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Nota informativa para los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar sobre la gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones incluidas en el Real-decreto 30/2020, de 29 de septiembre

A continuación transcribimos la nota informativa de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina, a la que también puedes tener acceso en formato pdf a través de este enlace:


El Instituto Social de la Marina tiene encomendada, entre otras, la gestión de las prestaciones por desempleo de los trabajadores incluidos dentro del campo de aplicación del Real Decreto 47/2015, de 21 de octubre reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.

Por ello, y en orden a gestionar de una manera más eficaz las prestaciones incluidas en el real decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre, se dictan una serie de pautas para que dicha gestión se realice de forma más rápida, eliminando en la medida de lo posible, los retrasos en el pagos de dichas prestaciones.

A tal fin, se ha habilitado el siguiente buzón 07.ism-baleares.ertes@seg-social.es, para que se envíe la documentación que se indica y referida a empresas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar-

Para la gestión de las distintas prestaciones, habrá que distinguir entre:

A.- SOLICITUDES COLECTIVAS
1.- En el caso de las solicitudes recogidas en los artículos 1 y 9 del real decreto antes señalado, al remitir dichas solicitudes al buzón señalado , en el asunto se consignará “Solicitud ERTE R.D Ley 30/2020” seguido del nombre de la empresa.
2.- Incidencias posteriores al inicio de la prestación
2.1.- Comunicación de altas y/o bajas de I.T, inicio de prestación de nacimiento y cuidado de hijos, una vez ya está reconocida la prestación por desempleo: Dichas incidencias se comunicarán al mismo buzón, consignando en el asunto “incidencia ERTE trabajador DNI/NIE ” y se indicará el número del DNI/NIE, adjuntando parte de baja/alta médicos, o comunicando el inicio del disfrute de la prestación de nacimiento y cuidado de hijo, en cualquiera de los periodos de disfrute.
2.2.- Inclusión de trabajadores en la solicitud colectiva que no deberían de haberse incluido en la misma por encontrarse en situación de I.T., nacimiento y cuidado de hijos o excedencia en el momento de inicio del ERTE. Si hemos incluido en la solicitud inicial, a algún trabajador en el ERTE, que NO lo deberíamos haber incluido, se hará al mismo buzón señalado anteriormente, indicando en el asunto “trabajador reconocido en ERTE sin derecho” e indicar DNI/NIE.
2.3.- Una vez finalizado el periodo indicado en el apartado 2.2 (I.T., nacimiento, excedencia, etc.), se deberá enviar el EXCEL, incluyendo únicamente a dichos trabajadores, indicando en el campo inicio suspensión/reducción el día siguiente a la finalización de dicha causa.

B.- BAJAS DE PRESTACIONES
Las bajas de prestaciones, se pueden enviar bien por el fichero EXCEL, o a través de fichero XML.
B.1 Bajas de prestaciones por colocación continuada sin variaciones de jornada ni reducción
Las bajas de prestaciones, se habrán de comunicar con carácter previo a dicha baja, consignando en el campo día de la baja en la prestación, el día de la colocación (NO el día anterior). El acceso al fichero para su cumplimentación y grabación se hará a través del siguiente enlace: https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/Plantilla-BAJA-ERTE-COVID-19.xlsx., enviando el fichero que se ha generado al buzón indicado con el asunto “Baja ERTE R.D. Ley 30/2020”, seguido del nombre de la empresa. En este caso no se enviarán periodos de actividad de dichos trabajadores.
B.2 Bajas de prestaciones por haber distintos periodos de actividad dentro de un mes y/o reducción de jornada
1.- Se enviará el fichero EXCEL generado en el apartado B.1 anterior siempre consignando como fecha de baja de prestaciones el día 1 del mes que se produzca la baja y/o reducción o en su defecto la fecha en la que el trabajador se incorporó al ERTE si esta es posterior al día del mes en curso. (ej. Alta ERTE 5 de octubre y comienza a variar jornada el 20/10/2020. En este caso la fecha de la baja no sería el 1 de octubre sino el 5 de octubre).
2.- El mes siguiente, en los primeros 25 días naturales, deberemos de cumplimentar el fichero EXCEL al cual se accede en el enlace siguiente , y una vez cumplimentado, debemos de generar el fichero XML con el botón habilitado para ello, siguiendo las instrucciones del propio fichero.
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/asistente-para-generar-ficheros-XML.xlsm
Una vez generado el fichero XML, hay que enviarlo como ya hemos indicado, en los primeros 25 naturales siguientes al mes siguiente a la fecha en que es produjo la baja y/o reducción, a través de la aplicación Certificad@s, que se encuentra en el siguiente enlace:
https://sede.sepe.gob.es/DCertificadosWeb/ActionNavegacion.do?accion=navegacion

