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La importancia de la aplicación a raíz de la pandemia de la cláusula “rebus sic stantibus” en los contratos, por Neus Lafuente

Lo que hasta ahora era una cláusula jurídica contractual prácticamente inutilizada y olvidada, la denominada rebus sic stantibus, se ha convertido en la esperanza de muchas familias y, especialmente, de empresarios con contratos de arrendamiento vigentes a quienes, debido a la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 y la consecuente paralización económica, les es imposible hacer frente a las rentas negociadas previamente al coronavirus.

Y, precisamente, esa es la clave de esta construcción doctrinal de una cláusula que se traduce literalmente del latín como “estando así las cosas” y que implica que las estipulaciones recogidas en los contratos tienen en cuenta las circunstancias que concurren en el momento de su firma o celebración, si bien, cualquier alteración sustancial de esas circunstancias iniciales puede dar lugar a la modificación de dichas estipulaciones contractuales iniciales.  

Sobre la base de esta cláusula, la jurisprudencia española permite –en los casos de imposibilidad sobrevenida de cumplir el contrato con motivo de la imprevisibilidad del cambio de las circunstancias– la modificación de los términos en que fue inicialmente pactado un contrato. Esta posibilidad de cambiar los términos pactados se fundamenta en que, en caso contrario, se podrían estar vulnerando los principios jurídicos de la equidad y la buena fe, de ahí que pueda derivar en una modificación de las obligaciones inicialmente asumidas por las partes, como puede ser el pago de la renta. La cláusula viene a ser una corrección y contraposición del principio jurídico histórico pacta sunt servanda, que establece que los pactos deben cumplirse en los términos convenidos.

Al ser fundamentalmente una construcción doctrinal y jurisprudencial, son en último término los Tribunales quienes están estableciendo los requisitos para aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, si bien no existen una lista tasada o estándares de aplicación. En todo caso, los principales criterios para su aplicación son:

  1. Que se produzca una alteración extraordinaria de las circunstancias en que se pactó el contrato la cual suponga un cambio radical de la base fáctica del contrato.
  2. Que exista una desproporción entre las prestaciones de ambas partes del contrato, es decir, que las bases del negocio jurídico-contractual se hayan alterado de tal forma que supongan una ruptura total de los términos de reciprocidad y equivalencia entre las prestaciones en los que el contrato se perfeccionó.
  3. La causa de desproporción debe ser calificada como imprevisible y ninguna de las dos partes podría haberla tenido en cuenta a la hora de perfeccionarse el contrato. Además, los efectos no pueden ser imputables a la parte perjudicada.
  4. No puede existir otro remedio o pacto para conseguir el reequilibrio. Y se debe acreditar que la nueva situación ha generado un desequilibrio en las obligaciones de ambas partes, como podría ser el caso de negocios que han tenido que permanecer cerrados al público por imperativo legal, pero que sin embargo se les ha mantenido la obligación de pago de la renta.

En base a la Sentencia del Tribunal Supremo 5/2019 de 9 de enero de 2019, la imprevisibilidad es la clave para determinar si procede o no la aplicación de esta cláusula, y difícilmente una pandemia mundial pueda ser mejor ejemplo de situación imprevisible e inevitable.

Rigiéndose por estos criterios, se han dictado las primeras resoluciones judiciales en las que se modifican sustancialmente las condiciones del contrato inicialmente pactado, como son:

  • La dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 81 de Madrid, con fecha del 25 de septiembre de 2020, en el que por Auto se acuerda la adopción de medidas cautelares con aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. En este caso, el arrendatario de un local, concretamente una discoteca, cuya apertura no se le permite desde la declaración del Estado de alarma, solicitó la suspensión del pago de la renta hasta la reapertura de la misma y esa petición fue denegada por el arrendador alegando la obligación del cumplimiento de los pactos. Sin embargo, el Magistrado entendió que la prohibición de apertura de los establecimientos debido al Estado de alarma no puede ser considerado como un incumplimiento del arrendatario. Por lo que resolvió que “mientras estén así las cosasse suspende el pago de la renta pactada teniendo que pagar únicamente los gastos comunes del local mientras no pueda retomar la actividad; además, también falló que una vez se le permita abrir únicamente deberá pagar la mitad de lo pactado hasta que se celebre el juicio.
  • Algo parecido ocurre con la resolución 1/2021, 8 de enero, del Juzgado de Primera Instancia 20 de Barcelona  en el que rebajan al arrendatario, dedicado a la hostelería, la renta en un 50%.
  • De igual forma, el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 14 e Palma de Mallorca, en el que se exenta al arrendatario, FERGUS HOTELES, de abonar la renta hasta que transcurra un año desde que presentó su demanda.

