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La tarifa plana para autónomos societarios

Un autónomo societario es quien han constituido una mercantil con persona jurídica para desarrollar su actividad. Hasta el año 2020 no existía lo que ha dado en llamarse “tarifa plana” -bonificaciones en sus cuotas a la seguridad social- para este tipo de profesionales.

Los requisitos principales para disfrutar de la reducción de la cuota de autónomo societario en que consiste la “tarifa plana” son:

  • no tener deudas pendientes con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.
  • Darse de alta por primera vez en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA).
  • En caso de trabajadores que ya estuvieran de alta en el RETA: que hayan transcurrido al menos dos años de su última alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), o bien que hayan transcurrido 3 años en caso de haber disfrutado cualquier otra bonificación.

El autónomo societario tendrá que elegir para este año 2022 su base de cotización, lo que determinará el importe que deba satisfacer mensualmente a la Seguridad Social. La base mínima de cotización está fijada en 1.234,86 €, y si se opta por ella, la tarifa plana es de aproximadamente 85 € durante el primer año.

Además, después del primer año la cuota de autónomo societario es bonificada en un 50% desde el mes 12 al 18 y del 30% desde el mes 18 al 24.

Así, la tarifa plana de un autónomo societario supone un ahorro de 3.514,44 € el primer año; 1.133,61 € del mes 12 al 18 y 680,16 € del mes 18 al 24.

Pese a que la “tarifa plana” fue aprobada en el año 2013, no fue hasta el año 2020 cuando los autónomos societarios han podido efectivamente disfrutarla. Por este retraso, todos los que cumplieran con los requisitos para ello pero no hayan podido disfrutar la tarifa plana, habiendo pagado de más en sus cuotas (por no haber podido acceder a la bonificación), pueden reclamar como ingresos indebidos a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

¿Todavía tienes dudas? ¿Quieres acogerte a la tarifa plana para autónomos societarios? Pide cita con Moya&Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.


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La nueva regulación de los ERTE con la aprobación de la Reforma Laboral

Tanto si eres empresario como trabajador te interesa conocer los cambios que la reciente aprobación de la Reforma Laboral ha deparado para los ERTE. Echa un vistazo a nuestro blog para conocerlo todo sobre:

• la nueva regulación de los ERTE ETOP (por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) y los ERTE Fuerza Mayor
• la cotización durante los ERTE
• las exenciones a la cotización

Lee toda la información que buscas en el completo artículo publicado por el portal jurídico ElDerecho.com que te transcribimos a continuación y no olvides visitar todas nuestras entradas de blog acerca de la reforma laboral:


Nueva regulación de los ERTE tras la aprobación de la Reforma Laboral

FUENTE: ElDerecho.com AUTOR: Redacción Lefebvre

A. ERTE por causas ETOP y por fuerza mayor

Se modifica la regulación de los ERTE ETOP y por fuerza mayor con vigencia desde el 31-12-2021. Con relación a los ERTES por fuerza mayor se prevé su tramitación por impedimento o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública. Asimismo, se regulan las acciones formativas a desarrollar durante los ERTE y la cotización durante los mismos. Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

Las novedades de la nueva regulación son las siguientes:

ERTE por causas ETOP

 Las modificaciones incluidas son las siguientes:

1. Se regula la posibilidad tanto de suspender el contrato como de reducir la jornada temporalmente por causas ETOP, manteniendo la definición de lo que se consideran causas económicas, organizativas, técnicas y de producción.

2. Con relación al procedimiento, se inicia mediante comunicación a la autoridad laboral competente y la apertura simultánea de un periodo de consultas con la representación legal de las personas trabajadoras. Con relación al periodo de consultas, se establece los siguiente:

– Duración. Se establece que no puede superar los 15 días. Como novedad, se reduce a 7 días en caso de empresas de menos de 50 personas trabajadoras de plantilla.

– Comisión negociadora. Se reduce el plazo máximo para su constitución a 5 días (antes 7) desde la comunicación y cuando no se cuente con RLT el plazo se reduce a 10 días (antes 15). Transcurrido estos plazos la dirección de la empresa puede comunicar formalmente a la representación de las personas trabajadoras y a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas ya que su falta de constitución no impide el inicio y transcurso del periodo de consultas.

– Finalización: se regula la comunicación a las personas trabajadoras y a la autoridad laboral de las medidas adoptadas (reducción de jornada o suspensión de contratos) estableciendo:

– que debe incluir el periodo dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación de estas medidas;

– que la autoridad laboral debe recabar un informe preceptivo de la ITSS sobre los extremos de dicha comunicación y sobre el desarrollo del periodo de consultas. El informe debe evacuarse en el plazo de 15 días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas, quedando incorporado al procedimiento;

– la falta de comunicación produce la caducidad del procedimiento en los términos que reglamentariamente se establezcan.

– Si se declara injustificada la medida, la medida incluirá, además del reintegro de las prestaciones, el ingreso de las diferencias de cotización en la Seguridad Social-

3. Se regula la posibilidad de prorrogar la medida con las siguientes características:

– la empresa puede comunicar en cualquier momento la necesidad de prórroga, que se debe tratarse en un periodo de consultas con una duración máxima de 5 días;

– la decisión empresarial se comunica a la autoridad laboral en  7 días, con efectos desde el fin de dicho periodo.

ERTE Fuerza mayor temporal

Se regulan los supuestos de reducción de jornada y suspensión de los contratos con las siguientes características:

1. El procedimiento se inicia mediante solicitud de la empresa a la autoridad laboral competente, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y simultánea comunicación a la RLT. Asimismo, se establece lo siguiente:

La existencia de fuerza mayor temporal debe ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.

– Es preceptivo un informe preceptivo de la ITSS antes de dictar resolución, que debe pronunciarse sobre la concurrencia de la fuerza mayor.

– La resolución de la autoridad laboral sobre la existencia de fuerza mayor debe dictarse en el plazo de 5 días desde la solicitud. Surte efectos desde el hecho causante de la fuerza mayor, y hasta la fecha determinada en la misma resolución. En caso de falta de resolución expresa el expediente se entiende autorizado (silencio positivo).

– Si trascurrido el plazo máximo fijado en la resolución la situación de fuerza mayor se mantiene, debe solicitarse una nueva autorización.

2. Cuando la fuerza mayor sea consecuencia de impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública competente- incluyendo las adoptadas por protección de la salud pública- se aplica el procedimiento anterior. No obstante:

– no es preceptiva la solicitud de informe a la ITSS;

– la empresa debe justificar la existencia de las concretas limitaciones o del impedimento a su actividad como consecuencia de la decisión de la autoridad competente;

– la autoridad laboral autoriza el expediente limitaciones o impedimento de la actividad lo justifica.

Normas comunes a los ERTES ETOP Y Fuerza mayor temporal

1. La reducción de jornada por esta causa puede ser de entre un 10% y un 70% y computarse sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual. En la medida en que sea posible se deben priorizar las medidas de reducción frente a las de suspensión de contratos.

2. Junto con la notificación, comunicación o solicitud, la empresa debe comunicar a la autoridad laboral a través de los procedimientos automatizados que se establezcan:

– el periodo de aplicación de la medida;

– la identificación de las personas trabajadoras incluidas en el ERTE;

– tipo de medida a aplicar respecto de cada una de las personas trabajadoras y el porcentaje máximo de reducción de jornada o el número máximo de días de suspensión de contrato a aplicar.

3. Durante el periodo de aplicación del expediente, se aplican las siguientes limitaciones:

– la empresa puede desafectar y afectar a las personas trabajadoras informando a la RLT, previa comunicación a la entidad gestora de las prestaciones sociales y conforme a los plazos establecidos reglamentariamente a la TGSS.

– no pueden realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de actividad ni concertarse nuevas contrataciones laborales. Sí es posible cuando las personas afectadas no puedan desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras.