Una vez enviado el fichero se tendrá que comunicar al ISM a través del buzón habilitado para ello, el número de envío para proceder a su validación.

Palma, octubre de 2020

Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina
Moll Vell, 15, 07012 Palma de Mallorca
TEL.: 971 227 144 / 137
CORREO ELECTRONICO
CORREU ELECTRÒNIC
illesbalears.dirprov.ism@seg-social.es


¿AUTÓNOMO? Entonces seguro que te interesa el último consultorio jurídico de Moya & Emery en Radio Calvià FM

¿AUTÓNOMO? Entonces seguro que te interesa ver el último consultorio jurídico de Moya & Emery en Radio Calvià FM, con todas las novedades con respecto a las ayudas a trabajadores autónomos desde octubre 2020, sobre las que debes recordar que el plazo para su solicitud finaliza mañana, 19/10/2020.

Además, Nicolás Emery trató más temas: dudas con respecto a la los trabajadores fijos discontinuos y la prestación especial para ellos y también sobre reclamaciones sobre arrendamientos, de parte de los propietarios a los inquilinos a raíz de una reciente sentencia.


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Sobre la ampliación de los ERTEs más allá del 30 de septiembre

¿SE PRORROGARÁN LOS ERTES MÁS ALLÁ DEL 30 DE SEPTIEMBRE?

La respuesta a esta pregunta es la que están esperando muchos empresarios y trabajadores para saber qué deben hacer y en qué situación van a quedar. Y es que a quince días de la fecha fijada para el fin de los ERTES -el 30 de septiembre- todavía no se ha hecho publicación oficial de si éstos van a ser o no prorrogados y las condiciones en que se va a producir esa prórroga en caso de darse.

Lo único que se conoce por el momento es que el Gobierno parece contemplar la posibilidad de alargar los ERTES no hasta final de año sino hasta finales de enero de 2021, es decir, una vez pasadas las fechas de Navidad. Algo a lo que las patronales han mostrado su oposición, entendiendo que determinados sectores como el turístico necesitan de una prórroga mayor, hasta Semana Santa. Se insiste que los ERTES se mantendrán el tiempo que resulten necesarios.

De ser así, quedarían por concretar las futuras exoneraciones y bonificaciones a la Seguridad Social a partir del próximo mes de octubre, así como algunos  temas relativos a las prestaciones por desempleo como el importe que deben recibir las personas afectadas por los ERTES a partir del sexto mes. 

En relación con este último punto, parece haber consenso en cuanto a mantener que el importe a recibir continúe siendo del 70% de la base reguladora y no del 50%, al carecer de sentido dejar a los trabajadores en una situación vulnerable cuando necesitan ayuda más que nunca.

Ahora bien, mantener esta prestación al 70% implica un mayor gasto público con lo cual se plantea la posibilidad de que consuma otras prestaciones como el paro, prestación hasta ahora intacta. Es decir, personas, que tengan o hayan tenido suspendido su empleo más de 6 meses, empezarán a ver como su paro se consume.

¿SE REGULARÁ POR SECTORES ESTA POSIBLE PRÓRROGA Y CONDICIONES?

Es evidente que la incidencia del COVID-19 ha tenido un impacto a nivel general para todo el tejido empresarial, sin embargo, su incidencia no ha sido la misma en todos los sectores. Es manifiesto que las actividades más afectados han sido y son las del sector turístico.

No obstante, las empresas prefieren una regulación general que no por sectores. Se entiende que todas las empresas que mantienen su ERTE es por necesidad no porque así lo deseen.


