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Consulta Vinculante ante la DGT V1687-21

DESCRIPCIÓN:

Una persona va a adquirir una vivienda terminada pero la operación se va a articular mediante dos operaciones separadas con una misma sociedad: (i) entrega del solar y (ii) contratación para la ejecución de la obra de construcción. Todo se realizará mediante un único contrato y el solar no va a estar a disposición del adquirente hasta que no se le entregue la vivienda terminada.

NORMATIVA

Ley 37/1992 arts. 4, 5, 75, 90, 91.Uno.3.1º

CUESTIÓN PLANTEADA

Tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a dichas operaciones.

CONTESTACIÓN

1.- El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que “estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.”.

El apartado dos, letras a) y b), del mismo precepto señala que “se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional:

a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de empresario o profesional.

b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción al Impuesto.”.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.uno de la citada Ley 37/1992, se reputarán empresarios o profesionales, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido:

“a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.

No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.

b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.

(…).”.

En este sentido, el apartado dos, de este artículo 5, establece que “son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.”.

En consecuencia, la entidad promotora tiene la condición de empresario o profesional y estarán sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de bienes y prestaciones de servicios que en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional realice en el territorio de aplicación del Impuesto.

2.- Por otra parte, según parece deducirse del escrito de consulta, con carácter previo a la construcción de las viviendas, la constructora va a transmitir a los adquirentes la parcela de suelo que le corresponde si bien en ese momento no adquieren la facultad de disposición de la parcela, que la adquirirán una vez haya terminado la construcción de la vivienda y ésta sea entregada a los mismos.

En relación con el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido, el artículo 75, apartado uno, número 1º y apartado dos, de la Ley 37/1992, preceptúa lo siguiente:

“Uno. Se devengará el Impuesto:

1º. En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable.

(…)

Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.”.

En este sentido, el artículo 1462 del Código Civil establece lo siguiente:

“Se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y posesión del comprador.

Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario.”.

Por tanto, con carácter general la cosa se entiende entregada cuando se pone en poder y posesión del adquirente. No obstante, el otorgamiento de la escritura pública equivale a la entrega de la cosa solamente si tal entrega no se ha producido, de hecho, con anterioridad o de la misma no se deduce que tendrá lugar posteriormente. Estas circunstancias han de reflejarse en dicha escritura pública, pero en el caso de que no se reflejase la primera de las mencionadas, ello no obsta para que la entrega se haya producido anteriormente.

De la escasa información contenida en el escrito de consulta resulta que el terreno no se pondrá a disposición del cliente hasta el momento que se entregue la vivienda construida, habiéndose así acordado entre la constructora y el consultante.

En estas circunstancias, la transmisión del poder de disposición de la parcela de terreno no tendrá lugar hasta la fecha en que, según dicha escritura pública, se produzcan los efectos traslativos en ella previstos (fecha de entrega de la vivienda ya construida), momento en el que, asimismo, se producirá el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a dicha operación.

Lo anterior se entiende sin perjuicio del devengo por los pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible, es decir, a la entrega efectiva del terreno y la vivienda al cliente, tal y como dispone el apartado dos del artículo 75 de la Ley 37/1992. A tal efecto, según reiterada doctrina de este Centro directivo, las aportaciones realizadas por los clientes, efectuadas con el objeto de contribuir a la financiación de la construcción de las viviendas, constituyen pagos anticipados de las citadas entregas de las viviendas, devengándose el impuesto en el momento del cobro de dichas cantidades y ello con independencia del modo como se denominen y cualquiera que sea el concepto al que se impute el pago de dicha contraprestación.

3.- De acuerdo con los hechos que parecen desprenderse del escrito de consulta, en el caso de que la sociedad constructora proceda a vender las parcelas de terreno conservando la posesión de las mismas para edificar y entregar ulteriormente la parcela con las viviendas, nos encontraríamos ante dos operaciones: por una parte, la entrega del terreno propiamente dicha y, por otra, una ejecución de obra cuya finalidad es la construcción de unas viviendas.

Es decir, la actuación de la sociedad constructora en los términos descritos supone, junto a la entrega de un terreno, la realización de las obras de edificación de viviendas para sus clientes titulares del terreno sobre el que se asentarán los referidos inmuebles.

Consecuentemente, estas operaciones de construcción estarán sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, siendo destinatarios de las mismas los propios adquirentes de la vivienda, a quienes la constructora habrá de repercutir el impuesto devengado a la vez que se efectúen los pagos correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90, apartado Uno, de la Ley 37/1992, el citado tributo se exigirá al tipo impositivo del 21 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo 91 de la propia Ley 37/1992.

En este sentido, el artículo 91.Uno.3.1º de la citada Ley dispone que se aplicará el tipo impositivo del 10 por ciento a las siguientes operaciones:

“1.º Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas principalmente a viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados.

Se considerarán destinadas principalmente a viviendas, las edificaciones en las que al menos el 50 por ciento de la superficie construida se destine a dicha utilización.”.

Por consiguiente, el régimen tributario en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a las distintas operaciones descritas difiere por cuanto que el tipo impositivo aplicable, conforme a las reglas de los artículos 90 y 91 de la Ley 37/1992, es el 21 por ciento para las entregas de terrenos en curso de urbanización y el 10 por ciento para las operaciones consistentes en las ejecuciones de obra de construcción de viviendas.

