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Novedades de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital

A continuación, te mostramos las principales novedades y mejores introducidas en la Ley 19/2021 de 20 de diciembre, por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital tras su trámite parlamentario, las cuales serán de aplicación desde el inicio de 2022:

  • Se establece un complemento de ayuda a la infancia, para los beneficiarios de la prestación que tengan menores a cargo y para otras familias de rentas bajas, que no superen el 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar y que no superen el 150% del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar.
  • Se fijan mejoras de la cobertura para colectivos especialmente vulnerables (víctimas de violencia de género, trata y explotación sexual) y jóvenes que han estado bajo la tutela de las entidades públicas.
  • Se equiparan de las condiciones de las familias monoparentales con cuatro o más hijos o menores a cargo.
  • Se exceptúan las prestaciones de personas por dependencia y las prestaciones o subsidios por desempleo del cómputo de rentas
  • Se reduce el plazo de antigüedad de la unidad de convivencia a 6 meses.
  • El requisito de vida independiente para acceder a la prestación de los menores de 30 años se reduce a 2 años.
  • Se introduce la posibilidad de solicitar el IMV con los ingresos del año en curso (elevándose los umbrales de renta y patrimonio) para responder a situaciones de pobreza sobrevenida.
  • Se pone en marcha el Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital, para permitir a las entidades colaboradoras acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación y colaborar así en la gestión del IMV.

Puedes ver la norma en formato pdf aquí.

¿Quieres saber más sobre el ingreso mínimo vital y las novedades introducidas por la Ley 19/2021 de 20 de diciembre? Lee el artículo del portal Noticias Jurídicas que transcribimos a continuación:


Ley 19/2021: Novedades del ingreso mínimo vital

FUENTENoticiasJuridicas.com REDACCIÓN

La nueva normativa introduce un complemento de ayuda a la infancia y mejora la cobertura de colectivos especialmente vulnerables

Tras su trámite parlamentario, se han introducido en esta ley una serie de mejoras, que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2022. Una de ellas es el complemento de ayuda a la infancia, que llegará a los beneficiarios de la prestación con menores a cargo, pero también a otras familias de rentas bajas, ya que se elevarán los umbrales de renta garantizada y patrimonio establecidos para cada tipología de hogar, y que analizaremos más adelante (para menores entre 0 y 18 años)

Los hogares que lo recibirán serán aquellos que no superen el 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar y que no superen el 150% del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar; por lo tanto, lo cobrarán los actuales perceptores del IMV con menores a su cargo y otros hogares de rentas bajas, pero no en pobreza extrema.

Además, se han introducido mejoras para ampliar la cobertura de colectivos especialmente vulnerables (víctimas de violencia de género, trata y explotación sexual), como los jóvenes que han estado bajo la tutela de las entidades públicas. También se han igualado las condiciones de las familias monoparentales con cuatro o más hijos o menores a cargo. Respecto a las personas con discapacidad (superior al 65%) recibirán un complemento del 22% para la unidad de convivencia.

Finalmente, se ha exceptuado del cómputo de rentas las prestaciones que reciben las personas por dependencia y las prestaciones o subsidios por desempleo.

También se facilita el acceso al IMV a través de otras medidas, como la reducción del plazo de antigüedad de la unidad de convivencia de 12 a 6 meses. En el caso de los titulares menores de 30 años, se ha rebajado de 3 a 2 años el requisito de acreditación de vida independiente para solicitar la prestación.

Otras mejoras a destacar es que se ha convertido en permanente la posibilidad de solicitar la prestación con los ingresos del año en curso y se han elevado los umbrales de renta y patrimonio para estos casos, con el fin de que el IMV sea más sensible a las situaciones de pobreza sobrevenida.

Recientemente, el Ministerio de Inclusión puso en marcha el Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital, para permitir a las entidades colaboradoras acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación. Con esta medida, se permite a las entidades del tercer sector de acción social, las ONG, colaborar en la gestión del IMV, previa inscripción en dicho registro, otra medida con la que el Ministerio pretende ampliar el número de beneficiarios de la prestación.

La Ley 19/2021, con entrada en vigor el 1 de enero de 2022, se estructura en nueve capítulos, cuarenta y un artículos, diez disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, doce disposiciones finales y cuatro anexos. Veamos un resumen de las principales novedades de la norma:

1.Disposiciones generales

El capítulo I recoge las disposiciones generales del ingreso mínimo vital, regulando el objeto, el concepto y naturaleza, así como sus características. Recordemos que esta figura se considera como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, garantizándose una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias (art. 2.1).