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Nicolás Emery en Radio Calvià sobre coronavirus, contagios en la plantilla, ERTEs y financiación de las empresas

Moya & Emery en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM del 21 de Agosto de 2020

El pasado viernes el abogado y economista colegiado Nicolás Emery de Moya & Emery dio respuesta en el consultorio jurídico de #RadioCalviaFM, por un lado, a cómo debe actuar el empresario en el caso que un trabajador dé positivo por COVID-19 (caso cofirmado) y otros supuestos como que el trabajador haya tenido contacto estrecho con alguien contagiado o en los casos en que haya simple sospecha de contacto.

Además el gerente de Moya & Emery trató cómo afecta el decreto de cierre de determinadas actividades turísticas y cuáles son las opciones del empresario ante tal situación: enviar a los trabajadores al ERTE, cómo gestionar un ERTE por rebrotes (y su beneficio frente al ERTE parcial y el total) o cómo hacer frente a las necesidades de financiación de la empresa provocadas por la falta de facturación o el cierre forzoso.

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Artículo de opinión de Marga de Matos para Canal4diario

¿Cuántos platillos pueden hacer girar en el aire los malabaristas inspectores de Trabajo?

El Gobierno dice que uno más: el control del cumplimiento de las normas de salud e higiene en el trabajo.

Por si los inspectores de Trabajo no tuvieran ya suficiente carga de trabajo con la campaña específica de inspecciones presentada el pasado 1 de julio de 2020 por parte del Ministerio de Trabajo en aras a controlar y evitar fraude en los ERTES, el Gobierno ha otorgado una nueva facultad extraordinaria a la Inspección de Trabajo: la disposición final duodécima del Real Decreto 26/2020, 7 de julio otorga a los inspectores competencias propias de Sanidad, haciendo caso omiso a las quejas por parte de los sindicatos de la Inspección sobre su falta de medios, recursos y tiempo material para asumir la ingente cantidad de trabajo generada por la pandemia del COVID-19, quienes han facilitado la exorbitante cifra media de 268 ERTES asignados a cada inspector. Ahí es nada.

Concretamente la disposición final duodécima del Real Decreto 26/2020, 7 de julio, establece en su apartado 4:

Se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrantes del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de Seguridad y Salud Laboral para vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) del artículo 7.1, y en el párrafo d) del mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras.

Dicha habilitación se extiende a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas para realizar funciones técnicas comprobatorias, a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con las facultades que tienen atribuidas.

Según el Gobierno, esta facultad está pensada para que se cumplan escrupulosamente las medidas de seguridad y salud impuestas hace un mes, en aras a prevenir el contagio del COVID-19. Y es que durante la desescalada, uno de los principales lugares en el que se corre el riesgo de contagio es en el centro de trabajo.

Por ello, el Gobierno ha facultado de manera extraordinaria y temporal a los a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social a través de las comunidades autónomas para vigilar a las empresas en la implantación de las medidas obligatorias de seguridad e higiene para la protección de sus trabajadores ante el Covid-19.  El Ejecutivo entiende que, de esta manera, se dará una respuesta rápida y eficiente para controlar la pandemia.

Hasta el momento la Inspección de Trabajo se limitaba a simplemente advertir a las empresas sobre la importancia de cumplir con las medidas de seguridad y salud en los centros de trabajo y a dar cuenta a Sanidad, organismo competente para la realización de este tipo de funciones.

A nuestro juicio habilitar a la Inspección de Trabajo para realizar funciones de vigilancia sobre las medidas de seguridad y salud es algo descabellado, puesto que, como se ha puesto de manifiesto, la labor de los Inspectores de Trabajo es actualmente excesiva. No daban abasto con lo que tenían y se les sobrecarga de forma añadida atribuyéndoles una nueva competencia que precisaría habilitar a unos 1.050 funcionarios, algo que a día de hoy es prácticamente imposible.

Si no se atienden las quejas y requerimientos de los sindicatos que representan a los inspectores, está nueva normativa y su consecuente habilitación para inspeccionar el cumplimiento de la normativa de higiene  y salud en la empresa se convertirá en papel mojado o no podrá ser llevada a cabo con la efectividad que se debería.

