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El propietario de una residencia alquilada a quien el arrendatario no paga el alquiler desde marzo de 2020 ha iniciado un desahucio. ¿Cómo deben tributar las cantidades impagadas?

CONSULTA VINCULANTE

V0824-21 (descárga este documento en formato pdf aquí)

NORMATIVA

LIRPF. Ley 35/2006, arts., 14, 22, 23 y 27.

CUESTIÓN

Tributación de las cantidades impagadas.

DESCRIPCIÓN

El consultante es propietario junto con su mujer de una residencia que tiene alquilada. El arrendatario no paga las rentas del alquiler desde marzo de 2020, habiendo iniciado el consultante un procedimiento de desahucio.

CONTESTACIÓN

No se manifiesta en la consulta que se den los requisitos para la consideración del arrendamiento como actividad económica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), por lo que se parte de la consideración de que dicho arrendamiento genera rendimientos del capital inmobiliario.

El artículo 22.2 de la Ley del impuesto establece que “se computará como rendimiento íntegro del capital inmobiliario el importe que por todos los conceptos deba satisfacer el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario, incluido, en su caso, el correspondiente a todos aquellos bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario”.

El artículo 23.1 de la citada Ley incluye entre los gastos que considera necesarios para la obtención de los ingresos y, por tanto, deducibles para la determinación del rendimiento neto “los saldos de dudoso cobro en las condiciones que se establezcan reglamentariamente”.

En su desarrollo, el artículo 13 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), determina en su párrafo e) la deducibilidad de “los saldos de dudoso cobro siempre y cuando esta circunstancia quede suficientemente justificada. Se entenderá cumplido este requisito:

1º Cuando el deudor se halle en situación de concurso.

2º Cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la finalización del período impositivo hubiesen transcurrido más de seis meses, y no se hubiese producido una renovación de crédito.

Cuando un saldo dudoso fuese cobrado posteriormente a su deducción, se computará como ingreso en el ejercicio en que se produzca dicho cobro”.

No obstante, el artículo 15 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE de 23 de diciembre) establece que:

“El plazo de seis meses a que se refiere el número 2.º de la letra e) del artículo 13 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas quedará reducido a tres meses en los ejercicios 2020 y 2021.

Reglamentariamente podrá modificarse el plazo previsto en este artículo.”

De lo anteriormente expuesto cabe concluir lo siguiente:

1º. El consultante deberá imputar en el año 2020, como rendimiento íntegro del capital inmobiliario, las cantidades correspondientes al arrendamiento del inmueble, incluso aunque no hayan sido percibidas.

2º. Del rendimiento íntegro computado podrá deducir como gasto los saldos de dudoso cobro una vez transcurrido el plazo antes referido, dado que no parece que el deudor se haya encontrado en situación de concurso.

En el caso de que la deuda fuera cobrada posteriormente a su deducción como gasto, deberá computar el ingreso en el año en que se produzca dicho cobro.

En el presente caso, se parte de la hipótesis de que las gestiones de cobro se inician en 2020, reclamándose las deudas existentes a la fecha y no cobradas, por lo que dichas deudas podrán considerarse como gasto deducible imputable al ejercicio 2020 cuando desde el inicio de la gestión de cobro hasta el 31 de diciembre de 2020 hayan transcurrido más de 3 meses. Respecto a las deudas vencidas con posterioridad al inicio de las gestiones de cobro, debe tenerse en cuenta por un lado que las gestiones de cobro iniciales no podían referirse a dichas deudas, al ser inexistentes a esa fecha, y por otro, la extensión de la reclamación judicial a dichas deudas conforme éstas fueran naciendo, por lo que el plazo debe computarse para estas últimas deudas a partir de su vencimiento.

En consecuencia, podrán imputarse al ejercicio 2020 como gastos deducibles del rendimiento del capital mobiliario las deudas comprendidas en la gestión de cobro iniciada en 2020 (se parte, como se ha referido, de la hipótesis de que las gestiones para el cobro se inician en ese ejercicio), cuando hubieran transcurrido más de 3 meses desde el inicio de dichas gestiones hasta el final de dicho ejercicio, imputándose al ejercicio 2021 en el caso de que el referido plazo finalice en el ejercicio 2021.