2.Ámbito subjetivo

Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital (art. 4):

a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia (en los términos establecidos en la propia Ley).
b) Las personas de al menos 23 años que no se integren en una unidad de convivencia, siempre que no estén unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.

No se exigirá el cumplimiento del requisito de edad ni el de haber iniciado los trámites de separación o divorcio en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y explotación sexual; tampoco se exigirá a las personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes comunidades autónomas habiendo estado bajo la tutela de Entidades Públicas de protección de menores dentro de los tres años anteriores a la mayoría de edad, o sean huérfanos absolutos, siempre que vivan solos sin integrarse en una unidad de convivencia.

Además, podrán ser beneficiarias las personas que temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o socio-sanitario.

En cuanto a la titularidad, corresponde a las personas con capacidad jurídica que la soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia (en este último caso, la persona titular asumirá la representación de la citada unidad) (art. 5).

La norma incide en la unidad de convivencia, constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. Se regulan, asimismo, situaciones especiales para determinadas personas no integradas en unidades de convivencia (mujeres víctimas de violencia de género, parejas en trámites de separación, personas que abandonaron su domicilio por desahucio, etc., de acuerdo con el art. 6).

Requisitos de acceso (art. 10):

– Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud (hay excepciones a este plazo).
– Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes.

Otro de los puntos de interés es la situación de vulnerabilidad económica, que toma en consideración la capacidad económica de la persona solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, computándose los recursos de todos sus miembros (art. 11.1).

3.Acción protectora

Como sabemos, el ingreso mínimo vital consiste en una prestación económica que se fija y se hace efectiva mensualmente (art. 12).
La cuantía mensual de la prestación vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales. Es renta garantizada (art. 13.2):

a) En el caso de una persona beneficiaria individual, ascenderá al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dividido por doce. Se le sumará un complemento del 22% si el beneficiario individual tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

b) En la una unidad de convivencia, la cuantía mensual se incrementará en un 30% por miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo del 220%. Y a esta cuantía puede sumarse un complemento de monoparentalidad equivalente a un 22% de la cuantía de la letra a) si la unidad de convivencia es monoparental. También puede sumarse un 22% más si en la unidad de convivencia se incluye alguna persona con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%.

La cuantía del llamado complemento de ayuda para la infancia será, como se avanzó anteriormente, una cantidad mensual por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia, en función de la edad cumplida el día 1 de enero del correspondiente ejercicio, con arreglo a los siguientes tramos:

-Menores de tres años: 100 euros.
-Mayores de tres años y menores de seis años: 70 euros.
-Mayores de seis años y menores de 18 años: 50 euros.

Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros.

La Ley regula también el derecho a la prestación y pago, la duración (mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos legales), la modificación y actualización de la cuantía (mediante la revisión por la entidad gestora), la suspensión del derecho (por pérdida temporal de algún requisito, o incumplimiento temporal de alguna obligación, como medida cautelar, etc.), la extinción total (incluyendo el fallecimiento, la pérdida definitiva de los requisitos, la posible resolución sancionadora, la renuncia, etc.), el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, reglas sobre el cómputo de los ingresos y el patrimonio, la acreditación de los requisitos, la obligación de comunicación de los certificados por parte de los servicios sociales hacia la entidad gestora, y normas sobre cesión de datos y confidencialidad de los mismos.

4.Procedimiento

Es de aplicación lo previsto en el art. 129 LGSS, sin perjuicio de algunas especialidades.

La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social; las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social el oportuno convenio que les habilite para ello.

Tras la oportuna solicitud (art. 27) se inicia la tramitación del expediente (art. 28) que culmina con resolución del INSS en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de entrada en el registro de dicha solicitud. En cualquier caso, corresponde a este órgano la supervisión del cumplimiento de los requisitos.

5.Cooperación entre las Administraciones públicas

La norma distingue la cooperación administrativa en el ejercicio de las funciones de supervisión (art. 30), la cooperación para la inclusión social de las personas beneficiarias (mediante estrategias del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones en colaboración con departamentos ministeriales, comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones empresariales y sindicales mas representativas, etc., según el art. 31).

