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Guía de informativa para perceptores del ingreso mínimo vital en relación con la Renta 2020

Con motivo del inicio hace escasos días de la campaña de la Renta 2020, la Seguridad Social, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha iniciado una campaña para informar a los contribuyentes beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), dado que se trata del primer ejercicio de IRPF desde la aprobación esta prestación a principios de junio de 2020 (mediante el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital), en que se especificó la obligación, tanto para los beneficiarios del IMV como para los integrantes de su unidad de convivencia, de presentar esta declaración fiscal, con independencia del nivel de ingresos de sus beneficiarios.

En concreto, la Agencia Tributaria ha comenzado a informar a estos contribuyentes, para quienes estima que, en la gran mayoría de supuestos, la declaración que tendrán que realizar será muy sencilla, puesto que no tendrán que incluir ingresos y por tanto su cuota será cero, es decir, ni tendrán que ingresar, ni les tendrán que devolver.

En el documento adjunto, laborado por la Agencia Tributaria, encontrará una guía de recomendaciones e información explicativa (haz clic aquí para abrir el pdf), para facilitar la presentación de la declaración para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

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La prestación extraordinaria por cese de actividad: ¿tiene esta prestación la consideración de rendimiento de trabajo o de la actividad económica? ¿tiene incidencia en el IRPF la exoneración de pago de cuotas al RETA que la percepción de dicha prestación conlleva?

Consulta Vinculante V0071-21, de 22 de enero de 2021, de la Subdirección General de Impuestos sobre la renta de las personas físicas

DESCRIPCIÓN

El consultante ha recibido la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

CUESTIÓN

Si la prestación referida tiene la naturaleza de rendimiento del trabajo o de la actividad económica, e incidencia en el Impuesto de la exoneración de la obligación del pago de las cuotas al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que la percepción de dicha prestación conlleva.

CONTESTACIÓN

El artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE de 18 de marzo), establece una ayuda para los empresarios o profesionales incluidos en Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, consistente en un 70% de la base reguladora, o de la base mínima de cotización cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 14 de marzo), o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Se trata, por tanto, de una prestación extraordinaria de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos, cuya naturaleza es análoga a la prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad regulada en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos (BOE del día 6 de agosto). En consecuencia, la calificación de esta prestación extraordinaria (al igual que la de las referidas prestaciones generales por cese de actividad) sería la de rendimientos del trabajo, de conformidad con el artículo 17.1 b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), que incluye entre los rendimientos íntegros del trabajo las prestaciones por desempleo, entendido éste de una forma amplia y no sólo comprensivo de la situación de cese de actividad correspondiente a los trabajadores por cuenta ajena.

Por otro lado, el apartado 4 del referido artículo dispone que el tiempo de percepción de la prestación extraordinaria “…se entenderá como cotizado, no existirá obligación de cotizar y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

La configuración que realiza la normativa antes referida de la exclusión total o parcial del pago de las cuotas del RETA como derivada de una inexistencia de obligación o exención, determina su falta de incidencia en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al no corresponder a ninguno de los supuestos de obtención de renta establecidos en el artículo 6 de la Ley del Impuesto, no teniendo por tanto la naturaleza de rendimiento íntegro ni correlativamente la de gasto deducible para la determinación de los rendimientos.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.



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Nicolás Emery sobre la campaña de la RENTA 2020 en Radio Calvià FM

Nicolás Emery ha asistido a Radio Calvià FM hoy martes para tratar durante el consultorio jurídico, como tema principal, el Inicio de la campaña de la RENTA 2020, que dará comienzo este próximo 5 de abril. Durante el espacio radiofónico el abogado y economista de Moya & Emery ha repasado las novedades que nos trae el impuesto sobre la renta de este año, haciendo referencia de las particularidad con respecto a los obligados que hayan tenido dos o más pagadores (lo habitual en las personas asalariadas que hayan estado trabajando y además hayan estado en ERTE), los que hayan recibido ayudas por cese de actividad, aquellos que hayan acometido reinversión por venta de vivienda habitual (las cantidades entregadas durante la construcción de la vivienda se asimilan a reinversión) o quieran solicitar un aplazamiento.


