Hoy Moya y Emery te trae la noticia de que han sido aprobadas una bonificación por fijos discontinuos y otras medidas de refuerzo del SECTOR TURÍSTICO:
El Gobierno central aprobó en Consejo de Ministros este pasado viernes una bonificación del 50% en la Seguridad Social por mantener la contratación de fijos discontinuos en el sector turístico, entre julio y octubre, así como para las nuevas incorporaciones.
Al mismo tiempo se han aprobado otras medidas de apoyo al sector turístico español:
• Por un lado, se pone en marcha un sistema de financiación de
proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico.
La dotación presupuestaria del programa será de 216 millones de euros
para el ejercicio 2020. Se prevé la concesión de un máximo de 1.100
préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un
préstamo medio de 200.000 euros.
• Por otro lado, se ha aprobado
la creación del instrumento denominado “Planes de Sostenibilidad
Turística en Destinos”. El objetivo es impulsar el desarrollo de los
destinos turísticos ubicados en áreas rurales y de interior.
• En
tercer lugar, se ha aprobado una moratoria hipotecaria para inmuebles
afectos a actividad turística, a través del otorgamiento de un periodo
de moratoria de hasta doce meses para las operaciones financieras de
carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito. Podrán ser
beneficiarios los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con
domicilio social en España, siempre que experimenten dificultades
financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria.
Moya y Emery
ya te había dado cuenta en una reciente publicación pero queremos
dedicarle una especial y propia por su incidencia, debido a la
importancia del sector del turismo y la hosteleria en Baleares, para los
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE TEMPORADA: en el nuevo paquete de ayudas
aprobadas por el Gobierno hace cuatro días ahora se incluye una AYUDA
EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS DE TEMPORADA, aquellos con una actividad
estacional o cíclica que concentran la gran parte de su actividad durante los meses de verano (autónomos vinculados al turismo, hostelería).
El artículo 10 del nuevo Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, que amplia las prestaciones a autónomos recoge los requisitos para acceder a dicha ayuda extraordinaria, entre ellos el fundamental de haber estado de alta o cotizado en el RETA o RETM como trabajador por cuenta propia durante al menos 5 meses en el período comprendido entre marzo y octubre de los años 2018 y 2019.
Si eres autónomo y quieres saber si cumples con los requisitos para acceder a ésta u otras ayudas, ponte en contacto con Moya y Emery para hacer tu consulta.
Es la sangrante realidad que durante el confinamiento ordenado
durante el estado de alarma los empresarios han visto paralizados sus
ingresos y diferidos, en algunos casos congelados, sus costes fijos de
funcionamiento. A los trabajadores por cuenta ajena se les han
suspendido sus contratos laborales, contribuyendo el Estado al pago de
sus salarios a través del mecanismo de los expedientes de regulación
temporal del empleo – ERTE-.
Lejos de cumplirse los objetivos del gobierno con sus medidas
paliativas, a día de hoy quedan todavía muchos trabajadores sin cobrar
lo debido y además, el Gobierno español parece haber optado por la
fórmula más “facilona” para dar solución a los problemas financieros de
las empresas para afrontar los pagos: QUE SE ENDEUDEN.
Para ello ha decidido avalar a través del Instituto de Crédito Oficial
en un alto porcentaje los préstamos que los empresarios soliciten, amén
de la situación generada por el Covid-19, a las entidades crédito. Pero
se ha dejado en manos de los criterios y las condiciones de los bancos
la distribución del ese dinero avalado por el ICO, lo que implica que
esa pretendida liquidez no estará al alcance real de todas las empresas,
dado que con esta medida los negocios nuevos o jóvenes que no
estuvieron de alta o facturaron lo suficiente durante 2019 no podrán, en
la mayoría de los casos, financiarse de igual modo que una empresa
veterana.
Como profesional de la asesoría legal y financiera a empresas suelo
advertir a las mismas que únicamente deberían financiar aquellas
tensiones de tesorería futuras, paliando la falta de tesorería pasada
mediante otras medidas o mecanismos jurídicos al alcance, como, por
ejemplo, a través de la refinanciación de la deuda con los acreedores.
Soy de la opinión que la estrategia de endeudamiento, como factor
multiplicador (apalancamiento financiero) debe servir de estímulo para
crecimiento empresarial con la implantación nuevos procesos de
innovación en la gestión y de los procesos de producción de la empresa.
La utilización de la estrategia de endeudamiento como factor de
crecimiento de la empresa, la mantendrá en el mercado, supondrá la
creación de empleo sostenible. Considero que es la estrategia de
sostenibilidad empresarial óptima dentro de un intervalo de
proporcionalidad respecto a la inversión realizada por el titular de la
empresa: SOSTENIBILIDAD DEL EMPLEO A TRAVES DEL ENDEUDAMIENTO.
Para muchas empresas, el endeudamiento sirve de apoyo para mejorar la
rentabilidad financiera del propietario de la inversión empresarial.
