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En caso de cobrar el subsidio de mayores de 52 años, ¿en qué consiste la declaración anual que debo presentar?

Para seguir percibiendo el subsidio de mayores de 52 años, debe presentar cada año una declaración de sus rentas acompañada de la documentación que las justifique, en su caso.

Si sus ingresos no han superado en ningún mes el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), podrá tramitar la declaración anual a través de Internet en la Sede Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), siempre que disponga de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña Cl@ve.

Si no dispone de clave de acceso a Internet o sus rentas han superado en algún mes el citado importe, para presentar la declaración deberá acudir a su oficina de prestaciones, previa petición de cita en la Web del SEPE o por teléfono.

Este documento de declaración de rentas debe presentarlo cuando transcurran doce nuevos meses desde el nacimiento del derecho al subsidio, o cada vez que transcurran doce nuevos meses desde la última reanudación. El plazo de presentación es de quince días hábiles a partir de la fecha indicada.

Si no presenta dicha declaración, se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización.

¿Todavía tienes dudas sobre el subsidio para desempleados mayores de 52 años o sobre la declaración de rentas y documentación justificativa de las mismas para poder cobrarlo? Pide cita en Moya&Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià. Resolveremos tus dudas y te ayudaremos en todo lo relacionado con tu subsidio o prestación.


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Este martes, el abogado y economista 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹á𝘀 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 ha dedicado el consultorio de Radio Calvià FM a hablar de constituir una sociedad de forma rápida y barata, del bono o kit digital (para que mi empresa tenga presencia en internet, redes sociales, cree o mejore mi sitio web, amplíe negocio a través del comercio electrónico, digitalice mi empresa creando una oficina virtual, facturando electrónicamente y asegurando mis datos y comunicaciones), de otras ayudas en el término municipal de Palma y de Calvià para empresarios y profesionales, así como del cambio de base de cotización de los trabajadores autónomos.

¿Aún te quedan dudas? Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià:


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¿Jubilarse de forma anticipada a partir de los 61 años?

Es posible en determinados casos y para ello el trabajador tendrá que acogerse a la concreta modalidad de jubilación anticipada derivada del cese no voluntario en el trabajo, que tiene como requisito haber sufrido un despido. Ello, junto con otros requisitos, permitiría al trabajador adelantar la jubilación ordinaria hasta en 4 años hasta los 61 años, siempre que se acredite la cotización necesaria mínima, fijada en 37 años y 3 meses cotizados.

Debe tenerse en cuenta que a partir de 2022, con los cambios en la edad de jubilación previstos, los cómputos variarán, dado que la edad ordinaria para la jubilación se fijará en los 65 años para los trabajadores con 37 años y seis meses cotizados (3 meses más), y será de 66 años y dos meses para el resto (2 meses más).

El despido requisito de una jubilación anticipada debe traer cuenta de una situación de reestructuración empresarial. Además, será preciso que el trabajador conste inscrito como demandante de empleo un mínimo de 6 meses con anterioridad a solicitar la prejubilación.

El trabajador que se plantee acogerse a cualquiera de los tipos de jubilación anticipada debe tener en cuenta que la pensión resultará recortada en función de los años cotizados y del adelanto temporal solicitado, por ello conviene hacer bien los cálculos.

Si quieres saber más acerca de este tema, lee a continuación toda la información que Seguridad Social pone a tu disposición:


Jubilación anticipada derivada del cese no voluntario en el trabajo

A partir de 17-03-2013, se establece esta nueva modalidad de jubilación anticipada que será aplicable a los hechos causantes producidos a partir de dicha fecha, salvo en los casos en que resulte de aplicación lo establecido en la disposición final 12.2 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.

Beneficiarios / requisitos

Podrán acceder a esta modalidad de jubilación anticipada los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos:

  • Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad exigida que en cada caso resulte de aplicación, sin que a estos efectos resulten de aplicación las bonificaciones de edad, de las que puedan beneficiarse los trabajadores de algunos sectores profesionales por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y las personas con discapacidad igual o superior al 45% o al 65%. 
  • Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación (situación asimilada al alta).
  • Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de:
    • 33 años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias ni el abono de años y días de cotización por cotizaciones anteriores a 1-1-67. A estos exclusivos efectos, sólo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año. 
    • Del período de cotización, al menos 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o al momento en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar.
    • En el caso de trabajadores incluidos en el Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, a efectos de acreditar el período mínimo de cotización efectiva (33 años), será necesario que, en los últimos 10 años años cotizados, al menos 6 correspondan a períodos de actividad efectiva en este sistema especial. A estos efectos, se computarán también los períodos de percepción de prestaciones por desempleo de nivel contributivo en este sistema especial.
    • En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, para acreditar el período mínimo de cotización de 33 años, se  aplicarán, a partir de 04-08-2013, las reglas establecidas en el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto.
  • Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral. A estos efectos, las causas de extinción del contrato de trabajo que podrán dar derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada serán las siguientes:
  1. El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (ET).
  2. El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 52.c) del ET.
  3. La extinción del contrato por resolución judicial, conforme al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
  4. La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 del ET, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante.
  5. La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del ET.