La regulación se completa con mecanismos de colaboración con las Administraciones (asistencia recíproca entre órganos e intercambio de información) y la creación de dos órganos: la Comisión de seguimiento, como órgano de cooperación administrativa para el seguimiento de aplicación del contenido de la Ley, y el Consejo consultivo, órgano de consulta y participación de las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones sindicales y empresariales.

6.Régimen de financianción

Como prestación no contributiva de la Seguridad Social, se financiará de conformidad con lo previsto en el artículo 109 LGSS.

7.Régimen de obligaciones

Entre otras, las personas titulares deben, durante el tiempo de percepción de la prestación (art. 36):

-Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones.
-Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de 30 días naturales desde que estos se produzcan.
-Comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en el Padrón municipal que afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro que forme parte de la unidad de convivencia, en el plazo de 30 días naturales desde que se produzcan.
-Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
-Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al extranjero, tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por un periodo, continuado o no, superior a 90 días naturales durante cada año natural, así como, en su caso, justificar la ausencia del territorio español.
-Presentar anualmente declaración correspondiente al IRPF.
-Si no están trabajando y son personas mayores de edad o menores emancipadas, acreditar, dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la resolución por la que se concede la prestación, que figuran inscritas como demandantes de empleo (existen excepciones a esta obligación).
-En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o actividad económica, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.
-Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
-Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
El régimen se completa con las obligaciones de las personas integrantes de la unidad de convivencia, y también con la obligación de los Ayuntamientos de comunicar los cambios que se produzcan en el Padrón.

8.Infracciones y sanciones

El capítulo VIII de la Ley (arts. 38 a 40) determina la diferenciación entre infracciones leves, graves y muy graves.
Son infracciones leves no proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello no se haya derivado la percepción o conservación indebida de la prestación.

Son infracciones graves:

a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50% de la que le correspondería.
b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de 30 días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50% de la que le correspondería.
c) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves del mismo tipo.
d) El incumplimiento de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
e) El incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica.

Son infracciones muy graves:

a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50% de la que le correspondería.
b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de 30 días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50% de la que le correspondería.
c) El desplazamiento al extranjero, por tiempo superior a noventa días al año, sin haber comunicado ni justificado al INSS con carácter previo su salida de España.
d) Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, mediante la aportación de datos o documentos falsos.
e) La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves del mismo tipo.
f) El incumplimiento reiterado de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
g) El incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica.

Se añade un catálogo de sanciones, que podrán imponerse en los grados mínimo, medio y máximo. A grandes rasgos, y sin perjuicio de algunas especialidades:

-Las infracciones leves serán sancionadas con el apercibimiento de la persona infractora.
-Las infracciones graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo de hasta 3 meses. Se castigarán en su grado mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo de un mes, en su grado medio de 2 meses y en su grado máximo de 3 meses (cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción consistirá en el deber de ingresar tres mensualidades de la prestación).
-Las infracciones muy graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo de hasta 6 meses. Se castigarán en su grado mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo de 4 meses, en su grado medio de 5 meses y en su grado máximo de 6 meses.

Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracción muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa, dentro de los 5 años anteriores a la comisión de una infracción muy grave, se extinguirá la prestación y acarreará la imposibilidad de que el sujeto infractor resulte persona beneficiaria durante 5 años.

9.Régimen de control interno de la prestación

El artículo 41 conforma el capítulo IX y último regulando la modalidad de control sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación de la prestación, que será la función interventora y el control financiero permanente, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria; se exceptúa la relación de las comunidades autónomas con el INSS, para la que se reserva la modalidad de control financiero permanente de forma exclusiva.

10. Últimas disposiciones

La norma se cierra con:

Disposiciones adicionales: sobre colaboración de las empresas al tránsito de los beneficiarios del IMV a la participación activa en la sociedad; la competencia del Registro de Prestaciones Sociales Públicas; la concesión de un crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ejercicio 2020 (500 millones de euros); posibles formas de gestión a estudiar por el Ejecutivo; la aplicación en los territorios forales (a través de posibles convenios con encomienda de gestión); la habilitación al titular de la Dirección del INSS para aprobar modelos normalizados; la exención del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios, y también por la expedición del DNI a menores de 14 años; el procedimiento especial de reintegro de renta mínima autonómica indebidamente percibida con motivo del reconocimiento de la prestación del IMV; y el reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia a los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%.

