¿Existe un derecho del trabajador a no resultar perjudicado o represaliado por las reclamaciones, legítimas o no, hechas contra la empresa? La garantía de indemnidad
En el ámbito de nuestro derecho laboral, la garantía de indemnidad se erige como uno de los pilares de protección de los derechos de los trabajadores al tratar de asegurar que no sufran represalias por ejercer sus derechos laborales. Es un principio, reconocido tanto a nivel nacional como internacional, que persigue primordialmente preservar la integridad de los trabajadores y garantizar su acceso efectivo a la tutela judicial en situaciones donde se hayan vulnerado sus derechos.
¿Qué implica la garantía de indemnidad?
La garantía de indemnidad se refiere al principio que prohíbe cualquier acción o represalia por parte del empleador contra un trabajador que haya ejercido sus derechos laborales o presentado una reclamación judicial o administrativa. Este principio se fundamenta en la premisa de que los trabajadores deben poder ejercer sus derechos sin temor a sufrir consecuencias negativas por parte de su empleador.
Este principio también se extiende al ámbito del consumidor, buscando proteger a los clientes ante posibles abusos o incumplimientos por parte de las empresas proveedoras de bienes o servicios. En estas circunstancias, los consumidores tienen el derecho de recibir compensación por los daños y perjuicios ocasionados.
Nulidad de lo actuado por la empresa como represalia
En caso de que un trabajador experimente represalias o sufra consecuencias negativas por ejercer sus derechos laborales, la legislación española establece que las acciones emprendidas por el empleador serán nulas de pleno derecho. Esto implica que cualquier medida tomada en perjuicio del trabajador, como despidos, sanciones o cualquier otra forma de detrimento, será considerada inválida y carecerá de efecto legal.
En consecuencia, la nulidad de actuaciones posibilita la cancelación de cualquier acción contraria a los derechos fundamentales del trabajador afectado, evitando de este modo posibles sanciones o medidas disciplinarias injustas por parte de la empresa. Además, esta protección abarca tanto a empleados con contrato indefinido como a aquellos con contratos temporales o de obra.
Tutela judicial efectiva: relevancia en la garantía de indemnidad
La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Española. En el contexto de la garantía de indemnidad, este principio adquiere una importancia especial al asegurar que los trabajadores tengan acceso a los tribunales de justicia para reclamar la protección de sus derechos laborales. La tutela judicial efectiva garantiza que los trabajadores tengan la posibilidad de obtener una reparación adecuada en caso de vulneración de sus derechos.
Reclamación judicial en casos de vulneración
Cuando un trabajador considera que se ha vulnerado su garantía de indemnidad, tiene el derecho de presentar una reclamación judicial ante los tribunales laborales. Estas reclamaciones pueden abarcar demandas de nulidad de actuaciones, solicitud de indemnización por daños y perjuicios, o cualquier otra medida destinada a reparar los derechos laborales vulnerados.
Asimismo, la reclamación judicial en casos de garantía de indemnidad puede incluir la solicitud de medidas cautelares, como la suspensión del despido o la reincorporación al puesto de trabajo, con el fin de garantizar la estabilidad y protección del trabajador mientras se resuelve el caso.
Derechos laborales amparados
La garantía de indemnidad abarca una amplia gama de derechos laborales reconocidos tanto por la legislación española como por los convenios internacionales. Algunos de los derechos laborales más comunes protegidos por esta garantía incluyen:
- Derecho a la igualdad de trato: La garantía de indemnidad asegura que los trabajadores no sean discriminados por razones de género, raza, religión, orientación sexual u otras características protegidas por la ley.
- Derecho a la salud y seguridad en el trabajo: Los trabajadores tienen el derecho de desempeñar sus labores en un entorno seguro y saludable. La garantía de indemnidad protege a aquellos que denuncien situaciones de riesgo laboral o se nieguen a realizar tareas peligrosas que pongan en peligro su integridad física o mental.
- Derecho a la conciliación laboral y familiar Esta garantía protege a los trabajadores que ejercen su derecho a solicitar medidas de conciliación laboral y familiar, como reducción de jornada o permisos por maternidad o paternidad.