Cuantía

La cuantía de la pensión se determina aplicando a la base reguladora el porcentaje general que corresponda en función de los años cotizados y el coeficiente reductor que corresponda.

La cuantía que resulte será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación, de los siguientes coeficientes en función del período de cotización acreditado:

  1. Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses.
  2. Coeficiente del 1,750 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses.
  3. Coeficiente del 1,625 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.
  4. Coeficiente del 1,500 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.

A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de aplicación.

Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que se equipare a un período la fracción del mismo.

Límite de la cuantía:

Una vez aplicados los referidos coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la cuantía que resulte de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 por 100 por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.

El coeficiente del 0,50 por 100 a que se refiere el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes supuestos:

  1. Cuando se trate de jubilaciones causadas al amparo de lo establecido en la norma 2ª del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social.
  2. En los casos de jubilaciones anticipadas, en relación con los grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, o se refieran a personas con discapacidad.

Beneficiarios

Podrán acceder a la jubilación anticipada los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos:

  1. Encontrarse en alta o situación asimilada al alta.
  2.  Tener  61 años de edad real. A tal efecto, no serán de aplicación las bonificaciones de edad, de las que puedan beneficiarse los trabajadores de algunos sectores profesionales por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y las personas con discapacidad igual o superior al 45% o al 65%. 
  3. Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de:

    30 años (se computará como cotizado a la Seguridad Social el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año) sin que se tenga en cuenta, a tales efectos, la parte proporcional por pagas extraordinarias ni el abono de años y días de cotización por cotizaciones anteriores a 1-1-67.

    Del período de cotización, al menos 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o al momento en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar.

    En el caso de trabajadores incluidos en el Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, a efectos de acreditar el período mínimo de cotización efectiva (30 años), será necesario que, en los últimos 10 años años cotizados, al menos 6 correspondan a períodos de actividad efectiva en este sistema especial. A estos efectos, se computarán también los períodos de percepción de prestaciones por desempleo de nivel contributivo en este sistema especial.

    En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial,  para acreditar el período mínimo de cotización de 30 años, se  aplicarán, a partir de 04-08-2013, las reglas establecidas en el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto.
  4. Encontrarse inscritos, como demandantes de empleo, en las oficinas del servicio público de empleo, durante un plazo de, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de jubilación. No obstará al cumplimiento de este requisito la simultaneidad de la inscripción señalada con la realización de una actividad por cuenta propia o ajena, siempre que dicha actividad sea compatible con la inscripción como demandante de empleo, según la legislación vigente.
  5. Que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se haya producido por causa imputable a la libre voluntad del trabajador. A tales efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decide poner fin a la misma. Se considerará en todo caso que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria, cuando la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 267,1 a) de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

Los requisitos  de encontrarse inscrito en las oficinas de empleo durante, al menos, 6 meses y que el cese en el trabajo no se hubiera producido por causa imputable al trabajador no serán exigibles en aquellos supuestos en los que el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo o contrato individual de prejubilación, haya abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, y en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo global, represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social. (La novedad radica en la equiparación de los contratos individuales de prejubilación a los acuerdos colectivos).

También podrán acceder a la jubilación, cumplidos los requisitos exigidos en los apartados 1, 2 y 3, siempre que la extinción de la relación laboral anterior haya venido precedida por alguna de las causas señaladas en el apartado anterior:

  • Los beneficiarios de la prestación de desempleo, cuando ésta se extinga por agotamiento del plazo de duración de la prestación o por pasar a ser pensionista de jubilación, de conformidad con lo señalado en las letras a) y e), apartado 1, del artículo 272 de la LGSS.
  • Los beneficiarios del subsidio por desempleo, de nivel asistencial, mayores de 52/55 años.
  • A los trabajadores mayores de 55 años que no reúnan los requisitos para acceder al subsidio por desempleo de mayores de dicha edad, una vez agotada la prestación por desempleo, y continúen inscritos en las oficinas del servicio público de empleo.

No será exigible el cumplimiento de los requisitos 3 y 4, cuando se trate de trabajadores a los que la empresa, en virtud de obligación adquirida en acuerdo colectivo, haya abonado, como mínimo, durante los 2 años anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación, una cantidad que, en cómputo global, no sea inferior al resultado de multiplicar por 24 la suma de los siguientes importes:

  • La cuantía mensual de la prestación que hubiera correspondido al trabajador en concepto de prestación contributiva por desempleo, de haber accedido a la situación legal de desempleo, en la fecha de la extinción del contrato de trabajo.
  • El importe mensual de la cuota satisfecha por el trabajador en el convenio especial suscrito por aquél.

Para la acreditación del cumplimiento de este requisito, la empresa deberá emitir una certificación en la que consten las cantidades abonadas al trabajador, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo, al menos durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación, así como las bases de cotización por desempleo de los 180 días inmediatamente anteriores a la baja en la empresa. El trabajador, junto con la solicitud de la pensión de jubilación, deberá presentar la certificación de la empresa ante la Entidad gestora correspondiente.

