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El Gobierno acuerda con los agentes sociales prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo

Protección por la COVID-19

  • Este compromiso renueva el objetivo de proteger a las personas trabajadoras y a las empresas.
  • Es la tercera prórroga que alcanza el consenso con los interlocutores sociales.
  • Se mantiene la flexibilidad del modelo actual de ERTE por COVID y se simplifica la tramitación.
  • La salvaguarda del empleo se prorroga en los términos que rigen en la actualidad.

Haz clic en este enlace para ver en formato pdf la nota de prensa conjunta del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que se da cuenta de todos los detalles del acuerdo alcanzado.


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Nicolás Emery en Radio Calvià FM sobre las ayudas al sector de la restauración en Mallorca y otros temas de interés

Ya os dábamos cuenta en la anterior publicación de que el Consell de Mallorca, en colaboración con el Govern balear, ha aprobado recientemente unas AYUDAS PARA EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN DE MALLORCA -restaurantes, bares y cafeterías- cuyo contenido, alcance y requisitos ha sido repasado por el socio y gerente de Moya & Emery esta mañana en Radio Calvià FM y que, a grandes rasgos, son:

• Establecimiento abierta el día en que se decretó el nivel 4
• Presupuesto total de las ayudas 5.000.000.00€ que debería alcanzar a +/- 3.300 locales de Mallorca
• Máximo 20 trabajadores de media, independiente horario
• Importe de las ayudas: 1.500 €, máximo 3.000 si se tiene más de 2 locales
• Requisitos, estar al corriente de pago de sus obligaciones con la AEAT y SS.

Además, el abogado y economista Nicolás Emery, ha dedicado informar sobre las medidas anunciadas para su aprobación en el Consejo de Ministros de esta mañana sobre los ALQUILERES/ARRENDAMIENTOS, PROPIETARIOS (grandes y pequeños tenedores), INQUILINOS, EXONERACIONES EN LAS RENTAS MENSUALES:
• Beneficios fiscales para los arrendadores de menos de 10 locales
• Reducción alquiler 50% para grandes tenedores
• Periodo de las quitas – durante el estado de alarma.
• No se tiene que haber llegado a acuerdos previos.

De igual forma, Nicolás Emery ha hecho referencia a la viabilidad jurídica de las POSIBLES RECLAMACIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS A LA ADMINISTRACIÓN por parte del sector de la restauración, que ha anunciado el ejercicio de acciones para la reclamación de unas pérdidas que consideran debidas a una legislación errática y a los agravios sufridos por su sector durante la crisis del Covid-19 con respecto a otras actividades. El éxito de estas reclamaciones dependerá, a juicio de Nicolás Emery, de la interpretación que den los juzgados de lo Contencioso administrativos con respecto a los cierres decretados y las limitaciones en la actividad, ya que la Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 34, establece que no son indemnizables los daños derivados de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existencias en el momento de producción de aquellos.

Si estás interesado en recibir más información al respecto, precisas nuestro asesoramiento o quieres encargarnos la gestión de cualquier trámite o solicitud, puedes pedir cita con Moya & Emery a través de:


Correo Electrónico: emery@moyaemery.com
Teléfono oficina Palma 971 728 010
Teléfono oficina Calvià 971 132 359


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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA COVID-19 EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN

El Consell de Mallorca ha presentado la convocatoria extraordinaria de ayudas para paliar los efectos del Covid-19 en el sector de la restauración de Mallorca, con el objetivo de minimizar las consecuencias negativas de la pandemia y reactivar al máximo la actividad turística del isla.

Se trata de una línea de subvenciones dirigidas a establecimientos de restauración que se han abierto este diciembre o que se han cerrado este mes y han tenido que cerrar por no cumplir con las restricciones del nivel 4 de la alerta Covid-19. Cada titular de establecimiento beneficiario podrá acceder a una subvención de 1.500 euros y, si tiene más de un proyecto de restauración, hasta un máximo de 3.000 euros.

Puedes ver el extracto de la convocatoria, publicada hoy sábado 19 de diciembre en el BOIB, aquí.