Disposiciones transitorias: se ocupan de los requisitos de las prestaciones económicas del IMV hasta el 31 de diciembre de 2022 (a partir del 1 de enero de 2023 la prestación transitoria devendrá en la prestación de IMV si se cumplen los requisitos legales y el interesado aporta antes del 31 de diciembre de 2022 la documentación que le requiera el INSS); la presentación de solicitudes (que veremos en la parte final); el régimen transitorio de aplicación del control financiero permanente; la exención del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios; la financiación del IMV durante 2020; la asignación por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33% e IMV; la colaboración de las Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la gestión de la prestación; y qué sucederá con los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.

-Por último, la Ley contempla una disposición derogatoria única, doce disposiciones finales (sobre modificación de determinadas normas y anuncio de futuro desarrollo reglamentario) y cuatro anexos (que contienen escalas de incrementos para el cálculo de la renta garantizada y el límite de patrimonio aplicable a los distintos supuestos).

Presentación de solicitudes

Si la solicitud se presentó antes del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

Si la solicitud se presentó a partir del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

FUENTENoticiasJuridicas.com REDACCIÓN


¿Quieres ayuda al respecto del ingreso mínimo vital? Ponte en contacto con Moya&Emery en nuestra oficina de Palma o Calvià:


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Nicolás Emery tratando el Impuesto sobre el Patrimonio, en Ràdio Calvià FM

El abogado y economista Nicolás Emery, aprovechó el último consultorio jurídico en Radio Calvià FM para, antes de dedicarse al tema principal elegido, hacer una serie de recordatorios importantes a los obligados a presentar declaración en esta campaña de la renta 2020 (perceptores del ingresos mínimo vital, perceptores de ingresos de 2 o más pagadores, en especial los trabajadores que hayan estado en ERTE), así como a todos los empresarios afectados por la pandemia del COVID19 con derecho a solicitar las ayudas para la solvencia aprobadas por el Gobierno, que ya pueden empezarse a tramitarse.

Una vez entrado en el tema principal del día–el IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO– el socio y gerente de @Moya & Emery hizo un repaso genérico de las características de este polémico impuesto, de los obligados a presentar declaración, de los mínimos exento de tributación, de las diferencias y bonificaciones existentes en las distintas comunidades autónomas en nuestro país, y de la necesidad de estar bien asesorado a la hora de presentarlo, etc.


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Nicolás Emery con todas las claves, consejos prácticos y respuestas a las dudas habitauales para los obligados a presentar declaración de renta 2020

La Campaña de la RENTA 2020 ha generado muchas dudas en los contribuyentes y obligados a presentar la declaración del IRPF, especialmente por los efectos de la pandemia del Covid19 que ha deparado para muchos trabajadores su inclusión un ERTE, los cuales, al recibir prestaciones por parte del SEPE, habrán tenido en el ejercicio más de un pagador (su empresa, por un lado, y el SEPE, por otro). Estos trabajadores, muy probablemente, deberán hacer una declaración de renta que les saldrá a pagar.

El abogado y economista Nicolás Emery trató de explicar de forma accesible y didáctica a la audiencia de Ràdio Calvià FM todas las novedades de la campaña de la RENTA 2020 e hizo por dar respuesta a las dudas más habituales suscitadas. Comentó los hitos fundamentales del calendario de la RENTA 2020, las principales novedades del IRPF en esta campaña, dio respuesta a qué ocurre si el trabajador ha tenido dos pagadores (ERTE / empleador en su trabajo habitual), si se ha cobrado la ayuda o prestación extraordinaria por cese de actividad, si se ha realizado una reinversión por venta de vivienda habitual, si se ha cobrado el ingreso mínimo vital, además de hablar las deducciones más habituales y también del aplazamiento de pago del impuesto aprobado de manera especial para los trabajadores en ERTE.


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Nicolás Emery en los informativos de Ràdio Calvià FM sobre la campaña de la Renta 2020 y las novedades del IRPF con la pandemia

La pasada semana, Nicolás Emery participó en directo en los informativos de Ràdio Calvià FM a raíz del inicio de la CAMPAÑA DE LA RENTA 2020, y, como en el resto de ocasiones en que ha acudido a los medios de comunicación, ha dado las pautas clave a los oyentes para la confección y presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF.

Recuerda que puedes pedir CITA PREVIA con Moya & Emery a través del correo info@moyaemery.com para que solventemos tus dudas y recibas todo el asesoramiento necesario sobre el impuesto sobre la Renta.


