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Nicolás Emery tratando el Impuesto sobre el Patrimonio, en Ràdio Calvià FM

El abogado y economista Nicolás Emery, aprovechó el último consultorio jurídico en Radio Calvià FM para, antes de dedicarse al tema principal elegido, hacer una serie de recordatorios importantes a los obligados a presentar declaración en esta campaña de la renta 2020 (perceptores del ingresos mínimo vital, perceptores de ingresos de 2 o más pagadores, en especial los trabajadores que hayan estado en ERTE), así como a todos los empresarios afectados por la pandemia del COVID19 con derecho a solicitar las ayudas para la solvencia aprobadas por el Gobierno, que ya pueden empezarse a tramitarse.

Una vez entrado en el tema principal del día–el IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO– el socio y gerente de @Moya & Emery hizo un repaso genérico de las características de este polémico impuesto, de los obligados a presentar declaración, de los mínimos exento de tributación, de las diferencias y bonificaciones existentes en las distintas comunidades autónomas en nuestro país, y de la necesidad de estar bien asesorado a la hora de presentarlo, etc.


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Medidas de diversa índole a aplicar tras la finalización del Estado de Alarma: El Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo resumido

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, que se aplicarán tras la finalización del estado de alarma, declarado por el RD 926/2020, de 25 de octubre para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. La vigencia de dicho estado de alarma fue prorrogada hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021 en virtud del RD 956/2020, de 3 de noviembre.

A propuesta de la Vicepresidencia primera del Gobierno junto con los ministerios de Justicia; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Trabajo y Economía Social; para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Sanidad; Derechos Sociales y Agenda 2030; Igualdad; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el RD recoge las medidas destinadas a dar la necesaria cobertura jurídica y social a distintas situaciones de vulnerabilidad derivadas de la situación de crisis sanitaria, económica y social ocasionadas por la pandemia del COVID-19.

MOTIVACIÓN

La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 no solo ha causado una crisis sanitaria, sino que ha provocado una profunda crisis global, económica y social en nuestro país. Por esta razón, el Real Decreto-ley establece medidas de control sanitario de los pasajeros internacionales para prevenir la introducción de vectores de infección por el SARS-CoV-2 y sus variantes.

Asimismo, prorroga medidas de carácter económico y social, que estaban condicionadas al tiempo de vigencia del estado de alarma y que habían sido puestas en marcha para paliar sus efectos negativos sobre el tejido económico y social o específicamente adoptadas para hacer frente a las situaciones de colectivos con especial vulnerabilidad social y económica.

Además, contiene regulaciones que afectan al régimen de autorización o ratificación judicial de las medidas que hayan de adoptarse, cuando impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales, reforzando su eficacia, rapidez y homogeneidad en todo el territorio nacional.

Durante la vigencia y prórroga del estado de alarma, se han adoptado numerosas medidas a su amparo por las autoridades competentes delegadas, cuya vigencia decaerá en el mismo momento que finalice dicha prórroga. No obstante, la mayoría de dichas medidas pueden articularse en el marco definido por la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; quedando sujetas al control jurisdiccional ordinario.

Asimismo, en el tiempo de vigencia del estado de alarma se han reforzado los instrumentos de cooperación entre las autoridades sanitarias, fundamentalmente el debate y adopción de criterios por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el modelo de gobernanza compartida ha permitido adoptar las medidas de prevención a las condiciones que requiere la situación en cada ámbito territorial, y continúa plenamente vigente, al estar definido el mencionado Consejo Interterritorial en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

En consecuencia, se considera que la legislación sanitaria citada, unida a las previsiones contenidas en el resto de la normativa sanitaria, incluida la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, con las modificaciones puntuales introducidas en el presente Real Decreto-ley, constituyen un marco jurídico suficiente y adecuado para dar respuesta a la situación de crisis sanitaria en las actuales circunstancias epidemiológicas y de control de la enfermedad.

REAL DECRETO-LEY

El Real Decreto-ley se estructura en seis capítulos, quince artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

CAPÍTULO I

El Capítulo I establece una serie de medidas urgentes en el ámbito sanitario, relativas al control en los puertos y aeropuertos de los pasajeros que llegan a España. Su objetivo es detectar de manera rápida la presencia de casos importados de COVID-19 que pudieran generar brotes en nuestro país, así como localizar a los contactos estrechos de los casos, y hacer posible la inmediata adopción de las oportunas medidas de control que impidan la difusión incontrolada de la enfermedad.