- Derecho a la libertad sindical: La garantía ampara a los trabajadores que ejerzan su derecho a afiliarse a un sindicato, participar en actividades sindicales o desempeñar funciones de representación sindical.
Protección contra represalias
- Frente al despido como represalia: La relación entre la garantía de indemnidad y el despido es un aspecto crucial. Según la legislación laboral española, despedir a un trabajador como consecuencia directa de ejercer sus derechos laborales se considera un despido nulo. Esto implica que el trabajador tiene derecho a ser readmitido y a recibir indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
- Frente a los cambios de las condiciones laborales como represalia: Además del despido, la garantía de indemnidad también resguarda al trabajador de represalias que impliquen cambios desfavorables en sus condiciones laborales. Por ejemplo, si un empleado denuncia prácticas laborales ilegales y, como resultado, se le asignan tareas menos cualificadas o se le reduce el salario, esto constituiría una violación de la garantía de indemnidad.
Casos de violación de la garantía de indemnidad
- Despido tras presentar una denuncia: Un caso típico de violación es el despido de un trabajador poco después de presentar una denuncia. Si un empleado denuncia prácticas laborales ilegales y es despedido sin una justificación válida, se consideraría una violación de la garantía de indemnidad, otorgando al trabajador el derecho a ser readmitido y a recibir compensación económica.
- Represalias por afiliación sindical: La afiliación sindical es un derecho fundamental, y cualquier represalia por ejercer este derecho está prohibida por la legislación laboral española. Si un empleado es despedido o sufre cambios desfavorables en sus condiciones laborales debido a su afiliación sindical, se estaría violando la garantía de indemnidad, brindando al trabajador el derecho a ser readmitido y a recibir una indemnización.
En resumen
La garantía de indemnidad en España constituye un derecho fundamental que resguarda al trabajador contra represalias por ejercer sus derechos laborales. Es imperativo que los empleadores respeten esta garantía, evitando cualquier tipo de represalia o consecuencia negativa hacia los trabajadores que ejerzan sus derechos.
En caso de violación de la garantía de indemnidad, los trabajadores tienen el derecho de emprender acciones legales para buscar su protección y la compensación correspondiente. De esta manera, se fomenta un entorno laboral justo y se promueve el respeto por los derechos de los trabajadores en España.
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Otorgan indemnización adicional a una empleada por despedirla para no reconocer su estabilidad laboral
Fuente/Autor: Consejo General de la Abogacía Fecha: 09/01/2024
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha otorgado a una trabajadora una indemnización adicional por despido de 7.501 euros tras apreciar los daños morales sufridos por la lesión a su derecho de tutela judicial efectiva.
La trabajadora fue despedida por la compañía en pleno proceso judicial en el que la empleada solicitaba que se le reconociera su condición de indefinida en vez de temporal. El Juzgado de lo Social ya resolvió que la trabajadora era indefinida no fija, resolución recurrida por ambas partes.
Gonzalo Velasco Recio, abogado de la empleada, considera que este fallo “abona la tesis marcada por el Tribunal Constitucional respecto a la garantía de indemnidad que debe ser observada como un verdadero derecho del trabajador a no resultar perjudicado laboralmente como consecuencia de reclamaciones que haya podido dirigir contra su empleador”.
“Se acreditó por la trabajadora la interposición de una demanda en la que solicitaba la estabilidad en el empleo, es decir, solicitaba ser personal indefinido”, afirma el letrado, quien comenta que antes de que se precipitara el cese, la afectada obtuvo una sentencia por el juzgado en la que se estimaba su pretensión.
Al cabo de los tres años que, en principio, era la duración máxima de los contratos por obra o servicio determinado, la empresa le comunica -siendo consciente de la existencia de esa sentencia-el fin del contrato temporal por finalización de la obra o servicio por llegada a término.
“La actividad no finalizó, con lo que la solución no tendría que haber sido el despido de la trabajadora, sino la transformación de su vínculo temporal en indefinido, que es precisamente lo que la trabajadora había demandado previamente”, argumenta Velasco.
El abogado considera que la cuantía de la indemnización de 7.501 euros es adecuada tomando como referencia la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), que establece que la comisión de una falta muy grave en materia laboral puede fijarse entre los 7.501 euros y los 225.018 euros.
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