuos, en el ERTE hasta la finalización de su vigencia, salvo previa incorporación efectiva al puesto de trabajo, si las empresas que han tramitado un expediente de regulación temporal de empleo continúan afectadas por las causas relacionadas con la COVID-19, derivadas de los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020. La persistencia en la actualidad de las causas que han motivado la tramitación de los ERTE (restricciones de actividad, limitaciones de aforo, ausencia de demanda de actividad, etc.), implica que las empresas no pueden recurrir a medidas de afectación de la relación laboral de los trabajadores fijos discontinuos distintas a las de los expedientes de regulación temporal de empleo. En caso contrario, la empresa incurriría en incumplimiento de la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020, con las consecuencias jurídicas previstas en ella, al haberse beneficiado indebidamente de medidas extraordinarias en materia de Seguridad Social.“
En distintas charlas con empresarios y clientes de la zona afectada
comentan, no pocos de ellos, que han realizado inversiones importantes
para cumplir la normativa sanitaria contra el covid-19. Es más, muchos
de ellos han solicitado ya, o están en trámite, las subvenciones
públicas disponibles por inversiones realizadas en medidas de
protección.
Siendo rigurosos, y dicho con todo el respeto, creemos que, si se ha
cumplido con la normativa sanitaria por parte de estas empresas,
entonces la medida de cierre parece excesiva, sobre todo cuando uno se
da cuenta con la lectura del decreto del pasado miércoles, que el
alcance de la medida afecta a comercios como estancos, tiendas de
alimentación, etc. Estos comercios no tienen incidencia sobre la oferta
turística y respuesta de la demanda.
En conversación con dos empresarios de la zona de Palma Nova, uno de ellos se quejaba de que la policía le había llamado la atención por tener un cliente a las 2:15 am en el local mientras que el otro empresario intentaba hacerle ver que las normas se han de cumplir. Es decir, si la hora de cierre está estipulada a las 2:00, entonces a las 2.15 no tiene que haber nadie. Puso el ejemplo de los pubs británicos, los cuales preavisan a los 10 minutos de la hora de cierre y, una vez tomada la última pinta de cerveza, los clientes marchan tranquilamente. Está claro que existe una imposibilidad material de alcanzar el control absoluto del cumplimiento de las normas, dado que la autoridad policial no puede alcanzar a supervisar en todo momento todos los locales abiertos al público. Quizás sería conveniente crear turnos de vigilancia diaria y horaria para que, al menos cada dos o tres días, los locales de ocio y los clientes se sientan vigilados de verdad. Un ejemplo de esta actuación con efecto disuasorio sería la mera presencia policial en las rotondas (sin necesidad de establecer controles efectivos) o la existencia conocida de radares con control fotográfico de velocidad. El conductor está en guardia y con esas medidas ya se evitan accidentes y con un presupuesto reducido. Por eso creo que la implantación de un plan de estas características podría ser positiva, reduciendo los recursos humanos necesarios, y consiguiendo evitar medidas tan drásticas como los cierres zonales. De esta forma, la gente podría divertirse cumpliendo las medidas de seguridad y salud. Otro ejemplo a seguir sería la ordenada celebración de la consecución del título de liga por parte del Real Madrid hace escasos días, que sucedió sin incidentes ni contravención de las normas.
Como ya decía el alcalde de Calvià en una reciente entrevista en Radio Calvià FM, estamos de acuerdo en que se tenían que tomar medidas, pero personalmente creo que se han adelantado a la realidad sanitaria del momento. Muchas empresas, que han realizado un esfuerzo importante para abrir sus locales, ahora se encuentran en una situación económica peor a la que tenían en la situación de cierre de actividad económica, dado que ya no puede solicitar un ERTE por fuerza mayor y a los trabajadores fijos discontinuos tienen que mantenerlos en las condiciones del Convenio del sector.
Como profesional del derecho entiendo que es obligatorio analizar
cada supuesto concreto antes de emitir una opinión jurídica, si bien no
dudo en animar a los empresarios que han visto cerrados sus negocios a
que reclamen responsabilidades económicas a la administración Balear,
que es la que ha tomado la medida, por los perjuicios que estas medidas
les acareen. Y deben recordar que, para ello, deberán presentar la
reclamación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo
de dos meses desde la publicación de la medida, acompañándola de un
Informe económico que motive y justifique la cuantía de sus pérdidas,
más por una falta de previsión del Govern que la medida en particular
tomada.
Cabe puntualizar que la medida tomada no afecta solamente a los
locales de la calle Punta Ballena, sino que tiene alcance al interior
del perímetro de la zona marcada en la Ley 1/2020 de 17 de enero. Las
aplicaciones para esta zona afectada son, por un lado, la reducción del
aforo del local -limitando el mismo a la utilización de la terraza del
local, con reducción, parecido a la fase II-; la limitación en el uso de
recipientes de tamaño superior a 600 cc -lo supone que no se puede
servir una jarra de sangría durante la cena ni siquiera en un hotel-; la
limitación del tamaño de pajitas…
Todo esto está muy bien, pero el local que está cumpliendo con las
normas sanitarias también se ve afectado al suponerle una reducción de
su capacidad productiva, creando situaciones de exceso de contratación
(de personal, de servicios o de mercaderías…) que se traducirán en
perdidas irrecuperables para el empresario y darán sin duda lugar a
cierres empresariales y destrucción de empleo para temporadas futuras.
Al igual que los empresarios de las zonas afectadas por el cierre, estos
también han realizado inversiones importantes para seguir adelante con
su actividad empresarial si bien, de haber sabido que a los 5 minutos de
haber empezado este partido las normas iban a cambiar tan
drásticamente, se hubieran pensado dos veces jugarlo y abriendo sus
negocios.
La decisión del gobierno Balear de cerrar establecimientos turísticos utilizando el COVID–19 como excusa es una traición al pequeño y mediano empresario, que sufrirá sus consecuencias en corto plazo, y también para los trabajadores, que pueden quedar fuera del mercado laboral y con la prestación por desempleo (paro) consumida hasta más allá de diciembre 2020. Se pueden prever ya las colas de empresarios a las puertas del juzgado para liquidar sus empresas debido a la adopción de estas medidas gubernamentales precipitadas y sin previa valoración de su impacto económico real, las cuales, OTRA VEZ, han venido a romper los planes que los empresarios estaban llevando a cabo para tratar de salir de la situación generada por la pandemia.
Por Nicolás Emery, para el digital canal4diario.com (publicación original, aquí)
¿Cuántos platillos pueden hacer girar en el aire los malabaristas inspectores de Trabajo?
El Gobierno dice que uno más: el control del cumplimiento de las normas de salud e higiene en el trabajo.
Por si los inspectores de Trabajo no tuvieran ya suficiente carga de
trabajo con la campaña específica de inspecciones presentada el pasado 1
de julio de 2020 por parte del Ministerio de Trabajo en aras a
controlar y evitar fraude en los ERTES, el Gobierno ha otorgado una nueva facultad extraordinaria a la Inspección de Trabajo: la disposición final duodécima del Real Decreto 26/2020, 7 de julio otorga a los inspectores competencias propias de Sanidad,
haciendo caso omiso a las quejas por parte de los sindicatos de la
Inspección sobre su falta de medios, recursos y tiempo material para
asumir la ingente cantidad de trabajo generada por la pandemia del
COVID-19, quienes han facilitado la exorbitante cifra media de 268 ERTES
asignados a cada inspector. Ahí es nada.
Concretamente la disposición final duodécima del Real Decreto 26/2020, 7 de julio, establece en su apartado 4:
Se habilita a los funcionarios de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrantes del Cuerpo Superior
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del Cuerpo de
Subinspectores Laborales, escala de Seguridad y Salud Laboral para
vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en
relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de
salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) del artículo 7.1, y
en el párrafo d) del mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras.
Dicha habilitación se extiende a los funcionarios habilitados por
las comunidades autónomas para realizar funciones técnicas
comprobatorias, a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con
las facultades que tienen atribuidas.
Según el Gobierno, esta facultad está pensada para que se cumplan
escrupulosamente las medidas de seguridad y salud impuestas hace un mes,
en aras a prevenir el contagio del COVID-19. Y es que durante la
desescalada, uno de los principales lugares en el que se corre el riesgo
de contagio es en el centro de trabajo.
Por ello, el Gobierno ha facultado de manera extraordinaria y temporal a los a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social a través de las comunidades autónomas para vigilar a las empresas en la implantación de las medidas obligatorias de seguridad e higiene para la protección de sus trabajadores ante el Covid-19. El Ejecutivo entiende que, de esta manera, se dará una respuesta rápida y eficiente para controlar la pandemia.
Hasta el momento la Inspección de Trabajo se limitaba a simplemente advertir
a las empresas sobre la importancia de cumplir con las medidas de
seguridad y salud en los centros de trabajo y a dar cuenta a Sanidad,
organismo competente para la realización de este tipo de funciones.
A nuestro juicio habilitar a la Inspección de Trabajo para realizar
funciones de vigilancia sobre las medidas de seguridad y salud es algo
descabellado, puesto que, como se ha puesto de manifiesto, la labor de
los Inspectores de Trabajo es actualmente excesiva. No
daban abasto con lo que tenían y se les sobrecarga de forma añadida
atribuyéndoles una nueva competencia que precisaría habilitar a unos
1.050 funcionarios, algo que a día de hoy es prácticamente imposible.
Si no se atienden las quejas y requerimientos de los sindicatos que
representan a los inspectores, está nueva normativa y su consecuente
habilitación para inspeccionar el cumplimiento de la normativa de
higiene y salud en la empresa se convertirá en papel mojado o no podrá
ser llevada a cabo con la efectividad que se debería.
Junto a ello, no debe olvidarse el posible conflicto de competencias que esta nueva atribución puede suponer, puesto que las funciones que se pretenden asignadas a la Inspección de Trabajo son propias de las autoridades sanitarias,
que son las que mejor conocen cómo realizar dichas funciones –para eso
están-. Además, cabe recordar que la función de la Inspección de Trabajo
es muy amplia, no reduciéndose a la prevención de riesgos laborales,
sino que se extiende, entre otras a materias laborales de Seguridad
Social y protección social, colocación, empleo, formación profesional
para el empleo y protección por desempleo, economía social, emigración,
movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, igualdad de trato y
oportunidades y no discriminación en el empleo, funciones de
asesoramiento, asistencia técnica y en su caso, de conciliación,
mediación y arbitraje.
Parece evidente que la intención del Gobierno es asustar
a las empresas, bajo la amenaza de elevadas sanciones, para que cumplan
con las medidas de seguridad y salud. Unas sanciones que oscilan entre
los 2.046 € y los 40.985 €, en función del número de trabajadores (a más
trabajadores, mayor sanción) y también de si la empresa ya ha sido
advertida o ha recibido un requerimiento previo. Conviene reseñar que un
incumplimiento de las normas de salud e higiene tendrá la consideración
de infracción grave de acuerdo con la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).
No obstante lo anterior, no acertamos a entender cómo el Gobierno atribuye otra función -y de vital relevancia- a la Inspección de Trabajo cuando el organismo competente es Sanidad, y mucho menos es comprensible cuando desde los propios sindicatos representantes de los implicados en la medida -los inspectores de trabajo- se ha puesto de manifiesto que la situación y carga de trabajo que están sufriendo es insostenible para cumplir con sus labores habituales, no disponiendo de los medios ni de la plantilla suficiente. El quid de la cuestión no debería radicar tanto en aprobar con bombo y platillos Reales Decretos repletos de medidas, por muy buen fin que pretendan, sino que las medidas aprobadas vinieran de la mano de una asignación de los recursos necesarios para hacerlas aplicables de forma efectiva. El mero deseo de que algo suceda, por grande que sea, desgraciadamente no lo convierte en realidad. Organismos como el SEPE, la INSPECCIÓN DE TRABAJO o la SEGURIDAD SOCIAL, y todos los funcionarios y personal que los componen, tendrán que hacer malabares con la excesiva carga de trabajo, haciendo girar en el aire con sus palillos multitud de platos, pero no podrán hacer la magia que el Gobierno les está pidiendo con la aprobación de esta medida que les habilita para inspeccionar también el cumplimiento de la normativa de salud e higiene frente al COVID-19. Alguno de esos platos caerá y se romperá. Esperemos que no todos.
Se anunciaron cambios importantes por parte del Govern y finalmente han llegado, si bien de forma matizada: Ayer se publicaba la resolución de la Consejería de Salud y Consumo que modifica medidas previas concretas sobre prevención y contención del coronavirus y que ahora establece la obligatoriedad del uso de mascarilla en las Islas Baleares. Puedes leer la norma publicada en el BOIB aquí y buscar el apartado específico, que alterna la normativa previa, en lo referente a:
Distancia interpersonal y uso obligatorio de mascarilla
Aforo de reuniones familiares y sociales
Ceremonias y celebraciones nupciales
Actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas y centros de formación
Medidas específicas para la circulación de público espectador o asistente de actos y acontecimientos culturales en espacios cerrados o al aire libre
Medidas específicas en agrupaciones corales y bandas de música
Condiciones para la apertura de locales de ocio infantil
Medidas relativas al transporte público terrestre
Medidas relativas a establecimientos de juego y apuestas
El pasado viernes entró en vigor el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, norma balear que fija las sanciones ante los incumplimientos de las normas dictadas para paliar los efectos del COVID-19. Haz clic aquí para ver el archivo en formato pdf
El Decreto Ley consta de tres capítulos, 13 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y dos finales.
El capítulo II contiene un régimen específico de infracciones y sanciones, así como las normas de graduación y de responsabilidad.
Del capítulo III destaca la regulación de la actividad inspectora que, en la Administración de la Comunidad Autónoma se encomienda a todo el personal inspector que tiene esta condición con independencia del órgano al que está adscrito y de las competencias materiales concretas atribuidas a este. Así mismo, se prevé que las actas o denuncias por las infracciones previstas en este Decreto Ley que formulen las policías locales, los servicios de inspección insulares y municipales, en el ámbito de sus competencias, se pueden enviar al órgano autonómico previsto para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, siempre respetando el ejercicio de las competencias atribuidas a los municipios y a los consejos insulares para sancionar los hechos y las conductas infractoras, cuando resulte oportuna. Al extender el acta o denuncia, el inspector podrá proponer la adopción de medidas provisionales o incluso adoptarlas de manera inmediata, en supuestos de riesgo grave para la salud de las personas.
La disposición final primera modifica el apartado 2 del artículo 3 del Decreto Ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad de zonas turísticas, y finalmente, la disposición final segunda establece, por una parte, la entrada en vigor inmediata del Decreto Ley, y por otra, la duración de los efectos del mismo hasta que el Gobierno central declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Debe considerarse retribución en especie imputable al trabajador a
efectos contributivos la cesión del uso del vehículo por parte de la empresa
durante el estado de alarma, aunque el particular/trabajador considere que el
vehículo está inmovilizado.
En primer lugar, señalar que la DGT aclara que el estado de
alarma no implica por sí la inmovilización del vehículo, sino la limitación
de los desplazamientos a los permitidos en dicho estado.
En segundo lugar, teniendo en cuenta el concepto de retribución en
especie del art. 42.1 Ley 35/2006 (Ley IRPF), que exige “la
utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos
o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun
cuando no supongan un gasto real para quien las conceda“, la
imputación al contribuyente de la retribución en especie deriva de la obtención
del derecho de uso del vehículo, existiendo dicha retribución en la medida
en que éste tenga la facultad de disponer del vehículo para usos
particulares, con independencia de que exista o no una utilización efectiva
para dichos fines. Con lo cual, procede la imputación de un rendimiento
de trabajo en especie por el vehículo.
SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas
FECHA-SALIDA
13/05/2020
NORMATIVA
LIRPF, 35/2006, Art. 42 y 43.
DESCRIPCION-HECHOS
La empresa para la que trabaja el consultante le ha
cedido un vehículo para su uso particular.
CUESTION-PLANTEADA
Si debe reflejar un rendimiento de trabajo en
especie por la cesión del uso del vehículo por la empresa durante el tiempo de
confinamiento correspondiente al estado de alarma derivado del COVID-19, al
considerar el consultante que el vehículo está inmovilizado.
CONTESTACION-COMPLETA
El artículo 42.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes
y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), en adelante LIRPF, determina que “constituyen
rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares,
de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al
normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda”.
A lo que añade —en su segundo párrafo— que “cuando el pagador de las rentas
entregue al contribuyente importes en metálico para que éste adquiera los
bienes, derechos o servicios, la renta tendrá la consideración de dineraria”.
A la valoración de las rentas en especie se refiere
el artículo 43.1 de LIRPF estableciéndola con carácter general en el valor
normal de mercado. A continuación, el mismo precepto recoge unas
especialidades, de las que procede reseñar aquí la regulada en el número 1º.b)
de ese mismo apartado, donde se dispone la siguiente valoración para los
rendimientos del trabajo en especie consistentes en la utilización o entrega de
vehículos automóviles:
“En el supuesto de entrega, el coste de
adquisición para el pagador, incluidos los tributos que graven la operación.
En el supuesto de uso, el 20 por ciento anual del
coste a que se refiere el párrafo anterior. En caso de que el vehículo no sea
propiedad del pagador, dicho porcentaje se aplicará sobre el valor de mercado
que correspondería al vehículo si fuese nuevo.
La valoración resultante de lo previsto en el
párrafo anterior se podrá reducir hasta en un 30 por ciento cuando se trate de
vehículos considerados eficientes energéticamente, en los términos y
condiciones que se determinen reglamentariamente.
En el supuesto de uso y posterior entrega, la
valoración de esta última se efectuará teniendo en cuenta la valoración resultante
del uso anterior”.
En relación con la cuestión consultada, y con
independencia de señalar que el estado de alarma no implica la inmovilización
del vehículo, sino la limitación de los desplazamientos a los permitidos en
dicho estado; partiendo del concepto de retribución en especie previsto en el
artículo 42.1 de la LIRPF, que exige “la utilización, consumo u obtención,
para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o
por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real
para quien las conceda”, debe señalarse que la imputación al contribuyente
de la retribución en especie deriva de la obtención del derecho de uso del
vehículo, existiendo dicha retribución en la medida en que éste tenga la
facultad de disponer del vehículo para usos particulares, con independencia de
que exista o no una utilización efectiva para dichos fines, por lo que procede
en consecuencia la imputación de un rendimiento de trabajo en especie en el
caso consultado.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El Real
Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, se trata del resultado que nace a partir de un
acuerdo del diálogo social y del II Acuerdo en Defensa del Empleo (II
ASDE), alcanzado entre los Ministerios de Trabajo y Economía social, y de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas de España, entre ellas, la Confederación
Española de Organización Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión
General de Trabajadores (UGT).
El Decreto establece la permanencia de los expedientes de regulación
temporal de empleo -ERTEs- basados en el artículo 22 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 marzo, solicitados antes de su entrada en vigor, hasta el
30 de septiembre de 2020. Teniendo que reincorporar paulatinamente a los trabajadores primando la
recuperación con reducciones de jornada.
Seguidamente, y como dato importante, no podrán
realizarse horas extraordinarias, establecerse o reanudarse externalizaciones
de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones durante la aplicación de
los expedientes de regulación temporal contemplados en este Real Decreto, a excepción de que la
empresa no cuente con ningún trabajador que pueda adaptarse al puesto de
trabajo concreto.
NOVEDADES
Se incrementa el
beneficio de cotización para las empresas y entidades que, a 30 de junio de
2020, continúen en situación de fuerza mayor total.
Y también para aquellas empresas que, habiendo
reanudado su actividad, vean imposibilitada el desarrollo de la misma por la
adopción de las nuevas restricciones.
En ambos supuestos se aplicarán las exenciones
contempladas en el artículo 4.1.
AUTÓNOMOS
En el título II del Real Decreto encontramos:
Medidas para la
protección de los trabajadores autónomos que tienen por objeto aliviar, en el ámbito de la
Seguridad Social, de forma progresiva, la carga del inicio o continuación de la
actividad.
Una exención
progresiva descendente en la obligación de cotizar, durante los tres primeros
meses siguientes al levantamiento del estado de alarma. Para los trabajadores
que, a 30 de junio, estén percibiendo la prestación por cese de actividad
recogida en el artículo 17 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, siendo la anterior del 100% en el mes de julio, el
50% en agosto y el 25% en el mes de septiembre.
Por otro lado, se
contempla una prestación extraordinaria de cese de actividad
cuyos destinatarios serán los trabajadores de
TEMPORADA.
EXENCIONES DEL ARTÍCULO 4.1.A)
La exención alcanzará el
60% de la aportación devengada en julio, agosto y septiembre de 2020, cuando el
empresario hubiese tenido menos de 50 trabajadores o asimiladas antes del 29 de
febrero de 2020.
Si en la fecha del 29 de
febrero de 2020, el empresario hubiese tenido 50 o más personas trabajadoras la
exención alcanzará el 40% de la aportación empresarial devengada en julio,
agosto y septiembre de 2020.
MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES
AUTÓNOMOS
En el artículo 8 se establece que
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que estuviesen percibiendo
el 30 de junio la prestación extraordinaria para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19 tendrán derecho a una exención
de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional con las siguientes cuantías:
100% de las cotizaciones correspondientes al mes de julio
50% de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto
25% de las cotizaciones correspondientes a septiembre
Dichas exenciones serán incompatibles con la percepción de la prestación
por cese de actividad.
Asimismo, el artículo 9, sobre la Prestación de cese de actividad y trabajo
por cuenta propia, establece para aquellos casos de trabajadores autónomos que
viniesen percibiendo desde el 30 de junio la prestación extraordinaria de cese de
actividad prevista en el art. 17
del Real
Decreto-ley 8/2020. Estos, podrán solicitar la prestación por cese de actividad prevista en
el artículo 327 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en los apartados a), b), d)
y e) del artículo 330.1 de la misma ley.
Para poder acceder a la misma, se tendrá que
demostrar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del 2020,
de por lo menos el 75% en comparación con el año 2019. Así como no haber
obtenido, durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos
superiores a 5.818,75 €.
Para solicitar dicha prestación, se deberá
cumplimentar una declaración responsable que será requerida por
las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Plazo de finalización de la prestación: 30 de septiembre de
2020. (Siempre que se cumplan los requisitos del artículo 330 de la Ley General
de la Seguridad Social).
El reconocimiento a la
prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras con efectos del 1 de
julio, si se solicita antes del 15 de julio. O con efecto desde el día
siguiente, debiendo ser regularizada a partir del 31 de enero de 2021.
Las mutuas serán las que
recaben en las administraciones tributarias los datos de los ejercicios de 2019
y 2020. En el caso de que no pudiesen acceder a estos datos. El empresario
tendrá que aportar:
Modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),
correspondiente a las declaraciones del segundo y tercer trimestre de los años
2019 y 2020.
Modelo 130 de la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del segundo y tercer trimestre de los
años 2019 y 2020.
En segundo lugar, se establece una Prestación
extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada (artículo 10). Dicha ayuda viene
reconocida a aquellos Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de
Trabajadores del Mar que hayan desarrollado su actividad durante los meses de
marzo y octubre, que hayan permanecido en alta durante al menos cinco meses al
año durante ese periodo. Sin llegar a superar los 120 días a lo largo de los
años 2018 y 2019. Requisito que se encuentran en el artículo 10.2 del Real Decreto-ley
24/2020.
Cabe tener en cuenta que tendrá una duración de 4
meses, y sus efectos se aplican a partir del 1 de junio 2020.
La gestión de la prestación podrá solicitarse desde
la entrada en vigor del decreto, es decir, desde el 27 de junio de 2020 hasta el mes de
octubre de 2020.
RESUMEN GENERAL
Se prorroga la exención de las cuotas de la Seguridad Social para los autónomos que
estuviesen recibiendo las prestaciones extraordinarias hasta el 30 de junio.
Aplicándose exenciones del 100% en julio, 50% en agosto y del 25% en
septiembre.
Para aquellos autónomos que se acogieron a la prestación ordinaria por cese de actividad, podrán solicitarla si
demuestran que su facturación se ha visto reducida en 75% respecto al año 2019.
El disfrute de la misma duraría hasta el 30 de septiembre de 2020
Se establece una ayuda para los autónomos de
temporada, estos podrán acceder a la prestación extraordinaria, es decir,
el 70% de la base reguladora más la exoneración de las cotizaciones sociales,
cuyos efectos se aplicarían desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre.
Solicitud
que se realiza a través de las mutuas colaboras de la Seguridad Social, sin que
sea exigible periodo mínimo de cotización. A su vez, añadir que la prestación
es compatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social.
AYUDAS PARA AUTÓMOS EN LAS ISLAS BALEARES
Por su parte, el Govern Balear ha
publicado en su web información relevante respecto a la convocatoria
extraordinaria de ayudas dirigidas a los autónomos.
El trámite, de carácter telemático, constará de dos
fases:
en
la fase 1, del 22 al 26 de julio se abrirán las solicitudes de cita
previa para el trámite telemático
y
en la fase 2 para iniciar el trámite que será a partir del 27 de julio.
Los enlaces para realizar el trámite se
publicarán el 11 de julio y se actualizarán en la siguiente página http://dgpe.caib.es. Por último, la convocatoria
se publicará el 11 de julio.
Asimismo, se ha habilitado un específico teléfono
para solicitar información 900 101 798.
Las cuantías de las ayudas son las
siguientes:
2.000€
si no tienen trabajadores
2.500€
si tienen entre 1 y 2 trabajadores
3.000€ si tienen más de 2 trabajadores
La ayuda se destina tanto a autónomoscon actividad durante todo el año como para autónomos temporales.
Los requisitos generales son la residencia
en las Islas Baleares, o centro de trabajo o actividad desarrollada en dicha
comunidad autónoma, no tener otra ayuda que invalide esta misma y estar al
corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.
Como requisitos específicos se encuentran:
el haber cesado forzosamente su actividad o haber tenido una reducción en su
facturación de como mínimo un 75%, la concesión de ERTE por fuerza mayor o ser
autónomo de temporada afectado por el Real Decreto 463/2020.
Para todo ello, se ha destinado un crédito de ocho
millos de euros.
La presentación de las solicitudes se
realizará en la página web de la Dirección General de Promoción, Económica,
Emprendimiento y Economía Social y Circularhttp://dgpe.caib.es estará disponible la información de la
convocatoria y se habilitará el acceso a la sede electrónica para formular la
solicitud.
La documentación necesaria para aportar y las bases se encuentran en la página de la CAIB.
Hoy Moya y Emery te trae la noticia de que han sido aprobadas una bonificación por fijos discontinuos y otras medidas de refuerzo del SECTOR TURÍSTICO:
El Gobierno central aprobó en Consejo de Ministros este pasado viernes una bonificación del 50% en la Seguridad Social por mantener la contratación de fijos discontinuos en el sector turístico, entre julio y octubre, así como para las nuevas incorporaciones.
Al mismo tiempo se han aprobado otras medidas de apoyo al sector turístico español:
• Por un lado, se pone en marcha un sistema de financiación de
proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico.
La dotación presupuestaria del programa será de 216 millones de euros
para el ejercicio 2020. Se prevé la concesión de un máximo de 1.100
préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un
préstamo medio de 200.000 euros.
• Por otro lado, se ha aprobado
la creación del instrumento denominado “Planes de Sostenibilidad
Turística en Destinos”. El objetivo es impulsar el desarrollo de los
destinos turísticos ubicados en áreas rurales y de interior.
