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Preguntas frecuentes respondidas por la AEAT sobre la nueva Ley Antifraude

Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

INDICE DE CUESTIONES

  1. Reducción del 60 por ciento de los rendimientos de capital inmobiliario del IRPF en los supuestos de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a viviendas.
  2. Intereses de demora
  3. Recargos por presentación de declaración o autoliquidación extemporánea.
  4. Sanciones.
  5. Sanciones por limitación de pagos en efectivo.
  6. Suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos.
  7. Responsabilidad subsidiaria de titulares de Depósitos Fiscales y Registro de Extractores de Depósitos Fiscales.

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1.       Reducción del 60 por ciento de los rendimientos de capital inmobiliario del IRPF en los supuestos de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a viviendas.

1.1.     ¿Cuándo resulta aplicable la nueva redacción del apartado 2 del artículo 23 de la Ley del IRPF?

La modificación del apartado 2 del artículo 23 de la Ley del IRPF efectuada por el artículo Tercero. Dos de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, de acuerdo con la letra d) de la Disposición Final 7ª de dicha Ley, tiene efectos a partir del día siguiente al de la publicación de la norma en el BOE.

Por tanto, resultará aplicable siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 23 de la LIRPF, en relación con las autoliquidaciones del Impuesto del ejercicio 2021 en adelante, con independencia de que se presenten dentro o fuera del plazo establecido.

Además, para el ejercicio 2021 y puesto que el impuesto se devenga el último día del periodo impositivo, la nueva redacción será aplicable a los rendimientos netos de todo el ejercicio y no solo a los exigibles a partir de la entrada en vigor de la misma.

2.       Intereses de demora.

  • ¿Ha habido algún cambio normativo que afecte al devengo de intereses de demora?

Sí, se ha modificado el artículo 26.2 f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en adelante LGT, que queda redactado como sigue:

“f) Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente, salvo que voluntariamente regularice su situación tributaria sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de esta ley relativo a la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo”.

Con la nueva redacción, desde la entrada en vigor de la Ley, se exige recargo del artículo 27 de la LGT de la siguiente forma:

  • Por la parte del reintegro, desde la fecha de la devolución.
  • Por el resto, desde el fin de plazo de declaración.

Con el régimen anterior a la entrada en vigor de la ley se exigían intereses por la parte del reintegro (es decir, por la parte de devolución indebidamente obtenida) y recargos del artículo 27 de la LGT por el exceso.

  • ¿Cuándo entrará en vigor el cambio que afecta al artículo 26. 2 f) de la LGT?

Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No hay disposición transitoria al respecto.

  • ¿Qué régimen resulta aplicable a las declaraciones complementarias presentadas fuera de plazo que incluyen reintegro de una devolución obtenida derivada de una autoliquidación anterior?
  1. Declaraciones complementarias presentadas antes de la entrada en vigor de la norma: Se exigirán intereses por la parte del reintegro (es decir, por la parte de devolución indebidamente obtenida) y recargos del artículo 27 de la LGT por el exceso.
  • Declaraciones complementarias presentadas desde la entrada en vigor de la norma, se exige recargo del artículo 27 de la LGT de la siguiente forma:

b.1) Por la parte del reintegro, desde la fecha de la devolución. b.2) Al resto, desde el fin de plazo de declaración.

La nueva redacción del precepto determina que el devengo de los intereses de demora se efectuará conforme a lo dispuesto en el art. 27 LGT.

Ahora bien, hay que distinguir según se trate de cantidades a ingresar procedentes de un reintegro de una devolución o de una cuota a ingresar.

  • Si es un reintegro de una devolución el plazo a los efectos de aplicar el art. 27 con su sistema de recargos e intereses comenzará a partir del momento de la devolución.
  • Si es una cuota a ingresar a partir del día siguiente del fin del período voluntario.
  • ¿Qué recargo procede girar si en la declaración que se presenta fuera de plazo se reintegra la devolución y se realiza un ingreso adicional?

Sobre la parte del ingreso correspondiente al reintegro de la devolución, procederá la liquidación de recargo y, en su caso, intereses de demora, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la LGT, computándose el retraso desde la fecha de la devolución.

Sobre la parte del ingreso que no se corresponda al reintegro de la devolución, procederá la liquidación de recargo y, en su caso, intereses de demora, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la LGT, computándose el retraso desde el fin del plazo reglamentario establecido para la presentación e ingreso.

Ejemplo:

Declaración que origina una devolución de 1.000 euros. Se presenta una complementaria fuera de plazo a ingresar 5.000 euros. ¿Cómo se aplica el régimen de recargos?

Se diferenciarán las siguientes partes:

  1. Reintegro de Devolución: 1.000 euros.

Este importe llevará el recargo y los intereses de demora, en su caso, del artículo 27.2 de la LGT que corresponda desde la fecha en que tuvo lugar la devolución.

  • Resto: lo ingresado en la declaración presentada fuera de plazo, complementaria, descontada la parte de reintegro de devolución, es decir,

4.000 euros.

Este importe llevará el recargo y los intereses de demora, en su caso, del artículo 27.2 de la LGT que corresponda desde el fin del plazo establecido para la presentación de la declaración.

3.        Recargos     por     presentación    de     declaración     o     autoliquidación extemporánea.

  • ¿Qué tipos se aprueban en la nueva norma respecto del régimen de recargos por presentación de declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo?

El recargo será un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso.

Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 15 por ciento.

(Artículo 27.2 de la LGT)

  • ¿Desde cuándo resulta aplicable el nuevo régimen de recargos por presentación de declaraciones o autoliquidaciones extemporáneas?

La entrada en vigor tendrá lugar el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La nueva redacción del apartado 2 del artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será de aplicación a los recargos exigidos con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el obligado tributario y el recargo no haya adquirido firmeza.

La revisión de los recargos no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizarán por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos, previa audiencia al interesado.

(Disposición Transitoria Primera de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude y art 10.2 LGT).

  • A las declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento antes de la entrada en vigor de la nueva norma, ¿Se les aplica el nuevo porcentaje de recargos?

Sí, siempre que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

  • No se haya iniciado el expediente de recargo.
  • El expediente de recargo esté en tramitación.
  • No se haya agotado el plazo para plantear recurso o reclamación contra el recargo.
  • Se encuentre en tramitación el recurso o reclamación que se haya planteado contra el recargo.
  • Se encuentre en fase de ejecución la resolución o sentencia de un recurso o reclamación que se haya planteado contra el recargo.
  • ¿Qué ocurre si una vez en vigor la ley tengo en tramitación un expediente de recargo sin que se me haya notificado la resolución de liquidación del recargo?

Tendrá derecho a que se le aplique el nuevo régimen de recargos. Se le notificará la liquidación con los nuevos porcentajes de recargos.

No es necesario que el contribuyente lo solicite a la AEAT.

  • Los Tribunales han dictado resolución aplicando la normativa vigente antes de la entrada en vigor de la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal pero todavía no se ha ejecutado dicha resolución cuando entra en vigor dicha ley, ¿cómo se va a ejecutar la misma?

La ejecución de las Resoluciones de los Tribunales una vez en vigor la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal se efectuará conforme a la normativa vigente en la fecha de la ejecución, con independencia de la normativa que aplicaron los Tribunales en el momento de su resolución.

4.        Sanciones.

  • ¿Ha afectado el cambio normativo al régimen de sanciones previsto en la Ley General Tributaria?

Sí, se modifican los porcentajes de reducción para el caso de actas con acuerdo y, por otra parte, de reducción por pronto pago y no interposición de recurso o reclamación.

También se modifica el plazo de inicio de los procedimientos sancionadores a consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección

Ver preguntas siguientes.

  • Reducción de sanciones por pronto pago y no interposición de recurso o reclamación.

Modificación del artículo 188 .3 de la LGT. La reducción del 25% pasa a ser del 40%.

  • Reducción de sanciones para actas con acuerdo.

Modificación del artículo 188.1 a) de la LGT. La reducción del 50% pasa a ser del 65%.

  • Plazo de inicio de los expedientes sancionadores a consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección.

Modificación del artículo 209.2 de la LGT. Se amplía el plazo de 3 a 6 meses.

  • ¿Desde cuándo resulta aplicable el nuevo régimen de sanciones?

La entrada en vigor será al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La nueva redacción de los apartados 1 y 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se aplicará a las sanciones acordadas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido firmeza. A estos efectos, la Administración tributaria competente rectificará dichas sanciones.

También se aplicará la nueva redacción del apartado 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si concurren las siguientes circunstancias:

  1. Que, desde su entrada en vigor y antes del 1 de enero de 2022, el interesado acredite ante la Administración tributaria competente el desistimiento del recurso o reclamación interpuesto contra la sanción y, en su caso, del recurso o reclamación interpuesto contra la liquidación de la que derive la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso o reclamación.
    1. Que en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la Administración Tributaria tras la acreditación de dicho desistimiento, se efectúe el ingreso del importe restante de la sanción.