Para ello, el sistema de información Spain Travel Health- SpTH permitirá la gestión de la verificación de los certificados digitales, que se puedan habilitar en el marco de la Unión Europea. Mejorará la gestión de los flujos de los pasajeros, en base a las comprobaciones realizadas previas al viaje y facilitará la localización de los viajeros sobre los que haya que realizar medidas adicionales a la llegada para disminuir el riego de importación de casos. Resulta a estos efectos prioritaria la máxima colaboración de las agencias de viaje, los operadores turísticos y compañías de transporte aéreo o marítimo.

CAPÍTULO II

El Capítulo II establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal. Se suspende la obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios hasta el 31 de diciembre de 2021, la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual, y, durante el mismo período, o hasta la celebración de la junta correspondiente, se entenderán prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de los órganos de gobierno. También se permite que la junta pueda celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios, y la posible la adopción de acuerdo sin celebración de junta mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática.

CAPÍTULO III

Por su parte, el Capítulo III establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a situaciones de vulnerabilidad económica y social por las que prorrogan por un plazo de 3 meses, medidas adoptadas para dar cobertura a dichas situaciones. Así, se amplía hasta el 9 de agosto de 2021 la garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables, prevista en la disposición adicional 4ª del Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre. También se extiende esta prórroga a los perceptores del bono social.

Se extienden a 3 meses más las medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda, establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, referidas a la suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda. Se amplía la posibilidad de aplicar una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor a aquellos contratos cuyo vencimiento estuviese establecido entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de 2021. También se extiende, hasta esa fecha, la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y se amplían por ese mismo periodo los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Se extiende hasta el 9 de septiembre de 2021 el plazo para que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria, puedan presentar la solicitud de compensación.

CAPÍTULO IV

El Capítulo IV aborda la situación de las víctimas de violencia de género y prorroga por 3 meses la consideración como servicios esenciales de los servicios públicos de información, asesoramiento, teleasistencia, seguimiento por medios telemáticos, asistencia social integral y acogida para víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, establecidos por Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

Además, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán destinar los fondos que les corresponden del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a desarrollar, en su respectivo ámbito competencial, los programas que sean necesarios para garantizar la prevención, asistencia y protección de las víctimas de violencia de género en el contexto específico de vulnerabilidad derivado de las medidas de contención de la pandemia internacional.

CAPÍTULO V

En el Capítulo V se recogen otras medidas extraordinarias de carácter socioeconómico. Se prorroga el plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, de 36 meses a 24 meses más para evitar que la crisis provocada por la pandemia obstaculice su continuidad y su consolidación como fórmula empresarial clave de la economía social y de la generación de empleo. Se minimizan los riesgos ante la pérdida de la calificación de Sociedad Laboral o ante su desaparición.

Además, se flexibiliza de forma extraordinaria y para el periodo que resta de ejercicio presupuestario, el uso del Fondo de Educación y Promoción de las cooperativas. Esta medida permite, siempre de acuerdo con los principios y valores y con los procedimientos de autogestión democrática que caracterizan a las cooperativas, destinar su Fondo de Educación y Promoción a cualquier actividad que ayude a frenar o paliar los efectos de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, bien mediante acciones propias o bien por medio de donaciones a otras entidades, públicas o privadas, o a dotar de liquidez a la cooperativa para garantizar la continuidad de su funcionamiento.

Finalmente, la necesidad de personal sanitario continúa siendo una realidad mientras se prolongue la situación de crisis sanitaria, por lo que resulta imprescindible facilitar a las administraciones públicas la contratación de dicho personal. Por ello, se considera necesario y urgente mantener la vigencia de la medida relativa a la posibilidad de que los profesionales sanitarios jubilados puedan incorporarse voluntariamente a los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades con Estatuto de autonomía, permitiendo la compatibilidad de la jubilación y el desarrollo de profesiones sanitarias sin que se vea mermada la cuantía de la pensión a percibir.

