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Nicolás Emery con todas las claves, consejos prácticos y respuestas a las dudas habitauales para los obligados a presentar declaración de renta 2020

La Campaña de la RENTA 2020 ha generado muchas dudas en los contribuyentes y obligados a presentar la declaración del IRPF, especialmente por los efectos de la pandemia del Covid19 que ha deparado para muchos trabajadores su inclusión un ERTE, los cuales, al recibir prestaciones por parte del SEPE, habrán tenido en el ejercicio más de un pagador (su empresa, por un lado, y el SEPE, por otro). Estos trabajadores, muy probablemente, deberán hacer una declaración de renta que les saldrá a pagar.

El abogado y economista Nicolás Emery trató de explicar de forma accesible y didáctica a la audiencia de Ràdio Calvià FM todas las novedades de la campaña de la RENTA 2020 e hizo por dar respuesta a las dudas más habituales suscitadas. Comentó los hitos fundamentales del calendario de la RENTA 2020, las principales novedades del IRPF en esta campaña, dio respuesta a qué ocurre si el trabajador ha tenido dos pagadores (ERTE / empleador en su trabajo habitual), si se ha cobrado la ayuda o prestación extraordinaria por cese de actividad, si se ha realizado una reinversión por venta de vivienda habitual, si se ha cobrado el ingreso mínimo vital, además de hablar las deducciones más habituales y también del aplazamiento de pago del impuesto aprobado de manera especial para los trabajadores en ERTE.


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Marga de Matos invitada a Canal4 Ràdio para explicar el nuevo REGISTRO SALARIAL

Por si no fueran pocas las obligaciones de autónomos y empresas, desde el pasado día 14 de abril se ha unido una más que debes conocer y llevar a cabo: el REGISTRO SALARIAL.

  • ¿En qué consiste el registro salarial?
  • ¿Cuál es el objetivo de instaurar este registro salarial?
  • ¿A partir de cuándo es obligatorio tener dicho registro?
  • ¿Quiénes están obligados a cumplimentarlo?
  • ¿Con qué periodicidad se debe elaborar este registro salarial?
  • ¿Qué colectivos de trabajadores se verán afectados por este registro salarial?
  • ¿Cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo ese registro salarial o no justificar las diferencias detectadas en él?
  • ¿Qué elementos debe contener el registro salarial?

Escucha la entrevista a la abogada especialista en Derecho laboral, Marga de Matos y encuentra respuesta a todas las preguntas acerca del nuevo registro salarial. Y si todavía te queda alguna, llámanos y concierta una cita con Moya & Emery.


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Nicolás Emery en los informativos de Ràdio Calvià FM sobre la campaña de la Renta 2020 y las novedades del IRPF con la pandemia

La pasada semana, Nicolás Emery participó en directo en los informativos de Ràdio Calvià FM a raíz del inicio de la CAMPAÑA DE LA RENTA 2020, y, como en el resto de ocasiones en que ha acudido a los medios de comunicación, ha dado las pautas clave a los oyentes para la confección y presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF.

Recuerda que puedes pedir CITA PREVIA con Moya & Emery a través del correo info@moyaemery.com para que solventemos tus dudas y recibas todo el asesoramiento necesario sobre el impuesto sobre la Renta.


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Nicolás Emery, en IB3 Ràdio, sobre la Campaña de la Renta 2020

Con motivo del inicio de la CAMPAÑA DE LA RENTA 2020, el economista y abogado de Moya y Emery Nicolás Emery ha sido invitado a IB3 Ràdio y, en los micrófonos del programa #Múltiplex, ha abordado todas las claves y novedades para la correcta presentación del impuesto.

Recuerda que puedes pedir CITA PREVIA con Moya & Emery a través del correo info@moyaemery.com para que solventemos tus dudas y recibas todo el asesoramiento necesario sobre el impuesto sobre la Renta.



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La temida declaración de la Renta 2020 de los trabajadores afectados por los ERTEs, por Marga de Matos

La pandemia mundial de la COVID-19 lleva casi un año conviviendo con nosotros y ha tenido y sigue teniendo unos devastadores efectos, entre otros, a nivel sanitario y económico.