Pero entiendo que no debería utilizarse el endeudamiento como solución a
cualquier carencia previa relacionada con decisiones no adecuadas en la
dirección o la gestión empresarial, evitando entrar en una situación de
falta de liquidez la cual pondría en serio riesgo la continuidad de la
empresa, con su consecuente destrucción de puestos de trabajo. No hay
que tomar atajos. SE DEBE TRABAJAR LA GESTION ECONOMICA DE LAS EMPRESAS.
A pocas semanas de reiniciarse la actividad económica con las
restricciones impuestas por motivos sanitarios, las empresas volverán a
estar con sus negocios abiertos nuevamente, pero deben ser conscientes
de que tendrán que adaptar sus protocolos internos y externos a la nueva
situación, de que hay volver a planificar sobre la base de los
distintos escenarios -inciertos- que pueden augurarse y que es
imprescindible adaptar el NEGOCIO a las circunstancias.
Una vez solucionadas las tensiones de liquidez y tras la desaparición
de los ERTE fuerza mayor, es aconsejable que las empresas durante el
mes de junio y con efectos 1º de julio negocien con sus trabajadores un
ERTE por motivos objetivos (económicos, técnicos, organizativos y
productivos). El objetivo principal del ERTE ETOP será descargar, de
manera temporal, parte del coste de la plantilla -mediante la suspensión
de contratos de trabajo y/o la reducción de la jornada laboral- sin
prescindir de ningún trabajador. NO HAY QUE DESPEDIR. Debe ser una solución NEGOCIADA con la plantilla. Será una medida TEMPORAL y ante todo debe ser una solución FLEXIBLE,
de forma que sea posible recuperar trabajadores y devolverlos al
desempleo cuando la empresa sufra altibajos de producción o de demanda.
Además, la medida deberá tratar igual a todos los trabajadores, sin
penalizar a unos por encima de otros.
Al igual que ha ocurrido en otros países, el virus no ha desaparecido y hasta que no exista una vacuna con que combatir eficazmente el COVID–19 la empresa deberá tener un plan de contingencia por si se vuelve a paralizarse la actividad económica en España. HAY QUE ESTAR PREPARADO. El empresario ha de intentar abstraerse del flujo constante y en vivo de información mundial, que además es dispar, para concentrarse en su propio negocio, dejando de lado las políticas económicas nacionales. No debe caer en la tentación de diseñar su nuevo plan de acción de acuerdo con las noticias económicas diarias y debe implantar su personalidad propia siendo fiel a sus propias políticas de financiación y configurar una plantilla de trabajadores acorde a las necesidades del negocio. SUERTE A TODOS EN LA NUEVA ERA EMPRESARIAL.
Por Nicolás Emery, para el diario digital Canal4 Diariode Grup 4. Enlace directo a la publicación del diario digital, aquí
Desde Moya & Emery hemos venido advirtiendo de que los inspectores de trabajo han dado inicio a su labor inspectora con respecto a los ERTEs aprobados para comprobar que se ajustan a derecho y, por ello, que las exoneraciones o bonificaciones que conllevan han sido correctamente aplicadas por las empresas o, por contra, deberán ser devueltas.
De cara a clarificar y unificar criterios de actuación, el Área de Coordinación del Ministerio de Trabajo ha elaborado una NOTA INFORMATIVA que fija pautas de actuación a la Dirección Especial y a las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social en los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) tramitados como consecuencia del impacto económico y social causado por el COVID-19, como documento complementario del previamente elaborado por la Dirección General de Trabajo y dirigido a las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas.
En palabras de la propia nota, el objeto del documento “es procurar que las actuaciones de la Dirección Especial y de las Inspecciones Provinciales en los ERTE derivados del COVID-19 sean homogéneas en todo el territorio nacional. Esa homogeneidad implica que las argumentaciones mantenidas en los informes de la ITSS han de ser coherentes, sin perjuicio de que la valoración de las circunstancias de cada caso ha de corresponder a cada funcionario actuante, que conserva su autonomía técnica y funcional a todos los efectos.”
Los aspectos generales más importantes que deben valorarse por la inspección quedan resumidos en los siguientes:
Se considera necesaria la motivación, la justificación y la acreditación de las circunstancias invocadas por la empresa, tanto más cuanto la apreciación de la fuerza mayor dependa de conceptos jurídicos indeterminados (“falta de suministros que impidan gravemente…”, restricciones en el transporte público y… de la movilidad de las personas “que queden debidamente acreditados”, etc.)
Se entiende preciso valorar la proporcionalidad de la medida y el equilibrio en el reparto de cargas. No puede olvidarse que el ERTE por fuerza mayor persigue liberar al empresario de la carga de abonar el salario, cuando la prestación laboral deviene imposible como consecuencia de un hecho externo al círculo de la empresa, imprevisible o, en todo caso, inevitable.