CAPÍTULO VI

El Capítulo VI regula el recurso de casación contra los autos que en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo dicten los tribunales (Tribunales Superiores de Justicia o Audiencia Nacional), cuando autorizan o revisan las medidas que las autoridades sanitarias dicten en el ámbito sanitario. En aquellos casos que dichas medidas limiten o restrinjan derechos fundamentales con el fin de prevenir, contener y limitar la crisis sanitaria derivada de la pandemia, las autoridades sanitarias pueden acordarlas, sometiéndolas a control judicial, tal y como se recoge en la legislación ordinaria. Es la Ley 3/2020, de 18 de septiembre la que atribuyó a las Salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, la competente para conocer de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas.

El RD prevé la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo dichas decisiones, a fin de garantizar la coherencia del sistema y mejorar la seguridad jurídica. La nueva regulación del recurso de casación hará posible que la tramitación y resolución de estos recursos sea sencilla, ágil, en breve plazo y tenga carácter preferente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que podrá fijar jurisprudencia sobre las cuestiones suscitadas en estos procedimientos de autorización y ratificación judicial de las medidas sanitarias restrictivas o limitativas de derechos fundamentales. De esta manera, se hace posible la aplicación uniforme de dicho marco normativo en todo el territorio nacional.


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Artículo de opinión de Nicolás Emery en Canal4diario.com: Aviso sobre la regularización de módulos de IRPF e IVA en el año 2020

A diferencia de años anteriores, los trabajadores autónomos que tributen por la modalidad de módulos en el IRPF e IVA, en la medida en que quieran optimizar su factura fiscal, tendrán que sacar la calculadora y contar los días que realmente han trabajado.

Por lo general, los contribuyentes que determinan su renta a través de la estimación objetiva por módulos ya pueden calcular desde este mes de diciembre su presupuesto de impuestos de IRPF e IVA para el año 2021. La Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, determina los límites a tener en cuenta.

Los trabajadores autónomos antes de empezar a calcular su presupuesto de impuesto para el año tienen la difícil tarea de calcular de forma correcta su factura de 2020, un año atípico debido a la situación generada por el COVID 19. Por ello, deberán, con la calculadora en la mano, tener en cuenta lo siguiente:

  • Que han de ajustar la variable de trabajo efectivamente realizado, teniendo en cuenta que el estado de alarma ha durado 72 días y, por tanto, deben restar dichos días del cómputo de días trabajados.
  • Que existen actividades económicas que han tenido suspendida su actividad más allá del estado de alarma y, de igual forma, deben computarse correctamente los efectivos días de actividad.
  • Que también deben ajustarse todas las variables que afectan a aquellos signos que tienen ver con el aforo de la actividad, dado que muchas  actividades han visto reducido su aforo en un 50% durante mucho tiempo.
  • Ni que decir tiene que deben hacer lo anterior todas aquellas actividades todavía suspendidas, como los que se dediquen a ciertas actividades de ocio.

Como cabe imaginar, esta tarea de cálculo no es algo sencillo ni siquiera para los que nos dedicamos a ello y, por ello, les recomiendo que acudan al auxilio de un profesional.

Todo lo anterior viene referido al IRPF pero ¿Qué sucede con el IVA? Los signos o módulos son los mismos. La metrología para el cálculo del IVA devengado es el mismo, pero este no es el importe que tendrá que pagar. El trabajador autónomo podrá deducir del IVA devengado calculado por estimación, la totalidad de todos los IVAs soportados durante el año 2020. Ahora bien, habrá de tener en cuenta que los IVAs pagados por compras serán inferiores a los años anteriores, y los IVAs de gastos generales, tales como alquileres de locales de negocio, serán menores debido a la reducción y condonación total o parcial de las rentas.

¿Qué ocurre con el año 2021?

El Ministerio de Hacienda publicó el pasado 4 de diciembre la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, tanto el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. Es habitual durante estas fechas que cada año se actualicen las variables que deben tener en cuenta los trabajadores autónomos que han elegido el cálculo de la base imponible de su actividad económica (IRPF) y el importe del IVA devengado que tendrán que utilizar en la presentación de sus declaraciones del año 2021.