¿Necesitas ayuda o aclaración para presentar tu declaración de la renta 2020? Moya & Emery está a tu disposición.


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La temida declaración de la Renta 2020 de los trabajadores afectados por los ERTEs, por Marga de Matos

La pandemia mundial de la COVID-19 lleva casi un año conviviendo con nosotros y ha tenido y sigue teniendo unos devastadores efectos, entre otros, a nivel sanitario y económico.

Miles de personas son las que se han visto y todavía se ven afectadas por los Expedientes de Regulación de Empleo que se han visto obligads a solicitar sus empresas para evitar una destrucción mucho mayor de empleo de la que se ya se ha producido. Y el estar afectado a un ERTE tiene consecuencias y, entre ellas, sobre la declaración de la renta, una declaración de la renta a la que muchos temen por el resultado que les puede salir al haberse tenido 2 pagadores (empresa y SEPE). Por ello, se han de tener en cuenta varios aspectos:

En primer lugar, como muchas personas habrán tenido dos pagadores durante el año 2020, se verán obligadas a presentar la renta. Recordemos que cuando se tienen dos o más pagadores el límite de los rendimientos del trabajo se reduce de los 22.000€ anuales a 14.000€ anuales y que del segundo o restantes pagadores se deben percibir cuantías superiores a los 1.500€ anuales, requisitos éstos que la mayoría de las personas afectadas por los ERTES, como ya se ha avanzado van a cumplir, obligándolas a presentar la declaración de la renta.

En la gran parte de los casos, las retenciones que se habrán aplicado por parte del SEPE serán mínimas o inexistentes, con lo cual las diferencias deberán pagarse en la declaración de la renta.

Se recomienda que todas las personas que se encuentren en la situación descrita hagan o soliciten una simulación de su renta, ya que muy probablemente les salga a pagar y puedan estar prevenidos de ello y conocer aproximadamente el importe a que tendrán que hacer frente. La campaña de renta se inicia el próximo mes de abril, concretamente el día 7.

Se aconseja igualmente, que se domicilie el pago de la declaración dado que, de esta manera, no deberá abonarse hasta el fin de la campaña, fijado el 30 de junio, teniendo de esta manera tiempo para acumular o ahorrar la cantidad que tenga que abonarse.

En caso de no ser posible dicho pago, existe la posibilidad de fraccionar el pago, abonándose el 60% el 30 de junio y el 40% restante el 2 de noviembre, de este modo, las personas afectadas podrán aligerar la carga que pueda suponer. IMPORTANTE: dicho aplazamiento/ fraccionamiento no tendrá coste alguno, está pensado para que se tenga un menor impacto fiscal.

Otro aspecto a tener muy presente es que, dada la saturación de los organismos como el SEPE, la demora en los pagos o los pagos de más, puede ser que las cantidades recibidas en 2020 sean superiores (caso de pagos indebidos que se deberán descontar de la renta), o que las cantidades recibidas en 2020 sean inferiores y que se hayan recibido en 2021 (pagos demorados de meses en ERTE), con lo cual hay que prestar mucha atención a las fechas de devengo de cara a facilitar la información fiscal correcta y evitar errores en la declaración de la renta.

Lo mismo es extrapolable de cara a 2021 si el trabajador continúa en ERTE.

¿Qué debo hacer si he recibido pagos indebidos del ERTE y no me ha llegado la carta del SEPE?

Muchas son las personas que actualmente todavía tienen pendiente el reintegro de prestaciones indebidas derivadas del ERTE al no haber recibido la famosa carta procedente del SEPE en la cual se les debe indicar la cuantía indebidamente percibida y la cuenta bancaria en la que hacer el reintegro.

