El Gobierno ha puesto en marcha la nueva cotización por ingresos reales de los autónomos, de cara al 2023, cuando se produzca la recuperación económica, tras la salida de la crisis provocada por la situación actual sociosanitaria.
Se pretende aprobar un periodo de transitoriedad de 9 años para que tanto los autónomos que vayan a cotizar menos como los que tengan que cotizar más, vayan adaptándose. Los trabajadores por cuenta propia podrán seguir eligiendo su base de cotización en previsión de sus rendimientos netos, las cuotas irán entre los 90 y los 1.220 euros al mes.
Hoy, la base mínima de cotización de los autónomos es de 944 euros y la máxima es de 4.070 euros. Los que cotizan por la mínima pagan una cuota de unos 286 euros al mes al Estado, mientras que los que lo hacen por la máxima desembolsan unos 1.208 euros. Ahora, el autónomo decide la base en la que quiere tributar y el 86% de las personas físicas elige hacerlo por la mínima. Es decir, decide pagar 286 euros.
Lo cierto es que, con la fórmula del Ministro Escrivá, muchos autónomos pagarán una mensualidad menor, pero otros tantos verán hasta quintuplicada su cuota mensual. Para 2023, primer año de la entrada en vigor de la medida, el Gobierno ha establecido:
200 euros al mes para los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o menos.
215 euros para quienes tengan ingresos que oscilen entre 3.000 euros y 6.000 euros.
230 euros para quienes tengan unos ingresos superiores a 6.000 euros, pero inferiores a 9.000 euros.
245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.
260 euros para los de 12.600 a 17.000 euros de ingresos anuales.
275 euros para los de 17.000 euros a 22.000 euros.
290 euros para los de 22.000 a 27.000 euros.
305 euros para los de 27.000 a 32.000 euros.
320 euros para los de 32.000 a 37.000 euros.
340 euros para los de 37.000 a 42.000 euros.
360 euros para los de 42.000 a 47.000 euros.
380 euros para los de 47.000 a 48.841 euros.
400 euros si se tienen unos rendimientos superiores a 48.841 euros anuales.
Vemos que, durante el primer año del periodo transitorio de aplicación de esta reforma (2023), se establecerá una cotización intermedia por tramos cuyo número se irá incrementando progresivamente para quienes más ganan. Así, los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o menos tendrán una cuota de 200 euros al mes en 2023, primer año de aplicación del nuevo sistema, que será de 215 euros para quienes tengan ingresos que oscilen entre 3.000 euros y 6.000 euros, de 230 euros para quienes tengan unos ingresos superiores a 6.000 euros, pero inferiores a 9.000 euros, y de 245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.
Con este primer planteamiento, vemos que los autónomos que ganen hasta 22.000 euros verán reducida su cuota. Ellos serán los grandes beneficiados de la reforma de Escrivá.
Sin embargo, a partir de esa cuantía, todos los autónomos pagarán más. Dicho de otra forma, el Gobierno pretende subirle los impuestos a todos los autónomos que ganen más de 22.000 euros en 2023 y que coticen por la base mínima. Ante este sistema nos podemos preguntar si va a afectar realmente a las rentas más altas, según datos del INE, el salario bruto medio anual en España es de 24.009 euros, por lo que ni siquiera se le podría considerar clase media a los autónomos que ganan 22.000 euros.
La siguiente tabla muestra los rendimientos que obtuvo cada uno de los 3 millones de autónomos que hay en España.
Para los autónomos que ganen de 22.000 a 27.000 euros la subida sería de 4 euros al mes, o 48 euros al año, que puede suponer una cantidad insignificante, pero cuanto más se incrementan los ingresos, las cuotas se disparan. Por ejemplo, los que ganen entre 32.000 y 37.000 euros tendrán que pagar 34 euros más al mes dentro de dos años, mientras que los que tengan unos rendimientos superiores a 48.841 euros anuales pagarán 114 euros. Dicho de otra forma, casi 280.000 autónomos pagarán un 40% más de impuestos en menos de dos años. Este golpe al bolsillo de los autónomos que más ganan podría suponer un desincentivo a la generación de riqueza e incluso, una invitación a la economía sumergida.
Una reforma que en un primer momento se dijo que sería de trece tramos, pero ahora se están barajando entre 5 o 7” y unas cuotas que oscilarán entre un mínimo de 90 euros y un máximo de 1.220 euros una vez finalizado el periodo de 9 años de despliegue total de la reforma.
Las intenciones del Gobierno han incendiado a las organizaciones de autónomos.
Una vez que finalice el periodo de despliegue de la reforma de 9 años, a partir de 2031 las cuotas correspondientes a cada uno de los tramos (con ajustes vinculados a la inflación) serán de 90 euros al mes para quienes ganen menos de 3.000 euros, de 120 euros para quienes ingresen de 3.000 a 6.000 euros netos al año, de 185 euros para los autónomos con rendimientos de entre 6.000 y 9.000 euros y de 235 euros para quienes ganen entre 9.000 y 12.600 euros al año.
La idea que maneja Escrivá es que los autónomos puedan elegir provisionalmente su base de cotización entre los tramos que se aprueben, en función de sus previsiones de rendimientos con la posibilidad de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos. Si existen diferencias una vez hecha la regularización anual, el trabajador deberá proceder a su ingreso en caso de haber cotizado menos de lo que le correspondía y podrá solicitar la devolución si la cotización realizada fue superior.
Además, el documento detalla que los autónomos que tengan rendimientos fiscales declarados inferiores a la base mínima de cotización vigente cotizarán por los mismos. «Sin perjuicio de ello, a efectos de la acción protectora se reconocerá la base mínima correspondiente durante un periodo máximo de dos años», señala.
También destaca que los autónomos cuyos rendimientos fiscales derivados de la actividad por cuenta propia estén por encima de la actual base mínima de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cotizarán por los mismos y que esta base mínima se equiparará progresivamente a la del Régimen General de la Seguridad Social.
Aunque el Ejecutivo de Sánchez se escude en el bien de los autónomos para vender su reforma, ya que más de la mitad de ellos pagará menos, hay que dejar claro que la reforma se hace para recaudar más, por lo que los impuestos de los autónomos que menos paguen quedarán compensados de lejos con los perjudicados. El Gobierno prevé que la reforma del Reta eleve en un 20% la recaudación de la Seguridad Social a través de las aportaciones que realizan los trabajadores por cuenta propia, es decir, unos 2.000 millones de euros más cada año, que se sumarían a los 10.000 millones de media que suponen las cotizaciones de todos los autónomos a lo largo de un año para las arcas públicas del Estado.