Reglas en determinados casos especiales

En el caso de que hayan de computarse cotizaciones acreditadas en diferentes regímenes de la Seguridad Social:

  • Reconocerá la prestación el régimen en el que el trabajador esté en alta, en el momento del hecho causante, siempre que reúna todos los requisitos para el acceso a la pensión establecidos en el mismo, computándose a tales efectos exclusivamente las cotizaciones acreditadas en dicho régimen.
  • En el supuesto de que no fuera posible acceder de este modo a la jubilación, reconocerá la pensión el régimen de Seguridad Social en el que no se estaba en alta, siempre que se reúnan los demás requisitos para el acceso a la jubilación, computándose a tales efectos exclusivamente las cotizaciones acreditadas en dicho Régimen.
  • Si tampoco fuera posible el acceso a la jubilación aplicando la regla anterior, decidirá el régimen donde el interesado acredite el mayor número de cotizaciones.
  • Si aplicando tales reglas, el Régimen que reconoce la pensión es el Régimen General (o el Régimen Especial de la Minería del Carbón o el Régimen Especial del Mar cuando se trate de trabajadores por cuenta ajena), el interesado podrá acceder a la jubilación anticipada por la vía del artículo 161 bis, apartado 2, del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, según su redacción a 31/12/2012. En caso contrario, no cabrá la aplicación de este mecanismo de jubilación anticipada.

Hecho causante y efectos económicos

Hecho causante:

  • El día del cese en la actividad laboral, cuando el trabajador está en alta.
  • El día de presentación de la solicitud, en las situaciones asimiladas a la de alta, con las siguientes excepciones:
  • En caso de excedencia forzosa, el día del cese en el cargo que dio origen a la asimilación.
  • En caso de traslado fuera del territorio nacional, el día del cese en el trabajo por cuenta ajena.

Efectos económicos:

  • Trabajadores en alta:
  • Desde el día siguiente al del cese en el trabajo, cuando la solicitud se haya presentado dentro de los 3 meses siguientes a aquél o con anterioridad al mismo.
    • En otro caso, se devengará con una retroactividad máxima de 3 meses desde la fecha de presentación de la solicitud.
  • Trabajadores en situación asimilada a la de alta:
  • Desde el día siguiente al de la solicitud o cuando se produzca el hecho causante, según sea la situación asimilada de que se trate.

Derecho de opción

  • Los trabajadores que, reuniendo todos los requisitos para obtener el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación en la fecha de entrada en vigor (5-8-97) de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, no lo hubieran ejercitado, aunque no hubiesen cesado en el trabajo, podrán optar por acogerse a la legislación anterior para obtener la pensión en las mismas condiciones a que hubiesen tenido derecho el día anterior al de la entrada en vigor de dicha ley.
  • En los supuestos de opción a favor de la legislación anterior a la citada ley, las cotizaciones efectuadas a partir de 5-8-97 no se computarán a efecto alguno ni procederá su devolución.
  • La opción tendrá carácter irrevocable.

Abono

  • Las pensiones se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas junto con las mensualidades de junio y noviembre y por el mismo importe que el de la mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses.

En los supuestos de reconocimiento inicial o de reanudación del percibo de una pensión, así como en los casos de suspensión del percibo de la pensión o extinción de la misma, la paga extraordinaria correspondiente se abonará en razón de sextas partes.

  • Se garantizan cuantías mínimas, según edad y cargas familiares.
  • La pensión, incluido el importe de la pensión mínima, será revalorizada al comienzo de cada año, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social y en el Real Decreto de revalorización de pensiones que se publica anualmente.
  • La pensión de jubilación está sujeta a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y sometida, en su caso, al sistema general de retenciones a cuenta del Impuesto.

Incompatibilidades / Compatibilidades

Incompatibilidades:

La percepción de la pensión de jubilación es incompatible con:

  • La realización de cualquier trabajo del pensionista, por cuenta ajena o propia, que dé lugar a su inclusión en el Régimen General o en alguno de los Regímenes Especiales, con las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se determinen.
  • El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público delimitado en el párrafo segundo del apartado 1 del art. 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas (excepciones: profesores universitarios eméritos y personal licenciado sanitario).
  • El desempeño de los altos cargos.

La realización de trabajos incompatibles con la percepción de la pensión, produce los siguientes efectos:

  • La pensión de jubilación se suspende, así como la asistencia sanitaria inherente a la condición de pensionista.
  • El empresario está obligado a solicitar el alta e ingresar las cotizaciones que, en su caso, correspondan.
  • Las nuevas cotizaciones sirven para:
    • Incrementar, en su caso, el porcentaje ordinario de la pensión.
    • Devengar el porcentaje adicional que corresponda por prolongación de la vida activa laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, establecido en el art. 210 de la LGSS.
    • Disminuir el coeficiente reductor aplicado, en el caso de haber anticipado la edad de jubilación.
    • En ningún caso, las nuevas cotizaciones pueden modificar la base reguladora.