Junto a ello, no debe olvidarse el posible conflicto de competencias que esta nueva atribución puede suponer, puesto que las funciones que se pretenden asignadas a la Inspección de Trabajo son propias de las autoridades sanitarias, que son las que mejor conocen cómo realizar dichas funciones –para eso están-. Además, cabe recordar que la función de la Inspección de Trabajo es muy amplia, no reduciéndose a la prevención de riesgos laborales, sino que se extiende, entre otras a materias laborales de Seguridad Social y protección social, colocación, empleo, formación profesional para el empleo y protección por desempleo, economía social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en el empleo, funciones de asesoramiento, asistencia técnica y en su caso, de conciliación, mediación y arbitraje.

Parece evidente que la intención del Gobierno es asustar a las empresas, bajo la amenaza de elevadas sanciones, para que cumplan con las medidas de seguridad y salud. Unas sanciones que oscilan entre los 2.046 € y los 40.985 €, en función del número de trabajadores (a más trabajadores, mayor sanción) y también de si la empresa ya ha sido advertida o ha recibido un requerimiento previo. Conviene reseñar que un incumplimiento de las normas de salud e higiene tendrá la consideración de infracción grave de acuerdo con la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).

No obstante lo anterior, no acertamos a entender cómo el Gobierno atribuye otra función -y de vital relevancia- a la Inspección de Trabajo cuando el organismo competente es Sanidad, y mucho menos es comprensible cuando desde los propios sindicatos representantes de los implicados en la medida -los inspectores de trabajo- se ha puesto de manifiesto que la situación y carga de trabajo que están sufriendo es insostenible para cumplir con sus labores habituales, no disponiendo de los medios ni de la plantilla suficiente. El quid de la cuestión no debería radicar tanto en aprobar con bombo y platillos Reales Decretos repletos de medidas, por muy buen fin que pretendan, sino que las medidas aprobadas vinieran de la mano de una asignación de los recursos necesarios para hacerlas aplicables de forma efectiva. El mero deseo de que algo suceda, por grande que sea, desgraciadamente no lo convierte en realidad. Organismos como el SEPE, la INSPECCIÓN DE TRABAJO o la SEGURIDAD SOCIAL, y todos los funcionarios y personal que los componen, tendrán que hacer malabares con la excesiva carga de trabajo, haciendo girar en el aire con sus palillos multitud de platos, pero no podrán hacer la magia que el Gobierno les está pidiendo con la aprobación de esta medida que les habilita para inspeccionar también el cumplimiento de la normativa de salud e higiene frente al COVID-19. Alguno de esos platos caerá y se romperá. Esperemos que no todos.

Por Marga de Matos Pascual

Uso obligatorio de mascarilla en Baleares y nuevas medidas excepcionales de prevención, contención y coordinación frente al Covid-19

Se anunciaron cambios importantes por parte del Govern y finalmente han llegado, si bien de forma matizada: Ayer se publicaba la resolución de la Consejería de Salud y Consumo que modifica medidas previas concretas sobre prevención y contención del coronavirus y que ahora establece la obligatoriedad del uso de mascarilla en las Islas Baleares. Puedes leer la norma publicada en el BOIB aquí y buscar el apartado específico, que alterna la normativa previa, en lo referente a:

  • Distancia interpersonal y uso obligatorio de mascarilla
  • Aforo de reuniones familiares y sociales
  • Ceremonias y celebraciones nupciales
  • Actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas y centros de formación
  • Medidas específicas para la circulación de público espectador o asistente de actos y acontecimientos culturales en espacios cerrados o al aire libre
  • Medidas específicas en agrupaciones corales y bandas de música
  • Condiciones para la apertura de locales de ocio infantil
  • Medidas relativas al transporte público terrestre
  • Medidas relativas a establecimientos de juego y apuestas

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Entra en vigor en las Islas Baleares el régimen sancionador ante incumplimiento de las normas paliativas del covid-19

El pasado viernes entró en vigor el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, norma balear que fija las sanciones ante los incumplimientos de las normas dictadas para paliar los efectos del COVID-19. Haz clic aquí para ver el archivo en formato pdf

El Decreto Ley consta de tres capítulos, 13 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y dos finales.

El capítulo II contiene un régimen específico de infracciones y sanciones, así como las normas de graduación y de responsabilidad.

