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Actualización para clientes Moya & Emery sobre medidas de índole laboral adoptadas por el Gobierno debido al covid-19 y otra información de interés para empresarios y trabajadores

Estimado cliente,

Como usted es conocedor, los efectos de la pandemia provocada por el virus COVID-19 ha provocado la declaración del estado de alarma con efectos del 14 de marzo, lo que ha supuesto el cierre temporal de locales y establecimientos minoristas, tales como bares, restaurantes, instalaciones deportivas, así como todas aquellas que se detallan en el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y su ampliación, según la redacción dada en el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Como consecuencia de la prohibición de apertura acordada por el Gobierno y otras Administraciones Públicas, con la finalidad de reducir el contacto personal y el contagio del virus, las actividades afectadas son las siguientes:

«Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.». «1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando.» «6. Se habilita al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores, por razones justificadas de salud pública

EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO POR FUERZA MAYOR

Por lo que si su empresa es una de las actividades directamente relacionadas con las actividades cuyos centros deben permanecer cerrados, , debido a la falta de ocupación efectiva, se podrá solicitar un Expediente de Regulación de Empleo  temporal,  tanto suspensivo o por Reducción de Jornada por fuerza mayor

Las principales novedades del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en el ámbito laboral son las siguientes medidas:

En primer lugar la empresa afectada por el RD 463/2020 y su ampliación RD 465/2020 COVID-19 que realice un ERTE no tendrán que pagar las cotizaciones de la Seguridad Social a sus empleados afectados por dicho expediente, dicha exoneración se aplicara tanto en los casos de suspensión de contratos como de reducción de jornada. Sin embargo, de cara al trabajador afectado dichas cotizaciones se considerarán como efectivamente cotizados a todos los efectos (prestación de desempleo, incapacidad temporal, invalidez, jubilación, etc.)

La TGSS no solicitara para ello una solicitud previa de las empresas, sino que directamente se identificaría a través de los envíos de cotización Siltra, o a través del desempleo, SEPE.

Procedimiento

La solicitud de ERTE, se tramitarán en un plazo de cinco días, siendo el Estado el que se hará cargo de que los trabajadores afectados puedan percibir las prestaciones de desempleo, aunque no hayan cotizado lo suficiente, no restando dicho periodo de prestación, al cómputo de prestación que tengan acumulados los trabajadores, si el trabajador no puede cumplir con los plazos de presentación de la solicitud esta se prorrogara automáticamente

AUTÓNOMOS

En el caso de trabajador autónomo, RETA,  que tenga que suspender su actividad, con la consiguiente baja por no poder realizar su actividad, o cuya facturación en comparación al mes anterior se haya visto reducida al menos en un 75% del promedio del ultimo semestre,  podrá percibir la prestación de desempleo , incompatible con otra prestación, y que será de un 70% de la base reguladora de su cotización, esta prestación está prevista por un mes de duración, que podrá ser ampliada si se mantiene el estado de alarma. El tiempo de la prestación tendrá también la consideración de cotizado a todos los efectos.

AUTÓNOMOS CON TRABAJADORES A SU CARGO

En el caso que tengan que cerrar su actividad, podrán solicitar un ERTE para sus trabajadores y al mismo tiempo solicitar la citada prestación para ellos

Para poder acceder a la misma podrán hacerlo a través de la Mutua, si tienen cubierta las contingencias profesionales con ellos, o al SEPE.

TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS

Los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo ante la situación excepcional de este periodo también podrán acogerse a la prestación por desempleo.

PROTECCIÓN AL TRABAJADOR QUE TENGA PERSONAS DEPENDIENTES A SU CARGO

Las personas que tienen familiares dependientes a su cargo, hasta un segundo grado de consanguinidad, podrán organizar su tiempo de trabajo de la manera más satisfactoria para poder atender sus obligaciones de guarda y cuidado. Se entiende que estos trabajadores serán lo que han de atender a personas que lo precisen” por razones de edad, enfermedad o discapacidad”.

Además, también se atenderá como causa excepcional las “decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el Covid-19 que impliquen el cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza”.

Por lo que se facilitará sistemas como el teletrabajo, en la medida que sea posible o en su caso se podrá solicitar la reducción de jornada hasta el 100% su jornada para poder afrontar el cierre de colegios y de otros centros sociales de atención.