• En
tercer lugar, se ha aprobado una moratoria hipotecaria para inmuebles
afectos a actividad turística, a través del otorgamiento de un periodo
de moratoria de hasta doce meses para las operaciones financieras de
carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito. Podrán ser
beneficiarios los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con
domicilio social en España, siempre que experimenten dificultades
financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria.
Esta mañana Marga de Matos y Nicolás Emery de Moya & Emery han visitado los estudios de Radio Calvià FM para, en la sección jurídica, tratar los siguientes temas de máxima de la actualidad laboral:
• la extensión de los ERTEs hasta septiembre de 2020 y sus implicaciones • la campaña de inspecciones para evitar fraude en los ERTEs • nuevo paquete de ayudas para los trabajadores autónomos
No dejes de escuchar el contenido de este espacio radiofónico para estar al tanto de todas las novedades si eres trabajado
Moya y Emery
ya te había dado cuenta en una reciente publicación pero queremos
dedicarle una especial y propia por su incidencia, debido a la
importancia del sector del turismo y la hosteleria en Baleares, para los
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE TEMPORADA: en el nuevo paquete de ayudas
aprobadas por el Gobierno hace cuatro días ahora se incluye una AYUDA
EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS DE TEMPORADA, aquellos con una actividad
estacional o cíclica que concentran la gran parte de su actividad durante los meses de verano (autónomos vinculados al turismo, hostelería).
El artículo 10 del nuevo Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, que amplia las prestaciones a autónomos recoge los requisitos para acceder a dicha ayuda extraordinaria, entre ellos el fundamental de haber estado de alta o cotizado en el RETA o RETM como trabajador por cuenta propia durante al menos 5 meses en el período comprendido entre marzo y octubre de los años 2018 y 2019.
Si eres autónomo y quieres saber si cumples con los requisitos para acceder a ésta u otras ayudas, ponte en contacto con Moya y Emery para hacer tu consulta.
La DGT -Dirección General de Tributos- ha venido a despejar, a través de consultas vinculantes, que las cantidades de renta perdonadas por el propietario del local de negocio al inquilino durante el estado de alarma no estarán sujetas al IVA.
La Dirección General de Tributos, en respuesta a la consulta vinculante V2053-20, de 23 de junio de 2020, (haz clic en el enlace para ver el contenido completo de la contestación) ha establecido que no estarán sujetos al IVA los autoconsumos derivados de la condonación de la renta de un local de negocios cuando el arrendatario no pueda realizar actividad económica alguna en el mismo por aplicación de las disposiciones establecidas durante la vigencia del estado de alarma.
En el caso analizado,
una persona física es propietaria de un local comercial que tiene arrendado y
que se encuentra destinado a la actividad de cafetería, y como consecuencia del
estado de alarma, decide que no va a cobrarle al arrendatario la renta
correspondiente a varias mensualidades.
En primer lugar, como
es sabido, sólo en el caso de que formal y expresamente se cancele
temporalmente la relación contractual arrendaticia o se modifique el momento de
su exigibilidad se dejará de devengar el IVA y, en consecuencia, en tanto no se
cancele o modifique la relación arrendaticia se seguirá devengando el Impuesto
correspondiente al arrendamiento del mismo, de acuerdo con la exigibilidad de
las cuotas de arrendamiento que se había pactado. Dicho esto, si el impago de
las rentas correspondientes a algunos de los meses por parte del arrendatario
no derivara de una condonación de las mismas sino de una moratoria en el pago
de las rentas pactadas por las partes con carácter previo a su devengo, en
virtud de lo dispuesto en el art. 75.uno.7º de la Ley 37/1992 (Ley IVA), a las
rentas arrendaticias de los meses en los que las partes hayan pactado una
moratoria en su exigibilidad, les resultará de aplicación la regla de devengo
prevista en dicho artículo, por lo que el devengo del Impuesto se producirá con
ocasión de la nueva exigibilidad pactada.
No obstante lo
anterior, en este caso, el impago de las rentas correspondientes a algunos de
los meses por parte del arrendatario deriva de una condonación de dicha renta
por parte de la arrendadora. En estas circunstancias, debe recordarse que el
art. 78 de la Ley 37/1992 (Ley IVA) dispone que la base imponible de dicho Impuesto
“estará constituida por el importe total de la contraprestación de las
operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras
personas.”. De esta forma, en el caso de condonación parcial de la renta
establecida en los contratos de arrendamiento de locales, entendida como
reducción de la renta pactada en un momento posterior a su devengo, resultará
aplicable lo dispuesto en el art. 80. Dos de la Ley 37/1992 (Ley IVA).
Así, si con
posterioridad al devengo de las operaciones se estipula entre los contratistas
una reducción del importe fijado en concepto de renta por el arrendamiento,
procederá la minoración de la base imponible en la cuantía correspondiente. Sin
embargo, si dicha condonación parcial de la renta se realiza con anterioridad o
simultáneamente al momento en que se haya pactado su exigibilidad deberá
entenderse que la nueva renta se ha reducido en la cuantía correspondiente, de
conformidad con lo señalado en el art. 78. Tres. 2º de la Ley 37/1992 (Ley IVA).
Por otro
lado, en el supuesto de condonación total de la renta, vigente el contrato de
arrendamiento y sin que se hubieran modificado las condiciones contractuales en
relación con la exigibilidad o el importe de la renta, debe tenerse en cuenta
que, conforme al art. 12 de la Ley 37/1992 (Ley IVA), serán operaciones
asimiladas a las prestaciones de servicios a título oneroso los autoconsumos de
servicios. En ese sentido, cuando las operaciones realizadas a título gratuito
se llevan a cabo para servir a los fines propios de la empresa, cabe deducir
que las mismas no están sujetas al tributo. Sin embargo, la condonación
voluntaria de la renta del arrendamiento no puede interpretarse en el sentido
de que va a servir a las finalidades de la empresa, esto es, de la actividad de
arrendamiento que desarrolla el arrendador y, por tanto, el autoconsumo no debe
quedar exonerado de tributación. En conclusión, la
condonación total de la renta del arrendamiento del local de negocio determina
la realización de una operación sujeta al Impuesto por tratarse de una
operación asimilada a las prestaciones de servicios en su condición de
autoconsumo de servicios.
Con
independencia de lo anterior, el art. 26 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (Sistema
Común del IVA) permite a los Estados miembros no gravar expresamente estas
operaciones cuando la no sujeción no sea causa de distorsión de la competencia.
Además,
el art. 7 del RD 463/2020 (Declaración de estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), ha limitado
durante su vigencia la circulación de las personas por las vías o espacios de
uso público y, la misma norma, establece medidas de contención que, en la
práctica, pueden suponer el cierre de determinados locales o actividades. En
estas circunstancias, parece evidente que, cuando
como consecuencia de la aplicación del estado de alarma, no es posible para el
arrendatario de un local de negocio desarrollar en ninguna medida la actividad
económica que venía desarrollando en el mismo, y si el arrendador condona
totalmente el pago de la deuda, la no sujeción del correspondiente autoconsumo
de servicios no puede generar distorsiones en la competencia ni actual ni
futura, ni en el mercado de arrendamientos ni en del sector de actividad
afectado mientras se mantengan dichas medidas. En
consecuencia, no estarán sujetos al IVA los autoconsumos
derivados de la condonación de la renta de un local de negocios cuando
el arrendatario no pueda realizar actividad económica alguna en el mismo por
aplicación de las disposiciones establecidas durante la vigencia del estado de
alarma.
Ayer quedábamos a la espera de la
publicación de la nueva norma que extendiera los efectos de los ERTES por
Fuerza Mayor hasta el próximo 30 de septiembre, medida acordada entre Gobierno
y agentes sociales, pero de igual forma se esperaba la ampliación por parte
del Gobierno de las ayudas para los autónomos que se hayan visto afectados
por la crisis socio sanitaria del COVID-19. Pues bien, efectivamente hoy ha
sido publicado en el BOE el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio,
de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo
autónomo y de competitividad en el sector industrial que recoge la
extensión de los ERTEs y que fija prestaciones para los autónomos.
¿Y EN QUÉ CONSISTEN ESTAS AYUDAS?
Los autónomos cuyas actividades
no puedan ser reiniciadas o tengan dificultades para hacerlo podrán disponer de
una nueva ayuda similar a la prestación extraordinaria.
Para solicitar esta prestación por cese de actividad (art. 9
del RD-L), los potenciales beneficiarios tendrán que acreditar una reducción de
la facturación del 75% del tercer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo
de un año antes entre otros requisitos que se irán haciendo públicos. Entre
esos requisitos consta el de estar al corriente de las obligaciones con la
Seguridad Social y que los rendimientos netos de la actividad que no superen
1,75 veces el salario mínimo interprofesional, esto es 1.939,58 euros al mes, o
lo que es igual, no superar en el último trimestre de 2020 unos rendimientos netos
de 5.818,75 €.
Para acceder a esta ayuda no será
necesario esperar al final del trimestre, sino que podrá solicitarse en
cualquier momento siempre que el autónomo estime que cumple con los requisitos
exigidos y pueda probarlo de forma documental al finalizar el trimestre.
A esa prestación se le ha de
unir, la continuidad de poder acceder a las exoneraciones
en el pago de la cuota a la Seguridad Social(artículo. 8 del RD-L). De dichas exoneraciones se podrán beneficiar
tanto los autónomos que no hayan podido reiniciar su actividad como aquellos
que recuperen en parte o totalmente su actividad en el próximo semestre.
Sin embargo, debemos matizar que
las exoneraciones de las cuotas hasta la fecha (30 de junio) eran del 100%,
algo que se va a mantener durante el mes de julio, pero se reducirá en agosto
al 50% y al 25% en septiembre.
Importante:la exención en el pago de cuotas será
incompatible con la percepción de la prestación ordinaria por cese de actividad,
con lo cual, quien se beneficie de la prestación ordinaria deberá pagar las
cuotas a la Seguridad Social.
AMPLIACIÓN DEL
COLECTIVO DE BENEFICIARIOS: LOS TRABAJADORES DE TEMPORADA
Se ha recordar que uno de los requisitos para poder acceder a la prestación extraordinaria era estar dado de alta en la Seguridad Social, algo que en el caso de los autónomos de temporada no se daba y que no les ha permitido acceder a dicha prestación. Pues bien, con el nuevo paquete de medidas, se incluye a los autónomos de temporada, es decir, aquellos con una actividad estacional o cíclica que concentran la gran parte de su actividad durante los meses de verano (autónomos vinculados al turismo, hostelería). El artículo 10 del nuevo Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, que amplia las prestaciones a autónomos recoge los requisitos para acceder a dicha ayuda extraordinaria, entre ellos el fundamental de haber estado de alta o cotizado en el RETA o RETM como trabajador por cuenta propia durante al menos 5 meses en el período comprendido entre marzo y octubre de los años 2018 y 2019.
Ya es oficial, en fecha 25 de
junio de 2020 el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales
(patronales y sindicatos) para extender los efectos de los ERTES vinculados a
la crisis sanitaria hasta el mes de septiembre. La ratificación de esta
decisión y las ayudas asociadas se hará el próximo viernes mediante la
aprobación del correspondiente Real Decreto.
Dicho pacto se ha retrasado
respecto a los plazos en un principio pensados (15 de junio) ante el
vencimiento de dichos ERTES el próximo 30 de junio. Uno de los motivos en la
demora en este acuerdo se ha debido a la resistencia que han mostrado los
empresarios ante las rebajas que se presentan respecto a las bonificaciones en
las cotizaciones a la Seguridad Social.
La propuesta del
ejecutivo incluye el mantenimiento de los ERTES DE
FUERZA MAYOR (empresas que no hayan podido reanudar su actividad o que se vean
obligadas a cerrar por rebrote).
¿QUÉ PASA CON LAS COTIZACIONES DE LOS PRÓXIMOS MESES EN RELACIÓN
CON ESTOS ERTES DE FUERZA MAYOR?
ERTES DE FUERZA MAYOR TOTAL
Se contempla que se sigan
aplicando bonificaciones sobre estos ERTES de FM, sin embargo, el % de dichas
bonificaciones se reducirá progresivamente cada mes:
70% en
julio.
60% en
agosto.
35% en septiembre.
Empresas con menos de 50 trabajadores.
50% en
julio.
40% en
agosto.
25% en
septiembre.
Empresas
con más 50 o más trabajadores.
Lo que supone pagar por los
trabajadores un 30%, 40% y 65% de la cotización respectivamente durante los
próximos meses para las empresas con menos de 50 trabajadores y un 50%, 60% y
75% para las empresas con 50 o más trabajadores.
ERTES DE FUERZA MAYOR PARCIAL
Se mantendrán las bonificaciones
vigentes hasta la fecha, es decir:
60% sobre
los trabajadores reincorporados por la parte de la jornada efectivamente
realizada.
35% sobre
los trabajadores que continúen en situación de suspensión.
En el
caso de las empresas con menos de 50 trabajadores.
40% sobre
los trabajadores reincorporados por la parte de la jornada efectivamente
realizada.
25% sobre
los trabajadores que continúen en situación de suspensión.
En el
caso de empresas con 50 o más trabajadores.
¿QUÉ PASA CON LOS ERTES POR CAUSAS ETOP?
Pues que les resultarán de
aplicación las bonificaciones previstas para los ERTES de FM Parcial, unas
bonificaciones que hasta el momento se limitaban a los ERTES de FM.
El objetivo es facilitar el
tránsito de los ERTES de FM a ETOP ahora que el Estado de Alarma ha finalizado
y fomentándose la reincorporación de los trabajadores mediante las reducciones
de jornada.
Nuevos límites:
Prohibición
de horas extraordinarias.
Prohibición
de establecer o reanudar la externalización de la actividad y nuevos contratos
directa o mediante ETTs.
Extensión
a los ERTES por causas ETOP en relación a la prohibición de acogerse a estos
procedimientos si la empresa tiene su domicilio en un paraíso fiscal en el
caso, así como la prohibición de repartir dividendos al ejercicio fiscal en el
que se aplique el ERTE, salvo si la empresa abona previamente el importe de las
exoneraciones disfrutadas. Dichas prohibiciones no resultarán de aplicación
sobre aquellas empresas que a 29 de febrero tuvieran menos de 50 trabajadores.
Extensión
del mantenimiento del empleo a los ERTES por causas ETOP (en el caso de
aquellas empresas que se beneficien por primera vez de las exoneraciones
comentadas, el cómputo del mantenimiento del empleo empezará a partir de la
entrada en vigor del nuevo RD).
De igual modo las prestaciones
por desempleo se extenderán también hasta el 30 de septiembre, excepto para los
fijos discontinuos que se extienden hasta el 31 de diciembre.
EXTENSIÓ DELS ERTOS
Ja és
oficial, en data 25 de juny de 2020 el
Govern ha arribat a un acord amb els agents socials (patronals i sindicats) per
prorrogar els efectes dels ERTOs vinculats a la crisis sanitària fins al mes de
setembre. La ratificació d’aquesta decisió i les ajudes associades es
publicaran el pròxim divendres mitjançant el corresponent Reial Decret Llei.
Aquest
pacte s’ha retardat respecte els terminis en un principi pensats (15 de juny),
ja que s’ha de recordar que els efectes dels ERTOs vencien el pròxim 30 de
juny. Un dels motius que ha ocasionat el retard en l’acord és degut a la
resistència que han mostrat els empresaris davant les reduccions/rebaixes que
es donen respecte a les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat
Social.
La proposta de l’Executiu inclou el
manteniment dels ERTOs de FM TOTAL (per aquelles empreses que no hagin pogut
reiniciar la seva activitat o aquelles que es vegin obligades a tancar per
rebrots).
QUÈ PASSA AMB LES
COTITZACIONS DELS PRÒXIMS MESOS EN RELACIÓ ALS ERTOS PER FORÇA MAJOR?
ERTOS PER FORÇA MAJOR TOTAL
Es
preveu que es segueixin aplicant les
bonificacions els ERTOs de FM TOTAL, no obstant el % d’aquestes bonificacions
es reduirà progressivament cada mes:
70% al
juliol
60% a
l’agost.
35% al
setembre.
Empreses amb menys de 50 treballadors.
50% al
juliol
40% a
l’agost.
25% al setembre.
Empresas amb 50 o més treballadors.
Tot
això implica pagar pels treballadors
30%, 40% y 65% de la cotització respectivament durant els pròxims mesos
per les empreses amb menys de 50 treballadors i un 50%, 60% y 75% per les
empreses amb 50 o més treballadors.
ERTES DE FORÇA MAJOR PARCIAL:
Es
mantindran les bonificacions vigents fins a dia d’avui:
60% sobre
els treballadors reincorporats sobre la part de la jornada efectivament realitzada.
35% sobre
els treballadors que continuïn en suspensió.
En el cas d’aquelles empreses amb menys de 50
treballadors.
40% sobre
els treballadors reincorporats sobre la part de la jornada efectivament realitzada.
25% sobre
els treballadors que continuïn en suspensió.
En el cas d’empreses amb 50 treballadors o més.
QUÈ PASSA AMB ELS ERTOS PER
CAUSES ETOP?
Doncs
que els resultaran d’aplicació les bonificacions previstes pels ERTOs de FM
Parcial, unes bonificacions que fins ara es limitaven als ERTOs per FM.
L’objectiu
és facilitar el trànsit dels ERTOs de FM a ETOP ara que l’Estat de l’Alarma ha
finalitzar i fomentar-se la reincorporació dels treballadors mitjançant les
reduccions de jornada.
Nous límits:
Prohibició
d’hores extraordinàries.
Prohibició
d’establir o reiniciar l’externalització de l’activitat i nous contractes
directa o per mitjà de les ETTs.
Extensió als
ERTOs per causes ETOP pel que fa a la prohibició d’acollir-se a aquests
processos si l’empresa té el seu domicili a un paradís fiscal, així com la
prohibició de repartir dividends a l’exercici fiscal on s’apliqui l’ ERTO,
excepte si l’empresa abona prèviament l’import de les exoneracions de les que
ha gaudit. Aquestes prohibicions no resultaran d’aplicació a aquelles empreses
que a 29 de febrer tinguessin menys de 50 treballadors.
Extensió del
manteniment de l’ocupació als ERTOs per causes ETOP (en el cas d’aquelles
empreses que es beneficiïn per primer cop de les exoneracions referenciades, el
còmput del manteniment de l’ocupació començarà a contar quan entri en vigor del
nou RD).
De igual manera, les prestacions per atur es prorrogaran també fins al 30 de setembre, excepte pels treballadors fix discontinu que es prorrogaran fins al 31 de desembre.
As you may know, this year’s INCOME TAX RETURN CAMPAIGN started on 1st April 2020 and all income for the year 2019 must be filed by 30th June 2020. This campaign is about to conclude. Hurry up and contact Moya & Emery asap:
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La consulta recibida por la DGT, cuyo contenido puedes descargar en este enlace, la cual versa sobre los efectos deuna subrogación convencional en los trabajadores sometidos a un ERTE,ponede manifiesto las siguientes dudas interpretativas, partiendo de la producción de unasubrogación convencional respecto de trabajadores sometidos a un ERTE:
a) ¿Se debe
abrir un nuevo expediente de regulación de empleo por fuerza mayor ante la
autoridad laboral competente acreditando la causa y repitiendo todo el procedimiento
correspondiente?
b) En caso contrario,
¿se entiende
que habiendo operado una subrogación los trabajadores se traspasan
manteniendo suspendidos sus contratos de trabajo? Siendo así, ¿habría que hacer algún
tipo de comunicación a la Autoridad Laboralponiendo de manifiesto el cambio de empresario? ¿y a la TGSS?.
c) ¿Por medio de que plataforma o portal
podríamos hacer esta comunicación? ¿Sería válido escrito dirigido a la AL competente del ERTE?
Las preguntas planteadas en la consulta son respondidas por la DGT en los siguientes términos:
El artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece lo siguiente:
<<1. El cambio de
titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva
autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo
empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad
Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos
previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas
obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido
el cedente>> .
Este artículo resulta plenamente
aplicable al caso descrito por el interesado, en el que se produce una
subrogación convencional, si tenemos en cuenta el giro en la doctrina jurisprudencial
instituido por la STS de 27 de septiembre de 2018, así como la naturaleza de la
actividad, idéntica en el presente caso que en aquel sobre el que se pronunció
la sentencia mencionada. Esta sentencia indicó lo siguiente (FJ 8):
<<El resumen de cuanto
hemos expuesto en el Fundamento anterior nospermite sentar las siguientes
premisas:
Primera.- Hay transmisión de empresa
encuadrable en el art. 44 ET si lasucesión de contratas va acompañada
de la transmisión de una entidadeconómica entre las empresas
saliente y entrante.
Segunda.- En actividades donde la mano
de obra constituye un factoresencial, la asunción de una
parle relevante del personal adscrito a la contrata (en
términos cuantitativos o cualitativos) activa la aplicación del artículo 44 ET.
Tercero.- Cuando (como en el caso) lo
relevante es la mano de obra (no lainfraestructura) la subrogación
solo procede si se da esa asunción de
unaparle relevante (cuantitativa o
cualitativamente) del personal.
Cuarto.- El hecho de que la asunción de
una parle relevante de la plantilladerive de lo preceptuado por el
convenio colectivo no impide la aplicación de la anterior doctrina>> .
De todo ello se deriva que, debiendo
quedar el empresario entrante subrogado en los derechos y deberes
preexistentes, las relaciones laborales deberán mantenerse en los mismos términos
en los que se viniesen desarrollando antes de la subrogación. Lo cualequivale a considerar que la eficacia de cualquier ERTE en vigor
subsistirá tras la subrogación en los mismos términos en los que se viniese
aplicando.
El único trámite que se exige por parte
de la autoridad laboral es la comunicación de la subrogación a la misma. En el
caso de ERTE de la competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social,
toda la documentación que no se pueda presentar a través de la sede electrónica
por no haber un campo para ello, deberá presentarse a través del Registro Electrónico General de la AGE, dirigido a la Dirección General de
Trabajo (Código DIR:E05040302).
Respecto de los ERTE competencia de las autoridades laboralesautonómicas, el cauce para realizar esta comunicación deberá
consultarse con laautoridad laboral correspondiente.
Por último, en cuanto a los trámites a llevar a cabo con organismos autónomos como el Servicio Público de Empleo Estatal o la Tesorería General de la Seguridad Social, deberán consultarse los mismos a dichos organismos.
Moya y Emery por partida doble, con Nicolás Emery y Marga De Matos Pascual, para tratar en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM sobre los siguientes temas de la actualidad jurídica laboral:
1. Bonificaciones a las autónomas tras su reincorporación al trabajo por nacimiento de hijo/a, adopción, guarda, acogimiento y tutela. 2. Bonificaciones en la contratación (sector hostelería) 3. Ingreso mínimo vital. 4. ERTEs fuerza mayor total y fuerza mayor parcial, sus implicaciones y consecuencias.
Nicolás Emery fue invitado, en su doble vertiente de gerente del despacho Moya & Emery y como abogado especializado en asesoría y consultoría de empresas, para explicar en el programa 5dies de ib3 tv las principales medidas que puede adoptar una empresa para facilitar la conciliación laboral-familiar de sus trabajadores. Fomento de teletrabajo o las reuniones virtuales, posibilidad de realizar trabajos conjuntos mediante herramientas de software u online, implantación de la jornada contínua o de horarios laborales flexibles, criterios de productividad en lugar de trabajo por horas, etc.
Pues a las que se encuentren incluidas en el Régimen
Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) o en el grupo de cotización
primero del RETA de los Trabajadores del Mar. En este último colectivo se
integrarían:
GRUPO DE COTIZACIÓN PRIMERO RETA TRABAJADORES DEL MAR
1.- Las personas trabajadoras por cuenta ajena o asimiladas retribuidas a salario que realicen alguna de las actividades enumeradas en el Art. 3 ,Ley 47/2015, de 21 de octubre.
2.- Las personas trabajadoras por cuenta propia que realicen alguna de las actividades enumeradas en el Art. 4 ,Ley 47/2015, de 21 de octubre, salvo que proceda su inclusión en otro grupo.
3.- Las personas trabajadoras por cuenta ajena o asimiladas y las personas trabajadoras por cuenta propia o armadores, retribuidos a la parte, que ejerzan su actividad pesquera a bordo de embarcaciones de más de 150 toneladas de registro bruto (TRB).
¿A qué
tipo de cese se refiere el artículo para acceder a las bonificaciones?
No cualquier tipo de cese implica poder bonificarse las
cuotas de autónomo, sino aquellos debidos a:
Nacimiento de hijo/a.
Adopción.
Guarda con fines de adopción, acogimiento,
tutela.
¿Cuándo
se accede a las bonificaciones?
Una vez la trabajadora vuelva a realizar la actividad
cesada u otra por cuenta propia.
¿Hay
algún límite para la aplicación de las bonificaciones?
Sí, las trabajadoras que quieran verse beneficiadas por las
bonificaciones son aquellas que vuelvan a realizar una actividad por cuenta
propia dentro de los 2 años inmediatamente posteriores a la fecha del cese.
¿En
qué consisten estas bonificaciones?
Fijación
en 60€/mes durante los 12 meses siguientes a la fecha de reincorporación a su
cuota por contingencias comunes y profesionales, siempre
que se opte por cotizar por la base mínima establecida en el régimen y en
función de la actividad a realizar (NOTA: La base mínima a día de hoy es de
944,40€).
En
2017 se redujo a 50€ por el artículo 7 de la Ley 6/2017, de 24 de octubre.
En
2018 se volvió a establecer en 60€ por la disposición final 3.6 del Real
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre.
Bonificación
del 80% sobre la cuota de contingencias comunes
para aquellas trabajadoras autónomas que opten por una base de cotización
superior a la mínima durante el periodo de los 12 meses
siguientes a la fecha de reincorporación, siendo la cuota a bonificar la que
resulte de aplicar a la base mínima de cotización correspondiente el tipo de
cotización por contingencias comunes vigente en cada momento.
Junto a estas bonificaciones mediante la aprobación del
Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, aparecieron nuevas bonificaciones no
para los periodos de cese por las situaciones anteriormente expuestas, sino
para los periodos de cese/ descanso en sí.
Concretamente el artículo 7 de este Real Decreto prevé:
A la cotización de las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomos incluidas en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o como
personas trabajadoras por cuenta propia en el grupo primero de cotización del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, durante
los períodos de descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de
adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia
natural, siempre que este periodo tenga una duración de al menos un mes, le
será de aplicación una bonificación del 100 por cien de la cuota de autónomos,
que resulte de aplicar a la base media que tuviera la persona trabajadora en
los doce meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida, el tipo
de cotización establecido como obligatorio para trabajadoras y trabajadores
incluidos en el régimen especial de Seguridad Social que corresponda por razón
de su actividad por cuenta propia.
Se
mantienen los colectivos de beneficiarias.
Se
amplían los supuestos bonificados a también “riesgo durante el embarazo o
riesgo durante la lactancia natural”.
Se
condiciona a que la duración sea mínimo de un mes.
La
bonificación es completa (100%) de lo que resulte de aplicar el tipo de
cotización obligatorio correspondiente sobre la base media de los últimos doce
meses anteriores a la fecha de adopción de la medida. En los casos que la
trabajadora llevará menos de 12 meses en alguno de los colectivos beneficiados,
la base media de cotización se hará desde la fecha del alta.