Si está usted interesado en recibir toda la información al respecto, pida cita con Moya & Emery y en nuestras oficinas le tramitaremos o le guiaremos durante todo el proceso de solicitud de ayudas a la restauración.

información de contacto Moya & Emery

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Prohibición de desahuciar o reclamar las rentas del local arrendado como medidas cautelares justificadas por la pandemia del Covid-19

Si tienes un local alquilado como establecimiento para tu negocio y estás sufriendo los efectos del covid lee esta sentencia que te acerca Moya & Emery a sobre la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus“.

La pandemia generada por el covid ha deparado un cambio imprevisible y sustancial con respecto a las circunstancias en que se pactó o que fueron tenidas en cuenta por las partes que firmaron un contrato de arrendamiento. Ello ha deparado un aumento significativo de los costes para alguna o ambas partes del contrato que debe ser ponderado en cada caso concreto. En el caso de esta reciente sentencia de un Juzgado de primera instancia de Barakaldo (que puedes ver haciendo clic aquí) se responde a una demanda de quien tomó en alquiler (arrendatario) un local de negocio, quien solicitó la adopción de medidas de forma cautelar que impidieran al arrendador resolver el contrato, ejecutar las garantías prestadas, impedir el desahucio y reclamar el impago de rentas.

La resolución ha atendido la petición del demandante y fija, de manera cautelar, un periodo de carencia en el pago de la renta durante el Estado de Alarma (y para el caso de un nuevo rebrote) y fija una renta de alquiler con carácter provisional que va ligada porcentualmente a las ventas del arrendatario. Además, de igual forma, la sentencia reduce al 50% de la totalidad de los gastos y contribuciones relacionadas con el Centro Comercial donde se ubica el local alquilado.

Si eres arrendador o arrendatario de un local de negocio y precisas soluciones a tu caso concreto, infórmate con Moya & Emery.


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Nueva declaración de estado de alarma. Breve resumen del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, a cargo de Marga de Matos

Frente a los últimos datos obtenidos sobre la evolución de la pandemia en nuestro país que denotan un aumento en el número de casos (segunda ola de la pandemia), el Gobierno de la Nación en fecha 25 de octubre de 2020 publicó, el Real Decreto 926/2020 en el que vuelve a declararse el Estado de Alarma afectando a la totalidad del territorio nacional.

A continuación, se expone un breve resumen de su contenido:

El contacto social tanto en espacios públicos como cerrados se ha convertido a día de hoy en uno de los principales focos de contagio (un tercio de los brotes, lo que implica casi  una cuarta parte de los casos).

Es por ello que en este Real Decreto quiere manifestarse la importancia de reducir las reuniones familiares y sociales entre personas no convivientes, el permanecer en el domicilio, evitando desplazamientos si no son de vital importancia y el restringir la actividad nocturna que es donde se han detectado los mayores incumplimientos o relajaciones en cuanto a las medidas adoptadas inicialmente para afrontar el COVID-19.

¿Qué implica la declaración del Estado de Alarma? Que la autoridad competente será el Gobierno nacional (centralización).

¿Quiere decir eso que las CCAA (Comunidades Autónomas) no pueden decidir nada? NO, evidentemente los gobiernos autonómicos y las autoridades sanitarias de las CCAA conocen específicamente la situación de la CCAA con lo cual están mejor posicionados para la toma de ciertas decisiones en función de los datos.

Es por ello que el Gobierno Nacional permite a las autoridades competentes delegadas, poder dictar las resoluciones, disposiciones u órdenes que estimen necesarias sin necesidad de pasar por un procedimiento administrativo.

Por tanto, se trata de una centralización de decisiones con matices y dejando la puerta abierta a ciertas decisiones a las autoridades delegadas de las CCAA.

¿Hasta cuando se mantiene en vigor el nuevo Estado de Alarma?

Hasta el 9 de mayo de 2021 a las 0:00 horas, sin perjuicio de su posible prórroga o derogación previa en función de la evolución de la pandemia. Con lo cual es una fecha referencial.

¿Qué limitaciones introduce el nuevo Real Decreto 926/2020?

Como se ha comentado, los datos han demostrado que la mayoría de los brotes de contagio provienen de las reuniones familiares/sociales tanto en público como en privado y que las actividades realizadas durante el horario nocturno son en las que se han relajado las medidas de seguridad o donde se encuentran la mayor parte de los incumplimientos.