4. Si desarrollan acciones formativas pueden acceder a beneficios en materia de cotización y tener derecho a un incremento de crédito para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada para las empresas, en la siguiente cuantía (L30/2015 art.9.7 redacc RDL 32/2021):

– De 1 a 9 personas trabajadoras: 425 euros por persona.

– De 10 a 49 personas trabajadoras trabajadores: 400 euros por persona.

– De 50 o más personas: 320 euros por persona.

La obtención de los beneficios en la cotización se condiciona al mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras afectadas durante los 6 meses siguientes a la finalización del periodo de aplicación de estos (LGSS disp.adic.39.10 redacc RDL 32/2021)

5. Durante el ERTE de suspensión o reducción se puede acceder a la prestación por desempleo (LGSS art.267 redacc RDL 32/2021).

6. Se prevé que la TGSS, el SEPE y la ITSS tengan acceso a través de los procedimientos automatizados que se establezcan a:

–  todos los datos necesarios para la identificación y tipo del ERTE, de la empresa y de las personas trabajadoras incluidas en el expediente;

– el tipo de medida a aplicar;

– el período en el que se puede producir la reducción de jornada de trabajo o suspensión de los contratos de trabajo; y;

–  el porcentaje máximo de reducción de jornada o periodo máximo de suspensión de contrato previsto respecto de cada persona trabajadora (ET disp.adic.26 redacc RDL 32/2021).

B. Mecanismo RED de flexibilidad o estabilización en el empleo

Con vigencia desde el 31-12-2021 se crea el Mecanismo RED. Permite que las empresas soliciten, de manera voluntaria, a la autoridad laboral la reducción de la jornada de trabajo o, si esta no resulta viable, la suspensión de los contratos de trabajo. Se regulan dos tipos de mecanismo, el sectorial y el cíclico y requiere la activación del Consejo de Ministros. Se establece una nueva prestación para los trabajadores afectados.

1. Funcionamiento

Con vigencia desde el 31-12-2021 se incluye un nuevo precepto en el ET (art.47.bis) que crea el Mecanismo RED. Este mecanismo permite que las empresas soliciten, de manera voluntaria, a la autoridad laboral la reducción de la jornada de trabajo o, si esta no resulta viable, la suspensión de los contratos de trabajo. En todo caso, la reducción de jornada debe ser de entre un 10% y un 70%. Se computa sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual.

Modalidades

a) Cíclica. Cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización, con una duración máxima de un año.

b) Sectorial. Cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras. Su duración máxima inicial es de 1 año, con la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.

Puesta en marcha

La puesta en marcha de la medida requiere la activación del Mecanismo, a propuesta conjunta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el MTES y el MISSM, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Con carácter previo, debe informarse a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal. Cuando la modalidad sea sectorial, las organizaciones sindicales y más representativas a nivel estatal pueden solicitar la comisión tripartita del Mecanismo RED.

Las decisiones y consideraciones incorporadas en el Acuerdo del Consejo de Ministros en ningún caso pueden entenderse como justificación o aval para la adoptar medidas con relación al empleo o a las condiciones de trabajo.

Procedimiento

A. Solicitud. La reducción de la jornada o la suspensión de los contratos de trabajo en cualquiera de sus centros de trabajo, una vez activado el mecanismo, se solicita voluntariamente por la empresa a la autoridad laboral. Cuando la modalidad sea sectorial, la solicitud debe acompañarse un plan de recualificación de las personas afectadas.

B. Tramitación. Según establecido con carácter general (ET art.47.3 y 7 redacc RDL 32/2021). No obstante, debe tenerse en cuenta las siguientes particularidades:

a) La autoridad laboral debe remitir el contenido de la solicitud empresarial a la IITSS y recabar su informe preceptivo de esta sobre la concurrencia de los requisitos. El plazo para evacuar el informe es de 7 días improrrogables desde la notificación de inicio por parte de la empresa a la autoridad laboral.

b) La autoridad laboral dicta la resolución en el plazo de 7 días naturales a partir de la comunicación de la conclusión del periodo de consultas. Si no hay pronunciamiento expreso, se autoriza la medida.

c) Si el período de consultas concluye con acuerdo, la autoridad laboral autoriza la aplicación del mecanismo. Si concluye sin acuerdo, la autoridad laboral estima la solicitud si de la documentación aportada,  deduce que concurre la situación cíclica o sectorial,  desestimándola en caso contrario.

Limitaciones

Son las siguientes:

– La empresa puede desafectar y afectar a las personas trabajadoras en función de la recuperación de los niveles de actividad a través de los procedimientos automatizados que establezcan dichas entidades (SEPE y TGSS) y previa información a la RLT.

– No se pueden realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de actividad ni concertarse nuevas contrataciones laborales. Esta prohibición no se aplica cuando las personas en suspensión contractual o reducción de jornada no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información a la representación legal de los trabajadores.

Beneficios

Se prevén los siguientes beneficios:

A. Beneficios de cotización, consistentes en exenciones sobre la aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta que se aplican en la siguiente cuantía:

1. ERTE Mecanismo RED en su modalidad cíclica:

– 60% desde la fecha en que se produzca la activación, por acuerdo del Consejo de Ministros, hasta el último día del cuarto mes posterior a dicha fecha de activación;

– 30% durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la terminación del plazo anterior;

– 20% durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la terminación del plazo al que se refiere el punto 2º anterior.

2. ERTE Mecanismo RED en su modalidad sectorial: 40%. Estas exenciones únicamente se aplican si las empresas desarrollan acciones formativas (ET disp.adic.25 redacc RDL 32/2021).

Para obtener beneficios de cotización las empresas deben mantener el empleo de los afectados durante los 6 meses siguientes a la finalización del periodo de aplicación. En caso de incumplimiento, la empresa debe reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas en relación a la persona trabajadora respecto de la cual se haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de demora correspondientes(LGSS disp.adic 39ª. 10 redacc RDL 32/2021)

El compromiso de mantenimiento del empleo se entiende incumplido si se produce la extinción del contrato de trabajo, durante el periodo de 6 meses desde la finalización del periodo de referencia acordado o autorizado. Por el contrario, no se considera incumplido cuando:

– el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora;

– por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo.

– cuando el contrato sea temporal y se extinga por finalización de su causa, o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

B. Formación profesional. Las empresas que desarrollen acciones formativas a favor de las personas cubiertas por el Mecanismo RED tienen derecho a un incremento de crédito para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada. Su cuantía es la siguiente (L30/2015 art.9.7 redacc RDL 32/2021):

– De 1 a 9 personas trabajadoras: 425 euros por persona.

– De 10 a 49 personas trabajadoras trabajadores: 400 euros por persona.

– De 50 o más personas: 320 euros por persona.

C. Medidas de protección social. Las personas trabajadoras cubiertas por un Mecanismo RED se benefician de las medidas en materia de protección social y tienen la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral (LGSS disp.adic.41ª redacc RDL 32/2021)

Control y financiación del Mecanismo RED

Corresponde a la ITSS colaborar para el desarrollo de actuaciones efectivas de control de la aplicación del Mecanismo, mediante la programación de actuaciones periódicas y de ejecución continuada. A tal efecto, tendrá acceso a los datos incorporados mediante procedimientos automatizados y aplicaciones que le permitan conocer los extremos relativos a la aplicación de los Mecanismos, las exoneraciones y prestaciones correspondientes, con el objetivo de desarrollar las debidas actuaciones de control.

Para su financiación se constituirá, adscrito al MTES, un Fondo RED de flexibilidad y estabilización con la finalidad de atender a las necesidades futuras de financiación derivadas de la modalidad cíclica y sectorial del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados a la formación, en la forma y condiciones previstas en su normativa de desarrollo. Serán recursos de este Fondo:

– los excedentes de ingresos que financian las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo y asistencial;

– las aportaciones que se consignen en los PGE;

– las aportaciones procedentes de los instrumentos de financiación de la UE orientados al cumplimiento del objeto y fines del Fondo; y

– los rendimientos de cualquier naturaleza que genere el Fondo.

