Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de intentar contratar a buenos profesionales y para mantener el talento en la empresa es que la normativa tributaria permite a las empresas el pago en especie hasta un 15 % de la retribución anual de trabajador. La utilización correcta del salario monetario y el salario en especie puede ser la herramienta perfecta para que el trabajador pueda meter más dinero en su bolsillo al final del año, ya que puede obtener un ahorro en el impuesto sobre la renta. Además, la utilización de este tipo de herramienta no supone mermar la cotización del trabajador.
Conoce y aprovecha, de la mano del abogado y economista Nicolás Emery, las ventajas fiscales existentes en relación con la forma de cobro o pago de algunos gastos, como el pago del seguro de enfermedad, el pago de la guardería de los niños o inclusos el coste que supone ir al trabajo utilizando el medio de transporte público.
¿Quieres más asesoramiento al respecto, tanto si eres trabajador como empresario, acerca del salario mixto y las formas de retribución del personal que pueden resultar más beneficiosas para empresa y trabajadores? Pide cita en cualquiera de las oficinas Moya&Emery de Palma o Calvià:
Nicolás Emery nos habló de la importancia de los balances y de llevanza correcta de la contabilidad en la empresa en el último consultorio jurídico de Rádio Calvià FM, en el que pudo responder a cuestiones como:
¿Qué es un balance de situación? ¿Para qué sirve la información que figura en él? ¿Cómo debe hacerse? ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo se debe interpretar?
¿Por qué es importante conocer el valor del activo corriente?
¿Y el pasivo corriente?
¿Qué diferencia hay entre el activo no-corriente y el activo corriente? ¿Y qué diferencia entre el pasivo corriente y el pasivo no-corriente?
El depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil. ¿Qué empresas está obligadas a presentar cuentas y qué plazo hay? ¿Para qué sirven las cuentas anuales?
¿Qué es el fondo de maniobra?
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En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) ha venido a ratificar recientemente el despido de un trabajador que mintió a la empresa -por partida doble- para llegar a ser contratado. Y es que el empleado mintió tanto en el currículum entregado a la empresa como en la declaración jurada y responsable que se le solicitó debido a la imposibilidad de llevar a cabo un reconocimiento médico previo a su incorporación, ocultando una limitación funcional para llevar a cabo las laborales que el puesto de mensajero precisaba (manipulación y carga de paquetería) por su limitación funcional de extremidades y columna por trastorno del disco intervertebral, síndrome de túnel carpiano y síndrome álgico.
¿Te ha intesado esta noticia? Entonces sigue leyendo más al respecto en este interesante artículo del portal Noticias Jurídicas, desde donde podrás, además, tener acceso a la sentencia referida:
Un empleado es despedido por mentir en el currículo
El trabajador firmó una declaración responsable para conseguir un puesto de trabajo cuando, por sus limitaciones físicas, no podría desarrollarlo
El TSJ Castilla y León avala el despido de un empleado que mintío, tanto en su currículo como en la declaración responsable, para conseguir el puesto de carga y descarga de paquetería, ocultándo su limitación funcional para desempeñar las funciones que el empleo acarreaba.
Según establece el tribunal, el modo abierto en el que está configurada la transgresión de la buena fe contractual, para tener efectos disciplinarios a efectos de justificar un despido, se basa primordialmente en la pérdida de la confianza en el trabajador; quiebra de la confianza que puede derivar de conductas de engaño u ocultación, destinadas a conseguir y mantener el vínculo de trabajo sobre unas condiciones de capacidad laboral irreales y parcialmente incompatibles con las exigencias del puesto desempeñado.
La sentencia (disponible en este enlace) estima que se da esta pérdida de confianza porque el trabajador, tanto en su currículo como en la declaración responsable firmada antes de acceder al puesto de trabajo, ocultó, no su discapacidad, pero sí su limitación funcional para poder desarrollar las labores que iba a asumir.
