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Nuevo plazo para presentar renuncias o revocaciones al método de estimación objetiva del IRPF y tanto al régimen especial simplificado como al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA

De cara a este año 2022, el plazo de renuncias al método de estimación objetiva del IRPF al que se refieren los artículos 33.1.a) del Reglamento del IRPF y el artículo 33.2, párrafo segundo, del Reglamento del IVA, esto es, del régimen especial simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, será desde el día 30 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022.

Las renuncias y revocaciones presentadas, para el año 2022, durante el mes de diciembre de 2021 y que hayan sido realizadas antes del 30 de diciembre de 2021 se entenderán presentadas en período hábil y, por lo tanto, los sujetos pasivos podrán variar su opción válidamente.

También se entenderá efectuada la renuncia a los regímenes anteriores, cando se presente en plazo la declaración-liquidación correspondiente al primer trimestre del año natural (2022) en que deba surtir efectos aplicando el régimen general. En caso de inicio de la actividad, también se entenderá efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba presentar el sujeto pasivo después del comienzo de la actividad se presente en plazo aplicando el régimen general.

¿Necesitas más información o ayuda para realizar este trámite válidamente? Ponte en contacto con Moya&Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Calvià o Palma y pide cita con nosotros:


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El Consejo de Ministros amplía los plazos para que empresas y profesionales paguen, transformen o reduzcan sus créditos ICO

El pasado 30 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó ampliar ciertas medidas con las que se pretende ayudar a los profesionales y empresas que pidieron créditos con aval estatal durante la pandemia a sortear la crisis, otorgándoles más tiempo para cumplir con las obligaciones financieras. Se trata de:

  • Una extensión de los plazos de solicitud de avales públicos,
  • Un aumento del límite máximo de acumulación de ayudas por beneficiario hasta los 2,3 millones de euros (antes limitadas a 1,8 millones)
  • Una ampliación de las medidas de refuerzo de la solvencia contenidas en el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes (de entidades financieras) con financiación avalada, previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19

Así, desde el 1 de diciembre de 2021 hasta junio de 2022 cabrá la posibilidad de negociar tanto la ampliación del periodo de amortización de los préstamos como la conversión del préstamo con aval público en participativo. Además, desde el 1 de diciembre de 2022 a junio de 2023 cabrá la posibilidad de solicitar transferencias directas para la reducción del principal.

Puedes consultar la norma, publicada en el BOE, que aprueba estas medidas a través de este enlace, aquí. Y no dudes en pedir cita en cualquiera de las oficinas de Moya&Emery -Palma o Calvià- para recibir asesoramiento sobre ayudas estatales o autónomicas disponibles, así como de las distintas formas de financiar tu empresa o negocio.


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Ya en vigor el Real Decreto-ley 27/2021, que prorroga determinadas medidas económicas en apoyo de la recuperación económica

Ha sido publicado en el BOE y ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, que contiene la prórroga hasta el próximo 2022 de muchas medidas tomadas con anterioridad por el Gobierno frente a la crisis económica generada por la pandemia

Amén de otras aprobadas, entendemos que son las más significativas en lo referido a las empresas las siguientes medidas:

1. Avales

Se modifica el apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que queda redactado así:

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 40.000 millones de euros, hasta el 30 de junio de 2022. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.»“.

2. Medidas en el ámbito del derecho concursal

A) Obligación de declaración de concurso de acreedores

Modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, cuyo artículo 6 queda redactado así:

Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la Ley Concursal comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha.

Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Si hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.»”

B) Causa de disolución por pérdidas

Otra modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia es la del apartado 1 del artículo 13, que queda redactado así:

Artículo 363.1.e) TRLSC. «A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021. Si en el resultado del ejercicio 2022 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.»


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III Convocatoria de ayudas directas y a fondo perdido de la Fundació Mallorca Turisme para empresas y profesionales que desarrollen su actividad en Palma

El objeto de esta 3ª convocatoria es conceder ayudas directas a personas físicas y jurídicas que desarrollan su actividad económica en el municipio de Palma, que tengan menos de 20 trabajadores de media anual computando los diferentes centros de trabajo y con una facturación en 2019 inferior a un millón de euros, siempre que esta facturación haya disminuido durante el 2020 en una cantidad superior a un 20%.