Aspectos a tomar en
consideración:
Hasta
la aprobación del Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, era necesario que para
acceder a las bonificaciones que las autónomas se dieran de bajo tanto en
Hacienda como en el RETA de acuerdo con la interpretación que la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social hacía del artículo 38 bis del
Estatuto del Trabajador Autónomo.
No obstante, con la aprobación de dicho Real
Decreto, la Dirección cambió su criterio al indicar que cuando se hablaba de “cese
o cese de actividad”, no debía entenderse como baja de autónomo en
RETA.
La aplicación de dichas bonificaciones pese a que la disposición final segunda apartado 3 establece que entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el BOE, es decir, el 1 de abril, se aplica con carácter retroactivo a 1 de enero, con lo cual aquellas autónomas que volvieron al trabajo a partir del 1 de enero de 2019 se verán bonificadas, siendo la tesorería la que de oficio las identificará para proceder a la devolución de las cuotas pagas indebidamente.
El importe máximo de la subvención será de 1.000 Euros por persona solicitante, independientemente que se
soliciten ayudas para las dos líneas
BENEFICIARIOS
Las personas físicas dadas de alta de autónomos y las empresas de cinco o menos trabajadores, cualquiera que sea su forma jurídica, válidamente constituidas en el momento de presentación de la solicitud, que desarrollen en la isla de Mallorca alguna de las actividades económicas previstas en la convocatoria.
OBJETO
El objeto de esta
convocatoria es fijar las condiciones que regulan la concesión de ayudas
destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, en relación con las personas físicas autónomas y las empresas de
cinco o menos trabajadores.
Los gastos
subvencionables son las derivadas de acciones generales y específicas de
prevención para adaptar la actividad económica a la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, y
para la adecuación a los nuevos hábitos de consumo.
LINEAS DE ACTUACION SUBVENCIONABLES
Línea 1
Productos sanitarios,
elementos para adaptar el local a las limitaciones de contacto físico,
formación y consultoría para el cumplimiento de los protocolos de seguridad y
el establecimiento de las medidas para la reducción de los riesgos
higiénico-sanitarios ante el COVID-19 recomendadas para la actividad.
Productos de protección individual: mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP1, mascarillas FFP2, mascarillas FFP3, mascarillas con filtro de partículas, guantes de protección, gafas de protección, pantallas faciales, ropa de protección y gel hidroalcohólico.
Productos de
protección en el local: viricidas, geles desinfectantes de superficies,
mamparas, biombos o elementos similares.
Productos de señalización en el local: vinilos,
cinta americana, pegatinas de suelo, etc.
Formación en
prevención de riesgos y medidas de seguridad y protección ante el COVID-19 y
consultoría para implantar protocolos sanitarios.
Obtención del sello oficial de “comercio seguro” como muestra de compromiso de cumplimiento para generar confianza en el mercado u otro sello oficial reconocido por el Ministerio de Sanidad establecido específicamente para la actividad.
Línea 2
Herramientas tecnológicas necesarias para adaptar la actividad a los nuevos hábitos de consumo y digitalizar la promoción o las ventas: ordenador, tableta, programa de gestión de clientes, apps de control de aforo, entre otros.
También serán
subvencionables, los equipos de limpieza y desinfección de productos,
superficies y espacios.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS
SOLICITUDES
El plazo para presentar
las solicitudes empezará a partir del día siguiente de publicarse el extracto
de esta convocatoria en el Boletín Oficial y quedará abierto hasta agotar el
crédito presupuestario o hasta día 30 de octubre de 2020.de las Islas Baleares
Una vez agotado el
presupuesto, se publicará en el Boletín Oficial de las Islas Baleares esta
situación y la presentación de solicitudes no dará ningún derecho a la
obtención de la ayuda.
Las solicitudes se
tienen que dirigir a la Dirección Insular de Promoción Económica y
Producto Local y se pueden presentar en cualquier terminal del Registro
del Consell de Mallorca. Asimismo, también se pueden presentar en los lugares
establecidos en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.
Los gastos
subvencionables relativos a todas las líneas de actuación se deben haber
realizado desde el día 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020,
(ambos incluidos). Los justificantes de los gastos, así como su pago deben
haberse emitido en esas fechas.
Desde MOYA & EMERY te ayudamos con la gestión de esta subvención y te informamos en:
Si quiere plantearnos sus dudas o consultas y recabar nuestro asesoramiento con respecto a cualquier asunto de índole laboral en su empresa, póngase en contacto
Cualquier persona en dichos territorios podrá hacer uso de dichas medidas de flexibilización, a excepción de las que presenten síntomas, estén en aislamiento domiciliario o cuarentena por diagnóstico de Covid-19 o sus contactos estrechos.
Seguro que te interesa hojear la guía que contiene las directrices básicas de comportamiento con respecto a:
Medidas de higiene y prevención
Medidas sociales
Comercio y prestación de servicios
Hostelería y restauración
Hoteles y establecimientos turísticos
Actividades culturales
Actividades deportivas
Actividades turísticas
Centros Recreativos turísticos, zoológicos y acuarios
Congresos, encuentros y eventos
Locales de juego y apuestas
Tiempo libre para población infantil y juvenil
Puedes hacer clic en este enlace para descargar la GUÍA DE LA FASE 3.
There are numerous questions that generated the new
labor regulations related to the remedial measures of the effects of the
Covid-19 pickups, especially about ERTEs.
In front of the General Directorate of Labor -DGT-, the directive organ of the Ministry of Labor, any administrator can raise doubts about the application or scope of labor regulations. That is why that from Moya & Emery have collected some of those questions and the answers offered by the DGT setting its interpretive criteria and application guidelines.
Before the doubts planned about the interpretation of
the transition from total ERTE to partial ERTE in a RESTAURANT as a consequence
of the publication of RDL 18/2020, of May 27, the General Directorate of Labor has responded
to the following questions (you can have access to all responses with the full
text of the consultation with the DGT of 05-27-2020 , ref 726).
“1.- With the passage to Phase 1 of the de-escalation, the opening of
those bars and restaurants that have a terrace or outdoor space has been
allowed, allowing a maximum capacity of 50%, and guaranteeing the distance at
all times of security. This means that many businesses only available with
one, two or three tables L to provide the service. In this case,
given the reduced number of meals that can be offered, it is not profitable for
the business to open its premises in response to the new measures adopted with
the publication of Royal Decree-Law 18/2020, of May 12.
a) Do these businesses have the obligation to open to the public and
restart their activity, EVEN THOUGH YOU CAN ONLY OPEN A TABLE AND THAT
SITUATION?
b) Can it be considered that, as the government has allowed the opening
of such businesses, with the aforementioned restrictions, the cause of
force majeure that founded the ERTE carried
out disappears – even partially?
Both
questions can be answered as follows:
The
art. 1.2 of Royal Decree-Law 18/2020, of May 12, on social measures in
defense of employment, establishes the following:
“2. They
will be in force majeure partial derivative of the COVID-19, those companies
and entities with a record of temporary employment regulation authorized based
on Article 22 of Royal Decree-Law 8 / 2020 of 17 March, from moment
in which the causes reflected in said precept allow the partial recovery
of its activity, until June 30, 2020.
These
companies and entities must reincorporate the workers affected by
temporary employment regulation measures, to the extent necessary for
the development of their activity, prioritizing the adjustments in terms of
shorter working hours ”
In
this sense, the explanatory memorandum states that “In this way, companies
can recover all or part of their activity if, for the aforementioned
reasons, workers return to perform their tasks fully or partially, resigning or
modifying its application the unexceptional measures l is adopted at
a stage of interruption of business or more rigorous confinement, with the
only requirement to communicate, prior to the labor authority competent total renunciation
the same, and to the Public Service of State Employment those variations that
refer to the termination of the application of the measure with respect to all
or part of the people affected. ”
Therefore,
as deduced from this provision and as reiterated in the explanatory
memorandum of said royal decree-law, companies that have a temporary
employment regulation file authorized on the basis of article 22 of Royal
Decree-law 8 / 2020, of March 17, will be in a situation of partial force
majeure when two conditions are met:
1)
that the causes described in said precept, and for which reason
the different flexibility measures in the form of suspensions or
reductions in working hours were applied , allow the partial
recovery of its activity, until June 30, 2020 .
2)
that these companies reincorporate the affected workers , to the
extent necessary for the development of the activity, prioritizing
the adjustments in terms of shorter working hours.
It is the responsibility of the company to assess,
based on its particular circumstances, 1)
at what point in time the ERTE was authorized due to force
majeure, allow the partial recovery of its activity and 2) to what extent
the reinstatement of the affected workers, and in what percentage of your day
is necessary for the development of the activity.
“c) Can the decision not to open the business lead to the
return of all the contributions of the workers that have not been paid by the
exemption applicable to the ERTE due to Force Majeure?”
It
is understood that companies that have ERTES due to force majeure derived
from the COVID-19 authorized, will be in a situation of total or partial
force majeure as long as the company does not notify the labor authority
of the total resignation to ERTE. In the event that workers
have not been reinstated, the company will continue in a situation of
total force majeure .
On
the other hand, it should be remembered that the reimbursement of contributions
is linked to the obligation of commitment to employment provided in
the sixth additional provision of Royal Decree-Law 8/2020, in the
wording given by Royal Decree-Law 18/2020.
For
more information on the cases of return of the exonerated contributions, you
should contact the General Treasury of Social Security under the Ministry
of Inclusion , Social Security and Migration.
“d) If no opening for being a ruinous decision, or failure
to generate sufficient income to meet basic expenses, are we to understand
that the fact” to open “and the ERTE passes s er
part?”
“e) In that case, even if we cannot open due to being a deficit at
this time, would we have to pay (with
the corresponding exemption ) the social insurance of the
suspended workers?”
In
relation to these two questions, as has been said, only
when workers are reinstated to the extent necessary for the
development of the activity from the moment in which the force majeure
of the authorized ERTE allows the partial recovery of the activity, the company
will be in a situation of partial force majeure.
However,
questions about contributions must be raised before the Secretary of State
for Social Security and Pensions under the Ministry of
Inclusion. Social Security and Migrations.
“2.- Since the beginning of Phase O, some businesses have been allowed
to open, even partially, which is why many companies have been rescuing some of
the workers included in them from the ERTE.
a) Does the Royal Decree-Law apply retroactively to these
companies? If so, should the exemption percentages set out in the
aforementioned Royal Decree-Law be applied from the date of reinstatement of
the first worker? ”
For
labor purposes, the reinstatement of a worker included in the ERTE
entails the qualification of the company’s situation as “partial
force majeure” , regardless of whether it had occurred before the
entry into force of Royal Decree-Law 18/2020 .
But
this is understood without prejudice to the effects that may arise regarding
the application of Social Security regulations, about which the General
Treasury of Social Security, dependent on the Ministry of Inclusion ,
should be consulted . Social Security and Migrations.
“3.- With regard to the exemption percentages in the contributions
of workers in the cases of resignation from the partial ERTE established in
article 4.2 of Royal Decree-Law 18/2020, in the event of the rescue of a worker
at 50% of your working day, is it understood that I must contribute 15% of the
part corresponding to the 50% of the day in which the worker is actively
providing services, and 40% of the part corresponding to the remaining 50% of the
day? Or only 15% of the 50% of the day? Or 15% of the total
contribution base? ”
You
should ask the General Treasury of Social Security under the Ministry
of Inclusion. Social Security and Migrations.
“4.- In relation to article 1.3 of Royal Decree-Law
18/2020, is it only necessary to notify the Labor Authority of the renunciation
of the total ERTE, or also in cases of resignation of the partial ERTE?”
In
accordance with said art. 1.3, only the total resignation must
be communicated to the labor authority , which establishes that “The
companies and entities referred to in this article must communicate the total
resignation to the labor authority. in its case, to the file of temporary
regulation of authorized employment, within a period of 15 days from the date
of effect of that ·.
In
the same sense, the Explanatory Memorandum is pronounced by stating that not in
this way, companies can recover all or part of their activity if, for the
aforementioned reasons, workers return to perform their tasks fully or partially
, renouncing or modifying in its application the exceptional measures that were
adopted in a scenario of interruption of business activity or of greater rigor
in confinement, with the only requirement to communicate. in
advance. To the authority competent labor the complete surrender
to them, and the Public Employment Service State variations those relating
to l to completion of the implementation of the measure
in respect of all or part of those affected “.
“5.- In relation to article 4.3 of Royal Decree-Law 1812020, which
establishes that” for the exemption to be applicable, the communication
will be made for each contribution account code “, and for the case of a
company that has several businesses with different contribution account codes,
can the total ERTE be maintained in one business by not starting the activity
in it, and yet rescue part of the workforce in another business with a
different CCC that will restart its activity? All this taking into account
that everything has been processed in the same ERTE. And even more, the
same company, which has a part with a terrace that can open, and one
without a terrace that cannot open, can keep in the ERTE of Force Majeure the
staff of the establishment that does not have a terrace (since it still cannot
open in phase1)? ”
As
stated, the interpretation of art. 4 of Royal Decree-Law 18/2020
corresponds to the General Treasury of Social Security under the Ministry
of Inclusion. Social Security and Migrations.
“6.- In attention to the First Final Provision
Three, Safeguarding employment:” 3. This commitment to
maintaining employment will be valued based on the specific
characteristics of the different sectors and the applicable labor regulations,
taking into account, in particular, the specificities of those companies that
present high variability or seasonality of employment. ”
a) How should this paragraph be interpreted? Can certain exceptions
be applied to the hospitality sector as it is an activity conditioned by the
variability and seasonality of employment?
b) In what terms will seasonality be taken into account? Can I
communicate the end of the season to the discontinued landlines before the date
that is normally communicated to them?
c) In what terms should job maintenance be
calibrated ? Should the basic template to be maintained be the same
as in 2019? Taking into account the records of tourism, occupation,
reservation, etc.? Or can this basic template be relaxed, which must be
respected?
In a hotel, where there are employees exclusively assigned to the
swimming pool -for example · and the swimming pool is forbidden to open it, can
these people be subject to a 100% exemption for being prohibited and continuing
force majeure? Or all t orkers of the hotel, spend trading as
part ERTE?
In those cases, it is not a matter of billing, occupation or workload
(production), but there are parts of activity that are still prohibited and I
have no legal possibility to occupy them or to rescue them from ERTE. Can
I keep them 100% exonerated for continuing the ban? ”
It
has already been pointed out that the companies in which the two
conditions described above will meet in partial force majeure .
Questions
about the sixteenth additional provision of Royal Decree-Law 8/2020 in
the wording given by Royal Decree-Law 18/2020 should be asked before
the General Treasury of Social Security.
3.
Finally, it is recalled that the criteria set forth on the question raised is
not binding, but merely informative, as the Administration lacks
competence to make legal interpretations of that nature, which is exclusively
attributed to the courts.
The s other responses to the query raised DGT 05/27/2020 ( ref 733), which can
access the link to the document DGT 2 are as follows:
1. “Is the transition from full ERTE to partial ERTE (which
therefore affects the bonuses) mandatory by type of activity?”
The
art. 1.2 of the Real De creto-ley 18/2020, of May 12, on social
measures in defense of employment, establishes the following:
“2. Those
companies and entities that have a temporary employment regulation file
authorized on the basis of article 22 of Royal Decree-Law 8/2020, of March 17,
will be in a situation of partial force majeure derived from COVID-19, from the
moment in which the causes reflected in said precept allow the partial recovery
of its activity, until June 30, 2020.
These
companies and organizations should proceed to reinstate the
workers affected by measures of temporary employment regulation, to the extent
necessary for the development of its activity, giving priority adjustments in
terms of reduced working hours. “
In
this sense, the explanatory memorandum states that “In this way, companies can
recover all or part of their activity if, for the aforementioned reasons,
workers return to perform their tasks fully or partially, resigning or
modifying in its application the exceptional measures that were adopted in a
scenario of interruption of business activity or of greater rigor in the
confinement, with the only requirement of communicating, in advance, to the
competent labor authority the total resignation to the same , and to the Public
State Employment Service, those variations that refer to the completion of the
application of the measure with respect to all or part of the people affected.
”
Therefore,
as deduced from this provision and as reiterated in the explanatory memorandum
of said royal decree-law, companies that have a temporary employment regulation
file authorized on the basis of article 22 of Royal Decree-law 8 / 2020, of
March 17, will be in a situation of partial force majeure when two conditions
are met:
1)
that the causes described in said precept, and for which reason the different
flexibility measures in the form of suspensions or reductions in working hours
were applied, allow the partial recovery of its activity, until June 30, 2020
and
2)
that these companies reincorporate the affected workers, to the extent
necessary for the development of the activity, prioritizing the adjustments in
terms of shorter working hours.
It
is the responsibility of the company to assess, based on its particular
circumstances, 1) at what point in time the reasons for the ERTE being
authorized by force majeure allow the partial recovery of its activity and 2)
to what extent the reinstatement of the affected workers, and in what
percentage of your day is necessary for the development of the activity.
2. “What happens to the companies that based on the criteria
of the General Directorate of Labor (although not binding) and the statements
of the Minister of Labor, dated May 1, 2020, which indicated that it was
possible without problem to pass within an ERTE of Force Majeure from
suspension to reduction of working hours, have they done it before May 13? ”.
For
labor purposes, the reinstatement of a worker included in the ERTE entails the
qualification of the company’s situation as “partial force majeure”,
regardless of whether it had occurred before the entry into force of Royal
Decree-Law 18/2020 .
But
this is understood without prejudice to the effects that may arise regarding
the application of Social Security regulations, about which the General
Treasury of Social Security, dependent on the Ministry of Inclusion, Social
Security and Migration, should be consulted.
3. “The companies that initially requested a Force Majeure ERTE
with part of the workforce with suspension of working hours and part of
the workforce with reduced working hours and have not modified their activity
conditions, are they considered to be still in a situation of total ERTE Or
should we communicate that it is partial? ”
Companies
that continue to apply the authorized measures of suspension or reduction of
working hours, affect all or part of the workforce, to the extent that the
causes referred to in article 22.1 of Royal Decree-Law 8 / will continue in a
situation of total force majeure. 2020, prevent the restart of their activity
and, in any case, until June 30, 2020.
To
the extent that the two conditions described in question 1 are met, it will be
considered that these companies will enter a situation of partial force majeure
in accordance with art. 1.2 of Royal Decree-Law 18/2020.
4. “If an ERTE worker is recovered due to force majeure (either
going from suspension to reduction or joining full time from a reduction)
because it is observed that the activity may pick up, but it is subsequently
observed that it does not there is some workload, can it be totally affected
again in the ERTE of Force Majeure while it continues in force, provided there
is justification? ”.
Yes,
this will be possible until 30.6.2020 unless the company communicates the total
resignation to the labor authority.
3.
Finally, it is recalled that the criteria set forth on the question raised is
not binding, but merely informative, as the Administration lacks competence to
make legal interpretations of that nature, which is exclusively attributed to
the courts.
If you want to ask us your questions or queries regarding the Temporary Employment Regulation Files -ERTE S – or any other regarding labor regulations, you can seek our advice by contacting
Son numerosas las dudas que ha generado la nueva
normativa laboral relacionada con las medidas paliativas de los efectos del
Covid-19 recogidas, en especial acerca de los ERTEs.
Frente a la Dirección General de Trabajo -DGT-, órgano
directivo del Ministerio de Trabajo, cualquier administrado puede plantear sus dudas
sobre la aplicación o el alcance de la normativa laboral. Es por ello que desde
Moya & Emery hemos recogido
algunas de esas consultas y las respuestas ofrecidas por la DGT fijando sus
criterios interpretativos y pautas de aplicación.
Antes las dudas planeadas sobre la interpretación del paso de ERTE total a ERTE parcial en un RESTAURANTE como consecuencia a la publicación del RDL 18/2020, de 27 de mayo, la Dirección General de Trabajo ha respondido a las siguientes consultas planteadas (puedes tener acceso a todas las repuestas con el texto íntegro de la consulta a la DGT de 27-05-2020 (ref 726) en este enlace completa en este enlace al documento DGT 1).
“1.- Con el pase a la Fase 1 de la desescalada, se ha permitido la apertura de aquellos bares y restaurantes que dispongan de terraza o espacio al aire libre, permitiendo un aforo máximo del 50%, y garantizando en todo momento la distancia de seguridad. Esto conlleva que muchos negocios únicamente dispongan de una, dos o tres mesas para la prestación del servicio. En ese caso, dado el número reducido de comidas que pueden ofrecerse, no es rentable para el negocio la apertura de sus locales en atención a las nuevas medidas adoptadas con la publicación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo.
a) ¿Tienen la obligación estos negocios de abrir al público y reiniciar su actividad, AUNQUE SOLO PUEDA ABRIR UNA MESA Y ESA SITUACION?
b) ¿Puede considerarse que, al haber permitido el gobierno la apertura de dichos negocios, con las citadas restricciones, desaparece -aunque sea parcialmente- la causa de fuerza mayor que fundamentó el ERTE llevado a cabo?”
Ambas preguntas
pueden contestarse como sigue:
El art. 1.2 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, establece lo siguiente:
“2. Se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19, aquellasempresas y entidades que cuenten con un expediente de regulación temporal de empleo autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-ley 812020, de 17 de marzo, desde el momento en el que las causas reflejadas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020.
Estas empresas y entidades deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jamada.”
En este sentido, la exposición de motivos señala que “De esta manera, las empresas puedenrecuperar la totalidad o parte de su actividad si es que, por las razones comentadas, laspersonas trabajadoras vuelven a desempeñar sus tareas con carácter completo o parcial, renunciando o modificando en su aplicación las medidas excepciona/es que se adoptaron en un escenario de interrupción de la actividad empresarial o de mayor rigor en el confinamiento, con el único requisito de comunicar, con carácter previo, a la autoridad laboral competente la renuncia total a las mismas, y al Servicio Público de Empleo Estatal aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas.”
Por tanto, tal y como se deduce de esta disposición y como reitera la exposición de motivosde dicho real decreto-ley, las empresas que cuenten con un expediente de regulación temporal de empleo autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial cuando concurran dos condiciones:
1) que las causas descritas en dicho precepto, y por razón de las cuales se aplicaron lasdistintas medidas de flexibilidad en forma de suspensiones o reducciones de jornada, permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020 y
2) que estas empresas reincorporen a las personas trabajadoras afectadas, en la medidanecesaria para el desarrollo de la actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.
Corresponde a la empresa valorar en función de sus circunstancias particulares 1) en quémomento las causas por las que se autorizó el ERTE por fuerza mayor permiten la recuperación parcial de su actividad y 2) en qué medida la reincorporación de los trabajadores afectados, y en qué porcentaje de su jornada, es necesaria para el desarrollo de la actividad.
“c) ¿Puede conllevar la decisión de no apertura del negocio la devolución de todas las cotizaciones de los trabajadores que no han sido abonadas por la exención aplicable a los ERTE por Fuerza Mayor?”
Se entiende que las empresas que tengan ERTES por fuerza mayor derivada del COVID-19autorizados, se encontrarán en situación de fuerza mayor total o parcial en tanto la empresa no comunique a la autoridad laboral la renuncia total al ERTE. En caso de que no haya reincorporado a trabajadores, la empresa continuará en situación de fuerza mayor total.
Por otro lado, debe recordarse que el reintegro de las cotizaciones está vinculado a laobligación de compromiso del empleo prevista en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, en redacción dada por el Real Decreto-ley 18/2020.
Para más información sobre los supuestos de devolución de las cotizaciones exoneradas, deberá dirigirse a la Tesorería General de la Seguridad Social dependiente del Ministerio de Inclusión. Seguridad Social y Migraciones.
“d) En caso de que no abriera por ser una decisión ruinosa, o por no generarse ingresos suficientes para atender los gastos mínimos, ¿tenemos que entender que por el hecho de “poder abrir” ya el ERTE pasa a ser parcial?”
“e) en ese caso, aun n o pudiendo abrir por ser deficitario en este momento, tendríamos que pagar (con la exoneración correspondiente) los seguros sociales de los trabajadores suspendidos?”
En relación con estas dos preguntas, como se ha dicho, únicamente cuando se reincorpore atrabajadores en la medida necesaria para el desarrollo de la actividad desde el momento en que las causas de fuerza mayor del ERTE autorizado permiten la recuperación parcial de la actividad, la empresa se encontrará en situación de fuerza mayor parcial.
No obstante, las cuestiones sobre cotizaciones deberán plantearse ante la Secretaría deEstado de Seguridad Social y Pensiones dependiente del Ministerio de Inclusión. Seguridad Social y Migraciones.
“2.- Desde el inicio de la Fase O, algunos negocios tenían permitida la apertura, aunque fuese de forma parcial, por lo que muchas empresas han ido rescatando de los ERTE a algunos de los trabajadores incluidos en ellos.
a) ¿Se aplica el Real Decreto-Ley con efectos retroactivos a estas empresas? En caso afirmativo, ¿se les deben aplicar los porcentajes de exención recogidos en el citado Real Decreto-Ley desde la fecha de reincorporación del primer trabajador?”
A efectos laborales, la reincorporación de algún trabajador incluido en el ERTE conlleva lacalificación de la situación de la empresa como “fuerza mayor parcial”, independientemente de que ésta se hubiese producido antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2020.
Pero ello se entiende sin perjuicio de los efectos que se pudiesen derivar en cuanto a laaplicación de la normativa de Seguridad Social, sobre lo cual se deberá consultar a la Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Inclusión. Seguridad Socialy Migraciones.
“3.- Con respecto a los porcentajes de exonerac1on en las cotizaciones de los trabajadores en los supuestos de renuncia al ERTE parcial que establece el artículo 4.2 del Real Decreto-Ley 18/2020, para el supuesto del rescate de un trabajador al 50% de su jornada, ¿se entiende que debo cotizar el 15% de la parte correspondiente al 50% de jornada en la que el trabajador está prestando servicios de forma activa, y el 40% de la parte correspondiente al 50% restante de la jornada? ¿o solamente el 15% del 50% de jornada? ¿o el 15% de la base de cotización total?”
Deberá preguntar a la Tesorería General de la Seguridad Social dependiente del Ministerio deInclusión. Seguridad Social y Migraciones.
“4.- En relación al artículo 1.3 del Real Decreto-Ley 18/2020, ¿sólo hay que comunicar a la Autoridad Laboral la renuncia al ERTE total, o también en los casos de renuncia al ERTE parcial?”
De acuerdo con dicho art. 1.3, únicamente deberá comunicarse a la autoridad laboral larenuncia total, que establece que “Las empresas y entidades a las que se refiere este artículodeberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total. en su caso, al expediente de regulación temporal de empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella·.
En el mismo sentido se pronuncia la Exposición de motivos al señalar que noe esta manera,las empresas pueden recuperar la totalidad o parte de su actividad si es que, por las razonescomentadas, las personas trabajadoras vuelven a desempeñar sus tareas con carácter completo o parcial, renunciando o modificando en su aplicación las medidas excepcionales que se adoptaron en un escenario de interrupción de la actividad empresarial o de mayor rigor en el confinamiento, con el único requisito de comunicar. con carácter previo. a la autoridad laboral competente la renuncia total a las mismas, y al Servicio Público de Empleo Estatal aquellas variaciones que se refieran a fa finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas”.