2. Protección social del Mecanismo RED

Con vigencia desde el 31-12-2021 se regula la protección social del Mecanismo RED (LGSS disp.adic.41 redacc RDL 32/2021). Se trata de una prestación a la que pueden acceder las personas trabajadoras por cuenta ajena, cuando por aplicación de este mecanismo, vean suspendido su contrato o reducida su jornada temporalmente, siempre que su salario sea objeto de análoga reducción. Para acceder a la prestación no es necesario acreditar un previo periodo mínimo de cotización a la Seguridad Social.

La norma también se posibilita el acceso a la prestación a las personas que tengan la condición de socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado incluidas en el RGSS o RE con protección de la contingencia por desempleo.

Es necesario que la relación laboral o societaria se haya iniciado con anterioridad a la fecha de efectos de la resolución de la autoridad laboral autorizando la aplicación del Mecanismo RED o a la fecha del inicio del procedimiento para su aplicación. Para acceder a la prestación es necesaria la inscripción de la persona trabajadora ante el SEPE de empleo competente.

Los requisitos de la prestación son los siguientes:

a) Es incompatible con:

– la percepción de prestaciones o subsidios por desempleo;

– la prestación por cese de actividad;

– la renta activa de inserción;

– la obtención de otras prestaciones económicas de la SS, salvo que hubiesen sido compatibles con el trabajo;

– la percepción de otra prestación del Mecanismo RED.

En caso de tener derecho a una de ellas, se puede optar por la que se estime más favorable. Asimismo, no es posible percibir, de forma simultánea, prestaciones derivadas de dos o más mecanismos Red.

b) Respecto del procedimiento para la solicitud y reconocimiento de la prestación, debe seguir las siguientes reglas:

– La empresa deberá formular la solicitud, en representación de las personas trabajadoras, en el modelo establecido al efecto en la página web o sede electrónica del SEPE. En la solicitud deben constar:

  • los datos de todas las personas trabajadoras afectadas por la aplicación del Mecanismo RED, necesarios para el reconocimiento del derecho;
  • la naturaleza de la medida aprobada por la Autoridad Laboral; y
  • en caso de reducción de jornada, el porcentaje máximo de reducción autorizado.

De forma transitoria, y hasta que se desarrolle reglamentariamente, la empresa debe comunicar al SEPE los periodos de inactividad de los afectados por la suspensión o reducción de las medidas adoptadas. El procedimiento para esta comunicación se regulará por la Dirección General del SEPE (RDL 32/2021 disp.trans.8ª).

– El plazo para la presentación de esta solicitud es de 1 mes, a computar desde la notificación de la resolución autorizando la aplicación del Mecanismo RED o desde el certificado de silencio administrativo. Si se presenta fuera de plazo, el derecho nace el día de la solicitud y la empresa debe abonar a la persona trabajadora el importe que le hubiese correspondido.

– La base reguladora es el promedio de las bases de cotización en la empresa por AT/EP,  excluidas las horas extraordinarias, correspondientes a los 180 días anteriores al inicio de la aplicación de la medida. Si no se acreditan 180 días, se calcula en función de las bases correspondientes al periodo inferior acreditado.

– La cuantía de la prestación es del 70% de la base reguladora. La cuantía máxima no puede superar el 225% del IPREM incrementado en una sexta parte. Si la relación laboral es a tiempo parcial se determina en función del promedio de las horas trabajadas. Durante su aplicación, la empresa ingresa la aportación de la cotización que le corresponda y la entidad gestora ingresar la aportación del trabajador, previo descuento de su importe de la cuantía de su prestación.

– Es compatible con la realización de otro trabajo a tiempo parcial. No obstante, no se deduce de su cuantía la parte proporcional al tiempo trabajado.

– La duración se extiende hasta la finalización del período temporal de referencia dentro del que se aplica la suspensión del contrato o el porcentaje de reducción de jornada autorizados.

c) No se consumen las cotizaciones previas no utilizadas para el acceso a un derecho anterior. Asimismo, el tiempo de percepción de la prestación no se considera consumido de la duración en futuros accesos a la protección por desempleo. No obstante, este periodo no tiene la consideración de periodo de ocupación cotizada.

d) La prestación se suspende cuando se suspensa la relación laboral -por causa distinta del mecanismo RED-; y se extingue si se causa baja en la empresa por cualquier motivo, así como por imposición de sanción, en los términos previstos en la LISOS.

e) La gestión de estas prestaciones corresponde al SEPE. También le corresponde la gestión de las prestaciones indebidamente percibidas y el reintegro de las prestaciones de cuyo pago sea directamente responsable el empresario. En caso de trabajadores pertenecientes al RE mar, la competencia es del ISM.

f) La competencia sobre conocer sobre las resoluciones dictadas por la entidad Gestora le corresponde a la jurisdicción social.

g) Esta prestación se financia con cargo al Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.

3. Normas comunes ERTES ETOP, Fuerza mayor y Mecanismo RED

a) Normas de cotización aplicables durante los ERTE

Con vigencia desde el 31-12-2021 se modifica la LGSS para regular la cotización a la Seguridad Social durante los ERTE de suspensión y reducción de jornada, ya de carácter general o incluidos en el mecanismo RED, o en virtud de la resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal. La nueva regulación es la siguiente (LGSS art.153.bis redacc RDL 32/2021):

– Obligación de cotizar. La empresa está obligada a ingresar las cuotas correspondientes a la aportación empresarial. En caso de causarse la prestación por desempleo o de sostenibilidad asociada  al Mecanismo RED, la obligación de ingresar la aportación del trabajador corresponde a la entidad gestora (LGSS art.273.2 y disp.adic. 10 redacc RDL 32/2021).

– Base de cotización. Es el promedio de las bases correspondientes a los 6 meses naturales inmediatamente anteriores al inicio de cada situación de reducción de jornada o suspensión del contrato, con independencia de su procedencia de dichas bases de cotización. Para su cálculo debe tenerse en cuenta el número de días en situación de alta durante el período de los 6 meses indicado. En caso de de reducción temporal de jornada, debe reducirse en función de la jornada de trabajo no realizada.

– No se aplican las normas de cotización correspondientes a las situaciones de incapacidad temporal, descanso por nacimiento y cuidado de menor, y riesgo durante el embarazo y la lactancia natural.

b) Acciones formativas durante los ERTE

Con vigencia desde el 31-12-2021, regula la realización de acciones formativas durante los ERTE- tanto por causas ETOP y FM como los incluidos en el Mecanismo RED-.

Su objetivo es la mejora de las competencias profesionales y la empleabilidad de las personas trabajadoras (ET disp.adic.25 redacc RDL 32/2021)

Se prioriza el desarrollo de las acciones formativas dirigidas a atender las necesidades formativas reales de las empresas y trabajadores, incluidas la adquisición de competencias digitales. También se permite la realización de acciones formativas que permitan recualificar a las personas trabajadoras aunque no tengan relación directa con la con la actividad desarrollada por la empresa.

Las acciones formativas pueden desarrollarse a través de cualquiera de los tipos de formación previstos – teleformación, presencial y mixta – (LO 5/2002; L 30/2015) y durante la aplicación de la reducción de la jornada o suspensión del contrato en el ámbito de un ERTE o en tiempo de trabajo, con respeto a los descansos legalmente establecidos y al derecho a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

c) Exenciones a la cotización

Desde el 31-12-2021 se establecen beneficios en la cotización  para las empresas que durante la aplicación de los ERTE, tanto establecidos con carácter general, como incluidos en el Mecanismo RED, desarrollen acciones formativas (LGSS disp.adic.39 redacc RDL 32/2021) . Tendrán derecho a aplicar exenciones en la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta sobre la aportación empresarial (LGSS art.153.bis redacc RDL 32/2021).