REDUCCIÓN DE JORNADA

Quién puede acogerse:  Podrán hacerlo las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto al cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad, hasta el segundo grado de la persona trabajadora”. También en el caso de que, por circunstancias relacionadas con el Covid-19, la persona que se hubiera encargado de estar al cuidado o asistencia no pudiera hacerlo.

La reducción de jornada deberá comunicarse a la empresa con 24 horas de antelación. Es una medida fundamental para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad y se entenderá como el derecho individual de cada uno de los cuidadores. Las modificaciones de jornada deberán solicitarse de manera “justificada, razonable y proporcionada” para acomodarse a las necesidades de organización de la empresa y se limitarán a la duración del periodo de estado de alarma excepcional.

TELETRABAJO

El Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo quiere contribuir a la posibilidad de que las empresas puedan replantearse y adaptar su organización. Para adaptarse de manera flexible a las nuevas condiciones laborales, se flexibilizará y facilitará la posibilidad de que el trabajador se acoja al teletrabajo a través de un sistema de autoevaluación o checklist que cada empleado podrá cumplimentar de forma individual

Estas medidas para implementar el teletrabajo “serán prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad”.

Las empresas deberán hacer un esfuerzo razonable y proporcionado para adaptarse a la situación en curso.

Si quiere plantearnos sus dudas o consultas y recabar nuestro asesoramiento con respecto a cualquier asunto de índole laboral en su empresa, póngase en contacto con nosotros

Por Rosario Moyà

Abogada especialista en Derecho laboral

Moya & Emery en el consultorio jurídico de Ràdio Calvià sobre Coronavirus y trabajadores fijos discontinuos

Nicolás Emery Middleton y Marga De Matos Pascual por parte del despacho de abogados MOYA & EMERY Asesoría y Consulting acudieron al consultorio jurídico de Ràdio Calvià, que en esta ocasión versó sobre la incidencia desde el prisma empresarial y laboral del CORONAVIRUS en la economía del país y sobre todo la Balear y qué sucede si un trabajador es afectado por esta enfermedad. Se trataron las medidas previstas por el gobierno para incentivar que los trabajadores no acudan a su puesto de trabajo, la modificación de la normativa respecto a los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) y las cotizaciones.

Moya & Emery en clave laboral sobre el coronavirus y los trabajadores fijos discontinuos

Al hilo del tema principal, el consultorio jurídico trató ampliamente los TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS, qué son, cuándo debe producirse el llamamiento de este tipo de trabajadores, cuáles son los períodos garantizados de ocupación para ellos o sus normas comunes sobre fiestas laborales y vacaciones, además de otros aspectos.

Marga de Matos y Nicolás Emery fueron los profesionales a cargo del último consultorio jurídico en Ràdio Calvià

Las últimas reformas fiscales que afectan a las empresas.

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El Gobierno ha aprobado una serie de cambios legislativos que afectan directamente a las compañías. Las empresas deberán adaptarse al nuevo Código Penal, a la Ley de Sociedades de Capital o a la Ley de Auditoría.

Las reformas nos afectan a todos, también al sector empresarial. Este último trimestre del año se deberá tener en cuenta una serie de normativa que ha traído nuevas obligaciones. Es muy importante que te adaptes a ellas. Te comentamos algunas de estas reformas:

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL:

Delitos societarios:

El pasado 1 de julio entro en vigor una reforma en el Código Penal que aborda de manera extensa la responsabilidad societaria y la lucha contra la criminalidad empresarial a través de unos programas de “Compliance” o Cumplimiento Normativo. El fin de la imposición de este tipo de programas será un salvoconducto ante una potencial condena, siempre y cuando se cumplan con los elementos imprescindibles que aparecen en el artículo 31 bis.

Si la empresa no implanta es tipo de departamento, el artículo 33.7 del CP sostiene diferentes penas aplicables a la persona jurídica, desde multas (por cuotas o proporcionales), posibles sanciones llegando a la disolución de la persona jurídica, suspensión de actividades por un plazo no superior a 5 años, cláusula de locales, llegando incluso a la prohibición de realizar en el futuro actividades en las que se halla favorecido o encubierto el delito. También constará entre estas sanciones la inhabilitación para contratar con el sector público u obtener subvenciones.