“5.- En relación al artículo 4.3 del Real Decreto-Ley 1812020, que establece que “para que la exoneración resulte de aplicación la comunicación se realizará por cada código de cuenta de cotización”, y para el supuesto de una empresa que tiene varios negocios con distintos códigos de cuenta de cotización, ¿puede mantenerse el ERTE total e n un negocio por no iniciarse en él la actividad, y sin embargo rescatar a parte de la plantilla en otro negocio con CCC distinto que sí va a reiniciar su actividad? Todo ello teniendo en cuenta que todo se ha tramitado en un mismo ERTE. Y más aún, una misma sociedad, que tenga una parte con terraza que puede abrir, y una sin terraza que no puede abrir, ¿puede mantener en el ERTE de Fuerza Mayor al personal del establecimiento que no tiene terraza (ya que todavía no puede abrir en fase1)?”
Como se ha dicho, la interpretación del art. 4 del Real Decreto-ley 18/2020 corresponde a laTesorería General de la Seguridad Social dependiente del Ministerio de Inclusión. Seguridad Social y Migraciones.
“6.- En atención a la Disposición Final Primera Tres, Salvaguarda del empleo: “3. Este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.”
a) ¿Cómo debe interpretarse este párrafo? ¿Pueden aplicarse ciertas excepciones al sector de la hostelería por ser una actividad condicionada por la variabilidad y estacionalidad del empleo?
b) En qué términos se tendrán en cuenta la estacionalidad? ¿Puedo comunicar el fin de temporada a los fijos discontinuos antes de la fecha que normalmente se les comunica?
c) ¿en qué términos se debe calibrar el mantenimiento de empleo? ¿La plantilla básica a mantener debe ser la misma que hubo en 2019? ¿Teniendo en cuenta los récords de turismo, ocupación, reserva, etc.? ¿O se puede flexibilizar esa plantilla básica que hay que respetar?
En un hotel, en el que haya empleados adscritos exclusivamente a la piscina -por ejemplo· y la piscina está prohibido abrirla ¿a esas personas se le puede aplicar una exoneración del 100% por estar prohibido y continuar la fuerza mayor? ¿O todos los trabajadores del hotel, pasan a cotizar como ERTE parcial?
En esos casos, no es una cuestión de facturación, ocupación o carga de trabajo (producción), sino que hay partes de actividad que continúan prohibidas y no tengo posibilidad legal de darles ocupación ni de rescatarlos del ERTE. ¿puedo mantenerlos en el 100% de exoneración por continuar la prohibición?”
Ya se ha señalado que se encontrarán en fuerza mayor parcial las empresas en las queconcurran las dos condiciones descritas anteriormente.
Las preguntas sobre la disposición adicional decimosexta del Real Decreto-ley 8/2020 enredacción dada por el Real Decreto-ley 18/2020 deberán plantearse ante la Tesorería General de la Seguridad Social.
3. En último término, se recuerda que el criterio expuesto sobre la cuestión planteada no esvinculante, sino meramente informativo, al carecer la Administración de competencia para efectuar interpretaciones legales de aquel carácter, que está atribuida en exclusiva a los órganos jurisdiccionales.
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La otras respuestas a consulta planteada a la DGT de 27-05-2020 (ref 733), a la que puedes tener acceso en este enlace al documento DGT 2, son las siguientes:
1. “¿El paso de ERTE total a ERTE parcial (que por tanto afecta a las bonificaciones) es obligatorio por el tipo de actividad?”
El art. 1.2
del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del
empleo, establece lo siguiente:
“2. Se
encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19,
aquellas empresas y entidades que cuenten con un expediente de regulación
temporal de empleo autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, desde el momento en el que las causas reflejadas en dicho
precepto permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio
de 2020.
Estas empresas
y entidades deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras
afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria
para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de
reducción de jornada.”
En este
sentido, la exposición de motivos señala que “De esta manera, las empresas
pueden recuperar la totalidad o parte de su actividad si es que, por las
razones comentadas, las personas trabajadoras vuelven a desempeñar sus tareas
con carácter completo o parcial, renunciando o modificando en su aplicación las
medidas excepcionales que se adoptaron en un escenario de interrupción de la
actividad empresarial o de mayor rigor en el confinamiento, con el único
requisito de comunicar, con carácter previo, a la autoridad laboral competente
la renuncia total a las mismas, y al Servicio Público de Empleo Estatal
aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la
medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas.”
Por tanto, tal
y como se deduce de esta disposición y como reitera la exposición de motivos de
dicho real decreto-ley, las empresas que cuenten con un expediente de
regulación temporal de empleo autorizado en base al artículo 22 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se encontrarán en situación de fuerza mayor
parcial cuando concurran dos condiciones:
1) que las
causas descritas en dicho precepto, y por razón de las cuales se aplicaron las
distintas medidas de flexibilidad en forma de suspensiones o reducciones de
jornada, permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio
de 2020 y
2) que estas
empresas reincorporen a las personas trabajadoras afectadas, en la medida
necesaria para el desarrollo de la actividad, primando los ajustes en términos
de reducción de jornada.
Corresponde
a la empresa valorar en función de sus circunstancias particulares 1) en qué
momento las causas por las que se autorizó el ERTE por fuerza mayor permiten la
recuperación parcial de su actividad y 2) en qué medida la reincorporación de
los trabajadores afectados, y en qué porcentaje de su jornada, es necesaria
para el desarrollo de la actividad.
2. “¿Qué sucede con las empresas que basándose en el criterio de la Dirección General de Trabajo (aunque no sea vinculante) y a las declaraciones de la Ministra de Trabajo, en fecha 1 de mayo de 2020, que indicaban que se podía sin problema pasar dentro de un ERTE de Fuerza Mayor de suspensión a reducción de jornada, lo han hecho antes del día 13 de mayo?”.
A efectos
laborales, la reincorporación de algún trabajador incluido en el ERTE conlleva
la calificación de la situación de la empresa como “fuerza mayor
parcial”, independientemente de que ésta se hubiese producido antes de la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2020.
Pero
ello se entiende sin perjuicio de los efectos que se pudiesen derivar en cuanto
a la aplicación de la normativa de Seguridad Social, sobre lo cual se deberá
consultar a la Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
3. “Las empresas que inicialmente solicitaron un ERTE de Fuerza Mayor con parte de la plantilla con suspensión de jornada y parte de la plantilla con reducción de jornada y no han modificado sus condiciones de actividad, ¿se considera que continúan en situación de ERTE total o habría que comunicar que es parcial?”.
Continuarán en
situación de fuerza mayor total las empresas que continúen aplicando las
medidas autorizadas de suspensión o reducción de jornada, afecten a toda o a
parte de la plantilla, en la medida en que las causas referidas en el artículo
22.1 del Real Decreto-ley 8/2020, impidan el reinicio de su actividad y, en
todo caso, hasta el 30 de junio de 2020.
En
la medida en que concurran las dos condiciones descritas en la pregunta 1, se
considerará que estas empresas pasarán a situación de fuerza mayor parcial de
acuerdo con el art. 1.2 del Real Decreto-ley 18/2020.
4. “Si se recupera a algún trabajador de un ERTE por fuerza mayor (bien que pase de suspensión a reducción o bien que se incorpore a tiempo completo desde una reducción) porque se atisba que puede repuntar la actividad, pero se observa posteriormente que no hay carga de trabajo alguna, ¿puede volver a ser afectado totalmente de nuevo en el ERTE de Fuerza Mayor mientras éste continúe en vigor, siempre que haya justificación?”.
Sí, esto será
posible hasta el 30.6.2020 salvo que la empresa comunique la renuncia total a
la autoridad laboral.
3. En último término, se recuerda que el criterio
expuesto sobre la cuestión planteada no es vinculante, sino meramente
informativo, al carecer la Administración de competencia para efectuar interpretaciones
legales de aquel carácter, que está atribuida en exclusiva a los órganos
jurisdiccionales.
Si quiere
plantearnos sus dudas o consultas con respecto a los Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo -ERTEs- o cualquier otra sobre la normativa laboral puede
recabar nuestro asesoramiento poniéndose en contacto con
Es la sangrante realidad que durante el confinamiento ordenado
durante el estado de alarma los empresarios han visto paralizados sus
ingresos y diferidos, en algunos casos congelados, sus costes fijos de
funcionamiento. A los trabajadores por cuenta ajena se les han
suspendido sus contratos laborales, contribuyendo el Estado al pago de
sus salarios a través del mecanismo de los expedientes de regulación
temporal del empleo – ERTE-.
Lejos de cumplirse los objetivos del gobierno con sus medidas
paliativas, a día de hoy quedan todavía muchos trabajadores sin cobrar
lo debido y además, el Gobierno español parece haber optado por la
fórmula más “facilona” para dar solución a los problemas financieros de
las empresas para afrontar los pagos: QUE SE ENDEUDEN.
Para ello ha decidido avalar a través del Instituto de Crédito Oficial
en un alto porcentaje los préstamos que los empresarios soliciten, amén
de la situación generada por el Covid-19, a las entidades crédito. Pero
se ha dejado en manos de los criterios y las condiciones de los bancos
la distribución del ese dinero avalado por el ICO, lo que implica que
esa pretendida liquidez no estará al alcance real de todas las empresas,
dado que con esta medida los negocios nuevos o jóvenes que no
estuvieron de alta o facturaron lo suficiente durante 2019 no podrán, en
la mayoría de los casos, financiarse de igual modo que una empresa
veterana.
Como profesional de la asesoría legal y financiera a empresas suelo
advertir a las mismas que únicamente deberían financiar aquellas
tensiones de tesorería futuras, paliando la falta de tesorería pasada
mediante otras medidas o mecanismos jurídicos al alcance, como, por
ejemplo, a través de la refinanciación de la deuda con los acreedores.
Soy de la opinión que la estrategia de endeudamiento, como factor
multiplicador (apalancamiento financiero) debe servir de estímulo para
crecimiento empresarial con la implantación nuevos procesos de
innovación en la gestión y de los procesos de producción de la empresa.
La utilización de la estrategia de endeudamiento como factor de
crecimiento de la empresa, la mantendrá en el mercado, supondrá la
creación de empleo sostenible. Considero que es la estrategia de
sostenibilidad empresarial óptima dentro de un intervalo de
proporcionalidad respecto a la inversión realizada por el titular de la
empresa: SOSTENIBILIDAD DEL EMPLEO A TRAVES DEL ENDEUDAMIENTO.
Para muchas empresas, el endeudamiento sirve de apoyo para mejorar la
rentabilidad financiera del propietario de la inversión empresarial.
Pero entiendo que no debería utilizarse el endeudamiento como solución a
cualquier carencia previa relacionada con decisiones no adecuadas en la
dirección o la gestión empresarial, evitando entrar en una situación de
falta de liquidez la cual pondría en serio riesgo la continuidad de la
empresa, con su consecuente destrucción de puestos de trabajo. No hay
que tomar atajos. SE DEBE TRABAJAR LA GESTION ECONOMICA DE LAS EMPRESAS.
A pocas semanas de reiniciarse la actividad económica con las
restricciones impuestas por motivos sanitarios, las empresas volverán a
estar con sus negocios abiertos nuevamente, pero deben ser conscientes
de que tendrán que adaptar sus protocolos internos y externos a la nueva
situación, de que hay volver a planificar sobre la base de los
distintos escenarios -inciertos- que pueden augurarse y que es
imprescindible adaptar el NEGOCIO a las circunstancias.
Una vez solucionadas las tensiones de liquidez y tras la desaparición
de los ERTE fuerza mayor, es aconsejable que las empresas durante el
mes de junio y con efectos 1º de julio negocien con sus trabajadores un
ERTE por motivos objetivos (económicos, técnicos, organizativos y
productivos). El objetivo principal del ERTE ETOP será descargar, de
manera temporal, parte del coste de la plantilla -mediante la suspensión
de contratos de trabajo y/o la reducción de la jornada laboral- sin
prescindir de ningún trabajador. NO HAY QUE DESPEDIR. Debe ser una solución NEGOCIADA con la plantilla. Será una medida TEMPORAL y ante todo debe ser una solución FLEXIBLE,
de forma que sea posible recuperar trabajadores y devolverlos al
desempleo cuando la empresa sufra altibajos de producción o de demanda.
Además, la medida deberá tratar igual a todos los trabajadores, sin
penalizar a unos por encima de otros.
Al igual que ha ocurrido en otros países, el virus no ha desaparecido y hasta que no exista una vacuna con que combatir eficazmente el COVID–19 la empresa deberá tener un plan de contingencia por si se vuelve a paralizarse la actividad económica en España. HAY QUE ESTAR PREPARADO. El empresario ha de intentar abstraerse del flujo constante y en vivo de información mundial, que además es dispar, para concentrarse en su propio negocio, dejando de lado las políticas económicas nacionales. No debe caer en la tentación de diseñar su nuevo plan de acción de acuerdo con las noticias económicas diarias y debe implantar su personalidad propia siendo fiel a sus propias políticas de financiación y configurar una plantilla de trabajadores acorde a las necesidades del negocio. SUERTE A TODOS EN LA NUEVA ERA EMPRESARIAL.
Por Nicolás Emery, para el diario digital Canal4 Diariode Grup 4. Enlace directo a la publicación del diario digital, aquí
Desde Moya & Emery hemos venido advirtiendo de que los inspectores de trabajo han dado inicio a su labor inspectora con respecto a los ERTEs aprobados para comprobar que se ajustan a derecho y, por ello, que las exoneraciones o bonificaciones que conllevan han sido correctamente aplicadas por las empresas o, por contra, deberán ser devueltas.
De cara a clarificar y unificar criterios de actuación, el Área de Coordinación del Ministerio de Trabajo ha elaborado una NOTA INFORMATIVA que fija pautas de actuación a la Dirección Especial y a las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social en los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) tramitados como consecuencia del impacto económico y social causado por el COVID-19, como documento complementario del previamente elaborado por la Dirección General de Trabajo y dirigido a las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas.
En palabras de la propia nota, el objeto del documento “es procurar que las actuaciones de la Dirección Especial y de las Inspecciones Provinciales en los ERTE derivados del COVID-19 sean homogéneas en todo el territorio nacional. Esa homogeneidad implica que las argumentaciones mantenidas en los informes de la ITSS han de ser coherentes, sin perjuicio de que la valoración de las circunstancias de cada caso ha de corresponder a cada funcionario actuante, que conserva su autonomía técnica y funcional a todos los efectos.”
Los aspectos generales más importantes que deben valorarse por la inspección quedan resumidos en los siguientes:
Se considera necesaria la motivación, la justificación y la acreditación de las circunstancias invocadas por la empresa, tanto más cuanto la apreciación de la fuerza mayor dependa de conceptos jurídicos indeterminados (“falta de suministros que impidan gravemente…”, restricciones en el transporte público y… de la movilidad de las personas “que queden debidamente acreditados”, etc.)
Se entiende preciso valorar la proporcionalidad de la medida y el equilibrio en el reparto de cargas. No puede olvidarse que el ERTE por fuerza mayor persigue liberar al empresario de la carga de abonar el salario, cuando la prestación laboral deviene imposible como consecuencia de un hecho externo al círculo de la empresa, imprevisible o, en todo caso, inevitable.
Por tanto, cuando el empresario no tiene una merma de ingresos como consecuencia del hecho externo, no procede la apreciación de fuerza mayor, pues ello provocaría un enriquecimiento injusto del empresario y un perjuicio, tanto para el trabajador, como para el erario público.
Debe tenerse siempre en consideración, a efectos de la existencia de una imposibilidad de mantenimiento del trabajo, la previsión del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, según el cual, “se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo para ello la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario es proporcionado”.
Resulta necesario que la actuación no sólo se centre en la apreciación de la fuerza mayor, sino en la constatación de que no existe fraude, bien porque no se haya producido un cese real de la actividad, bien porque se incluyen trabajadores que no deberían estarlo, o bien por cualquier otra causa.
Puedes ver la nota informativa completa en este enlace.
¿Tu empresa está en ERTE y has sufrido algún error en el cobro de prestaciones? Esto quizás te pueda interesar:
Son numerosos los casos en los que con respecto a empresas acogidas a un expediente de regulación temporal de empleo -ERTE- sucede que o ningún trabajador ha cobrado las prestaciones a que tiene derecho, sólo alguno de los trabajadores ha cobrado o que alguien ha cobrado cantidades incorrectas o no debidas. Es por ello que el Servicio de Empleo Público Estatal, SEPE, ha publicado en su una guía que puede ayudar a determinar los posibles errores que han originado tales situaciones y, de igual forma, ofrece la posible solución a esos errores cometidos en el reconocimiento de las prestaciones de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.
Para la subsanación de errores, cualquier comunicación deberá hacerse llegar a la Dirección Provincial correspondiente, a través del registro electrónico común, describiendo en el campo “Expone” el motivo de la remisión del nuevo Excel.
Te dejamos las direcciones de correo correspondiente para comunicar incidencias según su tipo:
Correo para la comunicación de desafectaciones parciales o modificaciones de medidas: dp07modif.ere@sepe.es
Correo para comunicación de solicitudes colectivas, bajas o desafectaciones totales, incidencias relativas a bajas médicas, paternidades, maternidades, o falta de cobro. Es importante que en el asunto se indique siempre el motivo del correo. A modo de ejemplo: patronal y falta de cobro, patronal y bajas por IT, patronal y solicitud colectiva empresa X. También es muy importante que adjuntéis Excel de la patronal que presenta incidencias para facilitarnos el trabajo. Para terminar, no hace falta que pongáis copia de cortesía en todos los buzones, ni a mí tampoco ya que colapsamos, además de confundirnos ya que no sabemos quién se encarga del mismo: dp07acuerdos.ere@sepe.es
Correo para comunicar solicitudes cambio de medida o desafectaciones parciales: dp07modif.ere@sepe.es
para comunicar datos de información familiar que pueda afectar a la cuantía de la prestación: dp07familiar@sepe.es
Moya & Emery pone a tu disposición la guía rápida para su descarga en este enlace.
Nicolás Emery invitado a 4Directe con Yolanda Hernández en los estudios de Canal4 Radio
Si hay una medida que ha destacado, durante el estado de alarma, por encima del resto, ésta es, sin duda, el ERTE. “Hasta la fecha, una solución”, pero con la desescalada surgen “muchas dudas” y “la incertidumbre está en el aire”.
Así lo ha advertido, Nicolás Emery, abogado economista de Moyá &
Emery Abogados, en ‘4Directe’ de CANAL4 Radio. Con la reapertura de los
negocios, Trabajo ha introducido modificaciones en las condiciones los
ERTE de Fuerza Mayor, desdoblando los ERTES de fuerza mayor total y
fuerza mayor parcial. “Ya no es la autoridad laboral quien nos dice si
estamos en situación fuerza mayor total, ahora es el empresario que lo
tiene que decidir el empresario con todo lo que ello supone” ha
lamentado.
¿Y qué puede ocurrir? Si no se aplican bien, la empresa, tendrá
sanciones por aplicar las bonificaciones de forma incorrecta. Y si se
anula el ERTE por fuerza mayor, pasa a ERTE normal, lo que provocará
devoluciones de cotizaciones a la seguridad social. En estos casos, “va a
ser peor el remedio que la enfermedad” ha confesado.
Para controlar todo esto, el Gobierno llevará a cabo inspecciones,
que según Emery, “se centrarán mas en verificar si ha existido fraude,
que en comprobar las formalidades”. A partir de eso, la memoria que
motiva el ERTE por fuerza mayor y la declaración de responsabilidad
tiene que tener una correlación. De lo contrario a pagar.
¿Qué puede hacer la empresa si piensa no abrir después del estado de alarma? El abogado ha recomendado “la reducción de jornada como alternativa al cierre”, ya que para tener derecho a la exoneración de las cuotas a la seguridad social, debe mantener el empleo durante al menos seis meses. ¿Y si no tiene más solución que cerrar o despedir a algún trabajador? Pues tendrá que devolver las cotizaciones no pagadas o llevar a cabo un expediente concursal “para negociar con acreedores las deudas”.
En el vídeo podrá ver la entrevista completa, aquí.
Nicolás Emery, socio y gerente de Moya & Emery, de nuevo en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM, en esta ocasión para tratar distintos asuntos: las posibilidades de financiación, que garanticen a las empresas la liquidez futura o solventar sus necesidades de inversión, a través de las distintas líneas de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial -ICO-, de dudas fundamentales con respecto a los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo -ERTEs- y la reciente noticia de la derogación de la reforma laboral.
Moya & Emery en consultorio jurídico de Radio Calvià FM
Don’t hurry to restart and open your business. Before recovering workers at ERTE read RDL 18/2020. Moya & Emery we advise you how to call back your team without overpaying social security. Workers in ERTE no longer are free, you have to pay Social Security. Here you are (our translation) Royal Decree-Law 18/2020 (see the original spanish versión, here):
ROYAL DECREE-LAW 18/2020: SOCIAL MEASURES IN
DEFENSE OF EMPLOYMENT
Royal Decree-Law 18/2020, of May 12, 2020, on
social measures in defense of employment, effective as of May 13, 2020,
establishes, among other aspects, in its articles 1 and 4 the following:
Article 1.Specialties applicable to temporary employment regulation files based
on the causes set forth in article 22 of Royal Decree-Law 8/2020, of March 17,
on extraordinary urgent measures to face the economic and social impact of
COVID -19 during deconfusion.
As of the entry into force of this royal decree-law, those companies and
entities that have a temporary employment regulation file based on article 22
of the Real will continue in a situation of total force majeure derived from
COVID-19. Decree-law 8/2020, of March 17, and were affected by the causes
referred to in said provision that prevent the restart of their activity, while
they last and in no case beyond June 30, 2020.
Those companies and entities that have a temporary employment regulation
file authorized on the basis of article 22 of Royal Decree-Law 8/2020, of March
17, will be in a situation of partial force majeure derived from COVID-19. from
the moment in which the causes reflected in said precept allow the partial
recovery of its activity, until June 30, 2020.
These companies and entities must proceed to reincorporate the workers
affected by temporary employment regulation measures, to the extent necessary
for the development of their activity, prioritizing the adjustments in terms of
shorter working hours.
The companies and entities referred to in this article must notify the
labor authority of the total resignation, where appropriate, of the file of
temporary regulation of authorized employment, within a period of 15 days from
the date of its effects.
Notwithstanding the foregoing, the resignation by these companies and
entities to the temporary employment regulation files or, where appropriate,
the suspension or regularization of the payment of benefits derived from their
modification, will be made after communicating these To the Public State
Employment Service of the variations in the data contained in the initial
collective application for access to unemployment protection.
In any case, these companies and entities must communicate to the State
Public Employment Service those variations that refer to the end of the
application of the measure with respect to all or part of the people affected,
either in the number of these or in the percentage of partial activity of their
individual day, when the relaxation of the restriction measures that affect the
activity of the company allows the reincorporation to the effective work of
those.
Article 4.
Extraordinary contribution measures linked to the measures regulated in article
1.
The General Treasury of Social Security shall exempt, with respect to
the contributions accrued in the months of May and June 2020, the companies and
entities referred to in section 1 of article 1 from the payment of the business
contribution provided for in Article 273.2 of the consolidated text of the
General Law on Social Security, approved by Royal Legislative Decree 8/2015, of
October 30, as well as the one regarding quotas for joint collection, provided
that, as of February 29, 2020, they had less than fifty workers, or assimilated
to them, registered with Social Security. If the aforementioned companies and
entities had fifty workers, or assimilated to them, or more, in a situation of
registration with Social Security, the exemption from the obligation to
contribute will reach 75% of the business contribution.
The companies and entities referred to in section 2 of article 1 will be
exempt from the payment of the business contribution to the Social Security
contribution and for concepts of joint collection, in the percentages and
conditions indicated below:
Regarding workers who restart their
activity from the date of resignation and the periods and percentages of hours
worked since that restart, the exemption will reach 85% of the business
contribution accrued in May 2020 and 70% of the business contribution accrued
in June 2020, when the company had had less than fifty workers or assimilated
to them in a situation of registration with Social Security on February 29,
2020. If on that date the company had Fifty or more workers or assimilated to
them in a high situation, the exemption will reach 60% of the business
contribution accrued in May 2020 and 45% of the business contribution accrued
in June 2020.
Regarding the workers of these
companies that continue with their suspended activities as of the date of the
resignation and the periods and percentages of hours affected by the
suspension, the exemption will reach 60% of the accrued business contribution
in May 2020 and 45% of the business contribution accrued in June 2020, when the
company had had less than fifty workers or assimilated to them registered in
Social Security as of February 29, 2020. If in that On this date, the company
would have had fifty or more workers, or assimilated to them, in a discharge
situation, the exemption will reach 45% of the business contribution accrued in
May 2020 and 30% of the business contribution accrued in June 2020. In this
case, the exemption will be applied to the payment of the business contribution
provided for in article 273.2 of the revised text of the General Law on Social
Security, apr signed by Royal Legislative Decree 8/2015, of October 30, as well
as the one regarding quotas for joint collection concepts.
The exemptions in the contribution will be applied by the General
Treasury of Social Security at the request of the company, after communicating
the situation of total or partial force majeure, as well as the identification
of the affected workers and period of suspension or reduction of working hours.
For the exemption to be applicable, this communication will be made, for
each contribution account code, by means of a responsible declaration that must
be presented, before the calculation of the corresponding quota settlement is
requested, through the Electronic Remittance System of data in the field of
Social Security (RED System), regulated in Order ESS / 484/2013, of March 26.
For the purposes of the control of these quota exemptions, it will be
sufficient to verify that the Public State Employment Service proceeds to the
recognition of the corresponding unemployment benefit for the period in
question.
The General Treasury of Social Security may establish the necessary
communication systems with the State Public Employment Service to contrast its
databases with the content of the responsible declarations and the periods of
enjoyment of unemployment benefits.
The exemptions in the contribution referred to in this article will not
have effects for workers, maintaining the consideration of the period in which
they are applied as effectively quoted for all purposes, without the provisions
of article 20 of the consolidated text of the General Social Security Law.
The exemptions regulated in this article will be in charge of the Social
Security budgets in the case of the business contribution for common
contingencies, of the mutual collaborators in the case of the business
contribution for professional contingencies, of the Public State Employment
Service in the case of the business contribution for unemployment and
vocational training and the Wage Guarantee Fund in the case of contributions
that finance their benefits.
ROYAL DECREE-LAW 18/2020: REQUIREMENTS FOR THE
APPLICATION OF EXEMPTIONS
So that the General Treasury of Social Security
exempts, in the established percentages and with respect to the contributions
accrued in the months of May and June 2020, the companies and entities referred
to in sections 1 and 2 of article 1 of the payment of the business contribution
provided for each case, the following requirements must be met:
That
the company has a temporary employment regulation file based on article 22 of
Royal Decree-Law 8/2020, and
Continue,
as of May 13, 2020, in a situation of total force majeure derived from COVID-19
because it is affected by the causes contemplated in said article and that
prevent the restart of its activity, or
It
is, as of May 13, 2020, in a situation of partial force majeure derived from
COVID-19 as it is affected by the causes contemplated in said article that
allow the partial recovery of its activity.
That
the company that is in a situation of partial force majeure proceed to
reincorporate the workers affected by temporary employment regulation measures,
to the extent necessary for the development of their activity.
That
companies notify the labor authority of the total resignation, where
appropriate, of the file of temporary regulation of authorized employment,
within 15 days from the date of effect of the resignation.