(Disposición Transitoria Primera de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude y art 10.2 LGT).

  • He recibido una sanción antes de la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, ¿Tengo derecho a aplicar el nuevo régimen de sanciones beneficiándome del mayor porcentaje de reducción?

El nuevo régimen de sanciones es más favorable para el obligado tributario.

Esto supone que, a cualquier sanción que no haya sido recurrida y no haya adquirido firmeza en el momento de entrada en vigor de la norma se le debe aplicar el nuevo porcentaje de reducción.

  • ¿A qué sanciones les resulta de aplicación la nueva Ley?
  • Sanciones para las que todavía no se ha iniciado el procedimiento sancionador, aun correspondiendo a infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.
  • Sanciones cuyo procedimiento se encuentre en tramitación en el momento de entrada en vigor de la ley.
  • Sanciones para las que no se haya agotado el plazo para plantear recurso o reclamación.
  • Sanciones recurridas y que tras la entrada en vigor de la ley y antes del 1 de enero de 2022, se desista del recurso, conforme se indica en la Disposición Transitoria Primera de la Ley.
  • Sanción que debe ser anulada parcialmente en ejecución de un recurso o reclamación contra la liquidación o contra la propia sanción.
  • Si la sanción está recurrida en el momento de entrada en vigor de la nueva normativa, ¿Qué se puede hacer para beneficiarse del nuevo porcentaje de reducción del 40%?

Cabe el desistimiento contra el recurso o reclamación conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera para poder beneficiarse de la aplicación de los nuevos porcentajes de reducción.

Desde la entrada en vigor de la norma y antes del 1 de enero de 2022, el interesado debe acreditar ante la Administración tributaria competente el desistimiento del recurso o reclamación interpuesto contra la sanción y, en su caso, del recurso o reclamación interpuesto contra la liquidación de la que derive la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso o reclamación.

Como requisito adicional, en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la Administración Tributaria tras la acreditación de dicho desistimiento, debe efectuar el ingreso del importe restante de la sanción.

  • ¿Basta con el desistimiento del recurso contra la sanción para poder beneficiarme de la aplicación del nuevo porcentaje de reducción de sanciones?

No, si hubiera recurso o reclamación contra la liquidación, deberá desistir tanto del recurso o reclamación contra la sanción, como del interpuesto contra la liquidación.

  • ¿Cómo acredito ante la AEAT el desistimiento de los recursos o reclamaciones interpuestos?

Deberá acreditarlo presentando ante la AEAT el documento de desistimiento que presentó ante el órgano competente para conocer del recurso o reclamación.

  • El contribuyente interpone reclamación económico-administrativa contra una liquidación provisional. Con posterioridad desiste de la misma. ¿En caso de desistimiento de la reclamación, son aplicables las reducciones del 30% y del 40%?

No, sólo la reducción del 40%. No está previsto que, con el desistimiento del recurso o reclamación contra la liquidación, se recupere la reducción por conformidad del 30%.

  • Se aprecia un defecto formal de procedimiento que retrotrae actuaciones en el procedimiento de liquidación de la deuda tributaria y se inicia un nuevo procedimiento sancionador, ¿Resulta aplicable la nueva reducción del 40%?

Sí.

  • Si se confirma parcialmente una regularización, acordándose la anulación de la liquidación para su sustitución por otra, en los casos en que proceda minorar  la  sanción,  ajustándola  al  nuevo  importe  de  la    liquidación

¿Resulta aplicable la nueva reducción del 40% al nuevo importe minorado de sanción?

Sí.

  • ¿Qué ocurre si una vez en vigor la ley se había notificado el inicio de un expediente sancionador, pero no la resolución con la imposición de la sanción?

Se notificará la sanción con los nuevos porcentajes.

No es necesario que el contribuyente lo solicite a la AEAT.

  • ¿Es posible desistir de un recurso contra la ejecución de una sanción para poder aplicar el nuevo porcentaje de reducción?

Sí.

  • ¿Está previsto el desistimiento para beneficiarse del nuevo porcentaje de reducción en el caso de actas con acuerdo?

No, la Disposición Transitoria Primera sólo prevé el desistimiento para el supuesto de reducción del artículo 188.3 de la LGT, en el caso de pronto pago y no recurso ni reclamación contra la sanción o la liquidación.

5.        Sanciones por limitación de pagos en efectivo.

  • ¿Cómo afecta la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal a las limitaciones de pagos en efectivo?

Disminuye el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros para las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional.

Se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España.

  • Relacionado con la limitación de pagos en efectivo, ¿Qué consecuencias tendría el pago de la sanción impuesta en cualquier momento posterior a la propuesta de sanción, pero antes de recibir la notificación de la resolución definitiva?

Una vez notificada la propuesta de resolución, el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la notificación de la resolución implicará la terminación del procedimiento con las siguientes consecuencias:

  • Reducción de la sanción del 50 por ciento. Esa reducción se perderá si se recurre en la vía contencioso-administrativa, exigiéndose el importe restante de la sanción sin más trámite que la notificación al interesado.
  • Terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.
  • Renuncia a formular alegaciones que, en su caso, se entenderán como no presentadas.
  • Agotamiento de la vía administrativa, sin perjuicio de la posibilidad del recurso en vía contencioso-administrativa, computándose el plazo de ese recurso desde la fecha del pago.
  • ¿Desde qué momento resultan aplicables los nuevos límites para pagos en efectivo?

Resultará aplicable para los pagos efectuados a partir de la entrada en vigor de la norma, aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.

La norma entra en vigor el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

  • ¿Resulta aplicable la nueva reducción por pago voluntario a las sanciones exigidas antes de la entrada en vigor de la ley?

Sí, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido firmeza.

Ahora bien, en el caso de que hayan sido recurridas, también se aplicará la citada reducción si concurren las siguientes circunstancias:

  1. Que, desde su entrada en vigor y antes del 1 de enero de 2022, el interesado acredite ante la Administración competente el desistimiento del recurso interpuesto contra la sanción. Dicha acreditación se efectuará con el documento de desistimiento que se hubiera presentado ante el órgano competente para conocer del recurso.
    1. Que en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abierto con la notificación que a tal efecto realice la Administración tras la acreditación de dicho desistimiento, se efectúe el ingreso del importe restante de la sanción.
  • En caso de finalización del procedimiento sancionador por la realización del pago voluntario ¿Es posible impugnar la sanción por incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo? ¿Qué recurso puede interponerse?

El pago voluntario de la sanción reducida supone la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, y el agotamiento de la vía administrativa. Por ello, no procede la admisión del recurso de alzada.

La sanción podría ser recurrida únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El plazo para la interposición del recurso se computa desde la fecha del pago. Y la interposición de dicho recurso supondrá la pérdida de la reducción aplicada, que se exigirá sin más trámites que la notificación al interesado.

6.        Suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos.

  • ¿Ha habido algún cambio normativo que afecte a la suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo?

Sí, la disposición final tercera ha modificado el apartado 2 de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que queda redactado como sigue:

«2. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de mayo   de

2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria.

En el caso de plazos de prescripción, la suspensión del párrafo anterior solo resultará aplicable a aquellos plazos que, sin tener en cuenta la misma, finalicen antes del día 1 de julio de 2021

Por tanto, en los casos en que resulte aplicable la suspensión del plazo de prescripción prevista en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, el plazo finalizará, si no se produce la interrupción del mismo, una vez trascurridos 4 años y 78 días (periodo comprendido entre el 14/03/2020 y el 30/05/2020 durante el que estuvo suspendido el plazo).

La suspensión del cómputo señalado se aplicará a partir de la entrada en vigor de la ley a aquellos plazos de prescripción que finalizaran originariamente antes de 1 de julio de 2021.

  • ¿Qué derechos se van a ver afectados por la suspensión del plazo de prescripción prevista en el apartado 2 de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, tras la modificación efectuada por la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal?

Habrá que estar a los plazos de declaración de cada tributo y a las reglas de cómputo del plazo de prescripción de los derechos contemplados en el artículo 66 de la LGT.

Por ejemplo, en el caso del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente liquidación y suponiendo que no se hubiera producido previamente la interrupción del mismo, el último periodo impositivo al que afectaría la suspensión del plazo y el primero al que ya no resultaría aplicable, serían los siguientes:

IRPF: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo de prescripción del derecho a liquidar es el correspondiente al ejercicio 2016, para el que el plazo de declaración finalizó el 30 de junio de 2017 y para el que el plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda habría finalizado antes del 1 de julio de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Para el IRPF de los ejercicios 2017 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo de prescripción.

IVA con periodo de declaración trimestral: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión es el primer trimestre del ejercicio 2017, para el que el plazo de declaración finalizó el 20 de abril 2017 y para el que el plazo de prescripción habría finalizado antes del 1 de julio

de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Para el IVA del segundo trimestre del ejercicio 2017 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo.