Software pirata:

Otro punto importante a tener en cuenta por las empresas son las posibles sanciones relacionadas con el uso de software ilegal. En el nuevo Código Penal, las compañías infractoras podrán ser obligadas a disolver su compañía o a ser excluidas de subvenciones y ayudas públicas hasta 15 años. La norma apunta directamente a las empresas, pero también a los administradores, que a partir de ahora, y siempre que no hagan nada para prevenir el uso de estos programas piratas, podrán ser sancionados con penas de hasta 4 años de prisión y multas económicas idénticas a las aplicadas a las personas jurídicas.

REFORMA LEY SOCIEDADES DE CAPITAL, ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES: 

La reforma de la Ley de Sociedades de Capital tienen como objetivo mejorar el gobierno corporativo de las empresas. Estas nuevas obligaciones entran en vigor a partir del 2016 por lo que todas las empresas deberán hacer los cambios necesarios antes del 31 de diciembre de 2015 para ajustarse a la nueva normativa.

Se amplían en esta reforma la regulación de los deberes de diligencia y lealtad del departamento de administración. Se incrementa el alcance de la responsabilidad, obligando a los administradores no sólo a indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino también a devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido.

Esta ley también obliga a que se establezcan en los estatutos que “la remuneración de los administradores se efectúe por sus funciones de gestión y decisión y que este sueldo sea acorde con la situación económica de la sociedad y los estándares del mercado, así como la relevancia de la sociedad”.

AUDITORÍA:

La nueva Ley de Auditoría presenta una serie de cambios que entrarán en vigor en 2016. En esta reforma, se limita a 10 años el tiempo del contrato entre un auditor y sociedades como bancos, aseguradoras y empresas cotizadas, incluidas las del Mercado Alternativo Bursátil.

Se limitan las remuneraciones que podrán recibir los auditores por parte de la empresa contratante.

Las sociedades consideradas de interés público, tendrán que contar con un comité de auditoría cuyos miembros deberán ser consejeros no ejecutivos y la mayoría de ellos independientes, con formación y conocimientos fiscales y de auditoría. Se libran de esta imposición las compañías que cuenten con pocos accionistas, como las empresas familiares.

REFORMA DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA:

Con la intención  de agilizar los trámites de las empresas y simplificar los procedimientos mercantiles y descargar trabajo a los tribunales se modifica la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Las compañías podrán acudir a los notarios para cobrar deudas no contradichas o realizar subastas de bienes. Otros asuntos que se podrán resolver sin secretarios judiciales serán las convocatorias de juntas generales, la conciliación registral, la posibilidad de someter a auditoria las cuentas anuales ordinarias o consolidadas de las empresas y la designación del auditor, que con las nuevas competencias asignadas podrán realizar los registradores mercantiles.

CAMBIOS EN EL ÁMBITO LABORAL:

En lo que se refiere al mundo laboral, el Gobierno no ha realizado ningún cambio desde la última reforma de 2012. Sin embargo, en este ámbito se están viendo importantes cambios impulsados por las sentencias de los juzgados nacionales, fallos que las empresas deberían tener muy en en cuenta en el caso de tener que realizar despidos o expedientes de regulación de empleo. Entre los asuntos más frecuentes por los tribunales se encuentran los casos de “ultraactividad” (aplicación de un convenio colectivo caduco), o las indemnizaciones por despidos improcedentes. El Supremo decidió que el tiempo máximo de compensación pasa a 3 años y medio, frente a los 2 años que aparecía en la reforma laboral.

Otros asuntos tratados frecuentemente desde la entrada en vigor de la reducción de jornada, la Audiencia Nacional dice que cada trabajador puede diseñar a lo largo de la semana su jornada reducida, frente a lo que impone la reforma que obliga a que sea diaria y proporcional.

Otro asunto es el descuelgue de convenio, el Supremo ha señalado que es nulo retrotraer una rebaja de sueldo o variación de jornada, aunque se pacte con los trabajadores.

También entra en este apartado el periodo de prueba. Varios jueces han puesto en entredicho el periodo de prueba de un año que introdujo el texto para el contrato de apoyo al emprendedor.

En Moya&Emery nos encargamos del asesoramiento integral de empresas. Si necesitas ayuda para ponerte en orden ante los nuevos cambios legislativos antes del 2016 no dudes en pedirnos cita llamándonos al 971 72 80 10. También puedes venir a visitarnos en nuestras oficinas de C/Pere Dezcallar i Net nº11 en Palma de Mallorca o en nuestra oficina de C/Còrdova nº5 local 5 en el Club de Hielo en Palmanova.

Conoce todos nuestros servicios en nuestra web www.moyaemery.com