Las ayudas serán de un importe de 2.000,00 € por centro de trabajo o establecimiento, con un máximo de dos establecimientos por persona beneficiaria (máximo: 4.000,00 €).

Estas ayudas son compatibles con la percepción de cualquier otra subvención procedente de cualquier entidad del sector público o privado, si bien, para poder optar a recibirla no se puede haber sido beneficiario de ayudas en la primera y segunda convocatoria de este ayuntamiento.

Toda la tramitación de solicitudes debe hacerse online.

Pincha en los enlaces a continuación para conocer el resto de las condiciones y requisitos para la obtención de las ayudas, consultar las bases de la convocatoria de ayudas en castellano o en catalán.

Y si tienes dudas, ven a Moya&Emery y te acompañaremos en el proceso de solicitud de tu ayuda y te informaremos de otras disponibles para tu negocio o actividad y en tu localidad. Pide cita con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.


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Aprobado en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley que amplía la moratoria concursal hasta el 30 de Junio de 2022

REAL DECRETO LEY DE PRÓRROGA DE MEDIDAS ECONÓMICAS PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN

El Consejo de Ministros aprobó ayer martes 23 de noviembre un Real Decreto Ley para impulsar determinadas medidas que apoyen la recuperación en España, en especial medidas de apoyo a autónomos y empresas.

AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE MEDIDAS DE APOYO A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

El Consejo de Ministros ha aprobado, en línea con la extensión de la vigencia del Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea, un Real Decreto-ley que amplía la vigencia de determinadas medidas de apoyo a autónomos y empresas para garantizar su plena recuperación y viabilidad.

Se trata de seguir apoyando la recuperación y solvencia del tejido productivo para que las empresas puedan aprovechar el nuevo entorno de crecimiento económico.

El Real Decreto-ley aprobado amplía la vigencia de las Líneas de Avales, prorroga el régimen de autorización previa de determinadas inversiones extranjeras y extiende algunas medidas en el ámbito concursal.

Por otra parte, cabe señalar que, debido a la ampliación del Marco Temporal, se mantienen vigentes hasta el 30 de junio de 2022 los fondos de recapitalización de empresas gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y COFIDES.

Medidas en el ámbito concursal

El Real Decreto-Ley aprobado establece también medidas en el ámbito concursal, ampliándose al ejercicio 2021 la medida excepcional establecida en la Ley 3/2020 de exclusión de los resultados a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas. Extiende, a su vez hasta el 30 de junio de 2022, la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores, con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo y dispongan de un margen adicional para restablecer su equilibrio patrimonial en tanto se tramita la modernización del régimen concursal español.

El objetivo de esta reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es reorientar el marco concursal dotándolo de nuevos instrumentos para la reestructuración temprana de empresas viables, avanzando en la segunda oportunidad para empresarios que sean personas físicas y agilizando los procesos concursales, con el fin de evitar la destrucción de empleo y de tejido productivo.

Ampliación de las Líneas de Avales

Los autónomos y empresas podrán acceder a financiación garantizada a través de las Líneas de Avales hasta el 30 de junio de 2022 para cubrir sus necesidades de liquidez o financiar sus proyectos de inversión.

Las Líneas de Avales puestas en marcha por el Instituto de Crédito Oficial han sido un instrumento clave para garantizar el mantenimiento del tejido productivo, especialmente durante los momentos más duros de la pandemia.

Desde la puesta en marcha de la Línea de Avales de Liquidez en marzo de 2020 por importe de 100.000 millones de euros y con la posterior aprobación de la segunda Línea de Avales para Inversión y Liquidez por importe de 40.000, se han garantizado hasta el 18 de noviembre de 2021, 1.137.891 operaciones y desplegado avales por importe de 101.945 millones de euros, que han permitido movilizar 133.975 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo. A estas cifras hay que añadir los 1.385 avales formalizados que se ha destinado a garantizar 81 operaciones de empresas que cotizan en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y que han movilizado 1.978 millones de euros.

El diseño, gestión y modelo de asignación de los avales han permitido que sean de las líneas más utilizadas en toda Europa y constituyen uno de los mayores y más eficaces ejemplos de colaboración público-privada.

Adicionalmente, se amplía hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de reintegro por parte de las Comunidades Autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. De esta forma, las Comunidades dispondrán de un plazo adicional para resolver los recursos de las convocatorias ya cerradas.