Por tanto, cuando el empresario no tiene una merma de ingresos como consecuencia del hecho externo, no procede la apreciación de fuerza mayor, pues ello provocaría un enriquecimiento injusto del empresario y un perjuicio, tanto para el trabajador, como para el erario público.
Debe tenerse siempre en consideración, a efectos de la existencia de una imposibilidad de mantenimiento del trabajo, la previsión del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, según el cual, “se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo para ello la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario es proporcionado”.
Resulta necesario que la actuación no sólo se centre en la apreciación de la fuerza mayor, sino en la constatación de que no existe fraude, bien porque no se haya producido un cese real de la actividad, bien porque se incluyen trabajadores que no deberían estarlo, o bien por cualquier otra causa.
Puedes ver la nota informativa completa en este enlace.
Tras una introducción sobre todas las medidas aprobadas en la lucha contra el covid-19, el abogado y economista Nicolás Emery, dedicó su intervención durante el consultorio jurídico de Radio Calvià FM a resolver las dudas más comunes concernientes a empresarios y trabajadores, como las siguientes:
¿De qué manera se han reducido el impacto de los gastos fijos durante el estado de alarma?
¿Qué opciones se tienen para ajustar el coste del personal asi como el resto de los gastos fijos de la empresa?
¿Qué significa un ERTE por causas objetivas, como alternativa al ERTE fuerza mayor?
¿Qué pasa si tengo trabajadores con contrato fijos discontinuos? ¿Qué ocurre con las vacaciones y dias festivos?
¿Si después de hacer todos los ajustes de personal sin despedir, la empresa no es viable que hacemos?
Todos los expertos coinciden en que una de las claves empresariales para una más pronta salida de la crisis provocada por el covid-19 es la adecuación de la empresa a las nuevas tecnologías, la innovación y la apuesta por el teletrabajo para aquellos puestos y tareas en las que ello sea posible. Desde lo más simple, como crear una página web para tu empresa -si todavía no la tienes- hasta crear departamentos específicos de investigación y desarrollo.
Echa un vistazo a la nota informativa de la ampliación de la convocatoria de estos bonos digitales y presenta la solicitud para tu empresa y, si tienes dudas al respecto, ponte en contacto con Moya & Emery para que te asesoremos.
Quedan paralizados los
desahucios durante el plazo de 6 meses después del levantamiento del Estado de
Alarma para los alquileres de casas de hasta 900€.
Tampoco los contratos de alquiler que venza dentro del periodo de
Estado de Alarma.
ALQUILERES
¿Qué pasa con los pagos de las cuotas
de alquiler?
Para los arrendatarios: Se crea una línea de microcréditos
avalados al 100% por el Gobierno al tipo intereses del 05, sin comisiones de
apertura, para hacer frente al pago de los alquileres. Estos podrán devolverse
en plazo máximo de 6 años y existen dificultades económicas este plazo se
podrán prorrogar durante 4 años más.
¿Qué pasa con los arrendadores?
En este
punto se ha de distinguir entre los:
Pequeños arrendadores: Los pequeños arrendadores de
viviendas tiene asegurado el cobro de sus rentas. Se entenderá pequeño
arrendador aquel que alquile 9 o menos viviendas.
Grandes arrendadores: El arrendador posee más de 10
viviendas, deberá elegir entre conceder una moratoria de cuatro meses del pago
del alquiler, a devolver en 3 años; o rebajar el 50% del alquiler al inquilino
durante cuatro meses.
SECTOR ABOGACÍA
ABOGADOS AUTÓNOMOS
1- ¿La labor que realiza un abogado se considera servicio o
actividad esencial?
Sí, de
acuerdo con el artículo 1 del RD 10/2020
de 29 de marzo el permiso retribuido no resulta de
aplicación a despacho profesionales, empresas dedicadas a asesoramiento legal,
fiscal, empresarial y socio-laboral. Además de las personas trabajadoras que
prestan servicios esenciales para la administración de justicia.
Por tanto,
los abogados autónomos (independientemente de su régimen de previsión RETA o
Mutua), no se verán afectados por el permiso retribuido.
2- ¿Puede un abogado por ejemplo ir a su despacho o celebrar un
juicio?
Sí, los
abogados podrán desplazarse desde su domicilio hasta su despacho profesional
conforme al artículo 7.1 c) del RD 463/2020 de 14 de marzo: únicamente podrán
circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes
actividades: c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación
laboral, profesional o empresarial.
No obstante,
se recomienda en la medida de lo posible el teletrabajo, quedando limitados los
desplazamientos a los estrictamente necesarios, urgentes e indispensables.
Recordar que los abogados no podrán recibir personalmente a sus clientes en los
despachos.
Respecto a
la celebración de juicios, de acuerdo a la disposición adicional segunda del
mismo RD quedan suspendidos los plazos procesales para todas las órdenes
jurisdiccionales, existiendo excepciones muy limitadas y tasadas
(procedimientos de protección de derechos fundamentales, procedimientos de
conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades
públicas de la jurisdicción social, medidas o disposiciones de protección para
los menores, autorizaciones judiciales para el internamiento no voluntaria por
razón de trastorno psíquico).