Cuantía

La cuantía de las exenciones, dependiendo del tipo de ERTE, es la siguiente

a) ERTES por causas ETOP: 20%.

b)ERTES por fuerza mayor: 90%.

c)ERTES por fuerza mayor de impedimento o limitación en la actividad normalizada de la empresa: 90%.

d) ERTE Mecanismo RED en su modalidad cíclica:

– 60% desde la fecha en que se produzca la activación, por acuerdo del Consejo de Ministros, hasta el último día del cuarto mes posterior a dicha fecha de activación;

– 30% durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la terminación del plazo anterior;

– 20% durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la terminación del plazo al que se refiere el punto 2º anterior.

ERTE Mecanismo RED en su modalidad sectorial: 40%.

De tratarse de ERTES ETOP o de Mecanismo Red en su modalidad sectorial, estas exenciones únicamente se aplican si las empresas desarrollan acciones formativas (ET art.disp.adic.25).

Asimismo, se prevé que el Consejo de Ministros, atendiendo a la coyuntura macroeconómica general o la situación de determinado sector, pueda impulsar las  las modificaciones legales necesarias para modificar los porcentajes de las exenciones en la cotización establecidas o establecer la aplicación de estas exenciones a la cotización debida por las personas trabajadoras reactivadas, tras los períodos de suspensión del contrato o de reducción de la jornada, en el caso del Mecanismo RED.

Características

Las características de los beneficios son las siguientes:

a) Se aplican respecto de las personas trabajadoras afectadas, en alta en los códigos de cuenta de cotización de los centros de trabajo afectados.

b) No tienen efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos.

c) Se financian con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social, de las MCSS, del SEPE y del FOGASA, respecto a las aportaciones que financien las prestaciones cubiertas por cada uno de ellos.

d) Se aplican por la TGSS a instancia de la empresa. A tal efecto la empresa, previamente, debe:

– Comunicar la identidad de las personas trabajadoras y el periodo de la suspensión o reducción de jornada;

– Presentar una de declaración responsable, respecto de cada código de cuenta de cotización y mes devengo. Debe hacer referencia a:

  • a existencia como al mantenimiento de la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo;
  • al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación de estas exenciones;
  • la obtención de la correspondiente resolución de la autoridad laboral emitida de forma expresa o por silencio administrativo.

De tratarse de ERTES ETOP o de Mecanismo Red en su modalidad sectorial, junto con la comunicación de la identificación de las personas afectadas y el periodo de suspensión o de reducción, debe presentarse una declaración responsable sobre el compromiso de la empresa de realización de actividades formativas.

La presentación de la declaración debe producirse antes de solicitar el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al periodo de devengo de las primeras cuotas sobre las que tengan efectos dichas declaraciones. Si se presenta en un momento posterior dentro del plazo reglamentario correspondiente, las exenciones únicamente se aplican a las liquidaciones presentadas con posterioridad, pero no a los períodos ya liquidados.

Las comunicaciones y las declaraciones responsables se realizan mediante la transmisión de los datos que establezca la TGSS, a través del Sistema RED. A su vez, la TGSS debe comunicar al SEPE la relación de personas trabajadoras por las que las empresas se han aplicado las exenciones por la realización de acciones formativas, que debe verificar que la realización de las acciones formativas se realiza cumpliendo todos los requisitos.

e) En caso de incumplimiento de las obligaciones formativas (supuesto de ERTE ETOP o Mecanismo Red en su modalidad sectorial), el SEPE debe informar a la ITSS para que inicie los correspondientes expedientes sancionadores y liquidatorios de cuotas respecto de cada una de las personas trabajadoras por las que no se hayan realizado dichas acciones. En caso de acreditar el incumplimiento, la empresa debe ingresar el importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas respecto de cada trabajador en el que se haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de demora correspondientes. Por el contrario, no procede el reintegro si la empresa acredita haber puesto a disposición de las personas trabajadoras las acciones formativas y esta no las ha realizado.

f) Clausula de mantenimiento del empleo. El mantenimiento de los beneficios en materia de cotización está condicionado al mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras afectadas durante los 6 meses siguientes a la finalización del periodo de vigencia del ERTE. Se considera incumplido si se produce la extinción del contrato de trabajo, durante el periodo de 6 meses desde la finalización del periodo de referencia acordado o autorizado. Por el contrario, no se considera incumplido cuando:

– el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora;

– por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo.

– cuando el contrato sea temporal y se extinga por finalización de su causa, o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

Las consecuencias del incumplimiento son que la empresa debe reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas en relación a la persona trabajadora respecto de la cual se haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, previa comprobación por la ITSS.

FUENTE: ElDerecho.com AUTOR: Redacción Lefebvre


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En caso de cobrar el subsidio de mayores de 52 años, ¿en qué consiste la declaración anual que debo presentar?

Para seguir percibiendo el subsidio de mayores de 52 años, debe presentar cada año una declaración de sus rentas acompañada de la documentación que las justifique, en su caso.

Si sus ingresos no han superado en ningún mes el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), podrá tramitar la declaración anual a través de Internet en la Sede Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), siempre que disponga de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña Cl@ve.

Si no dispone de clave de acceso a Internet o sus rentas han superado en algún mes el citado importe, para presentar la declaración deberá acudir a su oficina de prestaciones, previa petición de cita en la Web del SEPE o por teléfono.

Este documento de declaración de rentas debe presentarlo cuando transcurran doce nuevos meses desde el nacimiento del derecho al subsidio, o cada vez que transcurran doce nuevos meses desde la última reanudación. El plazo de presentación es de quince días hábiles a partir de la fecha indicada.

Si no presenta dicha declaración, se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización.

¿Todavía tienes dudas sobre el subsidio para desempleados mayores de 52 años o sobre la declaración de rentas y documentación justificativa de las mismas para poder cobrarlo? Pide cita en Moya&Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià. Resolveremos tus dudas y te ayudaremos en todo lo relacionado con tu subsidio o prestación.


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Novedades de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital

A continuación, te mostramos las principales novedades y mejores introducidas en la Ley 19/2021 de 20 de diciembre, por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital tras su trámite parlamentario, las cuales serán de aplicación desde el inicio de 2022:

  • Se establece un complemento de ayuda a la infancia, para los beneficiarios de la prestación que tengan menores a cargo y para otras familias de rentas bajas, que no superen el 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar y que no superen el 150% del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar.
  • Se fijan mejoras de la cobertura para colectivos especialmente vulnerables (víctimas de violencia de género, trata y explotación sexual) y jóvenes que han estado bajo la tutela de las entidades públicas.
  • Se equiparan de las condiciones de las familias monoparentales con cuatro o más hijos o menores a cargo.
  • Se exceptúan las prestaciones de personas por dependencia y las prestaciones o subsidios por desempleo del cómputo de rentas
  • Se reduce el plazo de antigüedad de la unidad de convivencia a 6 meses.
  • El requisito de vida independiente para acceder a la prestación de los menores de 30 años se reduce a 2 años.
  • Se introduce la posibilidad de solicitar el IMV con los ingresos del año en curso (elevándose los umbrales de renta y patrimonio) para responder a situaciones de pobreza sobrevenida.
  • Se pone en marcha el Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital, para permitir a las entidades colaboradoras acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación y colaborar así en la gestión del IMV.

Puedes ver la norma en formato pdf aquí.