Compatibilidades:

No obstante lo indicado en el apartado anterior, podrá compatibilizarse el percibo de la pensión de jubilación con la realización de los siguientes trabajos:

  • Las personas que “accedan” a la jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión con un trabajo a tiempo parcial en los términos establecidos. Durante dicha situación, denominada jubilación parcial, se minorará el percibo de la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.
  • Los pensionistas de jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión “causada” con un trabajo a tiempo parcial en los términos establecidos. Durante dicha situación, denominada jubilación flexible, se minorará la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista, en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.
  • El percibo de la pensión de jubilación es compatible con la realización de trabajos por cuenta propia, cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI, en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no están obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social y no generarán derechos sobre las prestaciones de la Seguridad Social.
  • El ejercicio de la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados en alta en una mutualidad alternativa o exentos de causar alta en el RETA.
  • El mantenimiento de la titularidad del negocio y el ejercicio de las funciones inherentes a dicha titularidad.
  • Compatibilidad de la pensión de jubilación con el ejercicio de la actividad de profesionales sanitarios jubilados médicos/as y enfermeros/as menores de setenta años.
    • Estos profesionales podrán ser reincorporados al servicio activo por la autoridad competente de la comunidad autónoma, al amparo de lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Esta reincorporación podrá ser tanto a jornada completa como a tiempo parcial, siendo compatible dicho nombramiento con la pensión de jubilación. (Orden SND/232/2020, de 15 de marzo)
  • Jubilación Activa. Pensión de jubilación y envejecimiento activo, artículo 214 de la LGSS:

    El disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, en los siguientes términos:
    • El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación, sin que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado.
    • El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100%.
    • El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.
    • La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.
      No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará el 100 %.
    • La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las pensiones del sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto se mantenga el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reducirá en un 50%, excepto en el supuesto de realización de trabajos por cuenta propia en los términos señalados en el párrafo anterior.
    • El pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo.
    • El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.
    • Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o producido el cese en la actividad por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación. Igual restablecimiento se producirá en el caso de cese en la actividad por cuenta propia cuando no se dieran las circunstancias que permitan compatibilizar el 100% de la pensión de jubilación con el trabajo.
    • La compatibilidad del 100 % de la pensión con la actividad por cuenta propia, se establece sólo para los trabajadores autónomos, siempre que se acredite tener contratado al menos un trabajador por cuenta ajena. La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, también prevé la posibilidad de que se amplíe a futuro esta compatibilidad a los trabajadores por cuenta ajena y al resto de trabajadores por cuenta propia (disposición final quinta).
      Cotización:

      Durante la realización del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, compatible con la pensión de jubilación, los empresarios y los trabajadores cotizarán a la Seguridad Social únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa reguladora del régimen del sistema de la Seguridad Social correspondiente, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8%, no computable para las prestaciones, que en los regímenes de trabajadores por cuenta ajena se distribuirá entre empresario y trabajador, corriendo a cargo del empresario el 6% y del trabajador el 2%.
      Mantenimiento del empleo por las empresas:Las empresas en las que se compatibilice la prestación de servicios con el disfrute de la pensión de jubilación no deberán haber adoptado decisiones extintivas improcedentes en los seis meses anteriores a dicha compatibilidad. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad al 17-03-2013 y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción.
      Una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y trabajo, la empresa deberá mantener, durante la vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel de empleo existente en la misma antes de su inicio. A este respecto se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores de alta en la empresa en el periodo de los 90 días anteriores a la compatibilidad, calculado como el cociente que resulte de dividir entre 90 la suma de los trabajadores que estuvieran en alta en la empresa en los 90 días inmediatamente anteriores a su inicio.
      No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato.
  • Compatibilidad de la pensión de jubilación con las actividades dedicadas a la creación artística que generen por esa actividad derechos de propiedad intelectual (Real Decreto 302/2019, de 26 de abril).
    Desde 1/05/2019, se establece la compatibilidad de la pensión de jubilación con el desempeño de una actividad de creación artística por la que se perciban ingresos derivados de derechos de propiedad intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros, con independencia de que por la misma actividad perciban otras remuneraciones conexas.No es compatible cuando, además, se realice un trabajo por cuenta ajena o propia que dé lugar a su inclusión en la Seguridad Social.
    Régimen de compatibilidad.
    Con independencia del porcentaje de la pensión y de su cuantía, estas actividades son compatibles con:
    • el 100 por ciento del importe que corresponda percibir o, en su caso, viniera percibiendo el beneficiario por la pensión contributiva de jubilación.
    • el 100 por ciento del importe del complemento por maternidad,      
    • la cantidad adicional a que se refiere el párrafo tercero del artículo 210.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
    • los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con la actividad de creación artística, siempre que reúna los requisitos establecidos para ello.
    • Para los trabajadores por cuenta propia: 8 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes
    • Para los trabajadores por cuenta ajena: el 6 por ciento correrá a cargo del empresario y el 2 por ciento a cargo del trabajador.
      Cómputo de periodos de carencia
      Para las prestaciones causadas después del hecho causante de la jubilación, sólo se podrán tener en cuenta las cotizaciones practicadas desde el hecho causante de la jubilación.
      Incompatibilidad pensión de jubilación e incapacidad temporal.
      La prestación de incapacidad temporal causada con posterioridad al hecho causante de la jubilación compatible con la realización de alguna una actividad de creación artística, será incompatible con el cobro de la pensión contributiva de jubilación a partir del momento en que se cese en la actividad y se cause baja en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. En estos supuestos solo se abonará la pensión contributiva de jubilación.