Ante dicha incertidumbre, una afectada por dicha situación ha planteado la consulta a la Dirección General de Tributos (DGT) para saber los efectos que tiene el haber recibido pagos indebidos en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de 2020 (IRPF). Su caso y consulta referida concretamente es por lo siguiente: haber recibido por error pagos indebidos procedentes del SEPE para los meses de abril, mayo y junio de 2020. Y la respuesta que ha obtenido por parte de la DGT es la siguiente: fiscalmente, no debe tener incidencia en el IRPF del periodo en el que se reintegra la cantidad sino en las liquidaciones del impuesto en los ejercicios en los que se declare su percepción. Por ejemplo, si se reintegra el importe en 2021 de un pago de 2020, no tiene efectos en la declaración de 2021, sino en la de 2020.

Artículo 120.3 Ley General Tributaria:

Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente.

Como la campaña de renta de 2020 no empieza hasta el próximo 7 de abril (pendiente aún de declarar lo percibido en 2020), no procederá realizar ninguna actuación con relación al irpf, no debiéndose reflejar en la declaración de 2020 una vez los importes recibidos sean declarados inválidos por la administración pagadora.

Por Marga de Matos

Abogada de Moya & Emery


Consulta Vinculante V0016-21, de 13 de enero de 2021, de la Subdirección General de Impuestos sobre la renta de las personas físicas

DESCRIPCIÓN

La consultante manifiesta que ha recibido por error en los meses de abril, mayo y junio de 2020 pagos del Servicio Público de Empleo Estatal y que comunicada dicha incidencia a la referida entidad, ésta le ha manifestado la próxima comunicación de una cuenta bancaria para realizar la devolución del ingreso, sin que a la fecha haya recibido dicha comunicación.

CUESTIÓN

Tratamiento en la declaración del ejercicio 2020 de los referidos pagos.

CONTESTACIÓN

Desde la perspectiva fiscal, la anulación de los actos administrativos que establecían el derecho a percibir un determinado importe, en cuanto comporta devolver el estado de las cosas a su situación inicial mediante la obligación de reintegrar el importe percibido, conlleva que la restitución no tenga su incidencia en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al período en que se acuerde el reintegro de la cantidad percibida, sino que tal incidencia tenga lugar en las liquidaciones del Impuesto correspondiente a los ejercicios en que se hubiera declarado, en su caso, la percepción de dicho pago anulado, instando a tal efecto la rectificación de la autoliquidaciones correspondientes a los ejercicios en que hubiesen declarado los importes declarados inválidos, tal como establece el artículo 120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).

En el presente supuesto, al no haberse declarado aún la percepción de los referidos importes, por haberse efectuado su cobro en el ejercicio 2020, pendiente de declaración, no procederá realizar ninguna actuación en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no procediendo su reflejo en la declaración correspondiente al ejercicio 2020 una vez declarados inválidos por la administración pagadora, al no tener la naturaleza de renta de conformidad con el artículo de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre).

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


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Nicolás Emery en Canal4 Ràdio sobre las ayudas y subvenciones para autónomos y empresas del Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias

Un día más el abogado y economista Nicolás Emery ha sido invitado al programa 4Directe de Canal4 Radio, en este caso para dar un repaso explicativo a la última norma estatal que ha habilitado ayudas y subvenciones para autónomos y empresas, el Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia expresarial (publicado en el BOE el pasado 13 de maro de 2021).

Los requisitos y condiciones para poder tener acceso a las ayudas, cuándo estarán operativas, referencias a las actividades excluídas de las ayudas y el manifiesto trato discriminatorio hacia dichos sectores, así como otros muchos temas han tenido cabida en la conversacion con #YolandaHernandez.

Además, a continuación puedes ver la reseña de la entrevista al socio y gerente de Moya & Emery en el digital canal4diario.com aquí.


Nicolás Emery: “El decreto ley de medidas urgentes es injusto y discriminatorio porque deja sectores fuera”

Por Redacción Canal4diario.com – 19 marzo, 2021

El abogado economista del despacho Moyà & Emery Abogados, Nicolás Emery, ha asegurado que “el decreto ley de medidas urgentes es injusto y discriminatorio porque deja sectores fuera”.