IVA con periodo de declaración mensual: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo es el correspondiente al mes de mayo de 2017, para el que el plazo de declaración finalizó el 20 de junio de 2017 y para el que el plazo de prescripción habría finalizado antes del 1 de julio de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Para el IVA del mes de junio del ejercicio 2017 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo.

Impuesto sobre Sociedades de entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural: el último periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo de prescripción es el ejercicio 2015, para el que el plazo de declaración finalizó el 25 de julio de 2016 y para el que el plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda habría finalizado antes del 1 de julio de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Para el IS de los ejercicios 2016 en adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo de prescripción.

  • En el caso de que con anterioridad al 14 de marzo de 2020 se hubiese interrumpido el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria, ¿el cómputo del nuevo plazo de 4 años se ve afectado por la suspensión?

La suspensión del plazo resultará aplicable si el nuevo periodo de 4 años que estaba transcurriendo finalizaba antes del 1 de julio de 2021, sin tener en cuenta la suspensión.

Por ejemplo, supongamos que el plazo de prescripción del IRPF del ejercicio 2013 se interrumpió el 1 de abril de 2017. Dado que el transcurso del nuevo plazo de 4 años finalizaría antes del 1 de julio de 2021, dicho plazo sí se verá afectado por la suspensión, por lo que habrá que sumar al mismo 78 días.

En cambio, supongamos ahora que el plazo de prescripción del IRPF del ejercicio 2013 se interrumpió el 1 de noviembre de 2017. Dado que el transcurso del nuevo plazo de 4 años no finalizaría antes del 1 de julio de 2021, dicho plazo no se verá afectado por la suspensión y finalizará una vez completados los 4 años.

7.        Responsabilidad subsidiaria de titulares de Depósitos Fiscales y Registro de Extractores de Depósitos Fiscales.

La entrada en vigor del Artículo octavo de la Ley 11/2021, de 9 de julio, que modifica el la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se produce con arreglo a la regla general de la norma (Disposición final séptima), por lo que, formalmente, ya se encuentra en vigor.

No obstante, hay en la propia norma un requisito cuyo cumplimiento exige ineludiblemente de un desarrollo reglamentario ya que se estable:

“los titulares de depósitos fiscales de productos comprendidos en los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre Hidrocarburos serán responsables subsidiarios del pago de la deuda tributaria correspondiente a las entregas de dichos productos efectuadas por los sujetos pasivos de las operaciones asimiladas a las importaciones de bienes devengadas con ocasión de la salida o el abandono de los bienes del régimen de depósito distinto del aduanero. Dicha responsabilidad subsidiaria solo será exigible cuando el extractor, o la persona autorizada por el mismo, no esté incluido en el Registro de extractores que reglamentariamente se establezca, y su importe no podrá exceder del de las cuotas devengadas por aplicación del artículo 19. 5.º de esta Ley con ocasión de la salida o el abandono de los bienes del régimen de depósito distinto de los aduaneros.

Por lo tanto, debe entenderse que hasta tanto el desarrollo reglamentario, al que se refiere la norma, sea completado y entre en vigor la responsabilidad a la que alude el artículo no puede ser aplicada. Así mismo, en este momento tampoco resulta posible cursar el alta en el Registro toda vez que dicho registro no ha sido creado ni se han operado las modificaciones necesarias en el modelo 036.


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Entra en vigor la ley antifraude que limita los pagos en efectivo a 1000 €, exige declarar las criptomonedas y castiga las herencias en vida

Con la entrada en vigor este pasado sábado, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal nos obliga a:

  • declarar las criptomonedas o divisas virtuales a través del Modelo 720
  • limitar los pagos en efectivo desde los 2.500 a los actuales 1.000 €, en el caso de que en la operación intervenga un empresario o profesional.
  • Límitar los pagos en efectivo desde los 15.000 a 10.000 € para el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Puedes hacer clic aquí para acceder en formato pdf al BOE con la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

Además, a continuación te transcribimos un completo artículo de ElEconomista, que explica el alcance de las obligaciones esenciales que la Ley Antifraude introduce:


FUENTE: El Economista AUTOR: Ignacio Faes FECHA: 30/06/2021

ElEconomista: El Congreso aprueba la ley antifraude de Montero: exige declarar las criptomonedas y castiga Sucesiones y Patrimonio

  • El texto, aprobado definitivamente, incluye las enmiendas del Senado
  • Exige declarar las “monedas virtuales” en el cuestionado ‘Modelo 720’
  • Limita los pagos en efectivo a 1.000 euros, algo que rechaza el BCE

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Los legisladores terminan así con la tramitación parlamentaria de esta normativa. El texto recoge el castigo fiscal en los impuestos relacionados con los inmuebles, como Transmisiones, Sucesiones o Patrimonio. Además, limita los pagos en efectivo en efectivo a los 1.000 euros, en contra del criterio del Banco Central Europeo (BCE).

La normativa aprobada, impulsada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esconde una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la trasmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos.

La norma apuntala, “en alas de la seguridad jurídica” las tasaciones por parte de las Comunidades Autónomas a través del Catastro

Tal y como adelantó elEconomista en octubre del año pasado, el Gobierno descarga así la tasación en el llamado Valor de Referencia del Mercado (VRM), calculado por el Catastro a través de una serie de variables que permite a las Haciendas autonómicas superar el valor real de los inmuebles. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y puede exceder el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos.

El Supremo, en una sentencia de 23 de mayo de 2018, rechazó que las Haciendas autonómicas puedan comprobar los valores de los inmuebles aplicando coeficientes sobre los valores catastrales y en otras sentencias viene a exigir que, para conocer el valor real de una vivienda, el perito se desplace al lugar. Sin embargo, la norma apuntala, “en alas de la seguridad jurídica” las tasaciones por parte de las Comunidades Autónomas a través del Catastro. El texto recoge que “el valor de referencia que establece el Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva”. Según Hacienda, la medida “cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas de forma unánime”.

Obliga a declarar las criptomonedas

La normativa introduce un refuerzo en el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, estableciendo nuevas obligaciones de información sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales. En concreto, la ley exige “la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero”.

Es decir, tal y como adelantó elEconomista en febrero, obligará a introducir estas operaciones en la declaración de bienes en el extranjero, el polémico Modelo 720. Este modelo se encuentra actualmente en estudio por la Justicia europea tras el dictamen motivado de Bruselas en el que cuestiona su aplicación por, entre otros asuntos, las elevadas multas que establece, que pueden llegar hasta el 150%. Según ha podido saber este periódico, se espera que el Abogado General presente las conclusiones sobre este asunto este mes.

En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.

Entre las novedades introducidas en las enmiendas del Senado, está la reforma de la suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos previstos en la normativa tributaria por motivo del Covid. Ahora, la ley limita los efectos de esta medida a aquellos plazos de prescripción que, sin tener en cuenta dicha suspensión, finalicen antes del día 1 de julio de 2021.

Límite al efectivo

Entre las medidas que se incluyen en el texto se encuentra la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasa de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones en el que interviene un empresario o profesional. A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.

El Banco Central Europeo (BCE) rechazó el 1 de febrero de 2019 el límite de 1.000 euros para el pago en efectivo que ahora ha aprobado el Congreso. El entonces presidente del BCE, Mario Draghi, envió un dictamen a España en el que pidió al Gobierno el freno de la medida y alertó de serios riesgos para la moneda europea y determinados sectores económicos.

El documento, al que tuvo acceso elEconomista, subraya que bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o profesional “es desproporcionada”. El BCE destaca su “posible repercusión adversa” en el sistema de pagos en efectivo.

Draghi alertó del riesgo para el Euro del los límites en efectivo a España: “Pone en peligro el concepto de curso legal”

El Supervisor alertó entonces del riesgo de la medida española para la moneda europea. “Esta limitación dificulta la liquidación de operaciones legítimas usando el efectivo como medio de pago, por lo que pone en peligro el concepto de curso legal”, subraya el Banco Central Europeo en su dictamen. El Banco niega que esta medida tenga cabida en la normativa europea antifraude. El límite para las empresas establecido en la Directiva europea antiblanqueo está en los 10.000 euros.

Por otra parte, la nueva norma contempla la prohibición por ley de las amnistías fiscales. Además, el texto rebaja de un millón de euros a 600.000 euros el umbral de la deuda con Hacienda que conlleva aparecer en el listado de deudores. También, Hacienda incluirá en esa lista de deudores a los responsables solidarios, como pueden ser los familiares o los socios.

La nueva Ley actualiza y amplía el concepto de paraísos fiscales, que pasan a denominarse “jurisdicciones no cooperativas”, término usado a nivel internacional. La lista de paraísos fiscales deberá ser actualizada periódicamente.