Miles de personas son las que se han visto y todavía se ven afectadas por los Expedientes de Regulación de Empleo que se han visto obligads a solicitar sus empresas para evitar una destrucción mucho mayor de empleo de la que se ya se ha producido. Y el estar afectado a un ERTE tiene consecuencias y, entre ellas, sobre la declaración de la renta, una declaración de la renta a la que muchos temen por el resultado que les puede salir al haberse tenido 2 pagadores (empresa y SEPE). Por ello, se han de tener en cuenta varios aspectos:

En primer lugar, como muchas personas habrán tenido dos pagadores durante el año 2020, se verán obligadas a presentar la renta. Recordemos que cuando se tienen dos o más pagadores el límite de los rendimientos del trabajo se reduce de los 22.000€ anuales a 14.000€ anuales y que del segundo o restantes pagadores se deben percibir cuantías superiores a los 1.500€ anuales, requisitos éstos que la mayoría de las personas afectadas por los ERTES, como ya se ha avanzado van a cumplir, obligándolas a presentar la declaración de la renta.

En la gran parte de los casos, las retenciones que se habrán aplicado por parte del SEPE serán mínimas o inexistentes, con lo cual las diferencias deberán pagarse en la declaración de la renta.

Se recomienda que todas las personas que se encuentren en la situación descrita hagan o soliciten una simulación de su renta, ya que muy probablemente les salga a pagar y puedan estar prevenidos de ello y conocer aproximadamente el importe a que tendrán que hacer frente. La campaña de renta se inicia el próximo mes de abril, concretamente el día 7.

Se aconseja igualmente, que se domicilie el pago de la declaración dado que, de esta manera, no deberá abonarse hasta el fin de la campaña, fijado el 30 de junio, teniendo de esta manera tiempo para acumular o ahorrar la cantidad que tenga que abonarse.

En caso de no ser posible dicho pago, existe la posibilidad de fraccionar el pago, abonándose el 60% el 30 de junio y el 40% restante el 2 de noviembre, de este modo, las personas afectadas podrán aligerar la carga que pueda suponer. IMPORTANTE: dicho aplazamiento/ fraccionamiento no tendrá coste alguno, está pensado para que se tenga un menor impacto fiscal.

Otro aspecto a tener muy presente es que, dada la saturación de los organismos como el SEPE, la demora en los pagos o los pagos de más, puede ser que las cantidades recibidas en 2020 sean superiores (caso de pagos indebidos que se deberán descontar de la renta), o que las cantidades recibidas en 2020 sean inferiores y que se hayan recibido en 2021 (pagos demorados de meses en ERTE), con lo cual hay que prestar mucha atención a las fechas de devengo de cara a facilitar la información fiscal correcta y evitar errores en la declaración de la renta.

Lo mismo es extrapolable de cara a 2021 si el trabajador continúa en ERTE.

¿Qué debo hacer si he recibido pagos indebidos del ERTE y no me ha llegado la carta del SEPE?

Muchas son las personas que actualmente todavía tienen pendiente el reintegro de prestaciones indebidas derivadas del ERTE al no haber recibido la famosa carta procedente del SEPE en la cual se les debe indicar la cuantía indebidamente percibida y la cuenta bancaria en la que hacer el reintegro.

Ante dicha incertidumbre, una afectada por dicha situación ha planteado la consulta a la Dirección General de Tributos (DGT) para saber los efectos que tiene el haber recibido pagos indebidos en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de 2020 (IRPF). Su caso y consulta referida concretamente es por lo siguiente: haber recibido por error pagos indebidos procedentes del SEPE para los meses de abril, mayo y junio de 2020. Y la respuesta que ha obtenido por parte de la DGT es la siguiente: fiscalmente, no debe tener incidencia en el IRPF del periodo en el que se reintegra la cantidad sino en las liquidaciones del impuesto en los ejercicios en los que se declare su percepción. Por ejemplo, si se reintegra el importe en 2021 de un pago de 2020, no tiene efectos en la declaración de 2021, sino en la de 2020.

Artículo 120.3 Ley General Tributaria:

Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente.

Como la campaña de renta de 2020 no empieza hasta el próximo 7 de abril (pendiente aún de declarar lo percibido en 2020), no procederá realizar ninguna actuación con relación al irpf, no debiéndose reflejar en la declaración de 2020 una vez los importes recibidos sean declarados inválidos por la administración pagadora.

Por Marga de Matos

Abogada de Moya & Emery


Consulta Vinculante V0016-21, de 13 de enero de 2021, de la Subdirección General de Impuestos sobre la renta de las personas físicas

DESCRIPCIÓN

La consultante manifiesta que ha recibido por error en los meses de abril, mayo y junio de 2020 pagos del Servicio Público de Empleo Estatal y que comunicada dicha incidencia a la referida entidad, ésta le ha manifestado la próxima comunicación de una cuenta bancaria para realizar la devolución del ingreso, sin que a la fecha haya recibido dicha comunicación.

CUESTIÓN

Tratamiento en la declaración del ejercicio 2020 de los referidos pagos.