Sustitución del reconocimiento médico
Ante la imposibilidad de llevar a cabo un examen previo a su incorporación por las circunstancias derivadas del estado de alarma a consecuencia del COVID-19, se tuvo que sustituir el reconocimiento médico por la declaración jurada y responsable. En ella, el trabajador, que pretendía acceder a un puesto de mensajería y reparto de paquetes, indicó que medicamente no presentaba limitaciones para la manipulación manual de cargas – siendo ésta una tarea esencial de la categoría para la que iba a ser contratado-, y declaró su compromiso de informar a la empresa de cualquier variación en su situación médica que pudiese influir en su puesto de trabajo.
Previamente, y conociendo que la labor a desarrollar sería carga y descarga de paquetería, había señalado en su CV su facilidad para el trabajo físico y que solo estaba impedido para trabajar en la construcción, ocultando un informe del EVO, previo a la declaración de discapacidad superior al 33% en el que se había constar una limitación funcional de extremidades y columna por trastorno del disco intervertebral, síndrome de túnel carpiano y síndrome álgico.
La empresa solo conocía la clasificación del trabajador como demandante de empleo protegido en razón a su tipo y grado de minusvalía, y no fue hasta que se pudo realizar el reconocimiento médico – que fue evitado por el trabajador mientras pudo negarse a su realización-, cuando se toma conocimiento de que no podía manejar pesos superiores a 7 kilos, lo que entra en una clara contradicción con lo que había declarado dos meses antes, al inicio de la relación laboral, al afirmar que podía manipular cargas sin limitaciones cuando no era cierto.
Valora también la sala que, una vez que la empresa tuvo conocimiento de las limitaciones funcionales del trabajador, intentó buscarle otro puesto de trabajo lo que no resultó posible por la demanda del mercado, siendo la actitud del trabajador, desde entonces, la de proferir toda clase de insultos y amenazas contra la empresa sobre que no tenía licencia y permisos necesarios para funcionar, avisando verbalmente a algunos compañeros que iba a coger una baja para que no le pudieran despedir y para que la empresa tuviera que pagarle por no trabajar.
También, y a pesar de las instrucciones dadas expresamente al trabajador, vino haciendo hasta el último día caso omiso de las normas de seguridad y salud laboral, al manipular él solo y sin medios auxiliares bultos de 15 kilos o no pedir ayuda al compañero con el que realizaba la ruta que tenía asignada.
Según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que fija la regla general y de mínimos al respecto de las vacaciones (es decir, puede ser mejorada por convenio colectivo o acuerdos con el propio empleado), el trabajador que durante su período vacacional sufra una situación de incapacidad temporal -y un contagio de Covid-19 tiene tal consideración- podrá suspender sus vacaciones (total o parcialmente, según el caso) y tendrá derecho a disfrutar de las mismas una vez haya recibido el alta médica. Para disfrutar el nuevo período es necesario volver a estar de alta (que haya finalizado la incapacidad temporal), ponerse de acuerdo con la empresa sobre la nueva fecha de disfrute y, como último requisito o condición, que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.
Además, las cuarentenas, por positivo o contacto estrecho, o períodos de aislamiento tienen la consideración de incapacidad temporal por enfermedad común, así que sucede lo mismo que con un contagio por Covid-19 en lo que respecta a las vacaciones.
El obligado a guardar cuarentena que se encuentre disfrutando las vacaciones en España pero fuera de su lugar habitual de residencia habitual podrá desplazarse a su domicilio pero en vehículo privado y firmando una declaración responsable. Y -atentos los residentes en las Islas Baleares y Canarias- si la única opción de desplazamiento a nuestro hogar fuera en un medio de transporte público, “este se realizará previa valoración y autorización de la autoridad de salud pública de origen y destino debiéndose asegurar que las medidas de distanciamiento del contacto, respecto al resto de personas, sean aplicadas desde el punto de partida y durante todo el trayecto”.
¿Quieres saber más al respecto de este tema? Lee a continuación un interesante artículo del diario CincoDias Legal:
¿Qué ocurre con las vacaciones si me contagio de COVID-19 durante su disfrute?