Respecto a las deudas que hubieran nacido con posterioridad al inicio de las gestiones de cobro, podrán imputarse como gasto deducible al ejercicio en el que finalice el plazo correspondiente contado a partir de su vencimiento.

Por último, en cuanto a las cuestiones relativas a la cumplimentación del modelo 100, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Declaración anual”, se manifiesta que los aspectos relacionados con la referida cumplimentación corresponden a la competencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por lo que este Centro Directivo carece de competencias para contestar a dichas cuestiones.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


¿Tienes dudas con respecto a tu declaración de renta o cualquier otra obligación tributaria? No tardes en pedir cita en cualquiera de las oficinas de Palma o Calvià de Moya & Emery


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Nicolás Emery en los informativos de Ràdio Calvià FM sobre la campaña de la Renta 2020 y las novedades del IRPF con la pandemia

La pasada semana, Nicolás Emery participó en directo en los informativos de Ràdio Calvià FM a raíz del inicio de la CAMPAÑA DE LA RENTA 2020, y, como en el resto de ocasiones en que ha acudido a los medios de comunicación, ha dado las pautas clave a los oyentes para la confección y presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF.

Recuerda que puedes pedir CITA PREVIA con Moya & Emery a través del correo info@moyaemery.com para que solventemos tus dudas y recibas todo el asesoramiento necesario sobre el impuesto sobre la Renta.


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Nicolás Emery, en IB3 Ràdio, sobre la Campaña de la Renta 2020

Con motivo del inicio de la CAMPAÑA DE LA RENTA 2020, el economista y abogado de Moya y Emery Nicolás Emery ha sido invitado a IB3 Ràdio y, en los micrófonos del programa #Múltiplex, ha abordado todas las claves y novedades para la correcta presentación del impuesto.

Recuerda que puedes pedir CITA PREVIA con Moya & Emery a través del correo info@moyaemery.com para que solventemos tus dudas y recibas todo el asesoramiento necesario sobre el impuesto sobre la Renta.



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Nicolás Emery sobre la campaña de la RENTA 2020 en Radio Calvià FM

Nicolás Emery ha asistido a Radio Calvià FM hoy martes para tratar durante el consultorio jurídico, como tema principal, el Inicio de la campaña de la RENTA 2020, que dará comienzo este próximo 5 de abril. Durante el espacio radiofónico el abogado y economista de Moya & Emery ha repasado las novedades que nos trae el impuesto sobre la renta de este año, haciendo referencia de las particularidad con respecto a los obligados que hayan tenido dos o más pagadores (lo habitual en las personas asalariadas que hayan estado trabajando y además hayan estado en ERTE), los que hayan recibido ayudas por cese de actividad, aquellos que hayan acometido reinversión por venta de vivienda habitual (las cantidades entregadas durante la construcción de la vivienda se asimilan a reinversión) o quieran solicitar un aplazamiento.


¿Necesitas ayuda o aclaración para presentar tu declaración de la renta 2020? Moya & Emery está a tu disposición.


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La temida declaración de la Renta 2020 de los trabajadores afectados por los ERTEs, por Marga de Matos

La pandemia mundial de la COVID-19 lleva casi un año conviviendo con nosotros y ha tenido y sigue teniendo unos devastadores efectos, entre otros, a nivel sanitario y económico.

Miles de personas son las que se han visto y todavía se ven afectadas por los Expedientes de Regulación de Empleo que se han visto obligads a solicitar sus empresas para evitar una destrucción mucho mayor de empleo de la que se ya se ha producido. Y el estar afectado a un ERTE tiene consecuencias y, entre ellas, sobre la declaración de la renta, una declaración de la renta a la que muchos temen por el resultado que les puede salir al haberse tenido 2 pagadores (empresa y SEPE). Por ello, se han de tener en cuenta varios aspectos:

En primer lugar, como muchas personas habrán tenido dos pagadores durante el año 2020, se verán obligadas a presentar la renta. Recordemos que cuando se tienen dos o más pagadores el límite de los rendimientos del trabajo se reduce de los 22.000€ anuales a 14.000€ anuales y que del segundo o restantes pagadores se deben percibir cuantías superiores a los 1.500€ anuales, requisitos éstos que la mayoría de las personas afectadas por los ERTES, como ya se ha avanzado van a cumplir, obligándolas a presentar la declaración de la renta.