CONTESTACIÓN

Desde la perspectiva fiscal, la anulación de los actos administrativos que establecían el derecho a percibir un determinado importe, en cuanto comporta devolver el estado de las cosas a su situación inicial mediante la obligación de reintegrar el importe percibido, conlleva que la restitución no tenga su incidencia en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al período en que se acuerde el reintegro de la cantidad percibida, sino que tal incidencia tenga lugar en las liquidaciones del Impuesto correspondiente a los ejercicios en que se hubiera declarado, en su caso, la percepción de dicho pago anulado, instando a tal efecto la rectificación de la autoliquidaciones correspondientes a los ejercicios en que hubiesen declarado los importes declarados inválidos, tal como establece el artículo 120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).

En el presente supuesto, al no haberse declarado aún la percepción de los referidos importes, por haberse efectuado su cobro en el ejercicio 2020, pendiente de declaración, no procederá realizar ninguna actuación en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no procediendo su reflejo en la declaración correspondiente al ejercicio 2020 una vez declarados inválidos por la administración pagadora, al no tener la naturaleza de renta de conformidad con el artículo de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre).

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


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De los ERTEs a los EREs

Frente al temor ante el vencimiento de los ERTEs en mayo de 2021, anticipación y estrategia por parte de las empresas

A tres meses de la fecha de vencimiento de vigencia de los actuales Expedientes de Regulación de Empleo -en adelante ERTEs- vinculados a la pandemia mundial de la covid-19, urge a las empresas empezar a pensar una estrategia para mantener su actividad a flote y asegurar su viabilidad, lo cual deberá pasar necesariamente por realizar ajustes de su personal.

Se ha de recordar que los ERTEs, pese a llevar un año acompañándonos, son instrumentos de naturaleza temporal que permiten suspender los contratos de trabajo (que no extinguir o finalizarlos) o reducir las jornadas de trabajo por causas de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas y/o productivas. Con los ERTEs el objetivo es salvar los puestos de trabajo por encima de otras consideraciones.

No obstante, la pandemia de la COVID-19 tiene un componente adicional, que es la inestabilidad, ya que, lo que hasta ahora era un instrumento que ayudaba a las empresas a afrontar una situación transitoria o temporal, se ha convertido en una especie de salvavidas continuado para los trabajadores mediante la protección que se les otorgan en forma de prestaciones y a las empresas por las exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social. El futuro y no muy lejano vencimiento de los ERTEs crea temor ante la incertidumbre de lo que sucederá tras ellos.

Desde la Inspección de Trabajo se ha criticado el mantenimiento de estos ERTEs en sectores de poca viabilidad por el enorme efecto que ha tenido la pandemia sobre ellos. Entiende la Inspección que es totalmente incompatible usar un instrumento de naturaleza temporal, como es un ERTE, en empresas que ya están sentenciadas y que no tienen salvación posible. Prolongar inútilmente la vida de una empresa inviable es lo que se conoce como crear empresas zombis.

Es cierto que la enorme flexibilidad que otorgan los ERTEs hace difícil distinguir cuando se está ante un problema estructural o ante un problema transitorio y salvable en la empresa y cierto es también que la actual pandemia es una situación nueva, sin precedentes en todas las actividades.

Después de casi un año conviviendo con la pandemia y vislumbrándose en el horizonte el fin de las medidas proteccionistas, las empresas ya deberían haber reflexionado o hacerlo sin dilación sobre los próximos pasos o estrategia a seguir que faciliten su viabilidad ante cualquier posible escenario.

AJUSTES DE PERSONAL. DESPIDOS EN EMPRESAS CON ERTE: MARZO, MES CLAVE.

En noviembre de 2020 se empezaron a ver los primeros despidos en empresas acogidas a ERTE, ya que, en mayo, tras el fin del confinamiento, el inicio de la desescalada y el retome de la actividad, empezaron las reincorporaciones de los primeros trabajadores y, con ello, el cómputo de los 6 meses de obligación de mantenimiento de empleo desde esa primera reincorporación (disposición adicional sexta del Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19).

DESPIDOS: INDIVIDUALES O COLECTIVOS (ERE).

En aras a evitar una destrucción masiva de empleo apareció lo que parece una prohibición de despedir, al no entenderse como causa justificativa del despido aquellas que se basaran en causas ETOP o de fuerza mayor que ampararan las reducciones de jornada y suspensiones de contrato, así como la protección del empleo temporal, mediante la prórroga o extensión de los contratos por el tiempo que dicho contrato temporal hubiera estado suspendido.

