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Ordenan al Ayuntamiento de Valencia devolver el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de 2020 pagado por un hotel cerrado durante la pandemia

La hotelera solicitó al Consistorio valenciano la devolución de las cantidades abonadas en concepto de Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del ejercicio de 2020 y éste se negó arguyendo que el devengo del impuesto se había producido y la declaración presentada era firme.

Posteriormente, un Juzgado de lo Contencioso ha dado la razón a la empresa, que recurrió la negativa del ayuntamiento, señalando que el confinamiento, los cierres forzosos y la posterior limitación en los aforos para el desarrollo de la actividad menguaron hasta tal punto la actividad económica que ello determinó que no haya existido hecho imponible de impuesto (aquello que determina que surja la obligación de pagar el impuesto, en este caso, el ejercicio de la actividad económica) y, por tanto, debe ser reembolsada por el ayuntamiento íntegramente la cantidad abonada por la hotelera, sin necesidad de que haya comunicado explícitamente una baja de la actividad durante la pandemia.

Lee más acerca de la noticia en el artículo publicado por el diario ElPaís.com que te transcribimos a continuación:


Un juzgado ordena al Ayuntamiento de Valencia devolver el IAE de 2020 a un hotel cerrado por la pandemia

Fuente: ElPaís Autor: Ferran Bono

El Consistorio tendrá que reembolsar 26.888 euros al establecimiento que recurrió el pago por su inactividad o por la reducción de la misma

El Juzgado de lo Contencioso 3 de Valencia ha estimado el recurso de una empresa hotelera contra el Ayuntamiento de Valencia y ha acodado que le sean reembolsados 26.888 euros del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del ejercicio de 2020, más los intereses legales, a causa de las restricciones de la pandemia de coronavirus (cierre durante el Estado de Alarma y posteriores restricciones en los aforos). La sentencia es firme y no admite recurso. El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Compromís y PSPV-PSOE, no ha querido de momento pronunciarse sobre la sentencia.

La empresa basó la petición de devolución de este impuesto por considerar que “no se ha producido el hecho imponible”, puesto que “durante la práctica totalidad del ejercicio 2020 ha visto gravemente limitado el ejercicio de su actividad económica, con cierre temporal de sus locales”. De este modo, detalla en la reclamación que los establecimientos hicieron frente al cierre total del 14 de marzo al 21 de junio; limitación de aforo al 75 % del 21 de junio al 6 de noviembre y hasta 31 de diciembre, ocupación máxima de un tercio del aforo.

La empresa recurrió al tribunal tras la oposición del Ayuntamiento a su petición de reembolso con el argumento de que el hotel pidió la devolución cuando las liquidaciones ya eran firmes por lo que defendió que la petición no tenía sentido “ya que el devengo se había producido, conforme a la naturaleza del impuesto, el primer día del periodo impositivo, poniéndose de manifiesto con posterioridad, la prohibición de ejercicio de la actividad, por disposición reglamentaria del Gobierno de la nación”.

Sin embargo, el juez entiende que en este caso “se trata de un supuesto de ausencia de hecho imponible, sin que resulte exigible a la parte actora la formalidad de comunicar una baja en la actividad, que le había sido impuesta por el mismo estado (en sentido amplio) que ahora reclama el tributo de la pretendida actividad, sin que se trate, como pretende el Ayuntamiento, de una bonificación, sino de la devolución debida, de ingresos derivados de hecho imponible no producido, ante la reducción forzosa del período y objeto del impuesto”.

Además de la devolución del montante del impuesto, el juez impone el pago de las costas procesales al Ayuntamiento.


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Real Decreto-ley para el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Con la reforma legal se garantiza la constitucionalidad del tributo, se ofrece seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los Ayuntamientos.

Con el fin de dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional en sus sentencias de 2019 y 2021, el Real Decreto-ley adecúa la base imponible del impuesto a la capacidad económica efectiva del contribuyente. Para ello, se mejora la técnica de determinación de la base imponible en el sistema objetivo, para que refleje en todo momento la realidad del mercado inmobiliario, y, además, se convierte en optativo este sistema, permitiendo que la base imponible del impuesto sea la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición de un terreno cuando así lo solicite el obligado tributario.

De esta forma se cumple la sentencia del pasado 26 de octubre que admitió como válido el método objetivo de cálculo de la base imponible siempre y cuando no fuera obligatorio y reflejara la realidad del mercado inmobiliario.

La naturaleza del impuesto, que no discutió el Tribunal Constitucional, se mantiene. Es decir, el tributo grava el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período de 20 años.

El Real Decreto-ley establece que la base imponible del impuesto será el resultado de multiplicar el valor catastral del suelo en el momento del devengo por los coeficientes que aprueben los Ayuntamientos, que en ningún caso podrán exceder de los que se indican a continuación en función del número de años transcurridos desde la adquisición del inmueble:

Periodo de generaciónCoeficiente
Inferior a 1 año0,14
1 año0,13
2 años0,15
3 años0,16
4 años0,17
5 años0,17
6 años0,16
7 años0,12
8 años0,10
9 años0,09
10 años0,08
11 años0,08
12 años0,08
13 años0,08
14 años0,10
15 años0,12
16 años0,16
17 años0,20
18 años0,26
19 años0,36
Igual o superior a 20 años0,45

Los coeficientes serán actualizados anualmente, con norma de rango legal -podrá llevarse a cabo, por ejemplo, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado-, teniendo en cuenta la evolución del mercado inmobiliario.

Además, se reconoce la posibilidad de que los Ayuntamientos, a los solos efectos de este impuesto, corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización. Ello garantiza que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio.

El sistema objetivo se convierte en optativo

Este método para calcular la base imponible es optativo ya que el contribuyente tiene la posibilidad de tributar en función de la plusvalía real obtenida en el momento de la transmisión de un inmueble y que se determina por la diferencia entre el valor de transmisión del suelo y el de adquisición. Si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior a la resultante del método de estimación objetiva, podrá aplicar la real.

En las transmisiones de un inmueble en los que haya suelo y construcción, la plusvalía real del terreno equivaldrá a la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición tras aplicarle la proporción que representa el valor catastral del suelo sobre el valor catastral total. (Se adjunta una presentación con ejemplos).

Estos cálculos podrán ser objeto de comprobación por parte de los Ayuntamientos, de acuerdo con una novedad que introduce la norma.

Así, se da respuesta al mandato del Tribunal Constitucional de 2021 que establece que el método objetivo de determinación de la base imponible no puede ser el único método admitido legalmente.

Ningún contribuyente pagará el impuesto si no obtiene una ganancia

El Real Decreto-ley también da cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional en su sentencia 59/2017 de no someter a tributación aquellas situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos. Para ello, se introduce un nuevo supuesto de no sujeción al impuesto para las operaciones en que se constate, a instancia del contribuyente, que no se ha obtenido un incremento de valor.

El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición. Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición se tomará el que sea mayor de entre el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración Tributaria, de acuerdo con la nueva facultad que se otorga a los Ayuntamientos.

Las plusvalías generadas en menos de un año tributarán

También como novedad, serán gravadas las plusvalías generadas en menos de un año, es decir, las que se producen cuando entre la fecha de adquisición y de transmisión ha transcurrido menos de un año y que, por tanto, pueden tener un carácter más especulativo. Esta opción ya se está aplicando en algunas ciudades.

Los Ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana tendrán un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley para adecuar sus normativas al nuevo marco legal.

El Gobierno, con esta reforma, restablece la exigibilidad del impuesto, que había quedado en suspenso con la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre, dado que había dejado un vacío normativo para la determinación de la base imponible, lo que impedía la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo. El Real Decreto-ley que aprueba hoy el Consejo de Ministros, por tanto, evita el riesgo de que los Ayuntamientos sufran una merma de sus recursos, incrementen su nivel de déficit o vean deteriorados los servicios que prestan a los ciudadanos.