En la gran parte de los casos, las retenciones que se habrán aplicado por parte del SEPE serán mínimas o inexistentes, con lo cual las diferencias deberán pagarse en la declaración de la renta.

Se recomienda que todas las personas que se encuentren en la situación descrita hagan o soliciten una simulación de su renta, ya que muy probablemente les salga a pagar y puedan estar prevenidos de ello y conocer aproximadamente el importe a que tendrán que hacer frente. La campaña de renta se inicia el próximo mes de abril, concretamente el día 7.

Se aconseja igualmente, que se domicilie el pago de la declaración dado que, de esta manera, no deberá abonarse hasta el fin de la campaña, fijado el 30 de junio, teniendo de esta manera tiempo para acumular o ahorrar la cantidad que tenga que abonarse.

En caso de no ser posible dicho pago, existe la posibilidad de fraccionar el pago, abonándose el 60% el 30 de junio y el 40% restante el 2 de noviembre, de este modo, las personas afectadas podrán aligerar la carga que pueda suponer. IMPORTANTE: dicho aplazamiento/ fraccionamiento no tendrá coste alguno, está pensado para que se tenga un menor impacto fiscal.

Otro aspecto a tener muy presente es que, dada la saturación de los organismos como el SEPE, la demora en los pagos o los pagos de más, puede ser que las cantidades recibidas en 2020 sean superiores (caso de pagos indebidos que se deberán descontar de la renta), o que las cantidades recibidas en 2020 sean inferiores y que se hayan recibido en 2021 (pagos demorados de meses en ERTE), con lo cual hay que prestar mucha atención a las fechas de devengo de cara a facilitar la información fiscal correcta y evitar errores en la declaración de la renta.

Lo mismo es extrapolable de cara a 2021 si el trabajador continúa en ERTE.

¿Qué debo hacer si he recibido pagos indebidos del ERTE y no me ha llegado la carta del SEPE?

Muchas son las personas que actualmente todavía tienen pendiente el reintegro de prestaciones indebidas derivadas del ERTE al no haber recibido la famosa carta procedente del SEPE en la cual se les debe indicar la cuantía indebidamente percibida y la cuenta bancaria en la que hacer el reintegro.

Ante dicha incertidumbre, una afectada por dicha situación ha planteado la consulta a la Dirección General de Tributos (DGT) para saber los efectos que tiene el haber recibido pagos indebidos en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de 2020 (IRPF). Su caso y consulta referida concretamente es por lo siguiente: haber recibido por error pagos indebidos procedentes del SEPE para los meses de abril, mayo y junio de 2020. Y la respuesta que ha obtenido por parte de la DGT es la siguiente: fiscalmente, no debe tener incidencia en el IRPF del periodo en el que se reintegra la cantidad sino en las liquidaciones del impuesto en los ejercicios en los que se declare su percepción. Por ejemplo, si se reintegra el importe en 2021 de un pago de 2020, no tiene efectos en la declaración de 2021, sino en la de 2020.

Artículo 120.3 Ley General Tributaria:

Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente.

Como la campaña de renta de 2020 no empieza hasta el próximo 7 de abril (pendiente aún de declarar lo percibido en 2020), no procederá realizar ninguna actuación con relación al irpf, no debiéndose reflejar en la declaración de 2020 una vez los importes recibidos sean declarados inválidos por la administración pagadora.