Superados estos dos obstáculos cualquier empresario puede plantearse la posibilidad de realizar despidos de forma individual (artículo 49.1 k del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores TRLET) o de forma colectiva (ERE previsto en el artículo 51 del TRLET) si las necesidades y la viabilidad de la empresa así lo justifican. ¡Pero ojo con los despidos individuales! Y es que ir despidiendo trabajadores de forma individual, pero en breves lapsos de tiempo, basándose en la misma causa puede llegar a considerarse despido colectivo, ya que el artículo 51 fija los umbrales para entender que se está ante un despido colectivo. Concretamente, se entiende que se está ante un despido colectivo cuando, en un período de 90 días, la extinción afecte, al menos, a:

  • 10 trabajadores, en las empresas que ocupen a menos de 100 trabajadores.
  • El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.
  • 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores.

También se considerará despido colectivo si se afecta a la totalidad de la plantilla cuando el número de afectados sea superior a 5, extinguiéndose la actividad empresarial por causas ETOP.

Si el empresario ha sido cauto y ha tenido en cuenta todo lo estipulado en la normativa COVID-19, entonces no tendrá problema a la hora de seguir con lo previsto en el artículo 51 y podrá realizar el correspondiente ERE, cumpliendo con los requisitos de su trámite:

  • Período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, con una duración no superior a 30 días naturales, o 15 en caso de empresas de menos de 50 trabajadores.
  • Debatir sobre las posibilidades de evitar o mitigar los efectos de la decisión (despidos, medidas de acompañamiento (formación, reciclaje, recolocación…)
  • Constituir una única comisión negociadora compuesta por un máximo de 13 miembros en representación de ambas partes.
  • La comunicación de la apertura del período de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores (con copia a la Autoridad laboral), consignando:
    • causas del despido colectivo
    • número y clasificación profesional de los trabajadores afectados, así como de los empleados habitualmente en el último año,
    • periodo previsto para los despidos,
    • criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados, etc.
    • Al escrito se unirá una memoria, más la correspondiente documentación contable y fiscal y los informes técnicos.
  • Recibida la comunicación, la Autoridad laboral dará traslado de la misma a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (que deberá ser evacuado en quince días).

El período de consultas puede ser sustituido en cualquier momento, de común acuerdo, por un procedimiento de mediación o arbitraje.

  • Transcurrido el período de consultas, el empresario comunicará a la Autoridad laboral el resultado del mismo. Si no hay acuerdo, remitirá a dicha Autoridad y a los representantes de los trabajadores su decisión sobre el despido colectivo.

Alcanzado el acuerdo o comunicada la decisión, el empresario podrá notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados, debiendo transcurrir al menos 30 días entre la fecha de comunicación de la apertura del periodo de consultas a la Autoridad laboral y la fecha de efectos del despido.

  • Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa. Pueden establecerse prioridades de permanencia a favor de otros colectivos (trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad).
  • La decisión empresarial podrá ser objeto de impugnación a través de las acciones previstas para este despido (la interposición de demanda por los representantes de los trabajadores paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta la resolución de aquella).

CONSIDERACIONES SOBRE LA JURISPRUDENCIA SOBRE DESPIDOS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID.

Pese a todo ello, el empresario que decida realizar ajustes de personal en la empresa debe asumir el riesgo de que los despidos llevados a cabo puedan considerarse improcedentes por contravenir la normativa COVID-19 u otras normas del ordenamiento laboral. Hasta la fecha, las decisiones de Jueces y Tribunales se han decantado por considerar que los despidos que incumplían la normativa COVID eran improcedentes y en pocas ocasiones nulos. Solo en un caso, debido a la grave situación por la que pasaba la empresa, se obvió el ERTE que ésta solicitó, declarando procedente el despido de los trabajadores.

Por Marga de Matos Pascual

Abogada de Moya & Emery


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Tirón de orejas a quienes tienen contratada una empleada o empleado del hogar de manera irregular, por Marga de Matos

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en adelante ITSS), sigue con sus campañas para detectar posibles fraudes a las arcas de la Seguridad Social. Primeramente, con la campaña inspección consistente en revisar los ERTES derivados de la pandemia de la COVID-19 en aras a detectar posibles irregularidades (comunicaciones extemporáneas de trabajadores que entran y salen del ERTE, constatación de la concesión del ERTE, etc.) y evitar la aplicación de exoneraciones indebidas en las cuotas de la Seguridad Social. Ahora, con la campaña de inspección dirigida a los empleadores del sistema especial de empleadas del hogar para comunicarles la necesidad de regularizar y actualizar las condiciones salariales y cotizaciones de las personas empleadas en este régimen.