No obstante lo anterior, tal y como ha manifestado este Centro directivo, entre otras, en la contestación vinculante de 9 de febrero de 2016, número V0531-16, procede analizar si ambas operaciones constituyen un todo unitario a la luz del objetivo realmente perseguido, esto es, la entrega de las viviendas construidas, o bien si cada una de ellas conserva su carácter autónomo y, en consecuencia, el régimen fiscal que le es propio.

En este punto debe tenerse en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, Tribunal) contenida, entre otras, en la sentencia de 21 de febrero de 2008, recaída en el Asunto C-425/06, Part Service Srl. Concretamente, en sus apartados 47 a 53, la citada sentencia concluye lo siguiente:

“47. Con carácter preliminar, procede recordar que la opción de un empresario entre operaciones exentas y operaciones gravadas puede basarse en un conjunto de elementos y, especialmente, de consideraciones de carácter fiscal relativas al régimen del IVA. Cuando un sujeto pasivo puede elegir entre dos operaciones, la Sexta Directiva no le obliga a optar por la que maximice el pago del IVA. Al contrario, el sujeto pasivo tiene derecho a elegir la estructura de su actividad de modo que limite su deuda fiscal (sentencia Halifax y otros, antes citada, apartado73).

48. No obstante, cuando una operación consta de varias prestaciones, se plantea la cuestión de si debe considerarse como una operación única o como varias prestaciones distintas e independientes que han de apreciarse separadamente.

49. Esta cuestión tiene una importancia particular desde el punto de vista del IVA, entre otras cosas, para aplicar el tipo impositivo o las disposiciones relativas a la exención previstas por la Sexta Directiva (véanse las sentencias de 25 de febrero de 1999, CPP, C-349/96, Rec. p.I-973, apartado 27, y de 27 de octubre de 2005, Levob Verzekeringen y OV Bank, C-41/04, Rec. p.I-9433, apartado18).

50. A este respecto, del artículo 2 de ésta se desprende que normalmente cada prestación debe considerarse distinta e independiente (véanse las sentencias, antes citadas, CPP, apartado 29, y Levob Verzekeringen y OV Bank, apartado20).

51. No obstante, en determinadas circunstancias, varias prestaciones formalmente distintas, que podrían realizarse separadamente dando lugar, en cada caso, a gravamen o a exención, deben considerarse como una operación única cuando no son independientes.

52. Así sucede, por ejemplo, cuando, al término de un análisis aun meramente objetivo, se comprueba que una o varias prestaciones constituyen una prestación principal y que la otra o las otras prestaciones constituyen una o varias prestaciones accesorias que comparten el tratamiento fiscal de la prestación principal (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas CPP, apartado 30, y Levob Verzekeringen y OV Bank, apartado 21). En particular, una prestación debe considerarse accesoria de una prestación principal cuando no constituye para la clientela un fin en sí, sino el medio de disfrutar en las mejores condiciones del servicio principal del prestador (sentencia CPP, antes citada, apartado 30, y las circunstancias del litigio principal que dio lugar a dicha sentencia).

53. Puede igualmente considerarse que existe una prestación única cuando dos o varios elementos o actos que el sujeto pasivo realiza se encuentran tan estrechamente ligados que objetivamente forman una sola prestación económica indisociable cuyo desglose resultaría artificial (véase, en este sentido, la sentencia Levob Verzekeringen y OV Bank, antes citada, apartado22).”.

De acuerdo con la citada jurisprudencia del Tribunal, es decisivo determinar la naturaleza de las distintas operaciones teniendo en cuenta todas las circunstancias. A tal respecto, es importante si las operaciones se hallan vinculadas entre sí de forma tal que, tomadas aisladamente, desde la perspectiva del consumidor medio, no revistan para el cliente la utilidad práctica necesaria.

En el caso objeto de consulta, el consultante espera obtener de la constructora la vivienda sin que, en las condiciones señaladas, la entrega previa del terreno le reporte utilidad alguna de manera aislada.

En este sentido, un indicio de la necesaria vinculación entre ambas operaciones, según parece deducirse del escueto escrito de consulta, es que la puesta a disposición del terreno tendrá lugar en el momento de la entrega de la vivienda ya terminada, conservando mientras tanto la sociedad constructora la capacidad de disposición de la finca en aras de cumplir con el objeto social de terminar la construcción de las viviendas. Asimismo, otra prueba de lo anterior vendría constituida por la calificación del terreno de uso residencial, así como la posible existencia de proyectos de edificación de viviendas ya visados por el correspondiente colegio de arquitectos.

A partir de los criterios anteriores, ha de considerarse que en el supuesto concreto descrito en el escrito de consulta existe una única operación desde el punto de vista económico consistente en la entrega de viviendas terminadas que no debe desglosarse artificialmente para no alterar la funcionalidad del sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido. En consecuencia, al considerarse una operación global, el tipo impositivo aplicable debe determinarse de modo uniforme, siendo de aplicación el tipo reducido del 10 por ciento tanto a la venta de la parcela de terreno como a la posterior ejecución de obras y entrega de la vivienda.