Aunque, todavía no hay nada cerrado y están pendientes del diálogo social. A las asociaciones de autónomos, aunque apoyan la cotización por ingresos reales, les ha indignado la medida por su contenido y porque no había sido informados previamente. “
Las estadísticas que brindan las asociaciones de autónomos y pymes no son alentadoras: el 90% de empresarios y profesionales afectados por caídas de facturación quedan excluidos de las ayudasdirectas dispuestas hace ya 4 meses por el Gobierno de España y gestionadas por las Comunidades Autónomas (855 millones de € en el caso de Baleares) y, además, a día de hoy, no se han desembolsado ni la mitad de esos siete 7.000 millones de €. Hay dudas entre las CCAA y entre los solicitantes y posibles beneficiarios al respecto de qué costes pueden cubrirse con las ayudas.
Por todo lo anterior el Ministerio de Economía ha querido solventar dichos inconvenientes a través de un documento informativo (que no se ha hecho público) en el que aclara a las CCAA que las ayudas directas de que los empresarios hagan uso si les corresponden podrán destinarse por los mismos al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros (la ayuda debe destinarse primero a pagar la deuda financiera y, dentro de ella, primero a la que tiene aval público) y, por último, a abonar pérdidas contables, excluidas las pérdidas por deterioro del valor puntuales, justificando la existencia de las mismas y siempre que vengan referidas al período entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021 (que es el que cubre el decreto de las ayudas).
Si quieres más información, lee un interesante artículo en que se da cuenta de esta noticia que te transcribimos a continuación (y pincha los enlaces directos para acceder a ellos en su lugar original de publicación):
Calviño blinda las ayudas a empresas con pérdidas aunque no sean morosas
Economía aclara a las comunidades autónomas que el fondo de 7.000 millones puede ir también destinado a empresas con pérdidas contables por el Covid. Más de la mitad del dinero está sin repartir, según ATA.
Economía quiere que las ayudas directas lleguen ya a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia y se solucionen los inconvenientes que existen. Porque problemas hay, según han hecho saber varias comunidades autónomas al Ministerio y según han denunciado en público Cepyme y ATA. Para intentar avanzar en una solución el Gobierno aclara que aquellas compañías que hayan registrado pérdidas contables con motivo de la pandemia también pueden acceder al fondo de 7.000 millones. Aunque no tengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
Son ya cuatro meses desde la aprobación, en Consejo de Ministros, de ese paquete de ayudas directas a pymes repartidos entre Canarias y Baleares, a los que les correspondió 2.000 millones, y el resto de autonomías, con 5.000. Pero varios gobiernos autonómicos han expresado “dudas” sobre cuáles son los costes de las empresas afectadas por la pandemia que se pueden financiar con este fondo. No era una cuestión que quedaba totalmente clarificada.PUBLICIDAD
Por ello, en aras de la comprensión, Economía emitió un documento para despejar las dudas. Se llama “Aclaraciones al Título I del Real Decreto-ley 5/2021” y ya está en poder de los gobiernos autonómicos. No es un documento público pero sirve, en efecto, para blindar y clarificar qué tipo de situaciones puedes ser susceptibles de estas ayudas.
De esta forma, según esa “aclaración, y en virud de lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal de Ayudas de Estado en relación con los costes fijos, las empresas que cumplan los requisitos para percibir estas ayudas, establecidos en el mencionado Real decreto-ley, pueden destinar las ayudas a compensar pérdidas contables originadas durante la pandemia. Por ejemplo, pueden solicitar ayudas para pagar un préstamo que tuvieran contraido.
El periodo que abarca el decreto es claro: entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021. Si las empresas han tenido pérdidas contables en ese periodo pueden destinar las ayudas directas del fondo a cubrir los costes fijos generados durante ese año y tres meses, costes, eso sí, que no estén cubiertos por la contribución a los beneficios (es decir, los ingresos menos los costes variables) ni por otras fuentes como seguros, medidas temporales u otro tipo de ayudas.
Es decir, por resumir, las ayudas directas pueden destinarse por las comunidades autónomas al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros (la ayuda debe destinarse primero a pagar la deuda financiera y, dentro de ella, primero a la que tiene aval público) y, por último, a abonar pérdidas contables, excluidas las pérdidas por deterioro del valor puntuales, justificando la existencia de las mismas.
Cuatro meses después de la aprobación del decreto de ayudas directas la confusión entre comunidades autónomas y posibles beneficiarios de las mismas siguen las dudas. Las asociaciones de autónomos y pymes denuncian que no se han desmobolsado ni la mitad de esos 7.000 millones y que más de un 90% de los afectados por caídas de facturación quedan excluidos. Es una cifra que aporta la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
El Gobierno fijó que las ayudas directas a las empresarias serían de 3.000 y 200.000 euros y que, para recibirlas, las interesadas tendrían que acreditar una caída de sus ingresos de, cómo mínimo, un 30% de sus ingresos.
Por regla general, atendiendo más a la situación presente e inmediata que a la futura, el trabajador autónomo promedio en nuestro país tiende a cotizar por la base mínima de cotización, que, a día de hoy, está fijada en 944,40 € mensuales. Las estadísticas de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) arrojan este demoledor dato: aproximadamente un 90% de los autónomos en España cotizó por la base mínima el año 2019.
Quizá es el momento de cambiar tu base de cotización
Los autónomos, dependiendo de las circunstancias, pueden alterar la base de cotización a lo largo de su vida laboral en función de las previsiones o certezas que tengan acerca de sus ingresos. Aumentar o disminuir la base de cotización repercute en nuestra pensión de jubilación, pues tendrá, en función de ello, una mayor o menor cuantía.
No obstante lo anterior, el autónomo sólo puede cambiar su base de cotización de forma libre hasta los 47 años de edad, ya que con posterioridad existen limitaciones al respecto:
solo los trabajadores mayores de 41 años en 2021, que tengan una base de cotización de 2.052 euros en el mes de diciembre de 2020, podrán mantener esa libertad de elección.
Por el contrario, los que estén por debajo de ese límite no podrán elegir una base superior a 2.077,80 euros.
¿Cuántos años debo cotizar para cobrar la pensión mínima?
Según los siguientes tramos, son necesarios
Al menos 15 años cotizadospara recibir la pensión mínima.
20 años para cobrar el 50% de la pensión.
36 años para cobrar el 100% de la pensión.
¿A qué importe asciende la pensión mínima?
• Un autónomo que haya cotizado 944,40 euros mensuales (base mínima) durante un periodo de 15 años (período mínimo que da derecho a pensión) habrá generado un derecho a cobrar una pensión de jubilación de 226 euros al mes.
Será la pensión de 561 euros/mes si se cotiza por la base mínima durante al menos 25 años.