Por Marga de Matos

Abogada de Moya & Emery


Consulta Vinculante V0016-21, de 13 de enero de 2021, de la Subdirección General de Impuestos sobre la renta de las personas físicas

DESCRIPCIÓN

La consultante manifiesta que ha recibido por error en los meses de abril, mayo y junio de 2020 pagos del Servicio Público de Empleo Estatal y que comunicada dicha incidencia a la referida entidad, ésta le ha manifestado la próxima comunicación de una cuenta bancaria para realizar la devolución del ingreso, sin que a la fecha haya recibido dicha comunicación.

CUESTIÓN

Tratamiento en la declaración del ejercicio 2020 de los referidos pagos.

CONTESTACIÓN

Desde la perspectiva fiscal, la anulación de los actos administrativos que establecían el derecho a percibir un determinado importe, en cuanto comporta devolver el estado de las cosas a su situación inicial mediante la obligación de reintegrar el importe percibido, conlleva que la restitución no tenga su incidencia en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al período en que se acuerde el reintegro de la cantidad percibida, sino que tal incidencia tenga lugar en las liquidaciones del Impuesto correspondiente a los ejercicios en que se hubiera declarado, en su caso, la percepción de dicho pago anulado, instando a tal efecto la rectificación de la autoliquidaciones correspondientes a los ejercicios en que hubiesen declarado los importes declarados inválidos, tal como establece el artículo 120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).

En el presente supuesto, al no haberse declarado aún la percepción de los referidos importes, por haberse efectuado su cobro en el ejercicio 2020, pendiente de declaración, no procederá realizar ninguna actuación en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no procediendo su reflejo en la declaración correspondiente al ejercicio 2020 una vez declarados inválidos por la administración pagadora, al no tener la naturaleza de renta de conformidad con el artículo de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre).

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


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Consulta vinculante sobre la deducibilidad (como gastos) del sueldo y las cuotas de la Seguridad Social del cónyuge y del hijo mayor de edad en un Café-Bar

Consulta Vinculante V3075-20, de 14 de octubre de 2020 de la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Deducibilidad del sueldo y las cuotas de la Seguridad Social del cónyuge y del hijo mayor de edad. Consultante tiene actividad económica de café y bar en la que trabaja su cónyuge e hijo. El gasto está vinculado a la actividad económica desarrollada, deberán los gastos, para su deducción, cumplir los requisitos de correcta imputación temporal, de registro en la contabilidad o en los libros registros que el contribuyente deba llevar, así como estar convenientemente justificados.

DESCRIPCIÓN

El consultante tiene una actividad económica de café y bar. En la actividad trabaja su cónyuge, que está dada de alta en el RETA como autónoma colaboradora.

Asimismo, un hijo mayor de edad va a trabajar en la actividad durante las vacaciones percibiendo un sueldo y va a cotizar a la Seguridad Social o por el régimen general o por el RETA.

Deducibilidad del sueldo y las cuotas de la Seguridad Social del cónyuge y del hijo en una actividad económica

CUESTIÓN

Deducibilidad del sueldo y las cuotas de la Seguridad Social del cónyuge y del hijo mayor de edad.

CONTESTACIÓN

1.- Deducibilidad del sueldo y de las cuotas de la Seguridad Social del cónyuge.

El artículo 28 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, (BOE de 29 de noviembre) -en adelante LIRPF-, recoge las reglas generales para la determinación del rendimiento neto de las actividades económicas en régimen de estimación directa, remitiendo a las normas del Impuesto sobre Sociedades.

Junto a las reglas generales del artículo 28, el apartado 2 del artículo 30 recoge unas normas especiales para la determinación del rendimiento neto en estimación directa, estableciendo la 2ª de estas reglas especiales que “cuando resulte debidamente acreditado, con el oportuno contrato laboral y la afiliación al régimen correspondiente de la Seguridad Social, que el cónyuge o los hijos menores del contribuyente que convivan con él, trabajan habitualmente y con continuidad en las actividades económicas desarrolladas por el mismo, se deducirán, para la determinación de los rendimientos, las retribuciones estipuladas con cada uno de ellos, siempre que no sean superiores a las de mercado correspondientes a su cualificación profesional y trabajo desempeñado. Dichas cantidades se considerarán obtenidas por el cónyuge o los hijos menores en concepto de rendimientos del trabajo a todos los efectos tributarios”.