That
companies communicate to the State Public Employment Service:
Variations in the data contained in
the initial collective application for access to unemployment protection, and
Variations that refer to the end of
the application of the measure with respect to all or part of the people
affected, either in the number of these or in the percentage of partial
activity of their individual day, when the flexibility of the restriction
measures that affect the activity of the company allow the reincorporation to
the effective work of those.
That
companies communicate to the General Treasury of Social Security:
The situation of total or partial
force majeure, with respect to each contribution account code, through a
responsible declaration that must be submitted before the calculation of the
corresponding quota settlement is requested, through the RED System, and
The identification of the affected
workers, and the period of suspension or reduction of working hours that
corresponds to each of the aforementioned persons.
Without prejudice to the communications that
must be made before the General Treasury of Social Security, as indicated in
point 5 above, this General Treasury of Social Security will establish, as
contemplated in section 4 of article 4 of Royal Decree-Law 18/2020, with the
Public State Employment Service, the communication systems necessary to verify
that the corresponding unemployment benefit has been recognized for the period
in question and to verify the content of the declarations responsible persons
referred to in the previous section 5.a).
ROYAL DECREE-LAW 18/2020: RESPONSIBLE DECLARATION ON
THE SITUATION OF TOTAL FORCE MAJEURE OR PARTIAL FORCE MAJEURE DERIVED FROM
COVID-19
Section 3
of article 4 of Royal Decree-Law 18/2020 establishes that for the exemptions to
be applicable, the company must notify the General Treasury of Social Security
that it is:
In a situation of total force
majeure derived from COVID-19 for being affected by the causes referred to in
article 22 of Royal Decree-Law 8/2020 that prevent the restart of its activity,
or
In a situation of partial force
majeure derived from COVID-19 from the moment in which the causes reflected in
article 22 of Royal Decree-Law 8/2020 allow the partial recovery of its
activity.
This
communication will be made through a responsible declaration in which the
following circumstances concur:
It must be submitted through the RED
System, and
Must be presented with respect to
each contribution account code in which they are registered, as of 05-13-2020,
workers with suspension of their employment contract or reduction of working
hours in accordance with the provisions of article 22 of the Royal Decree-law
8/2020, that is, workers who have previously reported the values V, W or X in
the TYPE OF INACTIVITY field, and
It must be presented before
requesting the calculation of the corresponding quota settlement.
IMPORTANT:
If the responsible declaration is not presented as indicated above, the
exemptions will not apply.
Mode of presentation of the responsible
declaration in the field of affiliation
SUMMARY OF
PRESENTATION MODE
Through the functionality: NOTATION
CAUSES SPECIFICATIONS OF QUOTATION IN CCC
Option: ANNOTATION OF REST OF
PECULIARITIES
a) Declaration responsible Total Force Majeure: CAUSE PECULIARITY
QUOTATION 058
b) Responsible statement Partial Force Majeure: CAUSE SPECIAL QUOTATION
059
Data: CCC and DATES
The responsible declaration must be made
through the Annotation Cause
Peculiarities of Quotation in CCC and, within it, through the Annotation Rest of Peculiarities option
through which you can proceed to make the responsible declaration on the
continuation of the situation of total force majeure –Cause of Quotation Peculiarity 058– or on the beginning of the
situation of partial force majeure –Cause
of Quotation Peculiarity 059–
Responsible statements
regarding the month of May:
Regarding the month of May, all the companies
that maintain workers in a situation of discharge as of 05-13-2020, with
suspension of their employment contract or with reduction of working hours in
accordance with the provisions of article 22 of Royal Decree-Law 8 / 2020, that
is, workers with respect to whom the values V, W or X have been reported in
the TYPE OF INACTIVITY field, must submit a responsible declaration, for each
CCC, in one of the following directions:
If
the company is in a situation of total force majeure derived from COVID-19 due
to being affected by causes that prevent the restart of its activity throughout
the month of May 2020, or
If
the company is in a situation of partial force majeure derived from COVID-19
because it is affected by causes that allow the partial recovery of its
activity between May 13 and May 31, 2020.
In the first case, that is, when the
company has continued in a situation of total force majeure due to having
prevented the restart of its activity, the option Cause of Quotation Peculiarity
058 -Declaration responsible for Force Majeure total- must be selected and the
following fields:
– CCC
– Date from: It must be equal to
13-05-2020
– Date until: Must be equal to 31-05-2020
In the second case, that is, when
the company is in a situation of partial force majeure due to being affected by
causes that allow the partial recovery of its activity during the month of May,
the option Cause of Peculiarity of
Contribution must be selected 059 -Partial Force Majeure declaration– and
fill in the following fields:
– CCC
– Date from: Must be between
05-13-2020 and 31-05-2020
The CCC that must be noted will be
the one with respect to which the responsible declaration is made and which
will be the CCC in which the workers with a value of V, W or X in the
INACTIVITY TYPE field appear, as of 05-13-2020, not being required to present a
responsible statement regarding those CCCs in which 13-05-2020 workers with
these identifiers are not registered.
Presentation of the responsible
declaration: The responsible declarations corresponding to the month of May may
be made up to the moment in which the payment of quotas corresponding to said
month is presented. However, during the month of June, the responsible
declarations presented during the month of May cannot be modified or deleted.
Responsible statements regarding the month of June:
Regarding the month of June, only
those companies that have not been able to restart their activity during the
month of May must present the responsible declaration. That is, only those
companies that, with respect to the month of May, have submitted a Responsible Declaration of Force Majeure
through the option Cause of Peculiarity of Quotation 058, must only present the
responsible declaration.
Consequently, all the companies that
have been affected by causes that would have prevented the restart of their
activity during the month of May and maintain workers in high status during the
month of June with suspension of their employment contract or reduction of
working hours. In accordance with the provisions of article 22 of Royal
Decree-Law 8/2020, that is, workers who have entered the values V, W or X in
the TYPE OF INACTIVITY field, must submit a responsible statement, regarding
each CCC, in any of the following ways:
If the company is in a situation of
total force majeure derived from COVID-19 due to being affected by causes that
prevent the restart of its activity throughout the month of June 2020, or
If the company is in a situation of
partial force majeure derived from COVID-19 due to being affected by causes
that allow the partial recovery of its activity between June 1 and June 30.
In the first case, that is, when the company
has continued in a situation of total force majeure, the option Cause of
Quotation Peculiarity 058 – Responsible statement of Force Majeure total – must
be selected and fill in the following fields:
– CCC
– Date from: It must be equal to 01-06-2020
– Date until: Must be equal to 30-06-2020
In the second case, that is, when the company
is in a situation of partial force majeure due to being affected by causes that
allow the partial recovery of its activity during the month of June, the option
Cause of Peculiarity of Contribution must be selected 059 -Partial Force Majeure
declaration- and fill in the following fields:
– CCC
– Date from: Must be between 01-06-2020 and 30-06-2020
The aspects indicated in the previous section
on the CCC and Tasks are applicable to these statements.
Presentation of the responsible declaration:
The responsible declarations corresponding to the month of June may be made up
to the moment in which the payment of quotas corresponding to said month is
presented. However, during the month of July, the responsible declarations
presented during the month of June cannot be modified or deleted.
IMPORTANT:
For
the application of the exemptions in the quotation during the month of May,
with the conditions and requirements established in this Royal Decree-Law, it
is essential to present the responsible declarations referred to in this
section.
For
the application of the exemptions in the quotation during the month of June, it
is essential that the responsible statement is presented by the companies that
have remained in a situation of total force majeure throughout the month of
May. On the contrary, said declaration may not be presented by those companies
that had already restarted their activity in said month of May.
Until
the moment in which the responsible declarations on the situation of total
force majeure or partial force majeure are communicated, the peculiarities of
contribution listed in Annexes I and II will not be calculated and, therefore,
the exemptions will not apply.
Implementation
of the possibility of presenting the responsible declarations: The date from
which the responsible declarations can be presented will be informed shortly.
ROYAL DECREE-LAW 18/2020: IDENTIFICATION OF WORKING
PERSONS TO WHICH EXEMPTIONS RESULT FROM APPLICATION
IDENTIFICATION MODE
OUTLINE
1. Working people who remain in a situation of
suspension of their employment contract or reduction of working hours: TYPE
INACTIVITY V, W or X
2. Workers who restart their work activity,
totally or partially, once the situation of partial force majeure has begun:
TYPE INACTIVITY R or S.
* See the detail in the next two sections
ROYAL DECREE-LAW 18/2020: COMMUNICATION REGARDING
WORKING PEOPLE IN A SITUATION OF SUSPENSION OF THEIR WORK CONTRACT OR REDUCTION
OF DAY
Workers who remain from the entry into force of
Royal Decree-Law 18/2020 in a situation of suspension of their employment
contract or reduction of working hours as a result of their inclusion in an
ERTE to which the article would have applied. 22 of Royal Decree-Law 8/2020,
will continue to be identified with the values V, W or X, as appropriate,
regardless of whether the company is in a situation of total or partial force
majeure, as indicated above.
Therefore, with respect to these workers, it
will not be necessary to make any specific communication in the field of
affiliation until the moment in which they resume their activity, totally or
partially, or increase their previously reduced workday. IMPORTANT: Regardless
of what is indicated, it is necessary to proceed with the Responsible Declaration of Total or Partial Force Majeure
referred to in the previous section.
ROYAL DECREE-LAW 18/2020: COMMUNICATION REGARDING
WORKING PEOPLE WHO RESTART THEIR TOTAL ACTIVITY OR PARTIALLY IN SITUATIONS OF
PARTIAL FORCE MAJEURE
Regarding workers who restart their activity
from the moment the company enters a situation of partial force majeure and,
therefore, have made the corresponding responsible declaration with the date on
which the activity could be restarted. , the content of the TYPE of INACTIVITY
field should be varied in the field of affiliation, substituting the values
V, W or X, as appropriate, for the values R or S.
The value R –TOTAL ACTIVE.WORK PROC.SUSP.ERE.COVID19,
will be communicated regarding workers who pass a situation of suspension of
their employment contract or reduction of working hours, as they are included
in an ERTE regulated by Article 22 of Royal Decree-Law 8/2020, to a situation
of total activity in accordance with your employment contract. Consequently, it
will be applied to both full-time and part-time workers, provided they have
restarted their activity completely.
The
value S – ACTIVE PARTIAL.WORK PROC.SUSP.ERE.COVID19,
will be communicated regarding workers who pass a situation of suspension of
their employment contract or reduction of working hours, as they are included
in an ERTE regulated by Article 22 of Royal Decree-Law 8/2020, to a situation
of partial activity in relation to the workday in accordance with your
employment contract.
Consequently,
it will be applied to both full-time and part-time workers, as long as they
have partially restarted their activity. In the case of workers who maintain a
reduction in working hours after the start of the situation of partial force
majeure of the company, who have increased the working day compared to the
previous one.
These values, therefore, will only be accepted
in workers registered in the CCC in respect of which the companies have
submitted the responsible declaration on the beginning of the situation of
partial force majeure.
Term of annotation: These values may be
entered until the penultimate day of the month following that in which they
take effect, but always before the presentation of the payment of quotas in
which they take effect.
GENERAL ASPECTS ON EXEMPTIONS IN THE LISTING REGULATED
IN ARTICLE 24 OF ROYAL DECREE-LAW 8/2020 AND ARTICLE 4 OF ROYAL DECREE-LAW
18/2020
It is recalled that the exemptions in the
contribution referred to in article 24 of Royal Decree-Law 8/2020 and article 4
of Royal Decree-Law 18/2020, are applicable to the business contribution for
common contingencies, as well as for professional contingencies and other
contributions such as unemployment, FOGASA and professional training, referred
to in section 2 of article 273 of the General Law of Social Security, on
contributions during the unemployment situation, which establishes that “in the cases of reduction of working hours
or suspension of the contract, the company will enter the corresponding
contribution, and the managing entity must only enter the contribution of the
worker, …”.
In relation to this issue, it is recalled that
section 2 of article 8 of Order TMS / 83/2020, establishes that during the receipt of unemployment benefit for
temporary suspension of the employment relationship or for temporary reduction
of working hours, either for employer decision under the provisions of article
47 of the revised text of the Workers’ Statute Law, approved by Royal
Legislative Decree 2/2015, of October 23, or by virtue of a judicial resolution
adopted within In a bankruptcy procedure, the contribution base to Social
Security of those workers for whom there is a legal obligation to contribute
will be equivalent to the average of the bases of the last six months of listed
employment, for common contingencies and contingencies of work accidents. and
professional illnesses, prior to the legal situation of unemployment or when
the legal obligation to contribute ceased”.
DEFERRALS: CLARIFICATIONS
Self-employed workers
who are simultaneously holders of CCC: If it is a company whose owner is a
self-employed worker, and it is desired to request the deferral of quotas for
both the company and those relating to the employer as a self-employed worker,
it must be submitted a single request for postponement, using the form
available in the Electronic Registry of the Electronic Office of Security,
process of Postponement in the payment of debts to Social Security.
In this form, the authorized RED agrees as a
natural person representative, appearing as mandatory, in the data related to
the responsible subject, to enter the NAF corresponding to the self-employed
worker; Going forward in the form, it will be possible to add in the
identifiers affected by the request both the NAF of the self-employed worker
and the CCCs corresponding to said individual entrepreneur, the social security
system of each of them, as well as the period of the debt for the one who
wishes to request the postponement; In the event that a deferment is requested
for debt that does not correspond to COVID settlement periods, the request will
be processed according to the general rules without application of the reduced
interest rate.
Processing status: Through the “my records” service at
the Social Security electronic headquarters, you can consult, upon
identification, the information on the processing status of the deferment
procedure that is open. Currently, the information is only available when the
access identification corresponds to the responsible party for whom the postponement
is processed.
ANNEX I: EXEMPTIONS APPLICABLE TO PERSONS WITH
INACTIVITY TYPE “V”, “W” or “X”. QUOTATION
SPECIFICATIONS.
The exemptions applicable to workers who are
kept with the values V, W or X in the TYPE OF INACTIVITY field, will be the
following – the applicable peculiarities
of contribution are indicated for each case-:
During the month of May 2020:
o
Companies in a situation of Total Force Majeure throughout the month of May
Companies with less than 50 workers
or assimilated as of 29-02-2020
100
percent on the business contribution for common contingencies, work accidents,
unemployment, the Salary Guarantee Fund and Vocational Training referred to in
article 273.2 of the LGSS (hereinafter, business contribution 273.2 LGSS) *
* In all the above assumptions, in the case of
working hours reductions, the exemption applies to the business contribution
273.2 LGSS corresponding to the part of the working day not worked as a
consequence of the ERTE COVID19.
ANNEX II: EXEMPTIONS APPLICABLE TO PERSONS WITH
INACTIVITY TYPE “R” or “S”. QUOTATION SPECIFICATIONS.
The exemptions applicable to workers registered
in companies that are in a situation of Partial Force Majeure and have
restarted their work activity totally or partially after the start of said
situation of Partial Force Majeure, that is, those identified with the R values
or S in the TYPE OF INACTIVITY field, they will be the following:
During the month of May 2020:
Until
the day prior to the restart of the working activity of the worker in question:
The exemptions indicated in the previous section, Article 4 of Royal Decree-Law
18/2020, are applicable: Communication regarding workers who remain in
situation of suspension of your employment contract or reduction of working
hours.
From
the day the work activity by the worker in question has been completely
restarted and until May 31
Companies with less than 50 workers
or assimilated as of 29-02-2020
85
percent on the business contribution.
Peculiarities
of quotation applicable:
Total
restart of work activity (TYPE INACTIVITY “R”):
Until
the day prior to the restart of the working activity of the worker in question:
The exemptions indicated in the previous
section article 4 of Royal Decree-Law 18/2020 are applicable: Communication
regarding workers who remain in situation of suspension of your employment
contract or reduction of working hours.
From
June 1, with respect to workers who have fully restarted their work activity
during the month of May, or from the day that work activity has been fully
restarted by the worker concerned, and Until June 30th
Companies with less than 50 workers
or assimilated as of 29-02-2020
70
percent on the business contribution.
Peculiarities
of quotation applicable:
Total
restart of work activity (TYPE INACTIVITY “R”):
From June 1, with respect to workers who have
partially restarted their work activity during the month of May, or from the
day that work activity has been partially restarted by the worker in question,
and Until June 30th
-For the
part of the working day actually worked
Companies with less than 50 workers
or assimilated as of 29-02-2020
70
percent on the business contribution
Peculiarities
of quotation applicable:
Partial
restart of work activity (TYPE INACTIVITY “S”):
Company that begins a situation of partial
force majeure on 20-05-2020 *, because the causes reflected in article 22 of
Royal Decree-Law 8/2020 allow the partial recovery of its activity from that
date, and which has the following workers who initiated the suspension or
reduction of working hours during the past month of April 2020:
* The
company has communicated through the RED system the CAUSE PECULIARITY QUOTATION
059 with DATE FROM equal to 20-05-2020.
A person with suspension of their
employment contract until 19-05-2020, restarting their full activity on 20-05-2020.
Exemptions,
according to the number of workers, or similar, of the company as of 29-02-2020
(less than 50 or 50 or more):
From
01-05-2020 to 19-05-2020: 100% or 75% (TYPE INACTIVITY –TI- “V”)
From
20-05-2020 to 31-05-2020: 85% or 60% -by start of activity- (TI “R”)
1
From
01-06-2020 to 30-06-2020: 70% or 45% -by start of activity- (TI “R”)
13
A person with suspension of their employment
contract until June 15, restarting their full activity on 16-06-2020
Exemptions,
according to the number of workers in the company as of 29-02-2020 (less than
50 or 50 or more):
From
01-05-2020 to 19-05-2020: 100% or 75% (TI “V”) 1
From
20-05-2020 to 31-05-2020: 60% or 45% -to remain inactive- (TI “V”) 1
From
01-06-2020 to 15-06-2020: 45% or 30% -to remain inactive- (TI “V”) 1
From
16-06-2020 to 30-06-2020: 70% or 45% -by start of activity- (TI “R”)
A person with a reduction in working
hours of 50% and increases it to 80% on 10-06-2020.
Exemptions,
according to the number of workers in the company as of 29-02-2020 (less than
50 or 50 or more):
From
01-05-2020 to 19-05-2020: 100% or 75%, regarding the workday not worked (TI
“W”)
From
20-05-2020 to 31-05-2020: 60% or 45%, with respect to the work day not worked
–to remain inactive- (TI “W”)
From
01-06-2020 to 09-06-2020: 45% or 30%, with respect to the work day not worked –
for continuing inactivity (TI “W”)
From
10-06-2020 to 30-06-2020 -by increasing hours-:
45% or 30%, with respect to the work
day not worked [20%] (TI “S”)
70% or 45%, with respect to the work
day worked [80%] (TI “S”)
A person with suspension of his
contract until 05-05-2020, restarting his full activity on 06-05-2020
Exemptions,
according to the number of workers in the company as of 29-02-2020 (less than
50 or 50 or more):
From 05-01-2020 to 05-05-2020: 100%
or 75% (TI “V”)
From 06-05-2020 to 30-06-2020: No
exemptions apply as it is a factual event prior to the entry into force of the
Royal Decree-law. (TI without content)
Note: For the
immediately consecutive periods of the example in which the same values of
the INACTIVITY TYPE field appear, no data variations should be reported with respect
to this field.
In this video Moya & Emery talks to you about your financial losses from previous years in order to have a compensation in your income tax declaration.
And do not forget to have a look to our Moya & EmeryYouTube channel to watch the rest of video-tips here.
En este vídeo de la serie sobre la Campaña de la Renta 2019 desde Moya & Emery te informamos sobre las reducciones que puedes obtener en tu declaración en caso de rescate de una renta vitalicia o de un seguro de vida.
Y recuerda que puedes ver todos nuestro vídeos en el Canal YouTube de Moya & Emery haciendo clicaquí.
Tras una introducción sobre todas las medidas aprobadas en la lucha contra el covid-19, el abogado y economista Nicolás Emery, dedicó su intervención durante el consultorio jurídico de Radio Calvià FM a resolver las dudas más comunes concernientes a empresarios y trabajadores, como las siguientes:
¿De qué manera se han reducido el impacto de los gastos fijos durante el estado de alarma?
¿Qué opciones se tienen para ajustar el coste del personal asi como el resto de los gastos fijos de la empresa?
¿Qué significa un ERTE por causas objetivas, como alternativa al ERTE fuerza mayor?
¿Qué pasa si tengo trabajadores con contrato fijos discontinuos? ¿Qué ocurre con las vacaciones y dias festivos?
¿Si después de hacer todos los ajustes de personal sin despedir, la empresa no es viable que hacemos?
Aprobada ayer 14 de mayo y publicada hoy en el BOIB, la resolución del Conseller de trabajo balear ha modificado el previo protocolo de actuación en materia de salud laboral como respuesta al Covid-19 en las actividades de PELUQUERÍAS y CENTROS DE ESTÉTICA.
Este protocolo, al igual que el anterior que queda modificado y otros previos del Govern para distintos sectores de actividad, se aprueba en forma de GUÍA de fácil consulta por los interesados, y Moya & Emery lo pone a tu disposición en este enlace.
Además te recordamos que puedes ver el resto de protocolos aprobados -reparto a domicilio, talleres mecánicos, comercio minorista, restauración y dentistas- en este enlace a la entrada de nuestro blog aquí.
RESUMEN E INTERPRETACIÓN DEL RD 18/2020 de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
Reactivación de la actividad económica de forma
progresiva, dinamizando aquellos sectores cuya actividad continúa limitada o
restringida.
Los sectores y actividades empresariales que
continúan afectados por las medidas para gestionar el covid-19 son decididas
por las autoridades competentes, pudiéndose aplicar las diferentes medidas
aprobadas con una intensidad y graduación diferente.
Mantenimiento
de las medidas y reducciones de jornada para aquellas empresas que, por su sector
de actividad, sigan imposibilitadas de recuperar su actividad por las causas
previstas en el artículo 22 del RD 8/2020. Todo
ello, mientras persista esa imposibilidad de reanudar la actividad y/o en principio
hasta máximo el 30 de junio. ERTES Fuerza Mayor total.
ERTES Fuerza Mayor Parcial: empresas o entidades que hayan
podido recuperar parcialmente su actividad hasta el 30 de junio. Se irá
reincorporando a la plantilla en función de las necesidades empresariales,
primando las reducciones de jornada, ya que éstas tienen un menor impacto sobre
los trabajadores, permiten atender y gestionar mejor la oferta y demanda, así
como controlar los tiempos de exposición.
De este modo, las empresas pueden recuperar
total o parcialmente sus actividades, siempre atendiendo a las que están
permitidas/restringidas o no en función de la fase de desescalada en la que se
encuentre cada territorio. Por tanto, las empresas pueden renunciar total o
parcialmente a las medidas de suspensión y/o reducción de jornada con el
requisito de informar a la autoridad laboral y al SEPE para la regularización
de las prestaciones en el caso de
renuncia parcial o la extinción de su abono en el caso de renuncia total.
Importante también, la actualización de la situación de cada trabajador en
Seguridad Social a efectos de cotizaciones.
En el caso de renuncia total se tienen 15 días
desde la fecha de efectos de la renuncia.
La tramitación de los ERTES
por causas ETOP se sigue rigiendo
por el artículo 23 del RD 8/2020de 17 de
marzo, pudiéndose encadenar dichos ERTEs con los de Fuerza Mayor, es decir, se
pueden tramitar mientras el de Fm está vigente y la fecha de efectos del ERTE
por causas ETOP se retrotraerá a la fecha de fin de efectos del ERTE por fuerza
mayor.
Mantenimiento de las medidas
de protección al empleo del
artículo 25 del RD 8/2020 hasta el
30 de junio y en el caso de los fijos discontinuos (art. 25.6) hasta el 31 de
diciembre de 2020.
Mantenimiento de las medidas en relación a la
protección del empleo y novedades en el
ámbito de las cotizaciones a la Seguridad
Social (Ver más abajo).
Se debe
establecer un equilibrio/ transición adecuada entre la recuperación de la
actividad y la capacidad económica de la empresa. En relación a los ERTEs por fuerza
mayor, las exoneraciones en las
cuotas de la Seguridad Social tendrán diferente alcance en función de si se
trata de una reanudación de la actividad o del mantenimiento parcial de las
medidas de suspensión y/o reducción de jornada.
Facultad
del Gobierno de prorrogar las medidas de suspensión y reducción de jornada por fuerza
mayor total o parcialmente si persisten las restricciones.
Sobre la
disposición adicional sexta del RD 8/2020, se
tomará en consideración a la hora de controlar el mantenimiento del empleo
durante 6 meses tras la reanudación de la actividad: el sector y normativa
laboral aplicable al mismo, así como la alta viabilidad o estacionalidad.
Posibilidad
de prorrogar los efectos de los ERTEs por FM en atención a las restricciones
fijadas y vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio
de 2020. Dicha prórroga se extiende a las medidas de protección de empleo y
Seguridad Social.
COTIZACIONES
A LA SEGURIDAD SOCIAL MAYO Y JUNIO 2020
Las
exoneraciones son a instancia del empresario teniéndose que comunicar por su
parte la situación de fuerza mayor Total o Parcial, así como las personas
afectadas y los periodos de suspensión o reducción de jornada.
Se debe
proceder a la solicitud por cada CCC (código cuenta de cotización) de la
empresa, acompañándose de una declaración responsable y todo ello con carácter
previo al cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente.
A efectos
de control es suficiente que el SEPE reconozca la prestación por desempleo por
el periodo que se trate.
Desde Moya & Emery entendemos que se quiere fomentar es que las
empresas reincorporen a la mayoría de su personal, evitando al máximo las
suspensiones de contratos por tener mayor impacto como pone en la exposición de
motivos y primando las reducciones de jornada.
Por la lectura del artículo 4 entiendo que se
exoneran el 85% y 70% de las jornadas trabajadas para los
trabajadores reincorporados, debiéndose cotizar por ellos únicamente un 15% en
el mes de mayo y el 30% en el mes de junio. Y la jornada que se mantenga
suspendida está exonerada como hasta el momento en un % u otro en función del
nº de trabajadores.
En el caso de los trabajadores de empresas que
hayan podido recuperar su actividad parcialmente y que continúen suspendidos de
contrato, sí entiendo que la exoneración en las cotizaciones de los periodos de
suspensión afectados se ha reducido a los % anteriormente indicados.
Por Marga de Matos
Moya & Emery
Si quiere plantearnos sus dudas o consultas y recabar nuestro asesoramiento con respecto a cualquier asunto de índole laboral en su empresa, póngase en contacto
Ocho semanas después de haberse declarado el Estado de Alarma, mediante el RD 463/2020 el pasado 14 de marzo, todo parece indicar que durante las próximas semanas la actividad económica, paralizada hasta el momento por el COVID-19, se reanudará de forma gradual, siempre teniéndose en cuenta los indicadores sanitarios, sociales, económicos y de movilidad en las ya famosas distintas 5 “fases”.
Será en base a los resultados que afloren de estos índices de lo que dependerá el transcurso de una fase a la otra. Sin embargo, la reactivación de la actividad económica se dará de forma gradual, asimétrica y siempre adaptándose a la realidad del momento y el lugar, es decir, las medidas tomadas y pensadas hasta el momento no son de carácter estático. Si bien es cierto que la mencionada reactivación de la actividad ya se ha iniciado, y seguirá avanzando a lo largo de las próximas semanas, no llegará al estado originario antes de la aparición del virus, dando paso a lo que van llamando “nueva normalidad”.