4.- Por otra parte, se informa de que, en relación con las dudas suscitadas sobre el régimen de tributación indirecta de las operaciones inmobiliarias, tanto en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido como del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha incorporado en el portal del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) dentro de sus servicios de asistencia virtual referentes al IVA, un nuevo servicio de ayuda e información al contribuyente denominado “Calificador Inmobiliario”, creado para resolver las principales dudas planteadas en relación con la tributación indirecta relacionada con la transmisión, cesión y arrendamiento de bienes inmuebles, así como, la urbanización de terrenos.

El “Calificador inmobiliario” ofrece información sobre la tributación indirecta que afecta a las operaciones, distinguiendo entre diferentes supuestos, como la venta de edificaciones o terrenos, el arrendamiento sin opción de compra, arrendamiento con opción de compra, de inmuebles, así como las operaciones en las que intervienen las Juntas de compensación.

En concreto, indica si la operación de compraventa o arrendamiento del inmueble tributa por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o por el Impuesto sobre el Valor Añadido, indicando en este último caso el tipo impositivo aplicable, a quién corresponde la declaración e ingreso del impuesto, y si en la factura que documente la operación se debe o no repercutir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

A estos efectos, podrá contactar con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de su sede electrónica: http://www.aeat.es, o en la siguiente dirección –haz clic aquí-:

5.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


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Migración de Dirección Electrónica Habilitada (DEH) a Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú)

A partir del 06-09-2021, TODAS las notificaciones y comunicaciones de la Agencia Tributaria estarán disponibles en la Dirección Electrónica Habilitada única (en adelante DEHú).

Actualmente las notificaciones de la AEAT están disponibles para comparecer en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, en la Dirección Electrónica Habilitada (en adelante DEH) y en Carpeta Ciudadana.

El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo en el artículo 42 sobre la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos establece en el punto 5: Toda notificación cuyo emisor pertenezca al ámbito estatal a que se refiere el artículo 1.2 de este Reglamento se pondrá a disposición del interesado a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, incluyendo el supuesto previsto en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, los emisores de ámbito estatal podrán notificar en su sede electrónica o sede electrónica asociada de forma complementaria a la puesta a disposición en la Dirección Electrónica Habilitada única.

A la DEH se envían para comparecer únicamente las notificaciones electrónicas. A la DEHú se enviarán todas las notificaciones, tal como se está haciendo actualmente en la Sede electrónica y en Carpeta Ciudadana.

Se tendrá acceso a las notificaciones depositadas por la Agencia Tributaria en la DEHú por dos vías:

  • A través del portal https://dehu.redsara.es/, autenticándose con certificado electrónico o Cl@ve PIN.
  • A través de servicios web para la descarga masiva de notificaciones ofrecido por la DEHú.
    • Instrucciones en el Portal de Administración Electrónica PAe https://administracionelectronica.gob.es/ctt/lema/descargas

Con el fin de dar tiempo para la adaptación de los desarrollos necesarios, habrá un periodo transitorio durante el que se mantendrá el envío de las notificaciones a la DEHAl finalizar ese periodo transitorio (previsiblemente en el último trimestre de 2021), no se enviarán notificaciones a la DEH.

¿Qué es la DEHú?

La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) o Punto único de notificaciones para todas las Administraciones Públicas facilita el acceso a los ciudadanos a las notificaciones y comunicaciones emitidas por las administraciones públicas en el ejercicio de su actividad.

Ante la dispersión de sedes electrónicas y de vías de puesta a disposición, la DEHú permite que los interesados, tanto personas físicas como personas jurídicas, tengan acceso a sus notificaciones y comunicaciones en un punto.

Ofrece dos vías de puesta a disposición:

• Vía web para que tanto las personas físicas como las personas jurídicas puedan acceder y comparecer a sus notificaciones y comunicaciones de manera sencilla y directa.

• Vía servicios web para grandes destinatarios  que les permite implementar procesos automatizados para acceder a sus notificaciones y comunicaciones, comparecer las notificaciones y distribuirlas entre sus diferentes centros y/o departamentos de manera rápida y eficiente.


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El Gobierno confirma una nueva prórroga los ERTEs pero con cambios significativos y la más que probable supresión de exoneraciones a la Seguridad Social

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, señaló este pasado lunes que solo quedan 275.000 trabajadores en España que continúen en ERTE, según las últimas cifras, de los 4 millones de empleados que lo llegaron a estar durante los peores meses de la pandemia.

Los ERTEs fueron extendidos con una prórroga que finaliza el próximo día 30 de este mes y el Gobierno negocia ya con los agentes sociales una nueva extensión de este mecanismo, pero casi con total probabilidad se alterarán las condiciones de los ERTEs actuales y se revisarán o suprimirán muchas de las exoneraciones a la Seguridad Social. Lo cierto es que a día de hoy no hay nada seguro sobre los futuros ERTE y sus condiciones.

Visita el blog de Moya & Emery para mantenerte al día de toda la actualidad laboral, mercantil y fiscal https://blog.moyaemery.com


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La importancia de los balances y de una correcta llevanza de la contabilidad en la empresa. Nicolás Emery en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM

Nicolás Emery nos habló de la importancia de los balances y de llevanza correcta de la contabilidad en la empresa en el último consultorio jurídico de Rádio Calvià FM, en el que pudo responder a cuestiones como:

  • ¿Qué es un balance de situación? ¿Para qué sirve la información que figura en él? ¿Cómo debe hacerse? ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo se debe interpretar?
  • ¿Por qué es importante conocer el valor del activo corriente?
  • ¿Y el pasivo corriente?
  • ¿Qué diferencia hay entre el activo no-corriente y el activo corriente? ¿Y qué diferencia entre el pasivo corriente y el pasivo no-corriente?
  • El depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil. ¿Qué empresas está obligadas a presentar cuentas y qué plazo hay? ¿Para qué sirven las cuentas anuales?
  • ¿Qué es el fondo de maniobra?