El requisito de afiliación al “régimen correspondiente de la Seguridad Social” hay que entenderlo referido al Régimen General, o a aquellos regímenes especiales aplicables a determinados sectores de trabajadores por cuenta ajena, es decir, que la afiliación a la Seguridad Social deberá realizarse a través del régimen que como trabajador por cuenta ajena le corresponda, no siendo válida la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, ya que éste no permite la afiliación de asalariados.

En este punto, cabe señalar que el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, (BOE de 31 de octubre), en sentido similar a lo establecido en el artículo 1.3.e) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, (BOE de 24 de octubre), establece en su artículo 12.1 que “… no tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo”.

La posibilidad de que la Seguridad Social pudiera no admitir la afiliación del cónyuge o hijos menores al Régimen General, rechazando por escrito la solicitud e incluyéndolos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, ha llevado a este Centro directivo a interpretar en dicho supuesto que si el titular de la actividad puede probar que el cónyuge o los hijos menores trabajan en la actividad en régimen de dependencia laboral y se cumplen los restantes requisitos del mencionado artículo 30, en tales casos las retribuciones al cónyuge o hijos menores tendrían la consideración de gasto deducible.

En correspondencia con esta calificación, las retribuciones obtenidas por el cónyuge o hijos menores tendrán para estos la consideración de rendimientos del trabajo, rendimientos que estarán sometidos a la retención por el titular de la actividad económica. Esta doble calificación procede hacerla extensible también a las cotizaciones al Régimen de Autónomos correspondientes al cónyuge, en cuanto fueran satisfechas por el titular de la actividad.

Completando lo anterior, cabe indicar que si de acuerdo con lo expuesto las retribuciones al cónyuge o hijos menores no tuvieran la consideración de deducibles, las mismas tampoco tendrían la consideración de rendimientos para el perceptor.

2.- Deducibilidad del sueldo y de las cuotas de la Seguridad Social del hijo mayor de edad.

En primer lugar, se debe hacer constar que, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las prestaciones de trabajo realizadas a un empresario por un hijo/a mayor no tienen ninguna especialidad con respecto a las que podría prestar cualquier otra persona.

Realizada esta precisión, el artículo 28.1 de la LIRPF establece que “el rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este artículo, en el artículo 30 de esta Ley para la estimación directa, y en el artículo 31 de esta Ley para la estimación objetiva.”.

Esta remisión genérica a las normas del Impuesto sobre Sociedades para la determinación del rendimiento neto de actividades económicas, nos lleva al artículo 10 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 28 de noviembre), cuyo apartado 3 establece: “3. En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.”.

Conforme a ello, cabe concluir que los salarios satisfechos al hijo del consultante por desarrollar su trabajo en régimen de dependencia, así como de las cuotas del régimen general de la Seguridad Social o, en su caso, del RETA, tendrán la consideración de gasto deducible, a efectos de la determinación del rendimiento neto de la actividad, siempre que se cumpla lo dispuesto en el párrafo siguiente.

De acuerdo con lo anterior, la deducibilidad de los gastos está condicionada por el principio de su correlación con los ingresos, de tal suerte que aquéllos respecto de los que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad, que estén relacionados con la obtención de los ingresos, serán deducibles, en los términos previstos en los preceptos legales antes señalados, mientras que cuando no exista esa vinculación o no se probase suficientemente no podrían considerarse como fiscalmente deducibles de la actividad económica. Además del requisito de que el gasto esté vinculado a la actividad económica desarrollada, deberán los gastos, para su deducción, cumplir los requisitos de correcta imputación temporal, de registro en la contabilidad o en los libros registros que el contribuyente deba llevar, así como estar convenientemente justificados

Esta correlación deberá probarse por cualquiera de los medios generalmente admitidos en derecho, siendo competencia de los correspondientes servicios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la valoración de las pruebas aportadas.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


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Artículo de opinión de Nicolás Emery en Canal4diario.com: Aviso sobre la regularización de módulos de IRPF e IVA en el año 2020

A diferencia de años anteriores, los trabajadores autónomos que tributen por la modalidad de módulos en el IRPF e IVA, en la medida en que quieran optimizar su factura fiscal, tendrán que sacar la calculadora y contar los días que realmente han trabajado.