Por tanto,
con carácter general y fuera de los supuestos enumerados los abogados no
podrían acudir a juicio, quedan restringidos a aquellas actuaciones procesales
que no estuvieran suspendidas.
ABOGADOS POR CUENTA AJENA
1- ¿Se verán afectados los abogados por cuenta ajena del permiso
retribuido?
Sí,
excepto en aquellos casos que deban asistir a las actuaciones procesales no
suspendidas por el Real Decreto 463/202 y por tanto, cumplan con los servicios
esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo
General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades
Autónomas
SERVICIOS ABOGACÍA Y REGISTROS:
Continuará
la prestación de servicios esenciales del Registro Civil.
Colegios de
abogados en las siguientes actividades:
Asistencia
jurídica gratuita
Servicios
relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.
Cualesquiera
otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.
LA
ABOGACÍA Y EL TELETRABAJO:
A medida que
el coronavirus avanza, más son las empresas que optan por el teletrabajo, entre
ellas se encuentran los despachos de abogados.
Y es que el
mundo de la abogacía está muy bien dotado de servicios tecnológicos de manera
que se pueda seguir prestando un servicio de calidad a los clientes de forma
eficaz y evitando los tiempos de inactividad, pudiendo ser productivos
independientemente de la situación y el lugar de trabajo.
¿Cómo
pueden los abogados mantener la productividad?
Asegurarse
que se tiene acceso a todos los archivos y expedientes, así como aquellos datos
que se requieran.
Tener acceso
a la nube teniendo acceso 24 horas a todos los documentos, correos… sin
necesidad de complejas conexiones de red.
Comprobación
de que se tiene el sistema correcto en los casos de tener que trabajar vía
remoto, ya que pueden existir limitaciones o incompatibilidades.
Eliminar
dispositivos, aplicaciones y actualizaciones innecesarias que gasten recursos
para evitar problemas de conectividad.
SANITARIOS
Y CENTROS DE MAYORES, DISCAPACITADOS O DEPENDIENTES
¿Pueden estos servicios elaborar un ERTE?
No, puesto
que son considerados servicios esenciales, por tanto, deben mantener su
actividad pudiendo únicamente proceder a reducir o suspender la misma
parcialmente en los términos en que así lo permitan las autoridades
competentes.
EMPLEADAS DEL HOGAR
El RD
11/2020 prevé un subsidio para las empleadas del hogar que estuvieran de alta
antes de la entrada en vigor del Estado de Alarma.
Se podrán
beneficiar de ese subsidio, las empleadas del hogar que hayan tenido que dejar
de prestar sus servicios total o parcialmente de forma temporal en aras a
reducir las posibilidades de contagio por causas ajenas a su voluntad e uno o
varios domicilios, todo ello debido al COVID-19.
¿A cuánto asciende la prestación?
al 70% de su
base reguladora.
¿A qué periodo se extiende la
prestación?
El derecho a la prestación será desde la fecha de baja en la
Seguridad Social o desde la fecha que figure en la declaración responsable
firmada por el empleador.
EFECTOS SOBRE LOS 3 SECTORES DE
ACTIVIDAD
EFECTOS SOBRE EL SECTOR PRIMARIO
Se incluyen: las
materias primas, agricultura, ganadería, pesca y acuicultura. Al tenerse que
garantizar los productos de primera necesidad y servicios de producción en este
sector no se pueden presentar ERTE por
fuerza mayor, excepto que concurra alguna de las situaciones urgentes o
extraordinarias reguladas en el artículo 22.1 del RD 8/2020.
Incluidas en este sector también están la explotación forestar y
silvicultura que, pese a no orientarse al abastecimiento de productos
alimentarios, se consideran de suministro de materias primas y por tanto
tampoco se podrán ver afectadas por ERTE a no ser que se acrediten como en el
caso anterior las circunstancias urgentes o extraordinarias.
EFECTOS SOBRE EL SECTOR SECUNDARIO (INDUSTRIAL):
Este sector no está incluido en las actividades de los artículos
9, 10 y anexo del RD 463/2020 que deben suspender sus actividades, con lo cual con carácter general seguirán prestando
sus servicios, respetándose en todo caso el resto de las medidas.
Las empresas de este sector que quieran reducir jornadas o suspender contratos deberán hacerlo con
carácter general por causas económicas y/o productivas.
Las empresas de este sector que quieran reducir jornadas o suspender contratos deberán hacerlo con
carácter general por causas económicas y/o productivas por el procedimiento del
artículo 23 del RD 8/2020, al entenderse que no son causa directa sus posibles
pérdidas del COVID-19.
¿Nunca se puede presentar un ERTE por fuerza mayor en este
sector?
NO. Existen 2
excepciones, que deben ser acreditadas por la empresa:
Falta de suministros por parte de proveedores para el proceso productivo de forma que
no se pueda seguir con la actividad.
