El Consejo de Ministros, ha aprobado en las Cortes Generales un Proyecto de ley para el 2016, en el que se introduce un incentivo fiscal de gran potencial dirigido a promover las inversiones en las Islas Baleares. Esto supone un cambio con la regulación actual, al incorporar esta novedad fiscal tiene como objetivo incentivar la inversión en las Baleares y así disminuir los costes de empresas y autónomos insulares, impulsando la creación de empleo.
Incentivo a la inversión:
Este proyecto de ley se caracterizar por ser un incentivo fiscal a la inversión en las islas tanto si tienen un establecimiento en la Comunidad Autónoma o estén sujetos al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto de la Renta de No Residentes o al IRPF por obtener rendimientos de actividades económicas en las Baleares (es decir, tanto si tienen un local como si tienen residencia fiscal en las Islas Baleares).
El incentivo consiste en la posibilidad de conseguir un ahorro fiscal, con la reducción en la base (imponible) o de la cuota por la inversión que se haga en cada período impositivo a la “Reserva para inversiones” con un límite del 75% de los beneficios no distribuidos, que provengan de las Islas Baleares.
Esta Reserva permitirá compensar el esfuerzo del inversor dirigido al desarrollo del emprendimiento, la diversificación productiva, la creación de empleo o la protección del medioambiente.
Materialización de la Reserva:
La Reserva tiene que materializarse en un plazo de 3 años, en la realización de inversiones patrimoniales dirigidas a crear o ampliar un establecimiento, a diversificar la actividad o a transformar el proceso de producción, la creación de puestos de trabajo (siempre que estén relacionados con la inversiones) y a la mejora o a la protección del medio ambiente en las Islas Baleares. Así pues, se permite que las inversiones se lleven a cabo de forma anticipada.
Esta Reserva no sólo se establece como un incentivo a que se produzcan inversiones, si no también a la creación de empleo y la protección al medioambiente.
El proyecto de ley marca como inicio de los periodos impositivos el 1 de enero de 2016, y trae consigo unos mecanismos de control y seguimiento para garantizar que su aplicación se hace en regla al Derecho de la Unión Europea.
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