Asimismo, la norma acota el vacío legal que podría haber provocado distorsiones en el mercado inmobiliario, al poder haberse convertido esta circunstancia en un incentivo para acelerar operaciones inmobiliarias que esquivaran la tributación.


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¿Cómo será el nuevo impuesto de la Plusvalía con los cambios normativos previstos tras su declaración de inconstitucionalidad y nulidad?

Se van conociendo detalles del futuro impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbanaPlusvalía-. En la nueva plusvalía se introducirán los cambios normativos necesarios tras haber sido declarada la inconstitucionalidad y nulidad del impuesto la semana pasada por parte del Tribunal Constitucional, debido al método de cálculo de la base imponible del impuesto que resultaba confiscatorio.

La nueva plusvalía, a fin de ser fiel a la situación del mercado inmobiliario en cada momento y gravar la ganancia real, constará de nuevos coeficientes aplicables al valor catastral que se actualizarán cada año y permitirá al contribuyente optar por dos modos alternativos de cálculo del tributo.

Lee más acerca de los cambios futuros en el impuesto de plusvalía en el artículo del diario ElPaís que te reproducimos a continuación:


El Gobierno aprueba el nuevo impuesto de plusvalía con dos métodos de cálculo

Los contribuyentes podrán elegir si calcular el tributo sobre el valor catastral del terreno o emplear la diferencia entre el valor de compra y de venta del inmueble

FUENTE: ElPaís AUTOR: L. Delle Femmine 08-11-2021

El Gobierno ha aprobado este lunes en el Consejo de Ministros el nuevo cálculo del impuesto de plusvalía, que había quedado anulado tras una reciente sentencia del Tribunal Constitucional. La fórmula diseñada por el Ministerio de Hacienda pretende reflejar la evolución del mercado inmobiliario, como exige el fallo, evitando que el tributo se tenga que abonar en ausencia de ganancia para el contribuyente. “Es una muy buena noticia para todos los ayuntamientos y también para la ciudadanía”, ha resaltado Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al cónclave ministerial.

La solución de Hacienda, aprobada por decreto ley, pasa por ofrecer dos opciones de cálculo: usar el valor catastral del terreno en el momento del traspaso, aplicando unos nuevos coeficientes que se actualizarán cada año para reflejar la evolución del mercado, o emplear como base imponible la plusvalía real que se obtiene ―es decir la diferencia entre el valor de compra y el de venta de la vivienda―.

Los contribuyentes podrán elegir la fórmula que más les beneficie ―en la mayoría de los casos será la segunda―, y los ayuntamientos tendrán a su vez capacidad para rebajar el valor catastral del terreno hasta un 15% únicamente para este tributo, con el objetivo de acercarlo lo más posible a la realidad inmobiliaria municipal.

Coeficientes

El departamento dirigido por María Jesús Montero también ha decidido fijar un coeficiente para las transmisiones que se lleven a cabo en menos de un año, que suelen ser las más especulativas, y que hasta ahora no estaban gravadas por este impuesto. El nuevo sistema entrará en vigor con la publicación de la norma, pero los consistorios tendrán seis meses para adaptarse.

Los coeficientes máximos fijados por el ministerio, que varían en función del número de años transcurridos desde la adquisición del inmueble, oscilarán desde el 0,13 para las operaciones de compraventa que tengan lugar en un periodo de entre uno y dos años, hasta el 0,45 que se aplicará cuando la tenencia del inmueble haya sido de dos décadas o superior. A las transmisiones realizadas en un plazo inferior al año se aplicará una penalización con un coeficiente de 0,14. La base imponible del tributo que se calcule a través de este método se obtendrá multiplicando estos coeficientes al valor catastral del suelo en el momento de enajenación del inmueble.

Rodríguez ha insistido en que la solución ofrecida por el Gobierno permitirá a los consistorios evitar recortes en la prestación de servicios y que los ciudadanos paguen por el impuesto cuando no les corresponde. Es decir, cuando no hayan obtenido ganancias por la venta de su vivienda: “La norma devuelve certidumbre a los ayuntamientos y a los contribuyentes”.

Evolución del mercado

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), mejor conocido como impuesto de plusvalía, es un tributo municipal que tiene que abonar quien venda un inmueble, lo herede o lo reciba en donación por la supuesta ganancia extra que consigue gracias a la revalorización del suelo público sobre el que la vivienda está construida. Es el gravamen local que más ingresos aporta a los ayuntamientos, solo por detrás del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), y hasta el fallo del Constitucional su base imponible se calculaba multiplicando el valor catastral del terreno por los años de tenencia del inmueble, aplicando después un coeficiente en función de los años.

Este sistema de cálculo es lo que el alto aribunal ha considerado inconstitucional, en un fallo conocido el pasado 26 de octubre, “por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica”. En concreto, el tribunal concluyó este método objetivo de determinación de la base imponible no puede ser el único legalmente admitido. Este descansaba sobre unos valores fijos que siempre daban como resultado una revalorización del terreno, aunque la evolución del mercado inmobiliario hubiera ido en la dirección opuesta, como dejó patente el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El Constitucional ya se había pronunciado en contra del esquema cálculo del impuesto en dos anteriores fallos. El primero se remonta a 2017: con ello, eximió del pago del tributo a aquellos contribuyentes que hubiesen cerrado con pérdidas la transmisión del inmueble. En 2019 llegó el segundo revés: el pleno del alto tribunal, por unanimidad, declaró inconstitucional cobrar el gravamen cuando su importe supera el beneficio real obtenido por el contribuyente.

Este tercer fallo, que ha anulado el sistema de cálculo y obligado a Hacienda a buscar contrarreloj una alternativa, cierra sin embargo la puerta a cualquier reclamación, salvo los casos ya recurridos antes de la sentencia. Los ayuntamientos evitarán así una avalancha de demandas, pero no podrán cobrar lo que hayan dejado de ingresar desde la fecha de la sentencia ―que impidió en la práctica cobrar el impuesto―, ya que el decreto no tiene carácter retroactivo.

El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista Abel Caballero, se ha dicho este lunes confiado en que el nuevo tributo “será justo en términos de ciudadanos”, mostrándose más favorable al método de cálculo que recoge la diferencia entre los valores compra y de venta del inmueble. Caballero ha lamentado que el sistema aplicado hasta ahora era “sumamente deficiente” y “confiscatorio”, y ha recordado que en 2015 ya había pedido reformarlo, debido a que era “injusto e infinidad de veces, excesivo, calculado para una plusvalía creciente”, quedando “totalmente invalidado” con la crisis financiera.


Así será el nuevo impuesto de plusvalía: dará dos opciones a los ciudadanos y les permitirá elegir la más favorable

El real decreto que el Gobierno aprobará el próximo lunes da margen a los Ayuntamientos para rebajar un 15% la base imponible del impuesto que anuló el Constitucional
FUENTE: ElPaís AUTORES: J. SÉRVULO /JOSÉ LUIS ARANDA 06-11-2021

El Ministerio de Hacienda ya tiene listo el impuesto de plusvalía después de que la semana pasada el Tribunal Constitucional declarase nulo el método utilizado para calcular la base imponible. El departamento que dirige María Jesús Montero adaptará el tributo a las fluctuaciones del precio de la vivienda para reconocer la ganancia real y la realidad del mercado inmobiliario, como reclamaba el alto tribunal. Creará unos nuevos coeficientes que se aplicarán sobre el valor catastral y que actualizará cada año para recoger la verdadera situación del mercado. Además, ofrecerá a los contribuyentes dos alternativas para calcular el tributo y les permitirá acogerse a la más beneficiosa.

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como impuesto de plusvalía municipal, es un tributo directo que depende de los Ayuntamientos. Se paga cuando una persona vende, dona o hereda una vivienda. Esta figura fiscal grava en realidad la revalorización que han sufrido los terrenos urbanos sobre los que está construida una casa desde el momento de la compra hasta que se ha traspasado.