Esta pregunta, o si el trabajador puede desplazarse desde el lugar de descanso al de su residencia para hacer cuarentena, tienen respuesta
Las vacaciones correspondientes al mes de agosto ya han dado el pistoletazo de salida. Y lo han hecho en plena quinta ola de contagios por el nuevo coronavirus. Aunque en España el 59,1% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación y el 69,3% tiene al menos una dosis, según datos del Ministerio de Sanidad actualizados el día 5, se siguen produciendo nuevos contagios. Ante esta situación, cabe la pregunta acerca de qué ocurriría si por desgracia el trabajador se contagia durante su periodo de descanso o si tiene que hacer la cuarentena de 10 días por haber tenido un contacto estrecho con una persona infectada.
De conformidad con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, la persona tendría derecho a disfrutar de las vacaciones una vez recibido el alta médica. Y es que, estas se suspenderían, de forma que se podría hacer uso de ellas una vez que finalizase la situación de incapacidad temporal, previo acuerdo con la empresa sobre la fecha, “y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado”.
Es decir, si el trabajador comienza su incapacidad temporal, por ejemplo, el 24 de diciembre de 2021, las vacaciones pendientes de ese año natural (2021) podrían disfrutarse hasta el 30 de junio de 2023. Con respecto a las vacaciones devengadas en 2022, se podrían disfrutar hasta el 30 de junio de 2024. Estas reglas sobre disfrute de vacaciones pueden ser mejoradas por convenio, acuerdo colectivo o acuerdo individual.
Tal y como apunta el Ministerio de Seguridad Social en su página web, los periodos de aislamiento “se considerarán como incapacidad temporal por enfermedad común”. La emisión de los partes de baja, confirmación y alta corresponderá al Servicio Público de Salud de la comunidad autónoma a la que esté vinculado el trabajador en función de su domicilio.
No obstante, a efectos del pago, estos periodos se consideran “accidentes de trabajo” y no “incapacidades temporales por enfermedad común”. Esto significa que la prestación económica se produce desde el día siguiente al de la baja y no desde el cuarto como ocurre con las bajas por enfermedad común, según señala el departamento que dirige José Luis Escrivá.
Dónde hacer la cuarentena
Por otro lado, el Ministerio de Sanidad explica que si la persona debe guardar cuarentena por positivo o por contacto estrecho con una persona infectada mientras se encuentra de vacaciones en un lugar distinto al de su residencia, puede hacerla en el lugar en el que se encuentre en ese momento o donde tenga su residencia habitual.
Pese a ello, el transporte se deberá realizar en coche privado y firmando un documento de declaración responsable. Pero si por cualquier circunstancia la única opción de desplazamiento fuera en un medio de transporte público, como puede ser el caso de las islas, “este se realizará previa valoración y autorización de la autoridad de salud pública de origen y destino debiéndose asegurar que las medidas de distanciamiento del contacto, respecto al resto de personas, sean aplicadas desde el punto de partida y durante todo el trayecto”.
Las responsabilidades que pueden recaer sobre los empresarios en caso de omisión de las medidas de prevención y protección de los trabajadores frente al contagio por Covid-19 son variadas, por ejemplo, pueden causar responsabilidades administrativas.
En concreto, el RD Legislativo 5/ 2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social prevé como infracción grave el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales si este incumplimiento crea un riesgo grave para la salud de los trabajadores.
Las consecuencias derivadas de un contagio por coronavirus pueden llegar a ser muy graves, por lo que, si el trabajador acredita que el contagio se ha producido en el centro de trabajo como consecuencia de la omisión de las medidas de seguridad, podría derivarse para el empresario una infracción de carácter muy grave que, si se denunciara a la Inspección de Trabajo, daría lugar a la imposición de una sanción administrativa, con la multa proporcionada a la gravedad de los hechos.
El RD-Ley 21/2020, de 9 de junio, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge las principales medidas que tendrían que adoptarse en los centros de trabajo para los trabajadores que realizan su trabajo de forma presencial y el RD- Ley 26/2020, de 7 de julio de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, habilitó de forma especial y extraordinaria a la Inspección de Trabajo y a los funcionarios autonómicos para la realización de labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales (vigilancia, requerimientos y propuestas de sanciones ante los eventuales incumplimientos empresariales).