Todas las resoluciones judiciales citadas se fundamentan en el mismo argumento: la disminución drástica e involuntaria de los ingresos a consecuencia de las restricciones impuestas frente al COVID19. Es por ello que, teniendo en cuenta la situación actual, estas decisiones judiciales son probablemente las primeras de muchas otras resoluciones que discurrirán en el mismo sentido.

Neus Lafuente

Asesora jurídica en Moya & Emery


Artículo original publicado en Canal4diario


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Nicolás Emery en Canal4 Ràdio sobre las ayudas y subvenciones para autónomos y empresas del Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias

Un día más el abogado y economista Nicolás Emery ha sido invitado al programa 4Directe de Canal4 Radio, en este caso para dar un repaso explicativo a la última norma estatal que ha habilitado ayudas y subvenciones para autónomos y empresas, el Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia expresarial (publicado en el BOE el pasado 13 de maro de 2021).

Los requisitos y condiciones para poder tener acceso a las ayudas, cuándo estarán operativas, referencias a las actividades excluídas de las ayudas y el manifiesto trato discriminatorio hacia dichos sectores, así como otros muchos temas han tenido cabida en la conversacion con #YolandaHernandez.

Además, a continuación puedes ver la reseña de la entrevista al socio y gerente de Moya & Emery en el digital canal4diario.com aquí.


Nicolás Emery: “El decreto ley de medidas urgentes es injusto y discriminatorio porque deja sectores fuera”

Por Redacción Canal4diario.com – 19 marzo, 2021

El abogado economista del despacho Moyà & Emery Abogados, Nicolás Emery, ha asegurado que “el decreto ley de medidas urgentes es injusto y discriminatorio porque deja sectores fuera”.

Emery ha visitado este viernes el programa ‘4 Directe’ de CANAL4 Ràdio, donde ha explicado que “todo el tejido empresarial sin excepción ha visto mermados sus ingresos, por ello, dejar a una empresa fuera del listado de empresas que tienen derecho a acceder a las ayudas es discriminatorio”.

En este sentido, el abogado economista ha señalado que “hay empresas que entran en la lista para optar a estas ayudas estatales pero como no han sufrido una reducción en sus ingresos de un 30% o más, no podrán acceder a ellas y otras empresas que quedan fuera, sí cumplen en requisito”.

Por este motivo, Nicolás Emery considera que el decreto ley debería incluir “a todo el tejido empresarial ya que si tenemos requisitos como las pérdidas mínimas del 30%, incluyamos a todos los sectores ya que hay muchas empresas que no llegarán al mínimo del 30% y no podrán acceder”.

De hecho, Emery ha advertido que “me sorprende mucho que hayan excluido un sector que es turismo 100% como son los souvenirs o talleres mecánicos, pero en cambio, se incluya a videoclubs o empresas de transporte aeroespacial”.

Por otra parte, sobre las ayudas, el abogado ha afirmado que “este decreto ley lo único que deja claro es que destinan cerca de 1 millón de euros a Balears y que se puede aumentar el límite de la reducción de ingresos y el porcentaje que le puede corresponder a cada empresa”, si bien, Emery ha agradecido que estas ayudas sean a fondo perdido.

Eso sí, Nicolás Emery ha señalado que “este dinero de las ayudas, las empresas deben destinarlo a pagar proveedores o pagar deudas con bancos, pero no queda claro si tienen que estar pagadas o no para que puedas pedir la ayuda” y ha añadido que “queda en el aire si las que están al corriente de pago pueden acceder a estas ayudas o son solo para empresas que tienen deudas Covid”.