Suspensión o cancelación de actividades (pérdida de todos los clientes que
provoque la cancelación o suspensión de actividades).
SECTOR CONSTRUCCIÓN
Tampoco está
incluido en las actividades vetadas o suspendidas de actividad, por tanto con
carácter general también continuarán prestando sus servicios. OJO: tener en
cuenta las paralizaciones del 30 al 9 de abril prevista por el RD 11/2020. Estos días sí se verá suspendida
su actividad.
Por tanto,
en el caso de quererse presentar un ERTE en este sector deberá ser por causas
productivas y/o económicas.
EXISTE UNA EXCEPCIÓN: falta
de proveedores que impida la continuación de la actividad, algo que tendrá que
ser acreditado por la empresa.
SECTOR TERCIARIO (SERVICIOS)
El artículo
10 del RD 463/2020 se establece un listado de actividades que pueden mantener
su actividad al considerarse de primera necesidad, por tanto, los ERTES en
estas actividades no se entenderán como fuerza mayor sino como causa productiva
o económico (descenso de demanda e ingresos).
¿Qué establecimientos y actividades deben permanecer cerrados al
público?
Aparecen
establecidas en los artículos 9 y 10 del RD 463/2020 así como en su Anexo.
Estas actividades son las que por imposición legal deben mantenerse cerradas.
En su caso, las empresas comprendidas en estas actividades sí podrán presentar
un ERTE por fuerza mayor al ser la causa directa de las suspensiones y
reducciones el COVID-19. No obstante, no se considerará fuerza mayor aquella
actividad que pudiera seguir realizándose sin abrirse al público (restaurar
obras de arte).
Los
trabajadores que presten servicios de entrega a domicilio tampoco se verán
afectadas por la fuerza mayor.
Los talleres
de reparación, mantenimiento de vehículos a motor y actividades adicionales
tienen permitida su apertura (no entre el 30-9 de abril) pero de forma
limitada.
¿Hasta dónde llega la restricción de movilidad de las personas
del artículo 7 del RD 463/2020?
Los
ciudadanos no pueden acceder a la vía pública para actividades diferentes a las
previstas en el artículo 7 ni acceder a lugares diferentes a los previstos en
ese artículo.
Se apreciará
la fuerza mayor en actividades que sus reducciones o suspensiones tengan su
causa directa en las restricciones en el transporte público y movilidad de las
personas (ejemplo: agencias inmobiliarias), pese a tenerse que valorar la
posibilidad de seguir trabajando mediante alternativas como el teletrabajo.
OTROS SUPUESTOS DE FUERZA MAYOR
Paralización de la actividad por riesgo
grave e inminente.
No poder proveer a los trabajadores de
los EPIS o no tener los suficientes para toda la plantilla.
Cierre de instalaciones por
recomendaciones sanitarias o del Gobierno.
CONTRATAS Y SUBCONTRATAS (EXCLUÍDAS DEL SECTOR PÚBLICO)
Las empresas
contratistas cuya empresa estuviera afectada por un ERTE por fuerza mayor
podrán igualmente presentar un ERTE por fuerza mayor, se entiende que la
contratista no puede prestar los servicios para los que fue contratada y con
ello es una pérdida directa y justificada en el COVID-19. A sensu contrario, si
la empresa principal puede seguir desarrollando su actividad, la contratista no
se entenderá afectada por fuerza mayor.
Ahora bien,
si la contrata va a percibir los ingresos igualmente pactados en contrato no
cabría ERTE, ya que en caso contrario sería un enriquecimiento injusto. Por
tanto, se ha de analizar caso por caso.
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Existen
medidas específicas en el artículo 34 del RD 8/2020 para cada tipo de contrato:
Casos donde la ejecución sea imposible como consecuencia del
COVID-19 quedan automáticamente suspendidos
desde que se produjo el hecho causante que provoca dicha suspensión y hasta que
pueda reanudarse. El contratista tiene
acreditar la situación y la entidad adjudicadora abonará a la contratista una
indemnización por los daños y perjuicios sufridos (incluye gastos de personal
afectado durante todo el periodo de suspensión). Los contratos de estos
trabajadores no se verán afectados ni por fuerza mayor ni por otra causa.
Contratos de obra pública: pertenecientes al Sector Público y cuya
finalidad no hubiera desaparecido, pero sean imposibles de llevar cabo durante
esta situación, se podrán suspender y darán lugar a una indemnización de la
contratista al personal vinculado a esta obra, por tanto, sus contratos no se
pueden ver suspendidos ni por fuerza mayor ni por otra causa.
Contratos públicos de servicios y
suministros: en
estos casos se prevé el aplazamiento de las obligaciones del contratista, por
tanto, se podrán suspender los contratos de los trabajadores afectados teniendo
en cuenta el sector y supuesto concreto.