Adiós (de momento) al impuesto de plusvalía: ¿qué es este tributo? ¿Qué significa la sentencia? ¿Hasta cuándo dejará de cobrarse?

La nueva norma mejora el cálculo de la base imponible para garantizar que los contribuyentes que no obtengan una ganancia por la venta del inmueble queden exentos de pagar el tributo, según fuentes ministeriales. Hacienda establecerá dos opciones para determinar la cuota tributaria permitiendo que los ciudadanos opten por la que consideren más beneficiosa. Por un lado, se podrá calcular mediante el valor catastral en el momento del traspaso, con unos nuevos coeficientes que fijará el ministerio y que reflejarán la realidad inmobiliaria. La otra opción consistirá en valorar la diferencia entre el valor de compra y el de venta.

En la mayoría de los casos será más favorable para los ciudadanos optar por la segunda opción. En cualquier caso, Hacienda actualizará los coeficientes cada año para tener en cuenta las fluctuaciones de valor de los bienes inmuebles.

La normativa dará margen a los Ayuntamientos para que puedan corregir hasta el 15% a la baja el valor catastral del suelo en función de la situación de su mercado inmobiliario solo para este tributo. Lo que permitirá adaptar el impuesto a la verdadera situación de cada municipio.

Penalizar la especulación

También se fijará un coeficiente para gravar las plusvalías generadas en menos de un año, es decir, las que se producen cuando entre la fecha de adquisición y de transmisión ha transcurrido menos de un año y que, por tanto, pueden tener un carácter más especulativo.

Hasta ahora para calcular el tributo había que multiplicar el valor catastral del suelo por el número de años que se había sido titular de la propiedad. A esta cifra se le aplicaba un coeficiente anual, en función de los años, que no solía superar el 3,5%. Y a la cantidad resultante se le aplicaba el tipo impositivo, que tampoco podía superar el 30%. Como el valor catastral era el parámetro fundamental del impuesto y los coeficientes tampoco variaban, el Constitucional considera nulo este método objetivo de determinación de la base imponible, ya que presuponía que siempre existe un aumento de valor con independencia de la evolución del mercado.

Por eso, Hacienda sustituye los porcentajes anuales aplicables sobre el valor catastral por unos coeficientes máximos fijados en función del número de años transcurridos desde la adquisición. Y actualizará cada año estos multiplicadores.

El real decreto-ley recalca que el método para calcular el impuesto será optativo. Se dejará al contribuyente la posibilidad de elegir el método más favorable. Podrá tributar en función de la plusvalía real obtenida al traspasar el inmueble —la diferencia entre el precio de venta y el de compra— o por el valor catastral y los nuevos coeficientes. Si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior a la calculada con el valor catastral, podrá aplicarse el primer método. La norma permitirá a los Ayuntamientos comprobar estos cálculos para evitar errores o fraudes.

La reforma del tributo era necesaria para no estrangular las finanzas municipales. Esta figura fiscal es la segunda que más aporta a las arcas locales, por detrás del IBI. Los Ayuntamientos españoles ingresaron por este tributo más de 1.700 millones en 2020. En 2019, antes de que la pandemia afectase a la recaudación, supuso 2.519 millones para las arcas locales.

Varias sentencias

Desde el 26 de octubre, fecha en que fue firmada la sentencia, los consistorios no podían exigir la liquidación del gravamen al ser considerado inconstitucional su método de cálculo. No era el primer revés judicial para las plusvalías, ya que otras dos sentencias de 2017 y 2019 habían cuestionado algunos aspectos del impuesto. La reforma de Hacienda intenta ahora solventarlos todos de una vez.

El principal reparo, porque suponía el meollo de la cuestión y fue lo que llevó a la anulación de facto del tributo, era cómo determinar la base imponible del mismo. El reciente fallo señalaba que este era “ajeno a la realidad del mercado inmobiliario”, lo que se había hecho particularmente palpable cuando los precios de las casas se desplomaron durante la Gran Recesión. En esos años, era frecuente que incluso vendiendo una casa a pérdidas (es decir, por menos de lo que había costado) hubiera que pagar el impuesto. Esto ya fue cuestionado por el Constitucional en 2017.

El pasado miércoles, durante el debate del proyecto de Ley de los Presupuestos del Estado para 2022, la ministra Montero sostuvo que la modificación que preparaba su departamento aportaría “tranquilidad y seguridad” tanto a los contribuyentes como a los Ayuntamientos. Estos, que llevan ya 10 días sin poder cobrar el impuesto, tendrán seis meses para adaptar su normativa al nuevo marco legal. Lo que han dejado de ingresar desde el 26 de octubre no podrán recuperarlo. Aunque el ministerio ya había estudiado fórmulas para ello, el decreto no será retroactivo. Pero a la vez, los consistorios no se verán obligados a enfrentarse a una avalancha de reclamaciones porque la sentencia del Constitucional estableció un blindaje contra esa posibilidad.

Cuando el impuesto se paga mediante una autoliquidación (como sucede en la mayoría de grandes municipios), el contribuyente tiene un plazo teórico de cuatro años para pedir una revisión de la suma que ha abonado. El fallo judicial, sin embargo, determinó que no será posible reclamar cantidades que no se encontrasen ya recurridas antes de dictarse la sentencia.

La nueva norma no tendrá carácter retroactivo

El real decreto con la nueva normativa sobre el impuesto de plusvalía que prevé aprobar el lunes el Consejo de Ministros no tendrá carácter retroactivo. Eso dejará una especie de vacío legal desde que se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional, que lleva fecha del 26 de octubre (el día en que se supo el sentido del fallo), hasta que entre en vigor el decreto. 

El texto íntegro, sin embargo, se desveló el miércoles de esta semana, cuando el alto tribunal publicó la sentencia en su web. Otra fecha importante es la de su publicación en el BOE, porque algunas fuentes jurídicas señalan que hay dudas sobre si algunos efectos del fallo surten efecto desde ese momento.

En cualquier caso, parece claro que los ayuntamientos se enfrentarán a un periodo en el que no podrían exigir la liquidación del tributo. Si se toma como referencia el 26 de octubre, la fecha que cuenta con más consenso, y teniendo en cuenta que el decreto entre en vigor el martes (el día siguiente del Consejo de Ministros), ese periodo sería de 15 días.

Traducido en recaudación sobre la base de 2019, cuando el gravamen aportó 2.519 millones a las arcas municipales, eso supone que los consistorios podrían dejar de ingresar algo más de 100 millones. Se trata de una pérdida abultada, pero no lo suficiente como para comprometer sus finanzas. El año pasado, sin ir más lejos, la pandemia provocó una merma en la recaudación del impuesto de plusvalías del 32%. O lo que es lo mismo, dejaron de ingresar unos 800 millones de euros. 


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Se declara la inconstitucionalidad de la Plusvalía municipal por sus efectos confiscatorios

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales que establecían el método para calcular el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana -comúnmente conocido como plusvalía municipal- , al entender que con ellos el impuesto tenía caracter confiscatorio ya que daba por sentado -con la utilización de dicho método de determinación de la base imponible- que el suelo urbano siempre sufría revalorización. Con esta son ya tres las veces que el máximo órgano de garantía de nuestros derechos se ha pronunciado de forma negativa sobre este impuesto.

¿Te interesa este tema? Lee a continuación el artículo publicado en ElEconomista acerca de la declaración de inconstitucionalidad de la Plusvalía:


Plusvalía municipal, soluciones tras una muerte anunciada

La sentencia del Constitucional con la plusvalía supone una buena oportunidad para modernizar la fiscalidad

FUENTE: ElEconomista AUTOR: Francisco de la Torre Díaz

El pasado 26 de octubre, el Tribunal Constitucional declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de tres artículos de la Ley de Haciendas Locales, los que regulaban la base imponible del impuesto municipal de plusvalía. Esto no era una sorpresa, hacía ya más de cuatro años que el Tribunal Constitucional había declarado que pagar como si se hubiese ganado, cuando en realidad se había perdido era injusto, confiscatorio y en consecuencia inconstitucional. El problema radicaba en que el sistema de fijación de la base imponible, es decir de la magnitud sobre la que recae el impuesto era tan defectuosa que llegaba a producir resultados confiscatorios. Ahora, el Constitucional ha determinado que todo el sistema de fijación de la base imponible es contrario a la Carta Magna.