La pensión de jubilación alcanzará los 789 euros/mes si la cotización por la base mínima alcanza los 36 años.
Los expertos recomiendan cotizar por la base mínima sólo los períodos estrictamente necesarios, como en los inicios de un negocio o en los períodos en que la facturación cae por falta de actividad.
¿Eres autónomo y quieres preparar con tiempo tu jubilación y quizás cambiar tu base de cotización ahora? Podemos ayudarte: ven a Moya&Emery
𝗠𝗼𝘆𝗮&𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 quiere hacer un recordatorio que consideramos muy importantes: 𝒆𝒍 𝒑𝒓ó𝒙𝒊𝒎𝒐 𝑳𝑼𝑵𝑬𝑺 12 𝑫𝑬 𝑱𝑼𝑳𝑰𝑶 𝒔𝒆 𝒂𝒄𝒂𝒃𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒍𝒂𝒔 𝑨𝒀𝑼𝑫𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑹𝑬𝑪𝑻𝑨𝑺 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑬𝑴𝑷𝑹𝑬𝑺𝑨𝑺 𝒀 𝑷𝑹𝑶𝑭𝑬𝑺𝑰𝑶𝑵𝑨𝑳𝑬𝑺 afectados por el Covid-19 𝒆𝒏 𝑩𝑨𝑳𝑬𝑨𝑹𝑬𝑺 (855 millones de €)
Además debes recordar ya se modificaron las bases reguladores para la convocatoria de estas ayudas a empresas y profesionales para incluir • 𝐌Á𝐒 𝐂𝐍𝐀𝐄𝐬, llegando a incluir prácticamente todas las actividades económicas, y también • 𝐌Á𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐏𝐓𝐎𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐋𝐎𝐒 𝐐𝐔𝐄 𝐒𝐎𝐋𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀𝐑 𝐀𝐘𝐔𝐃𝐀𝐒, puesto que ya no es preciso que se empleen las ayudas para reducir deuda sino que una empresa o un empresario autónomo podrá pedir ayudas en base a una justificación de pérdidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.
¿Todavía no lo tienes claro? Mira el vídeo informativo de Nicolás Emery explicando la modificación de las bases reguladoras de las ayudas en Baleares a continuación y, si te queda alguna duda, contacta con cualquiera de las oficinas de 𝗠𝗼𝘆𝗮&𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆.
I. NUEVA FÓRMULA DE REVALORIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES
En cumplimiento de la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo a través del incremento de las pensiones el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media anual registrada en el mes de noviembre del ejercicio anterior.
Se garantiza que en el supuesto de inflación negativa -algo muy infrecuente y de escaso impacto incluso en las circunstancias de los últimos años– las pensiones no sufrirían merma alguna, quedando ese año inalteradas.
Como regla adicional, con el objetivo reforzado de preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y garantizar la suficiencia económica de los pensionistas, el Gobierno y los interlocutores sociales realizarán, en el marco del diálogo social, una evaluación periódica, cada cinco años, de los efectos de la revalorización anual de la que dará traslado al Pacto de Toledo, y que contendrá una propuesta de actuación si fuese necesario corregir alguna desviación para preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
II. MEDIDAS PARA FAVORECER EL ACERCAMIENTO VOLUNTARIO DE LA EDAD EFECTIVA CON LA EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN
La actuación complementaria del conjunto de medidas incluidas en este apartado tiene como objetivo, en cumplimiento de la recomendación 12ª del Pacto de Toledo, seguir impulsando el proceso de acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria. Ello se hará en el marco del refuerzo del derecho a la jubilación consagrado en nuestro modelo de jubilación flexible, priorizando el reforzamiento de los instrumentos de incentivo y desincentivo previstos para los supuestos de jubilación anticipada o demorada sobre la citada edad ordinaria.
1. Jubilación anticipada voluntaria.
– Se revisan los coeficientes reductores (que a partir de ahora serán mensuales) con el fin de fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación y dar un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas.
Menos de 38 años y 6 meses cotizados
Más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses
Más de 41 años y 6 meses cotizados y menos de 44 años y 6 meses
Más de 44 años y medio cotizados
Como excepción, se aplicarán los coeficientes reductores correspondientes a la jubilación por causa no imputable al trabajador en aquellos supuestos en los que quien se jubila anticipadamente de forma voluntaria esté percibiendo el subsidio de desempleo desde hace, al menos, tres meses.
Con el fin de fomentar el acercamiento voluntario de la edad efectiva de jubilación anticipada voluntaria a la edad de jubilación ordinaria de las personas con pensión teórica superior al límite máximo de pensión de la Seguridad Social, los coeficientes reductores se aplicarán sobre la cuantía de la pensión respetando la limitación máxima a la que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Seguridad Social. La eliminación de la regulación hasta ahora aplicable en los supuestos en los que la pensión teórica quedaba por encima de ese límite se hará de forma progresiva a lo largo de un periodo de diez años a contar desde el 1 de enero de 2024. En cualquier caso, estos coeficientes solo se aplicarán en la medida en que la evolución de la pensión máxima del sistema absorba completamente el efecto del aumento de coeficientes respecto a los vigentes en 2021 para estos trabajadores con base reguladora superior a la pensión máxima, de manera que la pensión reconocida no sea inferior a la que le habría correspondido con la aplicación de las reglas vigentes en 2021.
De la anterior previsión quedan excluidas –y, por tanto, seguirán rigiéndose por las reglas de acceso a las distintas modalidades de jubilación anticipada previas a la aprobación y entrada en vigor de esta reforma– aquellas personas, con base reguladora superior a la pensión máxima, cuya relación laboral:
Se haya extinguido antes de 1 de enero de 2022, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas, por un periodo superior a 12 meses, en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
Se extinga después de esa fecha como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o en virtud de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa o decisiones adoptadas en procedimientos concursales, que fueran aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley que dé cumplimiento a este acuerdo.
No obstante, las personas a las que se refieren los apartados anteriores también podrán optar por que se aplique, para el reconocimiento de su derecho a pensión, la legislación que esté vigente en la fecha del hecho causante de la misma.
Coeficientesaplicablesa pensiones teóricas por encima de la máxima (con la limitaciónreseñadamás arriba)
Menosde 38 años y 6 meses cotizados
Más de 38 años y 6 meses y menos de 41 años y 6 meses cotizados
Más de 41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses cotizados
Más de 44 años y 6 meses cotizados
2. Jubilación anticipada involuntaria.
Se acuerda introducir cuatro modificaciones. Primero, a las causas de extinción contractual que dan derecho al acceso a esta modalidad de jubilación mencionadas en el art. 207.1 LGSS, se añaden el resto de causas extintivas por razones objetivas y la resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos previstos en los artículos 40.1, 41.3, 49.1.m) y 50 ET..