Castigo a las ‘herencias en vida’

La normativa recoge un castigo a los pactos sucesorios -el reparto de herencias en vida- al eliminar varias de sus ventajas. Los sucesores de los contribuyentes que escojan esta opción para legar sus bienes sufrirán un incremento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que afectará, incluso, a los pactos sucesorios ya firmados antes de que entre en vigor la ley.

La ley aprobada hoy modifica el artículo 36 de la ley del IRPF. Hacienda usará los precios de adquisición antiguos y no los del momento de la firma del pacto sucesorio para calcular la ganancia patrimonial del heredero. El nuevo redactado establecerá que si se transmite el bien antes del fallecimiento del donante, se usará la misma fecha y valor de adquisición que tenía el donante para calcular la ganancia o pérdida en IRPF, aunque el pacto sucesorio se haya formalizado muchos años antes. De esta forma, Hacienda imputará grandes beneficios a los sucesores, puesto que los precios de compra antiguos son mucho menores que los actuales.


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El próximo lunes 12 de julio acaba el plazo para solicitar las ayudas directas de 855 millones de € dispuestas en Baleares para empresas y profesionales afectados por el covid-19

𝗠𝗼𝘆𝗮&𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 quiere hacer un recordatorio que consideramos muy importantes: 𝒆𝒍 𝒑𝒓ó𝒙𝒊𝒎𝒐 𝑳𝑼𝑵𝑬𝑺 12 𝑫𝑬 𝑱𝑼𝑳𝑰𝑶 𝒔𝒆 𝒂𝒄𝒂𝒃𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒍𝒂𝒔 𝑨𝒀𝑼𝑫𝑨𝑺 𝑫𝑰𝑹𝑬𝑪𝑻𝑨𝑺 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑬𝑴𝑷𝑹𝑬𝑺𝑨𝑺 𝒀 𝑷𝑹𝑶𝑭𝑬𝑺𝑰𝑶𝑵𝑨𝑳𝑬𝑺 afectados por el Covid-19 𝒆𝒏 𝑩𝑨𝑳𝑬𝑨𝑹𝑬𝑺 (855 millones de €)

Además debes recordar ya se modificaron las bases reguladores para la convocatoria de estas ayudas a empresas y profesionales para incluir • 𝐌Á𝐒 𝐂𝐍𝐀𝐄𝐬, llegando a incluir prácticamente todas las actividades económicas, y también • 𝐌Á𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐏𝐓𝐎𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐋𝐎𝐒 𝐐𝐔𝐄 𝐒𝐎𝐋𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀𝐑 𝐀𝐘𝐔𝐃𝐀𝐒, puesto que ya no es preciso que se empleen las ayudas para reducir deuda sino que una empresa o un empresario autónomo podrá pedir ayudas en base a una justificación de pérdidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.

¿Todavía no lo tienes claro? Mira el vídeo informativo de Nicolás Emery explicando la modificación de las bases reguladoras de las ayudas en Baleares a continuación y, si te queda alguna duda, contacta con cualquiera de las oficinas de 𝗠𝗼𝘆𝗮&𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆.


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El propietario de una residencia alquilada a quien el arrendatario no paga el alquiler desde marzo de 2020 ha iniciado un desahucio. ¿Cómo deben tributar las cantidades impagadas?

CONSULTA VINCULANTE

V0824-21 (descárga este documento en formato pdf aquí)

NORMATIVA

LIRPF. Ley 35/2006, arts., 14, 22, 23 y 27.

CUESTIÓN

Tributación de las cantidades impagadas.

DESCRIPCIÓN

El consultante es propietario junto con su mujer de una residencia que tiene alquilada. El arrendatario no paga las rentas del alquiler desde marzo de 2020, habiendo iniciado el consultante un procedimiento de desahucio.

CONTESTACIÓN

No se manifiesta en la consulta que se den los requisitos para la consideración del arrendamiento como actividad económica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), por lo que se parte de la consideración de que dicho arrendamiento genera rendimientos del capital inmobiliario.

El artículo 22.2 de la Ley del impuesto establece que “se computará como rendimiento íntegro del capital inmobiliario el importe que por todos los conceptos deba satisfacer el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario, incluido, en su caso, el correspondiente a todos aquellos bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario”.

El artículo 23.1 de la citada Ley incluye entre los gastos que considera necesarios para la obtención de los ingresos y, por tanto, deducibles para la determinación del rendimiento neto “los saldos de dudoso cobro en las condiciones que se establezcan reglamentariamente”.

En su desarrollo, el artículo 13 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), determina en su párrafo e) la deducibilidad de “los saldos de dudoso cobro siempre y cuando esta circunstancia quede suficientemente justificada. Se entenderá cumplido este requisito:

1º Cuando el deudor se halle en situación de concurso.

2º Cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la finalización del período impositivo hubiesen transcurrido más de seis meses, y no se hubiese producido una renovación de crédito.

Cuando un saldo dudoso fuese cobrado posteriormente a su deducción, se computará como ingreso en el ejercicio en que se produzca dicho cobro”.

No obstante, el artículo 15 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE de 23 de diciembre) establece que:

“El plazo de seis meses a que se refiere el número 2.º de la letra e) del artículo 13 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas quedará reducido a tres meses en los ejercicios 2020 y 2021.

Reglamentariamente podrá modificarse el plazo previsto en este artículo.”

De lo anteriormente expuesto cabe concluir lo siguiente:

1º. El consultante deberá imputar en el año 2020, como rendimiento íntegro del capital inmobiliario, las cantidades correspondientes al arrendamiento del inmueble, incluso aunque no hayan sido percibidas.

2º. Del rendimiento íntegro computado podrá deducir como gasto los saldos de dudoso cobro una vez transcurrido el plazo antes referido, dado que no parece que el deudor se haya encontrado en situación de concurso.

En el caso de que la deuda fuera cobrada posteriormente a su deducción como gasto, deberá computar el ingreso en el año en que se produzca dicho cobro.

En el presente caso, se parte de la hipótesis de que las gestiones de cobro se inician en 2020, reclamándose las deudas existentes a la fecha y no cobradas, por lo que dichas deudas podrán considerarse como gasto deducible imputable al ejercicio 2020 cuando desde el inicio de la gestión de cobro hasta el 31 de diciembre de 2020 hayan transcurrido más de 3 meses. Respecto a las deudas vencidas con posterioridad al inicio de las gestiones de cobro, debe tenerse en cuenta por un lado que las gestiones de cobro iniciales no podían referirse a dichas deudas, al ser inexistentes a esa fecha, y por otro, la extensión de la reclamación judicial a dichas deudas conforme éstas fueran naciendo, por lo que el plazo debe computarse para estas últimas deudas a partir de su vencimiento.

En consecuencia, podrán imputarse al ejercicio 2020 como gastos deducibles del rendimiento del capital mobiliario las deudas comprendidas en la gestión de cobro iniciada en 2020 (se parte, como se ha referido, de la hipótesis de que las gestiones para el cobro se inician en ese ejercicio), cuando hubieran transcurrido más de 3 meses desde el inicio de dichas gestiones hasta el final de dicho ejercicio, imputándose al ejercicio 2021 en el caso de que el referido plazo finalice en el ejercicio 2021.

Respecto a las deudas que hubieran nacido con posterioridad al inicio de las gestiones de cobro, podrán imputarse como gasto deducible al ejercicio en el que finalice el plazo correspondiente contado a partir de su vencimiento.

Por último, en cuanto a las cuestiones relativas a la cumplimentación del modelo 100, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Declaración anual”, se manifiesta que los aspectos relacionados con la referida cumplimentación corresponden a la competencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por lo que este Centro Directivo carece de competencias para contestar a dichas cuestiones.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


¿Tienes dudas con respecto a tu declaración de renta o cualquier otra obligación tributaria? No tardes en pedir cita en cualquiera de las oficinas de Palma o Calvià de Moya & Emery


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Neus Lafuente con todas las novedades de la Ley de Segunda Oportunidad

Neus Lafuente, asesora de empresas de Moya & Emery, dedidcó el último consultorio jurídico de Ràdio Calvià FM a la Ley de Segunda Oportunidad: comentó dos novedosas sentencias al respecto de la misma, hizo referencia al reciente Congreso de Derecho Mercantil y Concursal celebrado en Palma la semana pasada en que participó y, por último, hizo un breve repaso de los requisitos exigibles para poder acogerse al mencanismo de 2ª oportunidad.


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Resumen de la nueva normativa sobre extensión de los ERTEs

Te resumimos, a continuación, el articulado del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos (que puedes ver, en su publicación del BOE de este mismo viernes y en formato pdf aquí):

ARTÍCULO 1

Se prorrogan automáticamente hasta el 30/09/2021 los ERTES por Fuerza Mayor basados en las causas del artículo 22 del RD 8/2020, los ERTES por REBROTE, Impedimento y Limitaciones.

