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Consulta las FICHAS BÁSICAS SOBRE VIDEOVIGILANCIA de la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD)

Puedes conocer, a través de las fichas que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pone a disposición de cualquier interesado, cuáles son los requisitos que debes cumplir para respetar la normativa de protección de datos en todo lo referente a la videovigilancia, como por ejemplo, su uso en una comunidad de personas propietarios, una vivienda o un establecimiento comercial.

A continuación te transcribimos los principios básicos que rigen la normativa sobre videovigilancia (en formato pdf aquí). Además, puedes acceder a la web de la AEPD para ver las guías disponibles para los supuestos contemplados a través de este enlace.

PRINCIPIOS BÁSICOS

  • La captación y/o la grabación de imágenes de personas identificadas, o identificables, con fines de seguridad de personas, bienes e instalaciones mediante cámaras, videocámaras, o cualquier otro medio técnico análogo, constituye un tratamiento de datos personales sometido a la normativa de protección de datos.
  • No está sometido a la normativa de protección de datos el tratamiento de imágenes en el ámbito exclusivamente personal o doméstico por una persona física que sólo capte el interior de su propio domicilio.
  • No se podrán obtener imágenes de espacios públicos con fines de seguridad, actividad que está reservada en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de  Seguridad, salvo imágenes parciales y limitadas que resulten imprescindibles para la vigilancia o sea imposible evitarlas. En ningún caso se pueden captar imágenes en baños, vestuarios o lugares análogos, ni de espacios ajenos.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

  • Previamente a su puesta en funcionamiento, se elaborará el registro de actividades referido a este tratamiento. Se trata de un documento interno. Puede utilizarse la herramienta FACILITA_RGPD disponible en  la  web  de la AEPD cuando no se trate de grandes infraestructuras (estaciones de ferrocarril, centros comerciales). La Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades ofrece un modelo de registro de actividades.
  • La utilización de sistemas de videovigilancia que se limiten a una mera reproducción o emisión de imágenes en tiempo real, sin ser grabadas ni almacenadas, exige también configurar el registro de actividades de tratamiento.

DERECHO DE INFORMACIÓN

  • En todos los casos se deberá informar de la existencia de un sistema de videovigilancia. A este fin se colocará un cartel suficientemente visible en los accesos a las zonas videovigiladas, que indicará de forma clara la identidad del responsable de la instalación, ante quién y dónde dirigirse para ejercer los derechos que prevé la normativa de protección de datos, y dónde obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales. La AEPD ofrece un modelo de cartel en la Guía sobre el uso de videocámaras. Igualmente, se pondrá a disposición de los afectados el resto de la información a la que se refiere el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos.

INSTALACIÓN

La contratación de un servicio de videovigilancia externo o la instalación de las cámaras por un tercero no exime a su titular del cumplimiento de la normativa de protección de datos. No obstante, si se trata de una empresa de seguridad que gestiona el sistema de videovigilancia en el domicilio de las personas físicas, la empresa será el responsable del tratamiento.

SEGURIDAD Y SECRETO

  • El responsable deberá adoptar las medidas de seguridad de carácter técnico y organizativo, en función del análisis de riesgos que se haya realizado previamente. Para facilitar esta labor, consulte la Guía de la AEPD sobre análisis de riesgos.
  • Cuando no se trate de videovigilancia masiva, como podría ser el caso de uso en comunidades de propietarios o pequeños establecimientos, puede utilizarse la herramienta FACILITA_RGPD.
  • El responsable deberá informar a quién tenga acceso a las imágenes sobre sus obligaciones de seguridad (reserva, confidencialidad y sigilo) y de su deber de guardar secreto.
  • Se deberán adoptar medidas que impidan el acceso a las imágenes por parte de personal no autorizado.