Por lo general, los contribuyentes que determinan su renta a través de la estimación objetiva por módulos ya pueden calcular desde este mes de diciembre su presupuesto de impuestos de IRPF e IVA para el año 2021. La Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, determina los límites a tener en cuenta.

Los trabajadores autónomos antes de empezar a calcular su presupuesto de impuesto para el año tienen la difícil tarea de calcular de forma correcta su factura de 2020, un año atípico debido a la situación generada por el COVID 19. Por ello, deberán, con la calculadora en la mano, tener en cuenta lo siguiente:

  • Que han de ajustar la variable de trabajo efectivamente realizado, teniendo en cuenta que el estado de alarma ha durado 72 días y, por tanto, deben restar dichos días del cómputo de días trabajados.
  • Que existen actividades económicas que han tenido suspendida su actividad más allá del estado de alarma y, de igual forma, deben computarse correctamente los efectivos días de actividad.
  • Que también deben ajustarse todas las variables que afectan a aquellos signos que tienen ver con el aforo de la actividad, dado que muchas  actividades han visto reducido su aforo en un 50% durante mucho tiempo.
  • Ni que decir tiene que deben hacer lo anterior todas aquellas actividades todavía suspendidas, como los que se dediquen a ciertas actividades de ocio.

Como cabe imaginar, esta tarea de cálculo no es algo sencillo ni siquiera para los que nos dedicamos a ello y, por ello, les recomiendo que acudan al auxilio de un profesional.

Todo lo anterior viene referido al IRPF pero ¿Qué sucede con el IVA? Los signos o módulos son los mismos. La metrología para el cálculo del IVA devengado es el mismo, pero este no es el importe que tendrá que pagar. El trabajador autónomo podrá deducir del IVA devengado calculado por estimación, la totalidad de todos los IVAs soportados durante el año 2020. Ahora bien, habrá de tener en cuenta que los IVAs pagados por compras serán inferiores a los años anteriores, y los IVAs de gastos generales, tales como alquileres de locales de negocio, serán menores debido a la reducción y condonación total o parcial de las rentas.

¿Qué ocurre con el año 2021?

El Ministerio de Hacienda publicó el pasado 4 de diciembre la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, tanto el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. Es habitual durante estas fechas que cada año se actualicen las variables que deben tener en cuenta los trabajadores autónomos que han elegido el cálculo de la base imponible de su actividad económica (IRPF) y el importe del IVA devengado que tendrán que utilizar en la presentación de sus declaraciones del año 2021.

La mencionada Orden ministerial recientemente publicada no introduce modificaciones importantes. No obstante, una vez realizados los cálculos para el año 2021, estos están fuera del alcance del trabajador autónomo, al ser la estimación objetiva una modalidad de tributación voluntaria puede renunciar (o revocar la renuncia) para 2021 presentando el modelo 036 / 037 hasta el 31 de diciembre de 2020 o presentando en plazo la declaración-liquidación correspondiente al primer trimestre del 2021 aplicando el método de estimación directa del IRPF o el régimen general del IVA.

También tendrá que renunciar en los mismos plazos si se ha superado alguno de los límites durante el año 2020.


Artículo original de Nicolás Emery para el diario digital canal4diario.com

Consulta vinculante ante la DGT sobre la posibilidad de afectar íntegramente, como elemento patrimonial sujeto a la actividad económica a desarollar en él, el local que se va a adquirir por parte de quien plantea la consulta junto con su pareja de hecho.

Consulta Vinculante V2779-20, de 10 de Septiembre de 2020 de la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas físicas

DESCRIPCIÓN

La consultante va a adquirir junto con su pareja de hecho un local donde va a comenzar a ejercer una actividad económica. Si, a pesar de que el local va a ser adquirido al 50 por ciento por la consultante y su pareja, puede considerarse el mismo como elemento patrimonial afecto a la actividad económica en su totalidad.