Recuerda que en Moya & Emery podemos ayudarte con la contabilidad de tu empresa o negocio. Ponte en contacto con nosotros y pide cita en cualquiera de nuestras oficinas


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Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia (elaborada por el Consejo General de Economistas y CEPYME, julio 2021)

Ante un aumento de estos procesos concursales del 45% en el primer semestre del año frente al de 2019 y con el afán de que los empresarios que están siendo azotados por la crisis económica traída por la pandemia del Covid-19 puedan anticiparse y disponer de toda la información necesaria para afrontar de la mejor manera posible una eventual situación de insolvencia en su empresa, el Consejo General de Economistas junto con la patronal CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) han elaborado una la GUÍA DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA ANTE LA INSOLVENCIA, que puedes descargar en formato pdf aquí

Si te interesa este tema, además puedes leer el artículo del digital CincoDías con un resumen de la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia del CGE y CEPYME:


Cómo se debe afrontar la insolvencia de la empresa, paso a paso

Guía de actuación de Cepyme y CGE para pymes

FUENTE: CincoDías AUTOR: Marta Yoldi

La necesidad de los empresarios, especialmente si son pequeños, de disponer de la información necesaria para afrontar la temida situación de insolvencia es cada vez mayor en el contexto de la crisis del Covid. Ante un aumento de estos procesos del 45% en el primer semestre de 2021 frente al de 2019, el Consejo General de Economistas y la patronal Cepyme han editado la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia, un recorrido paso a paso del proceso que se ha de seguir y que se resume a continuación.

Alerta temprana

La Guía aconseja, en primer lugar, detectar con anticipación la futura insolvencia para ganar tiempo y recursos. Se trata de realizar un control económico-financiero de la compañía y de observar riesgos tales como caída de facturación o márgenes, la necesidad de convertir en dinero bienes del activo inmovilizado, la pérdida de concesiones o retrasos en los pagos.

Insolvente pero viable

Los controles permiten conocer si la empresa sigue siendo solvente o no. En caso de insolvencia, cabe la posibilidad de que haya viabilidad, coyuntura en la que hay que reorganizar costes, reconducir la empresa, buscar financiación y reestructurar deudas. Para esto último, hay que negociar con los acreedores mediante acuerdos de refinanciación o pactos extrajudiciales o concursales (propuestas de convenio y acuerdos laborales).

Insolvente e inviable

Todavía se recomienda estudiar las posibilidades de acuerdos extrajudiciales para liquidar la empresa, lo que se conoce como liquidación voluntaria. Si no es posible, se solicita el concurso de liquidación.

Comunicar los acuerdos

Al abrir la negociación con los acreedores, es necesario comunicarlo al juzgado competente. Durante los siguientes tres meses, se suspenden las posibles ejecuciones contra el deudor o las ya iniciadas. En el caso de personas naturales (físicas), el plazo es de dos meses.

Acuerdos de refinanciación

Los acuerdos de refinanciación son de dos tipos: colectivos y singulares. En los primeros, el deudor llega a un pacto con sus acreedores, con o sin homologación judicial. En los singulares, el acuerdo puede ser con uno o con varios acreedores y nunca son homologados por el juez.

Pactos extrajudiciales de pagos

Este tipo de acuerdos pretenden desjudicializar los procesos y requieren la intervención de un mediador concursal. Las personas físicas no empresarias o las personas jurídicas cuya entidad no es inscribible en el Registro Mercantil deben solicitar el mediador ante notario. El resto lo harán ante el Registro Mercantil o cámara de comercio correspondiente. Hay que advertir que el mediador tiene menos responsabilidades y obligaciones que un administrador concursal.

Papel del mediador

Como primer paso, el mediador convoca al deudor y a sus acreedores, dentro de los 10 días siguientes a la aceptación del cargo, con el propósito de alcanzar el acuerdo extrajudicial de pagos. Remite una propuesta a los acreedores, con el visto bueno del deudor, que puede contemplar cualquiera de estas medidas: esperas no superiores a 10 años; quitas; conversión de créditos en acciones o participaciones de la empresa o en otros instrumentos financieros; o cesión de bienes y derechos. Si los acreedores aceptan el plan presentado, se firma en escritura pública.

No se aprueba el plan

En caso de que los acreedores no aprueben la propuesta, el mediador presenta concurso, llamado consecutivo. Las personas físicas lo hacen ante el Juzgado de Primera Instancia y el resto de deudores, ante un Juzgado Mercantil.

Concurso consecutivo

A este concurso se llega después de no haber alcanzado ni el acuerdo de refinanciación ni el extrajudicial de pagos, por haberlos incumplido o bien porque se haya declarado la nulidad o la ineficiencia judicial de alguno de los dos acuerdos.

Exoneración del pasivo insatisfecho

Cuando una persona física llega al concurso consecutivo aún puede recurrir al sistema se segunda oportunidad o beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho por el que el deudor se libera de las deudas existentes, con ciertas limitaciones.

