The Embassy of Spain to the United Kingdom would like to clarify that UK nationals who were legally residing in Spain before 1 January 2021, and as such are beneficiaries of the Withdrawal Agreement, can prove their residence status when entering Spain while entry restrictions remain in place by presenting any one of the following documents:
Residence card issued under Article 18.4 of the Withdrawal Agreement (the TIE) – ‘la tarjeta de identidad de extranjero (TIE)’.
Temporary or permanent EU residence certificate (green certificate) – ‘el certificado de registro de ciudadano de la Unión’ (tarjeta verde).
Residence card as a family member of an EU citizen – ‘la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión’.
Receipt of application to exchange an EU residence certificate (green certificate) or residence card as a family member of an EU citizen for the new TIE (residence card issued under Article 18.4 of the Withdrawal Agreement) – ‘el resguardo de expedición de la tarjeta de identidad de extranjero (TIE) o de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión’.
Confirmation of the positive outcome of your residence application from the Immigration Office – ‘la resolución favorable de reconocimiento como beneficiario del Acuerdo de Retirada emitida por la Oficina de Extranjería competente’.
El abogado y economista Nicolás Emery, aprovechó el último consultorio jurídico en Radio Calvià FM para, antes de dedicarse al tema principal elegido, hacer una serie de recordatorios importantes a los obligados a presentar declaración en esta campaña de la renta 2020 (perceptores del ingresos mínimo vital, perceptores de ingresos de 2 o más pagadores, en especial los trabajadores que hayan estado en ERTE), así como a todos los empresarios afectados por la pandemia del COVID19 con derecho a solicitar las ayudas para la solvencia aprobadas por el Gobierno, que ya pueden empezarse a tramitarse.
Una vez entrado en el tema principal del día–el IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO– el socio y gerente de @Moya & Emery hizo un repaso genérico de las características de este polémico impuesto, de los obligados a presentar declaración, de los mínimos exento de tributación, de las diferencias y bonificaciones existentes en las distintas comunidades autónomas en nuestro país, y de la necesidad de estar bien asesorado a la hora de presentarlo, etc.
La pasada semana, Nicolás Emery participó en directo en los informativos de Ràdio Calvià FM a raíz del inicio de la CAMPAÑA DE LA RENTA 2020, y, como en el resto de ocasiones en que ha acudido a los medios de comunicación, ha dado las pautas clave a los oyentes para la confección y presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF.
Recuerda que puedes pedir CITA PREVIA con Moya & Emery a través del correo info@moyaemery.com para que solventemos tus dudas y recibas todo el asesoramiento necesario sobre el impuesto sobre la Renta.
Frente al temor ante el vencimiento de los ERTEs en mayo de 2021, anticipación y estrategia por parte de las empresas
A tres meses de la fecha de vencimiento de vigencia de los actuales Expedientes de Regulación de Empleo -en adelante ERTEs- vinculados a la pandemia mundial de la covid-19, urge a las empresas empezar a pensar una estrategia para mantener su actividad a flote y asegurar su viabilidad, lo cual deberá pasar necesariamente por realizar ajustes de su personal.
Se ha de recordar que los ERTEs, pese a llevar un año acompañándonos, son instrumentos de naturaleza temporal que permiten suspender los contratos de trabajo (que no extinguir o finalizarlos) o reducirlas jornadas de trabajo por causas de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas y/o productivas. Con los ERTEs el objetivo es salvar los puestos de trabajo por encima de otras consideraciones.
No obstante, la pandemia de la COVID-19 tiene un componente adicional, que es la inestabilidad, ya que, lo que hasta ahora era un instrumento que ayudaba a las empresas a afrontar una situación transitoria o temporal, se ha convertido en una especie de salvavidas continuado para los trabajadores mediante la protección que se les otorgan en forma de prestaciones y a las empresas por las exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social. El futuro y no muy lejano vencimiento de los ERTEs crea temor ante la incertidumbre de lo que sucederá tras ellos.
Desde la Inspección de Trabajo se ha criticado el mantenimiento de estos ERTEs en sectores de poca viabilidad por el enorme efecto que ha tenido la pandemia sobre ellos. Entiende la Inspección que es totalmente incompatible usar un instrumento de naturaleza temporal, como es un ERTE, en empresas que ya están sentenciadas y que no tienen salvación posible. Prolongar inútilmente la vida de una empresa inviable es lo que se conoce como crear empresas zombis.