Después de la sentencia, el impuesto ha quedado herido de muerte. Y esto tiene consecuencias económicas, ya que es el segundo impuesto más recaudatorio de los Ayuntamientos, después del IBI, y en 2019 recaudó más de 2.500 millones de euros. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha limitado efectos, con lo que las cuantías que los Ayuntamientos tendrán que devolver serán pequeñas. Esto se debe a que no sólo no tendrán que devolverse los ingresos prescritos, es decir de hace más de cuatro años, sino tampoco las situaciones administrativas y judiciales firmes. Pero, además el Tribunal Constitucional tampoco permite impugnar las autoliquidaciones, es decir declaraciones con ingreso, basándose en la inconstitucionalidad de las normas si no se ha realizado antes de la sentencia.

Éste seguramente va a ser el aspecto más polémico de la sentencia. Si no se hubiesen limitado efectos, y los Ayuntamientos hubiesen tenido que devolver todos los importes cobrados y no prescritos, no sólo se hubiesen tenido que enfrentar a la gestión de decenas de miles de expedientes, sino que también hubiesen tenido que devolver varios miles de millones de euros, con un impacto muy importante no sólo en el déficit público, sino también en los presupuestos y políticas municipales. Estas enormes devoluciones probablemente hubiesen terminado en muchos casos en subidas de impuestos a los demás contribuyentes.

Pero, aunque los Ayuntamientos no tengan que devolver ingresos derivados de la aplicación de un impuesto inconstitucional, de momento se han quedado sin su segunda fuente de ingresos. Es cierto que este impuesto era optativo, con lo que algunos Ayuntamientos no lo habían implantado, pero hay un grave problema para los que sí lo hicieron. Y si se quieren que los Ayuntamientos obtengan ingresos de las plusvalías del suelo en su Ayuntamiento habrá que buscar un sistema que no sea inconstitucional.

Ante esto, la mejor alternativa es aprovechar la situación para modernizar y simplificar el sistema fiscal. Si se quiere gravar una plusvalía, lo lógico es calcularla por diferencia entre el precio de compra y el de venta. Es cierto que eso ya tributa en el IRPF a tipos entre el 19% y el 21%. Ahora bien, los Ayuntamientos podrían exigir un recargo, al menos sobre la plusvalía del suelo. Pero, los Ayuntamientos no tienen los datos, que sí tiene la Agencia Tributaria, en parte y que luego completan los ciudadanos cuando realizan su declaración del IRPF.

Cuando se declara una ganancia de patrimonio por venta de un inmueble en el IRPF, Hacienda ya conoce la referencia catastral y el importe cobrado. Lo que no conoce es el precio de compra, que declara el contribuyente, y que puede ser comprobado, como el resto de los extremos de la declaración. Pero una vez conocido el precio de compra, Hacienda ya tiene todos los elementos para poder calcular un eventual recargo que pueda establecer cualquier Ayuntamiento e ingresárselo. Un sistema similar se puede realizar en el impuesto de sociedades para los inmuebles que vendan las personas jurídicas. Y en otros casos como donaciones o fallecimientos, esto también se podría gestionar por la Agencia Tributaria o en su caso por las Administraciones Autonómicas.

No tiene ningún sentido que el mismo hecho, ganar dinero vendiendo un piso, se declare y se gestione dos veces, de dos formas distintas, porque una parte de los ingresos va a dos administraciones: es duplicar gastos de gestión y tiempo y gastos del contribuyente. De hecho, la mitad del IRPF corresponde a las CCAA y la otra al Estado, y se gestiona como un solo impuesto por la Agencia Tributaria. Y tampoco tiene sentido que conociendo la plusvalía real se tribute con una plusvalía objetiva o ficticia. Y no sólo no tiene sentido, sino que es inconstitucional y no se puede aplicar. Por eso, aunque hayamos tardado cuatro años, aprovechemos la ocasión para simplificar y hacer más moderna y justa la plusvalía municipal: nunca es tarde si la dicha es buena.


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Consulta Vinculante ante la DGT V1687-21

DESCRIPCIÓN:

Una persona va a adquirir una vivienda terminada pero la operación se va a articular mediante dos operaciones separadas con una misma sociedad: (i) entrega del solar y (ii) contratación para la ejecución de la obra de construcción. Todo se realizará mediante un único contrato y el solar no va a estar a disposición del adquirente hasta que no se le entregue la vivienda terminada.

NORMATIVA

Ley 37/1992 arts. 4, 5, 75, 90, 91.Uno.3.1º

CUESTIÓN PLANTEADA

Tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a dichas operaciones.

CONTESTACIÓN

1.- El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que “estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.”.

El apartado dos, letras a) y b), del mismo precepto señala que “se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional:

a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de empresario o profesional.

b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción al Impuesto.”.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.uno de la citada Ley 37/1992, se reputarán empresarios o profesionales, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido:

“a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.

No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.

b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.

(…).”.

En este sentido, el apartado dos, de este artículo 5, establece que “son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.”.

En consecuencia, la entidad promotora tiene la condición de empresario o profesional y estarán sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de bienes y prestaciones de servicios que en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional realice en el territorio de aplicación del Impuesto.

2.- Por otra parte, según parece deducirse del escrito de consulta, con carácter previo a la construcción de las viviendas, la constructora va a transmitir a los adquirentes la parcela de suelo que le corresponde si bien en ese momento no adquieren la facultad de disposición de la parcela, que la adquirirán una vez haya terminado la construcción de la vivienda y ésta sea entregada a los mismos.

En relación con el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido, el artículo 75, apartado uno, número 1º y apartado dos, de la Ley 37/1992, preceptúa lo siguiente:

“Uno. Se devengará el Impuesto:

1º. En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable.

(…)

Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.”.

En este sentido, el artículo 1462 del Código Civil establece lo siguiente:

“Se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y posesión del comprador.

Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario.”.

Por tanto, con carácter general la cosa se entiende entregada cuando se pone en poder y posesión del adquirente. No obstante, el otorgamiento de la escritura pública equivale a la entrega de la cosa solamente si tal entrega no se ha producido, de hecho, con anterioridad o de la misma no se deduce que tendrá lugar posteriormente. Estas circunstancias han de reflejarse en dicha escritura pública, pero en el caso de que no se reflejase la primera de las mencionadas, ello no obsta para que la entrega se haya producido anteriormente.

De la escasa información contenida en el escrito de consulta resulta que el terreno no se pondrá a disposición del cliente hasta el momento que se entregue la vivienda construida, habiéndose así acordado entre la constructora y el consultante.

En estas circunstancias, la transmisión del poder de disposición de la parcela de terreno no tendrá lugar hasta la fecha en que, según dicha escritura pública, se produzcan los efectos traslativos en ella previstos (fecha de entrega de la vivienda ya construida), momento en el que, asimismo, se producirá el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a dicha operación.

Lo anterior se entiende sin perjuicio del devengo por los pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible, es decir, a la entrega efectiva del terreno y la vivienda al cliente, tal y como dispone el apartado dos del artículo 75 de la Ley 37/1992. A tal efecto, según reiterada doctrina de este Centro directivo, las aportaciones realizadas por los clientes, efectuadas con el objeto de contribuir a la financiación de la construcción de las viviendas, constituyen pagos anticipados de las citadas entregas de las viviendas, devengándose el impuesto en el momento del cobro de dichas cantidades y ello con independencia del modo como se denominen y cualquiera que sea el concepto al que se impute el pago de dicha contraprestación.