La comunicación acerca de la obligación de proceder a actualizar o regularizar la situación a las personas que hacen uso de empleados/as del hogar se está realizando por carta y la campaña tiene como objetivo sensibilizar a los empleadores/as sobre sus obligaciones, además de poner a su disposición asesoramiento, asistencia, ayuda técnica e información para que puedan, de la forma más sencilla, proceder a la regularización de las condiciones salariales y cotizaciones de sus empleadas. Se trata de actualizar los salarios de estas trabajadores y trabajadores que se encuentren por debajo del salario mínimo interprofesional -950 euros desde el año 2020- y, con ello, las cotizaciones a la Seguridad Social, ya que estas cotizaciones dependen del salario percibido. De esta manera, se pretende proteger a las empleadas del hogar, evitando la merma de sus condiciones laborales, así como luchar contra la economía irregular ante la multitud de denuncias y comunicaciones presentadas ante la ITSS. Literalmente, el fin de este plan de actuación consiste en ajustar la cuantía actualmente marcada del SMI en un sector feminizado y precarizado.

¿Cómo deberían quedar los salarios en este régimen? Si se trabaja a jornada completa, el salario mínimo debe ser 950€/mes por 14 pagas o 1.108,33€ en caso de prorratearse las pagas (950 € x 2 pagas / 12 meses = 158,33 € importe prorrateo pagas extras). Si se trabaja por horas, el mínimo a cobrar debe ser 7,43 €/hora.

¿Cómo pueden regularizar los empleadores/as la situación de sus trabajadores? El empleador deberá comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social el salario real y actual desde el 1 de enero de 2021 de su empleada, sin que, como ya hemos señalado previamente, el mismo pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional.

El complicado horizonte laboral que nos ha deparado la pandemia del COVID no puede ser óbice para que se permita la manga ancha frente al incumplimiento de las obligaciones con respecto a unos trabajadores, en su inmensa mayoría mujeres, históricamente ejercientes de una actividad tan necesaria como precarias siguen siendo sus condiciones laborales.


Artículo original de Marga de Matos para el digital canal4 diario

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Guía de la Seguridad Social para trabajadores autónomos de preguntas y respuestas sobre la prestación extraordinaria por CESE DE ACTIVIDAD a consecuencia del covid-19

1. ¿Es lo mismo que el “paro” de los autónomos vigente desde 2010? ¿Cuál es su duración?

No, se trata de una prestación diferente y extraordinaria, recogida en el Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 (ARTICULO 17), puesto que, entre otras cuestiones, se han modificado cuantía, duración y requisitos de acceso a la misma con el objetivo de que pueda acogerse un mayor número de beneficiarios.
La vigencia está limitada a un mes a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, por el que se ha declarado el estado de alarma para la gestión de la crisis ocasionada por el Covid-19.
En todo caso, si el estado de alarma se prorrogara más allá del mes de duración inicial, la prestación finalizará el último día del mes en que se finalice dicho estado de alarma.

2. ¿Quién puede acceder a la prestación?

Los trabajadores por cuenta propia o autónomos cuyas actividades hayan quedado suspendidas por la declaración del estado de alarma (según el anexo del RD 463/2020),

O, en otro caso, cuando la facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida al menos un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

3. ¿También pueden pedirlo los autónomos que tienen trabajadores a su cargo?

Sí, los que tengan trabajadores a su cargo y hayan tenido que cerrar por la declaración del estado de alarma o sufrido una reducción de su facturación al menos de un 75%, pueden presentar un ERTE para sus trabajadores y solicitar a su vez esta prestación extraordinaria.

4. ¿Qué requisitos se requieren?

  • Estar afiliados y en alta en Seguridad Social en la fecha de la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020), ya sea en el Régimen de los Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
  • Sólo en el supuesto de que su actividad no se haya suspendido por la declaración del estado de alarma, deberán acreditar la reducción de su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación al menos en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto, una vez acreditada, producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
  • A diferencia de la prestación ordinaria del Cese de Actividad, no se exige un periodo de cotización de 12 meses para acceder a la prestación.

5. ¿Se tiene que dar de baja en la Seguridad Social y en Hacienda?

Durante el periodo de percepción de la prestación extraordinaria por cese de actividad, el trabajador autónomo que suspenda la actividad no deberá tramitar la baja en la Seguridad Social y continuar de alta en su actividad económica en Hacienda.

Si la causa del derecho a la prestación es la reducción de la facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación en un 75 por ciento en relación con la efectuada en el semestre anterior, deberá permanecer, en todo caso, de alta en el correspondiente régimen de Seguridad Social, para que le sea de aplicación la normativa excepcional del RDL 8/2020.