¿Quieres saber más sobre el ingreso mínimo vital y las novedades introducidas por la Ley 19/2021 de 20 de diciembre? Lee el artículo del portal Noticias Jurídicas que transcribimos a continuación:


Ley 19/2021: Novedades del ingreso mínimo vital

FUENTENoticiasJuridicas.com REDACCIÓN

La nueva normativa introduce un complemento de ayuda a la infancia y mejora la cobertura de colectivos especialmente vulnerables

Tras su trámite parlamentario, se han introducido en esta ley una serie de mejoras, que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2022. Una de ellas es el complemento de ayuda a la infancia, que llegará a los beneficiarios de la prestación con menores a cargo, pero también a otras familias de rentas bajas, ya que se elevarán los umbrales de renta garantizada y patrimonio establecidos para cada tipología de hogar, y que analizaremos más adelante (para menores entre 0 y 18 años)

Los hogares que lo recibirán serán aquellos que no superen el 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar y que no superen el 150% del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar; por lo tanto, lo cobrarán los actuales perceptores del IMV con menores a su cargo y otros hogares de rentas bajas, pero no en pobreza extrema.

Además, se han introducido mejoras para ampliar la cobertura de colectivos especialmente vulnerables (víctimas de violencia de género, trata y explotación sexual), como los jóvenes que han estado bajo la tutela de las entidades públicas. También se han igualado las condiciones de las familias monoparentales con cuatro o más hijos o menores a cargo. Respecto a las personas con discapacidad (superior al 65%) recibirán un complemento del 22% para la unidad de convivencia.

Finalmente, se ha exceptuado del cómputo de rentas las prestaciones que reciben las personas por dependencia y las prestaciones o subsidios por desempleo.

También se facilita el acceso al IMV a través de otras medidas, como la reducción del plazo de antigüedad de la unidad de convivencia de 12 a 6 meses. En el caso de los titulares menores de 30 años, se ha rebajado de 3 a 2 años el requisito de acreditación de vida independiente para solicitar la prestación.

Otras mejoras a destacar es que se ha convertido en permanente la posibilidad de solicitar la prestación con los ingresos del año en curso y se han elevado los umbrales de renta y patrimonio para estos casos, con el fin de que el IMV sea más sensible a las situaciones de pobreza sobrevenida.

Recientemente, el Ministerio de Inclusión puso en marcha el Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital, para permitir a las entidades colaboradoras acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación. Con esta medida, se permite a las entidades del tercer sector de acción social, las ONG, colaborar en la gestión del IMV, previa inscripción en dicho registro, otra medida con la que el Ministerio pretende ampliar el número de beneficiarios de la prestación.

La Ley 19/2021, con entrada en vigor el 1 de enero de 2022, se estructura en nueve capítulos, cuarenta y un artículos, diez disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, doce disposiciones finales y cuatro anexos. Veamos un resumen de las principales novedades de la norma:

1.Disposiciones generales

El capítulo I recoge las disposiciones generales del ingreso mínimo vital, regulando el objeto, el concepto y naturaleza, así como sus características. Recordemos que esta figura se considera como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, garantizándose una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias (art. 2.1).

2.Ámbito subjetivo

Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital (art. 4):

a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia (en los términos establecidos en la propia Ley).
b) Las personas de al menos 23 años que no se integren en una unidad de convivencia, siempre que no estén unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.

No se exigirá el cumplimiento del requisito de edad ni el de haber iniciado los trámites de separación o divorcio en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y explotación sexual; tampoco se exigirá a las personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes comunidades autónomas habiendo estado bajo la tutela de Entidades Públicas de protección de menores dentro de los tres años anteriores a la mayoría de edad, o sean huérfanos absolutos, siempre que vivan solos sin integrarse en una unidad de convivencia.

Además, podrán ser beneficiarias las personas que temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o socio-sanitario.

En cuanto a la titularidad, corresponde a las personas con capacidad jurídica que la soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia (en este último caso, la persona titular asumirá la representación de la citada unidad) (art. 5).

La norma incide en la unidad de convivencia, constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. Se regulan, asimismo, situaciones especiales para determinadas personas no integradas en unidades de convivencia (mujeres víctimas de violencia de género, parejas en trámites de separación, personas que abandonaron su domicilio por desahucio, etc., de acuerdo con el art. 6).

Requisitos de acceso (art. 10):

– Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud (hay excepciones a este plazo).
– Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes.

Otro de los puntos de interés es la situación de vulnerabilidad económica, que toma en consideración la capacidad económica de la persona solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, computándose los recursos de todos sus miembros (art. 11.1).

3.Acción protectora

Como sabemos, el ingreso mínimo vital consiste en una prestación económica que se fija y se hace efectiva mensualmente (art. 12).
La cuantía mensual de la prestación vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales. Es renta garantizada (art. 13.2):

a) En el caso de una persona beneficiaria individual, ascenderá al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dividido por doce. Se le sumará un complemento del 22% si el beneficiario individual tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

b) En la una unidad de convivencia, la cuantía mensual se incrementará en un 30% por miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo del 220%. Y a esta cuantía puede sumarse un complemento de monoparentalidad equivalente a un 22% de la cuantía de la letra a) si la unidad de convivencia es monoparental. También puede sumarse un 22% más si en la unidad de convivencia se incluye alguna persona con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%.

La cuantía del llamado complemento de ayuda para la infancia será, como se avanzó anteriormente, una cantidad mensual por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia, en función de la edad cumplida el día 1 de enero del correspondiente ejercicio, con arreglo a los siguientes tramos:

-Menores de tres años: 100 euros.
-Mayores de tres años y menores de seis años: 70 euros.
-Mayores de seis años y menores de 18 años: 50 euros.

Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros.

La Ley regula también el derecho a la prestación y pago, la duración (mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos legales), la modificación y actualización de la cuantía (mediante la revisión por la entidad gestora), la suspensión del derecho (por pérdida temporal de algún requisito, o incumplimiento temporal de alguna obligación, como medida cautelar, etc.), la extinción total (incluyendo el fallecimiento, la pérdida definitiva de los requisitos, la posible resolución sancionadora, la renuncia, etc.), el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, reglas sobre el cómputo de los ingresos y el patrimonio, la acreditación de los requisitos, la obligación de comunicación de los certificados por parte de los servicios sociales hacia la entidad gestora, y normas sobre cesión de datos y confidencialidad de los mismos.

4.Procedimiento

Es de aplicación lo previsto en el art. 129 LGSS, sin perjuicio de algunas especialidades.

La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social; las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social el oportuno convenio que les habilite para ello.

Tras la oportuna solicitud (art. 27) se inicia la tramitación del expediente (art. 28) que culmina con resolución del INSS en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de entrada en el registro de dicha solicitud. En cualquier caso, corresponde a este órgano la supervisión del cumplimiento de los requisitos.

5.Cooperación entre las Administraciones públicas

La norma distingue la cooperación administrativa en el ejercicio de las funciones de supervisión (art. 30), la cooperación para la inclusión social de las personas beneficiarias (mediante estrategias del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones en colaboración con departamentos ministeriales, comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones empresariales y sindicales mas representativas, etc., según el art. 31).

La regulación se completa con mecanismos de colaboración con las Administraciones (asistencia recíproca entre órganos e intercambio de información) y la creación de dos órganos: la Comisión de seguimiento, como órgano de cooperación administrativa para el seguimiento de aplicación del contenido de la Ley, y el Consejo consultivo, órgano de consulta y participación de las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones sindicales y empresariales.

6.Régimen de financianción

Como prestación no contributiva de la Seguridad Social, se financiará de conformidad con lo previsto en el artículo 109 LGSS.

