¿Habrá restricciones para las CCAA a la hora de legislar?

El Consejo General de Economistas elabora anualmente un estudio de fiscalidad autonómica. Este año han aprovechado para recalcar la gran disparidad que hay entre comunidades y dentro de las comunidades. Las comunidades autónomas han creado un total de 79 impuestos propios además de más de 500 modificaciones y cambios fiscales al año. Esto provoca que el sistema de tributación, ya complicado de por sí, sea todavía más difícil de comprender y de controlar.

Como bien sabemos, la Constitución Española permite a las Comunidades Autónomas legislar en determinadas materias, gracias a la delegación de estos temas por parte del Estado. Sin embargo, desde hace ya una temporada, las regiones utilizan su capacidad normativa para elaborar multitud de cambios y requisitos en las bonificaciones o deducciones lo que da lugar a una falta de orden y coherencia entre Comunidades Autónomas con respecto a los mismos impuestos.

Los impuestos propios de las Comunidades Autónomas, sólo otorgan entre el 2,2 y el 5% de los recursos que se gestionan, y esto depende del año. Los impuestos que más recaudan son el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales. Por detrás se encuentran los Impuestos de Patrimonio, los Impuestos de Sucesiones y Donaciones, los Actos Jurídicos Documentados y las Transmisiones Patrimoniales. Toda este embrollo de impuestos, normas y modificaciones provocan situaciones que no deberían provocarse por el principio de non bis in idem, que consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez. Por ejemplo, se han dado casos de personas que han tenido que pagar el Impuesto de Patrimonio y a la vez tienen que pagar un IBI altísimo debido a la norma municipal.

Uno de los puntos fundamentales en los que se ve claramente esta distinción entre comunidades es el medio ambiente. Este tema es utilizado por las Comunidades Autónomas para imponer tributos. Algunos ejemplos son las tasas a los residuos, al agua embalsada, la incineración, la generación de energía eléctrica o eólica, la contaminación atmosférica,…

Lo más complicado de este temas es cuando los impuestos propios de una Comunidad Autónoma entran en conflicto con los tributos propios del Estado, como por ejemplo el de los depósitos bancarios o el céntimo sanitario.  Todo esto hace plantear la cuestión de si es necesario que las Comunidades Autónomas tengan una línea común que seguir para poder elaborar su propia normativa de tributos.

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