Es cierto que la enorme flexibilidad que otorgan los ERTEs hace difícil distinguir cuando se está ante un problema estructural o ante un problema transitorio y salvable en la empresa y cierto es también que la actual pandemia es una situación nueva, sin precedentes en todas las actividades.
Después de casi un año conviviendo con la pandemia y vislumbrándose en el horizonte el fin de las medidas proteccionistas, las empresas ya deberían haber reflexionado o hacerlo sin dilación sobre los próximos pasos o estrategia a seguir que faciliten su viabilidad ante cualquier posible escenario.
AJUSTES DE PERSONAL. DESPIDOS EN EMPRESAS CON ERTE: MARZO, MES CLAVE.
En aras a evitar una destrucción masiva de empleo apareció lo que parece una prohibición de despedir, al no entenderse como causa justificativa del despido aquellas que se basaran en causas ETOP o de fuerza mayor que ampararan las reducciones de jornada y suspensiones de contrato, así como la protección del empleo temporal, mediante la prórroga o extensión de los contratos por el tiempo que dicho contrato temporal hubiera estado suspendido.
Superados estos dos obstáculos cualquier empresario puede plantearse la posibilidad de realizar despidos de forma individual (artículo 49.1 k del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los TrabajadoresTRLET) o de forma colectiva (ERE previsto en el artículo 51 del TRLET) si las necesidades y la viabilidad de la empresa así lo justifican. ¡Pero ojo con los despidos individuales! Y es que ir despidiendo trabajadores de forma individual, pero en breves lapsos de tiempo, basándose en la misma causa puede llegar a considerarse despido colectivo, ya que el artículo 51 fija los umbrales para entender que se está ante un despido colectivo. Concretamente, se entiende que se está ante un despido colectivo cuando, en un período de 90 días, la extinción afecte, al menos, a:
10 trabajadores, en las empresas que ocupen a menos de 100 trabajadores.
El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.
30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores.
También se considerará despido colectivo si se afecta a la totalidad de la plantilla cuando el número de afectados sea superior a 5, extinguiéndose la actividad empresarial por causas ETOP.
Si el empresario ha sido cauto y ha tenido en cuenta todo lo estipulado en la normativa COVID-19, entonces no tendrá problema a la hora de seguir con lo previsto en el artículo 51 y podrá realizar el correspondiente ERE, cumpliendo con los requisitos de su trámite:
Período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, con una duración no superior a 30 días naturales, o 15 en caso de empresas de menos de 50 trabajadores.
Debatir sobre las posibilidades de evitar o mitigar los efectos de la decisión (despidos, medidas de acompañamiento (formación, reciclaje, recolocación…)
Constituir una única comisión negociadora compuesta por un máximo de 13 miembros en representación de ambas partes.
La comunicación de la apertura del período de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores (con copia a la Autoridad laboral), consignando:
causas del despido colectivo
número y clasificación profesional de los trabajadores afectados, así como de los empleados habitualmente en el último año,
periodo previsto para los despidos,
criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados, etc.
Al escrito se unirá una memoria, más la correspondiente documentación contable y fiscal y los informes técnicos.
Recibida la comunicación, la Autoridad laboral dará traslado de la misma a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (que deberá ser evacuado en quince días).
El período de consultas puede ser sustituido en cualquier momento, de común acuerdo, por un procedimiento de mediación o arbitraje.
Transcurrido el período de consultas, el empresario comunicará a la Autoridad laboral el resultado del mismo. Si no hay acuerdo, remitirá a dicha Autoridad y a los representantes de los trabajadores su decisión sobre el despido colectivo.
Alcanzado el acuerdo o comunicada la decisión, el empresario podrá notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados, debiendo transcurrir al menos 30 días entre la fecha de comunicación de la apertura del periodo de consultas a la Autoridad laboral y la fecha de efectos del despido.
Losrepresentantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa. Pueden establecerse prioridades de permanencia a favor de otros colectivos (trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad).
La decisión empresarial podrá ser objeto deimpugnación a través de las acciones previstas para este despido (la interposición de demanda por los representantes de los trabajadores paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta la resolución de aquella).