Segundo, el coeficiente aplicable sobre la pensión se determina por mes de adelanto de la jubilación, no por trimestre.
Tercero, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se aplican en la determinación de la
pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente.
– Cuarto, adicionalmente el coeficiente reductor correspondiente a cada uno de los seis meses previos a la edad de jubilación ordinaria se rebaja respecto de los propuestos para la jubilación voluntaria.
– Finalmente, no sufrirán cambios los coeficientes reductores del 0,5% por trimestre, desde la pensión máxima, aplicables a las jubilaciones anticipadas involuntarias, manteniéndose en los mismos términos vigentes hasta la fecha, estando excluida expresamente esta modalidad de la previsión de equiparación de coeficientes para la jubilación anticipada voluntaria prevista en el apartado II.1 de este Acuerdo. Esta misma garantía se extenderá a los supuestos previstos en el apartado
II.1 referidos a personas que accediendo a la jubilación anticipada voluntaria desde una situación en la que vienen percibiendo el subsidio por desempleo desde hace, al menos, tres meses, se les aplican los coeficientes reductores establecidos para la jubilación anticipada involuntaria
3. Jubilación anticipada por razón de la actividad
Se acuerda la modificación del procedimiento de solicitud, y se precisan con mayor detalle los indicadores de peligrosidad o penosidad que determinan el acceso a esta modalidad de jubilación anticipada.
Las solicitudes de iniciación del procedimiento deberán ser formuladas conjuntamente por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas; o por las organizaciones sindicales más representativas y la administración correspondiente cuando el procedimiento afecte al personal de las administraciones públicas.
La fijación de los indicadores que acrediten la concurrencia de circunstancias de penosidad o peligrosidad será objeto de desarrollo reglamentario, que se abordará en el marco del diálogo social.
Con respecto a las solicitudes ya presentadas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establecerá en el plazo de seis meses un calendario para la resolución de los expedientes, priorizando de acuerdo con criterios objetivos la resolución de los mismos.
Se creará una comisión encargada de evaluar y, en su caso, instar la aprobación de los correspondientes decretos de reconocimiento de coeficientes reductores. Integrarán esta comisión los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Trabajo y Economía Social; y Hacienda; junto las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
Se establecerá un procedimiento para la revisión de los coeficientes reductores de edad con una periodicidad máxima de diez años.
– Por otro lado, se separan en normas distintas la jubilación anticipada por razón de la actividad y por razón de la discapacidad.
4. Jubilación demorada
Se acuerda aplicar la exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que corresponda en cada caso.
Se acuerda mejorar los incentivos para la prolongación de la carrera profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación.
Se ofrecen tres tipos de incentivos, a elegir por el trabajador, por cada año de demora:
Un porcentaje adicional del 4 por ciento (este porcentaje adicional se sumará al que corresponda de acuerdo con el número de años cotizados y se aplicará a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión).
Una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas.
– Una combinación de las opciones anteriores.
5. Jubilación activa
En coherencia con el conjunto de previsiones de este bloque, se exige como condición para acceder a esta modalidad de jubilación el transcurso de al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
En el plazo máximo de doce meses, el Gobierno revisará, en el marco del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales, esta modalidad de jubilación con el fin de corregir las diferencias existentes entre regímenes y sistemas especiales y favorecer el mantenimiento de la actividad de los trabajadores mayores, al tiempo que se preserva la sostenibilidad del sistema. En todo caso, la nueva regulación no podrá tener como consecuencia la sustitución de trabajadores con cotización completa por trabajadores con cotización reducida.
6. Jubilación forzosa
Se acuerda que no sea posible establecer cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador por el cumplimiento de una edad inferior a 68 años. Observada esta limitación de edad, se requerirán además las siguientes condiciones:
Primero, que la persona trabajadora afectada tenga derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
Segundo, que cada extinción contractual en aplicación de esta previsión lleve aparejada simultáneamente la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos, una persona trabajadora como medida vinculada a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo.
Excepcionalmente, este límite podrá rebajarse hasta la edad ordinaria de jubilación fijada por la normativa de Seguridad Social cuando la tasa de ocupación de las trabajadoras en alguna de las actividades económicas correspondientes al ámbito funcional del convenio sea inferior al 20 por ciento de las personas ocupadas en las mismas.
A estos efectos, las actividades económicas en las que se ha de cumplir esta condición serán las que correspondan a los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas que figuren en el Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad (REGCON). La Administración de la Seguridad Social facilitará esta información respecto de la totalidad de trabajadores por cuenta ajena en cada una de las CNAE correspondientes en la fecha de constitución de la comisión negociadora del convenio.
La aplicación de esta excepción exigirá, además, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Que la persona trabajadora afectada tenga derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
Que en el CNAE al que esté adscrita la persona afectada por la aplicación de esta cláusula concurra una tasa de ocupación de empleadas inferior al 20 por ciento sobre el total de trabajadores de dicho CNAE a la fecha de efectos de la decisión extintiva. Este CNAE será el que resulte aplicable para la determinación de los tipos de cotización para la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Que cada extinción contractual en aplicación de esta previsión afecte a un puesto de trabajo vinculado a algunas de las actividades económicas antes mencionadas; y que cada extinción en aplicación de esta previsión lleve aparejada simultáneamente
la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos, una mujer.
La decisión extintiva de la relación laboral será, con carácter previo, comunicada por la empresa a los representantes legales de los trabajadores y al propio trabajador afectado.
– Sin perjuicio de lo anterior, las cláusulas sobre jubilación forzosa que se hubieran incluido en los convenios colectivos al amparo de la legislación hasta ahora vigente podrán ser aplicadas hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada del convenio en cuestión.
7. Reducción en la cotización para trabajadores mayores de 62 años en procesos de IT
Con el fin de favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, se acuerda establecer una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.
III. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL SISTEMA:
CULMINACIÓNDEL PRINCIPIODESEPARACIÓNDEFUENTES
En cumplimiento de la recomendación 1ª del Pacto de Toledo, los firmantes de este acuerdo comparten la necesidad de culminar la plena implementación del principio de separación de fuentes respecto de aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no ha sido asumida todavía por el Estado.
Para ello, de forma adicional al mantenimiento estable de la transferencia anual ya aprobada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (13.929 millones de euros), se incrementará esta, tanto en los ejercicios de 2022 y 2023, como en años sucesivos, también de forma permanente como la transferencia aprobada para 2021, hasta alcanzar una transferencia que sirva para cubrir todos los conceptos reseñados a continuación.