CONSERVACIÓN DE LAS IMÁGENES

  • Las imágenes serán conservadas durante un plazo máximo de un mes desde su captación, transcurrido el cual se procederá al borrado.
  • Cuando se produjese la grabación de un delito o infracción administrativa que deba ser puesta en conocimiento de una autoridad las imágenes se acompañarán a la denuncia y deberán conservarse con el único fin de mponerlas a disposición de la citada autoridad sin que puedan ser utilizadas para ningún otro propósito.

NOTA IMPORTANTE

  • Este documento se refiere únicamente a las obligaciones en materia de protección de datos personales. Pueden existir otras normas que impongan requisitos adicionales a la instalación de sistemas de videovigilancia que no han sido recogidos aquí
  • Para una mayor información, se puede consultar la Guía nde la AEPD sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades, así como los folletos específicos relativos a Comunidades de Propietarios; Viviendas; Garajes; Establecimientos Públicos y Control Empresarial.
  • Más información en la Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades

Aún tienes dudas, entonces ponte en contacto con Moya & Emery y pide cita en cualquier de nuestras oficinas, donde podremos brindarte el asesoramiento sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos necesario según tus caso.


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Repasa la propuesta de Prespuestos Generales del Estado y las novedades jurídicas para empresas, profesionales y particulares con Nicolás Emery en Radio Calvià FM

Nicolás Emery dedicó el consultorio jurídico de Ràdio Calvià FM a desgranar la propuesta de Presupuestos Generales del Estado, presentada ayer a debate en el Congreso de los Diputados, haciendo referencia al gasto social previsto, las pensiones, los fondos europeos y, en especial a los fondos para el apoyo industrial. Además, quiso hacer mención a las novedades, hitos y obligaciones jurídicas más importantes para empresas, profesionales y particulares recordándonos que:

• En noviembre entrará en vigor la prohibición de utilizar programas informáticos que permitan la llevanza de doble contabilidad.

• Ayer día 13 de octubre acabó el plazo para solicitar la renovación de los ERTES.

• El próximo 20 de octubre acabará el plazo para presentación de impuestos

• Ha habido modificaciones en el suministro inmediato de información (SII) a la Agencia Tributaria sobre el IVA


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Una empleada de hogar ve reconocida una incapacidad permanente absoluta para ejercer cualquier oficio debido a su fibromialgia

Un Juzgado de lo Social de Sevilla ha reconocido en este caso que la multipatología tanto física como psíquica que afecta a la empleada de hogar, por un lado fibromialgia y por otro un cuadro ansioso-depresivo, le impiden ejercer con continuidad y de manera eficaz, no sólo la suya, sino cualquier profesión y la hacen, por tanto, merecedora de la prestación de incapacidad permanente absoluta por parte del INSS.

Lee más acerca de este caso en la noticia del portal NoticiasJurídicas.com que te transcribimos a continuación:


FUENTE: Noticias Jurídicas AUTORA: Silvia León

Un juzgado reconoce la incapacidad permanente absoluta por fibromialgia a una empleada del hogar

El juez considera que las dolencias le impiden trabajar con continuidad y eficacia

La fibromialgia, así como muchas dolencias “invisibles”, siguen constituyendo hoy un doble lastre para el que los padece. No solo han de luchar diariamente para sobre llevar la fatiga, dolores físicos, depresión sino también con aquellos que cuestionan su capacidad para trabajar o que sus dolencias sean reales. Este es el caso de una empleada de hogar a quien el Juzgado de lo Social de Sevilla le ha reconocido finalmente la incapacidad permanente absoluta, por entender que la fibromialgia y la depresión que padece le limitan para el desempeño de cualquier actividad laboral, en contra del criterio de la Seguridad Social.