Los datos sanitarios de los últimos días arrojan
optimismo sobre la evolución de un virus que está empezando a ser
controlado en unos territorios más que en otros y cuyo número de
contagios y fallecimientos cada día se reduce, mientras que incrementa
el de curados.
Pese a que la vacuna y los posibles tratamientos frente al virus se
esperan en un futuro próximo, lo que no puede demorarse en exceso es la
reactivación de las actividades empresariales, motor y base para que
nuestra economía se recupere. Sin empresas, no hay actividad económica y
sin ello, no hay empleo, ni pago de impuestos, ni gasto público, ni
ingresos y todo se convierte en un bucle. De la esa “salud empresarial” dependen la economía y las arcas públicas.
La nueva situación que deben afrontar las empresas de toda dimensión requerirá que hagan uso de las herramientas jurídicas
que nos ha facilitado el gobierno durante las últimas ocho semanas para
llegar al punto cero de reinicio de la actividad económica. De ese
“cintura” para adaptarse a las nuevas circunstancias y del uso
inteligente de dichos instrumentos puestos al alcance dependerá en gran
medida la pervivencia de los negocios y las actividades
de los profesionales, como también de conseguir reducir el impacto de
los gastos fijos en las cuentas de pérdidas y ganancias de un tejido
empresarial que en su mayoría no ha tenido facturación por el parón
obligado y cuyas expectativas de demanda son inciertas.
Durante el estado y hasta el 30 de junio, las empresas han ajustado y lo harán sus costes fijos de funcionamiento con la implantación de los ERTES fuerza mayor, el fomento del teletrabajo -que parece que ha llegado para quedarse-, facilidades para el apoyo de la conciliación familiar durante el periodo de Covid-19, utilización del permiso no retribuido recuperable, aplazamientos y moratorias de los pagos de impuestos y seguridad social, condiciones para negociar reducción del pago de los alquileres, facilidades de obtención de créditos ICO avalados en un 70% por el Estado y para los trabajadores autónomos que han visto suspendido su actividad un subsidio de cerca de 650 euros y la exoneración del pago de la cuota de autónomos.
Las medidas y protocolos sanitarios fijados para el reinicio de la actividad suponen un freno a la actividad económica:
reducción de aforos, ampliación de espacios interpersonales, reducción
de horarios etc. Todo ello, trae consigo una inevitable reducción
ingresos, situación ésta que hace imprescindible que las empresas, si
quieren mantenerse y sobrevivir, deban ajustar su estructura de costes
fijos, es decir, aquellos costes que, independientemente del volumen de
actividad, no varían.
Los empresarios, pueden retocar sus plantillas sin poder despedir o
con esa potestad muy limitada, dado que la disposición adicional sexta
del RD 8/2020 de 17 de marzo, establece la obligación de mantener el nivel de empleo durante al menos 6 meses
si se quieren mantener las ventajas ofrecidas por las diferentes
medidas extraordinarias, como la exención en el pago de cotizaciones a
la Seguridad Social. Es por ello que los empresarios necesitaran la
empatía de la otra parte contratante implicada: los trabajadores y sus representantes, los cuales deben ser conscientes de que el mayor coste fijo que soporta la estructura de la empresa son los costes de personal.
Un ejemplo de ello es la ratio del 35% del coste medio respecto a las
ventas. Al ser el coste estructural más importante, es el que en primer
lugar se debe ajustar la empresa. Y es que es importante que todo el
mundo sepa que un trabajador que cobra 1.000 € netos mensuales, cuesta a
la empresa cerca de 1.700 €. También que el gasto medio de personal de
las empresas dedicadas al comercio y a la restauración de
aproximadamente de un 35%. Si los ingresos de la empresa disminuyen un
50%, la ratio de gasto de personal pasa de un 35% a un 70%. El dato,
simplemente con mirarlo, hace daño a la vista y a raíz de él resultará
fundamental para la empresa acometer su ajuste, siempre con la
limitación de no poder destruir empleo. Las empresas a las que les hayan
autorizado un ERTE Fuera mayor han de mantener el mismo nivel de empleo
para verse beneficiadas con la exoneración de las cotizaciones a la
seguridad social. Ante esta situación, los empresarios deberán estar
bien asesorados y ser creativos a la hora de diseñar su nueva plantilla.
A este respecto cabe recordar que la Dirección General de Trabajo
(DGT), no considera destrucción de empleo la tramitación de un ERTE por
causas objetivas, distinto del ERTE por fuerza mayor.
Según los comentarios de la ministra de trabajo durante su
comparecencia del pasado viernes, el Gobierno ha llegado a un acuerdo,
despejando dudas y dando tranquilidad a los trabajadores y las empresas,
de que al menos hasta el 30 de junio los ERTE fuerza mayor estarán
vigentes. Las empresas puedes ir “rescatando” trabajadores en ERTE
fuerza mayor de forma mixta con reducción de jornada, jornada completa y
dejar a trabajadores en el ERTE.
A esta flexibilidad mixta, hay que añadir que la empresa tendrá derecho a una reducción en las cotizaciones sociales empresariales,
para las empresas de menos de 50 trabajadores acorde a la jornada
efectiva de trabajo de un 85% durante el mes de mayo y un 70% para el
mes de junio. Para las empresas que a fecha 29 de febrero tuvieran más
de 50 trabajadores, están exoneración es de un 60% para los meses de
mayo y un 45% para el mes de junio. Los trabajadores no rescatados el
ERTE fuerza mayor no varia las condiciones de la exoneración de las
cuotas empresariales. Se ha dejado abierta la posibilidad de que
determinados sectores empresariales perjudicados por el estado de alarma
y el Covid-19 puedan ver extendido el plazo de vigencia de sus ERTEs
fuerza mayor.
Con este anuncio las empresas tienen hasta mediados de junio para
estructurar sus plantillas de trabajadores, teniendo que cuenta que el
trabajo se tiene hacer procurando mantener el mismo nivel de empleo, y
para ello no hay ninguna herramienta mejor que un ERTE por causas objetivas
hecho a medida de las necesidades de la empresa. Con la suspensión de
los contratos de trabajo o la reducción de jornadas, el empresario
pagará al trabajador las horas efectivamente trabajadas y el SEPE se
hará cargo del resto, con los límites legales establecidos. A estos
efectos, no computa como aminoración de plantilla los despidos
disciplinarios procedentes, las jubilaciones, fallecimientos,
incapacidades o el fin de los contratos temporales cuya causa finalice
en esos seis meses.
En resumen, los autónomos y empresarios deben asesorarse y establecer su propia planificación para adaptarse a la nueva normalidad, ajustando sus costes de estructura y evitando el sobreendeudamiento, ajustar turnos y horarios de trabajo mediante la utilización del ERTE objetivo y, en el caso de imposibilidad para cumplir su plan de acción, acudir a una pronta negociación con sus acreedores para llegar a acuerdos de quitas y espera utilizando la Ley Concursal. No deben dudar lo más mínimo: tengan un plan.
Como empresario en Baleares puede que te interese saber que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha elaborado una serie de GUÍAS para el SECTOR TURÍSTICO a fin de evitar contagios por Covid-19, las cuales reúnen los requisitos necesarios tanto materiales, como de prestación del servicio, de limpieza y desinfección para ejercer las actividades de (haz clic para descargar cada una de ellas):
Estas guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico han contado para su elaboración con la participación de Comunidades Autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los agentes sociales, las asociaciones de cada subsector, expertos participantes en los grupos de trabajo y la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA), coordinados por el Instituto de Calidad Turística, entidad a la que la Secretaría de Estado de Turismo ha encomendado esta labor.
En este tercer vídeo de la serie sobre la Campaña de la Renta 2019 Moya y Emery te informa acerca de en qué casos estaremos exentos de tributar las ganancias obtenidas por la venta de una vivienda.
Y recuerda que puedes ver todos nuestro vídeos en el Canal YouTube de Moya & Emery haciendo clic aquí.
In our third video regarding 2019 Income Tax Return Campaign we talk to you about the cases in which you will be exempt from paying tax on the profit obtained from the sale of your property.
And do not forget to have a look to our Moya & Emery YouTube channel to watch the rest of video-tips here.
La Pandemia Covid-19 es una de las mayores
crisis en la historia ya no de nuestro país sino a nivel mundial sanitaria,
social y económicamente hablando.
En aras a reaccionar frente a ella, evitar su
expansión y la tasa de contagio, se han ido adoptando medidas y aprobando
Reales Decretos, entre ellos, el del 14 de marzo por el que se declaró el
Estado de Alarma con restricciones en la movilidad y cierre/restricciones en
muchos sectores económicos, que se ha prorrogado en diferentes ocasiones hasta
el 9 de mayo.
Dichas medidas e instrumentos jurídicos han
resultado efectivos para frenar la expansión de la pandemia, sin embargo, han
tenido un brutal impacto en la economía, un impacto que se ha intentado mitigar
con la adopción de otros paquetes de medidas entre ellas: de apoyo social,
inversión en investigación o protección a la renta familiar.
Desgraciadamente la vacuna, así como
tratamientos que permitan inmunizarse frente a este virus todavía no están
disponibles, ni se prevé que sea así en los próximos meses. No obstante, la
vuelta a la “nueva normalidad” no puede demorarse tanto o condicionarse a ello,
sino que se deberán adoptar nuevos hábitos, especialmente de higiene y
distancia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
definido una serie de principios
a tener en cuenta para el
desconfinamiento:
detectar casos o posibles casos, aislar a
los confirmados y a las personas que hayan estado en contacto con las personas
infectadas o que presenten síntomas.
para tratar los casos detectados y
especialmente los más graves.
lugares
con gran afluencia de personas por ejemplo centros sanitarios.
e
implantación del teletrabajo y escalonamiento de entradas y salidas o los
turnos.
, es
decir, más allá de nuestras fronteras y evitar contacto con personas contagiadas
o que provengan de zonas de riesgo.
Bajo estos principios, teniéndose en cuenta
la experiencia nacional, la de otros países y las propuestas de los diferentes
Gobiernos autonómicos, se crea un Plan con los principales parámetros e
instrumentos para adaptarse a la nueva realidad y garantizarse la seguridad al
conjunto de la ciudadanía.
Este plan recoge un proceso largo y sostenido
en el tiempo que requiere como hasta el momento, un compromiso por parte de la
sociedad para que resulte efectivo. Con lo cual el proceso de desescalada será
gradual, asimétrico y coordinado con las comunidades Autónomas y moldeable en
función de las circunstancias, avances, así como la efectividad de las medidas.
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
El Plan pretende garantizar la protección de
la salud pública y al mismo tiempo recuperar progresivamente la vida cotidiana,
así como la actividad económica, evitando al máximo los contagios y el colapso
de nuestro Sistema de Salud y Sanitario.
No hay ningún país que haya logrado doblegar
por completo al virus para tomar una referencia, sino que es crucial la
cooperación y coordinación a nivel internacional para luchar contra el
Covid-19.
Las medidas de desconfinamiento son para el
corto y medio plazo, ya que no pueden hacer previsiones lejanas en un contexto
caracterizado por la incertidumbre y condicionado por la evolución y
efectividad de las medidas hasta el momento implementadas y pensadas para
implementarse. Es decir, el desconfinamiento no implica riesgo 0.
Será esencial prestar atención a los paneles
de indicadores, principalmente en 4 ámbitos: salud pública, dimensión social,
situación económica y movilidad.
El proceso de transición requiere de
información real y sólida sobre la evolución de la pandemia, así como de la
disposición de los suficientes medios sanitarios para poder evitar contagios,
repuntes y llegar a erradicar casi por completo al virus.
La desescalada dependerá de las
circunstancias de cara territorio. Concretamente de 4 ámbitos:
De esta manera las medidas pensadas a nivel
general se deberán ir adaptando o sustituyendo por otras más
concretas/específicas en función de las circunstancias territoriales (efecto
del virus y capacidades para reaccionar ante él).
CAPACIDADES ESTRATÉGICAS
Las capacidades estratégicas son necesarias
para conocer los riesgos que entraña cada decisión tomada, una asistencia
sanitaria de calidad y suficiente para los afectados y en caso de rebrote. Hay
que tener margen de maniobra para futuras situaciones.
Para ello se han de reforzar 4 ámbitos:
Importante en este campo, la coordinación con
las comunidades autónomas al ser un país descentralizado y donde la sanidad es
competencia de cada una de ellas. Para ello, se desarrollan unos indicadores
públicos a los que cualquier persona pueda tener acceso y conocer, objetivos,
medibles, relevantes y confiables.
Es importante recalcar que el proceso de
desescalada será diferente en función del territorio. No obstante, es útil y
recomendable partir de unos indicadores y base comunes. Se debe lograr un
sistema para detectar precozmente el virus y evitar rebrotes, así como estar
preparados para tratar los casos ya detectados o que pudieran surgir en el
futuro.
Esquema de capacidades
técnicas:
: el retraso en la notificación de nuevos
diagnósticos o alertas tardías han causado que la reacción ante el virus no
fuera rápida y con ello que se dieran colapsos en las UCI’s y fallecimientos.
Ha
resultado complicado y es todavía complicado entender la magnitud del virus y
por ello, la toma de decisiones.
Para
implementar una transición efectiva es necesario configurar un sistema de
información epidemiológica fiable, contrastada y homogéneos a nivel nacional,
sin perjuicio de adaptarse a posterior en función de las necesidades y
circunstancias de cada territorio.
Un buen
sistema de información debe partir de indicadores de alertas tempranas e
intermedias u otras fuentes alternativas.
: a través de diagnósticos correctos y
aislamientos, es crucial para levantar el confinamiento. Componentes de esta
capacidad de mayor a menor prioridad:
a nivel primario, hospitales y UCI’s para la
gestión de la pandemia, así como para seguir tratando con normalidad a los
pacientes con patologías diferentes al covid-19, a los que no debe abandonarse.
Si se cuenta con un buen sistema sanitario, el confinamiento es menos probable
o menos restrictivo.
Es
importante que las Comunidades Autónomas inviertan en sus sistemas de
salud/sanitarios para garantizar la seguridad de los pacientes y trabajadores.
: disponer del material adecuado para poder
mantener la higiene, así como la implantación de prácticas de higiene y
distanciamiento social. Ejemplos: uso de mascarillas, guantes, limpieza
de entornos con gran afluencia de gente.
PANEL DE INDICADORES
La complejidad de la situación, la
incertidumbre, la imprevisibilidad y dinamismo desaconsejan establecer un
calendario cerrado. Se debe ir paso a paso e irse adaptando en función de los
resultados de las medidas implementadas.
Cualquier retroceso alargaría el proceso en
aquellos lugares que se vieran afectados. Por ello los principios de
prudencia/precaución, cautela y proporcionalidad guiarán la toma de decisiones.
Los parámetros necesarios para la desescalada
se expondrán en un panel de indicadores integral único que ayudarán a la
graduación y velocidad del desconfinamiento. Parámetros fundamentales:
(uno de los más complejo de la desescalada)
al relacionarse con la posibilidad de contagio. A mayor actividad se debe hacer
un mayor y riguroso seguimiento para evitar contagios.
Estos indicadores deben ser relevantes,
confiables y comunes, algunos
de naturaleza cuantitativa y otros cualitativa.
Las dimensiones sociales y económicas
complementarán el diagnóstico sanitario y el de movilidad para proporcionar
información estratégica y con ello, la toma de decisiones. De ahí, se obtendrán
los datos para la desescalada con el suficiente desglose por territorios y la
implementación de las concretas medidas.
Por ello el panel de indicadores, facilita el
estudio cualitativo en los 4 ámbitos: sanidad, social, económico y movilidad.
GOBERNANZA
PRINCIPIOS
GENERALES:
El Ministerio de Sanidad (autoridad delegada)
asumirá las decisiones necesarias para ir recuperando la actividad cotidiana,
laboral y profesional.
En función de la evolución de la pandemia
esta autoridad puede dictar órdenes e instrucciones sobre las actividades
permitidas, así como su alcance y ámbito territorial. También el poder
modificar, amplias o restringir los lugares, sectores y actividades
restringidas. Todo ello, recogido en el RD 463/2020 de 14 de marzo con sus
sucesivas modificaciones en cuanto a su articulado (RD 492/2020 de 24 de
abril).
Es importante la coordinación con las
Comunidades Autónomas y entidades locales para conocer lo que sucede en cada
territorio y así poder tomar decisiones e implantar medidas más ajustadas a la
realidad territorial. Como ya se ha avanzado, la desescalada va a ser
asimétrica, es decir, los territorios podrán avanzar a velocidades diferentes.
Principios de la gobernanza a destacar:
METODOLOGÍA
EN LA TOMA DE DECISIONES:
El Plan de desescalada se divide en 4 fases y
3 transiciones entre ellas. También se contiene un estadio previo basada en
medidas de alivio con riesgo de contagio bajo (ejemplo: deporte, paseos con
niños…) siempre respetando la distancia de seguridad y medidas de higiene.
El Ministerio de Sanidad decide en que fase
se encuentra cada territorio en función de los indicadores evaluados de forma
cualitativa y conjunta para permitir el pase de una fase a otra.
Orden ministerial del Ministerio de Sanidad
para toma de decisiones con las siguientes consideraciones:
.
Se pueden modificar, ampliar o reducir en función de la evolución de la
pandemia.
que se analizará cualitativa y conjuntamente para decidir en qué fase se
encuentra cada territorio.
El Ministerio decidirá sobre su inclusión.
inicialmente la unidad territorial será la
provincia o isla.
Siempre con un informe justificado en base a
los indicadores y viabilidad y garantía de aislamiento. La decisión sobre
acceder o no a esa asimetría será competencia del Ministerio de Sanidad.
RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Las restricciones sobre la movilidad de las
personas durante las seis últimas semanas han tenido un brutal impacto en la
actividad económica. De ahí se ha de destacar la importancia de autoprotegerse,
la responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las normas y recomendaciones,
así como la seguridad en los puestos de trabajo entre otros aspectos.
Tras los esfuerzos realizados, es hora de
pensar en la reactivación social y de la actividad económica de forma
progresiva tanto en los sectores limitados como restringidos.
La desescalada y la transición a la nueva
normalidad implican nuevos comportamientos por parte de las personas y
empresas. Importante aquí la auto protección, higiene, prevención de riesgos
laborales en las empresas para cumplir con el deber del empresario de
garantizar la seguridad de sus trabajadores en el puesto de trabajo tanto
adaptando ese puesto como facilitando los correspondientes EPIS.
La crisis sociosanitaria ha tenido una
incidencia desigual en cuanto a los territorios y grupos sociales, con lo cual
se tendrá que prestar especial atención a los colectivos más afectados para
favorecer su recuperación y evitar desigualdades.
El turismo, uno de los sectores quizás más
afectados por la pandemia, requerirá para su progresiva recuperación
cooperación a nivel internacional y multilateralismo. Asimismo, será importante
el constante y detallado seguimiento, observando la evolución del virus tanto a
nivel interno como externo. Seguramente, dicho sector será el que tendrá una
recuperación más larga y compleja.
Por tanto, es importante prestar atención a
los colectivos más vulnerables, sectores críticos y gestionar las fronteras.
Aspectos sociales:
La
toma de decisiones es importante para limitar las posibles consecuencias
negativas que la enfermedad, las medidas de confinamiento y la recuperación
progresiva de la normalidad, puedan tener en determinados colectivos
particularmente vulnerables. No dejar atrás a los colectivos vulnerables y
luchas todos contra la pandemia.
Necesidades
para diseñar la desescalada:
Grupos especialmente vulnerables:
colectivo poco afectado por la pandemia pero el más afectado por el
confinamiento. El mayor impacto que ha sufrido este colectivo ha sido la
alteración en el normal desarrollo del curso escolar que ha podido incrementar
desigualdades ya existentes. Importancia de las ayudas y becas comedor.
Se debe
garantizar un final e inicio de curso ordenado, promoviendo actividades
educativas que permitan recuperar el aprendizaje perdido, refuerzos durante el
verano y preparar los centros para el nuevo curso escolar.
Sedentarismo, estrés y violencia de género en
el ámbito de los niños y adolescentes:
se incrementan durante el confinamiento y para afrontarlo se han permitido
preferentemente, los paseos de los menores de 14 años.
colectivo
más afectado junto con los sanitarios por la pandemia. Especial atención a los
mayores que viven solos (riesgo de desamparo) y los que viven en residencias
geriátricas.
Importante
garantizar la seguridad, higiene y distanciamiento en los centros de mayores ya
no solo de cara a ellos, sino también de las personas que trabajan allí. Se ha
detectado la deficiencia en el sistema de residencias, algo que deberá ser
estudiado y mejorarse.
personas
que necesitan un plan de recuperación concreto para ellos en cuanto a la
asistencia en el domicilio.
: Se ha
puesto en marcha el ingreso mínimo vital, que garantizará una renta a las
personas más vulnerables, así como en otras medidas orientadas a fomentar el
empleo digno, facilitar el acceso a la vivienda y la garantía de suministros y
servicios esenciales.
: donde
el riesgo de contagio es alta y tienen menor disponibilidad de medios públicos
y privados. Las medidas de ayuda tienden a enfocarse más a las zonas urbanas,
algo que puede incrementar la brecha entre zonas urbanas y rurales. Por ello,
se han de incrementar tanto las capacidades como medios en estas zonas rurales.
Los
servicios sociales son gestionados por las Comunidades Autónomas, con lo cual
resultará esencial la coordinación inter institucional para garantizar que
nadie se queda atrás.
Aspectos económicos:
Regida
por los principios de coordinación, prevención, prudencia, proporcionalidad, y
seguimiento y monitorización y dependerá de la evolución de los indicadores
sanitarios en paralelo con la reactivación de la movilidad.
Horizontes
temporales:
reapertura progresiva de los sectores que aún no han podido reiniciar la
actividad y de aquellos que están funcionando, pero están todavía lejos de
alcanzar niveles de normalidad, reforzando la seguridad y distanciamiento y
evitar repuntes al incrementarse la movilidad.
planes y
medidas de apoyo para los sectores más afectados y mayor potencial de arrastre.
Tanto a nivel nacional como internacional, se
prevé una caída en la producción y demanda, cuyo alcance es incierto pero que
dependerá de la efectividad de las medidas de contención y restricción, así
como del ritmo de recuperación de la demanda, consumo e inversión. Además de
ello, se ha tener presente que el proceso de desescalada no tendría que sufrir
paradas o retrocesos.
La recuperación de la actividad económica no
solo depende del levantamiento de las medidas implantadas hasta el momento,
sino también de la recuperación de la confianza de la ciudadanía, empresarios y
demanda exterior.
Las
medidas adoptadas durante el estado de alarma de apoyo a la liquidez
empresarial, la flexibilidad interna, el mantenimiento del empleo, la
adaptación de las condiciones laborales a las necesidades familiares y la
protección de las rentas de los trabajadores y familias, están desempeñando un
papel fundamental de cara a amortiguar el impacto económico negativo y contar
con una base adecuada para la reactivación.
La
desescalada deberá atender a las necesidades y particularidades de cada uno de
los sectores. Es importante la redacción de protocolos de seguridad para que
vuelta al trabajo pueda hacerse de la manera más segura posible. Es importante
también acompañar la necesaria adaptación del modelo productivo a las nuevas
exigencias de seguridad y nuevos sectores con gran demanda internacional.
Movilidad:
Fundamental
para la vida social y actividad económica, pero a su vez tiene el riesgo de que
el virus se expanda entre territorios, se ha de ser cauteloso. La auto
protección en este ámbito va a ser crucial.
Se
ha de destacar el papel que están desempeñando las, Fuerzas Armadas, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, así como las
diferentes policías autonómicas y locales en sus correspondientes ámbitos, en
las labores de control de la movilidad en todo el país.
Atendiendo
a todas estas razones, las medidas a implantar deben estar basadas en el
principio de progresividad y adaptabilidad y estarán agrupadas en 3 categorías:
y frecuencias en el ámbito del transporte.
: minimizar el transporte público en horas de
mayor afluencia. Mantenimiento del teletrabajo y flexibilidad horario.
La coordinación ejercida por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana resultará fundamental.
Ciencia, investigación e innovación: promoción en estos sectores para el
tratamiento e investigación de la pandemia. Se han puesto en marcha por ejemplo
44 ensayos clínicos en medicamentos.
Ámbito internacional: debe ser ordenado y efectiva y requiere:
Los ámbitos a los que hay que prestar
atención para pasar a la nueva normalidad son:
Todo ello son bases para poder abrir a medio
plazo las fronteras de nuestro país con seguridad, teniéndose en cuenta la
evolución de la pandemia en todo caso.
Coordinación
inter-institucional y rendición de cuentas:
Resulta
esencial el cooperar con el resto de las Administraciones Públicas
(videoconferencias con los presidentes de las diferentes comunidades autónomas
de forma de semanal).
Participación
por parte del Ministro de Sanidad en conferencias interterritoriales.
Adicionalmente, comparecencia de este órgano en la Comisión de Sanidad del
Congreso de los Diputados informándose de forma periódica.
Información actualizada de servicio público a la ciudadanía: gran esfuerzo para que la ciudadanía pueda
tener información oficial, transparente y actualizada cada día. Algo crucial
para que la desescalada. Ejemplo: multiplicidad de ruedas de prensa
públicas donde se han explicado medidas, decisiones y se han podido hacer
preguntas que se han respondido in situ.
MEDIDAS ESCALONADAS
Es
necesario que el desconfinamiento se dé de manera gradual en base al panel de
indicadores y evitar de esta manera los contagios y mejorar el bienestar social
y económico. El establecimiento de un sistema gradual, asimétrico y dinámico,
fundamentado en datos relevantes, confiables y comunes a todo el territorio,
con un seguimiento continuo de la evolución de estos datos, permite ir
reaccionando ante el riesgo cuando este aparezca. De igual modo, es importante
que los ciudadanos sean responsables y se auto protejan y actúen
diligentemente.
La
desescalada no es un proceso matemático e inmutable, no hay certeza de cuándo
puede un territorio pasar de una fase a la otra, todo depende de la evolución
de la pandemia y de los recursos sanitarios con los que se cuente. Hay que
pensar que se puede ir a mejor y a peor, es decir, contemplar todos los
posibles escenarios.
ESQUEMA DE LAS FASES
FASE 0 O DE PREPARACIÓN: Doblegada la curva de contagios, se
instauran medidas de alivio que permiten salir del domicilio siempre cumpliendo
con las medidas de seguridad. Se trata de actividades con bajo o nulo riesgo de
contagio. Importante de nuevo la auto protección y responsabilidad de cada uno.
Hay
4 islas que no pasan por esta fase: Formentera, La Gomera, El Hierro, La
Graciosa.
FASE 1 o INICIAL:
apertura parcial de actividades, en particular, actividades económicas como
pudieran ser la apertura del pequeño comercio con cita previa o servicio en
mostrador, restaurantes y cafeterías con entrega para llevar, entre otras.
FASE 2 o INTERMEDIA: apertura parcial de actividades cerradas en
la fase 1 con limitaciones de aforo (ejemplo: restaurantes).
FASE 3 o AVANZADA:
apertura de todas las actividades, pero siempre manteniendo las medidas oportunas
de seguridad y distancia. Destaca la apertura del comercio minorista con las
limitaciones de aforo y medidas de higiene y distancia de seguridad.