3.- De acuerdo con los hechos que parecen desprenderse del escrito de consulta, en el caso de que la sociedad constructora proceda a vender las parcelas de terreno conservando la posesión de las mismas para edificar y entregar ulteriormente la parcela con las viviendas, nos encontraríamos ante dos operaciones: por una parte, la entrega del terreno propiamente dicha y, por otra, una ejecución de obra cuya finalidad es la construcción de unas viviendas.

Es decir, la actuación de la sociedad constructora en los términos descritos supone, junto a la entrega de un terreno, la realización de las obras de edificación de viviendas para sus clientes titulares del terreno sobre el que se asentarán los referidos inmuebles.

Consecuentemente, estas operaciones de construcción estarán sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, siendo destinatarios de las mismas los propios adquirentes de la vivienda, a quienes la constructora habrá de repercutir el impuesto devengado a la vez que se efectúen los pagos correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90, apartado Uno, de la Ley 37/1992, el citado tributo se exigirá al tipo impositivo del 21 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo 91 de la propia Ley 37/1992.

En este sentido, el artículo 91.Uno.3.1º de la citada Ley dispone que se aplicará el tipo impositivo del 10 por ciento a las siguientes operaciones:

“1.º Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas principalmente a viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados.

Se considerarán destinadas principalmente a viviendas, las edificaciones en las que al menos el 50 por ciento de la superficie construida se destine a dicha utilización.”.

Por consiguiente, el régimen tributario en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a las distintas operaciones descritas difiere por cuanto que el tipo impositivo aplicable, conforme a las reglas de los artículos 90 y 91 de la Ley 37/1992, es el 21 por ciento para las entregas de terrenos en curso de urbanización y el 10 por ciento para las operaciones consistentes en las ejecuciones de obra de construcción de viviendas.

No obstante lo anterior, tal y como ha manifestado este Centro directivo, entre otras, en la contestación vinculante de 9 de febrero de 2016, número V0531-16, procede analizar si ambas operaciones constituyen un todo unitario a la luz del objetivo realmente perseguido, esto es, la entrega de las viviendas construidas, o bien si cada una de ellas conserva su carácter autónomo y, en consecuencia, el régimen fiscal que le es propio.

En este punto debe tenerse en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, Tribunal) contenida, entre otras, en la sentencia de 21 de febrero de 2008, recaída en el Asunto C-425/06, Part Service Srl. Concretamente, en sus apartados 47 a 53, la citada sentencia concluye lo siguiente:

“47. Con carácter preliminar, procede recordar que la opción de un empresario entre operaciones exentas y operaciones gravadas puede basarse en un conjunto de elementos y, especialmente, de consideraciones de carácter fiscal relativas al régimen del IVA. Cuando un sujeto pasivo puede elegir entre dos operaciones, la Sexta Directiva no le obliga a optar por la que maximice el pago del IVA. Al contrario, el sujeto pasivo tiene derecho a elegir la estructura de su actividad de modo que limite su deuda fiscal (sentencia Halifax y otros, antes citada, apartado73).

48. No obstante, cuando una operación consta de varias prestaciones, se plantea la cuestión de si debe considerarse como una operación única o como varias prestaciones distintas e independientes que han de apreciarse separadamente.

49. Esta cuestión tiene una importancia particular desde el punto de vista del IVA, entre otras cosas, para aplicar el tipo impositivo o las disposiciones relativas a la exención previstas por la Sexta Directiva (véanse las sentencias de 25 de febrero de 1999, CPP, C-349/96, Rec. p.I-973, apartado 27, y de 27 de octubre de 2005, Levob Verzekeringen y OV Bank, C-41/04, Rec. p.I-9433, apartado18).

50. A este respecto, del artículo 2 de ésta se desprende que normalmente cada prestación debe considerarse distinta e independiente (véanse las sentencias, antes citadas, CPP, apartado 29, y Levob Verzekeringen y OV Bank, apartado20).

51. No obstante, en determinadas circunstancias, varias prestaciones formalmente distintas, que podrían realizarse separadamente dando lugar, en cada caso, a gravamen o a exención, deben considerarse como una operación única cuando no son independientes.

52. Así sucede, por ejemplo, cuando, al término de un análisis aun meramente objetivo, se comprueba que una o varias prestaciones constituyen una prestación principal y que la otra o las otras prestaciones constituyen una o varias prestaciones accesorias que comparten el tratamiento fiscal de la prestación principal (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas CPP, apartado 30, y Levob Verzekeringen y OV Bank, apartado 21). En particular, una prestación debe considerarse accesoria de una prestación principal cuando no constituye para la clientela un fin en sí, sino el medio de disfrutar en las mejores condiciones del servicio principal del prestador (sentencia CPP, antes citada, apartado 30, y las circunstancias del litigio principal que dio lugar a dicha sentencia).

53. Puede igualmente considerarse que existe una prestación única cuando dos o varios elementos o actos que el sujeto pasivo realiza se encuentran tan estrechamente ligados que objetivamente forman una sola prestación económica indisociable cuyo desglose resultaría artificial (véase, en este sentido, la sentencia Levob Verzekeringen y OV Bank, antes citada, apartado22).”.

De acuerdo con la citada jurisprudencia del Tribunal, es decisivo determinar la naturaleza de las distintas operaciones teniendo en cuenta todas las circunstancias. A tal respecto, es importante si las operaciones se hallan vinculadas entre sí de forma tal que, tomadas aisladamente, desde la perspectiva del consumidor medio, no revistan para el cliente la utilidad práctica necesaria.

En el caso objeto de consulta, el consultante espera obtener de la constructora la vivienda sin que, en las condiciones señaladas, la entrega previa del terreno le reporte utilidad alguna de manera aislada.

En este sentido, un indicio de la necesaria vinculación entre ambas operaciones, según parece deducirse del escueto escrito de consulta, es que la puesta a disposición del terreno tendrá lugar en el momento de la entrega de la vivienda ya terminada, conservando mientras tanto la sociedad constructora la capacidad de disposición de la finca en aras de cumplir con el objeto social de terminar la construcción de las viviendas. Asimismo, otra prueba de lo anterior vendría constituida por la calificación del terreno de uso residencial, así como la posible existencia de proyectos de edificación de viviendas ya visados por el correspondiente colegio de arquitectos.

A partir de los criterios anteriores, ha de considerarse que en el supuesto concreto descrito en el escrito de consulta existe una única operación desde el punto de vista económico consistente en la entrega de viviendas terminadas que no debe desglosarse artificialmente para no alterar la funcionalidad del sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido. En consecuencia, al considerarse una operación global, el tipo impositivo aplicable debe determinarse de modo uniforme, siendo de aplicación el tipo reducido del 10 por ciento tanto a la venta de la parcela de terreno como a la posterior ejecución de obras y entrega de la vivienda.

4.- Por otra parte, se informa de que, en relación con las dudas suscitadas sobre el régimen de tributación indirecta de las operaciones inmobiliarias, tanto en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido como del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha incorporado en el portal del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) dentro de sus servicios de asistencia virtual referentes al IVA, un nuevo servicio de ayuda e información al contribuyente denominado “Calificador Inmobiliario”, creado para resolver las principales dudas planteadas en relación con la tributación indirecta relacionada con la transmisión, cesión y arrendamiento de bienes inmuebles, así como, la urbanización de terrenos.

El “Calificador inmobiliario” ofrece información sobre la tributación indirecta que afecta a las operaciones, distinguiendo entre diferentes supuestos, como la venta de edificaciones o terrenos, el arrendamiento sin opción de compra, arrendamiento con opción de compra, de inmuebles, así como las operaciones en las que intervienen las Juntas de compensación.