El letrado de la demandante, Alvaro Jiménez Bidón, socio del despacho Jiménez Bidón Abogados, comenta como “pese al cuadro multipatológico cronificado en el tiempo y de incierta recuperación de esta trabajadora de sólo 44 años, el INSS le negó la incapacidad permanente, por considerar que sus dolencias no disminuyen su capacidad laboral”. Motivo por el que la mujer no tuvo otra alternativa que “recurrir dos veces a los juzgados para que éstos le ratificasen, tanto su incapacidad laboral temporal (baja médica), como la permanente, siéndole reconocida finalmente una incapacidad laboral absoluta”.

Empleada hogar

La operaria, que trabajaba como empleada del hogar, fue dada de alta de su incapacidad temporal (baja médica por patología psíquica) por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en julio de 2017. Tras una impugnación de alta, el juez ratificó en enero de 2018 esa baja médica con efectos retroactivos al momento del alta.

Sin embargo, en marzo de 2018, de nuevo el INSS le denegó la incapacidad permanente, por considerar que “sus dolencias no disminuyen su capacidad laboral”.

Dolencias limitantes

Los informes médicos demuestran que la trabajadora padece dos tipos de patologías limitantes. Unas de carácter físico, referidas a los efectos de dolor causados por la fibromialgia, unido a las limitaciones ocasionadas por el síndrome del túnel carpiano que le afecta a los dos manos y que le suponen una importante limitación para realizar las tareas fundamentales como empleada de hogar.

Y, por otro lado, las de carácter psíquico, ya que sufre un trastorno mixto ansioso-depresivo y una neurosis obsesiva de mala evolución. Tales dolencias, según explica el informe aportado, le causan una apatía intensa con fallos de memoria de retención, que le impiden una mínima concentración para llevar a cabo cualquier tipo de trabajo por suave que sea, hasta el punto de no poder acudir al trabajo con regularidad, con horarios determinados y poder relacionarse con compañeros y jefes.

Requisitos

La sentencia recuerda que la incapacidad permanente absoluta inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Para valorar el grado de invalidez, los jueces han dictado que “más que atender a las lesiones hay que valorar las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral”. De forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando la persona no tenga capacidad alguna para desarrollar una actividad laboral.

En cambio, matiza la sentencia, sería incapacidad total para la profesión habitual si inhabilitase a la trabajadora para la realización de todos o de las principales tareas de dicha profesión con un mínimo de capacidad o eficacia, y siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Igualmente, también recalca la importancia de que esa actividad tenga un rendimiento económico aprovechable y que no se trate de un ejercicio esporádico de la actividad laboral, sino que se trate de un desempeño laboral conforme a “las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia”.

Por todo ello, y teniendo en cuenta todas las limitaciones en su capacidad funcional que le provocan las patologías que padece, el juez considera patente que la demandante no puede desarrollar ninguna actividad laboral con habitualidad, rentabilidad, continuidad y eficacia. Por tanto, declara a la demandante en Incapacidad Permanente Absoluta, con la prestación que le corresponda por parte del INSS.

Consulta un resumen de la sentencia aquí

FUENTE: Noticias Jurídicas AUTORA: Silvia León



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Guía básica de tramitación de prórroga de prestaciones extraordinarias por ERTE COVID y para fijos discontinuos

Haz clic en este enlace para acceder a esta guía básica oficial de tramitación en formato pdf, que recoge las novedades y los trámites a seguir aprobados en el Real Decreto‐ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo que prorroga prestaciones extraordinarias por ERTE COVID y para los fijos discontinuos junto con un conjunto de medidas para autónomos, empresas y trabajadores.

Recuerda que en Moya & Emery te ofrecemos asesoramiento y gestionaremos por ti cualquier solicitud de prestaciones y ayudas a que puedas tener derecho, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros para una cita en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.


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¿Cómo puedo recuperar el IVA de las facturas impagadas?

Es común que los profesionales o las empresas vean como sus facturas emitidas no son pagadas, ya sea en parte o totalmente. La crisis económica derivada del COVID-19 ha convertido los impagos en algo demasiado habitual y quizás alguna de las preguntas pueda rondarte la cabeza: ¿Hay alguna forma de recuperar el IVA de las facturas impagadas? ¿Qué hay que hacer para recuperar ese IVA? ¿Cuáles son los requisitos o los plazos para recuperarlo?