NUEVA NORMALIDAD: Terminan las restricciones sociales y económicas, pero se mantiene la vigilancia epidemiológica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y la autoprotección de la ciudadanía.
Puedes acceder a este documento en formato pdf en este enlace y, además, a un esquema completo sobre las fases de transición a la nueva normalidad en este otro enlace.
Por Marga de Matos
Moya & Emery
Si quiere plantearnos sus dudas o consultas y recabar nuestro asesoramiento con respecto a cualquier asunto de índole laboral en su empresa, póngase en contacto
Esta resolución, aprobada el 4 de mayo y publicada ayer en el BOIB, del Conseller de trabajo balear ha aprobado los protocolos de actuación en materia de salud laboral como respuesta al Covid-19 y puedes tener acceso a cada una de las guías de salud laboral referentes a:
En el segundo vídeo de esta serie sobre la Campaña de la Renta 2019Moya & Emery te recuerda la importancia de verificar la información contenida en el borrador de declaración que la AEAT pone a tu disposición de los obligados a declarar.
¿Has comprobado ya que todos los datos contenidos en el borrador son correctos? Si no sabes cómo o tienes dudas, ponte en contacto con nosotros.
Y recuerda que puedes ver todos nuestro vídeos en el Canal YouTube de Moya & Emery haciendo clic aquí.
MOYA & EMERY os presenta una nueva serie de vídeos sobre la Campaña de la Renta 2019, que incluye un recordatorio general sobre la misma, recoge las novedades y cambios más importantes para este año y una serie de consejos que consideramos importantes.
En este primer vídeo te recordamos quiénes son los obligados a declarar.
Campaña de Renta 2019 – Moya & Emery – Video 1
Y recuerda que puedes ver todos nuestro vídeos en el Canal YouTube de Moya & Emery haciendo clic aquí.
MOYA & EMERY introduces our new video-series, which include a general reminder and updates about 2019 tax campaign. In our first video we talk to you about employees which are obligated to declare.
2019 Tax Campaign – Moya & Emery – Video 1
And do not forget to have a look to our Moya & Emery YouTube channel to watch the rest of video-tips here.
RECURSOS CONTRA LAS
SANCIONES POR SALTARSE EL CONFINAMIENTO EN EL ESTADO DE ALARMA
Los
recursos que se interpongan contra las propuestas de resolución de sanciones
administrativas por incumplir el obligado confinamiento impuesto desde el
Gobierno mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de
marzo, no nos cabe la menor duda de que van ser
estimados por los Tribunales ordinarios por la más que evidente
inconstitucionalidad del art. 7 del citado Decreto que regula la limitación a
la libre circulación de las personas, derecho fundamental que viene recogido en
el art. 19 de la Constitución dentro
del Título I, Capítulo II, Sección 1 que recoge los Derechos Fundamentales y
las Libertades Públicas de los
ciudadanos.
El Defensor del Pueblo (en funciones) ya ha
planteado interrogantes ante la pertinencia de estas sanciones. Y no es el
único. La Abogacía General del Estado
fijó criterio ante los posibles recursos una vez que se tramiten los
expedientes sancionadores, estableciendo que la ley requiere que el
ciudadano que vaya a ser multado haya sido previamente advertido, y solo en
caso de no cumplir la orden del agente podría ser multado. También diversos
juristas de renombre han expuesto su oposición a las medidas de confinamiento,
como son el Letrado de las Cortes, Alfonso Cuenca Miranda o el Catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia Carlos Flores Juberías,
incluso algunos Magistrados del TC, así como múltiples compañeros de profesión.
La cuestión comenzaría preguntándose ¿Cuál es el valor normativo de la declaración del Estado de Alarma? Esta cuestión la resolvió la Sentencia del Tribunal Constitucional 83/2016, de 31 de mayo, que se pronuncia sobre valor normativo del Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declaró el Estado de Alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo. Así pues, aunque formalizada mediante decreto del Consejo de Ministros, la decisión de declarar el Estado de Alarma, dado su contenido normativo y efectos jurídicos, debe entenderse que queda configurada en nuestro ordenamiento como una decisión o disposición con rango o valor de ley. Pero es que, dentro de la jerarquía normativa, una ley, y no digamos un decreto del Gobierno, no puede invadir, por así decirlo, lo establecido por una Ley Orgánica que es de superior rango porque necesita de la mayoría absoluta de los votos en el Parlamento.
El
actual Real Decreto que establece el estado de alarma no fija un cuadro de
sanciones, sino que remite para ello a la Ley Orgánica 4/1981 que
regula el estado de alarma y, de ahí, de forma genérica a las leyes. Así, lo
que se aplica para sancionar es la Ley Orgánica 4/2015, para la protección de la seguridad ciudadana, la
famosa “Ley mordaza” que nuestro actual
Gobierno pretendía derogar. Pero es
que esa norma no contempla como infracción el deambular por la vía pública,
sólo la resistencia a la autoridad, lo que significaría que el ciudadano que
deambula por la vía pública no puede ser denunciado por este solo hecho. Podrán
requerirle para que abandone la vía pública y, en caso de no hacerlo, podrán
denunciarle por resistencia y desobediencia, hecho que también podría ser
objeto de recurso, ya que estaríamos desobedeciendo una orden de un agente de
la autoridad sin cobertura legal alguna.
Como
dice el profesor de derecho
administrativo de la UIB Felio Bauzá “La conclusión es que la fundamentación
jurídica de las sanciones por deambular por
la vía pública durante el estado de alarma no existe. Desde que entró en vigor
la Constitución, es la primera vez que un estado de alarma limita la libertad
de movimiento de toda la población y la somete a un régimen sancionador, pero
se remite a leyes generales que no contemplan esta medida tan excepcional”.
Pero,
además, sumado a lo anterior, se perciben excesos importantes en las medidas
específicamente encaminadas a evitar la propagación de la pandemia. Varias de
ellas vulneran de manera frontal derechos recogidos en nuestra Constitución y
no están amparadas
por
la declaración del estado de alarma. Hay que recordar que este estado permite
modular el alcance de los derechos, pero no suspenderlos sin más. Lo que el
Gobierno ha hecho, en lugar de limitar la circulación de personas o vehículos
en horas y lugares determinados, o condicionarla al cumplimiento de ciertos
requisitos como permite la ley, es decretar un confinamiento permanente y
universal. Ha establecido un listado restrictivo de causas por las que es
posible abandonarlo, siempre de manera momentánea y con debida justificación.
En otras palabras: el Gobierno ha invertido los términos en los que el
mandato legal le obligaba a actuar, sustituyendo un régimen de libertades
sujeto a límites por un régimen de limitaciones sujeto a excepciones. El
estado de alarma supone libertad con límites, no un confinamiento con
excepciones. Y eso es algo que solo mediante la declaración de un estado de
excepción era posible hacer.
Por
último, se ha de apuntar como prueba de lo anterior que, en Bosnia Herzegovina,
Estado en el cual sólo se había decretado el confinamiento de niños y de
mayores de 65 años, el Tribunal constitucional acaba de pronunciarse en contra
del decreto de confinamiento por vulnerar el derecho fundamental a la libre
circulación de las personas.
Por Francisco Javier Villalonga
Abogado penalista y colaborador de Moya & Emery
Si quiere plantearnos sus dudas o consultas y recabar nuestro asesoramiento con respecto a cualquier asunto de índole laboral en su empresa, póngase en contacto
Cada vez que termino de leer los decretos publicados en el BOE
después del Consejo de Ministros de los martes, me hago las siguientes
preguntas: ¿de dónde ha salido tanto
dinero de repente? ¿Qué motivo tiene
los mandamases mundiales para poner tanto dinero en mercado? El quien lo
paga lo tengo claro, el 40% de la población que trabaja.
Es obvio que los gobiernos están imprimiendo billetes en la medida
que los necesitan. Haciendo unos cálculos, estimo que, a fecha de hoy, el nuevo
endeudamiento generado a consecuencia del COVID-19 supera los 8 Trillones de
dólares. La respuesta a la segunda pregunta tiene una respuesta de orden
social, creo que la única respuesta valida es
evitar que la población pase hambre. Sería mucho más fácil ir de cara con
la gente en lugar de no dar ninguna explicación.
Todo esto viene a cuento sobre lo que vamos a hablar hoy, de las medidas
introducidas por el Gobierno para paliar la falta de movimiento de la economía
evitando que la gente pase hambre:
ERTES
FUERZA MAYOR (actividades no esenciales)
La primera medida de calado para paliar la crisis económica fue
decretar que los ERTES fueran de fuerza mayor una lista cerrada de actividades
no esenciales decretando su cierre. Con esta medida se daba rapidez a los
trámites para su presentación dado que el plazo para que la autoridad laboral
pudiera resolver se fijó en 5 días.
ERTES
FUERZA MAYOR (todas las actividades, esenciales o no, si se demuestran
pérdidas)
Después, en Consejo de Ministros de un viernes, se redactó un
nuevo decreto en el que, incluyendo todas las actividades -esenciales y no esenciales-
se daba la posibilidad de tramitar el ERTE por fuerza mayor, siempre que pueda
la empresa acreditar que debido al virus la misma ha sufrido perdidas en el
negocio, dejando en manos de la empresa con una prueba diabólica sin indicar de
qué forma se tiene que acreditar tal circunstancia.
No acabando aquí, el mismo RDL 8/2020, en una Disposición
Adicional, la sexta, ya en la última página del BOE y sin hacer mencionan
alguna en la exposición de motivos, introduce la obligación de mantener
empleo al menos durante el plazo de seis mesesdesde el reinicio de su
actividad, sin perjuicio que se pueda hacer ERTE ETOP (por causas económicas,
técnicas, organizativas o productivas) por reducción de jornada laboral. Esto
último, con la intención de exonerar a las empresas del pago de las
cotizaciones a la seguridad social. Esta exoneración es a criterio del
empresario aplicarlo a no.
ERTE
FUERZA MAYOR A TIEMPO PARCIAL EN ACTIVIDADES ESENCIALES
Finalmente, el martes, el Consejo de Ministros introdujo una novedad:
la posibilidad que las empresas de actividades esenciales puedan tramitar un
ERTE fuerza mayor a tiempo parcial. Esto según se dice en la exposición de
motivos del RD 15/2020, pero el articulado no dice nada a que se parezca. Antes
esta situación de inseguridad jurídica, creo factible la tramitación del ERTE
fuerza mayor pero sin acogerse a la exoneración de cuotas, no sea el caso de
que dos o tres años más tarde venga la inspección y las haga devolver.
INCLUSIÓN
DE TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS
El RD 15/2020, ha dado legalidad a lo que se venía haciendo en
Baleares: la inclusión de los trabajadores fijos discontinuos, de alguna manera
por lo indicado al principio dar cobertura legal a la entrega de dinero a las
personas para que puedan, al menos, comer durante el tiempo de paralización de
la actividad económica.
Esta medida se ha ampliado para aquellas personas que fueron dadas
de baja por no superar el período de prueba desde el día 9 de marzo, y desde el
primero de marzo aquellos trabajadores que había solicitado la baja voluntaria
para incorporarse en otro puesto de trabajo.
El teletrabajo y la reducción de jornada laboral por conciliación
laboral durante dos meses más.
DENEGACIÓN
DEL ERTE SOLICITADO ¿QUÉ DEBEMOS HACER?
El procedimiento de denegación de los ERTEs por parte de la Conselleria
de trabajo entendemos que hay que recurrirlo, ya sea en vía administrativa o
judicial, pero presentando paralelamente un ERTE ETOP.
Los autónomos y las PYMES tienen que perder el miedo a utilizar
las medidas jurídicas en su defensa, desde MOYA & EMERY aconsejamos que se usen todos los
medios al alcance. Tenemos que intentar entre todos utilizar las herramientas
jurídicas disponibles para no tener que entrar en concurso de acreedores, dado
que en un expediente concursal, por muchos beneficios que pueda tener, el mayor
perdedor es el empresario.
MORATORIA ALQUILERES DE LOCALES.
LA MEDIDA QUE LLEGA TARDE Y SIN ACLARAR
CÓMO PROCEDER.
Una de las situaciones económicas que más afecta a las empresas
autónomos y PYMES, es cómo afrontar el pago de las rentas de los locales desde
donde ejercen la actividad. Mucho se ha dicho y nada se ha hecho. Y hay que
tener en cuenta que la mayoría de los arrendadores son pequeños inversores que
han invertido con el propósito de complementar su pensión.
Con el RDL del pasado miércoles el ejecutivo ha clasificado en dos
tipos a los arrendadores: Gran tenedor (propietarios de más de 10 locales
destinados al alquiler) y otros arrendadores (pequeños).
Los inquilinos, cuyo propietario es un gran arrendador, tienen hasta
el 14 de mayo, para solicitar al arrendador una moratoria en el pago de las
rentas.
La moratoria se aplicará de manera automática y deberá ser
aceptada por el arrendador, siempre que no haya habido un acuerdo previo entre
ambas partes de moratoria o reducción de la renta.
El alcance de la moratoria tiene efecto sobre las rentas a pagar
durante el estado de alarma y de las mensualidades siguientes, sin que puedan
superarse, en ningún caso las cuatro mensualidades.
Los beneficios de la moratoria es el aplazamiento de la renta, sin
penalización ni intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta.
El arrendador deberá pagar la renta mediante el fraccionamiento de
las rentas en un plazo de dos años, a partir
del momento que se supere la situación de alarma
A partir de la finalización de los cuatros meses
Y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de alquiler
Resumiendo, si no has formalizado ningún acuerdo con el arrendador
tienes un mes de plazo para solicitar la moratoria que se concede de forma
automática y tienes un plazo de dos años para pagar fraccionalmente el alquiler
dejado de pagar durante 24 plazos.
Está situación es clara para los inquilinos de los grandes
tenedores de inmuebles, pero no lo es para aquellos inquilinos que alquilan los
locales a pequeños arrendatarios:
El inquilino, si no ha llegado a ningún acuerdo previo con el
arrendador pude solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago
de la renta, pero el acuerdo no es automático.
El RDL
15/2020 lo deja abierto, con una indeterminación tan simple como LAS PARTES
PODRÁN disponer libremente de la fianza, para servir de pago total o parcial e
las mensualidades del alquiler, debiendo reponer el depósito durante un plazo
de un año. Por lo tanto, como caso excepcional, el
inquilino puede exigir al propietario de su local para que destine el depósito
de al menos dos mensualidades para cubrir el pago del alquiler. Después a pagar
religiosamente.
Jurídicamente, puede estar claro la dinámica, el propietario coge
el depósito en concepto de mensualidad con la esperanza que el inquilino lo
reponga dentro del plazo de los doce meses. Económicamente no beneficia a
ninguna de las partes. Lo que más interesa al inquilino (hablando de pequeños
inquilinos) es un ajuste de la renta que viene pagando hasta que la situación
se reestablezca.
El equipo mediador de MOYA & EMERY, desde el principio del decreto del
estado de alarma, está negociado con los propietarios de los locales de negocio
de nuestros clientes, para que las rentas se ajusten a la nueva situación
generada. Estamos consiguiendo variedad de propuestas de ambas partes. la
propuesta más valorada es una reducción de la mitad de la renta durante el
periodo de estado de alarma, dejando para 6/7 meses después el pago en cuotas
la renta dejada de pagar.
Otra de las opciones por las que
apostamos en la negociación es la novación de
la renta pactada, marcando una renta mínima hasta u
nivel de ingresos de la actividad del inquilino, con una parte variable
dependiendo del nivel de ingresos escalonada del nivel de ingresos.
OTRAS NOVEDADES LABORALES
Fomento del teletrabajo y derecho a la
adaptación o reducción de la jornada por cuidado de menores o
dependientes. Se prórroga a 2 meses hasta pasado el estado de alarma.
Nueva prestación para los
trabajadores cuyos contratos se extinguieron, a instancia de la empresa estando
en periodo de prueba, a partir del 9 de marzo, y reconocimiento
de estar en situación legal de desempleo quienes
voluntariamente, desde el 1 de marzo, extinguieron su contrato de trabajo por
contar con otra oferta laboral en firme que finalmente decayó.
Protección de los trabajadores fijos
discontinuos. Se amplía la cobertura establecida en el Real Decreto-ley 8/2020 a
los trabajadores que no hayan podido reincorporarse a su actividad en las
fechas previstas como consecuencia de la pandemia y que no cumplen el requisito
de situación legal de desempleo, o no pueden acceder a la prestación por
desempleo por carecer del periodo de cotización necesario.
Ampliación del ámbito ERTES. Podrán
hacerlo las empresas de actividades esenciales para acoger al personal no
esencial, algo que ahora no se permite. Se ha modificado la regulación de los
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor para que
puedan acceder a ellos aquellas empresas que pertenecen a sectores esenciales
pero cuyos ingresos se han visto mermados por la restricción de la movilidad.
Ahora se les permitirá presentar un ERTE para incluir a trabajadores no
indispensables para su actividad esencial.
Por Nicolás Emery
Puedes ver, además, este vídeo de nuestro canal YouTube en el que Nicolás Emery repasa la actualidad de las medidas adoptadas frente al Covid-19 en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM.
Si quiere plantearnos sus dudas o consultas y recabar nuestro asesoramiento con respecto a cualquier asunto de índole laboral en su empresa, póngase en contacto
Puedes ver la resolución, de fecha 23 de abril, publicada en el BOIB haciendo clic aquí y conocer si el ERTE solicitado por tu empresa ha sido de los aceptados por el momento al haberse constatado la existencia de causa de fuerza mayor. Búscate en el ANEXO.
La resolución reseñada recuerda que los ERTEs aprobados tendrá una duración limitada al estado de alarma (según los plazos fijados por los reales decretos aprobados por el Gobierno del Estado).
De igual forma, la resolución señala que corresponde a las empresas tomar la decisión sobre la suspensión o reducción de jornada de los contratos laborales con los trabajadores que se indican con efectos desde la fecha del hecho causante. Además la resolución indica que las empresas tienen que trasladar su decisión (sobre suspensión de contratos o reducción de jornada) a los representantes de los trabajadores y a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo (SEPE).
Y, muy importante, indicar que la resolución publicada no agota la vía administrativa y se puede interponer un recurso de reposición ante el consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente de haber recibido la notificación, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
También se puede impugnar directamente la presente Resolución ante los juzgados Sociales de Palma, mediante demanda que se interpondrá en el plazo de 2 meses, igualmente contados desde el día siguiente de haber recibido la notificación. Sin embargo, si se interpone recurso potestativo de reposición no se podrá interponer la referida demanda hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición.
De acuerdo
con el artículo 17 del RD 8/2020 de
17 de marzo, a una prestación extraordinaria si han visto
suspendidas sus actividades o reducida su facturación en al menos un 75%
respecto con el promedio del semestre anterior
2- ¿Qué duración tiene esta prestación extraordinaria?
De momento
tiene una vigencia de 1 mes y en caso de prolongarse el Estado de Alarma, hasta
el último día del mes en que finalice dicho Estado de Alarma.
3- ¿Qué condiciones deben cumplirse para poder acceder a dicha
prestación extraordinaria?
Estar dado
de alta en
la Seguridad Social antes de la declaración del Estado de
Alarma.
Acreditar la reducción del 75% de la
facturación si la actividad no se ha visto suspendida.
Hallarse al corriente de pago de las cuotas de
la Seguridad Social previas, sino se dispondrá de un plazo de 30 naturales para el ingreso
de las cuotas.
4- ¿A cuánto asciende la prestación extraordinaria?
Al 70% de la
base reguladora.
5- ¿Este periodo de cese de actividad como se considera?
Se considera
cotizado y no reduce los periodos de prestación por cese de actividad a los que
el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
6- ¿Se puede compatibilizar con otras prestaciones?
No es
incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.
7- ¿Cómo se ven afectados los autónomos por la normativa surgida
hasta el momento?
Los
autónomos que realicen actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del RD 463/2020
de 14 de marzo por el que se declara el Estado de
Alarma, se verán afectados y deberán suspender sus actividades.
Por su parte
el RD 10/2020
de 29 de marzo en el que se aprueba el permiso
retribuido para las personas trabajadores en actividades o sectores no
considerados como esenciales no resulta de aplicación a los autónomos. De modo
que, aquellos trabajadores que por cuenta propia desarrollen una actividad no
comprendida o considerada como esencial, podrán continuar trabajando.
El
aplazamiento se prevé hasta el 30 de junio de 2020.
9- ¿Qué plazo se tiene para solicitar ese aplazamiento?
10 días
naturales de los
plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los periodos de devengo
señalados anteriormente, “sin que en ningún caso proceda la moratoria de
aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con
anterioridad a dicha solicitud”. Todo ello, para evitar la
facturación de la cuota, quienes lo soliciten mediante algún profesional
(asesor, autorizados en Sistema Red…), no deberán de aportar poder
apoderamiento alguno.
10- ¿Qué pasa con el abono de las cotizaciones de marzo?
Los
autónomos que hayan tenido que suspender sus actividades a causa del COVID-19,
pasen a recibir la prestación extraordinaria y no hayan ingresado las
cotizaciones sociales en plazo, lo podrán hacer fuera de plazo y sin recargo.
11- ¿Se debe cumplir alguna condición para solicitar ese
aplazamiento?
Sí, el no
tener aplazamientos anteriores en el pago de deudas con la Seguridad. Si se
cumple esta condición, el autónomo (y empresas) podrán solicitar el
aplazamiento hasta el 30 de junio de sus deudas con la Seguridad Social, que
deberán ingresar entre abril y junio de 2020 sin intereses.
12- ¿Cuál es el procedimiento para tramitar dichos
aplazamientos?
Se podrán hacer a través del sistema de Remisión electrono de
datos (Sistema Red).
Se debe presentar una solicitud por cada CCC (es decir de forma
individual) y deberán figurar los trabajadores en alta respecto a los cuales se
solicita el aplazamiento de las cuotas de cotización y por conceptos de
recaudación conjunta.
13- ¿Moratoria hipotecaria para
autónomos?
Aprobación de una moratoria para los autónomos en el pago de las hipotecas para la compra de locales, oficinas y despachos.
Si quiere plantearnos sus dudas o consultas y recabar nuestro asesoramiento con respecto a cualquier asunto de índole laboral en su empresa, póngase en contacto
Ante la denegación de la solicitud de ERTE por fuerza mayor de nuestra
empresa, lo primero que debe hacerse es analizar la respuesta denegatoria y
valorar qué puede convenir más, dada la situación:
Tramitar un nuevo ERTE para suspensión de contratos y reducción de jornada pero, en este caso en la modalidad ETOP, esto es, por causas económicas, técnicas, organizativas y/o de producción (ERTE ETOP).
Simultáneamente la empresa puede presentar recurso de alzada dentro del plazo de 30 días desde su notificación y presentar demanda ante el Juzgado de lo Social dentro del plazo de 60 días desde la notificación.
A. TRAMITACIÓN DE
UN NUEVO ERTE POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCIÓN.
INTRODUCCIÓN
Para
aquellos casos que la Autoridad Laboral no aprecie la existencia de la alegada
fuerza mayor, se puede iniciar un nuevo expediente de despedido colectivo o bien, de suspensión de contratos o reducción
de jornada,
es decir, un nuevo ERTE, pero en este caso por causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción: los conocidos como ERTES por causas ETOP, que es
diferente al de fuerza mayor.
De
acuerdo con la redacción del artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, en el cual se regulan los ERTES por causas ETOP vinculados
al COVID-19, mientras dure el estado de alarma, el plazo de consultas con los
representantes de los trabajadores es de 7 días, plazo que al levantarse el
estado de alarma volverá a ser de 15 días.
PASOS
A SEGUIR PARA LA PRESENTACIÓN DE UN ERTE POR CAUSAS ETOP
1) COMUNICACIÓN EMPRESARIAL:
Si existe representación legal de los trabajadores
El
primer paso para iniciar la tramitación del ERTE por causas ETOP, es notificar a los representantes legales
de los trabajadores (RLT) la decisión de la empresa de realizar un expediente
de suspensión de contratos o reducción de jornada ERTE. Juntamente con la
notificación la empresa debe entregar a los RLT una memoria explicativa en la que se
justifique la medida que pretende implementarse, los trabajadores a los que
afecta, el criterio para la selección de los trabajadores afectados, rango y
categoría de los mismos entre otros aspectos.
Si no existe representación legal de
los trabajadores
En
el caso que NO existir RLT, ejercerá
las funciones de representación durante el período de consultas una comisión integrada
por los sindicatos más representativos del sector y con legitimación para
formar parte de dicha comisión negociadora.
La
comisión estará conformada por un representante por cada uno de los sindicatos,
tomándose las decisiones por las mayorías representativas.
Esta
comisión debe constituirse en plazo de 5 días desde la notificación de la
decisión empresarial. La norma no fija a quién corresponde la convocatoria de
dicha comisión, siendo que sea la empresa la que se encargue de la misma.
De
no constituirse la comisión negociadora en el plazo indicado de 5 días, los
trabajadores de la empresa pueden elegir como sus representantes a tres
trabajadores de la misma, tal como está establecido en el artículo 41 del
Estatuto de los Trabajadores.
2) COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL PERÍODO
DE CONSULTAS:
La comunicación de la apertura del período de consultas contendrá
los siguientes extremos:
La especificación de las causas que motivan la suspensión de contratos o la reducción de jornada.
Número y clasificación profesional de
los trabajadores afectados por las medidas de suspensión de contratos o
reducción de jornada. Cuando el procedimiento afecte a más de un centro de trabajo,
esta información deberá estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso,
provincia y comunidad autónoma.
Número y clasificación profesional de
los trabajadores empleados habitualmente en el último año. Cuando el
procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada afecte a más de
un centro de trabajo, esta información deberá estar desglosada por centro de
trabajo y, en su caso, provincia y comunidad autónoma.
Concreción y detalle de las medidas
de suspensión de contratos o reducción de jornada.
Criterios tenidos en cuenta para la
designación de los trabajadores afectados por las medidas de
suspensión de contratos o reducción de jornada.
Copia de
la comunicación dirigida a los trabajadores o a sus representantes por la
dirección de la empresa de su intención de iniciar el procedimiento de
suspensión de contratos o reducción de jornada.
Designación de
los representantes de los trabajadores que integrarán la comisión negociadora
o, en su caso, indicación de la falta de constitución de ésta en los plazos
legales. La referida comunicación deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las
causas de la suspensión de contratos o reducción de jornada y restantes
aspectos relacionados en este apartado.
Simultáneamente a la entrega de la comunicación a los
representantes legales de los trabajadores, el empresario solicitará por
escrito de éstos, la emisión del informe a que se refiere el artículo 64.5.a) y b), del Estatuto
de los Trabajadores.
3) PERÍODO DE CONSULTAS
Al
abrirse el período de consultas, se fijará un calendario de reuniones a
celebrar dentro del mismo, la primera de las cuales se celebrará en un plazo no
inferior a un día desde la fecha de la entrega de la comunicación.
El período de consultas tendrá una duración no superior a 7 días,
mientras dure al actual estado de alarma, superado el estado de alarma su
duración no podrá ser superior a los 15 días.
Se deberán celebrar, al menos, dos reuniones, separadas por un
intervalo no superior a tres días.
El período de consultas podrá darse por finalizado en todo caso
cuando las partes alcancen un acuerdo sin necesidad de agotar el plazo máximo
previsto para dicho período.
De todas las reuniones se levantará acta, que firmarán todos los
asistentes.