Proceso del concurso consecutivo

El juez nombra administrador concursal al mediador como regla general. Si el concurso se hubiera declarado a solicitud del acreedor, el concursado podrá presentar una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que le hubiera sido notificada esa declaración. Las personas físicas solo podrán presentar un plan de liquidación de la masa activa (bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor). Para el supuesto de falta de presentación o de inadmisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio, de la falta de aprobación del convenio, y de incumplimiento del convenio aprobado, el juez acordará directamente la apertura de la fase de liquidación.

Concurso de acreedores

Este concurso tiene como objeto repartir la masa activa del deudor entre los acreedores. Se presenta en dos meses desde la insolvencia y cuando no hay acuerdo previo. Es voluntario cuando lo presenta el propio deudor y necesario cuando lo hacen los acreedores. Los necesarios son los que los que no se pueden presentar hasta el 31 de diciembre de 2021 en virtud de la moratoria concursal. Consta de tres fases. La fase común es la de solicitud de concurso, el auto de declaración y el informe del administrador concursal. La fase de convenio incluye, entre otras cosas, la presentación y admisión de las propuestas, la aprobación judicial de la propuesta aceptada mayoritariamente y su posterior cumplimiento o incumplimiento. La de liquidación es en la que se liquida la masa activa y se procede al reparto entre los acreedores.

Calificación

En esta fase del proceso se depuran las posibles responsabilidades y se determina si el concurso es culpable o fortuito

Conclusión y rendición de cuentas

El concurso se concluye por: cumplimiento del convenio aprobado; liquidación de los bienes y derechos y pago a los acreedores hasta donde alcance; inexistencia de la insolvencia por pago o por satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio; desistimiento o renuncia de los acreedores; o insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa. Esta última es la causa más frecuente de conclusión. La rendición de cuentas se presentará junto con el informe final de liquidación


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Hacienda pone el foco en los autónomos que tributan por módulos (estimación objetiva) con la nueva Ley Antifraude

La nueva Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude ha puesto el foco sobre ellos y Hacienda, como caballo de batalla, los vigilará más estrechamente: Los autónomos que tributan en el régimen de estimación objetiva (módulos) están en el punto de mira porque se entiende que estos, al no tener la obligación de presentar un balance al declarar sus ingresos, poseen una mayor facilidad para aceptar “pagos en b”. En el intento de acabar con los movimientos continuos de efectivo y de controlar sus flujos de caja de operaciones sin declarar, la nueva ley ha limitado los pagos en efectivo, reduciendo la cantidad que puede ser abonada a los 1.000 Euros (antes eran 2.500 €) y fija una sanciones, tanto para pagador como para el receptor, en caso de incumplimiento de hasta el 25% del importe pagado, En caso de que una de las dos partes de cuenta de esta práctica irregular no tendrá que abonar la sanción. Además, se ofrece una reducción del 50% por pagarla sin hacer alegaciones.

Nadie queda a salvo, pero claramente serán más susceptiblesde de verse fiscalizados por la Agencia Tributaria los trabajadores por cuenta propia DE sectores de actividad en que el empleo de efectivo como medio de pago es más habitual: pequeños comercios y bares.

¿Quieres saber más de este tema? Lee a continuación el interesante artículo de elEconomista.es al respecto o nuestras entradas previas al respecto de la Ley antifraude.


Estos son los autónomos perseguidos por Hacienda por exceder los límites de efectivo

FUENTE: elEconomista.es

La Ley contra el Fraude aprobada recientemente por el Gobierno ha puesto el foco en el colectivo de autónomos. La Inspección es consciente de que este segmento del tejido empresarial español es un ecosistema perfecto para que florezca la economía sumergida. De ahí, que uno de los caballos de batalla de esta ley haya sido el dinero en efectivo.

Básicamente, la norma reduce la cantidad máxima abonada en efectivo, pasando de los 2.500 euros hasta los 1.000 euros. La sanción que establece la Administración asciende hasta el 25% del pago realizado para ambas partes, pagador y receptor.

¿A quién persigue Hacienda?

El fisco lleva tiempo poniendo el foco en un grupo de autónomos dentro del colectivo en concreto. Los ‘moduleros’, los trabajadores por cuenta propia que tributan en el régimen de estimación objetiva, no están obligados a presentar un balance de ingresos, por lo que es el caldo de cultivo perfecto para que se den casos de economía sumergida.

Estos profesionales tributan dentro de este régimen porque llevan a cabo actividades en las que hay mucho movimiento de efectivo y el flujo de caja es continuo, lo que dificulta en gran medida hacer un seguimiento de las cuentas. Por este motivo, declaran a Hacienda en base a unos segmentos de ingresos establecidos por la Administración, los módulos.

Precisamente, este es el motivo de que sea más fácil llevar a cabo transferencias de dinero en efectivo no declaradas. Este es el verdadero grupo de autónomos perseguido por la Inspección.

Para saber qué autónomos entran dentro de esta parte del colectivo tan solo hay que pensar en aquellas actividades en las que es más habitual el uso de efectivo. Atendiendo a esta referencia, los trabajadores por cuenta propia más vigilados por el fisco serían los hosteleros y los comerciantes. Dentro de estas dos áreas ya es posible especificar los subsectores más vigilados.