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Nicolás Emery, en IB3 Ràdio, sobre la Campaña de la Renta 2020

Con motivo del inicio de la CAMPAÑA DE LA RENTA 2020, el economista y abogado de Moya y Emery Nicolás Emery ha sido invitado a IB3 Ràdio y, en los micrófonos del programa #Múltiplex, ha abordado todas las claves y novedades para la correcta presentación del impuesto.

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Más precisiones de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Ministerio de Seguridad Social sobre los requisitos del ingreso mínimo vital y su acreditación

La Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el marco de sus precisiones sobre la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, ha publicado también este documento en el que fija su criterio sobre el número máximo de titulares en el domicilio, la acreditación del propio domicilio y la determinación de la unidad de convivencia. Como siempre, Moya & Emery, lo pone a tu disposición para su consulta:


PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE CABE EXTRAER DEL INFORME SOBRE EL ALCANCE DEL APARTADO 7 DEL ARTÍCULO 6 DEL REAL DECRETO-LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL INGRESO MINIMO VITAL, INTRODUCIDO POR EL REAL DECRETO-LEY 30/2020, DE 29 DE SEPIEMBRE, DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO

1.   Precisiones en relación con la consideración de domicilio conforme al artículo 6, punto 7, del RD-Ley 20/2020 a efectos de determinar el número máximo de dos titulares en un mismo domicilio que establece el artículo 5 punto 5 deI mismo:

El artículo 6.7 del RO-Ley 20/2020 dispone:

“7. Si en virtud de un contrato queda acreditado el uso individualizado, por una persona sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en establecimiento hotelero o similar, será considerado domicilio a los efectos previstos en esta norma.

Lo establecido en el párrafo anterior no será aplicable a los pactos o acuerdos entre los convivientes sobre el uso del domicilio o de determinadas zonas del mismo, sin contraprestación económica.”

Conforme a esta disposición, a efectos de determinar el número máximo de titulares en un misma. domicilio, hay que distinguir entre dirección (Calle, número, localidad, código postal … ) y domicilio, de tal forma que en una misma dirección puede haber varios domicilios independientes, si se acredita, mediante contrato· que contemple contraprestación económica o, de ser este verbal; mediante certificación del titular del establecimiento o vivienda, que la persona individual o unidad de convivencia solicitantes del IMV ocupan solamente una habitación o una parte concreta de la vivienda o establecimiento hotelero o similar.

Dentro del domicilio así acreditado es donde se limitará a dos el número máximo de titulares, conforme al artículo 5.5 del RD-Ley 20/2020.

2.   Precisiones sobre la aplicación de lo dispuesto en el punto 3 del artículo 19 del RD-Ley 2012020 (Acreditación de requisitos), en relación con lo dispuesto en el punto 7 del artículo 6 del mismo.

El punto 3 del artículo 19 dispone que: “El domicilio en España se acreditará con el certificado de empadronamiento.”

Por tanto, en primer término, y en todos los casos, también en los contemplados en el punto 7 del artículo 6, el domicilio se acreditará mediante el correspondiente  certificado de empadronamiento.

Una vez acreditado el empadronamiento en la dirección que figure en la solicitud; si se trata de un supuesto de los contemplados en el punto 7 del artículo 6, además, el solicitante (individual o unidad de convivencia) deberá acreditar mediante el correspondiente contrato, en los términos expuestos en el punto anterior, que su domicilio, a efectos de lo dispuesto  en  el  RO-Ley  20/2020, se  localiza  en  una habitación o zona concreta    de la vivienda o establecimiento hotelero o similar.

3. Precisiones sobre la determinación de la unidad de convivencia en relación con las previsiones del punto 7 del artículo 6 del RD-Ley 20/2020.

En los supuestos contemplados en el punto  7  del  artículo 6, es decir, aquellos en los  que se acredite debidamente que el solicitante  ocupa  una  habitación  o zona concreta  en un establecimiento hotelero o  similar,  a  cambio  de  una  contraprestación económica, dicho espacio será considerado su domicilio a los efectos de determinar la unidad de convivencia  de la que, en su caso, forma parte.