Es por ello que se ha limitado la libertad de circulación entre la franja horaria de 23:00 a 06:00 horas, pudiéndose únicamente circular por alguno de los siguientes motivos:

a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.

d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado.

f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.

Matiz a tener en cuenta: la autoridad competente de cada CCAA podrá flexibilizar dicha franja horaria de la siguiente manera determinar que la hora de inicio de dicha restricción sea entre las 22:00 -00:00 horas y la de finalización sea entre las 05:00-07:00 horas.

¿Hay limitaciones para desplazarse entre CCAA? Sí, los desplazamientos que se entienden como justificados para poder moverse entre CCAA son los siguientes:

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.

g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

La autoridad competente de la CCAA podrá determinar si caben dichas restricciones para ámbitos geográficos inferiores a la CCAA (por ejemplo, a nivel provincial).

¿Cómo quedan las limitaciones de las reuniones en grupo tanto en el ámbito publico como privado?

Se limitan a 6 dichas reuniones tanto en ámbito público como privado, salvo entre convivientes y excepciones en instalaciones, dependencias o establecimientos abiertos al público.

En función de los datos y evolución de la pandemia, la autoridad competente podrá determinar que el límite de 6 personas sea aún inferior, salvo cuando se trata de convivientes.

Fuera de estas limitaciones quedan las actividades laborales, profesionales e institucionales.

IMPORTANTE: todas estas medidas de podrán flexibilizar, modificar o suspender en función de la evolución de la pandemia a nivel nacional y en función de la situación en que se encuentre cada territorio.


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Nota informativa para los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar sobre la gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones incluidas en el Real-decreto 30/2020, de 29 de septiembre

A continuación transcribimos la nota informativa de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina, a la que también puedes tener acceso en formato pdf a través de este enlace:


El Instituto Social de la Marina tiene encomendada, entre otras, la gestión de las prestaciones por desempleo de los trabajadores incluidos dentro del campo de aplicación del Real Decreto 47/2015, de 21 de octubre reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.

Por ello, y en orden a gestionar de una manera más eficaz las prestaciones incluidas en el real decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre, se dictan una serie de pautas para que dicha gestión se realice de forma más rápida, eliminando en la medida de lo posible, los retrasos en el pagos de dichas prestaciones.

A tal fin, se ha habilitado el siguiente buzón 07.ism-baleares.ertes@seg-social.es, para que se envíe la documentación que se indica y referida a empresas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar-

Para la gestión de las distintas prestaciones, habrá que distinguir entre:

A.- SOLICITUDES COLECTIVAS
1.- En el caso de las solicitudes recogidas en los artículos 1 y 9 del real decreto antes señalado, al remitir dichas solicitudes al buzón señalado , en el asunto se consignará “Solicitud ERTE R.D Ley 30/2020” seguido del nombre de la empresa.
2.- Incidencias posteriores al inicio de la prestación
2.1.- Comunicación de altas y/o bajas de I.T, inicio de prestación de nacimiento y cuidado de hijos, una vez ya está reconocida la prestación por desempleo: Dichas incidencias se comunicarán al mismo buzón, consignando en el asunto “incidencia ERTE trabajador DNI/NIE ” y se indicará el número del DNI/NIE, adjuntando parte de baja/alta médicos, o comunicando el inicio del disfrute de la prestación de nacimiento y cuidado de hijo, en cualquiera de los periodos de disfrute.
2.2.- Inclusión de trabajadores en la solicitud colectiva que no deberían de haberse incluido en la misma por encontrarse en situación de I.T., nacimiento y cuidado de hijos o excedencia en el momento de inicio del ERTE. Si hemos incluido en la solicitud inicial, a algún trabajador en el ERTE, que NO lo deberíamos haber incluido, se hará al mismo buzón señalado anteriormente, indicando en el asunto “trabajador reconocido en ERTE sin derecho” e indicar DNI/NIE.
2.3.- Una vez finalizado el periodo indicado en el apartado 2.2 (I.T., nacimiento, excedencia, etc.), se deberá enviar el EXCEL, incluyendo únicamente a dichos trabajadores, indicando en el campo inicio suspensión/reducción el día siguiente a la finalización de dicha causa.