Por otro lado, sobre el acceso de las ayudas para los autónomos, el experto ha destacado que “los autónomos que vayan por estimación objetiva por módulos recibirán 4.000 euros, el resto funcionará como las pymes”.

Con todo, el abogado economista ha lamentado que “ya hemos empezado a asesorar a gente por el tema de los concursos de acreedores” y ha puntualizado que “encontramos muchas empresas que ya tiran la toalla, que no llegan para este verano”.

Asimismo, Emery espera que las ayudas lleguen lo más pronto posible. “Las ayudas deberían llegar antes de que empiece la temporada turística. En estos momentos , las ayudas que están dando en Balears tardan unos 45 días en darse”.


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De los ERTEs a los EREs

Frente al temor ante el vencimiento de los ERTEs en mayo de 2021, anticipación y estrategia por parte de las empresas

A tres meses de la fecha de vencimiento de vigencia de los actuales Expedientes de Regulación de Empleo -en adelante ERTEs- vinculados a la pandemia mundial de la covid-19, urge a las empresas empezar a pensar una estrategia para mantener su actividad a flote y asegurar su viabilidad, lo cual deberá pasar necesariamente por realizar ajustes de su personal.

Se ha de recordar que los ERTEs, pese a llevar un año acompañándonos, son instrumentos de naturaleza temporal que permiten suspender los contratos de trabajo (que no extinguir o finalizarlos) o reducir las jornadas de trabajo por causas de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas y/o productivas. Con los ERTEs el objetivo es salvar los puestos de trabajo por encima de otras consideraciones.

No obstante, la pandemia de la COVID-19 tiene un componente adicional, que es la inestabilidad, ya que, lo que hasta ahora era un instrumento que ayudaba a las empresas a afrontar una situación transitoria o temporal, se ha convertido en una especie de salvavidas continuado para los trabajadores mediante la protección que se les otorgan en forma de prestaciones y a las empresas por las exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social. El futuro y no muy lejano vencimiento de los ERTEs crea temor ante la incertidumbre de lo que sucederá tras ellos.

Desde la Inspección de Trabajo se ha criticado el mantenimiento de estos ERTEs en sectores de poca viabilidad por el enorme efecto que ha tenido la pandemia sobre ellos. Entiende la Inspección que es totalmente incompatible usar un instrumento de naturaleza temporal, como es un ERTE, en empresas que ya están sentenciadas y que no tienen salvación posible. Prolongar inútilmente la vida de una empresa inviable es lo que se conoce como crear empresas zombis.

Es cierto que la enorme flexibilidad que otorgan los ERTEs hace difícil distinguir cuando se está ante un problema estructural o ante un problema transitorio y salvable en la empresa y cierto es también que la actual pandemia es una situación nueva, sin precedentes en todas las actividades.

Después de casi un año conviviendo con la pandemia y vislumbrándose en el horizonte el fin de las medidas proteccionistas, las empresas ya deberían haber reflexionado o hacerlo sin dilación sobre los próximos pasos o estrategia a seguir que faciliten su viabilidad ante cualquier posible escenario.

AJUSTES DE PERSONAL. DESPIDOS EN EMPRESAS CON ERTE: MARZO, MES CLAVE.

En noviembre de 2020 se empezaron a ver los primeros despidos en empresas acogidas a ERTE, ya que, en mayo, tras el fin del confinamiento, el inicio de la desescalada y el retome de la actividad, empezaron las reincorporaciones de los primeros trabajadores y, con ello, el cómputo de los 6 meses de obligación de mantenimiento de empleo desde esa primera reincorporación (disposición adicional sexta del Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19).

DESPIDOS: INDIVIDUALES O COLECTIVOS (ERE).

En aras a evitar una destrucción masiva de empleo apareció lo que parece una prohibición de despedir, al no entenderse como causa justificativa del despido aquellas que se basaran en causas ETOP o de fuerza mayor que ampararan las reducciones de jornada y suspensiones de contrato, así como la protección del empleo temporal, mediante la prórroga o extensión de los contratos por el tiempo que dicho contrato temporal hubiera estado suspendido.