6. ¿Qué ocurre si se da de baja y quiere solicitar la prestación?

Durante el periodo de percepción de la prestación extraordinaria por cese de actividad el trabajador autónomo que suspenda la actividad no deberá tramitar la baja en la Seguridad Social, es necesario por tanto que continúe de alta en el régimen de autónomos.

7. Si se ha suspendido la actividad autónoma, ¿tienen que renunciar a las bonificaciones que disfrutan como por ejemplo la tarifa plana?

No. Transcurrida la duración de la prestación volverán, en su caso, a ser de aplicación los beneficios en la cotización que se vinieran disfrutando con anterioridad a la concesión de esta prestación.

8. ¿El autónomo tiene que cotizar mientras perciba la prestación?

No. Ese periodo se entiende como cotizado según el artículo 17 del RDL 8/2020.

9. ¿El tiempo de percepción que se reconozca cuenta como consumido para posibles nuevas solicitudes de la prestación en el futuro?

No, este periodo de prestación no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

10. Si ya he ingresado las cuotas del periodo en el que se percibe la prestación extraordinaria ¿se puede solicitar su devolución?

Las cuotas ingresadas que se superpongan con alguno de los días del periodo durante el que se tiene derecho a la prestación de carácter extraordinario han sido devueltas por la Tesorería General.
La resolución del reconocimiento del derecho a la devolución se ha notificado en la SEDESS y el importe se ha abonado en la misma cuenta bancaria en la que se  efectuó el cargo.
En el caso de no haberse tramitado la devolución puede solicitarla a través del correspondiente servicio de la SEDESS.

11. ¿Qué ocurre con los autónomos que están obligados a seguir prestando servicio, como los taxistas?

Como se ha comentado, estos trabajadores tendrán derecho a la prestación si acreditan la caída en la facturación de al menos un 75%, no existiendo problema alguno en compatibilizar la prestación y la actividad.

12. ¿Qué cuantía le corresponde al autónomo?

Se determinará aplicando el 70% a la base reguladora, calculada igual que en la prestación ordinaria del cese de actividad, o sea el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores.

Como no se exige el periodo de 12 meses de cotización para acceder a la prestación, cuando éste no se acredite la cuantía de la prestación será siempre equivalente al 70% de la base mínima de cotización del Régimen de Autónomos que será aplicable también a los Trabajadores del Mar (70% de 944,35€=661,04 €).

13. ¿Qué duración tendrá la prestación?

Tendrá una duración de un mes, ampliándose hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma en el caso de que dicha situación se prorrogue más allá del mes establecido.

Además, el tiempo que dure su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que pueda tener derecho en el futuro.

14. ¿En qué fecha nace el derecho a cobrar la prestación?

El trabajador que cumpla con los requisitos tendrá derecho a percibir la prestación con efectos del 14 de marzo de 2020, fecha en la que entró en vigor el RD 463/2020 que declaró el Estado de Alarma.

15. ¿Qué documentación habría que presentar?

Aquellos cuya actividad se encuentra entre las suspendidas por el RD 463/2020:

  • Solicitud de prestación y declaración jurada.
  • Modelo 145 de datos al pagador.
  • Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte.
  • Número de Cuenta Bancaria, código IBAN.
  • Los dos últimos recibos de cotización.
  • Libro de familia en el caso de hijos a cargo.

Además de esta documentación, cuando la causa de la prestación sea la disminución de la facturación deberán de acreditar dicha reducción. En el formulario de la página web se indicará la documentación a presentar en cada caso.

16. ¿Es compatible con otras prestaciones de Seguridad Social?

Esta prestación será compatible con cualquier otra prestación de seguridad social que el beneficiario viniera percibiendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
 
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será incompatible con la percepción de la ayudas por paralización de la flota.

17.¿Quién es la Entidad que debe gestionar la prestación?

La gestión de esta prestación corresponderá a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social o al  Instituto Social de la Marina en el ámbito del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, si los trabajadores autónomos tienen cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades con esta entidad gestora de la Seguridad Social.

Si tiene cubierta esta protección con el Instituto Nacional de la Seguridad Social debe solicitar la prestación ante la Mutua Colaboradora por la que opte en el momento de solicitar la prestación.

18. ¿Es compatible con las prestaciones laborales en el sector agrario incluidas en el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril?

No, el régimen de compatibilidad establecido por ese Real Decreto-ley no afecta a esta prestación extraordinaria por cese de actividad.

19. ¿Cuáles son las medidas aprobadas para la protección de trabajadores autónomos por el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo?