Extensión de la suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras

El Real Decreto-ley amplía hasta el 31 de diciembre de 2022 la extensión de la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras, en determinados sectores, procedentes de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas, si la inversión es superior a 500 millones de euros.

La ampliación de la vigencia de esta medida tiene como objetivo proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos.

Si quieres leer más información sobre las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de 23 de noviembre, haz clic en este enlace a la página oficial de La Moncloa.


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Nulidad del despido de una trabajadora en tratamiento de fecundación in vitro

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una reciente sentencia, ha extendido la protección de derechos, asimilándolos a los de una embarazada, a una trabajadora que fue despedida mientras se encontraba en tratamiento de reproducción asistida, hecho este del que estaba al corriente su empleador. Así, el Tribunal ha declarado nulo su despido por discriminación de género de la trabajadora, que se encontraba de baja por incapacidad temporal debido al tratamiento de fecundación in vitro unido a su alto riesgo de sufrir un aborto y lo declara nulo por resultar discriminatorio por razón de sexo, ya que, razona la sentencia, quien está en tratamiento de fecundación in vitro no está en situación de embarazo, pero es probable que lo esté si prospera el tratamiento.

En este caso, la sentencia confirma la nulidad del despido por discriminación de género y, además, concede una indemnización por daños morales causados a la trabajadora.

¿Te interesa este tema? Lee más acerca de este caso y la sentencia recaída en la noticia del portal Noticias Jurídicas que transcribimos a continuación:


La justicia declara nulo el despido de una trabajadora en tratamiento de fecundación in vitro

El tribunal extiende la protección de la mujer durante el embarazo al periodo de fertilización

FUENTE: Noticias Jurídicas AUTOR: Silvia León

Un paso más allá en la protección de los derechos de la mujer. Y es que, se consolida la tendencia de extender la protección del embrazo al momento previo, como es el caso de la inseminación artificial o la fecundación in vitro. Así lo ha considerado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una reciente sentencia, que confirma la nulidad de un despido de una trabajadora de una escuela infantil municipal que, a la fecha de tramitación del despido, se encontraba en tratamiento de reprodución asistida. La Sala entiende que hay discriminación de género.

Según comenta la abogada que llevó la defensa, Sara del Carmen Romero Díaz, del sindicato CSIF Huelva, “la sentencia, de forma brillante, declara la nulidad del despido, y extiende la protección de la mujer durante el embarazo al tratamiento de fecundación in vitro al que estaba sometida y que el Ayuntamiento conocía perfectamente.”

La trabajadora, que era técnico especialista en la escuela infantil municipal desde el año 2011, fue encadenando sucesivos contratos de obra y servicio con el ayuntamiento, hasta que a principios de 2016 causó baja por incacidad temporal, por encontrarse en tratamiento de reproducción asistida y tener alto riesgo de aborto.

Según consta en la sentencia, la causa de la incapacidad temporal era bien conocida por el ayuntamiento demandado, ya que, se organizaron las bajas laborales con sus compañeras para atender correctamente a la escuela infantil.

Causas despido

El 25 de marzo de 2016, el ayuntamiento decidió extinguir su contrato de trabajo, alegando causas objetivas al amparo del artículo 52 del Estatutos de los Trabajadores (ET). El organismo justificó el despido en la necesidad de amortizar puestos de trabajo para superar la deficitaria situación económica que atravesaba la administración.

Sin embargo, con independencia de la existencia de necesidades de ajuste económico, la trabajadora fue despedida para contratar a otros en su lugar, lo que reafirma la nulidad de su cese a juicio del tribunal, habida cuenta del conocimiento por parte el ayuntamiento de su situación de embarazo.

Relación laboral

Por otro lado, y no solo a los efectos de cómputo de la antigüedad, la Sala estima que ha existido una relación continua con el ayuntamiento enmascarada en una pluralidad de contratos fraudulentos, ya que la demandante realizó una actividad habitual y ordinaria y no temporal.

Igualmente, puntualiza el tribunal que el hecho de que “el ayuntamiento carezca de la cualidad de empresa ello no la priva de su condición de empleadora conforme al Derecho Laboral, pues, la relación con sus trabajadores no funcionarios se sustenta en el art. 1º del ET, quedando de esta forma asimilada a cualquier otra empresa a todos los efectos contemplados en el Derecho del Trabajo”.