7.Régimen de obligaciones

Entre otras, las personas titulares deben, durante el tiempo de percepción de la prestación (art. 36):

-Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones.
-Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de 30 días naturales desde que estos se produzcan.
-Comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en el Padrón municipal que afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro que forme parte de la unidad de convivencia, en el plazo de 30 días naturales desde que se produzcan.
-Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
-Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al extranjero, tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por un periodo, continuado o no, superior a 90 días naturales durante cada año natural, así como, en su caso, justificar la ausencia del territorio español.
-Presentar anualmente declaración correspondiente al IRPF.
-Si no están trabajando y son personas mayores de edad o menores emancipadas, acreditar, dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la resolución por la que se concede la prestación, que figuran inscritas como demandantes de empleo (existen excepciones a esta obligación).
-En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o actividad económica, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.
-Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
-Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
El régimen se completa con las obligaciones de las personas integrantes de la unidad de convivencia, y también con la obligación de los Ayuntamientos de comunicar los cambios que se produzcan en el Padrón.

8.Infracciones y sanciones

El capítulo VIII de la Ley (arts. 38 a 40) determina la diferenciación entre infracciones leves, graves y muy graves.
Son infracciones leves no proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello no se haya derivado la percepción o conservación indebida de la prestación.

Son infracciones graves:

a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50% de la que le correspondería.
b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de 30 días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50% de la que le correspondería.
c) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves del mismo tipo.
d) El incumplimiento de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
e) El incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica.

Son infracciones muy graves:

a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50% de la que le correspondería.
b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de 30 días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50% de la que le correspondería.
c) El desplazamiento al extranjero, por tiempo superior a noventa días al año, sin haber comunicado ni justificado al INSS con carácter previo su salida de España.
d) Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, mediante la aportación de datos o documentos falsos.
e) La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves del mismo tipo.
f) El incumplimiento reiterado de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
g) El incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica.

Se añade un catálogo de sanciones, que podrán imponerse en los grados mínimo, medio y máximo. A grandes rasgos, y sin perjuicio de algunas especialidades:

-Las infracciones leves serán sancionadas con el apercibimiento de la persona infractora.
-Las infracciones graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo de hasta 3 meses. Se castigarán en su grado mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo de un mes, en su grado medio de 2 meses y en su grado máximo de 3 meses (cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción consistirá en el deber de ingresar tres mensualidades de la prestación).
-Las infracciones muy graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo de hasta 6 meses. Se castigarán en su grado mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo de 4 meses, en su grado medio de 5 meses y en su grado máximo de 6 meses.

Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracción muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa, dentro de los 5 años anteriores a la comisión de una infracción muy grave, se extinguirá la prestación y acarreará la imposibilidad de que el sujeto infractor resulte persona beneficiaria durante 5 años.

9.Régimen de control interno de la prestación

El artículo 41 conforma el capítulo IX y último regulando la modalidad de control sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación de la prestación, que será la función interventora y el control financiero permanente, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria; se exceptúa la relación de las comunidades autónomas con el INSS, para la que se reserva la modalidad de control financiero permanente de forma exclusiva.

10. Últimas disposiciones

La norma se cierra con:

Disposiciones adicionales: sobre colaboración de las empresas al tránsito de los beneficiarios del IMV a la participación activa en la sociedad; la competencia del Registro de Prestaciones Sociales Públicas; la concesión de un crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ejercicio 2020 (500 millones de euros); posibles formas de gestión a estudiar por el Ejecutivo; la aplicación en los territorios forales (a través de posibles convenios con encomienda de gestión); la habilitación al titular de la Dirección del INSS para aprobar modelos normalizados; la exención del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios, y también por la expedición del DNI a menores de 14 años; el procedimiento especial de reintegro de renta mínima autonómica indebidamente percibida con motivo del reconocimiento de la prestación del IMV; y el reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia a los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%.

Disposiciones transitorias: se ocupan de los requisitos de las prestaciones económicas del IMV hasta el 31 de diciembre de 2022 (a partir del 1 de enero de 2023 la prestación transitoria devendrá en la prestación de IMV si se cumplen los requisitos legales y el interesado aporta antes del 31 de diciembre de 2022 la documentación que le requiera el INSS); la presentación de solicitudes (que veremos en la parte final); el régimen transitorio de aplicación del control financiero permanente; la exención del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios; la financiación del IMV durante 2020; la asignación por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33% e IMV; la colaboración de las Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la gestión de la prestación; y qué sucederá con los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.

-Por último, la Ley contempla una disposición derogatoria única, doce disposiciones finales (sobre modificación de determinadas normas y anuncio de futuro desarrollo reglamentario) y cuatro anexos (que contienen escalas de incrementos para el cálculo de la renta garantizada y el límite de patrimonio aplicable a los distintos supuestos).

Presentación de solicitudes

Si la solicitud se presentó antes del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

Si la solicitud se presentó a partir del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

FUENTENoticiasJuridicas.com REDACCIÓN


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Moya & Emery te informa de las novedades que son de utilidad para empresas, profesionales, autónomos

  • ¿Es posible 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝗱𝗮𝗱 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗲𝘂𝗿𝗼?
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  • ¿Qué 𝗼𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗮𝘆𝘂𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀 hay para empresarios y profesionales en Palma o Calvià?
  • ¿Cómo autónomo, me conviene 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝗿 𝗺𝗶 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝘁𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶ó𝗻 de cara al próximo 2022? ¿Qué plazo tengo para cambiarla?

Este martes, el abogado y economista 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹á𝘀 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 ha dedicado el consultorio de Radio Calvià FM a hablar de constituir una sociedad de forma rápida y barata, del bono o kit digital (para que mi empresa tenga presencia en internet, redes sociales, cree o mejore mi sitio web, amplíe negocio a través del comercio electrónico, digitalice mi empresa creando una oficina virtual, facturando electrónicamente y asegurando mis datos y comunicaciones), de otras ayudas en el término municipal de Palma y de Calvià para empresarios y profesionales, así como del cambio de base de cotización de los trabajadores autónomos.

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Ya en vigor el Real Decreto-ley 27/2021, que prorroga determinadas medidas económicas en apoyo de la recuperación económica

Ha sido publicado en el BOE y ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, que contiene la prórroga hasta el próximo 2022 de muchas medidas tomadas con anterioridad por el Gobierno frente a la crisis económica generada por la pandemia

Amén de otras aprobadas, entendemos que son las más significativas en lo referido a las empresas las siguientes medidas:

1. Avales

Se modifica el apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que queda redactado así:

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 40.000 millones de euros, hasta el 30 de junio de 2022. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.»“.

2. Medidas en el ámbito del derecho concursal

A) Obligación de declaración de concurso de acreedores

Modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, cuyo artículo 6 queda redactado así:

Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la Ley Concursal comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha.

Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Si hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.»”

B) Causa de disolución por pérdidas

Otra modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia es la del apartado 1 del artículo 13, que queda redactado así:

Artículo 363.1.e) TRLSC. «A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021. Si en el resultado del ejercicio 2022 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.»


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III Convocatoria de ayudas directas y a fondo perdido de la Fundació Mallorca Turisme para empresas y profesionales que desarrollen su actividad en Palma

El objeto de esta 3ª convocatoria es conceder ayudas directas a personas físicas y jurídicas que desarrollan su actividad económica en el municipio de Palma, que tengan menos de 20 trabajadores de media anual computando los diferentes centros de trabajo y con una facturación en 2019 inferior a un millón de euros, siempre que esta facturación haya disminuido durante el 2020 en una cantidad superior a un 20%.

Las ayudas serán de un importe de 2.000,00 € por centro de trabajo o establecimiento, con un máximo de dos establecimientos por persona beneficiaria (máximo: 4.000,00 €).

Estas ayudas son compatibles con la percepción de cualquier otra subvención procedente de cualquier entidad del sector público o privado, si bien, para poder optar a recibirla no se puede haber sido beneficiario de ayudas en la primera y segunda convocatoria de este ayuntamiento.

Toda la tramitación de solicitudes debe hacerse online.