B.- BAJAS DE PRESTACIONES
Las bajas de prestaciones, se pueden enviar bien por el fichero EXCEL, o a través de fichero XML.
B.1 Bajas de prestaciones por colocación continuada sin variaciones de jornada ni reducción
Las bajas de prestaciones, se habrán de comunicar con carácter previo a dicha baja, consignando en el campo día de la baja en la prestación, el día de la colocación (NO el día anterior). El acceso al fichero para su cumplimentación y grabación se hará a través del siguiente enlace: https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/Plantilla-BAJA-ERTE-COVID-19.xlsx., enviando el fichero que se ha generado al buzón indicado con el asunto “Baja ERTE R.D. Ley 30/2020”, seguido del nombre de la empresa. En este caso no se enviarán periodos de actividad de dichos trabajadores.
B.2 Bajas de prestaciones por haber distintos periodos de actividad dentro de un mes y/o reducción de jornada
1.- Se enviará el fichero EXCEL generado en el apartado B.1 anterior siempre consignando como fecha de baja de prestaciones el día 1 del mes que se produzca la baja y/o reducción o en su defecto la fecha en la que el trabajador se incorporó al ERTE si esta es posterior al día del mes en curso. (ej. Alta ERTE 5 de octubre y comienza a variar jornada el 20/10/2020. En este caso la fecha de la baja no sería el 1 de octubre sino el 5 de octubre).
2.- El mes siguiente, en los primeros 25 días naturales, deberemos de cumplimentar el fichero EXCEL al cual se accede en el enlace siguiente , y una vez cumplimentado, debemos de generar el fichero XML con el botón habilitado para ello, siguiendo las instrucciones del propio fichero.
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/asistente-para-generar-ficheros-XML.xlsm
Una vez generado el fichero XML, hay que enviarlo como ya hemos indicado, en los primeros 25 naturales siguientes al mes siguiente a la fecha en que es produjo la baja y/o reducción, a través de la aplicación Certificad@s, que se encuentra en el siguiente enlace:
https://sede.sepe.gob.es/DCertificadosWeb/ActionNavegacion.do?accion=navegacion

Una vez enviado el fichero se tendrá que comunicar al ISM a través del buzón habilitado para ello, el número de envío para proceder a su validación.

Palma, octubre de 2020

Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina
Moll Vell, 15, 07012 Palma de Mallorca
TEL.: 971 227 144 / 137
CORREO ELECTRONICO
CORREU ELECTRÒNIC
illesbalears.dirprov.ism@seg-social.es


¿AUTÓNOMO? Entonces seguro que te interesa el último consultorio jurídico de Moya & Emery en Radio Calvià FM

¿AUTÓNOMO? Entonces seguro que te interesa ver el último consultorio jurídico de Moya & Emery en Radio Calvià FM, con todas las novedades con respecto a las ayudas a trabajadores autónomos desde octubre 2020, sobre las que debes recordar que el plazo para su solicitud finaliza mañana, 19/10/2020.

Además, Nicolás Emery trató más temas: dudas con respecto a la los trabajadores fijos discontinuos y la prestación especial para ellos y también sobre reclamaciones sobre arrendamientos, de parte de los propietarios a los inquilinos a raíz de una reciente sentencia.


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Sobre la ampliación de los ERTEs más allá del 30 de septiembre

¿SE PRORROGARÁN LOS ERTES MÁS ALLÁ DEL 30 DE SEPTIEMBRE?

La respuesta a esta pregunta es la que están esperando muchos empresarios y trabajadores para saber qué deben hacer y en qué situación van a quedar. Y es que a quince días de la fecha fijada para el fin de los ERTES -el 30 de septiembre- todavía no se ha hecho publicación oficial de si éstos van a ser o no prorrogados y las condiciones en que se va a producir esa prórroga en caso de darse.

Lo único que se conoce por el momento es que el Gobierno parece contemplar la posibilidad de alargar los ERTES no hasta final de año sino hasta finales de enero de 2021, es decir, una vez pasadas las fechas de Navidad. Algo a lo que las patronales han mostrado su oposición, entendiendo que determinados sectores como el turístico necesitan de una prórroga mayor, hasta Semana Santa. Se insiste que los ERTES se mantendrán el tiempo que resulten necesarios.