Discriminación 

Respecto a la causa de fondo del despido, es cierto que no existe una protección directa sobre el tratamiento de fertilidad, ni en el Estatuto de los Trabajadores, ni en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sin embrago la jurisprudencia mayoritaria hace extensible la protección de la nulidad del despido (vía protección del sexo femenino), protegiendo no solo el embarazo, sino también los tratamientos de fecundación.

Es por ello, que los magistrados consideran que no se trata de un despido por embarazo, pero si discriminatorio por razón de sexo, ya que quien está en tratamiento de fecundación in vitro no esta en situación de embarazo, pero es probable que lo esté si prospera.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso interpuesto por la Diputación de Andalucía y confirma la nulidad del despido por discriminación de genéro con derecho a una indemnización por daños morales causados.

FUENTE: Noticias Jurídicas AUTOR: Silvia León


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Las empresas no podrán superar el 15% de empleados con contratos temporales

Las nuevas propuestas del Ministerio de Trabajo en el marco de la negociación con los agentes sociales para la reforma del Estatuto de los Trabajadores (ET) incluyen, entre otrasdos novedades significativas:

  • la implantación de un límite máximo del 15% de contratos temporales en las empresas y la obligación de que cada año las que hayan excedido ese porcentaje presenten un plan para la creación de puestos indefinidos hasta rebajar el porcentaje por debajo del máximo permitido.
  • la obligación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) de contratar indefinidamente -negando la posibilidad de contratarlos temporalmente- a los trabajadores que éstas cedan a sus clientes.

Lee a continuación y al respecto un artículo de ElEconomista sobre las novedades en las propuestas del Gobierno para la reforma del ET:


Las empresas no podrán tener más de un 15% de su plantilla en temporal

Las ETT tendrán que hacer fijos a los trabajadores que cedan a sus clientes
FUENTE: ElEconomista AUTOR: Juan Ferrari

El Ministerio de Trabajo presentó el miércoles a los agentes sociales un nuevo documento de negociación para la modernización del Estatuto de los Trabajadores (ET), según comunicó la UGT. Entre las novedades propuestas respecto al anterior borrador -que data del 14 de julio- el Gobierno quiere limitar por ley que una empresa pueda tener más del 15% de su plantilla contratada de forma temporal. Además, según la información proporcionada por el sindicato, las ETT (Empresas de Trabajo Temporal) ya no podrán contratar de forma temporal a trabajadores para ser cedidos a sus clientes y deberán mantener una relación indefinida con los empleados que cedan.

En un comunicado tras la reunión que mantuvieron los representante de los sindicatos y las patronales con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, UGT adelantó que Trabajo ha introducido propuestas para los contratos formativos, los contratos temporales del nuevo artículo 15 ET, la incardinación del contrato fijo de obra de la construcción en la contratación indefinida, una nueva definición del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (similar al Erte), así como una nueva regulación de las ETT que permita encajar los trabajos de temporada con una mejor protección de las personas trabajadoras a través de la contratación indefinida en las propias empresas de trabajo temporal.

Respecto al 15% del límite de temporalidad, UGT señala que los contratos estructurales, -los ligados a razones productivas por el incremento ocasional e imprevisible de la actividad; los ligados a razones organizativas para sustituir a un trabajador de plantilla en baja y las dos modalidades formativas, el de prácticas y el contrato de formación dual- que serán legales tras la reforma laboral, no podrán superar tras la nueva propuesta del Gobierno un 15% de la totalidad de la plantilla, según el límite que establece el Ministerio de Trabajo.

Fuentes conocedoras del documento señalan que cada año las empresas que hayan excedido ese 15% deberán presentar a los sindicatos un plan que implique la creación de puestos indefinidos para reconducir el porcentaje de temporales por debajo del 15% de la plantilla.

En referencia a las Empresas de Trabajo Temporal, UGT señala que la propuesta “permite la celebración de los contratos de puesta a disposición para trabajos temporales siempre que la relación laboral de la persona cedida esté concertada por tiempo indefinido, ya sea a tiempo completo o tiempo parcial, modificando los artículos 6 y 10 de la ley de ETT”. Actualmente, estas empresas pueden optar por contratar de forma temporal a personal que va a ceder bajo la modalidad de obra y servicio o bien la propuesta del Gobierno de contratar fijos a las personas que luego cede de forma temporal a sus clientes. Dado que el contrato de obra y servicios se elimina, solo les queda la posibilidad de contratar de forma indefinida.