Las exoneraciones para los ERTES DE LIMITACIONES (únicamente sobre la parte suspendida serán):

  • 85% en junio y julio si la empresa tiene menos de 50 trabajadores y del 75% en agosto y septiembre.
  • 75% en junio y julio si la empresa tiene 50 o más trabajadores y del 65% en agosto y septiembre.

Las exoneraciones para los ERTES POR IMPEDIMENTO- REBROTE:

  • 100% en las empresas de menos de 50 trabajadores para el periodo de junio a septiembre.
  • 90% en las empresas de 50 o más trabajadores para el periodo de junio a septiembre.

ARTÍCULO 2

se podrán solicitar entre el 01/06/2021 Y 30/06/2021 ERTES POR LIMITACIONES E IMPEDIMENTO, así como el cambio de uno a otro en función de las medidas socio sanitarias y situación epidemiológica en cada momento vigente.

El cambio de IMPEDIMENTO A LIMITACIONES o viceversa no precisará de nuevo ERTE, pero sí de comunicación a la Autoridad Laboral que comunicará los cambios a la inspección de trabajo para las correspondientes acciones de control.

De igual modo, se deberá informar a la TGSS para la aplicación de las correctas exoneraciones en función del tipo de ERTE, presentándose las correspondientes declaraciones responsables.

ARTÍCULO 3

Los ERTES ETOP iniciado tras un ERTE de Fuerza Mayor su fecha de efectos será retrotraerá a la fecha de fin del ERTE de Fuerza Mayor.

Se mantienen los límites del reparto de dividendos y transparencia fiscal para todos aquellos ERTES prorrogados (concedidos con anterioridad a la vigencia de este RD) como los que se concedan en virtud del mismo.

Se mantiene la cláusula del mantenimiento de empleo para las empresas que se vean beneficiadas con las exoneraciones previstas en el nuevo RD, debiéndose tomar en consideración los periodos de mantenimiento de empleo anteriores y pendientes de cumplimiento que se pudieran tener, es decir, se van a encadenar uno tras otro.

Se mantienen de igual modo los límites de nuevas contrataciones, externalizaciones y la imposibilidad de hacer horas extraordinarias.

Se vuelve a recodar que la Fuerza Mayor y las causas ETOP en las que se basaron las suspensiones y reducciones de contrato no serán justificativas de las extinciones de contrato ni de despido. Así mismo, los contratos temporales que se vean suspendidos por ser el trabajador afectado al ERTE, se prorrogarán por el tiempo que el contrato reste suspendido (fecha de suspensión hasta fecha de reincorporación o en caso de esta ser posterior al vencimiento del mismo – fecha de suspensión hasta fecha de fin vencimiento, empezando el cómputo del contrato una vez el trabajador sea reincorporado total o parcialmente).

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

ERTES por CNAE, elevada tasa de cobertura por los ERTES y reducida tasa de recuperación de actividad, así como las que pasen de ERTE Fuerza Mayor a ERTE ETOP.

Se prorrogan hasta el 30/09/2021.

Las exoneraciones serán las siguientes para la parte de la jornada TRABAJADA:

  • 95% en empresas de menos de 50 trabajadores desde junio hasta septiembre.
  • 85% en empresas de 50 o más trabajadores desde junio hasta septiembre.

Las exoneraciones serán las siguientes para la parte de la jornada NO TRABAJADA:

  • 85% en empresas de menos de 50 trabajadores desde junio hasta agosto y de un 70% en septiembre.
  • 75% en empresas de 50 o más trabajadores desde junio hasta agosto y de un 60% en septiembre.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Las empresas deberán reincorporar efectivamente a los fijos discontinuos en su plantilla durante el periodo teórico de llamamiento (01/06/2019 y 30/06/2019 periodo de referencia del llamamiento). Si el llamamiento normalmente se produce después del 30/09 se tomará como referencia la fecha del llamamiento teórico de 2020.

En el caso de que los Fijos Discontinuos llamados no pueden desarrollar su actividad por estar su empresa en un ERTE POR IMPEDIMENTO/ REBROTE o no ser necesarios entre la plantilla efectiva, deberán ser llamados igualmente y quedar afectados por el ERTE.

Para realizar estos llamamientos se tendrán 15 días y se deberá en este periodo informar a la Autoridad Laboral y realizar la solicitud colectiva para recibir las correspondientes prestaciones por desempleo.

La prestación extraordinaria para los fijos discontinuos se mantiene vigente resultará aplicable en aquellos casos en que el llamamiento teórico de la persona no se diera entre el 01/06 y 30/09, así como en aquellos casos que se den interrupciones ordinarias en la actividad en aquellos casos en que se haya dado una reincorporación efectiva.

ARTÍCULO 5

A partir del 01/06/2021 los autónomos que recibieran alguna prestación por cese de actividad tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones en los siguientes %:

  • 90% en junio, 75% en julio, 50% en agosto y 25% en septiembre.

Para ello, es necesario que el autónomo esté de alta y la base de cotización para determinar la exención será por la que venía cotizando antes de acceder a la prestación por cese de actividad. La percepción de la prestación por cese de actividad es incompatible con la exención en la cotización.

ARTÍCULO 6

Los autónomos que se vean obligados a suspender temporalmente su actividad o la mantengan suspendida, tendrán derecho a una prestación económica por cese de actividad siempre que cumplan los siguientes requisitos:

  • Estar afiliados al menos 30 días naturales de la fecha de resolución de la suspensión de la actividad.
  • Hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o ponerse al día con sus deudas en el plazo de 30 días naturales.

La cuantía de la prestación será del 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada. Si conviven en un mismo domicilio dos personas que tengan derecho a esta prestación, su importe para cada uno será del 40%.

El derecho nace al día siguiente de la adaptación de la medida de cierre o desde el 01 de junio si se mantiene la suspensión de la actividad con anterioridad a dicha fecha.

Pese a la exención de la obligación de cotizar, el autónomo que deberá mantenerse de alta, y se entenderá como periodo cotizado siendo asumidas las mismas por las entidades con cargo a los presupuestos.

El percibo de esta prestación es incompatible con el percibido de otra prestación por trabajo por cuenta propia, otra prestación de la seguridad social o percepción de alguna cuantía por trabajar por cuenta ajena, salvo que lo percibido por ese trabajo por cuenta ajena sea inferior a 1,25 veces el importe del SMI.

La gestión de las mismas corresponde a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y se extiende hasta el próximo 30 de septiembre de 2021.

Se debe solicitar dicha prestación dentro de los 21 días naturales posteriores siguientes a la resolución del cierre de actividad o antes del 21 de junio si la resolución de cierre de actividad fuera previa al 01/06/2021 y no se estuviera recibiendo dicha prestación.


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Guía de nuevas medidas extraordinarias de apoyo a los trabajadores autónomos (Junio 2021) * Pendiente de publicación en el BOE

Índice

1. Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero. (artículo 5)
2. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19. (artículo 6)
3. Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia. (artículo 7)
4. Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos que ejercen actividad y a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista en el artículo 7 de este real decreto-ley (artículo 8)
5. Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada. (artículo 9)

1. Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero. (artículo 5)

A partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el 31 de mayo de 2021 algunas de las prestaciones por cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del RD-Ley 2/2021 (*Alguna de las ayudas de cese de actividad que se han percibido entre febrero y mayo de 2021) , tendrán exento el pago de la cuota de autónomos con las siguientes cuantías:
a) El 90% de la cuota de autónomos del mes de junio.
b) El 75% de la cuota de autónomos del mes de julio.
c) El 50% de la cuota de autónomos del mes de agosto.
d) El 25% de la cuota de autónomos del mes de septiembre.


A) ¿Qué requisitos hay que cumplir para que se apliquen estas exenciones sobre la cuota de autónomos?
Tienes que haber percibido hasta 31 de mayo alguna de las prestaciones de cese de actividad reguladas en los artículos 6 ó 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero.

B) ¿Hay que solicitarlo?
No, se aplicará de oficio, siempre y cuando no solicites ninguna de las prestaciones que se explican a continuación.

2. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19. (artículo 6)


A partir del 1 de junio de 2021 aquellos autónomos que se vieran obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de la adopción de medidas restrictivas por parte de autoridad competente tendrán derecho a una prestación económica extraordinaria.


A) ¿Qué requisitos hay que cumplir?