La mencionada Orden ministerial recientemente publicada no introduce modificaciones importantes. No obstante, una vez realizados los cálculos para el año 2021, estos están fuera del alcance del trabajador autónomo, al ser la estimación objetiva una modalidad de tributación voluntaria puede renunciar (o revocar la renuncia) para 2021 presentando el modelo 036 / 037 hasta el 31 de diciembre de 2020 o presentando en plazo la declaración-liquidación correspondiente al primer trimestre del 2021 aplicando el método de estimación directa del IRPF o el régimen general del IVA.

También tendrá que renunciar en los mismos plazos si se ha superado alguno de los límites durante el año 2020.


Artículo original de Nicolás Emery para el diario digital canal4diario.com

Nueva declaración de estado de alarma. Breve resumen del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, a cargo de Marga de Matos

Frente a los últimos datos obtenidos sobre la evolución de la pandemia en nuestro país que denotan un aumento en el número de casos (segunda ola de la pandemia), el Gobierno de la Nación en fecha 25 de octubre de 2020 publicó, el Real Decreto 926/2020 en el que vuelve a declararse el Estado de Alarma afectando a la totalidad del territorio nacional.

A continuación, se expone un breve resumen de su contenido:

El contacto social tanto en espacios públicos como cerrados se ha convertido a día de hoy en uno de los principales focos de contagio (un tercio de los brotes, lo que implica casi  una cuarta parte de los casos).

Es por ello que en este Real Decreto quiere manifestarse la importancia de reducir las reuniones familiares y sociales entre personas no convivientes, el permanecer en el domicilio, evitando desplazamientos si no son de vital importancia y el restringir la actividad nocturna que es donde se han detectado los mayores incumplimientos o relajaciones en cuanto a las medidas adoptadas inicialmente para afrontar el COVID-19.

¿Qué implica la declaración del Estado de Alarma? Que la autoridad competente será el Gobierno nacional (centralización).

¿Quiere decir eso que las CCAA (Comunidades Autónomas) no pueden decidir nada? NO, evidentemente los gobiernos autonómicos y las autoridades sanitarias de las CCAA conocen específicamente la situación de la CCAA con lo cual están mejor posicionados para la toma de ciertas decisiones en función de los datos.

Es por ello que el Gobierno Nacional permite a las autoridades competentes delegadas, poder dictar las resoluciones, disposiciones u órdenes que estimen necesarias sin necesidad de pasar por un procedimiento administrativo.

Por tanto, se trata de una centralización de decisiones con matices y dejando la puerta abierta a ciertas decisiones a las autoridades delegadas de las CCAA.

¿Hasta cuando se mantiene en vigor el nuevo Estado de Alarma?

Hasta el 9 de mayo de 2021 a las 0:00 horas, sin perjuicio de su posible prórroga o derogación previa en función de la evolución de la pandemia. Con lo cual es una fecha referencial.

¿Qué limitaciones introduce el nuevo Real Decreto 926/2020?

Como se ha comentado, los datos han demostrado que la mayoría de los brotes de contagio provienen de las reuniones familiares/sociales tanto en público como en privado y que las actividades realizadas durante el horario nocturno son en las que se han relajado las medidas de seguridad o donde se encuentran la mayor parte de los incumplimientos.

Es por ello que se ha limitado la libertad de circulación entre la franja horaria de 23:00 a 06:00 horas, pudiéndose únicamente circular por alguno de los siguientes motivos:

a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.

d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado.

f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.

Matiz a tener en cuenta: la autoridad competente de cada CCAA podrá flexibilizar dicha franja horaria de la siguiente manera determinar que la hora de inicio de dicha restricción sea entre las 22:00 -00:00 horas y la de finalización sea entre las 05:00-07:00 horas.

¿Hay limitaciones para desplazarse entre CCAA? Sí, los desplazamientos que se entienden como justificados para poder moverse entre CCAA son los siguientes:

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.

g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

La autoridad competente de la CCAA podrá determinar si caben dichas restricciones para ámbitos geográficos inferiores a la CCAA (por ejemplo, a nivel provincial).

¿Cómo quedan las limitaciones de las reuniones en grupo tanto en el ámbito publico como privado?

