Se aprueba el Real Decreto que regula la protección de las trabajadoras del hogar y se sella el fin de un agravio histórico con el resto de trabajadores
El Gobierno ha aprobado el Real Decreto que regula la protección de la seguridad y salud en el trabajo de las empleadas del hogar. Con esta norma, se busca dignificar un trabajo tradicionalmente feminizado y socialmente infravalorado. La norma ha sido producto del diálogo con organizaciones sindicales y plataformas del sector.
Protección legal para las empleadas del hogar
La normativa contempla el derecho de las trabajadoras del hogar a paralizar su actividad en caso de riesgo grave o inminente, sin que esto implique ningún perjuicio para ellas. Además, las personas empleadoras deberán proporcionar equipos de trabajo adecuados y adoptar medidas de seguridad para garantizar su uso seguro. Un aspecto importante es que estas medidas no generarán costes adicionales para las familias empleadoras.
Avance normativo
Este Real Decreto es un paso más en un proceso iniciado durante la pandemia del COVID-19, cuando se reconoció un subsidio especial para las trabajadoras del hogar y se les otorgó el derecho a cotizar para la prestación por desempleo. Asimismo, España ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege los derechos laborales de las trabajadoras domésticas.
Anteriormente, el sector del trabajo doméstico estaba sujeto a condiciones laborales más flexibles, permitiendo formas de contratación y despido opuestas al derecho a la igualdad y no discriminación. Con esta nueva regulación, se pone fin a dichas prácticas, otorgando a estas trabajadoras el mismo nivel de protección que a otros sectores laborales.
Prevención de riesgos laborales en el Hogar
El Real Decreto reconoce que las trabajadoras del hogar operan en un entorno privado, lo que presenta retos únicos en la evaluación de riesgos laborales. La vigilancia de la salud será un derecho, incluyendo un reconocimiento médico voluntario para cada trabajadora, aunque preste servicios para varias personas empleadoras.
En casos donde las personas empleadoras tengan discapacidades o limitaciones, podrán delegar sus obligaciones preventivas en un familiar o persona de su entorno cercano.
Recursos públicos para facilitar la implementación
Para evitar que estas nuevas obligaciones supongan una carga para las familias, el Gobierno ha desarrollado herramientas gratuitas, como una aplicación proporcionada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), que ayudará a las empleadoras a cumplir con las obligaciones de evaluación de riesgos. También se elaborará una Guía Técnica para la prevención de riesgos laborales en el trabajo doméstico y un protocolo para casos de acoso laboral.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad promoverá la inclusión de los reconocimientos médicos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, mientras que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) proporcionará formación gratuita para las trabajadoras del hogar.
Derecho a la Seguridad y Salud en la Ayuda a Domicilio
El Real Decreto también cubre a las personas trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). En este caso, se han especificado medidas para garantizar la seguridad y salud en los domicilios privados donde se llevan a cabo las actividades de cuidado. Las evaluaciones de riesgos laborales deberán incluir visitas presenciales a los domicilios, y las modificaciones en el entorno laboral solo se realizarán con el consentimiento previo de los propietarios.
Consulta o descarga la resolución aquí
Haz clic aquí para consultar el Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar.
En conclusión
Este Real Decreto representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. La normativa no solo dignifica su labor, sino que también garantiza su seguridad en el trabajo, promoviendo una igualdad efectiva en el mercado laboral.
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