Extinción

Por fallecimiento del pensionista.


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Ya en vigor el Real Decreto-ley 27/2021, que prorroga determinadas medidas económicas en apoyo de la recuperación económica

Ha sido publicado en el BOE y ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, que contiene la prórroga hasta el próximo 2022 de muchas medidas tomadas con anterioridad por el Gobierno frente a la crisis económica generada por la pandemia

Amén de otras aprobadas, entendemos que son las más significativas en lo referido a las empresas las siguientes medidas:

1. Avales

Se modifica el apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que queda redactado así:

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 40.000 millones de euros, hasta el 30 de junio de 2022. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.»“.

2. Medidas en el ámbito del derecho concursal

A) Obligación de declaración de concurso de acreedores

Modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, cuyo artículo 6 queda redactado así:

Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la Ley Concursal comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha.

Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Si hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.»”

B) Causa de disolución por pérdidas

Otra modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia es la del apartado 1 del artículo 13, que queda redactado así:

Artículo 363.1.e) TRLSC. «A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021. Si en el resultado del ejercicio 2022 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.»


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Aprobado en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley que amplía la moratoria concursal hasta el 30 de Junio de 2022

REAL DECRETO LEY DE PRÓRROGA DE MEDIDAS ECONÓMICAS PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN

El Consejo de Ministros aprobó ayer martes 23 de noviembre un Real Decreto Ley para impulsar determinadas medidas que apoyen la recuperación en España, en especial medidas de apoyo a autónomos y empresas.

AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE MEDIDAS DE APOYO A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

El Consejo de Ministros ha aprobado, en línea con la extensión de la vigencia del Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea, un Real Decreto-ley que amplía la vigencia de determinadas medidas de apoyo a autónomos y empresas para garantizar su plena recuperación y viabilidad.

Se trata de seguir apoyando la recuperación y solvencia del tejido productivo para que las empresas puedan aprovechar el nuevo entorno de crecimiento económico.

El Real Decreto-ley aprobado amplía la vigencia de las Líneas de Avales, prorroga el régimen de autorización previa de determinadas inversiones extranjeras y extiende algunas medidas en el ámbito concursal.

Por otra parte, cabe señalar que, debido a la ampliación del Marco Temporal, se mantienen vigentes hasta el 30 de junio de 2022 los fondos de recapitalización de empresas gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y COFIDES.

Medidas en el ámbito concursal

El Real Decreto-Ley aprobado establece también medidas en el ámbito concursal, ampliándose al ejercicio 2021 la medida excepcional establecida en la Ley 3/2020 de exclusión de los resultados a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas. Extiende, a su vez hasta el 30 de junio de 2022, la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores, con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo y dispongan de un margen adicional para restablecer su equilibrio patrimonial en tanto se tramita la modernización del régimen concursal español.

El objetivo de esta reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es reorientar el marco concursal dotándolo de nuevos instrumentos para la reestructuración temprana de empresas viables, avanzando en la segunda oportunidad para empresarios que sean personas físicas y agilizando los procesos concursales, con el fin de evitar la destrucción de empleo y de tejido productivo.

Ampliación de las Líneas de Avales

Los autónomos y empresas podrán acceder a financiación garantizada a través de las Líneas de Avales hasta el 30 de junio de 2022 para cubrir sus necesidades de liquidez o financiar sus proyectos de inversión.

Las Líneas de Avales puestas en marcha por el Instituto de Crédito Oficial han sido un instrumento clave para garantizar el mantenimiento del tejido productivo, especialmente durante los momentos más duros de la pandemia.

Desde la puesta en marcha de la Línea de Avales de Liquidez en marzo de 2020 por importe de 100.000 millones de euros y con la posterior aprobación de la segunda Línea de Avales para Inversión y Liquidez por importe de 40.000, se han garantizado hasta el 18 de noviembre de 2021, 1.137.891 operaciones y desplegado avales por importe de 101.945 millones de euros, que han permitido movilizar 133.975 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo. A estas cifras hay que añadir los 1.385 avales formalizados que se ha destinado a garantizar 81 operaciones de empresas que cotizan en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y que han movilizado 1.978 millones de euros.

El diseño, gestión y modelo de asignación de los avales han permitido que sean de las líneas más utilizadas en toda Europa y constituyen uno de los mayores y más eficaces ejemplos de colaboración público-privada.

Adicionalmente, se amplía hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de reintegro por parte de las Comunidades Autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. De esta forma, las Comunidades dispondrán de un plazo adicional para resolver los recursos de las convocatorias ya cerradas.

Extensión de la suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras

El Real Decreto-ley amplía hasta el 31 de diciembre de 2022 la extensión de la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras, en determinados sectores, procedentes de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas, si la inversión es superior a 500 millones de euros.