En caso de que ya se haya liquidado el IVA de una factura impagada, debes saber que el importe del impuesto puede ser recuperado siguiendo los siguientes pasos:

  • Reclamar al deudor de un modo fehaciente el importe de la factura impagada (mediante un burofax, judicialmente o notarialmente).
  • Hacer factura rectificativa de la original impagada (la rectificativa es una modificación o ampliación de la factura original).
  • Dar cuenta a Hacienda de la factura rectificativa.

¿Qué dice la ley al respecto?

Nuestra legislación señala que la base imponible del impuesto se puede reducir si los créditos que corresponden a las cuotas repercutidas son total o parcialmente incobrables. ¿Pero cuándo se considera un crédito incobrable? Cuando reúna las siguientes condiciones:

  • Que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.
  • Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este impuesto.
  • Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible, IVA excluido, sea superior a 300 euros.
  • Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos.

¿Qué debo hacer en relación a la factura impagada? Reclamar su pago, declararla incobrable, emitir una factura rectificativa, informar a Hacienda

Como hemos señalado, tras considerar el crédito como incobrable y reclamar al deudor su pago, deberá emitirse en estos casos una factura rectificativa de la impagada y declarada como paso inicial para recuperar el IVA repercutido. Y esta factura rectificativa viene a enmendar la factura original, que no se anula y seguirá existiendo.

La factura rectificativa es, a todos los efectos, una factura y debe cumplir idénticos requisitos que cualquiera y también otros adicionales o especiales, como:

  • que la rectificativa debe hacer mención clara al hecho de que es una factura que modifica o rectifica la factura original, a la que debe hacer referencia clara.
  • No pueden seguir el orden normal o habitual del resto de factura. 
  • Una factura rectificativa no puede hacer contener registros contables negativos.

¿Necesitas ayuda para reclamar a tus deudores y recuperar el IVA de facturas que te han dejado de abonar? No lo dudes, ponte en contacto con Moya & Emery en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià y te asesoraremos en tu caso concreto



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Despedir a una trabajadora embarazada es un despido nulo, pero no necesariamente un despido discriminatorio que dé origen a una indemnización por daños morales

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha declarado en una reciente sentencia –continuando una doctrina reiterada hasta la fecha– que el despido de una empleada embarazada es nulo. La importante novedad estriba en que, en el caso señalado, el Tribunal ha aseverado que si la empresa no era conocedora de que la mujer estaba encinta, no puede considerarse un despido en que concurra discriminación por razón de sexo y, por tanto, no cabe indemnización por daños morales, algo que había reconocido la sentencia de instancia (en una cantidad nada menos que de 25.000 €) pero que ahora ha enmendado y hecho desaparecer el TSJ catalán. Entiende el Tribunal que la declaración de nulidad de un despido en supuestos de trabajadoras embarazadas ni puede ni debe conllevar un reconocimiento automático de daños morales si no se demuestra que la empresa conocía del embarazo.

Puedes consular la sentencia referida en formato pdf a través de este enlace y recuerda que en Moya & Emery podemos asesorarte y ofrecerte defensa letrada en asuntos de discriminación laboral, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros para una cita en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià:


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El Abogado General del TJUE ve discriminatorio que en España se niegue la prestación por desempleo a las empleadas del hogar

El informe en que presenta sus conclusiones el Abogado General al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es claro: denegar el derecho a paro (o impedirles cotizar para poder tenerlo) de las empleadas del hogar es discriminación indirecta pr razón de sexo sin justificación alguna.

Ahora el TJUE deberá dictar sentencia, sin verse vinculado por el informe del Abogado General -aunque en pocas ocasiones se suele separar de su criterio- sobre el caso de una empleada del hogar a la que la Tesorería General de la Seguridad Social denegó la posibilidad de cotizar para tener prestación por desempleo.