Del capítulo III destaca la regulación de la actividad inspectora que, en la Administración de la Comunidad Autónoma se encomienda a todo el personal inspector que tiene esta condición con independencia del órgano al que está adscrito y de las competencias materiales concretas atribuidas a este. Así mismo, se prevé que las actas o denuncias por las infracciones previstas en este Decreto Ley que formulen las policías locales, los servicios de inspección insulares y municipales, en el ámbito de sus competencias, se pueden enviar al órgano autonómico previsto para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, siempre respetando el ejercicio de las competencias atribuidas a los municipios y a los consejos insulares para sancionar los hechos y las conductas infractoras, cuando resulte oportuna. Al extender el acta o denuncia, el inspector podrá proponer la adopción de medidas provisionales o incluso adoptarlas de manera inmediata, en supuestos de riesgo grave para la salud de las personas.

La disposición final primera modifica el apartado 2 del artículo 3 del Decreto Ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad de zonas turísticas, y finalmente, la disposición final segunda establece, por una parte, la entrada en vigor inmediata del Decreto Ley, y por otra, la duración de los efectos del mismo hasta que el Gobierno central declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

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Aprobada una bonificación del 50% por fijos discontinuos y otras medidas de apoyo al sector turístico

Hoy Moya y Emery te trae la noticia de que han sido aprobadas una bonificación por fijos discontinuos y otras medidas de refuerzo del SECTOR TURÍSTICO:

El Gobierno central aprobó en Consejo de Ministros este pasado viernes una bonificación del 50% en la Seguridad Social por mantener la contratación de fijos discontinuos en el sector turístico, entre julio y octubre, así como para las nuevas incorporaciones.

Al mismo tiempo se han aprobado otras medidas de apoyo al sector turístico español:

• Por un lado, se pone en marcha un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico. La dotación presupuestaria del programa será de 216 millones de euros para el ejercicio 2020. Se prevé la concesión de un máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un préstamo medio de 200.000 euros.

• Por otro lado, se ha aprobado la creación del instrumento denominado “Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos”. El objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en áreas rurales y de interior.

• En tercer lugar, se ha aprobado una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividad turística, a través del otorgamiento de un periodo de moratoria de hasta doce meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito. Podrán ser beneficiarios los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España, siempre que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria.

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Moya & Emery – Información de contacto

Nueva ayuda extraordinaria para trabajadores autónomos de temporada

Moya y Emery ya te había dado cuenta en una reciente publicación pero queremos dedicarle una especial y propia por su incidencia, debido a la importancia del sector del turismo y la hosteleria en Baleares, para los TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE TEMPORADA: en el nuevo paquete de ayudas aprobadas por el Gobierno hace cuatro días ahora se incluye una AYUDA EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS DE TEMPORADA, aquellos con una actividad estacional o cíclica que concentran la gran parte de su actividad durante los meses de verano (autónomos vinculados al turismo, hostelería).

El artículo 10 del nuevo Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, que amplia las prestaciones a autónomos recoge los requisitos para acceder a dicha ayuda extraordinaria, entre ellos el fundamental de haber estado de alta o cotizado en el RETA o RETM como trabajador por cuenta propia durante al menos 5 meses en el período comprendido entre marzo y octubre de los años 2018 y 2019.

Si eres autónomo y quieres saber si cumples con los requisitos para acceder a ésta u otras ayudas, ponte en contacto con Moya y Emery para hacer tu consulta.

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Nuevo artículo de opinión de Nicolás Emery en Canal4 Diario

Es la sangrante realidad que durante el confinamiento ordenado durante el estado de alarma los empresarios han visto paralizados sus ingresos y diferidos, en algunos casos congelados, sus costes fijos de funcionamiento. A los trabajadores por cuenta ajena se les han suspendido sus contratos laborales, contribuyendo el Estado al pago de sus salarios a través del mecanismo de los expedientes de regulación temporal del empleo – ERTE-.

Lejos de cumplirse los objetivos del gobierno con sus medidas paliativas, a día de hoy quedan todavía muchos trabajadores sin cobrar lo debido y además, el Gobierno español parece haber optado por la fórmula más “facilona” para dar solución a los problemas financieros de las empresas para afrontar los pagos: QUE SE ENDEUDEN. Para ello ha decidido avalar a través del Instituto de Crédito Oficial en un alto porcentaje los préstamos que los empresarios soliciten, amén de la situación generada por el Covid-19, a las entidades crédito. Pero se ha dejado en manos de los criterios y las condiciones de los bancos la distribución del ese dinero avalado por el ICO, lo que implica que esa pretendida liquidez no estará al alcance real de todas las empresas, dado que con esta medida los negocios nuevos o jóvenes que no estuvieron de alta o facturaron lo suficiente durante 2019 no podrán, en la mayoría de los casos, financiarse de igual modo que una empresa veterana.