En concreto, indica si la operación de compraventa o arrendamiento del inmueble tributa por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o por el Impuesto sobre el Valor Añadido, indicando en este último caso el tipo impositivo aplicable, a quién corresponde la declaración e ingreso del impuesto, y si en la factura que documente la operación se debe o no repercutir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

A estos efectos, podrá contactar con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de su sede electrónica: http://www.aeat.es, o en la siguiente dirección –haz clic aquí-:

5.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


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¿Qué derechos y obligaciones tengo por ser pareja de hecho?

¿Qué es una pareja de hecho? ¿Hay diferente regulación y derechos distintos en cada comunidad autónoma? ¿Qué requisitos o condiciones se exigen para que exista una pareja de hecho? ¿Debo cumplir un período mínimo para que se me considere pareja de hecho? ¿Qué derechos tengo por ser pareja de hecho? ¿Tengo derecho a una pensión de viudedad si muere mi pareja de hecho? ¿Qué ocurre con la herencia si fallezco o muere mi pareja de hecho? ¿Qué régimen económico es aplicable? ¿Puedo ¿Cómo afecta ser pareja de hecho en el ámbito tributario?

Neus Lafuente, de Moya & Emery, nos da las respuestas a todas estas preguntas en este vídeo del consultorio jurídico de Radio Calvià FM.


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Publicada la Orden que modifica la llevanza de Libros registro del IVA

FUENTE: Artículo original de IBERLEY, de 24/11/2020.

Se publica en el BOE del 24 de noviembre la Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, por la que se modifica la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria.

Con entrada en vigor el 1 de enero de 2021 se publica en el BOE del 24 de noviembre de 2020 la Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, por la que se modifica la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria.

Esta Orden tiene por objeto adaptar el contenido y diseños de los Libros registro llevados a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a los cambios normativos y también para adecuarlo a las necesidades asistenciales que se han puesto a disposición del sujeto pasivo recientemente.

En consecuencia, en primer lugar, esta orden se hace necesaria para que, a partir del 1 de enero de 2021, pueda ser posible la llevanza de las operaciones a que se refiere el número 3.º del apartado 1 del artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, del libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias, a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el suministro electrónico de la información.

Esta modificación normativa tiene su origen en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, el cual introdujo modificaciones en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido con la finalidad de proceder a la incorporación al ordenamiento interno de la Directiva (UE) 2018/1910, del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido en la imposición de los intercambios entre los Estados miembros.

En virtud del citado Real Decreto-ley, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, incorporó a nuestro ordenamiento interno las reglas armonizadas de tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido de los denominados acuerdos de venta de bienes en consigna. Esto es, los acuerdos celebrados entre empresarios o profesionales para la venta transfronteriza de mercancías, en las que un empresario (proveedor), o un tercero en su nombre y por su cuenta, envía bienes desde un Estado miembro a otro, dentro de la Unión Europea, para que queden almacenados en el Estado miembro de destino a disposición de otro empresario o profesional (cliente), que puede adquirirlos en un momento posterior a su llegada.

Con el objetivo de simplificar estas operaciones y reducir las cargas administrativas de los empresarios y profesionales que realizan aquellas, la nueva regulación establece que las entregas de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna darán lugar a una entrega intracomunitaria de bienes exenta en el Estado miembro de partida efectuada por el proveedor, y a una adquisición intracomunitaria de bienes en el Estado miembro de llegada de los bienes efectuada por el cliente, cumplidos determinados requisitos.

Entre los requisitos, se establece la obligación de que los empresarios y profesionales que participan en los acuerdos de ventas de bienes en consigna, incluido en su caso el empresario o profesional que sustituya a aquel al que inicialmente estaban destinados los bienes, anoten dentro del libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias el envío o recepción de los bienes comprendidos en un acuerdo de ventas de bienes en consigna. Esta obligación registral se configura no únicamente como un requisito formal sino como un requisito sustantivo, puesto que su cumplimiento será necesario para la aplicación de la simplificación. En este sentido, el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, ha modificado el Reglamento de Ejecución (UE) 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011 para regular de forma armonizada el registro de estas operaciones.

Siguiendo esta línea, el Real Decreto-ley 3/2020 modificó el Reglamento del Impuesto, para regular, dentro del libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias que deben llevar los sujetos pasivos del Impuesto, los movimientos de mercancías y las operaciones derivadas de un acuerdo de ventas de bienes en consigna.

No obstante, para facilitar su cumplimiento y el desarrollo técnico necesario para su aplicación, el registro de los envíos o recepciones de los bienes comprendidos en un acuerdo de ventas de bienes en consigna dentro del nuevo libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para los empresarios y profesionales acogidos al suministro inmediato de información, se retrasó hasta el 1 de enero de 2021.

Con el objeto de hacer posible que los empresarios y profesionales acogidos al suministro inmediato de información puedan cumplir con las obligaciones registrales derivadas de un acuerdo de ventas de bienes en consigna a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a partir de 1 de enero de 2021, esta orden aprueba las especificaciones funcionales de los elementos integrantes de los mensajes XML de alta y modificación de los registros del libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias.

En segundo lugar, esta orden tiene por objeto introducir mejoras de carácter técnico en las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, para ayudar al correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas, principalmente relacionadas con la cumplimentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido.

De este modo, se añade en el libro registro de facturas recibidas una marca para identificar, con carácter opcional, las cuotas soportadas por la adquisición o importación de bienes de inversión.

También en el libro registro de facturas recibidas, se introducen los campos necesarios para que, en caso de que el contribuyente decida deducir el Impuesto sobre el Valor Añadido soportado en un periodo posterior al de registro pueda, con carácter opcional, indicarlo, así como el ejercicio y periodo en que ejercitará el derecho a deducir.

Finalmente, esta orden establece que aquellas entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal y las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 20.Tres de la Ley 37/1992, que estén incluidas en el suministro inmediato de información, deberán informar de las adquisiciones de bienes o servicios al margen de cualquier actividad empresarial o profesional en los mismos términos que las mismas entidades deben informar en la declaración informativa anual sobre operaciones con terceras personas, modelo 347, cuando no están incluidas en el Suministro Inmediato de Información.

FUENTE: Artículo original de IBERLEY, de 24/11/2020.

La importancia de tener una Planificación Fiscal

Gestionar la banca privada no siempre es sencillo ya que en este aspecto no sólo interviene lo patrimonial, si no también lo fiscal. Como bien sabemos, nadie se escapa de los impuestos: IRPF, Impuesto de Sociedades, Impuesto de Sucesiones, … Si no fuera suficiente tener que dar cuentas de todos los Impuestos, hay que ir con cuidado con ellos porque es frecuente que estén entrelazados entre ellos. ¿Nuestro consejo? Elaborar una Planificación Fiscal.

Para poder tener una Planificación Fiscal, nunca está de más contar con un Asesor Fiscal que te ayude a organizar y estructurar el pago de los impuesto, ya que muchos de ellos repercuten en otros. Un ejemplo muy sencillo para entender esto es el Impuesto de Sucesiones, que luego se tendrá que reflejar en el IRPF. Así pues, es importante elaborar un plan para la optimización.

Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que dentro de esta optimización no sólo se encontrará la estructura patrimonial del titular, si no también tendrá que tenerse en cuenta el de la familia para poder evitar posibles riesgos en la fiscalidad. ¿A qué nos referimos? Pues a las novedades que se incluyen en el Plan de Control Tributario vigente para este 2017, en el que la Agencia Tributaria se va a poner las pilas para vigilar a los titulares de patrimonios que superen los 10 millones de euros. Debido a este endurecimiento, se recomienda tener todo en orden y de forma correcta, ya que “pequeñas cosas” como un cambio de residencia fiscal que no sea real o el utilizar sociedades interpuestas, puede suponer una alerta para Hacienda y que venga a hacerte una visita.
La fiscalidad es un asunto muy importante, y tener una buena planificación supone un incremento de los ingresos. Siempre recomendamos pagar los impuestos correspondientes y a tiempo ya que no organizarse en los pagos y apurar en los impuestos.