4) AUTORIDAD
LABORAL
El empresario hará llegar a la autoridad laboral, simultáneamente
a su entrega a los representantes legales de los trabajadores, copia de toda la
documentación entregada a éstos.
La comunicación de la empresa a la Autoridad laboral deberá
incluir los nombres de los representantes de los trabajadores.
Recibida la comunicación de iniciación del procedimiento de
suspensión de contratos o reducción de jornada, la autoridad laboral dará
traslado de la misma, incluyendo la documentación e información, a la entidad
gestora de las prestaciones por desempleo, así como a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social.
Si no se cumple cumplen con los requisitos exigidos, la autoridad
laboral así lo advertirá al empresario, remitiendo copia del escrito a los
representantes de los trabajadores y a la Inspección de Trabajo.
La advertencia de la autoridad laboral a que se refiere el párrafo
anterior, no supondrá la paralización ni la suspensión del procedimiento
dándose traslado a la autoridad laboral para que proceda conforme a lo
dispuesto en el párrafo anterior.
Recibida la comunicación del empresario de la finalización del período
de consultas, la autoridad laboral comunicará a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social dando traslado de la copia del acuerdo alcanzado y de la
decisión empresarial sobre la suspensión de contratos o reducción de jornada.
El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social versará
sobre los extremos de la comunicación empresarial, sobre el desarrollo del
período de consultas.
El informe deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de quince
días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del período
de consultas, y quedará incorporado al procedimiento.
5) FINALIZADA
EL PERÍODO DE CONSULTA
Una vez concluido el período de consultas, el empresario, tanto si
hay acuerdo como si no lo hubiera, notificará a los trabajadores afectados la
aplicación de las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada
correspondientes, que surtirán efectos a partir de la fecha en que el
empresario haya comunicado la mencionada decisión empresarial a la autoridad
laboral, salvo que en ella se contemple una posterior. La notificación
individual a cada trabajador sobre las medidas de suspensión de contratos o
reducción de jornada contemplará los días concretos afectados por dichas
medidas y, en su caso, el horario de trabajo afectado por la reducción de
jornada durante todo el período que se extienda su vigencia.
El ERTE por causas ETOP es un
procedimiento que, desde la reforma laboral de 2012, permite que, tras
finalizar sin acuerdo, el empresario decida qué medidas aplicar.
Los trabajadores podrán impugnar la
decisión empresarial sobre la extinción de contratos o las medidas de
suspensión de contratos o reducción de jornada ante el Jurisdicción Social.
RESUMEN
El procedimiento de ERTE que viene regulado en el Real Decreto 1438/2012,
que consiste en:
La
comunicación empresarial a los representantes legales de los trabajadores y de
forma simultánea a la a la Autoridad Laboral.
Juntamente
con la decisión empresarial la empresa deberá entregar una memoria explicativa
en la que se demuestre la realidad de la decisión tomada con todos los
justificantes que prueben dicha realidad objetiva de la empresa.
Se deben
celebrar al menos dos reuniones con los representantes de los trabajadores y
dentro del plazo de 7 días (mientras dure el Estado de Alarma, después volverán
a ser 15 días).
Solicitar a
los RLT que emitan informe sobre el alcance de las reducciones de jornadas planteadas
por la empresa. Este informe debe entregarse a la empresa antes de la ejecución
de la decisión empresarial.
A decisión
de la autoridad laboral, se podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo,
remitiéndola el acuerdo alcanzado y la inspección deberá informar en el plazo
de 7 días.
Una vez
finalizado el período de consultas, tanto si acuerdo como si no lo hubiera, la
empresa comunicara a la Autoridad Laboral, a los Representantes de los
Trabajadores y a los trabajadores afectados por la medida.
Desde la
reforma laboral de 2012, permite que, tras finalizar sin acuerdo, el empresario
decida qué medidas aplicar.
Los
trabajadores podrán impugnar la decisión empresarial ante el Jurisdicción
Social.
B. SIMULTÁNEAMENTE A LA TRAMITACIÓN DEL ERTE POR
CAUSAS ETOP, LA EMPRESA PUEDE PRESENTAR RECURSO DE ALZADA FRENTE A LA DENEGACIÓN
DEL ERTE FUERZA MAYOR DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS DESDE SU NOTIFICACIÓN Y PRESENTAR
DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE LO SOCIAL DENTRO DEL PLAZO DE 60 DÍAS DESDE LA
NOTIFICACIÓN
Sin perjuicio del inicio de ERTE por causas ETOP, el empresario
podrá impugnar la resolución de la Autoridad Laboral. En este caso ha de
tenerse en cuanta:
Frente a la resolución administrativa cabe recurso administrativo previo, anterior a la vía judicial.
En caso de nueva denegación, procedería
presentar demanda ante los
juzgados de lo social
El Real Decreto
463/2020, establece que ni el recurso
administrativo, ni la demanda, serán resueltos mientras dure el
Estado de Alarma.
¿QUÉ DEBO HACER SI ME COMUNICAN LA
DENEGACIÓN DEL ERTE FUERZA MAYOR
FUERA DE PLAZO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO?
Si quiere plantearnos sus dudas o consultas y recabar nuestro asesoramiento con respecto a cualquier asunto de índole laboral en su empresa, póngase en contacto
Las personas que presten sus servicios mediante el teletrabajo y
no hayan visto reducida su jornada. Personas que además conservarán todos sus
derechos, así como su salario íntegro.
De acuerdo con el RD 10/2020
de 29 de marzo aquellos trabajadores que presten sus servicios en actividades
consideradas como esenciales.
2- ¿Qué actividades o servicios son
considerados esenciales?
El artículo 1.2 del RD 10/2020 contiene un
listado de actividades consideradas como esenciales
a) A las personas trabajadoras de las empresas dedicadas a
las actividades que deban continuar realizándose al amparo de los artículos
10.1, 10.4, 16 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y de la
normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes
Delegadas.
b) A las personas trabajadoras de las empresas que
participan en la cadena de abastecimiento del mercado y el funcionamiento de
los servicios de los centros de producción de bienes de primera necesidad,
incluyendo entre otros alimentos, bebidas, productos higiénicos, sanitarios y
farmacéuticos, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta
los establecimientos.
c) A las personas trabajadoras de las empresas que deban
asegurar el mantenimiento de los medios de transporte, tanto de personas como
de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado
de alarma.
d) A las Fuerzas Armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad
y las personas trabajadoras de las empresas de seguridad privada.
e) A las personas trabajadoras de los centros sanitarios y
centros de atención a personas mayores, en situación de dependencia y
discapacitados a los que se refiere el artículo 1 del Real Decreto-ley 9/2020,
de 27 de marzo, así como las personas que trabajen en centros de investigación
en los que se estén desarrollando proyectos relacionados con el COVID19.
f) A las personas empleadas del hogar y personas cuidadoras
cuyas empleadoras o empleadores trabajen en servicios esenciales.
g) A las personas trabajadoras que prestan servicios en
puntos de venta de prensa y en medios de comunicación de titularidad pública y
privada, así como en su impresión o distribución.
h) A las personas trabajadoras de empresas de servicios
financieros y de seguros.
i) A las personas trabajadoras de la industria
electrointensiva, siderúrgica y minera.
j) A las personas trabajadoras de empresas dedicadas a la
fabricación de baterías de plomo, así como cualesquiera otros materiales
necesarios para la atención sanitaria.
k) A las personas que trabajan en actividades de las
plantas con ciclo de producción continuo o cuya interrupción da lugar a daños
graves en la propia instalación o a peligro de accidentes.
l) A las personas que trabajan en la industria aeroespacial
y de defensa, así como otras actividades de importancia estratégica para la
economía nacional.
m) A las personas trabajadoras de las empresas de
telecomunicaciones y de servicios informáticos esenciales.
n) A las personas trabajadoras de empresas servicios
esenciales relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia
de género
ñ) A las personas trabajadoras que presten servicios en
actividades esenciales para la gestión de las prestaciones públicas, subsidios
y ayudas legal y reglamentariamente establecidas.
o) A las personas trabajadoras que presten servicios en
gestorías administrativas y de graduados sociales, asesorías, despachos
profesionales, servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales y,
en general, aquellas dedicadas a la actividad de asesoramiento legal, fiscal,
empresarial y socio laboral.
p) A las personas trabajadoras de los servicios esenciales
de justicia.
q) A las personas trabajadoras de los servicios funerarios.
r) A las personas trabajadoras que presten servicios de
limpieza y mantenimiento en las empresas relacionadas en los apartados
anteriores.
s) A las personas trabajadoras que ya se encuentren
prestando servicios a distancia, salvo pacto en contrario entre el empleador y
la representación legal de las personas trabajadoras a través de la negociación
colectiva o, en ausencia de dicha representación, las propias personas
trabajadoras.
t) A las personas trabajadoras que se encuentren en
situación de incapacidad temporal en los días indicados en el apartado 1, así
como aquellas otras cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente
previstas, entre ellas, las previstas en los apartados d) y e) del artículo
45.1 d y e Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
u) También tendrán consideración de servicio esencial la
actividad sindical y patronal para dar servicio a empresas y personas
trabajadoras.
3- ¿Pueden despedirse trabajadores mientras persista el Estado
de Alarma?
NO, Se ha
reiterado en múltiples ocasiones que la compleja situación por la que pasa el país
no puede usarse como pretexto/ excusa para deshacerse de trabajadores de
cualquier manera.
Lo
deja claro el RD 9/2020 de
27 de marzo en su artículo 2 donde pone de manifiesto la importancia de
proteger el empleo indicado que: La fuerza mayor y las causas
económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las
medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los
artículos 22 y 23 del Real
Decretoley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato
de trabajo ni del despido.
En
el caso de que la empresa procediera al despido de alguno de sus trabajadores
bajo estas circunstancias, dicho despido se calificaría como improcedente debiéndose
abonar una indemnización de 33 días de salario por año trabajado.
4- ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen contratos
eventuales y les vence el contrato bajo esta excepcional situación?
Los trabajadores con contratos eventuales (incluidos los formativos, de relevo y de
interinidad) que
venzan dentro del periodo del Estado de Alarma, quedará congelados, es decir,
no se computará el paso del tiempo.
A modo
ejemplificativo, si un trabajador tiene suscrito un contrato eventual de 3
meses, lleva 2 meses trabajando y el último mes se encuentra en esta situación,
al superarse el Estado de Alarma, al trabajador le sigue quedando un mes de
contrato.
5- ¿Reciben los trabajadores algún tipo de indemnización?
No, hay que
recordar que los ERTES son instrumentos de carácter temporal no definitivo (a
diferencia de los ERES), por tanto, al no haber extinción del vínculo laboral
sino suspensión o reducción del mismo, NO HAY INDEMNIZACIÓN.
6- ¿Qué pasa con los trabajadores integrados en un ERTE a
efectos de cotizaciones en la Seguridad Social?
Los
trabajadores no verán afectadas sus cotizaciones a la Seguridad Social, de modo
que durante el periodo que estén dentro del ERTE seguirán cotizando a todos los
efectos.
7- ¿Qué pasa si un trabajador no tiene el mínimo periodo de
ocupación cotizado?
Según el
artículo 35 del RD 8/2020 de 17 de marzo, todos los trabajadores que se vean
afectados por reducciones de jornada o suspensiones de contrato por fuerza
mayor o concurrencia de causas ETOP (artículo 47 del Estatuto de los
Trabajadores) tendrán derecho al reconocimiento de la prestación contribuida
por desempleo, aunque se carezca del período de ocupación cotizada mínimo para
ello.
Importante: durante la
duración del Estado de Alarma, no se computará el paro.
8- ¿Qué cobrará el trabajador que se encuentre afectado por un
ERTE?
El promedio
de las bases reguladoras (bases desempleo) de los últimos 180 días (6 meses)
cotizados o en defecto, del periodo de tiempo inferior inmediatamente anterior
a la situación legal de desempleo y a ese promedio hay que aplicarle un 70%.
La duración
de dicha prestación se extenderá hasta el fin del periodo de suspensión de
contrato o reducción de jornada por la causa que haya justificado la
medida.
No obstante, el SEPE establece unos topes que varían en función de la situación personal de los trabajadores, es decir, a una persona que le resulte una base reguladora después de aplicarle el 70% de 2.000€ y que no tenga hijos a cargo se le abonaran 1.098,09€, no 2.000€. Del mismo modo a una persona que le salga una base reguladora después de aplicarle el 70% de 450€ sin hijos a cargo obtendrá un mínimo de 501,98€. Todo ello teniéndose en cuenta si la jornada era parcial o completa, es decir, teniéndose en cuenta las horas efectivamente trabajadas.
9- ¿Debe el trabajador tramitar el desempleo personalmente?
No, es la
empresa la que se encarga de ello, aportando al SEPE la documentación requerida
en la que constan los datos personales de cada uno de los trabajadores y la
manera en que se han visto afectados por las medidas que cada empresa en su
caso haya tomado.
Es decir, la empresa presentará una solicitud colectiva ante la
entidad gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en representación
de aquellas.
9.1- ¿Qué información debe contener la comunicación colectiva?
IMPORTANTE: La
solicitud se tiene que hacer de forma individualizada para cada uno de los
centros de trabajo.
Datos de la empresa.
Datos del representante de la empresa.
Nº expediente por parte de la Autoridad Laboral.
Especificación de las medidas adoptadas.
Declaración responsable en
la que se acredite en el caso de haber representación de los trabajadores la
autorización de los mismos para la adopción de estas medidas.
Información que en su caso requiere el propio SEPE y variaciones de datos respecto a los
puntos anteriores que puedan darse.
10- ¿Qué trabajadores se ven afectados por el nuevo permiso
retribuido recuperable aprobado por el RD
10/2020 de 29 de marzo?
Trabajadores
que presten sus servicios en actividades consideradas como no esenciales y
siguieran acudiendo a su puesto de trabajo físicamente.
11- ¿Qué trabajadores no se verán afectados por dicho permiso?
A sensu
contrario, los trabajadores que presten sus servicios en actividades/ sectores
considerados como esenciales, los que puedan seguir trabajando mediante el
teletrabajo, los que se encuentren en situaciones de incapacidad temporal,
maternidad y paternidad y los que se vean afectados por un ERTE suspensivo (los
trabajadores afectados por un ERTE por reducción de jornada sí se verán
afectados por dicho permiso).
Tampoco se
verán afectados los autónomos.
IMPORTANTE: los representantes de los trabajadores,
así como las asociaciones empresariales se mantienen sin verse afectadas en la
medida de lo posible por las restricciones de movilidad impuestas, ya que en un
contexto como el actual las actuaciones de los representantes de ambas partes
son cruciales (celebraciones de periodos de consultas para los ERTES por CAUSAS
ETOP por ejemplo), es decir deben garantizarse las tareas de asesoramiento,
asistencia y negociación.
ACLARACIÓN RESPECTO A LA APLICACIÓN
DEL RD
10/2020: Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido pueden
fijar un mínimo de personal y turnos de trabajo a fin de mantener la actividad
esencial e indispensable.
12- ¿Qué implica para el trabajador este permiso?
El
trabajador queda exonerado de prestar sus servicios recibiendo íntegramente su
salario y manteniendo su cotización. No obstante, deberá recuperar esas horas
hasta el 31 de diciembre siempre respetándose los límites de jornada diaria,
entre jornadas y jornada máxima anual prevista en el Convenio que resulte de
aplicación, así como el Estatuto de los trabajadores.
Se trata de
una distribución irregular de la jornada de trabajo.
13- ¿Cómo se recuperan esas horas?
Debe mediar
un acuerdo entre la empresa y trabajadores que deberá negociarse en un periodo
de 7 días después de la expiración del permiso donde se deberán hacer constar
las horas a recuperar, el periodo en que se van a recuperar y el preaviso
mínimo de cuándo se van a compensar esas horas no trabajadas. De no llegarse a
un acuerdo, será la empresa la que notificará la decisión sobre la distribución
de horas.
14- ¿Cuál es el fin de este permiso?
Evitar los
abusos en la presentación de ERTES por fuerza mayor, comisión de fraudes, falsedades
e irregularidades, medidas innecesarias, así como dotar de un ahorro al SEPE en cuanto a prestaciones por
desempleo.
15- ¿Los trabajadores que no se vean afectados por el permiso
retribuido deben llevar algún tipo de documento para acreditar que su labor
forma parte de los servicios o actividades esenciales?
Sí, de hecho,
la orden SND 307/2020 contiene
un modelo de declaración responsable
para aquellas personas que presten servicios en actividades consideradas como
esenciales y deban de desplazarse de su residencia habitual al trabajo. A dicha
declaración responsable también quedan afectos los representantes de los trabajadores
y empresariales.
Dicha
declaración responsable incluye los datos de la empresa, del trabajador y
específica que no se ve afectado por las restricciones laborales, al trabajarse
en un sector considerado como esencial.
16- ¿Qué pasa con los trabajadores eventuales que les acaba el
contrato durante el Estado de Alarma y que no han cotizado lo suficiente?
El RD 11/2020 de 31 de marzo
prevé un subsidio extraordinario para este tipo de trabajadores. El único
requisito que se exige es la duración mínima establecida en el contrato cuyo
fin ha llegado, debe ser de al menos dos meses. Ello permite probar la
existencia de una expectativa profesional, excluyéndose las relaciones
laborales esporádicas.
17- ¿A cuánto asciende dicha prestación?
La mismas asciende al 80% del IPREM: 430,27€ mensuales.
Por Marga de Matos Pascual
Si quiere plantearnos sus dudas o consultas y recabar nuestro asesoramiento con respecto a cualquier asunto de índole laboral en su empresa, póngase en contacto
• Por un lado, mañana día 10 de Abril es el último día para solicitar aplazamiento del pago de las CUOTAS a la Seguridad Social del mes de Marzo de 2020.
• Por otro lado, mañana entrará en vigor, tras su publicación hoy en el BOE (Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social), una modificación de las cuantías de las DEUDAS sobre las que se puede solicitar aplazamiento a la Seguridad Social. Según lo aprobado, para las deudas aplazables de cuantía inferior a 150.000 € no será preciso constituir garantía y, para deudas aplazables inferiores a 250.000 € deberá ingresarse 1/3 de la deuda antes desde 10 días desde la concesión del aplazamiento y el resto en los dos años siguientes.
Además, te remitimos a nuestro previo post sobre AUTÓNOMOS Y PYMES en el que puedes ver estas y otras medidas a las que adherirte o de las que hacer uso en tu actividad como empresa o autónomo, teniendo en cuenta la actualización sobre las cuantías de deudas aplazables que acabamos de reseñarte anteriormente.
1-
¿Qué medidas puede tomar mi empresa para afrontar la crisis derivada del
COVID-19?
Desde la Declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo muchas empresas vieron paralizadas o restringidas sus actividades. En aras a afrontar dicha situación las empresas han podido optar por:
Adelantar
las vacaciones de 2020.
En la medida
de lo posible, reorganizar la actividad de manera que pudiera seguir
desarrollándose sin los menores efectos a través del teletrabajo.
Solicitar Expedientes
de Regulación Temporal -ERTE-, opción
por la que han optado la mayoría de las empresas al no poder continuar con el
desarrollo de sus actividades o no pudiéndolo hacer de forma normal, sin
necesidad de una reorganización.
2-
¿Qué es un ERTE?
Es el instrumento
regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, al que
pueden recurrir las empresas cuando concurren situaciones complejas (causas
económicas, técnicas, organizativas, productivas o derivadas de fuerza mayor) en
aras a mantener la viabilidad de la empresa.
Importante: el ERTE se asemeja al ERE pero no se deben
confundir puesto que los ERTEs son expedientes de regulación de empleo de
carácter temporal no extintivos (situación variable), mientras que los ERES son
expedientes de regulación de carácter definitivo y extintivos (situación
estática).
3-
¿Qué tipos de ERTES existen?
Existen 2
tipos de ERTEs, los ERTEs por fuerza mayor y los ERTES por causas
económicas, técnicas, productivas y económicas(ETOP)y dentro de
estas dos modalidades existen tres variantes:
à por reducción de jornada.
à por suspensión de
contratos.
à mixtos(reducción y suspensión).
Importante: los ERTEs
no tienen por qué afectar a la totalidad de la plantilla y la elección del tipo
de medida a adoptar depende la concreta situación y actividad específica de
cada empresa.
4-
¿Qué es un ERTE por fuerza mayor?
Los ERTEs
por fuerza mayor son aquellos a los que se recurre ante un hecho externo
a la empresa, es decir, independiente de su voluntad, fuera de su alcance y
poder de decisión y que impide de forma directa o indirecta la continuidad de
la actividad empresarial.
Las situaciones
catastróficas se consideran fuerza mayor: fenómenos meteorológicos, plagas,
huelgas imprevisibles…
La fuerza
mayor debe constatarse por la Autoridad Laboral.
5-
¿Qué actividades pueden encuadrarse en la fuerza mayor?
Este tema ha
resultado polémico desde el minuto uno, puesto que en un principio únicamente
parecían estar integradas las actividades previstas en el Anexo del Real Decreto 463/2020.
No obstante,
con la aparición del RD 8/2020 de 17 de marzo, los
supuestos encuadrables bajo la fuerza mayor parecieron extenderse a cualquier
actividad empresarial de acuerdo con el artículo 22 el cual entiende como
fuerza mayor las suspensiones y reducciones de jornada que tengan su causa
directa en pérdidas de actividad ocasionadas por el Covid-19, concretamente las
debidas a:
. Supuesto éste al que se han aferrado
muchas empresas.
6-
¿Qué documentación se tiene que aportar en los ERTES de fuerza mayor?
empresarial a los representantes de los
trabajadores y a los trabajadores de las medidas adoptadas.
donde se explica la pérdida o suspensión de actividad
debida al COVID-19.
datos
de los trabajadores afectados (nombre,
apellidos, dirección, email, teléfono, cuenta bancaria, medida que les afecta,
salario…) en aras a poder informar al SEPE
(formulario correspondiente en función de la CCAA).
7-
¿Qué plazo tiene la Autoridad Laboral para aprobar el ERTE por causas de fuerza
mayor?
5 días desde la fecha desde la recepción de la solicitud
y con efectos retroactivos a la fecha del hecho causante.
8-
¿Qué pasa ante el silencio administrativo en los ERTES por fuerza mayor?
De acuerdo
artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: . En los procedimientos iniciados a
solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe
dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para
entenderla estimada por silencio administrativo.
Es decir, la
ausencia de respuesta de parte de la Administración implicará que las medidas
contempladas en los ERTEs se entenderán aprobadas.
9-
¿Qué es un ERTE por causas ETOP?
Las causas
ETOP son 4:
cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.
cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción;
cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción
cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. La causa a la que van o han recurrido la mayor parte de las empresas por la reducción temporal de su volumen de pedidos, ventas, desajustes entre actividades productivas y mano de obra.
Debe
acreditarse la causa ETOP concreta no pudiéndose presuponer de la crisis socio
sanitario y las medidas tomadas para afrontar el COVID-19.
10-
¿Qué documentación debe aportarse en los ERTES por causas ETOP?
Importante: el periodo de consultas no puede tener una
duración superior a los 7 días ni inferior a 3.
11-¿Debe
incluirse a los trabajadores que se encuentran en situación de incapacidad
temporal o en situaciones de maternidad o paternidad? ¿Y los fijos discontinuos
que todavía no han sido llamados?
Sí, porque
pese a que sean la Seguridad Social o Mutua las responsables de su prestación,
en caso de que a este trabajador le den el alta médica o se le acabe la
maternidad/paternidad, pueda quedar incluido en el ERTE a efectos de la
correspondiente prestación por desempleo.
Lo mismo es
de aplicación a aquellos trabajadores fijos discontinuos que deban ser llamados
en fechas en las que posiblemente se esté en situación de Estado de Alarma.
Diferencias y consecuencias entre los ERTES por fuerza
mayor y los ETOP:
FUERZA MAYOR
ETOP
Sin periodo de consultas.
Con periodo de consultas máximo de 7 días. Con 2 reuniones separadas por intervalos no inferior a 3 días ni superior a 7 salvo pacto entre las partes o acuerdo final previo.
Plazo de tramitación: 5 días
Plazo de tramitación: de 6 a 13 días
Exenciones en las cotizaciones de la Seguridad Social del 75% o 100% en función de si la empresa tenía más o menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020.
No hay exención en la cotización
Desempleo reconocido sin computar
Desempleo reconocido sin computar
Efectos desde el hecho causante (retroactivo) hasta la finalización del Estado de Alarma.
Efectos desde la fecha de la comunicación de la decisión empresarial a la autoridad laboral, a no ser que la empresa establezca una fecha posterior.
12-
¿Qué debe pagar la empresa en caso de hacer un ERTE?
Aquí hay que
distinguir diferentes situaciones:
ERTES
por fuerza mayor:
En el caso
de que se produzca una reducción de jornada, la empresa únicamente cotizará por
la parte proporcional de la jornada efectivamente realizada.
ERTES
por causas ETOP:
Empresas
que hayan optado por el teletrabajo:
13-
¿Qué pasa en aquellos casos que la autoridad laboral entienda que no concurra
fuerza mayor?
La empresa
podrá presentar de nuevo un ERTE por causas ETOP.
Atención en
este punto ya que, el Gobierno en coordinación con la Inspección de Trabajo,
AEAT y Fuerzas de Seguridad del Estado dada la avalancha de ERTES presentados
por fuerza mayor, el breve plazo que se tiene para su resolución y ante el
silencio administrativo positivo en caso de no contestarte, ha previsto la
imposición de sanciones en aquellos casos en que se detecten fraudes,
incorrecciones o falsedades en las solicitudes, así como en aquellos en que las
medidas tomadas no fueran necesarias, proporcionales o no tuvieran conexión con
la causa que las origina.
Todo ello,
con el objetivo de obtener prestaciones indebidas.
14-
¿Cuál es la consecuencia de detectarse incorrecciones, falsedades o medidas
innecesarias en un ERTE tanto de fuerza mayor como ETOP?
Sin
perjuicio de la responsabilidad administrativa y penal que pueda resultar, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Laboral -LISOS- establece
una graduación de sanciones en función de la infracción cometida que se pueden
extender de los 60 € a los 187.515 €.
Además, la
empresa deberá abonar a la entidad gestora el total de las cantidades
percibidas, deduciéndose los salarios dejados de recibir con el límite de la
suma de éstos salarios.
El plazo de
prescripción es 4 años según las LISOS para infracciones relacionadas con el
SEPE.
15-
¿Puede la empresa, un vez levantado el Estado de Alarma, reducir su nivel de
empleo, es decir, despedirme?
No, de hecho,
en la documentación que se presenta con los ERTES debe haber una declaración
responsable por parte del empresario de mantener el empleo durante el plazo de
6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad, todo ello con la
finalidad de mantener la estabilidad en el empleo y que los trabajadores se vean
afectados de forma mínima.
No obstante,
el Gobierno ha puntualizado que no se considerará destrucción del empleo, la
finalización de un contrato temporal superado el Estado de Alarma para el que
finalice obra o servicio. Aquí es importante la motivación que se da en los
contratos, si la causa del contrato desaparece éste termina. Ejemplo: si se es contratado para una obra que se reanuda
después del Estado de Alarma y ésta finaliza, no se debe mantener 6 meses al
trabajador.
16-
¿Qué pasa con las empresas que hasta la fecha no habían paralizado su actividad?