Se limitan a 6 dichas reuniones tanto en ámbito público como privado, salvo entre convivientes y excepciones en instalaciones, dependencias o establecimientos abiertos al público.

En función de los datos y evolución de la pandemia, la autoridad competente podrá determinar que el límite de 6 personas sea aún inferior, salvo cuando se trata de convivientes.

Fuera de estas limitaciones quedan las actividades laborales, profesionales e institucionales.

IMPORTANTE: todas estas medidas de podrán flexibilizar, modificar o suspender en función de la evolución de la pandemia a nivel nacional y en función de la situación en que se encuentre cada territorio.


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Nueva ayuda extraordinaria para trabajadores autónomos de temporada

Moya y Emery ya te había dado cuenta en una reciente publicación pero queremos dedicarle una especial y propia por su incidencia, debido a la importancia del sector del turismo y la hosteleria en Baleares, para los TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE TEMPORADA: en el nuevo paquete de ayudas aprobadas por el Gobierno hace cuatro días ahora se incluye una AYUDA EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS DE TEMPORADA, aquellos con una actividad estacional o cíclica que concentran la gran parte de su actividad durante los meses de verano (autónomos vinculados al turismo, hostelería).

El artículo 10 del nuevo Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, que amplia las prestaciones a autónomos recoge los requisitos para acceder a dicha ayuda extraordinaria, entre ellos el fundamental de haber estado de alta o cotizado en el RETA o RETM como trabajador por cuenta propia durante al menos 5 meses en el período comprendido entre marzo y octubre de los años 2018 y 2019.

Si eres autónomo y quieres saber si cumples con los requisitos para acceder a ésta u otras ayudas, ponte en contacto con Moya y Emery para hacer tu consulta.

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Nicolás Emery en Radio Calvià FM resolviendo dudas comunes de empresas y trabajadores por el Covid-19

Tras una introducción sobre todas las medidas aprobadas en la lucha contra el covid-19, el abogado y economista Nicolás Emery, dedicó su intervención durante el consultorio jurídico de Radio Calvià FM a resolver las dudas más comunes concernientes a empresarios y trabajadores, como las siguientes:

¿De qué manera se han reducido el impacto de los gastos fijos durante el estado de alarma?

¿Qué opciones se tienen para ajustar el coste del personal asi como el resto de los gastos fijos de la empresa?

¿Qué significa un ERTE por causas objetivas, como alternativa al ERTE fuerza mayor?

¿Qué pasa si tengo trabajadores con contrato fijos discontinuos? ¿Qué ocurre con las vacaciones y dias festivos?

¿Si después de hacer todos los ajustes de personal sin despedir, la empresa no es viable que hacemos?

Actualización para clientes Moya & Emery sobre medidas de índole laboral adoptadas por el Gobierno debido al covid-19 y otra información de interés para empresarios y trabajadores

Estimado cliente,

Como usted es conocedor, los efectos de la pandemia provocada por el virus COVID-19 ha provocado la declaración del estado de alarma con efectos del 14 de marzo, lo que ha supuesto el cierre temporal de locales y establecimientos minoristas, tales como bares, restaurantes, instalaciones deportivas, así como todas aquellas que se detallan en el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y su ampliación, según la redacción dada en el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Como consecuencia de la prohibición de apertura acordada por el Gobierno y otras Administraciones Públicas, con la finalidad de reducir el contacto personal y el contagio del virus, las actividades afectadas son las siguientes:

«Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.». «1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando.» «6. Se habilita al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores, por razones justificadas de salud pública

EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO POR FUERZA MAYOR

Por lo que si su empresa es una de las actividades directamente relacionadas con las actividades cuyos centros deben permanecer cerrados, , debido a la falta de ocupación efectiva, se podrá solicitar un Expediente de Regulación de Empleo  temporal,  tanto suspensivo o por Reducción de Jornada por fuerza mayor

Las principales novedades del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en el ámbito laboral son las siguientes medidas:

En primer lugar la empresa afectada por el RD 463/2020 y su ampliación RD 465/2020 COVID-19 que realice un ERTE no tendrán que pagar las cotizaciones de la Seguridad Social a sus empleados afectados por dicho expediente, dicha exoneración se aplicara tanto en los casos de suspensión de contratos como de reducción de jornada. Sin embargo, de cara al trabajador afectado dichas cotizaciones se considerarán como efectivamente cotizados a todos los efectos (prestación de desempleo, incapacidad temporal, invalidez, jubilación, etc.)