Por ejemplo, dentro de la hostelería, es más fácil que se ponga el foco en un bar que en un hotel, ya que en este último es más habitual ver los pagos con tarjeta o, incluso por transferencia desde la cuenta bancaria. Dentro del comercio, estará más vigilada una pequeña tienda de ropa que una gran franquicia de inmuebles, en la que es muy común que el ticket medio supere los 1.000 euros.


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Sentencia: Un trabajador es despedido por mentir en el currículum

En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) ha venido a ratificar recientemente el despido de un trabajador que mintió a la empresa -por partida doble- para llegar a ser contratado. Y es que el empleado mintió tanto en el currículum entregado a la empresa como en la declaración jurada y responsable que se le solicitó debido a la imposibilidad de llevar a cabo un reconocimiento médico previo a su incorporación, ocultando una limitación funcional para llevar a cabo las laborales que el puesto de mensajero precisaba (manipulación y carga de paquetería) por su limitación funcional de extremidades y columna por trastorno del disco intervertebral, síndrome de túnel carpiano y síndrome álgico.

¿Te ha intesado esta noticia? Entonces sigue leyendo más al respecto en este interesante artículo del portal Noticias Jurídicas, desde donde podrás, además, tener acceso a la sentencia referida:


Un empleado es despedido por mentir en el currículo

FUENTE: Redacción Noticias Jurídicas   

El trabajador firmó una declaración responsable para conseguir un puesto de trabajo cuando, por sus limitaciones físicas, no podría desarrollarlo

El TSJ Castilla y León avala el despido de un empleado que mintío, tanto en su currículo como en la declaración responsable, para conseguir el puesto de carga y descarga de paquetería, ocultándo su limitación funcional para desempeñar las funciones que el empleo acarreaba.

Según establece el tribunal, el modo abierto en el que está configurada la transgresión de la buena fe contractual, para tener efectos disciplinarios a efectos de justificar un despido, se basa primordialmente en la pérdida de la confianza en el trabajador; quiebra de la confianza que puede derivar de conductas de engaño u ocultación, destinadas a conseguir y mantener el vínculo de trabajo sobre unas condiciones de capacidad laboral irreales y parcialmente incompatibles con las exigencias del puesto desempeñado.

La sentencia (disponible en este enlace) estima que se da esta pérdida de confianza porque el trabajador, tanto en su currículo como en la declaración responsable firmada antes de acceder al puesto de trabajo, ocultó, no su discapacidad, pero sí su limitación funcional para poder desarrollar las labores que iba a asumir.

Sustitución del reconocimiento médico

Ante la imposibilidad de llevar a cabo un examen previo a su incorporación por las circunstancias derivadas del estado de alarma a consecuencia del COVID-19, se tuvo que sustituir el reconocimiento médico por la declaración jurada y responsable. En ella, el trabajador, que pretendía acceder a un puesto de mensajería y reparto de paquetes, indicó que medicamente no presentaba limitaciones para la manipulación manual de cargas – siendo ésta una tarea esencial de la categoría para la que iba a ser contratado-, y declaró su compromiso de informar a la empresa de cualquier variación en su situación médica que pudiese influir en su puesto de trabajo.

Previamente, y conociendo que la labor a desarrollar sería carga y descarga de paquetería, había señalado en su CV su facilidad para el trabajo físico y que solo estaba impedido para trabajar en la construcción, ocultando un informe del EVO, previo a la declaración de discapacidad superior al 33% en el que se había constar una limitación funcional de extremidades y columna por trastorno del disco intervertebral, síndrome de túnel carpiano y síndrome álgico.

La empresa solo conocía la clasificación del trabajador como demandante de empleo protegido en razón a su tipo y grado de minusvalía, y no fue hasta que se pudo realizar el reconocimiento médico – que fue evitado por el trabajador mientras pudo negarse a su realización-, cuando se toma conocimiento de que no podía manejar pesos superiores a 7 kilos, lo que entra en una clara contradicción con lo que había declarado dos meses antes, al inicio de la relación laboral, al afirmar que podía manipular cargas sin limitaciones cuando no era cierto.

Valora también la sala que, una vez que la empresa tuvo conocimiento de las limitaciones funcionales del trabajador, intentó buscarle otro puesto de trabajo lo que no resultó posible por la demanda del mercado, siendo la actitud del trabajador, desde entonces, la de proferir toda clase de insultos y amenazas contra la empresa sobre que no tenía licencia y permisos necesarios para funcionar, avisando verbalmente a algunos compañeros que iba a coger una baja para que no le pudieran despedir y para que la empresa tuviera que pagarle por no trabajar.

También, y a pesar de las instrucciones dadas expresamente al trabajador, vino haciendo hasta el último día caso omiso de las normas de seguridad y salud laboral, al manipular él solo y sin medios auxiliares bultos de 15 kilos o no pedir ayuda al compañero con el que realizaba la ruta que tenía asignada.


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¿Qué pasa con mis vacaciones si sufro un contagio de Covid-19 o tengo que hacer cuarentena durante las mismas? ¿Qué pasa si me veo obligado a hacer cuarentena y estoy fuera de mi lugar de residencia?