  • Estar afiliados y en alta en RETA al menos 30 días naturales antes de la fecha en la que se decreta la suspensión temporal de toda la actividad.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas
    B) ¿Qué importe voy a recibir? ¿Tendré que pagar la cuota de autónomos?
  • La cuantía será del 70% de la base mínima de cotización que le corresponda a la actividad.
  • La cuantía será de un 40% de la base mínima de cotización que le corresponda a la actividad para el caso de que convivan en un mismo domicilio personas con vínculo familiar o análogas donde dos o más miembros tengan derecho a esta prestación.
  • El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre.
  • Tendrás exoneradas las cuotas a la seguridad, desde el primer día del mes en el que se adopte la medida y hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida.
    C) ¿Con qué es incompatible esta prestación?
  • Con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena. Salvo que los ingresos que se perciban por ese trabajo sean inferiores al 1,25 del SMI (* Inferior a 1.385,41€)
  • Con el desarrollo de otra actividad por cuenta propia.
  • Con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre.
  • Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
    D) ¿Cómo y cuándo la solicito?
  • Ante tu mutua colaboradora con la seguridad social.
  • Deberá solicitarse dentro de los primeros 21 días naturales siguientes a la entrada en vigor de las medidas restrictivas, para percibir la prestación desde el primer día de la entrada en vigor de las medidas. En caso contrario, los efectos quedan fijados el primer día del mes siguiente al que se presente la solicitud y el trabajador quedará exento de la obligación de cotizar desde el día que tenga derecho a percibir la prestación.

3. Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia. (artículo 7)


A partir del 1 de junio de 2021, los autónomos que a 31 de mayo de 2021vinieran percibiendo la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia regulada en el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y no hubieran agotado los periodos de prestación, podrán continuar percibiéndola hasta el 30 de septiembre de 2021.
Asimismo, aquellos autónomos que no hubieran solicitado las prestaciones anteriores y tuvieran a fecha de junio periodo de prestación, podrán solicitar esta ayuda siempre que cumplan con los requisitos que indicamos a continuación.
A) ¿Qué requisitos tengo que cumplir?

  • Estar afiliados y en alta en RETA.
  • No haber agotado los períodos de prestación: el tiempo de prestación a la que se tiene derecho depende del tiempo que lleve el autónomo cotizando por cese de actividad, tal y como se indica en la siguiente tabla, de acuerdo con el artículo 338.1 de la LGSS.

PERÍODO COTIZADO MESES DE PRESTACIÓN
De 12 a 17 meses 4 meses
De 18 a 23 meses 6 meses
De 24 a 29 meses 8 meses
De 30 a 35 meses 10 meses
De 36 a 42 meses 12 meses
De 43 a 47 meses 16 meses
De 48 meses en adelante 24meses

  • No haber cumplido la edad ordinaria de jubilación o de haberlo hecho no cumplir con el resto de requisitos para poder acceder a la misma (*No es compatible con la jubilación activa, parcial o total).
  • Hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas.
  • Acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 una reducción de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más de un 50% de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia habidos en el segundo y tercer trimestre de 2019, así como no haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre de 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros.
    *Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el segundo y tercer trimestre de 2019 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos habidos en el segundo y tercer trimestre de 2021 en la misma proporción
    B) ¿Cómo y cuándo la solicito? ¿Cuánto tiempo dura?
  • Ante tu mutua colaboradora con la seguridad social.
  • Si la solicitas entre el día 1 y el 21 de junio de 2021, la percibirás desde el día 1 de junio.
  • Si la solicitas más allá del 21 de junio, la percibirás desde el día primero del mes siguiente a la solicitud.
    C) ¿Con qué es incompatible esta prestación?
  • Con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena. Salvo que los ingresos que se perciban por ese trabajo sean inferiores al 1,25 del SMI (* 1385,41€).
  • Los ingresos netos computables fiscalmente procedentes del trabajo por cuenta propia y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no podrá superar 2,2 veces el salario mínimo interprofesional (* 2.438,33€)
  • Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

D) ¿Cuánto será la prestación y qué pasará con la cuota de autónomos?

  • La prestación será el 70% de la base reguladora.
  • La prestación será el 50% de la base mínima de cotización que corresponda en función de la actividad, para los autónomos que estén en pluriactividad, de acuerdo con las incompatibilidades del apartado anterior.
  • Durante el tiempo que este percibiendo el autónomo esta prestación deberá ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de sus cotizaciones.
    La mutua abonará al trabajador autónomo junto con el importe de la prestación el importe de las cotizaciones por contingencias comunes (*

El tipo de contingencias comunes es un 28,30% que se aplica sobre la base de cotización del autónomo, en este caso el autónomo sí abonará el tipo de contingencias profesionales, cese de actividad y formación profesional que es un 2% de su base de cotización. Ejemplo: Si el autónomo cotiza sobre la base mínima de 944,40 la mutua le devolverá 267,26€ y el autónomo asumirá 18,88€.)


  • E) ¿Qué documento tengo que aportar? ¿Tendré que aportar alguna documentación para justificar la bajada de ingresos fiscalmente computables?
  • Al presentar la solicitud solo tendrás que cumplimentar el formulario que las mutuas ponen a disposición.
  • A partir del 1 de abril de 2022 se podrán revisar por parte de las mutuas todas las prestaciones concedidas:
    o Las mutuas, recabaran la información tributaria de cada autónomo beneficiario de la prestación del Ministerio de Hacienda, para el caso de que estas no pudieran acceder a esa información tributaria, le pedirá al autónomo que, en un plazo de diez días, aporte a siguiente documentación que le correspondiera en función del régimen fiscal en el que se encuentre:
    Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), correspondiente a las declaraciones del segundo y tercer trimestre del año 2019 y del segundo y tercer trimestre de 2021.
    Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del primer, segundo y tercer trimestre del año 2019 y delaño 2021.

 Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo
131) deberán aportar la documentación necesaria o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.


No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el segundo y tercer trimestre de 2019, se entenderá que los trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva han experimentado esa reducción siempre que el número medio diario de las personas trabajadoras afiliadas y en alta al sistema de la Seguridad Social en la actividad económica correspondiente (*Hace referencia a los datos estadísticos sobre afiliados en alta laboral y empresas cotizantes en el Sistema de la Seguridad Social por CNAE que se publican. Pinchando en el enlace podéis acceder a una sede electrónica desde la que podréis consultar los datos relativos a la afiliación por CNAEs, años y meses), expresada a 4 dígitos (CNAE), durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior en más de un 7,5 por ciento al número medio diario correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2019.


F) ¿Qué pasa si se prevé que no se va a mantener una bajada del 50% de los ingresos?
Los trabajadores autónomos que soliciten esta prestación podrán:
o Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2021.
o Devolver por iniciativa propia la prestación cuando considere que los rendimientos netos computables fiscalmente percibidos durante el segundo y tercer trimestre de 2021 superarán los umbrales indicados.

4. Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos que ejercen actividad y a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista en el artículo 7 de este real decreto-ley (artículo 8)

Los trabajadores autónomos que a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y no pueda causar derecho a la prestación del articulo 7 (ver aquí), podrán acceder a partir del 1 de junio de 2021 a la prestación de cese de actividad extraordinaria.


A) ¿Qué requisitos hay que cumplir?

  • Estar de alta en RETA desde antes del 1 de abril de 2020.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas
  • No tener rendimientos netos fiscalmente computables procedentes de la actividad por cuenta propia en el segundo y tercer trimestre de 2021 superiores a 6.650,00€
  • Acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 unos ingresos fiscalmente computables de la actividad por cuenta propia inferiores a los habidos el primer trimestre de 2020.
    B) ¿Qué importe voy a recibir? ¿Tendré que pagar la cuota de autónomos?
  • La cuantía será del 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada (* Si la base mínima de la actividad es la ordinaria, 944,40, el importe de la prestación ascenderá a 472,20€) o La cuantía será de un 40% de la base mínima cotización que corresponda por la actividad desarrollada para el caso de que convivan en un mismo domicilio personas con vínculo familiar o análogas donde dos o más miembros tengan derecho a esta prestación.
  • Durante el tiempo que este percibiendo el autónomo esta prestación deberá ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de sus cotizaciones.

La mutua abonará al trabajador autónomo junto con el importe de la prestación el importe de las cotizaciones por contingencias comunes (* El tipo de contingencias comunes es un 28,30% que se aplica sobre la base de cotización del autónomo, en este caso el autónomo sí abonará el tipo de contingencias profesionales, cese de actividad y formación profesional que es un 2% de su base de cotización. Ejemplo: Si el autónomo cotiza sobre la base mínima de 944,40 la mutua le devolverá 267,26€ y el autónomo asumirá 18,88€).
C) ¿Con qué es incompatible esta prestación?