Primero, los conceptos ya financiados por transferencia del Estado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021:
(millones de euros)
Transferencia para la financiación de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menor
2.785
Transferencia para financiar reducciones en la cotización a la Seguridad Social
1.779
Subvenciones implícitas a REM, SEA, contratos formación
996
Complemento para reducir la brecha de género
788
Integración de lagunas
450
Jubilación anticipada sin coeficiente reductor y sin cotización adicional
371
Pensiones en favor de familiares
373
Cuantía equivalente a 2 puntos de cotización por otros conceptos de naturaleza no contributiva
6.387
Segundo, los siguientes conceptos a incorporar dentro de la transferencia para financiar otros conceptos en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo 2020:
Coste de la pensión de jubilación anticipada involuntaria en edades inferiores a la edad ordinaria de jubilación.
2.010
Complementos de prestaciones contributivas, sujetos a límite de ingresos.
3.444
Cuantía equivalente a 1 punto de cotización por otros conceptos de naturaleza no contributiva
3.193
De la misma forma, se reitera el compromiso del Estado como garante público del sistema de Seguridad Social. En este sentido, el Estado garantiza el equilibrio financiero del sistema en los importes y durante el tiempo estrictamente necesario en los que los ingresos derivados de cotizaciones y transferencias estables y preestablecidas desde los Presupuestos Generales del Estado, junto al resto de recursos previstos en el art. 109 de la LGSS, puedan no ser suficientes.
IV. NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN POR INGRESOS REALES Y MEJORA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
En cumplimiento de la recomendación 5ª del Pacto de Toledo, con objeto de mejorar y reforzar el sistema de protección de este Régimen y su financiación, se acuerda establecer un sistema de cotización basado en los rendimientos reales declarados fiscalmente. La implantación de esta modificación se hará a partir del 1 de enero de 2022 de forma gradual, con objeto de permitir la más adecuada definición de los mismos y las adaptaciones técnicas necesarias por parte de la Hacienda Pública y de la propia Seguridad Social. En concreto, el nuevo sistema se aprobará en 2022, sin producir efectos económicos hasta 2023; y el despliegue será progresivo hasta un máximo de nueve años, con revisiones periódicas cada tres años en las que las organizaciones empresariales y sindicales, y las asociaciones de autónomos podrán decidir, junto al Gobierno, la aceleración del calendario.
Aquellos autónomos cuyos rendimientos fiscales derivados de la actividad por cuenta propia estén por encima de la actual base mínima de cotización del RETA cotizarán por los mismos. Esta base mínima se equiparará progresivamente a la del Régimen General de la Seguridad Social.
Los autónomos que tengan rendimientos fiscales declarados inferiores a la base mínima de cotización vigente cotizarán por los mismos. Sin perjuicio de ello, a efectos de la acción protectora se reconocerá la base mínima correspondiente durante un periodo máximo de dos años.
Se prevé que los trabajadores autónomos elijan provisionalmente su base de cotización entre los tramos que se determinen normativamente en función de previsiones de rendimientos. Con la posibilidad de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos.
Si existen diferencias una vez hecha la regularización anual, el trabajador deberá proceder a su ingreso en caso de haber cotizado menos de lo que le correspondía; y podrá solicitar la devolución si la cotización realizada fue superior.
Durante el periodo transitorio, y de acuerdo con lo establecido en el marco del diálogo social, se establecerá una cotización intermedia por tramos cuyo número se irá incrementando progresivamente.
En el plazo de doce meses, y en cumplimiento del mandato de la recomendación 4ª del Pacto de Toledo, se abordarán las diferencias de acción protectora entre el Régimen General y el RETA con el objetivo de lograr una protección social equiparable entre estos dos regímenes.
V. MEDIDAS PARA PRESERVAR EL EQUILIBRIO Y LA EQUIDAD INTERGENERACIONAL
En cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los firmantes se comprometen a negociar la sustitución del factor de sostenibilidad del artículo 211 por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027 en los términos que se describe en el párrafo siguiente. El proceso de negociación en el marco del diálogo social se abrirá inmediatamente después a la suscripción de este acuerdo, de forma que la regulación del nuevo mecanismo pueda incorporarse al proyecto de ley que dé cumplimiento al citado acuerdo antes del 15 de noviembre de 2021. Si en ese proceso de negociación en el marco del diálogo social no se alcanzara un acuerdo, el Gobierno de España procedería a regular el citado mecanismo, de forma que esté definido en el momento de entrada en vigor de la citada Ley.
Dada la dimensión intergeneracional del sistema de pensiones, y las necesidades excepcionales y acotadas en el tiempo que para su equilibrio va a suponer la jubilación de la generación del baby boom y el aumento de la esperanza de vida, es necesario recuperar para el diseño del nuevo mecanismo el planteamiento consensuado en la reforma de 2011. Ello implica incorporar indicadores que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población y que, actuando de forma equilibrada sobre el conjunto de parámetros del sistema, sirvan de base para un diseño del nuevo mecanismo que evite hacer recaer en las generaciones más jóvenes el coste derivado de la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas, repartiendo de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.
VI. OTRAS MEDIDAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y DE LA CALIDAD DE LA ACCIÓN PROTECTORA
1. Agencia Estatal de la Seguridad Social.
Para dar cumplimiento al mandato de la recomendación octava del Pacto de Toledo, el Gobierno aprobará en el plazo de seis meses un Proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social.
2. Viudedad de parejas de hecho
En el plazo de 6 meses, y en cumplimiento de la recomendación 13ª del Pacto de Toledo, se abordará en el marco del diálogo social una revisión del marco regulador de acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con el fin de equiparar las condiciones de acceso de este colectivo al de las parejas constituidas en matrimonio.
3. Base reguladora de las prestaciones de incapacidad temporal en los casos de personas trabajadoras con contrato fijo-discontinuo
Se acuerda incluir en la legislación de Seguridad Social una referencia expresa para que la base reguladora diaria de la prestación por incapacidad temporal se calcule mediante el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas desde el último llamamiento al trabajo, con un máximo de tres meses inmediatamente anteriores al del hecho causante, entre el número de días naturales comprendidos en el período.
4. Cláusula de ‘salvaguarda’
La conocida como “cláusula de salvaguarda” –derivada originalmente de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, e incorporada actualmente al ordenamiento jurídico de la Seguridad Social en el apartado 5 de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social– se mantendrá en su regulación actual con carácter indefinido, de manera que extiende sus efectos más allá del 1 de enero de 2022 garantizando la cobertura de la totalidad de personas que originalmente se preveía proteger con la citada cláusula.
5. Cotización de becarios
En el plazo máximo de tres meses se procederá al desarrollo reglamentario previsto en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, de modo que se garantice que la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria, determine la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado.
Se aplicará a estas prácticas una reducción del 75 por cien en la cotización a la Seguridad Social.