De ser así, quedarían por concretar las futuras exoneraciones y bonificaciones a la Seguridad Social a partir del próximo mes de octubre, así como algunos  temas relativos a las prestaciones por desempleo como el importe que deben recibir las personas afectadas por los ERTES a partir del sexto mes. 

En relación con este último punto, parece haber consenso en cuanto a mantener que el importe a recibir continúe siendo del 70% de la base reguladora y no del 50%, al carecer de sentido dejar a los trabajadores en una situación vulnerable cuando necesitan ayuda más que nunca.

Ahora bien, mantener esta prestación al 70% implica un mayor gasto público con lo cual se plantea la posibilidad de que consuma otras prestaciones como el paro, prestación hasta ahora intacta. Es decir, personas, que tengan o hayan tenido suspendido su empleo más de 6 meses, empezarán a ver como su paro se consume.

¿SE REGULARÁ POR SECTORES ESTA POSIBLE PRÓRROGA Y CONDICIONES?

Es evidente que la incidencia del COVID-19 ha tenido un impacto a nivel general para todo el tejido empresarial, sin embargo, su incidencia no ha sido la misma en todos los sectores. Es manifiesto que las actividades más afectados han sido y son las del sector turístico.

No obstante, las empresas prefieren una regulación general que no por sectores. Se entiende que todas las empresas que mantienen su ERTE es por necesidad no porque así lo deseen.


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Nicolás Emery en Radio Calvià sobre coronavirus, contagios en la plantilla, ERTEs y financiación de las empresas

Moya & Emery en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM del 21 de Agosto de 2020

El pasado viernes el abogado y economista colegiado Nicolás Emery de Moya & Emery dio respuesta en el consultorio jurídico de #RadioCalviaFM, por un lado, a cómo debe actuar el empresario en el caso que un trabajador dé positivo por COVID-19 (caso cofirmado) y otros supuestos como que el trabajador haya tenido contacto estrecho con alguien contagiado o en los casos en que haya simple sospecha de contacto.

Además el gerente de Moya & Emery trató cómo afecta el decreto de cierre de determinadas actividades turísticas y cuáles son las opciones del empresario ante tal situación: enviar a los trabajadores al ERTE, cómo gestionar un ERTE por rebrotes (y su beneficio frente al ERTE parcial y el total) o cómo hacer frente a las necesidades de financiación de la empresa provocadas por la falta de facturación o el cierre forzoso.

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Artículo de opinión de Marga de Matos para Canal4diario

¿Cuántos platillos pueden hacer girar en el aire los malabaristas inspectores de Trabajo?

El Gobierno dice que uno más: el control del cumplimiento de las normas de salud e higiene en el trabajo.

Por si los inspectores de Trabajo no tuvieran ya suficiente carga de trabajo con la campaña específica de inspecciones presentada el pasado 1 de julio de 2020 por parte del Ministerio de Trabajo en aras a controlar y evitar fraude en los ERTES, el Gobierno ha otorgado una nueva facultad extraordinaria a la Inspección de Trabajo: la disposición final duodécima del Real Decreto 26/2020, 7 de julio otorga a los inspectores competencias propias de Sanidad, haciendo caso omiso a las quejas por parte de los sindicatos de la Inspección sobre su falta de medios, recursos y tiempo material para asumir la ingente cantidad de trabajo generada por la pandemia del COVID-19, quienes han facilitado la exorbitante cifra media de 268 ERTES asignados a cada inspector. Ahí es nada.

Concretamente la disposición final duodécima del Real Decreto 26/2020, 7 de julio, establece en su apartado 4:

Se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrantes del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de Seguridad y Salud Laboral para vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) del artículo 7.1, y en el párrafo d) del mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras.

Dicha habilitación se extiende a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas para realizar funciones técnicas comprobatorias, a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con las facultades que tienen atribuidas.

Según el Gobierno, esta facultad está pensada para que se cumplan escrupulosamente las medidas de seguridad y salud impuestas hace un mes, en aras a prevenir el contagio del COVID-19. Y es que durante la desescalada, uno de los principales lugares en el que se corre el riesgo de contagio es en el centro de trabajo.