Contratos de seguridad, limpieza, mantenimiento de sistemas informáticos entre otros: no existe normativa alguna que contemple estos supuestos por tanto se deberá estar al caso concreto. Si se acredita la imposibilidad de prestar los servicios y pérdidas se podrá apreciar fuerza mayor. En caso contrario, no cabrá suspensión de los contratos ya que en caso contrario (abono del precio sin reducción) se daría un enriquecimiento injusto.
Por Marga de Matos
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MORATORIA
DE COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
La Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS) facilita a las empresas una moratoria
del pago de las cotizaciones a la seguridad social de los sus trabajadores
y a los autónomos una moratoria para el pago de su cuota, sin
intereses, durante un plazo de seis meses, según los siguientes criterios:
en el caso de EMPRESAS
afectará al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de
recaudación conjunta, cuyo periodo de devengo, en el caso de empresas esté
comprendido entre los meses de abril y junio de 2020.
En el caso de AUTÓNOMOS
entre mayo y julio de 2020.
ALCANCE
El alcance de la
moratoria es para aquellas empresas que NO
REALICEN actividades que no se hayan sido suspendidas con ocasión del
estado de alarma declarado por el RD
463/2020, de 14 de marzo.
PRESENTACIÓN
Las solicitudes de
moratoria para empresas se deberán presentar a través del sistema RED.
Las solicitudes de
moratoria para autónomoso trabajadores por cuenta propia lo
deben hacer por sistema REDo
por medio de los sistemas electrónicos disponibles (SEDESS).
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN
Las solicitudes de
moratoria se deberán presentar dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de
ingreso correspondientes a los periodos de devengo, sin que en ningún
momento se pueda solicitar moratoria de pago a los periodos cuyo plazo
reglamentario haya vencido.
COMUNCACIÓN DE LA CONCESION DE LA
MOROTARIA
La concesión de la
moratoria se comunicará dentro del plazo de tres meses al de solicitud.
APLAZAMIENTO EN EL PAGO DE DEUDAS CON
LA SEGURIDAD SOCIAL
Aquellas empresas y
trabajadores autónomos que no puedan solicitar la moratoria de sus cotizaciones
a la seguridad social, podrán solicitar un aplazamientode sus
cotizaciones a la seguridad social, a tipo de interés del 0.05%,
para las cotizaciones cuyo pago se tenga que hacer durante los meses de abril y
junio de 2020.
La solicitud de
aplazamiento se debe hacer utilizando el sistema RED y antes de cumplir los 10
días naturales del plazo de ingresos.
IMPORTANTE
Las empresas que ya
tengan solicitado con carácter previo y/o aprobado un aplazamiento de pago de
sus cotizaciones a la seguridad social no podrán solicitar uno nuevo según el RD 463/2020.
EN RESUMEN
Se han habilitado dos
modalidades para que las empresas puedan posponer el pago de sus cotizaciones a la seguridad social.
MORATORIA
Para aquellas empresas que no hayan visto suspendido su actividad económica a
través del RD
463/2020.
APLAZAMIENTO
Para aquellas empresas que hayan visto suspendidas su actividad económica a
través del RD
463/2020, estén al corriente en el pago de sus cotizaciones y no tengan
solicitado o concedido ningún aplazamiento de pago anterior.
APLAZAMIENTOS DE IMPUESTOS
El Gobierno de la
nación, a fecha de hoy, no ha acordado ninguna suspensión del pago de los
impuestos. Es más, la Ministra de Hacienda ha dicho que necesita el Estado
necesita el ingreso de los impuestos. Por tanto, a los trabajadores autónomos y
PYMES en dificultades no les quedará otra que acudir a la financiación bancaria
para el pago de sus impuestos o utilizar la flexibilidad del RD
7/2020 de 12 de marzo.
Los autónomos y PYMES
cuyo volumen de facturación del año 2019 fuera inferior a 6.101.121,04 € podrán
solicitar aplazar, sin que sea preciso aportar garantía, los impuestos
que tenga vencimiento entre el día 13
de marzo y 30 de mayo de forma extraordinaria y por un plazo máximo de 6 meses y sin intereses durante los primero tres
meses,
El importe máximo a
aplazar por la totalidad de los impuestos: 30.000,00
€
QUE IMPUESTOS SE PUEDEN APLAZAR
IVA – MODELO 303
PAGOS FRACCIONADOS – MODELO 131
RETENCIONES DE TRABAJADORES – MOD. 111
RETENCIONES DE LOS ALQUILERES DE LOCALES – MODELO 115
PAGO FRACCIONADO SOCIEDADES – MOD. 202
LA
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO
Si la solicitud
cumple los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de
marzo,
No será objeto de
inadmisión.
El plazo de pago
será de seis meses
No se devengarán
intereses durante los primeros 3 meses del aplazamiento.
Sin garantía hasta
30.000,00€
DONDE SE PRESENTA LA SOLICITUD
La solicitud se debe presentar
a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.