CONSIDERACIONES SOBRE LA JURISPRUDENCIA SOBRE DESPIDOS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID.
Pese a todo ello, el empresario que decida realizar ajustes de personal en la empresa debe asumir el riesgo de que los despidos llevados a cabo puedan considerarse improcedentes por contravenir la normativa COVID-19 u otras normas del ordenamiento laboral. Hasta la fecha, las decisiones de Jueces y Tribunales se han decantado por considerar que los despidos que incumplían la normativa COVID eran improcedentes y en pocas ocasiones nulos. Solo en un caso, debido a la grave situación por la que pasaba la empresa, se obvió el ERTE que ésta solicitó, declarando procedente el despido de los trabajadores.
Por Marga de Matos Pascual
Abogada de Moya & Emery
Recuerda que en Moya y Emery podemos ayudar a tu empresa a planificar un ajuste de personal y que para ello sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros aquí:
Se ha publicado hoy sábado en el BOE y hoy mismo entra en vigor. Puedes descargarlo en pdf a través de este enlace.
Objetivo
Proteger el tejido productivo hasta que se logre un porcentaje de vacunación que permita recuperar la confianza y la actividad económica en los sectores que todavía tienen restricciones;
evitar un impacto negativo estructural que lastre la recuperación de la economía española;
proteger el empleo en los sectores más afectados por la pandemia;
y actuar de forma preventiva para evitar un impacto negativo superior sobre las finanzas públicas y los balances del sistema financiero.
En línea con la actuación del Estado desde el inicio de la pandemia, se trata de establecer con urgencia y determinación un marco de actuación ágil, que se anticipe a la aparición de los problemas para minimizar el coste público y privado de una acción reactiva.
Fijar un marco de protección reforzado que concentre un importante volumen de recursos en proteger y apoyar a aquellas empresas, sectores y territorios potencialmente más vulnerables debido a la duración y el impacto económico de la pandemia, con el fin de reforzar la liquidez y solvencia y evitar el sobreendeudamiento del conjunto de la economía nacional, preservando así el tejido productivo y el empleo, impulsando la inversión y evitando una improductiva destrucción de valor de la actividad económica en España.
No se trata de medidas de rescate de empresas que no eran viables antes del estallido de la crisis de la COVID-19, sino de una forma de inversión en favor de la recuperación y crecimiento de aquellas empresas que, a pesar de atravesar dificultades financieras, resultan viables por disponer de un plan a medio plazo factible y un modelo de negocio idóneo.
Quedan establecidos los 4 siguientes tipos de medidas:
1. AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS. NUEVA LÍNEA COVID
Tienen como fin reducir el endeudamiento suscrito a partir del marzo del año pasado. Esta línea goza de una dotación total de 7.000 millones de euros y a través de ella se van a canalizar las ayudas directas a las empresas y autónomos cuya actividad se ha visto más negativamente afectada por la pandemia.
Estas ayudas directas tienen carácter finalista para sus perceptores, quienes podrán emplearlas para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos por ejemplo, relativos al suministro de energía y al coste de cambio de potencia, incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando estas deudas se hayan devengado a partir de 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
2. MEDIDAS PARA LA REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN
Mediante este Real Decreto-ley el Gobierno queda habilitado para adoptar medidas adicionales de flexibilización de los préstamos dotados con aval público, permitiendo así que esta financiación se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración pactados entre los bancos y sus clientes y, por lo tanto, protegiendo la estabilidad financiera. Para ello, se crea una segunda Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID, de 3.000 millones de euros, para permitir, como último recurso tras la articulación del resto de medidas de apoyo a la solvencia, la conversión de parte del aval público en transferencias a las empresas y autónomos más afectados por la crisis que cumplan con los requisitos establecidos por Acuerdo de Consejo de Ministros, dentro de un acuerdo alcanzado con las entidades financieras acreedoras.
Para detallar la articulación de las operaciones de refinanciación y reestructuración de la financiación con aval del sector público y adaptarlas a las necesidades de las diferentes empresas y sectores, se desarrollará el contenido del Código de Buenas Prácticas, que podrá ser suscrito por las entidades financieras para facilitar una adecuada respuesta del sector financiero ante la excepcional situación económica, para reforzar la solvencia empresarial y garantizar la liquidez de cara al futuro.