  • Con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena.
  • Con el desempeño de otra actividad por cuenta propia.
  • Con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad.
  • Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
    D) ¿Cómo y cuándo la solicito? ¿Cuánto tiempo dura?
  • Ante tu mutua colaboradora con la seguridad social.
  • Si la solicitas entre el día 1 y el 21 de junio de 2021, la percibirás desde el día 1 de junio y durante 4 meses.
  • Si la solicitas más allá del 21 de junio, la percibirás desde el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 30 de septiembre de 2021.
    E) ¿Qué documento tengo que aportar? ¿Tendré que aportar alguna documentación para justificar la bajada de ingresos fiscalmente computables?
  • Al presentar la solicitud solo tendrás que cumplimentar el formulario que las mutuas ponen a disposición.
  • A partir del 1 de enero de 2022 se podrán revisar por parte de las mutuas todas las prestaciones concedidas:
    o Las mutuas, recabaran la información tributaria de cada autónomo beneficiario de la prestación del Ministerio de Hacienda, para el caso de que estas no pudieran acceder a esa información tributaria, le pedirá al autónomo que, en un plazo de diez días, aporte a siguiente documentación que le correspondiera en función del régimen fiscal en el que se encuentre:

 Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020 y sus liquidaciones trimestrales (modelos 303), así como las liquidaciones del segundo y tercer trimestre del año 2021 (modelos 303).
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación de cada trimestre a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2020, así como las autoliquidaciones del segundo y tercer trimestre del año 2021.
 Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo
131) deberán aportar la documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.

F) ¿Y si mientras estoy recibiendo la prestación, me doy cuenta de que no voy a cumplir los requisitos de la bajada de ingresos fiscalmente computables?

  • Puedes renunciar a la prestación en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2021.
  • Devolver por iniciativa propia la prestación.

5. Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada. (artículo 9)


A) ¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a esta prestación?
o Haber estado de alta y cotizando como trabajador autónomo durante un mínimo de 4 meses y un máximo de 7 meses de cada uno de los años 2018 y 2019, siempre que al menos, ese marco temporal, haya estado de alta 2 meses de junio y septiembre del año 2018 y del año 2019
o No haber estado de alta o asimilado al alta por cuenta ajena durante más de 120 días durante 2018 y durante 2019.
o No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena más de 60 días durante el segundo y tercer trimestre de 2021.
o No haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre del año 2021 unos ingresos netos computables fiscalmente superiores a 6.650 euros.
o Hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas.

B) ¿Qué importe se va a percibir?
o La cuantía de la prestación será la equivalente al 50% de la base mínima de cotización que corresponda.

C) ¿A partir de qué momento se percibirá la prestación?
o Podrá empezar a devengarse con efectos 1 de junio de 2021 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que se presente la solicitud entre el 1 y el 21 de junio. En caso contrario, los efectos quedan fijados al día primero del mes siguiente de la presentación de solicitud.

D) Cotización
o Durante la percepción de la prestación no será obligatorio cotizar, permaneciendo el trabajador autónomo en situación de alta.

E) ¿Con qué es incompatible esta prestación?

  • Con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena.
  • Con el trabajo por cuenta propia
  • Con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre.
  • Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
    F) ¿Qué pasa si se prevé que no se va a cumplir con los requisitos?
    Los trabajadores autónomos que soliciten esta prestación podrán:
    o Renunciar a ella en cualquier momento antes del 30 de agosto de 2021.
    o Devolver por iniciativa propia la prestación cuando considere que los ingresos percibidos durante el ejercicio de la actividad superarán los umbrales indicados.

G) ¿Qué documentación tengo que aportar?
o Hay que rellenar el modelo de solicitud que ponga a disposición cada mutua en el cual podrás autorizar a la mutua a consultar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios.

Puedes descargar esta guía en formato pdf aquí.


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Gobierno y agentes sociales alcanzan un principio de acuerdo para extender la protección de los ERTE hasta el 30 de septiembre

• El preacuerdo permite mantener mecanismos especiales de protección de las personas trabajadoras y de las empresas

• Es el quinto consenso que se alcanzan Gobierno y agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia

• En los ERTE para sectores ultraprotegidos se incentiva la reactivación con mayores exoneraciones para los trabajadores activados que para los suspendidos

La Vicepresidencia tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han alcanzado un principio de acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre de 2021, con el objeto de extender esta medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la pandemia.

El preacuerdo permite prorrogar la aplicación de las medidas de flexibilidad que se han adoptado desde el comienzo de la crisis sanitaria y en los términos previstos en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, y las medidas extraordinarias en materia de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas. También prorroga las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo y, por último, prorroga todas aquellas medidas complementarias de protección necesarias para garantizar la estabilidad en el empleo, evitando despidos
y destrucción de puestos de trabajo.


Mantendrán su vigencia las medidas extraordinarias recogidas en el Real
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, relativas a las medidas
extraordinarias de protección del empleo relacionadas con extinciones y
despidos, la interrupción del cómputo de los contratos temporales, la
salvaguarda de empleo, así como los límites relacionados con el reparto
de dividendos y transparencia fiscal y el uso de horas extraordinarias y
nuevas externalizaciones.


Sectores ultraprotegidos

Estos sectores, indicados en la lista de códigos CNAE adjunta y su cadena
de valor, tendrán exoneraciones diferentes en los casos de trabajadores
en suspensión de empleo frente a los que se activen en un contexto de
mayor recuperación que en meses anteriores. Con el objetivo de incentivar
la activación de empleo, en esta ocasión se incluyen unas exoneraciones
mayores para los casos de los trabajadores que se reincorporen a la
actividad: del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del
85% para las que tienen 50 o más en los meses de junio, julio, agosto y
septiembre.


Cuando mantengan a los trabajadores suspendidos, habrá una
exoneración del 85% en junio, julio y agosto y del 70% en septiembre si la
empresa tiene menos de 50 trabajadoras. En el caso de contar con 50
trabajadores o más, las exoneraciones serán del 75% en junio, julio y
agosto y del 60% en septiembre.


En esta lista se incluyen tres nuevos sectores (1419 –Confección de otras
prendas de vestir y accesorios –, 4637 –Comercio al por mayor de café, té,
cacao y especias– y 7420 –Actividades de fotografía–). Y salen cinco (1811
–Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas–, 2670 –
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico–, 4741 –
Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas
informáticos en establecimientos especializados–, 5122 –Transporte
espacial– y 7734 – Alquiler de medios de navegación–).

Se han incluido en este listado aquellas empresas cuya CNAE entre finales
de abril de 2020 y finales de mayo han recuperado la actividad en
porcentaje inferior al 75% y tengan un porcentaje de afiliados cubiertos por
los ERTE igual o superior al 15%.


Limitación e impedimento


Por su parte, los ERTE por limitación de su actividad se verán prorrogados
con un nuevo esquema de exoneraciones: si la empresa tiene menos de
50 trabajadores, será del 85% en junio y julio, y del 75% en agosto y
septiembre. Si la empresa tiene 50 trabajadores o más, la exención será
del 75% en junio y julio y del 65% en agosto y septiembre.


Por su parte, las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad
en los próximos cuatro meses en alguno de sus centros de trabajo como
consecuencia de las restricciones administrativas para luchar contra la
pandemia podrán solicitar un “ERTE de impedimento”. Estas empresas
tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante
el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre 2021, que será del 100%
de la aportación empresarial durante el periodo de cierre si tienen menos
de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.


Actualmente hay alrededor de 558.000 trabajadores en situación de ERTE.
Del total, unos 137.000 se encuentran en ERTE por limitación y cerca de
16.300, por impedimento. Del resto, poco más 233.000, se encuadran
entre los sectores ultraprotegidos o vinculados a ellos.

Garantías de los ERTE

El sistema de ERTE vigente a partir del 1 de junio mantiene las
características de flexibilidad del modelo anterior y se ajusta al ciclo de
actividad del tejido productivo acorde con la evolución de la pandemia. Las
condiciones de cierta incertidumbre y el restablecimiento de la actividad
empresarial, en estos momentos asimétrica y sectorizada, exige mantener
las medidas excepcionales previstas en las diferentes normas adoptadas

desde el comienzo de la crisis sanitaria, todo ello sin perjuicio de la
previsible y paulatina normalización de la situación sanitaria.
La norma dispone, para el colectivo de fijos discontinuos y aquellas
personas que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas
ciertas, la obligación de que las empresas procedan a su incorporación
efectiva durante los períodos teóricos de llamamiento de las personas
trabajadoras. En caso de que no puedan desarrollar su actividad en el
periodo de llamamiento, se dispone su afectación por los expedientes de
regulación temporal de empleo vigentes a fecha de entrada en vigor de
esta norma o autorizados con posterioridad.


El denominado contador a cero continuará vigente en los términos del
artículo 8.7 del RDL 30/ 2020 de 29 de septiembre.


Los profesionales de las artes en espectáculos públicos que tuvieran derecho al acceso extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo, en los términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, podrán continuar percibiéndolas hasta el 30 de septiembre de 2021.


Esta prestación será incompatible con la realización de actividades por cuenta propia o por cuenta ajena, o con la percepción de cualquier otra prestación, renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.