¿Quieres leer más al respecto? Lee a continuación la noticia publicada por  abogacía española:


El abogado general del TJUE ve ilegal la ley española que niega prestación del paro a empleadas del hogar

FUENTE: Abogacía Española

La legislación española que excluye de las prestaciones por desempleo a las empleadas del hogar es contraria al Derecho de la Unión Europea porque constituye una discriminación indirecta hacia las mujeres, según ha concluido el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Szpunar.

En opinión del letrado, dado que estos empleados son “casi exclusivamente mujeres”, denegarles el derecho a paro “constituye una discriminación indirecta por razón de sexo y no justificada por objetivos legítimos y ajenos a toda discriminación basada en el sexo”.

Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes de cara a la futura sentencia que tendrá que emitir el TUE en los próximos meses para resolver el caso de una empleada del hogar a la que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) denegó una solicitud de cotización a la protección por desempleo para adquirir el derecho a la prestación.

El asunto fue elevado al tribunal de Luxemburgo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, que pide al TUE que interprete la directiva sobre igualdad en materia de seguridad social para determinar si existe una discriminación indirecta por razón de sexo.

Así, Szpunar señala que corresponde al juez español comprobar si la “desventaja particular” que la legislación española establece para las empleadas del hogar puede calificarse de “medida indirectamente discriminatoria”.

Si embargo, el letrado destaca que, mientras que la proporción entre hombres y mujeres es “más o menos similar” entre los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el régimen de general  de la seguridad social (en el que todos tienen derecho a una prestación por desempleo), la proporción en el caso del régimen especial para empleados del hogar “difiere considerablemente”.

En este caso, explica, las mujeres representan más del 95% de los trabajadores de este sistema y, por tanto, la cláusula de exclusión “afecta negativamente a una proporción significativamente mayor de empleados de hogar de sexo femenino que de sexo masculino”.

De esta forma, Szpunar apunta que, si el juez español llegar a la conclusión de que las empleadas del hogar están en “una posición menos ventajosa”, debería considerar que la legislación es contraria a las normas europeas “salvo que esté justificada por factores objetivos y ajenos a toda discriminación por razón de sexo”.

El Abogado General examina a continuación este último punto y rechaza las alegaciones presentadas por la TGSS y el Gobierno español, que justificaban la diferencia de trato “por objetivos basados en las características específicas de la categoría de empleados de hogar y del estatuto de sus empleadores, así como por objetivos de protección de los trabajadores, de protección del nivel de ocupación en este sector y de lucha contra el trabajo sumergido y el fraude”.

El letrado apunta, en primer lugar, que se trata de objetivos “legítimos” de protección social, pero estima que “no son ajenos a toda discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, no pueden justificar una discriminación perjudicial para las personas de sexo femenino”.

Por otro lado, Szpunar destaca que los motivos basados en las características de las empleadas del hogar (trabajadoras poco cualificadas que cobran el salario mínimo) o de sus empleadores (cabezas de familia) “parecen estar basados más bien en estereotipos de género” y, en consecuencia, “son difícilmente ajenos a una discriminación por sexo”.

Además, el Abogado General rechaza en sus conclusiones que una eventual protección de las empleadas del hogar frente al desempleo pueda incitarlos al fraude, así como que la exclusión “conduce a reforzar la concepción social tradicional de los roles”, lo que permite “no solo explotar la posición, estructuralmente más débil, de las personas que integran este sector, sino también infravalorar su trabajo”.


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Abierto el plazo para solicitar las ayudas estatales y del Govern balear al alquiler 2021

Ya están disponibles las ayudas para el alquiler de viviendas del año 2021. Consulta un completo documento resumen en formato pdf a través de este enlace para conocer las condiciones, requisitos, importes máximos a percibir, plazos y formas de presentación de las solicitudes. También puedes, a través de este enlace, ver el pdf de las bases de la convocatoria de ayudas publicadas en el BOIB.