  1. Prestación extraordinaria de cese de actividad para trabajadores autónomos por suspender todas sus actividades como consecuencia de resolución de autoridad competente como medida de contención del virus COVID-19(Art.13.1,Real Decreto-Ley 30/2020)
  2. Prestación extraordinaria de cese de actividad para trabajadores autónomos que no pueden causar derecho a la prestación ordinaria prevista en la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 30/2020 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y siguientes de la Ley General de Seguridad Social, por no reunir los requisitos de carencia exigidos en la norma (Art. 13.2 Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre).
  3. Prestación extraordinaria de cese de actividad para trabajadores de temporada (RD-Ley 30/2020 de 29 de septiembre. Art. 14).
  4. Prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos compatible con el trabajo por cuenta propia (Disposición Adicional cuarta RD- Ley 30/2020 de 29 de septiembre)
  5. PRÓRROGA DE LA PRESTACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD CAUSADA AL AMPARO DEL ARTÍCULO 9 DEL REAL DECRETO-LEY 24/2020 Y TRABAJO POR CUENTA PROPIA (Disposición Adicional cuarta RD- Ley 30/2020 de 29 de septiembre)

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo



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El Tribunal Supremo matiza y actualiza su doctrina y declara que los contratos de obra o servicios determinados de duración inusualmente larga se convierte en indefinidos

La jurisprudencia hasta el momento había vinculado la duración de los contratos de obra o servicio determinado a la contrata, algo que ha sido modificado por el TS.

Aquellas empresas que prestan sus servicios a terceros desarrollan su actividad esencial a través de la contratación con éstos, siendo ilógico pensar que el grueso de la actividad se basa en la obra o servicio determinado que se deba atender.

El TS entiende que una empresa no puede fundamentar su actividad en una plantilla sujeta a la indeterminación de las relaciones laborales, ya que hacerlo puede menoscabar algunas de las garantías del DUE.

El TS matiza y actualiza su doctrina y declara que los contratos de obra o servicios determinados de duración inusualmente larga se convierten en indefinidos

Cuando una relación laboral se mantiene ininterrumpidamente y sin alteración durante un largo lapso, la autonomía e identidad de la contrata justificativa de la contratación se desdibuja convirtiéndose en una actividad que, por su extensión temporal, necesariamente se incorpora en la esencia de la empresa.

Es decir, cuando la celebración de un contrato temporal vinculado a una contrata se extiende en el tiempo esa temporalidad y, por tanto, la finalización del contrato se torna remota.

CUESTIÓN POR TRATAR:

La validez de un contrato para obra o servicio determinado cuya temporalidad viene anudada a la de una encomienda de servicios (“contrata”) que discurre entre la empleadora y una empresa cliente.

15.12.1998 suscripción del contrato entre empleadora y cliente que se prorroga varias veces.

15.11.2013 deseo de una de las partes de extinguir el contrato al terminar el año.

Durante la vigencia de la relación laboral las partes suscribieron diversos contratos de prestación de servicios.

Ante estos hechos, lo que se pretende es determinar si cuando se produce la finalización de una contrata y sin solución de continuidad se prorroga o se produce una nueva adjudicación del servicio a la misma empresa que venía realizándolo, en las mismas o similares circunstancias y sin que se produzca cese alguno en la prestación del servicio, suponiendo la extinción de los contratos de obra o servicio determinado suscrito con los trabajadores de la empresa contratista o por el contrario los mismos permanecen vigentes hasta la finalización total del servicio adjudicado.

1. El contrato para obra o servicio determinados es el que se concierta para la realización de una obra o la prestación de un servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta.

Cuando el convenio colectivo que resulte de aplicación haya identificado los trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con esta modalidad contractual, se estará a lo establecido en el mismo a efectos de su utilización.

Consideraciones por tomar en consideración de esta modalidad contractual:

a) El contrato deberá especificar e identificar suficientemente, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto.

b) La duración del contrato será la del tiempo exigido para la realización de la obra o servicio.

Si el contrato fijara una duración o un término, éstos deberán considerarse de carácter orientativo en función de lo establecido en el párrafo anterior.

Requisitos que deben concurrir en los contratos de obra y servicios determinados para considerarse ajustados a Derecho:

a) Que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa;

b) Que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta;

c) Que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto;

d) Que, en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas.

Doctrina legitimando contratos para obra o servicio por la existencia de una “contrata” entre empresas:

Se admite la validez de la contratación para obra o servicio cuyo objeto sea la realización de actividad contratada con un tercero por tiempo determinado, extendiéndose su duración por el tiempo que abarca la contrata, aunque su celebración no esté expresamente prevista en el convenio colectivo.