Emery ha visitado este viernes el programa ‘4 Directe’ de CANAL4 Ràdio, donde ha explicado que “todo el tejido empresarial sin excepción ha visto mermados sus ingresos, por ello, dejar a una empresa fuera del listado de empresas que tienen derecho a acceder a las ayudas es discriminatorio”.

En este sentido, el abogado economista ha señalado que “hay empresas que entran en la lista para optar a estas ayudas estatales pero como no han sufrido una reducción en sus ingresos de un 30% o más, no podrán acceder a ellas y otras empresas que quedan fuera, sí cumplen en requisito”.

Por este motivo, Nicolás Emery considera que el decreto ley debería incluir “a todo el tejido empresarial ya que si tenemos requisitos como las pérdidas mínimas del 30%, incluyamos a todos los sectores ya que hay muchas empresas que no llegarán al mínimo del 30% y no podrán acceder”.

De hecho, Emery ha advertido que “me sorprende mucho que hayan excluido un sector que es turismo 100% como son los souvenirs o talleres mecánicos, pero en cambio, se incluya a videoclubs o empresas de transporte aeroespacial”.

Por otra parte, sobre las ayudas, el abogado ha afirmado que “este decreto ley lo único que deja claro es que destinan cerca de 1 millón de euros a Balears y que se puede aumentar el límite de la reducción de ingresos y el porcentaje que le puede corresponder a cada empresa”, si bien, Emery ha agradecido que estas ayudas sean a fondo perdido.

Eso sí, Nicolás Emery ha señalado que “este dinero de las ayudas, las empresas deben destinarlo a pagar proveedores o pagar deudas con bancos, pero no queda claro si tienen que estar pagadas o no para que puedas pedir la ayuda” y ha añadido que “queda en el aire si las que están al corriente de pago pueden acceder a estas ayudas o son solo para empresas que tienen deudas Covid”.

Por otro lado, sobre el acceso de las ayudas para los autónomos, el experto ha destacado que “los autónomos que vayan por estimación objetiva por módulos recibirán 4.000 euros, el resto funcionará como las pymes”.

Con todo, el abogado economista ha lamentado que “ya hemos empezado a asesorar a gente por el tema de los concursos de acreedores” y ha puntualizado que “encontramos muchas empresas que ya tiran la toalla, que no llegan para este verano”.

Asimismo, Emery espera que las ayudas lleguen lo más pronto posible. “Las ayudas deberían llegar antes de que empiece la temporada turística. En estos momentos , las ayudas que están dando en Balears tardan unos 45 días en darse”.


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De los ERTEs a los EREs

Frente al temor ante el vencimiento de los ERTEs en mayo de 2021, anticipación y estrategia por parte de las empresas

A tres meses de la fecha de vencimiento de vigencia de los actuales Expedientes de Regulación de Empleo -en adelante ERTEs- vinculados a la pandemia mundial de la covid-19, urge a las empresas empezar a pensar una estrategia para mantener su actividad a flote y asegurar su viabilidad, lo cual deberá pasar necesariamente por realizar ajustes de su personal.

Se ha de recordar que los ERTEs, pese a llevar un año acompañándonos, son instrumentos de naturaleza temporal que permiten suspender los contratos de trabajo (que no extinguir o finalizarlos) o reducir las jornadas de trabajo por causas de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas y/o productivas. Con los ERTEs el objetivo es salvar los puestos de trabajo por encima de otras consideraciones.

No obstante, la pandemia de la COVID-19 tiene un componente adicional, que es la inestabilidad, ya que, lo que hasta ahora era un instrumento que ayudaba a las empresas a afrontar una situación transitoria o temporal, se ha convertido en una especie de salvavidas continuado para los trabajadores mediante la protección que se les otorgan en forma de prestaciones y a las empresas por las exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social. El futuro y no muy lejano vencimiento de los ERTEs crea temor ante la incertidumbre de lo que sucederá tras ellos.

