La TGSS obligada a devolver lo pagado de más por una empresa que no pudo acreditar el pago doble realizado

La TGSS obligada a devolver lo pagado de más por una empresa que no pudo acreditar el pago doble realizado tras sufrir la pérdida de tal información por un ataque informático

Una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla marca un hito significativo en la protección de los derechos empresariales frente a la administración pública. La sentencia obliga a devolver a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) lo pagado en exceso por una empresa que no pudo acreditar el pago doble realizado por la pérdida informática sufrida en un ciberataque. La empresa requirió a la TGSS la aportación de la información sobre el doble pago realizado que le constara pero el ente requerido se negó.

Contexto del caso

En 2018, una empresa realizó un pago duplicado a la TGSS de Sevilla. Tras detectar el error, la empresa solicitó la devolución del pago en exceso. Sin embargo, en febrero de 2019, la empresa sufrió un ciberataque que resultó en la pérdida de varios documentos cruciales, incluyendo los archivos CRA (conceptos retributivos abonados) de 2018 necesarios para justificar la devolución.

La TGSS reconoció la existencia del pago indebido pero desestimó la solicitud de devolución debido a la falta de la documentación requerida. La empresa, al no poder recuperar estos documentos, solicitó a la TGSS que proporcionara una copia, pero la administración alegó no ser competente para entregar dicha información.

Sentencia y fundamentación

El juez falló a favor de la empresa, basándose en el artículo 28.2 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que los interesados no están obligados a aportar documentos que ya estén en poder de la administración actuante o de cualquier otra administración. La sentencia condenó a la TGSS de Sevilla a devolver íntegramente los 43.630,9 euros pagados en exceso.

Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.
[…] 2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.

Implicaciones para las empresas

Esta sentencia tiene varias implicaciones importantes:

Refuerzo de los derechos de las empresas: La decisión judicial refuerza los derechos de las empresas a recibir un trato justo y equitativo por parte de las autoridades públicas. Las empresas pueden sentirse más seguras al saber que la administración no puede utilizar la falta de documentos como excusa para denegar devoluciones legítimas.
Reducción de la burocracia: La sentencia subraya la obligación de la administración de actuar con eficiencia, utilizando los recursos electrónicos a su disposición. Esto puede llevar a una reducción de la burocracia, facilitando las interacciones de las empresas con la administración y agilizando los procesos de recuperación de pagos indebidos.
Confianza en el Sistema Judicial: El fallo destaca la importancia del sistema judicial en la protección de los derechos empresariales, aumentando la confianza de las empresas en recurrir a los tribunales cuando enfrentan prácticas administrativas injustas.
Prevención de ciberataques: Las empresas pueden ver la necesidad de fortalecer sus medidas de ciberseguridad para evitar la pérdida de documentos importantes. Esta sentencia sirve como un recordatorio de la vulnerabilidad de los datos empresariales y la importancia de la protección contra ciberataques.

Conclusión

La sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de Sevilla es un avance significativo hacia una administración pública más eficiente y menos burocrática. Refuerza la protección de las empresas frente a prácticas administrativas injustas y destaca la obligación de la administración de utilizar los recursos a su disposición de manera eficiente. Las empresas deben estar informadas y preparadas para defender sus derechos, aprovechando este precedente judicial para asegurar un trato justo y equitativo en sus interacciones con la administración pública.

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