La TGSS no solicitara para ello una solicitud previa de las empresas, sino que directamente se identificaría a través de los envíos de cotización Siltra, o a través del desempleo, SEPE.

Procedimiento

La solicitud de ERTE, se tramitarán en un plazo de cinco días, siendo el Estado el que se hará cargo de que los trabajadores afectados puedan percibir las prestaciones de desempleo, aunque no hayan cotizado lo suficiente, no restando dicho periodo de prestación, al cómputo de prestación que tengan acumulados los trabajadores, si el trabajador no puede cumplir con los plazos de presentación de la solicitud esta se prorrogara automáticamente

AUTÓNOMOS

En el caso de trabajador autónomo, RETA,  que tenga que suspender su actividad, con la consiguiente baja por no poder realizar su actividad, o cuya facturación en comparación al mes anterior se haya visto reducida al menos en un 75% del promedio del ultimo semestre,  podrá percibir la prestación de desempleo , incompatible con otra prestación, y que será de un 70% de la base reguladora de su cotización, esta prestación está prevista por un mes de duración, que podrá ser ampliada si se mantiene el estado de alarma. El tiempo de la prestación tendrá también la consideración de cotizado a todos los efectos.

AUTÓNOMOS CON TRABAJADORES A SU CARGO

En el caso que tengan que cerrar su actividad, podrán solicitar un ERTE para sus trabajadores y al mismo tiempo solicitar la citada prestación para ellos

Para poder acceder a la misma podrán hacerlo a través de la Mutua, si tienen cubierta las contingencias profesionales con ellos, o al SEPE.

TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS

Los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo ante la situación excepcional de este periodo también podrán acogerse a la prestación por desempleo.

PROTECCIÓN AL TRABAJADOR QUE TENGA PERSONAS DEPENDIENTES A SU CARGO

Las personas que tienen familiares dependientes a su cargo, hasta un segundo grado de consanguinidad, podrán organizar su tiempo de trabajo de la manera más satisfactoria para poder atender sus obligaciones de guarda y cuidado. Se entiende que estos trabajadores serán lo que han de atender a personas que lo precisen” por razones de edad, enfermedad o discapacidad”.

Además, también se atenderá como causa excepcional las “decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el Covid-19 que impliquen el cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza”.

Por lo que se facilitará sistemas como el teletrabajo, en la medida que sea posible o en su caso se podrá solicitar la reducción de jornada hasta el 100% su jornada para poder afrontar el cierre de colegios y de otros centros sociales de atención.

REDUCCIÓN DE JORNADA

Quién puede acogerse:  Podrán hacerlo las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto al cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad, hasta el segundo grado de la persona trabajadora”. También en el caso de que, por circunstancias relacionadas con el Covid-19, la persona que se hubiera encargado de estar al cuidado o asistencia no pudiera hacerlo.

La reducción de jornada deberá comunicarse a la empresa con 24 horas de antelación. Es una medida fundamental para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad y se entenderá como el derecho individual de cada uno de los cuidadores. Las modificaciones de jornada deberán solicitarse de manera “justificada, razonable y proporcionada” para acomodarse a las necesidades de organización de la empresa y se limitarán a la duración del periodo de estado de alarma excepcional.

TELETRABAJO

El Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo quiere contribuir a la posibilidad de que las empresas puedan replantearse y adaptar su organización. Para adaptarse de manera flexible a las nuevas condiciones laborales, se flexibilizará y facilitará la posibilidad de que el trabajador se acoja al teletrabajo a través de un sistema de autoevaluación o checklist que cada empleado podrá cumplimentar de forma individual

Estas medidas para implementar el teletrabajo “serán prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad”.

Las empresas deberán hacer un esfuerzo razonable y proporcionado para adaptarse a la situación en curso.

Si quiere plantearnos sus dudas o consultas y recabar nuestro asesoramiento con respecto a cualquier asunto de índole laboral en su empresa, póngase en contacto con nosotros

Por Rosario Moyà

Abogada especialista en Derecho laboral