Estas sanciones no agotan otras responsabilidades laborales exigibles en el ámbito de la Ley General de Seguridad Social, por ejemplo si un trabajador sufre un perjuicio en su salud derivado de la falta o insuficiencia de las debidas medidas de seguridad, la empresa podría afrontar la obligación de hacerse cargo del pago de recargo de prestaciones que correspondiera, así como de abonar una indemnización adicional.
En el ámbito penal se podría atribuir a los empresarios esa responsabilidad si se pusiera a los trabajadores en peligro grave para la vida, la salud o la integridad física por no haberse facilitado las medidas de seguridad e higiene adecuadas, basta con que se haya permitido el riesgo, aunque no haya habido un resultado dañino para el empleado. Han de ser infracciones muy graves que impliquen un riesgo muy grave para la vida, salud o integridad física del trabajador. Las penas varían, dependiendo si ha sido un acto consciente de infracción o si ha sido una imprudencia grave, por haber adoptado medidas insuficientes o defectuosas y si desgraciadamente la salud del trabajador resultará gravemente dañada o falleciera. Además, derivada de la responsabilidad penal, podría surgir responsabilidad civil e incluso cabe la responsabilidad civil contractual, aun sin responsabilidad penal, con base en lo que se establece en el Código Civil: “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”. Esta responsabilidad consistiría en satisfacer al perjudicado una indemnización de daños y perjuicios, que sería fijada en atención a las circunstancias concurrentes y a los daños realmente producidos.
La actual situación requiere una especial diligencia por parte de los empresarios tanto en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales como en la atención a las normas específicas dictadas con ocasión del Covid-19, con sus continuas modificaciones y las aplicaciones concretas en cada comunidad autónoma e incluso en cada municipio en función del avance de la pandemia
TRABAJADORES
Los trabajadores tienen obligaciones en relación al cumplimiento de la normativa general de prevención y de las instrucciones que el empresario les haya indicado, además, corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional.
Entre las obligaciones propias del trabajador se indican las siguientes: no acudir al centro de trabajo si presenta síntomas compatibles con Covid-19, deberán cumplir con el aislamiento domiciliario pertinente si recibe un diagnóstico por Covid-19 o guardar un periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con Covid-19;
El trabajador deberá informar inmediatamente a la empresa y/o delegados de prevención Covid-19 para que puedan llevarse a cabo las medidas de prevención y protección que se consideren oportunas para proteger al resto de los trabajadores y así el empresario tomar las medidas pertinentes, inclusive el aislamiento del resto de los trabajadores si estuviera realizando trabajo presencial.
Si el trabajador incumple lo anterior, puede llegar a ser sancionado por la dirección de la empresa de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable, y si su irresponsabilidad dañase a terceros, estaría obligado a responder por la vía civil e incluso el propio empresario podría causar responsable civilmente por el daño a terceros de su trabajador.
Ya ha habido varias resoluciones en el ámbito de la jurisdicción social en las que, principalmente en casos de trabajos con especial riesgo de contagio, se ha reconocido la vulneración por parte de la empresa del derecho a la integridad física de los trabajadores, al no disponerse de medidas preventivas o equipos de protección.
En primer lugar, un ejemplo práctico de cómo afectará al trabajador en su declaración de la renta de este 2020 el haber estado incluido en ERTE y, posteriormente, un repaso completo a toda la actualidad laboral acercándote todas las novedades sobre las ayudas para trabajadores autónomos desde octubre 2020; la recién aprobada prórroga de los expedientes de regulación temporal del empleo -ERTES- y sus particularidades; y el conjunto de medidas extraordinarias de protección del desempleo y demás regulación recogida en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. Eso encontrarás en este vídeo de la charla del abogado y economista Nicolás Emery con nuestros amigos de Radio Calvià FM en el consultorio jurídico del pasado viernes.
El equipo de Moya & Emery, bajo la dirección letrada del socio y gerente Nicolás Emery, consigue una sentencia favorable a los intereses de su cliente, un establecimiento hotelero con cafería y restaurante.