Como profesional de la asesoría legal y financiera a empresas suelo advertir a las mismas que únicamente deberían financiar aquellas tensiones de tesorería futuras, paliando la falta de tesorería pasada mediante otras medidas o mecanismos jurídicos al alcance, como, por ejemplo, a través de la refinanciación de la deuda con los acreedores. Soy de la opinión que la estrategia de endeudamiento, como factor multiplicador (apalancamiento financiero) debe servir de estímulo para crecimiento empresarial con la implantación nuevos procesos de innovación en la gestión y de los procesos de producción de la empresa. La utilización de la estrategia de endeudamiento como factor de crecimiento de la empresa, la mantendrá en el mercado, supondrá la creación de empleo sostenible.  Considero que es la estrategia de sostenibilidad empresarial óptima dentro de un intervalo de proporcionalidad respecto a la inversión realizada por el titular de la empresa: SOSTENIBILIDAD DEL EMPLEO A TRAVES DEL ENDEUDAMIENTO.

Para muchas empresas, el endeudamiento sirve de apoyo para mejorar la rentabilidad financiera del propietario de la inversión empresarial.  Pero entiendo que no debería utilizarse el endeudamiento como solución a cualquier carencia previa relacionada con decisiones no adecuadas en la dirección o la gestión empresarial, evitando entrar en una situación de falta de liquidez la cual pondría en serio riesgo la continuidad de la empresa, con su consecuente destrucción de puestos de trabajo.  No hay que tomar atajos. SE DEBE TRABAJAR LA GESTION ECONOMICA DE LAS EMPRESAS.

A pocas semanas de reiniciarse la actividad económica con las restricciones impuestas por motivos sanitarios, las empresas volverán a estar con sus negocios abiertos nuevamente, pero deben ser conscientes de que tendrán que adaptar sus protocolos internos y externos a la nueva situación, de que hay volver a planificar sobre la base de los distintos escenarios -inciertos- que pueden augurarse y que es imprescindible adaptar el NEGOCIO a las circunstancias.

Una vez solucionadas las tensiones de liquidez y tras la desaparición de los ERTE fuerza mayor, es aconsejable que las empresas durante el mes de junio y con efectos 1º de julio negocien con sus trabajadores un ERTE por motivos objetivos (económicos, técnicos, organizativos y productivos). El objetivo principal del ERTE ETOP será descargar, de manera temporal, parte del coste de la plantilla -mediante la suspensión de contratos de trabajo y/o la reducción de la jornada laboral- sin prescindir de ningún trabajador. NO HAY QUE DESPEDIR. Debe ser una solución NEGOCIADA con la plantilla. Será una medida TEMPORAL y ante todo debe ser una solución FLEXIBLE, de forma que sea posible recuperar trabajadores y devolverlos al desempleo cuando la empresa sufra altibajos de producción o de demanda. Además, la medida deberá tratar igual a todos los trabajadores, sin penalizar a unos por encima de otros.

Al igual que ha ocurrido en otros países, el virus no ha desaparecido y hasta que no exista una vacuna con que combatir eficazmente el COVID–19 la empresa deberá tener un plan de contingencia por si se vuelve a paralizarse la actividad económica en España. HAY QUE ESTAR PREPARADO. El empresario ha de intentar abstraerse del flujo constante y en vivo de información mundial, que además es dispar, para concentrarse en su propio negocio, dejando de lado las políticas económicas nacionales. No debe caer en la tentación de diseñar su nuevo plan de acción de acuerdo con las noticias económicas diarias y debe implantar su personalidad propia siendo fiel a sus propias políticas de financiación y configurar una plantilla de trabajadores acorde a las necesidades del negocio. SUERTE A TODOS EN LA NUEVA ERA EMPRESARIAL.

Por Nicolás Emery, para el diario digital Canal4 Diario de Grup 4. Enlace directo a la publicación del diario digital, aquí