La ampliación de la vigencia de esta medida tiene como objetivo proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos.

Si quieres leer más información sobre las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de 23 de noviembre, haz clic en este enlace a la página oficial de La Moncloa.


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Grabar a los trabajadores en su tiempo de descanso está justificado según el Tribunal Supremo

En Galicia, un Juzgado de lo Social consideró lícita las grabaciones -usadas para fundar un despido disciplinario- que fueron realizadas desde las cámaras del propio vehículo al chófer de autobús y que captaron no sólo los trayectos fijados o rutas, sino que también comprendía la grabación de los períodos de descanso entre ruta y ruta. En ellos podía observarse como el conductor en diversas ocasiones no cobró el billete a una mujer a quien realizó tocamientos, que fumó varias veces en el interior del autobús y orinó hacia fuera del vehículo.

Recurrido por el trabajador el pronunciamiento del Juzgado de lo Social, el Tribunal Superior de Justicia Gallego no admitió las grabaciones porque consideró que vulneraban los derechos de los conductores entender que no recibieron una información adecuada de la videovigilancia de la que iban a ser objeto y también del tratamiento de sus datos personales. Por todo ello declaró el despido del conductor nulo.

Finalmente y tras un nuevo recurso de parte de la empresa, el Tribunal Supremo ha sentenciado que estaba justificada la limitación de los derechos fundamentales de los trabajadores en este caso, a quienes considera informados expresamente de la instalación del sistema de grabación y de su ubicación, el cual tenía por objetivo la vigilancia de actos ilícitos, tanto de empleados como de terceros, y, en definitiva, de la seguridad del centro de trabajo.

¿Quieres saber más sobre este tema? Lee a continuación la reseña realizada por el portal de la Abogacía Española:


El TS considera justificadas las grabaciones en el tiempo de descanso de los trabajadores

El Tribunal Supremo ha considerado que la grabación de trabajadores en su tiempo de descanso está justificada para probar actos ilícitos de los empleados.

FUENTE/AUTOR: Abogacía Española

La cuestión es en qué circunstancias puede considerarse legítima la utilización por parte del empresario de este sistema al amparo del poder de dirección que le reconoce el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, respetando siempre el derecho a la intimidad personal que protege el artículo 18.1 de la Constitución Española.

“Cuando hay una infracción, debe prevalecer la persecución del delito al derecho a la privacidad”, afirma Gonzalo Vázquez Martínez, abogado que ha conseguido la resolución, pero aclara, que “hay que analizar caso por caso”.

Este caso concreto trataba de un trabajador que prestaba servicios como conductor de un autobús de una empresa de transporte público y que fue despedido disciplinariamente porque, según recoge el fallo, en varias ocasiones no cobró el billete a una mujer, a la que “realizó tocamientos”, fumó varias veces en el interior del autobús y orinó hacia fuera del vehículo.

“Los autobuses estaban provistos de tres cámaras que todos los trabajadores conocían y cuya existencia se indicaba en las pegatinas del autobús debidamente señaladas”, aclara Vázquez.

El Supremo considera que “algunas de aquellas conductas antijurídicas grabadas por las cámaras se produjeron tras finalizar una ruta y antes de empezar la siguiente. Pero ello no excluye que un conductor de autobús urbano, tras finalizar una ruta y antes de empezar la siguiente, cuando se encuentra dentro de su autobús, pueda incurrir en incumplimientos contractuales graves y culpables que afecten a sus obligaciones laborales, lo que justifica que las cámaras continuaran grabando durante esos lapsos temporales”.

Para el abogado, el estar en el tiempo de descanso “no excluye que el conductor, cuando se encuentra dentro de su autobús, pueda incurrir en incumplimientos contractuales graves que afecten a sus obligaciones laborales y que deriven en infracciones graves”.

El Supremo ha sentenciado que “estaba justificada la limitación de los derechos fundamentales en juego”. Y añade que los trabajadores “estaban informados expresamente de la instalación del sistema y de su ubicación”, que tenía por objetivo “la vigilancia de actos ilícitos de los empleados y de terceros y en definitiva de la seguridad del centro de trabajo, pero excluye otro tipo de control laboral que sea ajeno a la seguridad”.

El Juzgado de Lo Social consideró lícitas las grabaciones en las que se justifica el despido disciplinario, pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia inadmitió la prueba de videovigilancia y declaró la nulidad del despido.  Consideraba estas pruebas “contrarias a derecho” argumentando que “no se había dado a los conductores una información previa, expresa, precisa e inequívoca sobre el tratamiento de los datos personales obtenidos”.

FUENTE/AUTOR: Abogacía Española


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Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de intentar contratar a buenos profesionales y para mantener el talento en la empresa es que la normativa tributaria permite a las empresas el pago en especie hasta un 15 % de la retribución anual de trabajador. La utilización correcta del salario monetario y el salario en especie puede ser la herramienta perfecta para que el trabajador pueda meter más dinero en su bolsillo al final del año, ya que puede obtener un ahorro en el impuesto sobre la renta. Además, la utilización de este tipo de herramienta no supone mermar la cotización del trabajador.