La reciente sentencia declara, en contra de lo pretendido por el trabajador, su despido disciplinario por parte de la empresa como despido procedente, sin vulneración de sus derechos y absolviendo por completo a la misma, a consencuencia del consumo de drogas reconocido por el trabajador en las instalaciones de la empresa (fumar porros), incluso fuera del horario laboral, en lo que considera una transgresión grave de la buena fe contractual.
Puedes ver la sentencia, expurgada de los datos de carácter personal, haciendo clic en este enlace.
Nicolás Emery fue invitado, en su doble vertiente de gerente del despacho Moya & Emery y como abogado especializado en asesoría y consultoría de empresas, para explicar en el programa 5dies de ib3 tv las principales medidas que puede adoptar una empresa para facilitar la conciliación laboral-familiar de sus trabajadores. Fomento de teletrabajo o las reuniones virtuales, posibilidad de realizar trabajos conjuntos mediante herramientas de software u online, implantación de la jornada contínua o de horarios laborales flexibles, criterios de productividad en lugar de trabajo por horas, etc.
¿QUÉ ES UN ERTE -EXPEDIENTE DE
REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO- POR CAUSA DE FUERZA MAYOR?
Es un expediente de
regulación de empleo que supone la suspensión temporal del contrato de trabajo
en unas condiciones especiales.
¿QUIEN PUEDES
PRESENTAR UN ERTE POR FUERZA MAYOR O EXPRESS?
Pueden presentar un ERTE por
causas de fuerza mayor aquellas empresas relacionadas en el artículo 10 del RD 463/2020
de 14 de marzo.
¿QUÉ VENTAJES
TIENE EL ERTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR RESPECTO AL RESPECTO DE LOS SUPUESTOS?
La mayor ventaja que tiene el
ERTE por causas de fuerza mayor frente al resto de modalidades es el plazo que
resuelve la autoridad laboral, las formalidades que se tiene que cumplir frente
a los trabajadores y la documentación que se tiene que entregar.
¿PUEDE HACER UNA
EMPRESA UN ERTE SUSPENSIVO Y ERTE DE REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO?
SÍ, sin ningún tipo de problema.
Además, no es obligatorio que toda la plantilla este dentro del ERTE.
¿CÓMO EMPRESA,
DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL ERTE TENGO QUE SEGUIR PAGANDO LAS COTIZACIONES A
LA SEGURIDAD SOCIAL?
Sí, la empresa tiene que seguir
pagado las cotizaciones a la seguridad social.
¿QUÉ
DOCUMENTACIÓN SE TIENE QUE APORTAR EN EL CASO DE QUERER HACER UN ERTE POR
CAUSAS DE FUERZA MAYOR?
Rellenar impreso oficial fuerza
mayor
Memoria explicativa de la
empresa y la situación
Comunicación a los trabajadores
justificando el ERTE y
Adjuntar el Real Decreto.
¿CUÁL ES EL PLAZO QUE TIENE LA AUTORIDAD LABORAL PARA APROBAR
EL ERTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR?
5 días
desde su presentación y con efectos desde el 14 de marzo de 2020.
¿EN QUÉ SITUACIÓN QUEDAN TRABAJADORES DE LA EMPRESA?
En este
supuesto de suspensión de contrato por razones de fuerza mayor, el trabajador
se encuentra en situación legal de desempleo. El SEPE puede autorizar que el
tiempo en el que se perciban las prestaciones por desempleo no se compute a los
efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente,
en esos supuestos, se puede autorizar que reciban prestaciones por desempleo
aquellos trabajadores que carezcan de los períodos de cotización necesarios
para tener derecho a ellas.
¿SE PUEDE DESPEDIR A TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE?
No, el objetivo principal de ERTE es
garantizar los puestos de trabajo a través de ajustar las condiciones de
trabajo de los trabajadores. Reducción de jornada y suspensión de su contrato.
¿CÓMO EMPRESARIO PUEDO DESPEDIR A UN TRABAJADOR POR CAUSAS
OBJETIVAS?
Sí se
puede despedir a trabajadores de plantilla.
SI NO REÚNO LAS
CAUSAS DE FUERZA MAYOR PARA PRESENTAR UN ERTE, ¿PUEDO PRESENTAR UN ERTE?