Superados estos dos obstáculos cualquier empresario puede plantearse la posibilidad de realizar despidos de forma individual (artículo 49.1 k del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores TRLET) o de forma colectiva (ERE previsto en el artículo 51 del TRLET) si las necesidades y la viabilidad de la empresa así lo justifican. ¡Pero ojo con los despidos individuales! Y es que ir despidiendo trabajadores de forma individual, pero en breves lapsos de tiempo, basándose en la misma causa puede llegar a considerarse despido colectivo, ya que el artículo 51 fija los umbrales para entender que se está ante un despido colectivo. Concretamente, se entiende que se está ante un despido colectivo cuando, en un período de 90 días, la extinción afecte, al menos, a:

  • 10 trabajadores, en las empresas que ocupen a menos de 100 trabajadores.
  • El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.
  • 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores.

También se considerará despido colectivo si se afecta a la totalidad de la plantilla cuando el número de afectados sea superior a 5, extinguiéndose la actividad empresarial por causas ETOP.

Si el empresario ha sido cauto y ha tenido en cuenta todo lo estipulado en la normativa COVID-19, entonces no tendrá problema a la hora de seguir con lo previsto en el artículo 51 y podrá realizar el correspondiente ERE, cumpliendo con los requisitos de su trámite:

  • Período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, con una duración no superior a 30 días naturales, o 15 en caso de empresas de menos de 50 trabajadores.
  • Debatir sobre las posibilidades de evitar o mitigar los efectos de la decisión (despidos, medidas de acompañamiento (formación, reciclaje, recolocación…)
  • Constituir una única comisión negociadora compuesta por un máximo de 13 miembros en representación de ambas partes.
  • La comunicación de la apertura del período de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores (con copia a la Autoridad laboral), consignando:
    • causas del despido colectivo
    • número y clasificación profesional de los trabajadores afectados, así como de los empleados habitualmente en el último año,
    • periodo previsto para los despidos,
    • criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados, etc.
    • Al escrito se unirá una memoria, más la correspondiente documentación contable y fiscal y los informes técnicos.
  • Recibida la comunicación, la Autoridad laboral dará traslado de la misma a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (que deberá ser evacuado en quince días).

El período de consultas puede ser sustituido en cualquier momento, de común acuerdo, por un procedimiento de mediación o arbitraje.

  • Transcurrido el período de consultas, el empresario comunicará a la Autoridad laboral el resultado del mismo. Si no hay acuerdo, remitirá a dicha Autoridad y a los representantes de los trabajadores su decisión sobre el despido colectivo.

Alcanzado el acuerdo o comunicada la decisión, el empresario podrá notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados, debiendo transcurrir al menos 30 días entre la fecha de comunicación de la apertura del periodo de consultas a la Autoridad laboral y la fecha de efectos del despido.

  • Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa. Pueden establecerse prioridades de permanencia a favor de otros colectivos (trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad).
  • La decisión empresarial podrá ser objeto de impugnación a través de las acciones previstas para este despido (la interposición de demanda por los representantes de los trabajadores paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta la resolución de aquella).

CONSIDERACIONES SOBRE LA JURISPRUDENCIA SOBRE DESPIDOS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID.

Pese a todo ello, el empresario que decida realizar ajustes de personal en la empresa debe asumir el riesgo de que los despidos llevados a cabo puedan considerarse improcedentes por contravenir la normativa COVID-19 u otras normas del ordenamiento laboral. Hasta la fecha, las decisiones de Jueces y Tribunales se han decantado por considerar que los despidos que incumplían la normativa COVID eran improcedentes y en pocas ocasiones nulos. Solo en un caso, debido a la grave situación por la que pasaba la empresa, se obvió el ERTE que ésta solicitó, declarando procedente el despido de los trabajadores.

Por Marga de Matos Pascual

Abogada de Moya & Emery


Recuerda que en Moya y Emery podemos ayudar a tu empresa a planificar un ajuste de personal y que para ello sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros aquí:


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Resumen del Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia expresarial (BOE 13 de maro de 2021)

Se ha publicado hoy sábado en el BOE y hoy mismo entra en vigor. Puedes descargarlo en pdf a través de este enlace.