6. Convenios especiales cuidadores SAAD
Se establecerán en el plazo de seis meses los oportunos cambios normativos que posibiliten que la financiación pública establecida para asumir las cuotas derivadas de los convenios especiales de los cuidadores de personas en situación de dependencia regulados en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, en los casos de personas que hayan reducido su jornada de trabajo para dedicar una parte de la misma al cuidado de las personas en situación de dependencia, permita garantizar el mantenimiento de las bases de cotización que tenían estas personas antes de dicha reducción, así como las correspondientes actualizaciones de dicha base de cotización en los mismos términos en que lo haga el tope mínimo del Régimen General de la Seguridad Social.
VII. INTEGRACIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS COMO ANEXO DE ESTE ACUERDO
Se integra y suscribe, como anexo inseparable de este Acuerdo, el texto normativo que concreta su contenido en los aspectos en los que corresponde y que el Gobierno incorporará fielmente en el Proyecto de Ley que remitirá a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.
Lo anterior, sin perjuicio del resto de contenidos previstos en este Acuerdo, cuya propuesta de texto normativo aún no ha sido ultimada (RETA, viudedad de parejas de hecho…), que se concretarán en los plazos previstos en cada apartado y, en cualquier caso, coincidiendo con la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley que concretará normativamente este Acuerdo.
Los autónomos aún tienen dos semanas para subir o bajar su cuota de cara a este próximo verano, alterando su base de cotización antes del 30 de Junio.
Los autónomos tienen hasta el 30 de junio para cambiar su base de cotización, y así, subir o bajar su cuota de cara a este verano. Aunque todavía muchos no lo saben, los trabajadores por cuenta propia pueden modificar hasta cuatro veces al año la base por la que cotizan a la Seguridad Social y, de esta forma, adaptar sus aportaciones al momento en el que prevean que se van a encontrar en cada trimestre.
A expensas de la reforma que pretende llevar a cabo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que los autónomos coticen por sus ingresos reales -que debería pactarse con los agentes sociales en todo caso-, por el momento, el colectivo todavía puede decidir la base por la que cotiza entre la mínima -de 944,40 euros- y la máxima -de 4.070,10 euros-. Esto significa que los trabajadores por cuenta propia pueden solicitar una bajada o subida de su cuota y pasar a pagar entre 289 euros al mes y 1.245,45 euros, según les convenga en cada momento.
De cara a un verano, que se presenta todavía incierto y aún con muchas actividades que seguirán afectadas por la pandemia, podría ser una buena opción bajar la cuota de forma temporal si se prevén ingresos bajos durante los próximos meses para, después, subirla cuando el negocio empiece a recuperarse.
También podría suceder al contrario. Para aquellos autónomos de sectores que esperan grandes picos de ingresos en la época estival puede ser una buena idea subir la base de cotización mientras prevean mayor facturación para, de este modo, mejorar todas las prestaciones, tanto presentes -Incapacidad Temporal, cese de actividad…-, como futuras -jubilación, viudedad…-.
Hasta el 30 de junio para que los autónomos bajen o suban su cuota desde julio
Sea como sea, los autónomos tienen sólo hasta el 30 de junio para cambiar su base de cotización, si quieren que la modificación en su cuota tenga efectos de cara a este verano. Si cambiaran su base en este periodo, pasarían a pagar más o menos a la Seguridad Social desde el día 1 de julio.
Sin embargo, si el autónomo se demorara más allá del 30 de junio para efectuar el cambio de base, tendría que esperar hasta octubre para ver reflejada la modificación en su cuota mensual.
Esto es porque la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo aprobada el pasado enero de 2018, y que regula la posibilidad de hacer cuatro cambios anuales en la base de cotización, también fija determinadas fechas a partir de las cuáles el cambio entra en vigor. Éstas serían:
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, con efecto a partir del 1 de abril
Entre el 1 de abril y el 30 de junio, con efecto desde el 1 de julio
Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, con efecto a partir del 1 de octubre
Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, con efecto desde el 1 de enero del año siguiente
El cambio se debe realizar telemáticamente en la Sede Electrónica de la TGSS. Desde la página principal y a través de la pestaña “Afiliación e Inscripción”, el trabajador por cuenta propia debe acceder a “Cambio en la base de cotización de autónomos”.
Una opción para autónomos que no percibieron el cese de actividad hasta junio
Este cambio de base para disminuir la cuota podría ser interesante para autónomos de sectores que no están ligados a la época estival y siempre que no hayan solicitado hasta mayo, ni prevean solicitar hasta septiembre la prestación por cese de actividad. Cabe recordar que tanto los trabajadores por cuenta propia que vinieran percibiendo hasta el pasado mes esta ayuda, como los que la vayan a solicitar en los próximos meses no tendrán que pagar cuota, o sólo tendrán que abonar una pequeña parte de ella.
Aquellos autónomos que perciban cualquiera de las modalidades de cese de actividad -extraordinarias, POECATA…- tienen derecho, o bien a la exoneración de su cuota, o bien a que su mutua se la devuelva junto a la prestación, y en ninguno de los dos casos tendrían que pagar esos meses por sus cotizaciones.
Además de estas prestaciones, los autónomos que vinieran percibiendo el 31 de mayo de 2021 alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en el Real Decreto-Ley 2/2021, tendrán exento el pago de la cuota de autónomos con las siguientes cuantías: el 90% de la cuota de autónomos del mes de junio; el 75% de la cuota de autónomos del mes de julio; el 50% de la cuota de autónomos del mes de agosto; y el 25% de la cuota de autónomos del mes de septiembre.
Cuidado con la edad y con mantener bases bajas demasiado tiempo
También hay que tener en cuenta que la elección de la base de cotización está sujeta a unas determinadas edades, y no todos los autónomos pueden elegir cualquier importe. Según señalan desde la Seguridad Social “si el autónomo es menor de 47 años, podrá solicitar cualquier base de cotización comprendida entre las bases máxima y mínima permitidas para el Régimen. Si es mayor de 47 años sólo podrá solicitar una base máxima igual o inferior a la base máxima para mayores de 47 años”.
A pesar de que este año la base mínima es de 944,40 euros y la máxima de 4.070.10 euros mensuales, como norma general, aquellos que tengan más de 47 años deben saber que su cambio estará limitado entre los 1.018,50 y 2.077,80 euros al mes.
También cabe recordar que, si bien se permite modificar la base de cotización hasta cuatro veces al año, no es recomendable mantenerla demasiado baja durante mucho tiempo, ya que esto podría repercutir en el importe de algunas prestaciones, y especialmente de las que se pueden necesitar a corto plazo, ya que suelen tener en cuenta sólo los últimos años de cotización.