Si bien es cierto que al formalizar un contrato de obra o servicio determinado siendo su objeto una actividad contratada no existe un trabajo dirigido a la ejecución de una obra entendida como elaboración de una cosa determinada dentro de un proceso con principio y fin, y tampoco existe un servicio determinado entendido como una prestación de hacer que concluye con su total realización, sí existe una necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa y objetivamente definida, conocido ese límite temporal por las partes y operando como un marco de referencia temporal finito.

No cabe argumentar que la realización de este tipo de trabajos constituye la actividad normal de la empresa, porque esa normalidad no altera el carácter temporal de la necesidad de trabajo.

Novaciones de la contrata y dinamismo de las relaciones laborales:

La sucesiva renovación de contratas comporta:

 a) La paralela terminación de los contratos para obra o servicio adscritos a ella.

 b) La novación de los contratos y conversión en indefinidos.

c) El mantenimiento de tales vínculos, pero sin mutar su naturaleza temporal.

Abuso de la temporalidad:

La doctrina viene manteniendo esta Sala desde 1997 constituye una excepción a la regla general conforme a la cual la autonomía y sustantividad que legitima la contratación temporal de personas para acometer una necesidad empresarial de mano de obra debe valorarse atendiendo a los trabajos realizados en sí mismos. No es casualidad que surja, precisamente, al hilo de encargos para realizar tareas en el sector de la construcción.

Eso debiera impedir que, al amparo de esa consolidada doctrina, se considere posible que aparezcan indefinidamente como temporales quienes están adscritos a una empresa que trabaja para otra principal a virtud de un negocio jurídico renovado de forma sucesiva

Que los límites legales para evitar esa perpetuación de temporalidad (el tope de tres años para los contratos de obra o servicio, la regla del artículo 15.5 sobre transformación de los contratos temporales válidos) resulten inaplicables, por razones cronológicas, al presente caso no significa que ahí concluya el examen de validez.

Porque al tiempo que legitima el recurso a contratos para obra o servicio por existir una “contrata” entre empresas, nuestra doctrina sigue recalcando que ello no exime de cumplir con los presupuestos generales de esta modalidad contractual.

Una cosa es la mera prórroga de la contrata y otra la sucesiva renegociación de sus términos, desde el temporal hasta el funcional. Ello, por tanto, con independencia de que la trabajadora siempre haya desempeñado las mismas funciones, porque lo que legitima su inicial (y válida temporalidad) no es la duración determinada de sus concretas tareas sino, como reiteradamente venimos exponiendo, la acotada duración de la colaboración entre las empresas.

En ese sentido, matizando y actualizando nuestra doctrina, hemos de advertir que la “autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa” pedida por el legislador para legitimar el recurso a esta modalidad contractual deja de concurrir cuando la contrata se nova y es sucedida por otra diversa. Lo contrario acaba desembocando en un abuso de derecho (art. 7.2 CC), que deslegitima lo inicialmente válido.

Sostener la tesis contraria tampoco parece acorde con uno de los predicados esenciales del contrato de trabajo: la prestación de servicios “por cuenta ajena” (art. 1.1 ET). La ilimitada sucesión de renovaciones de la contrata traslada el riesgo empresarial a quienes aportan su actividad asalariada y desdibuja los perfiles típicos de quienes vienen vinculados por ese tipo de contrato.

Un contrato válidamente celebrado como temporal por estar vinculado a la contrata mantiene esa naturaleza cuando, ante la prologada duración de la colaboración empresarial, la expectativa de finalización del mismo se torna excepcionalmente remota.

No puede bastar con alegar que la relación laboral, mantenida ininterrumpidamente y sin alteración alguna a lo largo de más de 14 años, estaba ligada a las vicisitudes de la contrata y, a la vez, pretender que es ésa una circunstancia de delimitación temporal del vínculo.


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Sin duda te interesa escuchar este consultorio jurídico, tanto si eres empresario como trabajador, porque Moya & Emery habla del DESPIDO.

La abogada de Moya & Emery Marga de Matos estuvo ayer en los estudios de Radio Calvià FM para explicarnos el concepto de despido, decirnos qué modalidades de despido hay (despido disciplinario, despido objetivo, colectivo) contarnos las implicaciones que tienen cada uno de ellos, tanto para la empresa como para el trabajador o trabajadores que lo sufran, mostrarnos las diferentes calificaciones que pueden tener los despidos (procedente, improcedente o nulo) y, por último, volver a explicar las obligaciones de mantenimiento del empleo para las empresas acogidas a ERTE (y sus nuevas modalidades) y las implicaciones que tiene no cumplir con la obligación de mantenimiento del empleo que conllevan, en concreto sobre la calificación del despido.

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