3. MEDIDAS PARA LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS VIABLES
Con el fin de dar apoyo a las empresas viables pero con su solvencia mermada por la pandemia del COVID-19 y no pueden acceder al fondo gestionado por SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones industriales) se instaura un nuevo Fondo, cuya gestión correrá a cargo de COFIDES, de recapitalización de empresas afectadas por COVID, dotado con 1.000 millones de euros.
4. MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL Y CONCURSAL. PRÓRROGA DE MORATORIAS
Se extienden hasta finales de año las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades como consecuencia de la pandemia puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso. Además, se mantienen las mejoras de agilidad en el proceso concursal, mientras se completa la modernización del régimen concursal español en el marco de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).En esta misma línea, se amplía a cuatro meses el aplazamiento de deudas tributarias sin intereses y se amplían los plazos para la devolución de los créditos públicos gestionados por la Secretaría General de Industria y de la PYME.
*ACTUALIZACIÓN sábado 13 de Marzo: hoy sábado ha sido publicado en el BOE el Real Decreto-ley referido, entrando hoy mismo entra en vigor. Puedes descargarlo en pdf a través de este enlace.También puedes acceder a nuestra última entrada de blog con un resumen más completo de la norma, aquí *
Desde Moya & Emery queremos informar que el Consejo de Ministros extraordinario llevado a cabo hoy viernes 12 de marzo ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a las empresas golpeadas por la pandemia del Covid-19 que viene dotado con 11.000 millones de € en forma de ayudas directas, subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su solvencia.
El Real Decreto-ley establece:
Por un lado, la creación de tres fondos de ayuda a autónomos y empresas -viables pero con su situación patrimonial deteriorada por la pandemia- por un total de 11.000 millones de euros;
Por otro, la prórroga de las moratorias concursales hasta el 31 de diciembre de 2021;
También, una serie de medidas tendentes a facilitar el aplazamiento de deudas tributarias.
Profundiza en esta noticia con la información contenida en los archivos adjuntos siguientes: la nota de prensa de La Moncloa al respecto del nuevo Real Decreto-Ley y el archivo-presentación con gráficas e indicadores económicos.
Línea de ayudas directas a autónomos y empresas
7.000 millones de euros en ayudas a autónomos y empresas cuyos ingresos hayan caído más de un 30% con respecto a 2019 para el pago de proveedores y otros acreedores desde marzo de 2020.
Dentro de este montante, existe una partida especial de 2000 millones para las empresas de las Baleares y Canarias por su especial vinculación y dependencia del sector turístico. Ayudas que pueden alcanzar El 40% de la caída de ingresos de micropymes y autónomos, y al 20% para el resto de las empresas. Se alcanzará la cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos (en régimen de estimación objetiva) y entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de las empresas.
Línea ICO
3.000 millones de € de dotación para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera. Se anticipa la creación de un código de buenas prácticas.
Fondo de recapitalización de empresas y aseguramiento de su solvencia (COFIDES)
Con un importe de 1000 millones de € destinado a empresas que no hayan quedado cubiertas por el fondo SEPI.
Medidas de ámbito concursal
Se prorroga la vigencia de las moratorias concursales previamente adoptadas hasta el 31 de diciembre de 2021: exención del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso y no admisión a trámite de las solicitudes de concurso que presenten los acreedores; y se amplían hasta esa fecha las medidas de carácter procesal tendentes a agilizar estos procesos (tramitación preferente, fomento de la subasta extrajudicial).
Esta semana, la abogada de Moya & EmeryMarga de Matos ha querido profundizar un poco más en un tema por ella tratado hace unas semanas en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM, como fue la pensión de jubilación, ante la multitud de solicitudes y preguntas que generó su anterior intervención en el espacio jurídico de la radio calvianera.
Concretamente hoy ha dedicado el tiempo del asesoramiento jurídico radiofónico al nuevo COMPLEMENTO DE MATERNIDAD -en su nueva nomenclatura COMPLEMENTO DE MATERNIDAD O DE PATERNIDAD O COMPLEMENTO DE PROGENITORES– cuya aprobación ha sido objeto de polémica entre los diferentes grupos políticos.