Por ello, el Gobierno ha facultado de manera extraordinaria y temporal a los a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social a través de las comunidades autónomas para vigilar a las empresas en la implantación de las medidas obligatorias de seguridad e higiene para la protección de sus trabajadores ante el Covid-19.  El Ejecutivo entiende que, de esta manera, se dará una respuesta rápida y eficiente para controlar la pandemia.

Hasta el momento la Inspección de Trabajo se limitaba a simplemente advertir a las empresas sobre la importancia de cumplir con las medidas de seguridad y salud en los centros de trabajo y a dar cuenta a Sanidad, organismo competente para la realización de este tipo de funciones.

A nuestro juicio habilitar a la Inspección de Trabajo para realizar funciones de vigilancia sobre las medidas de seguridad y salud es algo descabellado, puesto que, como se ha puesto de manifiesto, la labor de los Inspectores de Trabajo es actualmente excesiva. No daban abasto con lo que tenían y se les sobrecarga de forma añadida atribuyéndoles una nueva competencia que precisaría habilitar a unos 1.050 funcionarios, algo que a día de hoy es prácticamente imposible.

Si no se atienden las quejas y requerimientos de los sindicatos que representan a los inspectores, está nueva normativa y su consecuente habilitación para inspeccionar el cumplimiento de la normativa de higiene  y salud en la empresa se convertirá en papel mojado o no podrá ser llevada a cabo con la efectividad que se debería.

Junto a ello, no debe olvidarse el posible conflicto de competencias que esta nueva atribución puede suponer, puesto que las funciones que se pretenden asignadas a la Inspección de Trabajo son propias de las autoridades sanitarias, que son las que mejor conocen cómo realizar dichas funciones –para eso están-. Además, cabe recordar que la función de la Inspección de Trabajo es muy amplia, no reduciéndose a la prevención de riesgos laborales, sino que se extiende, entre otras a materias laborales de Seguridad Social y protección social, colocación, empleo, formación profesional para el empleo y protección por desempleo, economía social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en el empleo, funciones de asesoramiento, asistencia técnica y en su caso, de conciliación, mediación y arbitraje.

Parece evidente que la intención del Gobierno es asustar a las empresas, bajo la amenaza de elevadas sanciones, para que cumplan con las medidas de seguridad y salud. Unas sanciones que oscilan entre los 2.046 € y los 40.985 €, en función del número de trabajadores (a más trabajadores, mayor sanción) y también de si la empresa ya ha sido advertida o ha recibido un requerimiento previo. Conviene reseñar que un incumplimiento de las normas de salud e higiene tendrá la consideración de infracción grave de acuerdo con la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).

No obstante lo anterior, no acertamos a entender cómo el Gobierno atribuye otra función -y de vital relevancia- a la Inspección de Trabajo cuando el organismo competente es Sanidad, y mucho menos es comprensible cuando desde los propios sindicatos representantes de los implicados en la medida -los inspectores de trabajo- se ha puesto de manifiesto que la situación y carga de trabajo que están sufriendo es insostenible para cumplir con sus labores habituales, no disponiendo de los medios ni de la plantilla suficiente. El quid de la cuestión no debería radicar tanto en aprobar con bombo y platillos Reales Decretos repletos de medidas, por muy buen fin que pretendan, sino que las medidas aprobadas vinieran de la mano de una asignación de los recursos necesarios para hacerlas aplicables de forma efectiva. El mero deseo de que algo suceda, por grande que sea, desgraciadamente no lo convierte en realidad. Organismos como el SEPE, la INSPECCIÓN DE TRABAJO o la SEGURIDAD SOCIAL, y todos los funcionarios y personal que los componen, tendrán que hacer malabares con la excesiva carga de trabajo, haciendo girar en el aire con sus palillos multitud de platos, pero no podrán hacer la magia que el Gobierno les está pidiendo con la aprobación de esta medida que les habilita para inspeccionar también el cumplimiento de la normativa de salud e higiene frente al COVID-19. Alguno de esos platos caerá y se romperá. Esperemos que no todos.

Por Marga de Matos Pascual