Desde la Inspección de Trabajo se ha criticado el mantenimiento de estos ERTEs en sectores de poca viabilidad por el enorme efecto que ha tenido la pandemia sobre ellos. Entiende la Inspección que es totalmente incompatible usar un instrumento de naturaleza temporal, como es un ERTE, en empresas que ya están sentenciadas y que no tienen salvación posible. Prolongar inútilmente la vida de una empresa inviable es lo que se conoce como crear empresas zombis.

Es cierto que la enorme flexibilidad que otorgan los ERTEs hace difícil distinguir cuando se está ante un problema estructural o ante un problema transitorio y salvable en la empresa y cierto es también que la actual pandemia es una situación nueva, sin precedentes en todas las actividades.

Después de casi un año conviviendo con la pandemia y vislumbrándose en el horizonte el fin de las medidas proteccionistas, las empresas ya deberían haber reflexionado o hacerlo sin dilación sobre los próximos pasos o estrategia a seguir que faciliten su viabilidad ante cualquier posible escenario.

AJUSTES DE PERSONAL. DESPIDOS EN EMPRESAS CON ERTE: MARZO, MES CLAVE.

En noviembre de 2020 se empezaron a ver los primeros despidos en empresas acogidas a ERTE, ya que, en mayo, tras el fin del confinamiento, el inicio de la desescalada y el retome de la actividad, empezaron las reincorporaciones de los primeros trabajadores y, con ello, el cómputo de los 6 meses de obligación de mantenimiento de empleo desde esa primera reincorporación (disposición adicional sexta del Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19).

DESPIDOS: INDIVIDUALES O COLECTIVOS (ERE).

En aras a evitar una destrucción masiva de empleo apareció lo que parece una prohibición de despedir, al no entenderse como causa justificativa del despido aquellas que se basaran en causas ETOP o de fuerza mayor que ampararan las reducciones de jornada y suspensiones de contrato, así como la protección del empleo temporal, mediante la prórroga o extensión de los contratos por el tiempo que dicho contrato temporal hubiera estado suspendido.

Superados estos dos obstáculos cualquier empresario puede plantearse la posibilidad de realizar despidos de forma individual (artículo 49.1 k del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores TRLET) o de forma colectiva (ERE previsto en el artículo 51 del TRLET) si las necesidades y la viabilidad de la empresa así lo justifican. ¡Pero ojo con los despidos individuales! Y es que ir despidiendo trabajadores de forma individual, pero en breves lapsos de tiempo, basándose en la misma causa puede llegar a considerarse despido colectivo, ya que el artículo 51 fija los umbrales para entender que se está ante un despido colectivo. Concretamente, se entiende que se está ante un despido colectivo cuando, en un período de 90 días, la extinción afecte, al menos, a:

  • 10 trabajadores, en las empresas que ocupen a menos de 100 trabajadores.
  • El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.
  • 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores.

También se considerará despido colectivo si se afecta a la totalidad de la plantilla cuando el número de afectados sea superior a 5, extinguiéndose la actividad empresarial por causas ETOP.

Si el empresario ha sido cauto y ha tenido en cuenta todo lo estipulado en la normativa COVID-19, entonces no tendrá problema a la hora de seguir con lo previsto en el artículo 51 y podrá realizar el correspondiente ERE, cumpliendo con los requisitos de su trámite:

  • Período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, con una duración no superior a 30 días naturales, o 15 en caso de empresas de menos de 50 trabajadores.
  • Debatir sobre las posibilidades de evitar o mitigar los efectos de la decisión (despidos, medidas de acompañamiento (formación, reciclaje, recolocación…)
  • Constituir una única comisión negociadora compuesta por un máximo de 13 miembros en representación de ambas partes.
  • La comunicación de la apertura del período de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores (con copia a la Autoridad laboral), consignando:
    • causas del despido colectivo
    • número y clasificación profesional de los trabajadores afectados, así como de los empleados habitualmente en el último año,
    • periodo previsto para los despidos,
    • criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados, etc.
    • Al escrito se unirá una memoria, más la correspondiente documentación contable y fiscal y los informes técnicos.
  • Recibida la comunicación, la Autoridad laboral dará traslado de la misma a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (que deberá ser evacuado en quince días).