Entre las modificaciones de Trabajo se incluye una nueva redacción del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), similar al Erte. Ahora se permitirá usarlo para la recualificación de la plantilla y la se aclara que las causas ETOP justificarán el mecanismo.

UGT adelanta que Trabajo introducirá flexibilidad en la contratación temporal de la construcción. Así, según el sindicato en vez de derogar el contrato fijo de obra en la construcción, como pretendía, lo modificará. No obstante, pretende con la nueva redacción encajar este contrato específico del sector dentro de la contratación indefinida, tal como demanda UGT.


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El Abogado General del TJUE ve discriminatorio que en España se niegue la prestación por desempleo a las empleadas del hogar

El informe en que presenta sus conclusiones el Abogado General al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es claro: denegar el derecho a paro (o impedirles cotizar para poder tenerlo) de las empleadas del hogar es discriminación indirecta pr razón de sexo sin justificación alguna.

Ahora el TJUE deberá dictar sentencia, sin verse vinculado por el informe del Abogado General -aunque en pocas ocasiones se suele separar de su criterio- sobre el caso de una empleada del hogar a la que la Tesorería General de la Seguridad Social denegó la posibilidad de cotizar para tener prestación por desempleo.

¿Quieres leer más al respecto? Lee a continuación la noticia publicada por  abogacía española:


El abogado general del TJUE ve ilegal la ley española que niega prestación del paro a empleadas del hogar

FUENTE: Abogacía Española

La legislación española que excluye de las prestaciones por desempleo a las empleadas del hogar es contraria al Derecho de la Unión Europea porque constituye una discriminación indirecta hacia las mujeres, según ha concluido el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Szpunar.

En opinión del letrado, dado que estos empleados son “casi exclusivamente mujeres”, denegarles el derecho a paro “constituye una discriminación indirecta por razón de sexo y no justificada por objetivos legítimos y ajenos a toda discriminación basada en el sexo”.

Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes de cara a la futura sentencia que tendrá que emitir el TUE en los próximos meses para resolver el caso de una empleada del hogar a la que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) denegó una solicitud de cotización a la protección por desempleo para adquirir el derecho a la prestación.

El asunto fue elevado al tribunal de Luxemburgo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, que pide al TUE que interprete la directiva sobre igualdad en materia de seguridad social para determinar si existe una discriminación indirecta por razón de sexo.

Así, Szpunar señala que corresponde al juez español comprobar si la “desventaja particular” que la legislación española establece para las empleadas del hogar puede calificarse de “medida indirectamente discriminatoria”.

Si embargo, el letrado destaca que, mientras que la proporción entre hombres y mujeres es “más o menos similar” entre los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el régimen de general  de la seguridad social (en el que todos tienen derecho a una prestación por desempleo), la proporción en el caso del régimen especial para empleados del hogar “difiere considerablemente”.

En este caso, explica, las mujeres representan más del 95% de los trabajadores de este sistema y, por tanto, la cláusula de exclusión “afecta negativamente a una proporción significativamente mayor de empleados de hogar de sexo femenino que de sexo masculino”.

De esta forma, Szpunar apunta que, si el juez español llegar a la conclusión de que las empleadas del hogar están en “una posición menos ventajosa”, debería considerar que la legislación es contraria a las normas europeas “salvo que esté justificada por factores objetivos y ajenos a toda discriminación por razón de sexo”.

El Abogado General examina a continuación este último punto y rechaza las alegaciones presentadas por la TGSS y el Gobierno español, que justificaban la diferencia de trato “por objetivos basados en las características específicas de la categoría de empleados de hogar y del estatuto de sus empleadores, así como por objetivos de protección de los trabajadores, de protección del nivel de ocupación en este sector y de lucha contra el trabajo sumergido y el fraude”.

El letrado apunta, en primer lugar, que se trata de objetivos “legítimos” de protección social, pero estima que “no son ajenos a toda discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, no pueden justificar una discriminación perjudicial para las personas de sexo femenino”.

Por otro lado, Szpunar destaca que los motivos basados en las características de las empleadas del hogar (trabajadoras poco cualificadas que cobran el salario mínimo) o de sus empleadores (cabezas de familia) “parecen estar basados más bien en estereotipos de género” y, en consecuencia, “son difícilmente ajenos a una discriminación por sexo”.