Estas ayudas estatales y autonómicas tienen por objeto facilitar el disfrute de una vivienda destinada a domicilio habitual y permanente en régimen de alquiler, a sectores de población con escasos recursos económicos, mediante el otorgamiento de ayudas a los inquilinos que consisten en la financiación de una parte de la renta que el inquilino tiene que satisfacer por la vivienda alquilada.

El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda empieza el día 1 de octubre de 2021 y finaliza el 15 de noviembre de 2021, ambos incluidos.

Si quieres más información acerca de las ayudas disponibles o asesoramiento para la tramitación de las mismas, ponte en contacto con Moya & Emery en cualquiera de nuestra oficinas de Palma o Calvià


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Acuerdo entre Gobierno y agentes sociales para extender la protección de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022

NOTA DE PRENSA OFICIAL sobre el VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo, Madrid, 27 de septiembre de 2021 (descárgala aquí)

  • Se renueva el compromiso para proteger a personas trabajadoras y empresas
  • Es el sexto consenso que alcanzan Gobierno y agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia
  • Se prorroga el llamado contador a cero hasta el 31 de diciembre de 2022 y se extienden las garantías de acuerdos anteriores como, entre otras, la cláusula de mantenimiento del empleo, la limitación a la subcontratación y las horas extra
  • El modelo actual seguirá vigente durante el mes de octubre
  • Los nuevos ERTE priorizan la formación a las personas trabajadoras para incrementar su cualificación

La Vicepresidencia segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han alcanzado un acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022, con el objeto de extender esta medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la pandemia. Se trata del VI Acuerdo en Defensa del Empleo alcanzado en el marco del diálogo social.

Para facilitar la transición de los ERTE, el modelo actual seguirá vigente 1ºdurante el mes de octubre.

Formación en ERTE

En esta ocasión, el mecanismo de los ERTE pone el foco en la formación como paso fundamental para incrementar la capacitación de las personas trabajadoras y mejorar su empleabilidad. A partir del 1 de noviembre, estarán vigentes las nuevas modalidades, con mayores exenciones en la cotización a la Seguridad Social para las empresas que realicen acciones formativas.

En cuanto a estas acciones formativas, deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022.

Garantías para las personas trabajadoras

Los ERTE seguirán contando con las cláusulas de protección como, entre otras, el llamado contador a cero, que se amplía hasta el 31 de diciembre de 2022, o la cláusula de mantenimiento del empleo. También las limitaciones a la subcontratación, a la realización de horas extraordinarias o los límites relacionados con el reparto de dividendos y el acceso a estas ayudas por parte de empresas domiciliadas en paraísos fiscales.

Se reconoce, además, una prestación extraordinaria por desempleo para para los trabajadores fijos discontinuos.

ERTE específico para Canarias

El Gobierno también ha pactado con los interlocutores sociales la puesta en marcha de unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias. Los trabajadores y trabajadoras tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su mactividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.


Visita el blog de Moya & Emery para mantenerte al día de toda la actualidad laboral, mercantil y fiscal https://blog.moyaemery.com


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Nicolás Emery en Radio Calvià FM sobre la aprobación de ayudas directas concedidas a empresarios y profesionales de Baleares

La pasada semana se publicaba en el BOIB la resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern balear por la que se aprueba la segunda concesión parcial de ayudas a solicitantes de la Línea 2 de la Línea Covid de ayudas directas a empresarios y profesionales de las Islas Baleares a que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19. Nicolás Emery, invitado al consultorio jurídico de Radio Calvià FM, pudo hacer un repaso de las ayudas aprobadas, del número de empresas y profesionales a quienes se les ha concedido y importancia de estas ayudas, de sus requisitos, condiciones, importes y los fines a que pueden ser destinadas.


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