De este modo, mientras que bajar la cuota durante unos meses puede aliviar al autónomo en un momento puntual, mantenerla baja durante demasiado tiempo podría llegar a ser un inconveniente de cara a la jubilación, si el trabajador por cuenta propia se encuentra en los 25 años anteriores al retiro, ya que las bases de todos esos meses contarán para calcular el importe de la pensión.
Además, hay que tener en cuenta que los autónomos no están exentos de tener cualquier contingencia y, cotizando por la mínima, apenas si percibirían en una baja unos 570 euros mensuales a partir del cuarto día, y alrededor de 680 a partir del vigésimo primero. De ahí tocaría descontar lo que supone la cuota mensual de cotización (286,15 euros en 2020). Es decir, le quedarían apenas entre 280 y 380 euros para vivir mientras está de baja. Aunque gracias a las negociaciones de las organizaciones de autónomos con el Gobierno, éste eximió del pago de la cuota a los autónomos que estén dos meses o más de baja.
Estas fichas de procedimiento , disponibles para su consulta y descarga a través del documento facilitado por el SEPE (en formato powerpoint aquí o en formatopdf aquí) informan de manera general sobre situaciones que pueden afectar a las prestaciones por ERTE COVID-19.
Habrá que tener siempre en cuenta que la Dirección Provincial del SEPE correspondiente puede tener establecido otro mecanismo de comunicación o de tramitación que modifique o complemente lo expuesto aquí. Si ese fuera el caso tendría prevalencia lo que se haya comunicado desde la unidad administrativa provincial.
En el documento informativo disponible para su descarga podrás encontrar el siguiente índice de temas:
Índice temático
XML: Cuándo SÍ y cuándo NO enviar ficheros XML de períodos de actividad por certific@2.
SUBROGACIÓN: trabajadores de una empresa en ERTE que pasan a otra empresa.
TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS sin actividad a la fecha teórica de llamamiento (y 3 bis).
TRABAJADORES INDEFINIDOS A T/PARCIAL con trabajos en fechas ciertas y repetidas.
TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS con incorporación efectiva a la actividad – interrupciones.
TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS con medidas extraordinarias COVID-19 que finalizan campaña.
TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS: SÍNTESIS para la gestión de las prestaciones ERTE o FD por las empresas.
IT: ¿Quién abona y cómo se comunica la baja médica durante el ERTE?
IT: Información al SEPE por parte del trabajador que cae en baja médica.
BAJA de la prestación ERTE: cómo comunicar el fin del cobro de la prestación.
BAJA de la prestación ERTE: otras causas distintas de la reincorporación a la actividad.
BAJAS en la prestación ERTE COVID-19 – ejemplos de cómo comunicar la baja.
DÍAS FESTIVOS EN EL MES: cómo se comunican y quién los paga.
Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: continuidad de las prestaciones extraordinarias.
Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: diferencias de procedimiento ERTE FM y ETOP.
Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: comunicaciones para ERTE ETOP prorrogados.
La ministra de Trabajo reformará los contratos temporales para limitar su uso
El Gobierno destinará en los próximos siete años casi 5.000 millones a impulsar el empleo entre los jóvenes para luchar contra la alta tasa de paro que tiene este colectivo en España, la mayor de Europa, con casi cuatro de cada diez menores de 25 años en paro. El Consejo de Ministros aprobó el martes pasado el Plan de Garantía Juvenil Plus (PGJ+)para el periodo 2021-2027, dotado con 3.263 millones de euros, que garantiza a los inscritos una oferta de empleo o de formación antes de cuatro meses y les ofrece microcréditos sin avales para montar su propia empresa.
Además de la garantía juvenil, el Plan Estratégico Juventud Avanza dedicará otros 937 millones de euros a diversas inversiones para el empleo juvenil contempladas en el Plan de Recuperación, 600 millones a programas de formación con alternancia en el empleo y 150 millones al convenio con la Secretaría de Estado de Digitalización de Inteligencia Artificial. «Estamos ante la mayor inversión del Gobierno de España en la historia de la democracia para abordar el problema del desempleo juvenil, con una inversión que alcanza casi los 5.000 millones de euros», destacó en la rueda de prensa posterior al consejo la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que denunció que los jóvenes, por el mero hecho de serlo, no merecen sueldos y trabajos «indignos», sino todo lo contrario.
Para conseguir los objetivos de mejora de la empleabilidad y del emprendimiento de los jóvenes, el plan se sustenta sobre la orientación y el seguimiento personalizados de los usuarios en todas las actuaciones de apoyo; la formación dirigida a la adquisición de competencias y la mejora de la experiencia profesional teniendo en cuenta las necesidades de transformación del modelo productivo; la mejora de las oportunidades de empleo a través de incentivos dirigidos, especialmente, a las personas que necesiten una especial consideración; igualdad de oportunidades; emprendimiento y fomento de la iniciativa empresarial y mejora de la gestión.
Teléfono gratuito
Las personas inscritas en el plan de garantía juvenil tendrán una atención inmediata con el compromiso de que en un plazo máximo de cuatro meses hayan recibido una oferta de empleo o de formación que contará con un seguimiento especial en este período. Además, dispondrán de una línea de teléfono gratuita que permitirá resolver las dudas de la atención además de la disponibilidad de sistemas digitales complementarios.
Asimismo, con el objetivo de impulsar el emprendimiento, se concederán ayudas para afrontar el pago de cuotas a la Seguridad Social durante seis meses y también para la publicidad y transformación digital del negocio, además de formación en marketing digital y comercialización a las personas emprendedoras.
Pero no solo eso, sino que estas personas emprendedoras que no puedan acceder a un crédito ordinario podrán obtener financiación sin necesidad de avales a gracias al Programa emprende con microcréditos. Además de la aportación económica, las personas beneficiarias recibirán apoyo de orientación y asesoramiento tras la recepción del préstamo.
Golpe a los contratos temporales
Yolanda Díaz también advirtió que se realizará una reforma «de calado, estructural» para reducir el uso de los contratos temporales con una mayor justificación de las causas que permitan hacer este tipo de acuerdos laborales. «Solo se va a acudir a una modalidad temporal cuando exista una causa que lo justifique», ha defendido Díaz, quien ha dicho que el principio de contratación será la estabilidad, es decir, el indefinido. «Hay uso y abuso de ciertas modalidades contractuales», ha añadido en alusión a los contratos de obra y servicio, uno de los temporales más usados en España.
Díaz ha evitado concretar más sobre esta reforma, enmarcada en los objetivos comprometidos ante la Unión Europea, y que se debate junto a los agentes sociales. Según publica Expansión, el Gobierno quiere limitar la duración del contrato temporal por causas productivas a seis meses, o un año como máximo, si así lo establece el convenio sectorial.