¿Cómo tener una buena organización?

Si decides que para la Planificación Fiscal va a ayudarte un asesor, lo más importante es saber que tiene que conocerte mejor que nadie. Para poder hacer una buena optimización, es importante tener en cuenta no sólo el patrimonio, si no también sus circunstancias personales, su situación profesional y familiar y sus proyectos para el futuro. El error es centrarse únicamente en un aspecto, en un sólo impuesto, ya que no hacer caso a los otros impuestos. Como hemos comentado antes los impuestos están interrelacionados en una maraña de pagos y patrimonio por lo que no supondría una buena optimización fijarse sólo en un impuesto ya que el intentar ahorrar de un sitio puede suponer un incremento de otros impuestos. Hay que adaptar la planificación a todas las circunstancias, las materiales y las “familiares”.

Después de esta introducción hablaremos del IRPF. Nos encontramos a las puertas de la nueva campaña de la Declaración de la Renta por lo que no está de más que nos centremos un poco en este impuesto.

Aquellas personas que tienen mucho patrimonio, les puede servir la inversión en fondos de inversión ya que les puede servir para beneficiarse en el aplazamiento del pago de impuestos hasta el momento en el que decidan obtener las ganancias. Algunos fondos de inversión son las Instituciones de Inversión Colectiva o los fondos como el SICAV. Hacer inversiones en estos fondos es una manera de aplazar el pago de impuestos y optimizar la banca personal. Además, como hemos comentado antes, estos fondos de inversión solo tributan en el momento en el que se produce el reembolso definitivo. Otros fondos son los seguros de vida o los seguros de capitalización.

La Declaración de la Renta no ocurre sólo durante la campaña, es importante planificarse durante todo el año para poder obtener los mejores resultados durante la Renta.

En Moya&Emery nos sumamos a la Campaña de la Declaración de la #Renta2016. Si quieres que te ayudemos con tu #Renta2016 no dudes en llamarnos y pedirnos Cita Previa. Estudiaremos tu caso particular y aplicaremos todas las bonificaciones y deducciones para que tu renta salga a devolver.

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*Se excluyen rentas con actividades profesionales.

¿Habrá restricciones para las CCAA a la hora de legislar?

El Consejo General de Economistas elabora anualmente un estudio de fiscalidad autonómica. Este año han aprovechado para recalcar la gran disparidad que hay entre comunidades y dentro de las comunidades. Las comunidades autónomas han creado un total de 79 impuestos propios además de más de 500 modificaciones y cambios fiscales al año. Esto provoca que el sistema de tributación, ya complicado de por sí, sea todavía más difícil de comprender y de controlar.

Como bien sabemos, la Constitución Española permite a las Comunidades Autónomas legislar en determinadas materias, gracias a la delegación de estos temas por parte del Estado. Sin embargo, desde hace ya una temporada, las regiones utilizan su capacidad normativa para elaborar multitud de cambios y requisitos en las bonificaciones o deducciones lo que da lugar a una falta de orden y coherencia entre Comunidades Autónomas con respecto a los mismos impuestos.

Los impuestos propios de las Comunidades Autónomas, sólo otorgan entre el 2,2 y el 5% de los recursos que se gestionan, y esto depende del año. Los impuestos que más recaudan son el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales. Por detrás se encuentran los Impuestos de Patrimonio, los Impuestos de Sucesiones y Donaciones, los Actos Jurídicos Documentados y las Transmisiones Patrimoniales. Toda este embrollo de impuestos, normas y modificaciones provocan situaciones que no deberían provocarse por el principio de non bis in idemque consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez. Por ejemplo, se han dado casos de personas que han tenido que pagar el Impuesto de Patrimonio y a la vez tienen que pagar un IBI altísimo debido a la norma municipal.

Uno de los puntos fundamentales en los que se ve claramente esta distinción entre comunidades es el medio ambiente. Este tema es utilizado por las Comunidades Autónomas para imponer tributos. Algunos ejemplos son las tasas a los residuos, al agua embalsada, la incineración, la generación de energía eléctrica o eólica, la contaminación atmosférica,…

Lo más complicado de este temas es cuando los impuestos propios de una Comunidad Autónoma entran en conflicto con los tributos propios del Estado, como por ejemplo el de los depósitos bancarios o el céntimo sanitario.  Todo esto hace plantear la cuestión de si es necesario que las Comunidades Autónomas tengan una línea común que seguir para poder elaborar su propia normativa de tributos.

En Moya&Emery somos expertos en materia tributaria. Si tienes dudas sobre algún tipo de Impuesto en nuestra Comunidad Autónoma y quieres saber cómo te afecta no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Puedes pedirnos cita previa en el 971 72 80 10. También puedes venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca.
Consulta todos nuestros servicios en www.moyaemery.com

Aprobadas nuevas medidas tributarias.

nuevas medidas tributarias

La semana pasada, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley en el que se incluyen un grupo de medidas tributarias con el objetivo de poder alcanzar las metas de déficit impuestas para 2017. Entre las principales novedades encontramos modificaciones en el Impuesto de Sociedades, junto con el incremento de los llamados “impuestos especiales” que son aquellos sobre productos intermedios, alcohol, tabaco,… Este impacto se estima que tenga una recaudación adicional de 4.800 millones de euros.

Estas medidas, junto con las que se han tomado contra el fraude, recaudarán un total de 7.000 millones de euros más al año. Es importante aclarar que estas medidas no afectarán ni a pynes ni a autónomos, y tampoco se modifica el IRPF ni el IVA.

A continuación, pasaremos a contar las novedades más interesantes sobre este nuevo Real Decreto.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:
En las modificaciones sobre el impuesto de sociedades es importante aclarar que no se modifican los tipos nominales (que se mantienen en el 25% previsto para 2017). En este caso se limitarán las deducciones. Las deducciones afectadas son estas:

  • Exención por dividendos: A partir de ahora no serán deducibles las pérdidas realizadas en la transmisión de participación en entidades, siempre que se trate de participaciones con derecho a la exención en las rentas positivas obtenidas, tanto en dividendos como en plusvalías generadas en la transmisión de participaciones. También queda fuera de las deducciones la integración en la base imponible de cualquier tipo de pérdida que se genere por la participación en entidades que se encuentren en paraísos fiscales o en territorios que no alcancen un nivel de tributación adecuado.
  • Reversión de los deterioros de valor de las participaciones: La reversión de los deterioros de valor de participaciones que eran fiscalmente deducibles en los periodos impositivos anteriores a 2013 y que a partir de esa fecha no lo son, deberá de realizarse por un importe mínimo anual, de forma lineal durante 5 años. En este Real Decreto Ley se establece la incorporación automática de estos deterioros, como un importe mínimo, sin perjuicio de que resulten reversiones superiores por las reglas de general aplicación, teniendo en cuenta que se trata de pérdidas estimadas y no realizadas que minoraron la base imponible de las entidades españolas.
  • Limitación a la compensación de Bases Imponibles Negativas: En este caso se limita la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores para grandes empresas en los siguientes porcentajes:
    • Empresas con importe neto de la cifra de negocios superior a 60 millones de euros: 25%.
    • Empresas con importe neto de la cifra de negocios entre 20 y 60 millones de euros: 50%.
    • También se establece un nuevo límite para la aplicación de deducciones por doble imposición que se cifra en el 50% de la cuota íntegra para las empresas con un importe neto de la cifra de negocios superior a 20 millones de euros, aplicando esta medida ya para el 2016.