La solicitud deberá
incluir que se hace en las condiciones del RD
7/2020 de 13 de marzo, marcando la casilla
“Solicitud acogida al Real
Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.” Al
marcar esta casilla, en el apartado de la Propuesta de pago aparecerá el
siguiente mensaje: “Solicitud acogida al Real Decreto-ley 7/2020, de 12
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto
económico del COVID-19.”
El solicitante debe
prestar especial atención a los siguientes campos:
Tipo
de garantías ofrecidas: marcar la opción
“Exención”.
Propuesta
de plazos; nº de plazos: incorporar el
número “1”, dado que sólo se
permite un pago (no cabe
fraccionamiento).
Periodicidad: marcar la opción “No procede”.
Fecha
primer plazo: se debe incorporar la
fecha correspondiente a contar un
periodo de seis meses desde la fecha de fin de plazo ordinario de presentación
de la autoliquidación, debiendo finalizar el plazo en día 5 o 20 (por
ejemplo, la autoliquidación mensual de IVA MOD. 303 del mes de febrero vence el
30 de marzo, de manera que la fecha a incluir sería 05-10-2020).
MUY IMPORTANTE:
Adicionalmente, en el
campo “Motivo de la solicitud” se debe incluir la expresión “Aplazamiento
RDL”.
Presentar la solicitud,
presionando el icono “Firmar y enviar”.
IMPORTANTE
Si el contribuyente tuviera concedido aplazamientos o fraccionamientos de pago para el computo de la EXENCION DE GARANTIA de 30.000,00 € deberá sumar a la deuda actual la suma de las cantidades pendientes de pagar.
ACTUALIZACIÓN SOBRE APLAZAMIENTO DE DEUDAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (09/04/2020)
El día 10 de Abril de 2020 entra en vigor una modificación de las cuantías de las DEUDAS sobre las que se puede solicitar aplazamiento a la Seguridad Social. Según lo aprobado, para las deudas aplazables de cuantía inferior a 150.000 € no será preciso constituir garantía y, para deudas aplazables inferiores a 250.000 € deberá ingresarse 1/3 de la deuda antes desde 10 días desde la concesión del aplazamiento y el resto en los dos años siguientes.
Puede consultar la norma que aprueba esta medida, aquí
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asesoramiento con respecto a cualquier asunto de índole laboral en su
empresa, póngase en contacto
Puede ver la guía Moya & Emery para PYMEs y Autónomos en pdf, aquí
Moratoria de seis
meses, sin intereses para el pago de las cotizaciones a la Seguridad
Social, aunque con algunas condiciones.
Se establece que los autónomos que
hayan suspendido su actividad y pasen a percibir la prestación por cese
de actividad, si no han ingresado en plazo las cotizaciones sociales
correspondientes a los días efectivamente trabajados del mes de marzo podrán
abonarlas fuera del plazo sin recargo.
Aplazamiento de pago de cuotas, así como
el del pago de sus deudas hasta el 30 de junio de este año y una moratoria de las
cuotas por los días trabajados de marzo sin intereses.
Las empresas y autónomos que no tengan
en vigor aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social puedan
solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento del pago de sus
deudas con la Seguridad Social, que deberán ingresar entre los meses de
abril y junio de 2020 sin intereses.
El Real Decreto establece que los
tramites de solicitud de
aplazamientos en el pago de deudas, las moratorias en el pago de cotizaciones y
las devoluciones de ingresos indebidos de la Seguridad Social se podrán hacer a través del sistema de
Remisión electrónico de datos (Sistema
Red).
Se deberán presentar solicitudesindividualizadaspor cada código de cuenta de cotización donde figuren de alta los
trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria en el pago de sus
cotizaciones a la Seguridad y por conceptos de recaudación conjunta.
Las solicitudes de moratoria deberán
comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los
diez primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso
correspondientes a los periodos de devengo señalados anteriormente, “sin
que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo
reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha
solicitud”.
PROHIBICIÓN DE DESAHUCIOS
Se paralizan
durante un plazo de 6 meses tras la declaración del Estado de Alarma los
desahucios en los alquileres de viviendas de hasta 900,00 € de renta.
Los contratos de alquiler con
vencimiento dentro del plazo del estado de alarma se prorrogan.
MICROCRÉDITOS INTERÉS CERO PAGO
ALQUILERES
Se crea una
línea de microcréditosavalados al 100% por el Estado al tipo interés
del 0 %sin comisiones de apertura, para hacer frente al pago de los
alquileres. Estos podrán devolverse en plazo máximo de 6 años y, si existen
dificultades económicas este plazo, se podrán prorrogar durante 4 años
más.
ALQUILERES. PEQUEÑOS VS. GRANDES
PROPIETARIOS
Los pequeños arrendadores (los que
alquilen hasta 9 inmuebles)tienen asegurado el cobro de sus rentas.
El arrendador que posea más de 10
viviendas deberá elegir entre conceder una moratoria de cuatro meses del
pago del alquiler, a devolver en 3 años; o rebajar el 50% del alquiler
al inquilino durante cuatro meses.