CUESTIÓN

Si, a pesar de que el local va a ser adquirido al 50 por ciento por la consultante y su pareja, puede considerarse el mismo como elemento patrimonial afecto a la actividad económica en su totalidad.

CONTESTACIÓN

El artículo 22 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 4 de agosto) –en adelante RIRPF- regula los elementos patrimoniales afectos a una actividad económica, estableciendo que:

“1. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad económica desarrollada por el contribuyente, con independencia de que su titularidad, en caso de matrimonio, resulte común a ambos cónyuges, los siguientes:

a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolle la actividad.

b) Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la actividad.

c) Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención de los respectivos rendimientos.

En ningún caso tendrán la consideración de elementos afectos a una actividad económica los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales a terceros y los destinados al uso particular del titular de la actividad, como los de esparcimiento y recreo.

2. Sólo se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad económica aquéllos que el contribuyente utilice para los fines de la misma.

No se entenderán afectados:

1º Aquéllos que se utilicen simultáneamente para actividades económicas y para necesidades privadas, salvo que la utilización para estas últimas sea accesoria y notoriamente irrelevante de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de este artículo.

2º Aquéllos que, siendo de la titularidad del contribuyente, no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad económica que esté obligado a llevar el contribuyente, salvo prueba en contrario.

3. Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de la actividad, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad de que se trate. En este sentido, sólo se considerarán afectadas aquellas partes de los elementos patrimoniales que sean susceptibles de un aprovechamiento separado e independiente del resto. En ningún caso serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles.

(…).”

De acuerdo con lo anteriormente dispuesto, la parte indivisa del local que se adquiera por la consultante se considerará elemento patrimonial afecto y, en consecuencia, serán deducibles las cantidades que en concepto de amortización corresponda a dicha parte indivisa.

Todo ello sin perjuicio que pudieran considerarse deducibles las cantidades que, en su caso, satisfaga a su pareja por el uso de la parte indivisa del local adquirida por ésta.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Moya & Emery información de contacto

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Consulta tributaria sobre la exención en el IRPF de la donación de un negocio por el titular a su hijo

Consulta Vinculante V2295-20, de 7 de julio de 2020 de la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas físicas

DESCRIPCIÓN

El consultante, persona física mayor de 70 años y farmacéutico titular de una oficina de farmacia, está acogido a la jubilación activa cobrando el 50 por ciento de la pensión de jubilación desde hace más de tres años. Dado que su deseo es retirarse definitivamente, se está planteando donar su negocio a su hijo que también es farmacéutico.

Exención en el IRPF de la donación de un negocio por el titular a su hijo

CUESTIÓN

Aplicación a la donación del negocio de la exención prevista en el artículo 33.3.c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

CONTESTACIÓN

En primer lugar, debe indicarse que el análisis de la tributación de la transmisión de un negocio de farmacia requiere distinguir entre existencias y elementos de inmovilizado. Por lo que respecta a las primeras, la donación supondrá la obtención de un rendimiento íntegro de la actividad económica de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre). En lo que respecta a la valoración del rendimiento obtenido, el artículo 28.4 de la citada Ley señala que se atenderá al valor normal en el mercado de los bienes o servicios objeto de la actividad, que el contribuyente ceda o preste de forma gratuita o destine al uso o consumo propio.

En cuanto al inmovilizado, tanto material como intangible, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley del Impuesto, según el cual “para la determinación del rendimiento neto de las actividades económicas no se incluirán las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de elementos patrimoniales afectos a las mismas, que se cuantificarán conforme a lo previsto en la sección 4ª del presente capítulo”.

Por tanto, por lo que se refiere al inmovilizado, la donación generará en el donante una ganancia o pérdida patrimonial, cuyo importe vendrá determinado por la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión del elemento que se transmite, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Impuesto, valores que vienen definidos en los artículos 35 y 36 del mismo texto legal.

Si de esta cuantificación resultase una ganancia patrimonial, su importe se deberá integrar en la base imponible del ahorro, conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Ley del Impuesto.