Conoce y aprovecha, de la mano del abogado y economista Nicolás Emery, las ventajas fiscales existentes en relación con la forma de cobro o pago de algunos gastos, como el pago del seguro de enfermedad, el pago de la guardería de los niños o inclusos el coste que supone ir al trabajo utilizando el medio de transporte público.

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El despido de una trabajadora que había sustraído dinero de la caja y a cuyo bolso se accedió de manera ilícita para recabar pruebas del delito es improcedente pero no nulo

Un compañero de la trabajadora despedida, también empleado de la misma sucursal bancaria, movido por las sospechas, abrió el bolso sin su consentimiento mientras estaba ausente e hizo fotografías del mismo y de parte del dinero sustraído. Tras la personación de la policía en la oficina, la trabajadora mostró el interior del bolso por propia voluntad y confesó el delito.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que se pronuncia ante un recurso de suplicación de la trabajadora (pincha aquí para tener acceso al contenido de la Sentencia en formato pdf), señala que, aunque la vulneración de sus derechos fuera llevada a cabo por otro compañero-trabajador (con la condición de particular) y no por la empresa, es la propia empresa quien se aprovechó de los resultados para proceder al despido disciplinario. La trabajadora sufrió en el proceso un quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva por la inclusión de elementos probatorios obtenidos de forma ilícita. Entiende el Tribunal que la actuación de la policía se vio condicionada por la toma ilícita de una fotografía del interior del bolso de la despedida y que no puede aprovecharse como una prueba autónoma, de igual forma que dicha fotografía también determinó la presencia de la policía en el lugar, la exhibición del bolso por parte de trabajadora y la confesión del delito. Todos los medios de prueba derivan en su conjunto de una prueba inicial ilícita.  

No obstante lo anterior, que el descubrimiento de los hechos traiga cuenta del acceso ilícito al bolso por parte del compañero y la posterior presencia policial, no justifica una nulidad del despido, como pretende la trabajadora, a pesar del aprovechamiento de una prueba irregularmente obtenida. El TSJ señala que su despido no es nulo sino improcedente y, por ello, brinda a la empresa la posibilidad de o bien readmitir a la trabajadora o bien de indemnizarla en cantidad cercana a los 65.000 €. El TSJ entiende que la reacción de la empresa de despedir a la trabajadora es consecuente y viene estrictamente referida al descubrimiento de la realización por parte de su empleada de una irregularidad. También entiende que la exclusión de la prueba ilícita es ya garantía bastante para la trabajadora en orden a la protección de sus derechos fundamentales, pero fuera de esto, no puede pretenderse una especie de blindaje de la interesada frente a las consecuencias de sus actos.

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Cuestiones de procedimiento sobre la gestión de los ERTE y la protección de los trabajadores fijos discontinuos a partir de los Reales Decretos leyes 30/2020 ‐ 2/2021 ‐ 11/2021 – 18/2021

Estas fichas de procedimiento , disponibles para su consulta y descarga a través del documento facilitado por el SEPE (en formato pdf aquí) informan de manera general sobre situaciones que pueden afectar a las prestaciones por ERTE COVID-19.

Habrá que tener siempre en cuenta que la Dirección Provincial del SEPE correspondiente puede tener establecido otro mecanismo de comunicación o de tramitación que modifique o complemente lo expuesto aquí. Si ese fuera el caso tendría prevalencia lo que se haya comunicado desde la unidad administrativa provincial.

En el documento informativo podrás encontrar el siguiente índice de temas:

Índice temático

  1. Situación de las prestaciones a partir de 01/10/2021 y de 01/11/2021
  2. Dinámica entre distintos ERTE COVID a partir de noviembre de 2021
  3. XML: comunicación de periodos de actividad si se percibe prestación ERTE COVID‐19
  4. Prestaciones ERTE COVID‐19 RDL 18/2021: contenido y remisión de ficheros XML
  5. Baja de la prestación extraordinaria por ERTE COVID definitiva o temporal
  6. Baja de la prestación ERTE: otras causas distintas de la reincorporación a la actividad
  7. Comunicación de los días festivos en los ficheros de actividad (XML)
  8. IT ‐ comunicación de las bajas médicas de los trabajadores incluidos en ERTE
  9. IT ‐ comunicaciones de los trabajadores en baja médica si están en ERTE COVID
  10. Subrogación de trabajadores de una empresa en ERTE a otra que continúa el ERTE COVID
  11. Protección extraordinaria por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos
  12. Trabajadores fijos discontinuos con incorporación efectiva a la actividad‐interrupciones
  13. Trabajadores fijos discontinuos que han terminado su campaña y pasan a inactividad
  14. Prestación extraordinaria ERTE con causa en el volcán de la isla de La Palma
  15. Cuándo se remite la solicitud colectiva para ERTE COVID (Excel lila) y cuándo para FD (Excel azul)
  16. Pago de las prestaciones extraordinarias: dinámica del proceso de ficheros XML

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Cláusula de mantenimiento de empleo

La aparición de la COVID-19 ha puesto en auge modelos como los ERTE que antes eran muy poco conocidos pero que a día de hoy están a la orden del día. La Dirección General de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social publicó en diciembre de 2020 el criterio interpretativo sobre las cláusulas de mantenimiento de empleo (haz clic en el enlace para acceder al documento en formato pdf) relacionadas con las empresas que se acogieron a los ERTE derivados de la COVID-19.