Objetivo

  • Proteger el tejido productivo hasta que se logre un porcentaje de vacunación que permita recuperar la confianza y la actividad económica en los sectores que todavía tienen restricciones;
  • evitar un impacto negativo estructural que lastre la recuperación de la economía española;
  • proteger el empleo en los sectores más afectados por la pandemia;
  • y actuar de forma preventiva para evitar un impacto negativo superior sobre las finanzas públicas y los balances del sistema financiero.
  • En línea con la actuación del Estado desde el inicio de la pandemia, se trata de establecer con urgencia y determinación un marco de actuación ágil, que se anticipe a la aparición de los problemas para minimizar el coste público y privado de una acción reactiva.
  • Fijar un marco de protección reforzado que concentre un importante volumen de recursos en proteger y apoyar a aquellas empresas, sectores y territorios potencialmente más vulnerables debido a la duración y el impacto económico de la pandemia, con el fin de reforzar la liquidez y solvencia y evitar el sobreendeudamiento del conjunto de la economía nacional, preservando así el tejido productivo y el empleo, impulsando la inversión y evitando una improductiva destrucción de valor de la actividad económica en España.
  • No se trata de medidas de rescate de empresas que no eran viables antes del estallido de la crisis de la COVID-19, sino de una forma de inversión en favor de la recuperación y crecimiento de aquellas empresas que, a pesar de atravesar dificultades financieras, resultan viables por disponer de un plan a medio plazo factible y un modelo de negocio idóneo.

Quedan establecidos los 4 siguientes tipos de medidas:

1. AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS. NUEVA LÍNEA COVID

Tienen como fin reducir el endeudamiento suscrito a partir del marzo del año pasado. Esta línea goza de una dotación total de 7.000 millones de euros y a través de ella se van a canalizar las ayudas directas a las empresas y autónomos cuya actividad se ha visto más negativamente afectada por la pandemia.

Estas ayudas directas tienen carácter finalista para sus perceptores, quienes podrán emplearlas para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos por ejemplo, relativos al suministro de energía y al coste de cambio de potencia, incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando estas deudas se hayan devengado a partir de 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

2. MEDIDAS PARA LA REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN

Mediante este Real Decreto-ley el Gobierno queda habilitado para adoptar medidas adicionales de flexibilización de los préstamos dotados con aval público, permitiendo así que esta financiación se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración pactados entre los bancos y sus clientes y, por lo tanto, protegiendo la estabilidad financiera. Para ello, se crea una segunda Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID, de 3.000 millones de euros, para permitir, como último recurso tras la articulación del resto de medidas de apoyo a la solvencia, la conversión de parte del aval público en transferencias a las empresas y autónomos más afectados por la crisis que cumplan con los requisitos establecidos por Acuerdo de Consejo de Ministros, dentro de un acuerdo alcanzado con las entidades financieras acreedoras.

Para detallar la articulación de las operaciones de refinanciación y reestructuración de la financiación con aval del sector público y adaptarlas a las necesidades de las diferentes empresas y sectores, se desarrollará el contenido del Código de Buenas Prácticas, que podrá ser suscrito por las entidades financieras para facilitar una adecuada respuesta del sector financiero ante la excepcional situación económica, para reforzar la solvencia empresarial y garantizar la liquidez de cara al futuro.

3. MEDIDAS PARA LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS VIABLES

Con el fin de dar apoyo a las empresas viables pero con su solvencia mermada por la pandemia del COVID-19 y no pueden acceder al fondo gestionado por SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones industriales) se instaura un nuevo Fondo, cuya gestión correrá a cargo de COFIDES, de recapitalización de empresas afectadas por COVID, dotado con 1.000 millones de euros.

4. MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL Y CONCURSAL. PRÓRROGA DE MORATORIAS

Se extienden hasta finales de año las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades como consecuencia de la pandemia puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso. Además, se mantienen las mejoras de agilidad en el proceso concursal, mientras se completa la modernización del régimen concursal español en el marco de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).En esta misma línea, se amplía a cuatro meses el aplazamiento de deudas tributarias sin intereses y se amplían los plazos para la devolución de los créditos públicos gestionados por la Secretaría General de Industria y de la PYME.