IMPUESTOS ESPECIALES:
Las medidas relacionadas con los impuestos especiales (alcohol, tabaco) permitirán acercar la recaudación por fiscalidad indirecta a la media de los países de la Unión Europea. Esta recaudación prevista será de 150 millones de euros más: 100 millones por el tabajo y 50 por el alcohol. Estas son las novedades previstas para los impuestos especiales:

  • Impuesto sobre productos intermedios, alcohol y bebidas derivadas: Se incremente en un 5% la fiscalidad que grava el consumo de los productos intermedios, del alcohol y de las bebidas derivadas, tanto en la península como en las Islas Canarias. No se modifican los tipos impositivos de la cerveza y del vino. Con esta nueva modificación, aunque estos siguen siendo de los más bajos de la UE, se contribuye a reducir la diferencia de fiscalidad que existe con el resto de estados miembros.
  • Impuesto sobre las labores del tabaco: Sube el peso del componente específico frente al componente ad valorem a la vez que se hace el ajuste en el nivel mínimo de imposición, tanto para cigarrillos como para picadura para liar.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO:
En lo que se refiere al impuesto sobre el patrimonio, se prorroga durante 2017 la exigencia del gravamen, con el fin de contribuir a mantener la consolidación de las finanzas públicas, sobre todo en las Comunidades Autónomas. Estas son las novedades:

  • Aplazamientos y fraccionamientos:
    • Se suprime la excepción normativa que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las retenciones e ingresos a cuenta.
    • No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las liquidaciones tributarias confirmadas de forma total o parcialmente, en virtud de la resolución firme cuando antes hayan sido suspendidas durante la tramitación del correspondiente recurso o reclamación en sede administrativa o judicial.
    • Se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
    • Se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de los tributos repercutidos, dado que el efectivo pago de dichos tributos por el obligado a soportarlos implica la entrada de liquidez en el sujeto que repercute. Por tanto, sólo serán aplazables en el caso de que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.
  • Coeficientes de actualización de valores catastrales:
    • La aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2017 supone una medida que tiene una repercusión inmediata en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ya que este impuesto se devenga el 1 de enero de cada año natural. Esta medida ayudará a reforzar la financiación municipal.
  • Suspensión de la compensación a Canarias:
    • Resulta necesario precisar por disposición legal que la citada suspensión de la compensación lo es en términos de devengo y no únicamente una suspensión en términos de caja de los flujos tesoreros derivados de la misma. Es una precisión del acuerdo de suspensión de la compensación por supresión del IGTE de Canarias adoptado en Comisión Mixta de Transferencias Administración Estado-Comunidad Autónoma de Canarias el 16 de noviembre de 2015. Con ello, queda clarificado que dicha suspensión debe entenderse en términos de devengo dotando así de mayor seguridad jurídica a las relaciones financieras entre las partes firmantes del mencionado Acuerdo.

SALARIO MÍNIMO:

Es importante recalcar que este Real Decreto Ley incorpora una disposición adicional que deja en manos del Gobierno en fijar en el salario mínimo interprofesional para el 2017 un incremento del 8% respecto del que se fijó como salario mínimo para 2016. Esta disposición obliga al Gobierno a seguir lo que se encuentra en los convenios colectivos vigentes a la fecha de entrada en vigor al real decreto que apruebe el salario mínimo interprofesional para 2017, con el fin de evitar que este incremento pueda producir distorsiones en su contenido económico, así como en normas estatales y en contratos y pactos de naturaleza privada. Todo esto se hace con el fin de reforzar los acuerdos alcanzados por los interlocutres sociales en el ámbito de la negociación colectiva.

Tope máximo de cotización
Siguiendo con el salario mínimo, se actualizan para el 2017 las cantidades del tope máximo de la base de cotización a la Seguridad Social, tanto en los regímenes que lo tengan establecido como en las bases máximas de cotización de cada uno de ellos, incrementándose en un 3% con respecto a las que están vigentes en el ejercicio actual, hasta los 3.751€ mensuales.
Además, también se introduce una previsión legal para favorecer los futuros incrementos del tope máximo y de las bases máximas de cotización en el sistema de la Seguridad Social, así como el límite máximo para las pensiones causadas en el mismo, para que se ajusten a las recomendaciones que se hagan en este sentido por parte de la Comisión Parlamentaria Permanente del Pacto de Toledo y a los acuerdos en el marco del diálogo social.

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y MODERNIZACIÓN DEL IVA

También es importante recalcar que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que contempla una serie de medidas destinadas a la prevención y corrección del fraude fiscal, fundamentalmente en el ámbito del IVA mediante la puesta en marcha del nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) que permitirá a la Agencia Tributaria obtener información casi en tiempo real de las transacciones y, por tanto, mejorando el control tributario.

Suministro inmediato de información (SII)

Con las modificaciones introducidas en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, se instaura un nuevo sistema de gestión del IVA que se basa en la llevanza de los Libros de Registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la AEAT, mediante el suministro casi inmediato de los registros de facturación. Este “Suministro Inmediato de Información” (SII), supone una mejor sustancial en la relación de comunicación entre la Administración y el contribuyente, ya que va a permitir tener una relación bidireccional, automatizada e instantánea.

El sistema SII consiste en el suministro electrónico de los registros de facturación que se incluyen en los Libros de Registro del IVA. Para ello, deben mandarse a la AEAT los detalles sobre la facturación por vía electrónica de manera que, con esta información se vayan configurando casi en tiempo real, los distintos Libros de Registro. En el caso de facturas simplificadas, tanto emitidas o recibidas, se podrán agrupar (siempre que cumplan determinados requisitos) y enviar los registros de facturación del correspondiente asiento resumen. ¿Quienes estarán obligados a utilizar el Sistema SII? Todos aquellos sujetos pasivos que estén obligados a autoliquidar el IVA de forma mensual. Esto representa el 80% de la facturación empresarial del país. Estarán obligatoriamente incluidos los contribuyentes que estén inscritos en el Registro de Devolución Mensual del IVA (REDEME), las grandes empresas que cuentan con una facturación anula de más de 6millones de euros y los grupos de IVA. Sin embargo esto no excluye al resto de contribuyentes que podrán utilizar el Sistema SII siempre que cumplan con los requisitos para poder optar por la utilización del sistema.

La entrada en vigor de esta obligación será el 1 de julio de 2017. Para poder utilizar el sistema SII, se establece un plazo general de cuatro días para la remisión electrónica de la información desde la fecha de expedición de la factura o bien desde que se produzca su registro contable. Estos 4 días serán día hábiles para la administración por lo tanto quedarán excluidos los sábados, domingos y festivos nacionales. Para poder llevar mejor esta transición, durante el primer semestre de vigencia del SII, los contribuyentes tendrán un plazo extraordinario de envío de la información de 8 días hábiles.

¿Qué ventajas tiene el Sistema SII? Los contribuyentes que estén incluidos en el SII, que tengan el plazo de autoliquidación del IVA de forma mensual, tendrán una ampliación de 10 días en el plazo de presentación de las autoliquidaciones, pasando del 20 al 30 de cada mes siguiente, salvo en febrero, donde el plazo concluirá el último día del mes. Además este sistema SII moderniza y estandariza la forma de llevar los tradicionales Libros de Registro de IVA y lleva a la reducción de las obligaciones formales, suprimiendo la obligación de presentar los modelos 347 (operaciones con terceros), 340 (información sobre Libros Registro) y 390(resumen anual del IVA). Otra de las ventajas es la posibilidad de prestar una mayor asistencia al contribuyente al ofrecerle datos de contraste de la información procedente de terceros y la disminución de los requerimientos de información por parte de la AEAT, ya que muchos de los requerimientos actuales tienen por objeto solicitar los Libros de Registro, las facturas o los datos contenidos en las mismas para comprobar determinadas operaciones. Esto puede implicar la reducción de los plazos de realización de las devoluciones al disponer la AEAT de la información casi en tiempo real y de mayor detalle sobre las operaciones.

Hemos obtenido esta información de la web de La Moncloa.

En Moya&Emery somos expertos en materia tributaria. Si necesitas asesoramiento sobre las reformas previstas para 2017 no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el 971 72 80 10. También puedes venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca.
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