19 de octubre de  2020


Acerca del informe sobre el requisito de vivir de forma independiente a que se refiere el art. 7.2 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de Mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital en las unidades de convivencia que sufren variaciones antes, durante o después de la solicitud de prestación

Se ha publicado por parte de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este documento que hace referencia, en el marco del INGRESO MÍNIMO VITAL, al requisito de vivir de forma independiente en las unidades de convivencia que sufran variaciones antes, durante o después de la solicitud de la prestación y desde Moya & Emery lo ponemos a tu disposición a continuación:  


PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE CABE EXTRAER DEL “INFORME SOBRE EL REQUISITO DE VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7.2 DEL REAL DECRETO LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL INGRESO MÍNIMO VITAL, EN LAS UNIDADES DE  CONVIVENCIA QUE SUFREN VARIACIONES ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN.”

  1. Requisito de haber vivido de forma independiente.

El artículo 7 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (IMV), en la nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, dispone:

2. Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean menores de 30 años en la fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital, deberán acreditar haber vivido de forma independiente en España, durante al menos los tres años inmediatamente anteriores a la indicada fecha.

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que una persona ha vivido de forma independiente siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en dicho periodo hubiere permanecido durante al menos doce meses, continuados o no, en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, o en una mutualidad de previsión social alternativa al  Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean mayores de 30 años en la fecha de la solicitud, deberán acreditar que, durante el año inmediatamente anterior a dicha fecha, su domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores.

Los requisitos previstos en los párrafos anteriores no se exigirán a las personas que por ser víctimas de violencia de género hayan abandonado su domicilio habitual, a las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.

(…)

4. Los requisitos relacionados en los apartados anteriores deberán cumplirse en el momento de presentación de la solicitud o al tiempo de solicitar su revisión, y mantenerse al dictarse la resolución y durante el tiempo de percepción del ingreso mínimo vital.”

  • El requisito del artículo 7.2 de “haber vivido de forma independiente”, conlleva 2 exigencias:
  • haber vivido de forma independiente en España en un domicilio distinto al de los progenitores, tutores o acogedores durante los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud del IMV,
  • y, además, haber permanecido en situación de alta 12 meses, continuados o no, dentro de dicho periodo.
  • A las unidades de convivencia unidas con vínculo de parentesco no se les exige el requisito de “haber vivido de forma independiente”.
  • El requisito de “haber vivido de forma independiente” tampoco se exige a los mayores de 30 años. A éstos sólo se les exige acreditar que su domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores 1 año inmediatamente anterior a la solicitud del IMV.
  • No se exigirá el requisito de “haber vivido de forma independiente”, aunque el solicitante sea menor de 30 años, en los siguientes casos:
  • personas que por ser víctimas de violencia de género hayan abandonado su domicilio habitual.
  • Personas que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio.
  • personas que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.
  • Dicho requisito sí se exige a los menores de 30 años que viven solos o que comparten domicilio con una unidad de convivencia en la que no están integrados (no tienen vínculo de parentesco).

2.      Cuando se exige haber vivido de forma independiente cuando las unidades de convivencia con vínculo de parentesco se extinguen por el fallecimiento de alguno de sus integrantes, quedando éste como único beneficiario.

  • Si el fallecimiento de uno de los integrantes de la unidad de convivencia provoca que la misma deje de existir por quedar una persona sola, no se exige al miembro supérstite haber vivido de forma independiente.
  • Tampoco se exigirá al miembro supérstite haber vivido de forma independiente si la unidad familiar ya hubiese solicitado el IMV y su reconocimiento se encontrase en trámite.
  • Si no hubiese llegado a solicitarse el IMV por la unidad de convivencia cuando tiene lugar el fallecimiento, sí procede exigir al único solicitante del IMV los requisitos de acceso a la prestación que se exigen a los beneficiarios individuales, entre ellos el de haber vivido de forma independiente.

Madrid, a 6 de noviembre de 2020

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA

Nicolás Emery y Marga de Matos en el consultorio jurídico de Ràdio Calvià FM sobre bonificaciones a trabajadoras autónomas, bonificaciones a la contratación en la hostelería, ingréso mínimo vital y otros temas

Moya y Emery por partida doble, con Nicolás Emery y Marga De Matos Pascual, para tratar en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM sobre los siguientes temas de la actualidad jurídica laboral:

1. Bonificaciones a las autónomas tras su reincorporación al trabajo por nacimiento de hijo/a, adopción, guarda, acogimiento y tutela.
2. Bonificaciones en la contratación (sector hostelería)
3. Ingreso mínimo vital.
4. ERTEs fuerza mayor total y fuerza mayor parcial, sus implicaciones y consecuencias.

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