Además, el Abogado General rechaza en sus conclusiones que una eventual protección de las empleadas del hogar frente al desempleo pueda incitarlos al fraude, así como que la exclusión “conduce a reforzar la concepción social tradicional de los roles”, lo que permite “no solo explotar la posición, estructuralmente más débil, de las personas que integran este sector, sino también infravalorar su trabajo”.


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Abierto el plazo para solicitar las ayudas estatales y del Govern balear al alquiler 2021

Ya están disponibles las ayudas para el alquiler de viviendas del año 2021. Consulta un completo documento resumen en formato pdf a través de este enlace para conocer las condiciones, requisitos, importes máximos a percibir, plazos y formas de presentación de las solicitudes. También puedes, a través de este enlace, ver el pdf de las bases de la convocatoria de ayudas publicadas en el BOIB.

Estas ayudas estatales y autonómicas tienen por objeto facilitar el disfrute de una vivienda destinada a domicilio habitual y permanente en régimen de alquiler, a sectores de población con escasos recursos económicos, mediante el otorgamiento de ayudas a los inquilinos que consisten en la financiación de una parte de la renta que el inquilino tiene que satisfacer por la vivienda alquilada.

El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda empieza el día 1 de octubre de 2021 y finaliza el 15 de noviembre de 2021, ambos incluidos.

Si quieres más información acerca de las ayudas disponibles o asesoramiento para la tramitación de las mismas, ponte en contacto con Moya & Emery en cualquiera de nuestra oficinas de Palma o Calvià


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Migración de Dirección Electrónica Habilitada (DEH) a Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú)

A partir del 06-09-2021, TODAS las notificaciones y comunicaciones de la Agencia Tributaria estarán disponibles en la Dirección Electrónica Habilitada única (en adelante DEHú).

Actualmente las notificaciones de la AEAT están disponibles para comparecer en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, en la Dirección Electrónica Habilitada (en adelante DEH) y en Carpeta Ciudadana.

El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo en el artículo 42 sobre la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos establece en el punto 5: Toda notificación cuyo emisor pertenezca al ámbito estatal a que se refiere el artículo 1.2 de este Reglamento se pondrá a disposición del interesado a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, incluyendo el supuesto previsto en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, los emisores de ámbito estatal podrán notificar en su sede electrónica o sede electrónica asociada de forma complementaria a la puesta a disposición en la Dirección Electrónica Habilitada única.

A la DEH se envían para comparecer únicamente las notificaciones electrónicas. A la DEHú se enviarán todas las notificaciones, tal como se está haciendo actualmente en la Sede electrónica y en Carpeta Ciudadana.

Se tendrá acceso a las notificaciones depositadas por la Agencia Tributaria en la DEHú por dos vías:

  • A través del portal https://dehu.redsara.es/, autenticándose con certificado electrónico o Cl@ve PIN.
  • A través de servicios web para la descarga masiva de notificaciones ofrecido por la DEHú.
    • Instrucciones en el Portal de Administración Electrónica PAe https://administracionelectronica.gob.es/ctt/lema/descargas

Con el fin de dar tiempo para la adaptación de los desarrollos necesarios, habrá un periodo transitorio durante el que se mantendrá el envío de las notificaciones a la DEHAl finalizar ese periodo transitorio (previsiblemente en el último trimestre de 2021), no se enviarán notificaciones a la DEH.

¿Qué es la DEHú?

La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) o Punto único de notificaciones para todas las Administraciones Públicas facilita el acceso a los ciudadanos a las notificaciones y comunicaciones emitidas por las administraciones públicas en el ejercicio de su actividad.

Ante la dispersión de sedes electrónicas y de vías de puesta a disposición, la DEHú permite que los interesados, tanto personas físicas como personas jurídicas, tengan acceso a sus notificaciones y comunicaciones en un punto.

Ofrece dos vías de puesta a disposición:

• Vía web para que tanto las personas físicas como las personas jurídicas puedan acceder y comparecer a sus notificaciones y comunicaciones de manera sencilla y directa.

• Vía servicios web para grandes destinatarios  que les permite implementar procesos automatizados para acceder a sus notificaciones y comunicaciones, comparecer las notificaciones y distribuirlas entre sus diferentes centros y/o departamentos de manera rápida y eficiente.


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