Pincha en los enlaces a continuación para conocer el resto de las condiciones y requisitos para la obtención de las ayudas, consultar las bases de la convocatoria de ayudas en castellano o en catalán.

Y si tienes dudas, ven a Moya&Emery y te acompañaremos en el proceso de solicitud de tu ayuda y te informaremos de otras disponibles para tu negocio o actividad y en tu localidad. Pide cita con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.


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Aprobado en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley que amplía la moratoria concursal hasta el 30 de Junio de 2022

REAL DECRETO LEY DE PRÓRROGA DE MEDIDAS ECONÓMICAS PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN

El Consejo de Ministros aprobó ayer martes 23 de noviembre un Real Decreto Ley para impulsar determinadas medidas que apoyen la recuperación en España, en especial medidas de apoyo a autónomos y empresas.

AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE MEDIDAS DE APOYO A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

El Consejo de Ministros ha aprobado, en línea con la extensión de la vigencia del Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea, un Real Decreto-ley que amplía la vigencia de determinadas medidas de apoyo a autónomos y empresas para garantizar su plena recuperación y viabilidad.

Se trata de seguir apoyando la recuperación y solvencia del tejido productivo para que las empresas puedan aprovechar el nuevo entorno de crecimiento económico.

El Real Decreto-ley aprobado amplía la vigencia de las Líneas de Avales, prorroga el régimen de autorización previa de determinadas inversiones extranjeras y extiende algunas medidas en el ámbito concursal.

Por otra parte, cabe señalar que, debido a la ampliación del Marco Temporal, se mantienen vigentes hasta el 30 de junio de 2022 los fondos de recapitalización de empresas gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y COFIDES.

Medidas en el ámbito concursal

El Real Decreto-Ley aprobado establece también medidas en el ámbito concursal, ampliándose al ejercicio 2021 la medida excepcional establecida en la Ley 3/2020 de exclusión de los resultados a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas. Extiende, a su vez hasta el 30 de junio de 2022, la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores, con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo y dispongan de un margen adicional para restablecer su equilibrio patrimonial en tanto se tramita la modernización del régimen concursal español.

El objetivo de esta reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es reorientar el marco concursal dotándolo de nuevos instrumentos para la reestructuración temprana de empresas viables, avanzando en la segunda oportunidad para empresarios que sean personas físicas y agilizando los procesos concursales, con el fin de evitar la destrucción de empleo y de tejido productivo.

Ampliación de las Líneas de Avales

Los autónomos y empresas podrán acceder a financiación garantizada a través de las Líneas de Avales hasta el 30 de junio de 2022 para cubrir sus necesidades de liquidez o financiar sus proyectos de inversión.

Las Líneas de Avales puestas en marcha por el Instituto de Crédito Oficial han sido un instrumento clave para garantizar el mantenimiento del tejido productivo, especialmente durante los momentos más duros de la pandemia.

Desde la puesta en marcha de la Línea de Avales de Liquidez en marzo de 2020 por importe de 100.000 millones de euros y con la posterior aprobación de la segunda Línea de Avales para Inversión y Liquidez por importe de 40.000, se han garantizado hasta el 18 de noviembre de 2021, 1.137.891 operaciones y desplegado avales por importe de 101.945 millones de euros, que han permitido movilizar 133.975 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo. A estas cifras hay que añadir los 1.385 avales formalizados que se ha destinado a garantizar 81 operaciones de empresas que cotizan en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y que han movilizado 1.978 millones de euros.

El diseño, gestión y modelo de asignación de los avales han permitido que sean de las líneas más utilizadas en toda Europa y constituyen uno de los mayores y más eficaces ejemplos de colaboración público-privada.

Adicionalmente, se amplía hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de reintegro por parte de las Comunidades Autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. De esta forma, las Comunidades dispondrán de un plazo adicional para resolver los recursos de las convocatorias ya cerradas.

Extensión de la suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras

El Real Decreto-ley amplía hasta el 31 de diciembre de 2022 la extensión de la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras, en determinados sectores, procedentes de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas, si la inversión es superior a 500 millones de euros.

La ampliación de la vigencia de esta medida tiene como objetivo proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos.

Si quieres leer más información sobre las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de 23 de noviembre, haz clic en este enlace a la página oficial de La Moncloa.


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Conoce los requisitos a cumplir y toda la información acerca del subsidio por desempleo para mayores de 52 años que ya hayan agotado el paro.

Si usted tiene 52 años o más y ha agotado la prestación o subsidio por desempleo, conozca cuáles son los requisitos que debe cumplir y la información necesaria para solicitar un subsidio por desempleo de mayor de 52 años:

Requisitos

  1. Estar en desempleo.
  2. No tener la condición de persona trabajadora fija discontinua.
  3. Tener 52 años o más en la fecha en que se cumplan los requisitos para acceder al subsidio por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: Si en la fecha en que se encuentre en alguno de estos supuestos no hubiera cumplido la edad de 52 años pero desde dicha fecha permaneciera inscrito o inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo en los servicios públicos de empleo, podrá solicitar el subsidio cuando cumpla esa edad (con posterioridad al 13 de marzo de 2019), salvo que haya sido beneficiario de la protección por cese de actividad o de la prestación por desempleo para eventuales agrarios, o haya extinguido el último derecho a protección por desempleo reconocido por imposición de sanción firme. Se considerará cumplido el requisito de inscripción ininterrumpida cuando cada una de las posibles interrupciones en la inscripción como demandante de empleo haya tenido una duración inferior a 90 días, no computándose los periodos que correspondan a la realización de una actividad por cuenta propia o ajena. En el caso de la persona trabajadora por cuenta ajena no podrá acceder al subsidio cuando el cese en el último trabajo haya sido voluntario.
    • Haber agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo.
    • Ser emigrante que ha retornado a España (debe haber trabajado en el extranjero como mínimo 12 meses en los últimos seis años, desde su última salida de España, en países no pertenecientes a la Unión Europea (UE) o al Espacio Económico Europeo (EEE)) y no tener derecho a prestación contributiva por desempleo.
    • Ser liberado o liberada de prisión sin derecho a prestación contributiva por desempleo, cuando la privación de libertad hubiera sido por tiempo superior a 6 meses.
    • Haber sido declarado o declarada plenamente capaz o persona con incapacidad permanente parcial como consecuencia de un expediente de revisión por mejoría de una situación de gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total para la profesión habitual.
    • Estar en situación legal de desempleo y no tener derecho a prestación contributiva por desempleo, habiendo cotizado por desempleo, al menos, entre 90 y 359 días.
  4. Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo durante un mes desde que se agote la prestación por desempleo que usted estaba percibiendo (fecha en que finaliza la prestación concedida, que siempre será anterior a la fecha del último cobro de la prestación), o desde la fecha de la inscripción como demandante de empleo si se accede al subsidio por ser emigrante retornado, liberado o liberada de prisión o por revisión de la incapacidad, y no haber rechazado durante ese mes ninguna oferta de colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional. La inscripción deberá mantenerse durante todo el periodo de percepción del subsidio.
  5. Cumplir el compromiso de actividad, que está incluido en la solicitud del subsidio.
  6. Carecer de rentas propias de cualquier naturaleza que en cómputo mensual sean superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Si no cumpliera este requisito en la fecha del hecho causante, podrá acceder al subsidio si lo cumple y lo acredita dentro del plazo de un año desde entonces. En todo caso, el cumplimiento de este requisito deberá mantenerse durante todo el periodo de percepción del subsidio.
  7. Acreditar que en la fecha del hecho causante y en la de la solicitud del subsidio reúne todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social español – haber cotizado por jubilación 15 años, dos de los cuales han de estar dentro de los últimos 15 – y que ha cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo de su vida laboral. Las cotizaciones efectuadas en otros países se tienen en cuenta para percibir este subsidio solo si han sido realizadas en países pertenecientes al Espacio Económico Europeo o con los que exista convenio de totalización de periodos para la protección por desempleo.Se considera como fecha del hecho causante:
    • Para quienes tengan cumplida la edad de 52 años entonces, la fecha en la que se cumpla el plazo de espera de un mes (si el acceso al subsidio para mayores de 52 años es por haber agotado una prestación contributiva, por haber sido liberado o liberada de prisión, por haber retornado del extranjero o por haber sido declarado o declarada plenamente capaz o incapaz permanente parcial) o la fecha de la situación legal de desempleo (si el acceso al subsidio para mayores de 52 años es por acreditar situación legal de desempleo y cotizaciones insuficientes para acceder a la prestación contributiva).
    • Para quienes no tengan cumplida la edad de 52 años en la fecha de encontrarse en alguno de los supuestos de acceso a un subsidio, aquella en que se cumpla dicha edad.
    • Para aquellas personas que a fecha 13 de marzo de 2019 ya tuvieran cumplidos 52 años pero no hubieran podido acceder al subsidio para mayores de 55 años – bien por ser menores de dicha edad, bien por ser mayores pero haberla cumplido sin estar percibiendo ni tener derecho a percibir ningún subsidio -, la fecha del hecho causante es el 13 de marzo de 2019, día en que entró en vigor el Real Decreto-ley 8/2019, que les permite acceder al subsidio para mayores de 52 años siempre que cumplan todos los requisitos anteriormente expuestos, excepto el de no haber percibido la protección por cese de actividad o la prestación como eventual agrario. Sí han de cumplir el requisito de  inscripción ininterrumpida como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, en este caso, desde la fecha en que se encontraron en alguno de los supuestos de acceso al subsidio  previstos en el punto 3, hasta el 13 de marzo de 2019.
    Obligaciones, infracciones y sanciones