Con las nuevas medidas aprobadas recientemente, pasamos recordar estos términos:

¿Qué es una cláusula de salvaguarda o mantenimiento de empleo?

Es la obligación empresarial de mantener el empleo durante los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad empresarial, es decir desde la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por ERTE, aun cuando sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla.

¿A quién afecta?

 A todas las empresas que reciban exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social.

Tenemos que tener en cuenta que esta cláusula es nominativa, lo que significa que la empresa debe mantener el empleo de todos los trabajadores afectados por el ERTE que recibieron exoneraciones, y no puede despedir a un trabajador y sustituirlo por otro.

Existen cinco cláusulas de mantenimiento de empleo, según los Reales Decretos que se han ido aprobando desde la declaración del primer estado de alarma de 2020:

PRIMERA: La primera cláusula, solo afectaba a los ERTE por Fuerza Mayor, pero no a los ETOP (causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción), contando los 6 meses desde que se reincorpora al primer trabajador, ya sea de manera total o parcial, siendo el plazo único para todo el ERTE.

SEGUNDA: La segunda, recogida en el RD-Ley 30/2020, mantiene vigente la obligación de salvaguarda de empleo. Al ser una continuación del anterior, se establecen dos maneras de contar los 6 meses:

  • Si la empresa estaba afectada por un compromiso previo, esos 6 meses se empezarán a contar desde la finalización del primer periodo, siempre y cuando algún trabajador del nuevo ERTE con exoneración esté incorporado.
  • Si no tuviera un compromiso previo, el cómputo se cuenta desde el momento en que el primer trabajador deje de estar afectado por el ERTE, ya sea de manera total o parcial.

*En lo referente a los ERTE ETOP realizados en virtud del RD-Ley 24/2020 y que tengan exoneración de cuotas de la Seguridad Social, los 6 meses empiezan a contar desde el 26 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor de la norma y no antes, aunque hubieran sacado algún trabajador.

TERCERA, CUARTA Y QUINTA: Estas tres últimas cláusulas recogidas en los RD-Ley 2/2021, 11/2021 y 18/2021, las agrupamos en el mismo apartado ya que mantienen vigente la anterior, pensando en todo tipo de ERTE que hayan tenido o vayan a tener exoneración.

¿Cuáles son los ERTE con exoneración? (Lista a partir del 1/11/2021 y hasta el 28/02/2022)

  • ERTE de las empresas de la cadena de valor y CNAE de la disposición adicional primera del RDL 11/2021.
  • ERTE por causas ETOP vinculados a los CNAE y empresas, contemplados en la disposición adicional primera del RDL 11/2021.
  • ERTE por limitación de la actividad.
  • ERTE por impedimento.
  • ERTE prorrogados de impedimento, limitación y rebrote.

*La exoneración de estos ERTE del RD-Ley 18/2021 estará vinculada a actividad formativa.

¿Qué ocurre si se incumple el compromiso?

La consecuencia será la pérdida de la exoneración de las cotizaciones concedidas, debiendo la empresa (no sólo el centro de trabajo, aunque hay disparidad de opiniones entre Inspección de Trabajo y la Dirección General de Trabajo) devolver el importe total de las cotizaciones de cuyo pago resultó exonerada, además del correspondiente recargo del 20% y los intereses de demora que se generen hasta la fecha de devolución.

Cada compromiso de empleo se debe considerar por separado a los efectos de la cantidad a devolver, por lo que, si se incumple el segundo, no habrá que devolver el primero, pero habrá que estar a las decisiones judiciales y a los Reales Decretos para poder asegurar este aspecto.

¿Cuándo se entiende incumplido el compromiso?

Si se produce el despido o extinción de los contratos de trabajo de cualquier de las personas afectadas por los ERTE.

Se incluye también la extinción solicitada por el trabajador tras una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o por una movilidad geográfica.

 *Excepción:  empresas en que concurra riesgo de concurso de acreedores.

Lista de supuestos en que no se considera incumplido el compromiso

  • Despido disciplinario declarado procedente.
  • Dimisión.
  • Muerte.
  • Jubilación.
  • Incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.
  • Fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo, cuando no suponga despido sino interrupción.
  • Subrogación: se considera que la relación laboral sigue viva.
  • En caso de contratos temporales:
    • Extinción del tiempo convenido.
    • Realización de la obra o servicio objeto del contrato.
    • Cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

Implicación para el trabajador

El incumplimiento no afecta al trabajador ni determina la consideración del despido como procedente, improcedente o nulo. Por ello, como en cualquier otro despido, el trabajador tiene un plazo de 20 días hábiles para impugnar el despido.

Paula Manzanares
Dpto. Jurídico Moya&Emery


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