Anexo
Códigos de la Clasificación Nacional de Actividades. Económicas –CNAE-09– de empresas ultraprotegidas


710 Extracción de minerales de hierro

1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas

1820 Reproducción de soportes grabados

2051 Fabricación de explosivos

2441 Producción de metales preciosos

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares

3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares

3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial

4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles

4634 Comercio al por mayor de bebidas

4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias

4932 Transporte por taxi

4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5010 Transporte marítimo de pasajeros (2)

5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores (2)

5110 Transporte aéreo de pasajeros

5223 Actividades anexas al transporte aéreo

5510 Hoteles y alojamientos similares

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia

5530 Campings y aparcamientos para caravanas

5590 Otros alojamientos 5610 Restaurantes y puestos de comidas

5630 Establecimientos de bebidas

5813 Edición de periódicos

5914 Actividades de exhibición cinematográfica

7420 Actividades de fotografía

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros

7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos

7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico

7735 Alquiler de medios de transporte aéreo

7911 Actividades de las agencias de viajes

7912 Actividades de los operadores turísticos

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina

8230 Organización de convenciones y ferias de muestras

9001 Artes escénicas

9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas

9004 Gestión de salas de espectáculos

9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento

9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel 9604 Actividades de mantenimiento físico


Puedes ver la nota de prensa, en formato pdf, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al respecto del principio de acuerdo alcanzado, aquí.


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El portal NoticiasJurídicas.com destaca en la sección de derecho concursal: “Los jueces de Baleares también se dotan de protocolo pre-pack concursal”

Pese a que el pre-pack no se halla expresamente regulado en nuestra normativa, parece que se incorporará cuando se transponga la Directiva de reestructuraciones.

FUENTE: NoticiasJuridicas.com AUTORA: Nuria Méler

El Pre-pack concursal es una figura de creación jurisprudencial, actualmente no regulada de manera expresa en nuestra regulación, consistente en el nombramiento de un experto independiente, designado por el Juzgado del futuro concurso, con objeto de que lidere las negociaciones para la venta de una unidad productiva en un momento preconcursal. El objetivo que persigue esta figura es que, una vez declarado el concurso de acreedores, y con el nombramiento formal de Administración Concursal, el profesional pueda instar de manera ágil y rápida esa venta, aprovechando todo lo avanzado en las negociaciones, a la vez que hace uso de las posibilidades legales del concurso para hacer más atractiva la venta.

En España esta figura no se recoge de manera expresa en la normativa vigente por lo que, a la espera de la transposición de la Directiva 2019/1023, y en plena crisis económica derivada de la pandemia, con una moratoria concursal prolongada hasta 31 de diciembre próximo, la práctica ha llevado a la reciente solicitud de su uso en los juzgados de lo mercantil de Barcelona, y a la aceptación por parte de estos, que no se quedaron en su mera aplicación, sino que, incluso, redactaron unas pautas a seguir en futuros casos. Así, en un seminario que celebraron estos jueces de lo mercantil en Barcelona el pasado 20 de enero, emitieron unas directrices, con una serie de criterios que pueden consultarse aquí.

Posteriormente, los juzgados de lo mercantil de Madrid también presentaron su Guía de Buenas Prácticas para la venta de unidades productivas, ciñéndose al artículo 530 del TRLC, y por lo tanto a procedimientos concursales ya iniciados. La diferencia es clara, con respecto a los criterios de Barcelona, que se sitúan en una fase preconcursal.

Les toca ahora el turno a los juzgados de lo mercantil de Baleares, que recientemente han aprobado también su propio protocolo, propugnando un objetivo similar al de las directrices catalanas: “maximizar el precio de venta de los bienes y derechos de las empresas insolventes que no han sido todavía declaradas en concurso de acreedores, con unidad productiva en funcionamiento, evitar la destrucción del tejido empresarial, aprovechar estructuras e instalaciones de pequeño comercio (hostelería, comercio minorista, etc.), conservar el empleo y, con todo ello, conseguir una mejor satisfacción de los acreedores respecto a la que que tendría la venta de la unidad productiva dentro del procedimiento concursal sin haberse acudido a este mecanismo preconcursal, que viene a facilitar y agilizar el proceso con las debidas garantías de publicidad, transparencia, concurrencia y audiencia a los principales interesados: acreedores privilegiados, acreedores públicos y trabajadores, al haber contado el proceso con la supervisión de un experto independiente o administrador en materia de reestructuración (futuro administrador concursal) designado por el Juzgado de lo Mercantil a petición del deudor”.

Quizá, por tratar de compararlo con los criterios de Barcelona, cabría destacar los siguientes puntos de diferencia:

1. En primer lugar, que este nuevo Protocolo no incluye remisión alguna a organismo público de la Comunidad Autónoma, equivalente a la Conselleria d’Industria catalana. Recuérdese que las directrices de Barcelona exigen que la solicitud del pre-pack se acompañe de un justificante de haber cumplimentado debidamente el formulario virtual publicado en el portal del Canal Empresa de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña, a efectos de informar y de publicitar los datos esenciales de las unidades de negocio o activos en situación de crisis empresarial. Además, el solicitante catalán se compromete a informar a los potenciales postores de la existencia de un Registro de interesados donde aquellos podrán inscribirse, en el portal del Canal Empresa de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña:

2. En Barcelona se dice que el inicio del procedimiento se realiza “En el mismo escrito de comunicación al Juzgado Mercantil de la apertura de negociaciones con sus acreedores del art. 583 TRLC o en escrito posterior, dentro de los tres meses siguientes a dicha comunicación”; mientras que en Baleares se habla también de a comunicación por parte del deudor al Juzgado Mercantil de la apertura de negociaciones con sus acreedores del art. 583 TRLC, indicándose que puede solicitarse “en dicho escrito o en escrito posterior, dentro del plazo previsto en dicho precepto”.

3. En la fase concursal, Baleares hace expresa remisión a las reglas de la VUP (art. 218 TRLC), mientras que las directrices de Barcelona se remiten al 530 TRLC. No obstante, en ambos casos se prevé el plazo de 10 días para traslado de las propuestas.

En lo demás, las funciones del “experto independiente o administrador en materia de reestructuración” son prácticamente idénticas a las del protocolo catalán, y consisten en las siguientes funciones:

Thank you for watching

“1º. Asistir y supervisar al deudor en la preparación de operaciones tendentes al proceso de búsqueda de inversores y oferentes para articular la futura venta de la Unidad Productiva.

2º. Familiarizarse con el funcionamiento empresarial de la Unidad Productiva. Para la consecución de este objetivo el deudor deberá colaborar facilitando la información de todo tipo que el experto le solicite para el adecuado desarrollo de su función y elaboración de su informe.

3º. Informar a los acreedores del proceso, participando, en su caso, en las negociaciones, especialmente, con los acreedores privilegiados y públicos, así como con los representantes de los trabajadores.

4º. Verificar y supervisar la regularidad, publicidad y transparencia en la preparación de operaciones sobre los activos de la empresa, especialmente garantizando la igualdad de acceso a la misma información y oportunidades entre los potenciales interesados o postores y la justa competencia.

5º. Emitir un informe final de la gestión realizada y, en particular, de las ventas preparadas sobre los activos de la empresa, haciendo constar sus observaciones técnicas sobre el proceso de búsqueda de oferentes e inversores y su valoración sobre la idoneidad de la propuesta de venta realizada por el deudor, incluyendo el precio y las condiciones de pago incluidas en dicha oferta.

Este informe final debería emitirse dentro del plazo de tres meses previsto en los arts. 583 ss. TRLC, a contar desde su nombramiento, salvo causa justificada y previa autorización de prórroga de dicho plazo por parte del Juzgado a petición del experto”.

A la espera de la transposición de la citada Directiva de reestructuraciones, queda por ver si más sedes de juzgados de lo mercantil optarán por esta figura del pre-pack; o lo harán por guías similares a la de las buenas prácticas de ventas de unidades productivas dentro del concurso, como las de Madrid.

FUENTE: NoticiasJuridicas.com AUTORA: Nuria Méler

Nicolás Emery tratando el Impuesto sobre el Patrimonio, en Ràdio Calvià FM

El abogado y economista Nicolás Emery, aprovechó el último consultorio jurídico en Radio Calvià FM para, antes de dedicarse al tema principal elegido, hacer una serie de recordatorios importantes a los obligados a presentar declaración en esta campaña de la renta 2020 (perceptores del ingresos mínimo vital, perceptores de ingresos de 2 o más pagadores, en especial los trabajadores que hayan estado en ERTE), así como a todos los empresarios afectados por la pandemia del COVID19 con derecho a solicitar las ayudas para la solvencia aprobadas por el Gobierno, que ya pueden empezarse a tramitarse.

Una vez entrado en el tema principal del día–el IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO– el socio y gerente de @Moya & Emery hizo un repaso genérico de las características de este polémico impuesto, de los obligados a presentar declaración, de los mínimos exento de tributación, de las diferencias y bonificaciones existentes en las distintas comunidades autónomas en nuestro país, y de la necesidad de estar bien asesorado a la hora de presentarlo, etc.


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