El período de consultas puede ser sustituido en cualquier momento, de común acuerdo, por un procedimiento de mediación o arbitraje.

  • Transcurrido el período de consultas, el empresario comunicará a la Autoridad laboral el resultado del mismo. Si no hay acuerdo, remitirá a dicha Autoridad y a los representantes de los trabajadores su decisión sobre el despido colectivo.

Alcanzado el acuerdo o comunicada la decisión, el empresario podrá notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados, debiendo transcurrir al menos 30 días entre la fecha de comunicación de la apertura del periodo de consultas a la Autoridad laboral y la fecha de efectos del despido.

  • Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa. Pueden establecerse prioridades de permanencia a favor de otros colectivos (trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad).
  • La decisión empresarial podrá ser objeto de impugnación a través de las acciones previstas para este despido (la interposición de demanda por los representantes de los trabajadores paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta la resolución de aquella).

CONSIDERACIONES SOBRE LA JURISPRUDENCIA SOBRE DESPIDOS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID.

Pese a todo ello, el empresario que decida realizar ajustes de personal en la empresa debe asumir el riesgo de que los despidos llevados a cabo puedan considerarse improcedentes por contravenir la normativa COVID-19 u otras normas del ordenamiento laboral. Hasta la fecha, las decisiones de Jueces y Tribunales se han decantado por considerar que los despidos que incumplían la normativa COVID eran improcedentes y en pocas ocasiones nulos. Solo en un caso, debido a la grave situación por la que pasaba la empresa, se obvió el ERTE que ésta solicitó, declarando procedente el despido de los trabajadores.

Por Marga de Matos Pascual

Abogada de Moya & Emery


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Resumen del Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia expresarial (BOE 13 de maro de 2021)

Se ha publicado hoy sábado en el BOE y hoy mismo entra en vigor. Puedes descargarlo en pdf a través de este enlace.

Objetivo

  • Proteger el tejido productivo hasta que se logre un porcentaje de vacunación que permita recuperar la confianza y la actividad económica en los sectores que todavía tienen restricciones;
  • evitar un impacto negativo estructural que lastre la recuperación de la economía española;
  • proteger el empleo en los sectores más afectados por la pandemia;
  • y actuar de forma preventiva para evitar un impacto negativo superior sobre las finanzas públicas y los balances del sistema financiero.
  • En línea con la actuación del Estado desde el inicio de la pandemia, se trata de establecer con urgencia y determinación un marco de actuación ágil, que se anticipe a la aparición de los problemas para minimizar el coste público y privado de una acción reactiva.
  • Fijar un marco de protección reforzado que concentre un importante volumen de recursos en proteger y apoyar a aquellas empresas, sectores y territorios potencialmente más vulnerables debido a la duración y el impacto económico de la pandemia, con el fin de reforzar la liquidez y solvencia y evitar el sobreendeudamiento del conjunto de la economía nacional, preservando así el tejido productivo y el empleo, impulsando la inversión y evitando una improductiva destrucción de valor de la actividad económica en España.
  • No se trata de medidas de rescate de empresas que no eran viables antes del estallido de la crisis de la COVID-19, sino de una forma de inversión en favor de la recuperación y crecimiento de aquellas empresas que, a pesar de atravesar dificultades financieras, resultan viables por disponer de un plan a medio plazo factible y un modelo de negocio idóneo.

Quedan establecidos los 4 siguientes tipos de medidas:

1. AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS. NUEVA LÍNEA COVID

Tienen como fin reducir el endeudamiento suscrito a partir del marzo del año pasado. Esta línea goza de una dotación total de 7.000 millones de euros y a través de ella se van a canalizar las ayudas directas a las empresas y autónomos cuya actividad se ha visto más negativamente afectada por la pandemia.