Según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que fija la regla general y de mínimos al respecto de las vacaciones (es decir, puede ser mejorada por convenio colectivo o acuerdos con el propio empleado), el trabajador que durante su período vacacional sufra una situación de incapacidad temporal -y un contagio de Covid-19 tiene tal consideración- podrá suspender sus vacaciones (total o parcialmente, según el caso) y tendrá derecho a disfrutar de las mismas una vez haya recibido el alta médica. Para disfrutar el nuevo período es necesario volver a estar de alta (que haya finalizado la incapacidad temporal), ponerse de acuerdo con la empresa sobre la nueva fecha de disfrute y, como último requisito o condición, que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.

Además, las cuarentenas, por positivo o contacto estrecho, o períodos de aislamiento tienen la consideración de incapacidad temporal por enfermedad común, así que sucede lo mismo que con un contagio por Covid-19 en lo que respecta a las vacaciones.

El obligado a guardar cuarentena que se encuentre disfrutando las vacaciones en España pero fuera de su lugar habitual de residencia habitual podrá desplazarse a su domicilio pero en vehículo privado y firmando una declaración responsable. Y -atentos los residentes en las Islas Baleares y Canarias- si la única opción de desplazamiento a nuestro hogar fuera en un medio de transporte público, “este se realizará previa valoración y autorización de la autoridad de salud pública de origen y destino debiéndose asegurar que las medidas de distanciamiento del contacto, respecto al resto de personas, sean aplicadas desde el punto de partida y durante todo el trayecto”.

¿Quieres saber más al respecto de este tema? Lee a continuación un interesante artículo del diario CincoDias Legal:


¿Qué ocurre con las vacaciones si me contagio de COVID-19 durante su disfrute?

Esta pregunta, o si el trabajador puede desplazarse desde el lugar de descanso al de su residencia para hacer cuarentena, tienen respuesta

FUENTE: CINCODIAS LEGAL AUTOR: MARCELINO ABAD RAMÓN  

Las vacaciones correspondientes al mes de agosto ya han dado el pistoletazo de salida. Y lo han hecho en plena quinta ola de contagios por el nuevo coronavirus. Aunque en España el 59,1% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación y el 69,3% tiene al menos una dosis, según datos del Ministerio de Sanidad actualizados el día 5, se siguen produciendo nuevos contagios. Ante esta situación, cabe la pregunta acerca de qué ocurriría si por desgracia el trabajador se contagia durante su periodo de descanso o si tiene que hacer la cuarentena de 10 días por haber tenido un contacto estrecho con una persona infectada.

De conformidad con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, la persona tendría derecho a disfrutar de las vacaciones una vez recibido el alta médica. Y es que, estas se suspenderían, de forma que se podría hacer uso de ellas una vez que finalizase la situación de incapacidad temporal, previo acuerdo con la empresa sobre la fecha, “y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado”.

Es decir, si el trabajador comienza su incapacidad temporal, por ejemplo, el 24 de diciembre de 2021, las vacaciones pendientes de ese año natural (2021) podrían disfrutarse hasta el 30 de junio de 2023. Con respecto a las vacaciones devengadas en 2022, se podrían disfrutar hasta el 30 de junio de 2024. Estas reglas sobre disfrute de vacaciones pueden ser mejoradas por convenio, acuerdo colectivo o acuerdo individual.

Tal y como apunta el Ministerio de Seguridad Social en su página web, los periodos de aislamiento “se considerarán como incapacidad temporal por enfermedad común”. La emisión de los partes de baja, confirmación y alta corresponderá al Servicio Público de Salud de la comunidad autónoma a la que esté vinculado el trabajador en función de su domicilio.

No obstante, a efectos del pago, estos periodos se consideran “accidentes de trabajo” y no “incapacidades temporales por enfermedad común”. Esto significa que la prestación económica se produce desde el día siguiente al de la baja y no desde el cuarto como ocurre con las bajas por enfermedad común, según señala el departamento que dirige José Luis Escrivá.

Dónde hacer la cuarentena

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad explica que si la persona debe guardar cuarentena por positivo o por contacto estrecho con una persona infectada mientras se encuentra de vacaciones en un lugar distinto al de su residencia, puede hacerla en el lugar en el que se encuentre en ese momento o donde tenga su residencia habitual.

Pese a ello, el transporte se deberá realizar en coche privado y firmando un documento de declaración responsable. Pero si por cualquier circunstancia la única opción de desplazamiento fuera en un medio de transporte público, como puede ser el caso de las islas, “este se realizará previa valoración y autorización de la autoridad de salud pública de origen y destino debiéndose asegurar que las medidas de distanciamiento del contacto, respecto al resto de personas, sean aplicadas desde el punto de partida y durante todo el trayecto”.


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Las ayudas directas a autónomos y pymes no llegarán antes de septiembre

Las ayudas directas a autónomos y empresarios dispuestas por el Gobierno, que para las Islas Baleares ascienden a un total de 855 millones de euros, no llegarán a sus destinatarios antes de septiembre. La gestión de la concesión de dichas ayudas, que fue delegada por el Ejecutivo a cada comunidad autónoma, amén de que los criterios y requisitos para la concesión han variado desde un principio -al menos en las baleares- está provocando dilación en la entrega de las cantidades. Con todo ello, Baleares es una de las que tienen más avanzado el proceso de concesión de ayudas. Pese a que, como se ha avanzado, el importe líquido de las ayudas no llegará hasta más adelante, de entre todas las solicitudes presentadas en nuestra comunidad, el Govern balear ha ido publicando en el BOIB la relación de beneficiarios a quien se ha aprobado conceder las ayudas, que puedes consultar en los siguientes enlaces aquí y aquí.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), a través de su secretario general, José Luis Perea, ha señalado: “El proceso es lento. Las ayudas no van a estar este verano”.