Sí,
además de las causas de fuerza mayor existen los ERTE por causas objetivas,
¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE DESPIDO OBJETIVAS Y
EN QUÉ CONSISTEN?
Se
puede despedir por causas objetivas, es decir, por causas económicas, técnicas
y organizativas. Cuando se despido por algunas de las causas objetivas
mencionadas el trabajo tiene el derecho a percibir una indemnización de 20 días
por año trabajado y preavisarle al menos con 15 días de antelación.
¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA REALIZAR UN DESPIDO POR
CAUSAS OBJETIVAS?
Las
empresas de menos de 10 trabajadores con la entrega de la carta de despido,
poner a disposición la indemnización que correspondiente, notificándose con 15 días
de antelación y poniendo a su disposición las causas originadoras de la medida,
tales como los balances económicos, o el cambio de sistema de producción, este
preaviso podrá sustituirse con una indemnización equivalente al salario de los
15 días de la falta de preaviso.
¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA REALIZAR UN DESPIDO POR
CAUSAS OBJETIVO SI TENGO 10 O MÁS TRABAJADORES?
Si la
empresa tiene 10 trabajadores o más debe presentar un ERE.
SI NO REÚNO LAS CAUSAS DE FUERZA MAYOR PARA PRESENTAR UN ERTE, ¿PUEDO
PRESENTAR UN ERTE?
Sí,
además de las causas de fuerza mayor existen causas objetivas. (Económicas, técnicas,
organizativas o de producción)
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE UN ERTE?
El
objetivo principal del ERTE es permitir a la empresa puedan ajustar las
condiciones de trabajo de una forma mas adecuada a una situación
sobrevendida por causas ajenas al ámbito
de la empresa, si es fuerza mayor, o por causas objetivas (técnicas productivas
o económicas que puedan ocasionar una grave crisis en el estado de salud
económico de la empresa)
¿QUÉ TIPO DE ERTE EXISTEN?
Las causas
objetivas son:
Causas económicas, las más frecuentes, se trata
cuando una empresa presenta una situación económicamente negativa, sea tanto
por pérdidas constantes a lo largo de periodicidades sucesivas como porque los
ingresos han sufrido algún descenso continuado.
Causas técnicas, motivos por los cuales la
empresa deja de ser viable cuando hay algún cambio en las herramientas de
producción.
Causas organizativas, se produce cuando se
introducen cambios para mejorar el sistema de trabajo, como sería el cierre de
algún lugar de trabajo y centralización de un servicio en un único centro,
fusión de las plantillas en un único centro, eliminar un departamento cuando se
externaliza todos o algunas de sus trabajos (como podría ser por ejemplo el
departamento de Marketing o de Contabilidad)
Causas productivas, son las que vienen determinadas por cambios, entre otros, en la demanda de productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.
Si quiere plantearnos sus dudas o consultas y recabar nuestro asesoramiento con respecto a cualquier asunto de índole laboral en su empresa, póngase en contacto con nosotros
Nicolás Emery Middleton y Marga De Matos Pascual por parte del despacho de abogados MOYA & EMERY Asesoría y Consulting acudieron al consultorio jurídico de Ràdio Calvià, que en esta ocasión versó sobre la incidencia desde el prisma empresarial y laboral del CORONAVIRUS en la economía del país y sobre todo la Balear y qué sucede si un trabajador es afectado por esta enfermedad. Se trataron las medidas previstas por el gobierno para incentivar que los trabajadores no acudan a su puesto de trabajo, la modificación de la normativa respecto a los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) y las cotizaciones.
Moya & Emery en clave laboral sobre el coronavirus y los trabajadores fijos discontinuos
Al hilo del tema principal, el consultorio jurídico trató ampliamente los TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS, qué son, cuándo debe producirse el llamamiento de este tipo de trabajadores, cuáles son los períodos garantizados de ocupación para ellos o sus normas comunes sobre fiestas laborales y vacaciones, además de otros aspectos.
Marga de Matos y Nicolás Emery fueron los profesionales a cargo del último consultorio jurídico en Ràdio Calvià