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Aprobado hoy viernes 12 de marzo un nuevo Real Decreto-Ley con once mil millones de euros en ayudas directas para autónomos y empresas

*ACTUALIZACIÓN sábado 13 de Marzo: hoy sábado ha sido publicado en el BOE el Real Decreto-ley referido, entrando hoy mismo entra en vigor. Puedes descargarlo en pdf a través de este enlace. También puedes acceder a nuestra última entrada de blog con un resumen más completo de la norma, aquí *

Desde Moya & Emery queremos informar que el Consejo de Ministros extraordinario llevado a cabo hoy viernes 12 de marzo ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a las empresas golpeadas por la pandemia del Covid-19 que viene dotado con 11.000 millones de € en forma de ayudas directas, subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su solvencia.

El Real Decreto-ley establece:

  • Por un lado, la creación de tres fondos de ayuda a autónomos y empresas -viables pero con su situación patrimonial deteriorada por la pandemia- por un total de 11.000 millones de euros;
  • Por otro, la prórroga de las moratorias concursales hasta el 31 de diciembre de 2021;
  • También, una serie de medidas tendentes a facilitar el aplazamiento de deudas tributarias.

Profundiza en esta noticia con la información contenida en los archivos adjuntos siguientes: la nota de prensa de La Moncloa al respecto del nuevo Real Decreto-Ley y el archivo-presentación con gráficas e indicadores económicos.

Línea de ayudas directas a autónomos y empresas

7.000 millones de euros en ayudas a autónomos y empresas cuyos ingresos hayan caído más de un 30% con respecto a 2019 para el pago de proveedores y otros acreedores desde marzo de 2020.

Dentro de este montante, existe una partida especial de 2000 millones para las empresas de las Baleares y Canarias por su especial vinculación y dependencia del sector turístico. Ayudas que pueden alcanzar El 40% de la caída de ingresos de micropymes y autónomos, y al 20% para el resto de las empresas. Se alcanzará la cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos (en régimen de estimación objetiva) y entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de las empresas.

Línea ICO

3.000 millones de € de dotación para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera. Se anticipa la creación de un código de buenas prácticas.

Fondo de recapitalización de empresas y aseguramiento de su solvencia (COFIDES)

Con un importe de 1000 millones de € destinado a empresas que no hayan quedado cubiertas por el fondo SEPI.

Medidas de ámbito concursal

Se prorroga la vigencia de las moratorias concursales previamente adoptadas hasta el 31 de diciembre de 2021: exención del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso y no admisión a trámite de las solicitudes de concurso que presenten los acreedores; y se amplían hasta esa fecha las medidas de carácter procesal tendentes a agilizar estos procesos (tramitación preferente, fomento de la subasta extrajudicial).


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Convocadas nuevas ayudas y subvenciones para empresas en Baleares y Mallorca (BOIB 6 de Marzo de 2021)

Hoy en Moya & Emery queremos informar de que han sido convocadas nuevas subvenciones y ayudas para paliar los efectos del Covid 19, publicadas en el BOIB este fin de semana, destinadas a:

1) COMERCIO MAYORISTA DE MERCANCÍAS, SALAS DE BAILE Y DISCOTECAS (Mallorca)

II Convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la covid-19 al sector del comercio mayorista de mercancías y a las salas de baile y discotecas de Mallorca. Mira la resolución (formato PDF) en el BOIB aquí.


2) EMPRESAS COMERCIALES DETALLISTAS Y DETERMINADAS EMPRESAS DE SERVICIOS, CONTINUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, SERVICIOS EMBLEMÁTICOS (Baleares)

Subvenciones destinadas a fomentar la modernización de las empresas comerciales detallistas y determinadas empresas de servicios, así como la continuidad de los establecimientos comerciales y de determinados servicios considerados emblemáticos, con especial atención a los establecimientos comerciales y determinados servicios afectados por la crisis de la COVID 19. Mira la resolución (formato pdf) en el BOIB aquí.


3) EMPRENDEDORES, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Baleares)

Ayudas a los emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa con actividad en las Illes Balears para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de inversiones productivas y de liquidez para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. Mira la resolución (formato pdf) en el BOIB aquí.