Quiere obligar también a las empresas a explicar por escrito las causas, las circunstancias y la duración del contrato, y que incumplirlas suponga tener que hacer indefinido al trabajador.
Un trabajador puede retirarse de forma anticipada voluntaria si cumple los requisitos de edad y cotización fijados por la ley
Cuanto antes mejor. Esto es lo que desean muchos trabajadores en España respecto a la jubilación. Y más en estos momentos en que se negocia una reforma de las pensiones que viene a traer aún más incertidumbre a quienes ven cerca su fecha de retiro.
Como definición, hay que recordar que la prestación por jubilación en su modalidad contributiva cubre la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando, alcanzada la edad establecida, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, poniendo fin a su vida laboral, o reduce su jornada de trabajo y su salario en los términos legalmente vigentes.
En 2021, la edad ordinaria de jubilación en España está establecida en 66 años para aquellos trabajadores que hayan cotizado menos de 37 años y tres meses; y en 65 años para quienes hayan cotizado 37 años y tres meses o más.
La jubilación anticipada se produce cuando el trabajador accede al retiro antes de la edad ordinaria legal, bien de forma voluntaria o forzosa. A fecha de junio de 2021, pueden acceder a esta modalidad de jubilación anticipada voluntaria los trabajadores, incluidos en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, que tengan cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad exigida que resulte de aplicación en cada caso.
Para tener derecho a la modalidad de jubilación anticipada ordinaria, hay que acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años. Del período de cotización, al menos dos años deberán estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o al momento en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar.
De esta forma, en 2021 pueden retirarse de forma voluntaria quienes:
Con 66 años hayan cumplido con los requisitos de cotización establecidos para acceder a una pensión contributiva (al menos 15 años). La cuantía de la prestación aumenta cuantos más años se haya cotizado.
Con 65 años cumplidos, hayan cotizado 37 años y tres meses o más. En este caso, se jubilan también con la edad legalmente establecida -no anticipada- y cobrarán el 100% de la prestación a la que tengan derecho.
Los trabajadores con 65 y 64 años que hayan cotizado más de 35 años y menos de 37 años y tres meses y deseen retirarse de forma anticipada, sufrirán una reducción de la cuantía de la prestación según los coeficientes legalmente establecidos.
Con 63 años cumplidos, pueden retirarse de forma anticipada quienes hayan cotizado 37 años y tres meses o más. En este caso sufrirán una reducción de la cuantía de la prestación según los coeficientes legalmente establecidos.
En caso de lograr una jubilación anticipada, hay que tener en cuenta que la cuantía de la prestación será diferente a la ordinaria. Para calcular el montante de la pensión habrá que aplicar un porcentaje reductor por cada trimestre que se haya adelantado el retiro. Ese coeficiente reductor oscila entre el 1,5% y el 1,875% por cada trimestre. La reducción depende de la cantidad de años cotizados. A mayor cotización, menor reducción.
Ayer martes 8 de Junio tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre el Govern balear, el Ayuntamiento de Palma y el Consell Insular de Mallorca que permitirá conceder 11,5 millones de euros en ayudas económicas directas a los sectores económicos del municipio para contribuir a paliar las consecuencias de las restricciones motivadas por la pandemia.
El convenio firmado es parte del conjunto de medidas de acompañamiento para hacer frente a los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria que se aprobaron en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto para la Reactivación de las Illes Balears. Este paquete de medidas incluye la creación de un fondo de ayudas de 30 millones de euros para los sectores más afectados financiado conjuntamente entre el Govern, los ayuntamientos y los consejos insulares.
Ayudas
En total, se destinarán 11.503.644 euros a ayudas que beneficiarán al tejido empresarial de Palma y que están financiados a partes iguales por el Ayuntamiento, el Consell y el Govern. Cada institución aporta 3.834.548 euros.
Los 11,5 millones de euros se dividirán en hasta cinco convocatorias diferentes.
La primera de las convocatorias será de 7,8 millones de euros y se destinará a los sectores económicos afectados por la crisis de la COVID-19 para paliar su situación económica y garantizar su sostenimiento. La convocatoria la gestionará de forma directa el Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca Turisme. Una vez publicadas las bases Boletín Oficial de las Illes Balears, la solicitud es hará totalmente en línea desde la plataforma www.ajutsmallorca.com.
Se concederán ayudas directas a personas físicas y jurídicas que desarrollan su actividad económica en el municipio de Palma con menos de 20 trabajadores de media anual computando los diferentes centros de trabajo y con una facturación el 2019 inferior a un millón de euros, siempre que esta facturación haya disminuido durante el 2020 en una cantidad superior a un 20%. En el caso de hoteles y otros alojamientos, podrán solicitar la ayuda las empresas que tengan una plantilla máxima de 50 trabajadores.
La ayuda será de 2.000 euros por centro de trabajo o establecimiento, con un máximo de dos establecimientos por beneficiario (máximo: 4.000 euros). Además, se trata de ayudas compatibles con la percepción de cualquier otra subvención procedente de cualquier entidad del sector público o privado. En cuanto a los sectores beneficiarios, podrán solicitarlas los siguientes sectores:
comercio,
alimentación,
alojamiento,
agencias de viajes,
educación e investigación;
lavanderías,
tintorerías,
peluquerías y salones de belleza;
parques de recreo,
ferias
organización de congresos
recintos feriales.
Las cuatro convocatorias restantes las gestionará el Ayuntamiento. Las ayudas económicas se destinarán a los comercios, autónomos y sector de la restauración, que gestionará PalmaActiva (2,6 millones de euros); Cultura (600.000 euros), Participación (210.000 euros) y taxis (840.000 euros). Los 3,8 millones de euros municipales se complementarán con 400.000 euros del presupuesto propio. Por lo tanto, el Ayuntamiento otorgará ayudas por un importe de 4,2 millones.
Palma será uno de los 22 ayuntamientos de Mallorca para los cuales el Consell gestionará a través de ajutsmallorca.com las ayudas provenientes del fondo mixto de Consell, Govern y ayuntamientos. Otros 28 ayuntamientos convocan y tramitan las ayudas directamente.
Puedes descargar a través de los siguientes enlaces lanota informativa de prensa de la Presidencia del Govern balear, en formato pdf, tanto en catalán como en castellano.
En 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 te ayudamos en la tramitación de las ayudas a que da derecho este convenio si eres destinatario. Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮 (971728010) o 𝗖𝗮𝗹𝘃𝗶𝗮 (971132359) o a través del correo electrónico 𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆@𝗺𝗼𝘆𝗮𝗲𝗺𝗲𝗿𝘆.𝗰𝗼𝗺