Estas ayudas directas tienen carácter finalista para sus perceptores, quienes podrán emplearlas para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos por ejemplo, relativos al suministro de energía y al coste de cambio de potencia, incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando estas deudas se hayan devengado a partir de 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

2. MEDIDAS PARA LA REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN

Mediante este Real Decreto-ley el Gobierno queda habilitado para adoptar medidas adicionales de flexibilización de los préstamos dotados con aval público, permitiendo así que esta financiación se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración pactados entre los bancos y sus clientes y, por lo tanto, protegiendo la estabilidad financiera. Para ello, se crea una segunda Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID, de 3.000 millones de euros, para permitir, como último recurso tras la articulación del resto de medidas de apoyo a la solvencia, la conversión de parte del aval público en transferencias a las empresas y autónomos más afectados por la crisis que cumplan con los requisitos establecidos por Acuerdo de Consejo de Ministros, dentro de un acuerdo alcanzado con las entidades financieras acreedoras.

Para detallar la articulación de las operaciones de refinanciación y reestructuración de la financiación con aval del sector público y adaptarlas a las necesidades de las diferentes empresas y sectores, se desarrollará el contenido del Código de Buenas Prácticas, que podrá ser suscrito por las entidades financieras para facilitar una adecuada respuesta del sector financiero ante la excepcional situación económica, para reforzar la solvencia empresarial y garantizar la liquidez de cara al futuro.

3. MEDIDAS PARA LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS VIABLES

Con el fin de dar apoyo a las empresas viables pero con su solvencia mermada por la pandemia del COVID-19 y no pueden acceder al fondo gestionado por SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones industriales) se instaura un nuevo Fondo, cuya gestión correrá a cargo de COFIDES, de recapitalización de empresas afectadas por COVID, dotado con 1.000 millones de euros.

4. MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL Y CONCURSAL. PRÓRROGA DE MORATORIAS

Se extienden hasta finales de año las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades como consecuencia de la pandemia puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso. Además, se mantienen las mejoras de agilidad en el proceso concursal, mientras se completa la modernización del régimen concursal español en el marco de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).En esta misma línea, se amplía a cuatro meses el aplazamiento de deudas tributarias sin intereses y se amplían los plazos para la devolución de los créditos públicos gestionados por la Secretaría General de Industria y de la PYME.


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Aprobado hoy viernes 12 de marzo un nuevo Real Decreto-Ley con once mil millones de euros en ayudas directas para autónomos y empresas

*ACTUALIZACIÓN sábado 13 de Marzo: hoy sábado ha sido publicado en el BOE el Real Decreto-ley referido, entrando hoy mismo entra en vigor. Puedes descargarlo en pdf a través de este enlace. También puedes acceder a nuestra última entrada de blog con un resumen más completo de la norma, aquí *

Desde Moya & Emery queremos informar que el Consejo de Ministros extraordinario llevado a cabo hoy viernes 12 de marzo ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a las empresas golpeadas por la pandemia del Covid-19 que viene dotado con 11.000 millones de € en forma de ayudas directas, subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su solvencia.

El Real Decreto-ley establece:

  • Por un lado, la creación de tres fondos de ayuda a autónomos y empresas -viables pero con su situación patrimonial deteriorada por la pandemia- por un total de 11.000 millones de euros;
  • Por otro, la prórroga de las moratorias concursales hasta el 31 de diciembre de 2021;
  • También, una serie de medidas tendentes a facilitar el aplazamiento de deudas tributarias.

Profundiza en esta noticia con la información contenida en los archivos adjuntos siguientes: la nota de prensa de La Moncloa al respecto del nuevo Real Decreto-Ley y el archivo-presentación con gráficas e indicadores económicos.

Línea de ayudas directas a autónomos y empresas

7.000 millones de euros en ayudas a autónomos y empresas cuyos ingresos hayan caído más de un 30% con respecto a 2019 para el pago de proveedores y otros acreedores desde marzo de 2020.