Duración y Cuantía

La duración será hasta que usted alcance la edad ordinaria que se le exija para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

La cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). (Cuantías para este año).

La entidad gestora (Servicio Público de Empleo Estatal o Instituto Social de la Marina) ingresará las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a la jubilación. La base de cotización por jubilación será el 125 % del tope mínimo de cotización vigente en cada momento.

El pago del subsidio se realizará por mensualidades de 30 días, entre los días 10 y 15 del mes inmediato siguiente al que corresponda el devengo. Se efectuará,salvo excepciones, mediante el abono en la cuenta de la entidad financiera que usted indique, siempre que sea titular de la misma. 

Documentación necesaria

La documentación que debe aportar es la siguiente:

  • Modelo oficial de solicitud.
  • Documento de identificación de la persona solicitante, para comprobar los datos bastará con mostrar uno de los siguientes documentos:
    • Españoles y españolas: Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte.
    • Extranjeras y extranjeros residentes en España:
      • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano/a de la Unión Europea en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
      • No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjeros/as (TIE) en la que consta el NIE, y el pasaporte.
  • Cualquier documento bancario en el que figure el número de cuenta de la que usted sea titular y donde desee percibir la prestación.
  • Solamente si el Servicio Público de Empleo Estatal lo solicita, el justificante de rentas.

Para mantener el derecho al subsidio, debe justificar que sigue cumpliendo el requisito de carencia de rentas propias. Para ello, debe presentar ante el Servicio Público de Empleo Estatal una declaración de sus rentas cada doce meses, a contar desde la fecha del nacimiento del derecho al subsidio o desde la fecha en que lo reanudó por última vez. El plazo para presentar esta declaración es de 15 días a partir de aquel en el que se cumplan los doce meses.

Si no presenta esta declaración en el plazo indicado, se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social.

Si presenta la declaración fuera de plazo, se reanudará el cobro del subsidio, pero con efectos desde la fecha en que entregue dicha declaración.

Las personas trabajadoras que perciban el subsidio de mayores de 52 años podrán firmar un Convenio Especial, a través de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, para completar la cotización por jubilación que efectúa el Servicio Público de Empleo Estatal.

Cuándo, dónde y cómo lo tramito

Pueden darse varios supuestos:

  1. Si tiene 52 años o más en el momento de cumplir todos los requisitos para acceder a un subsidio, debe solicitarlo en el plazo de los 15 días hábiles siguientes a aquel en el que cumpla el plazo de espera de un mes o acredite siutación legal de desempleo por haber cesado involuntariamente en un trabajo, acreditando un periodo de ocupación superior a 90 días e inferior a 360.En estos casos, solicitado en plazo, el subsidio para mayores de 52 años nacerá a partir del día siguiente a aquel en que se cumpla el mes de espera o a partir del día siguiente al de la situación legal de desempleo.
  2. Si en la fecha en la que se encuentra en algún supuesto de acceso a un subsidio no tiene cumplida la edad de 52 años, deberá presentar la solicitud dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes al cumplimiento de dicha edad, siempre que hasta entonces se haya mantenido inscrito o inscrita, de acuerdo con lo establecido en al apartado anterior.Si cuando cumpla dicha edad está percibiendo cualquier otro subsidio, este quedará extinguido y se reconocerá el subsidio para mayores de 52 años. En ambos casos, solicitado en plazo, el derecho nacerá a partir del día siguiente a aquel en que se cumplan 52 años.
  3. Si el día 13 de marzo de 2019 ya tiene cumplidos 52 años, pero no ha podido acceder al subsidio para mayores de 55 años por ser menor de 55 años el día 12 de marzo de 2019, o por ser mayor de 55 años habiendo cumplido dicha edad sin estar percibiendo ni tener derecho a percibir ningún subsidio, el plazo para presentar la solicitud será de 15 días hábiles siguientes al 13 de marzo de 2019 y el subsidio nacerá a partir del día 14 de marzo de 2019.En todos los casos, si se presenta la solicitud fuera de plazo, el derecho nacerá a partir del día siguiente al de la solicitud, siempre que los requisitos exigidos se cumplan no solo en la fecha de la solicitud, sino también en la fecha del hecho causante y que no haya concurrido ninguna causa de extinción del derecho.Puede presentar la solicitud a través de:
    • La sede electrónica del SEPE.
    • En la oficina de prestaciones (tras la obtención de cita previa en la sede electrónica del SEPE o por teléfono).
    • En cualquier oficina de registro público.
    • Por correo administrativo.Puedes obtener más información en el teléfono de atención al ciudadanía.

¿Todavía tienes dudas sobre el subsidio para desempleados mayores de 52 años? Pide cita en Moya&Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià. Resolveremos tus dudas y te ayudaremos a solicitar tu subsidio o prestación.


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¿Conoces el salario mixto? ¿Sabes lo que es la retribución en especie? ¿Sabes que puedes atraer y retener el talento en tu empresa haciendo ahorrar al trabajador? Mira este vídeo

Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de intentar contratar a buenos profesionales y para mantener el talento en la empresa es que la normativa tributaria permite a las empresas el pago en especie hasta un 15 % de la retribución anual de trabajador. La utilización correcta del salario monetario y el salario en especie puede ser la herramienta perfecta para que el trabajador pueda meter más dinero en su bolsillo al final del año, ya que puede obtener un ahorro en el impuesto sobre la renta. Además, la utilización de este tipo de herramienta no supone mermar la cotización del trabajador.

Conoce y aprovecha, de la mano del abogado y economista Nicolás Emery, las ventajas fiscales existentes en relación con la forma de cobro o pago de algunos gastos, como el pago del seguro de enfermedad, el pago de la guardería de los niños o inclusos el coste que supone ir al trabajo utilizando el medio de transporte público.

¿Quieres más asesoramiento al respecto, tanto si eres trabajador como empresario, acerca del salario mixto y las formas de retribución del personal que pueden resultar más beneficiosas para empresa y trabajadores? Pide cita en cualquiera de las oficinas Moya&Emery de Palma o Calvià:


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