MORATORIA DE CRÉDITOS AL CONSUMO Y
AMPLIACIÓN DE MORATORIA HIPOTECARIA PARA AUTÓNOMOS
Se aprueba,
para personas con dificultades económicas, una moratoria de X meses en
el pago de los créditos de consumo.
También se aprueba una moratoriapara
los trabajadores autónomos en el pago de las hipotecas para la compra de locales,
oficinas y despachos.
Se aprobado que, en caso de viajes
combinados cancelados, los clientes podrán disponer de un bono
a utilizar en un año; de no emplearse, se procederá a la devolución
del dinero abonado.
SUBSIDIO ESPECIAL PARA EMPLEADAS DEL
HOGAR
Se ha creado un nuevo subsidio de
desempleo para las trabajadoras empleadas de hogar que estuvieran dadas de
alta antas del 15 de marzo y que hayan dejado de prestar sus servicios,
para evitar el riesgo del contagio a causa de la crisis sanitaria del Covid-19.
Se extiende a las empleadas de hogar que hayan sido despedidas.
La cuantía de esta prestación será del 70%
de la base de cotización de la empleada del hogar.
El derecho a la prestación será desde la fecha de baja en la Seguridad Social o desde la fecha que figure en la declaración responsable firmada por el empleador.
Para acreditar esta situación y
pedir el subsidio ante el SEPE, valdrá con uno de los documentos que se
citan a continuación:
Declaración responsable firmada por el empleador,
Carta de despido
Comunicación de desistimiento
Baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social
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DURANTE LA
DURACION DEL ESTADO DE ALARMA LAS EMPRESAS NO PODRAN REALIZAR DESPIDOS
OBJETIVOS COMO CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA
PROTECCIÓN DEL EMPLEO
(Artículo 2)
La fuerza
mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de
producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos
y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19, no se
podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni
del despido.
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA AGILIZAR
LA TRAMITACIÓN Y ABONO DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
(Artículo 3)
En desarrollo del artículo 25 del Real Decreto-ley
8/2020, se
aprueba un mecanismo más sencillopara la tramitación de la suspensión temporal
de los contratos, que se iniciará con la presentación por parte de la
empresa de solicitud colectiva presentada ante el SEPE, actuando en
representación de los trabajadores. Esta solicitud será en formato oficial
y deberá constar de información individualizada de los datos de
filiación de los trabajadores, los datos del centro de trabajo y la base
cotización. La comunicación referida en
el punto anterior deberá remitirse por la empresa en el plazo de 5 días desde
la solicitud del expediente de regulación temporal de empleo en los supuestos
de fuerza mayor.
FECHA DE EFECTOS DE LA PRESTACIÓN Y
CUANTÍAS A COBRAR
(Disposición Adicional Tercera)
La
fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los supuestos de fuerza
mayor será la fecha del hecho causante de la misma. Cuando la suspensión del
contrato o reducción de jornada no
sea debida a fuerza mayor, la fecha de efectos de la situación legal de
desempleo habrá de ser, en todo caso, coincidente o posterior a la fecha en que
la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada. La
causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberán figurar, en
todo caso, en el certificado de empresa, que se considerará documento
válido para su acreditación.
Las cuantías mínima y máxima de la prestación por
desempleo de las personas afectadas por expedientes de regulación de empleo basados en las causas referidas en esta
disposición adicional se calcularán, de conformidad con los criterios
que se recogen a continuación:
a) La cuantía máxima de la prestación por
desempleo será, en todo caso, del 175 % del indicador público de renta de
efectos múltiples (IPREM), con independencia del número de hijos a su cargo que
tenga la persona trabajadora.
b) La cuantía mínima de la prestación por
desempleo será, en todo caso, del 80 % del indicador público de renta de
efectos múltiples (IPREM), con independencia del número de hijos a su cargo que
tenga la persona trabajadora
Valor oficial IPREM 2020
IPREM Mensual: 537,84
€
IPREM Anual – 12 pagas: 6.454,03 €
IPREM Anual – 14 pagas: 7.519,59 €
INTERRUPCIÓN DEL CÓMPUTO DE LA
DURACIÓN MÁXIMA DE LOS CONTRATOS TEMPORALES
(Artículo 5)
La
suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo y
de interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, supondrá
la interrupción del cómputo de su duración y de los periodos de referencia
equivalentes al periodo suspendido respecto de las personas trabajadoras
afectadas.
La limitación a la duración de los expedientes de
regulación de empleo autorizados al amparo de lo previsto en el art. 22 del Real Decreto-ley
8/2020, reflejada en el
art. 28 de la misma norma, se entenderá aplicable tanto a aquellos
expedientes respecto de los cuales recaiga resolución expresa como a los que
sean resueltos por silencio administrativo, con independencia del
contenido de la solicitud empresarial concreta.
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