Dentro de este montante, existe una partida especial de 2000 millones para las empresas de las Baleares y Canarias por su especial vinculación y dependencia del sector turístico. Ayudas que pueden alcanzar El 40% de la caída de ingresos de micropymes y autónomos, y al 20% para el resto de las empresas. Se alcanzará la cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos (en régimen de estimación objetiva) y entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de las empresas.

Línea ICO

3.000 millones de € de dotación para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera. Se anticipa la creación de un código de buenas prácticas.

Fondo de recapitalización de empresas y aseguramiento de su solvencia (COFIDES)

Con un importe de 1000 millones de € destinado a empresas que no hayan quedado cubiertas por el fondo SEPI.

Medidas de ámbito concursal

Se prorroga la vigencia de las moratorias concursales previamente adoptadas hasta el 31 de diciembre de 2021: exención del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso y no admisión a trámite de las solicitudes de concurso que presenten los acreedores; y se amplían hasta esa fecha las medidas de carácter procesal tendentes a agilizar estos procesos (tramitación preferente, fomento de la subasta extrajudicial).


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La abogada Marga de Matos sobre el complemento de maternidad, paternidad o progenitores en Ràdio Calvià FM

Esta semana, la abogada de Moya & Emery Marga de Matos ha querido profundizar un poco más en un tema por ella tratado hace unas semanas en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM, como fue la pensión de jubilación, ante la multitud de solicitudes y preguntas que generó su anterior intervención en el espacio jurídico de la radio calvianera.

Concretamente hoy ha dedicado el tiempo del asesoramiento jurídico radiofónico al nuevo COMPLEMENTO DE MATERNIDAD -en su nueva nomenclatura COMPLEMENTO DE MATERNIDAD O DE PATERNIDAD O COMPLEMENTO DE PROGENITORES– cuya aprobación ha sido objeto de polémica entre los diferentes grupos políticos.

A modo de resumen o glosario, la letrada Marga de Matos, ha hecho referencia a:

  • El concepto o definición de complemento por maternidad.
  • Los orígenes de dicho complemento.
  • Quiénes pueden ser los beneficiarios del complemento por maternidad / paternidad.
  • Qué cuantía o importe se percibe por este complemento.
  • Cuáles son las reglas para la concesión del complemento de maternidad / paternidad
  • Qué requisitos deben cumplirse para poder solicitarlo y que sea concedido.
  • Cuál es la duración temporal del complemento.

No olvides que en Moya & Emery podemos ayudarte en todo lo referente a pensiones contributivas y no contributivas y sus complementos, así que ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma o Calvià.


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Convocadas nuevas ayudas y subvenciones para empresas en Baleares y Mallorca (BOIB 6 de Marzo de 2021)

Hoy en Moya & Emery queremos informar de que han sido convocadas nuevas subvenciones y ayudas para paliar los efectos del Covid 19, publicadas en el BOIB este fin de semana, destinadas a:

1) COMERCIO MAYORISTA DE MERCANCÍAS, SALAS DE BAILE Y DISCOTECAS (Mallorca)

II Convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la covid-19 al sector del comercio mayorista de mercancías y a las salas de baile y discotecas de Mallorca. Mira la resolución (formato PDF) en el BOIB aquí.


2) EMPRESAS COMERCIALES DETALLISTAS Y DETERMINADAS EMPRESAS DE SERVICIOS, CONTINUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, SERVICIOS EMBLEMÁTICOS (Baleares)

Subvenciones destinadas a fomentar la modernización de las empresas comerciales detallistas y determinadas empresas de servicios, así como la continuidad de los establecimientos comerciales y de determinados servicios considerados emblemáticos, con especial atención a los establecimientos comerciales y determinados servicios afectados por la crisis de la COVID 19. Mira la resolución (formato pdf) en el BOIB aquí.


3) EMPRENDEDORES, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Baleares)

Ayudas a los emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa con actividad en las Illes Balears para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de inversiones productivas y de liquidez para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. Mira la resolución (formato pdf) en el BOIB aquí.


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