A modo de resumen o glosario, la letrada Marga de Matos, ha hecho referencia a:
El concepto o definición de complemento por maternidad.
Los orígenes de dicho complemento.
Quiénes pueden ser los beneficiarios del complemento por maternidad / paternidad.
Qué cuantía o importe se percibe por este complemento.
Cuáles son las reglas para la concesión del complemento de maternidad / paternidad
Qué requisitos deben cumplirse para poder solicitarlo y que sea concedido.
Cuál es la duración temporal del complemento.
No olvides que en Moya & Emery podemos ayudarte en todo lo referente a pensiones contributivas y no contributivas y sus complementos, así que ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.
Hoy en Moya & Emery queremos informar de que han sido convocadas nuevas subvenciones y ayudas para paliar los efectos del Covid 19, publicadas en el BOIB este fin de semana, destinadas a:
1) COMERCIO MAYORISTA DE MERCANCÍAS, SALAS DE BAILE Y DISCOTECAS (Mallorca)
II Convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la covid-19 al sector del comercio mayorista de mercancías y a las salas de baile y discotecas de Mallorca. Mira la resolución (formato PDF) en el BOIB aquí.
2) EMPRESAS COMERCIALES DETALLISTAS Y DETERMINADAS EMPRESAS DE SERVICIOS, CONTINUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, SERVICIOS EMBLEMÁTICOS (Baleares)
Subvenciones destinadas a fomentar la modernización de las empresas comerciales detallistas y determinadas empresas de servicios, así como la continuidad de los establecimientos comerciales y de determinados servicios considerados emblemáticos, con especial atención a los establecimientos comerciales y determinados servicios afectados por la crisis de la COVID 19. Mira la resolución (formato pdf) en elBOIB aquí.
3) EMPRENDEDORES, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Baleares)
Ayudas a los emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa con actividad en las Illes Balears para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de inversiones productivas y de liquidez para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. Mira la resolución (formato pdf) en el BOIB aquí.
Hace escasos días Neus Lafuente, de Moya & Emery, finalizó una de las series de formaciones periódicas llevadas a cabo al personal de la inmobiliaria FIRST MALLORCA. En este caso, la formación estaba dirigida al departamento de Alquileres – Rentals. En dicha formación se llevó a cabo un análisis de la modificación de la Ley 29/1994 de 24 de noviembre, de Arrenadamientos Urbanos (LAU) realizada el 5 de marzo de 2019, y que entró en vigor el 6 de marzo de 2019. Una modificación que afecta a los plazos y prorrogas de los contratos de alquiler, al derecho a resolución del contrato (resolver contrato), el incremento de la renta por mejoras, los gastos de las partes y la fianza.
Concretamente se hizo referencia también a los siguientes aspectos:
• Modificación de los plazos y prorrogas de los contratos: Actualmente es de 5 años en personas físicas, 7 en personas jurídicas; prorrogable anualmente por 3 años más. Si no se estipula el tiempo en el contrato se entiende que es de 1 año, y el tiempo mínimo sin indemnización que está el inquilino tiene de 6 meses, a partir de ahí con una anticipación de 30 días puede desistir del mismo; • Derechos y obligaciones de las dos partes del contrato de alquiler. • De la renta, la fianza y el depósito: sus máximos legales y las diferencias entre estos conceptos; • La repartición legalmente establecida de los gastos; • Las cláusulas abusivas más comunes que puedes encontrar en un contrato de arrendamiento; • Los requisitos mínimos y obligatorios que deben aparecer en un contrato de arrendamiento; • De los desahucios exprés y de la suspensión de los desahucios hasta el 9 de mayo de 2021. • La tributación de los contratos de alquiler.
El último artículo de Neus Lafuente, que trata sobre la posible responsabilidad patrimonial de las distintas Administraciones que han impuesto cierres o restricciones en diversas actividades -especialmente en las Baleares en los sectores de la hostelería y restauración- por los daños y pérdidas causados a los establecimientos, tuvo cabida hace escasos días en la sección “Tribuna & Opinión” delDiario de Ibiza .
Puedes leer su artículo en formato pdf haciendo clic en este enlace o en la edición digital del periódico aquí.
