Entra en vigor la ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas en el seno de la empresa tras las transposición de la Directiva europea ‘Whistleblower’.
La norma obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a contar con un sistema interno de denuncias y prevé multas que pueden alcanzar hasta 1.000.000 euros.
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción fue publicada el pasado martes 21 de febrero de 2023 en el BOE. Esta Ley supone la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, conocida como Directiva Whistleblower (traducido del inglés como “soplón”).
¿Qué objetivo persigue esta normativa?
Se pretende brindar protección a todos aquellos que informen sobre acciones u omisiones que puedan constituir algunas de las infracciones administrativas o penales en el seno de las empresas. Para ello determinadas empresas deberán implementar
- un canal de denuncias interno y seguro para la transmisión de esta información
- y los sistemas de protección que impidan que los informantes sean represaliados en el seno de la empresa.
¿Quiénes están obligados a cumplir esta normativa?
Estarán obligados a disponer de un sistema interno de información en los términos previstos en la ley, entre otros sujetos, las personas jurídicas del sector privado que tengan contratados 50 o más trabajadores.
También están obligados los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
¿Cuándo deberá aplicarse esta ley?
Salvo contadas excepciones, para instaurar el canal de denuncias y resto de sistemas a que obliga la ley los sujetos obligados tendrán el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, que se producirá a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
¿A quiénes protege?
Todas aquellas personas, trabajadores del sector privado, que informen sobre infracciones tenidas lugar en el contexto laboral o profesional, en curso, ya finalizada o durante el proceso de selección o de negociación para la contratación.
Evitar represalias
Con el fin de que afloren los comportamientos contrarios a la ley en el seno de la empresa, la ley trata de blindar a los informantes en el sentido de dotarles de protección frente a las posibles actos de represalia, como podrían ser:
- suspender del contrato de trabajo,
- despedir o extinguir la relación laboral
- imponer medidas disciplinarias,
- degradar (bajar de categoría) o impedir ascensos,
- la modificación sustancial de las condiciones de trabajo
Régimen sancionador previsto
La ley prevé un sistema de infracciones y sanciones que llevan aparejadas multas en el caso de empresas de entre 600.000 y un millón de euros.
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Además, puedes echar un vistazo a nuestras entradas anteriores sobre Compliance / cumplimiento normativo, la Directiva Whistleblower y el canal de denuncias