Si, por el contrario, resultase una pérdida patrimonial, no se computaría a efectos del IRPF, al establecer el artículo 33.5.c) de la misma Ley que no se computarán como pérdidas patrimoniales las derivadas de transmisiones lucrativas por actos ínter vivos o liberalidades.

No obstante, el artículo 33.3 de la Ley del Impuesto señala que:

“3. Se estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial en los siguientes supuestos:

(…).

c) Con ocasión de las transmisiones lucrativas de empresas o participaciones a las que se refiere el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Los elementos patrimoniales que se afecten por el contribuyente a la actividad económica con posterioridad a su adquisición deberán haber estado afectos ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a la fecha de la transmisión.”

El apartado 6 del artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establece una reducción en la base imponible de dicho Impuesto por la transmisión “ínter vivos”, en favor del cónyuge y determinados parientes, de una empresa individual, un negocio profesional o de participaciones en entidades del donante a los que sea de aplicación la exención a la que antes se ha hecho referencia regulada en el apartado octavo del artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio y que cumplan determinados requisitos.

De acuerdo con la dicción literal del reproducido artículo 33.3.c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, debe considerarse que este artículo resulta aplicable a las transmisiones “…a las que se refiere el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987…”; es decir, tal y como ha señalado este Centro Directivo en la consulta V0480-12, de 5 de marzo, se refiere a los requisitos de aplicabilidad del apartado 6 del artículo 20 de la citada Ley 29/1987.

Por tanto, en la medida en que se cumplan los requisitos establecidos en este último artículo, con independencia de que el donatario aplique o no la referida reducción, se estimará la inexistencia de ganancia o pérdida patrimonial para el donante como consecuencia de la transmisión del inmovilizado afecto al negocio donado, siendo irrelevantes a dichos efectos los requisitos que establezca la normativa autonómica.

Por último, en lo que respecta a la incidencia de la jubilación, sea parcial o total, en la aplicación de los beneficios fiscales previstos en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y, en definitiva, en la presunción de inexistencia de ganancia o pérdida patrimonial conforme al artículo 33.3.c) de la Ley 35/2006, cabe resaltar, al respecto, que el Tribunal Supremo, en Sentencias de 12 de marzo y 10 de junio de 2009, ha declarado que la existencia de pensión de jubilación es cuestión ajena a la normativa tributaria por lo que, si concurren los requisitos legales establecidos para el beneficio tributario, la percepción de aquella no es obstáculo para la procedencia de éste.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El marketing a empresas a través de redes sociales está sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo general del 21%; constituyendo una generación de rendimientos de actividad económica profesional, por la que habrá obligación de retener al tipo del 15%

Consulta Vinculante V1417-20, de 14 de Mayo de 2020, ante la Dirección General de Tributos en relación al Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.

El marketing a empresas a través de redes sociales (Instagram, Facebook, Youtube, Blogs, etc,), esto es, el servicio que prestan los denominados “creadores de contenido digital”, consistente en la selección, gestión y soporte fotografías y/o vídeos para la promoción de marcas o servicios está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo general del 21 por ciento.

Y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, entendiendo que los “creadores de contenido digital” se corresponden con los coloquialmente denominados “influencers”, personas físicas que operan en internet a través de redes sociales marcando tendencias que inciden en el consumo, por lo que las marcas comerciales están interesadas en publicitarse a través de ellos, se está ante la generación de rendimientos de actividad económica —profesional— , con obligación de retener al tipo del 15% (o del 7% en los dos años siguientes al inicio de la actividad).

No obstante, el tipo de retención aplicable debe matizarse respecto a los rendimientos que la consultante pudiera satisfacer a los “influencers por la cesión por estos de derechos de imagen, pues en tal caso el sometimiento a retención de los importes que aquella abona en la parte que efectivamente se correspondiera con esa cesión ya no lo sería como rendimientos de la actividad profesional desarrollada, sino que estarían sometidos a retención —con independencia de su calificación, que mantendría la de rendimientos de actividad profesional— como rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen, lo que comportaría la sujeción de esta parte al tipo del 24%.

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