Si quieres más información, lee ea continuación el artículo de Vozpópuli que da cuenta de la noticia:

Las ayudas directas a autónomos y pymes llegarán como mínimo en otoño

FUENTE: Vozpópuli AUTORA: Nerea San Esteban FECHA: 07/08/2021

Según los plazos de las convocatorias establecidas por las comunidades autónomas, los empresarios ya descartan recibir el dinero antes de que acabe el verano

Los 7.000 millones en ayudas directas prometidos por el Gobierno para pymes y autónomos no llegarán antes de septiembre. Aunque las inyecciones monetarias fueron anunciadas por el Ejecutivo el pasado mes de marzo, que la gestión sea a través de las comunidades autónomas está dilatando el proceso, puesto que los plazos son diferentes en cada una de ellas.

Las líneas de ayudas anunciadas están compuestas de dos compartimentos. El primero, uno de 5.000 millones, que se destinará al conjunto de comunidades autónomas. El segundo, de 2.000 millones, será para Canarias y Baleares, por tratarse de los territorios más castigados por la pandemia por la caída del turismo.

No obstante, ninguna ha entregado aún las ayudas, confirman a Vozpópuli fuentes de la patronal CEOE y de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). “El proceso es lento. Las ayudas no van a estar este verano”, confirma José Luis Perea, secretario general de ATA, que apunta a que agosto suele ser un mes inhábil.

En este sentido, ni siquiera confían en que puedan entregarlas ya las comunidades que tienen más avanzado el proceso, como Murcia o Baleares, que terminaron a finales de junio de recibir la documentación de los interesados; Castilla-La Mancha, que hizo lo propio el 19 de julio; o Canarias y Madrid, esta misma semana. Con calendarios diferentes, Navarra tendrá el plazo abierto hasta el 20 de agosto, mientras que Aragón esperará hasta el 10 de septiembre.

De hecho, son varias las que han ampliado el plazo por la dificultad que está suponiendo. “Son ayudas que se tramitan siguiendo los criterios de la ley de subvenciones, son muy farragosas burocráticamente“, señala Perea, que insiste en que va a haber “pocos autónomos beneficiados”. Según sus cálculos, no superará el 12%.

Autónomos y pymes rechazan los criterios

Estas ayudas están destinadas a reducir el endeudamiento suscrito entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, que sirven para cubrir obligaciones de deuda y pagos a proveedores, acreedores financieros y no financieros, así como costes fijos incurridos, procedentes de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. Para recibirlas, las empresas deben registrar una caída de volumen de operaciones anual en 2020 de un 30% como mínimo con respecto a 2019.

Este requisito de deuda es uno de los que más rechazan los empresarios y autónomos, puesto que consideran que es injusto. “Hay que presentar documentos contables justificativos que acrediten una deuda, así que están penalizando a todos aquellos autónomos que son buenos pagadores y han cogido sus ahorros para pagar a suministradores, proveedores…”, reclaman desde ATA. Lo mismo apuntan desde la patronal Hostelería de España, que reseña que estas inyecciones “benefician a quienes tienen deudas frente a quienes han arriesgado su patrimonio para ir pagando esas deudas”

Con todo, no creen que durante el verano vayan a recibir ninguna de las inyecciones. “Si se agilizan mucho, nos llevaríamos una grata sorpresa, pero contamos con que al menos hasta septiembre no empezarán a pagar“, concluye Perea.

El plazo de concesión de las ayudas es hasta el 31 de diciembre de este año y se reparten por comunidades según una serie de criterios: dos tercios dependen de la caída del PIB en 2020, moderado en función de la prosperidad relativa de cada autonomía; algo más de un 20% se distribuye en función de la tasa de desempleo y una novena parte según el paro juvenil.


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Marga de Matos resuelve todas las dudas más habituales sobre la PENSIÓN DE JUBILACIÓN en Radio Calvià FM

Desde 𝗠𝗼𝘆𝗮 & 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆, a través de la abogada especializada en Derecho laboral 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒐𝒔, hemos querido dedicar íntegramente a la PENSIÓN DE JUBILACIÓN este último consultorio jurídico en Ràdio Calvià FM y explicar una serie de dudas que pueden surgir entre el colectivo de personas en edad de jubilarse o que se encuentren cercanas a dicha edad de jubilación, algunas de ellas ya planteadas por clientes de nuestro despacho de forma habitual. Por ello, se han intentado abarcar y explicar los siguientes puntos:

  • Concepto de jubilación.
  • ¿A día de hoy, cuándo me puedo jubilar?
  • ¿Cómo se verán afectadas las pensiones de jubilación con la reforma que se plantea de cara a 2022?
  • ¿Qué jubilaciones se ven afectadas por la reforma de las pensiones? Concepto de éstas.

Recuerda que puedes ponerte en contacto con cualquiera de las oficinas de 𝗠𝗼𝘆𝗮 & 𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 y pedir cita para aclarar cualquier duda con respecto a tu pensión de jubilación.


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