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Anunciadas ayudas directas en Baleares para el sector del transporte vinculado al turismo por 3 millones de €

La Conselleria de movilidad y vivienda ha anunciado esta mañana que el Govern Balear va a convocar próximamente una serie de ayudas directas dirigidas al sector del TRANSPORTE TERRESTRE con especial vinculación con el turismo, por un montante de tres millones de euros, otorgadas a fondo perdido y con el fin de paliar las pérdidas derivadas de la caída de actividad por la pandemia del coronavirus en el:

  • TRANSPORTE DISCRECIONAL Y VTC
  • TAXI
  • TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
  • ALQUILER DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR (RENT-A-CAR)

Permanece atento al blog y las redes sociales de Moya & Emery para mantenerte informado sobre cuándo estarán disponibles las ayudas anunciadas por el Govern balear.


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Neus Lafuente, de Moya & Emery, escribe en el Diario de Ibiza sobre la posible reponsabilidad de la Administración derivada de las restricciones y cierres decretados

El último artículo de Neus Lafuente, que trata sobre la posible responsabilidad patrimonial de las distintas Administraciones que han impuesto cierres o restricciones en diversas actividades -especialmente en las Baleares en los sectores de la hostelería y restauración- por los daños y pérdidas causados a los establecimientos, tuvo cabida hace escasos días en la sección “Tribuna & Opinión” del Diario de Ibiza .

Puedes leer su artículo en formato pdf haciendo clic en este enlace o en la edición digital del periódico aquí.


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Nueva convocatoria de AYUDAS del Consell de Mallorca al sector de los EVENTOS (feriantes, organizadores de bodas, eventos deportivos, MICE, balnearios y baños) y a la RESTAURACIÓN (iii), disponibles desde mañana 21 feb

El Consell de Mallorca ha presentado una nueva convocatoria extraordinaria de AYUDAS para paliar los efectos del Covid-19 con el objetivo de minimizar las consecuencias negativas de la pandemia y reactivar la economía de la isla, en este caso dirigidas:

  • Al sector de los EVENTOS: que incluye a feriantes, organizadores de eventos (bodas, MICE, deportes), balnearios y baños de Mallorca.
  • De nuevo, al sector de la RESTAURACIÓN (la tercera convocatoria de ayudas hasta la fecha para el sector):  restaurantes, bares, cafeterías, heladerías

En ambos casos, la solicitud de dichas ayudas podrá ser realizada a partir de mañana domingo 20 de febrero. Puedes acceder al BOIB con la convocatoria de las bases y requisitos para acceder a las ayudas de la actividad EVENTOS (aquí) y RESTAURACIÓN iii (aquí).

Y recuerda, puedes pedir cita con Moya & Emery y en nuestras oficinas te informaremos de las convocatorias disponibles y te guiaremos en el proceso de solicitud de las ayudas a la restauración (iii), eventos, comercio mayorista y salas de baile, gimnasios y escuelas de danza.


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Nicolás Emery invitado a 4Directe sobre las ayudas para paliar los efectos del Covid19 en Mallorca

El Consell de Mallorca y el Govern de les Illes Balears, han dispuesto una serie de ayudas, a fin de paliar los efectos económicos adversos del COVID-19 en diversos sectores de la actividad: restauración, gimnasios o escuela de danza, comercio mayorista y salas de baile/discotecas. Con estas ayudas, los titulares de esos establecimientos acceder a un mínimo de 1.500 Euros.

Con respecto a quiénes pueden solicitar las ayudas, qué sectores de la actividad pueden beneficiarse, en qué condiciones, por qué cantidades, cómo se tramitan las solicitudes, qué orden se seguirá para el reparto de las ayudas, cuánto puede demorarse la recepción de los pagos y si las partidas oficiales dispuestas para estas ayudas serán suficientes para todos los demandantes y servirán para paliar realmente la situación, la directora de #4Directe de Canal4 Ràdio, #Yolanda Hernández, interrogó al socio y gerente del despacho @Moya y Emery, el abogado y economista Nicolás Emery.


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