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El impuesto AJD: El Supremo rectifica.

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El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ha sido sin duda, del impuesto que más se ha hablado en las últimas semanas. La decisión del Supremo generó mucha polémica, a partir de ahora serán los bancos quien deban asumir el pago del impuesto AJD. El revuelo fué generalizado: Banca, clientes, medios… Todos estabamos ansiosos por comprender la nueva doctrina que marcaba el Supremo.

A raíz de estos acontecimientos, el Supremo decidió debatir la retroactividad de la sentencia. En un primer momento se fijo en 4 años desde la publicación de la sentencia y ¡empieza la controversia! Los Bancos a disgusto por tener que desembolsar millones de euros, los afectados descontentos por el corto periodo en el que se aplica la retroactividad. Las presiones de unos y otros hizo que el Supremo se reuniera el pasado lunes de 5 de noviembre para dar una solución.

La reunión no fue nada fácil, después de 8 horas debatiendo se tuvo que postergar hasta el martes, cuando ya por fín obtenimos el fallo. “El Supremo rectifica y obliga al cliente a pagar el impuesto de las hipotecas” titula la agencia EFE la noticia.

En la prensa encontramos titulares tan contundentes como estos:

  • “El Tribunal Supremo da la razón a los bancos y falla que el cliente pague el impuesto de las hipotecas”
  • “Una guerra en el Tribunal Supremo con más perdedores que ganadores”
  • “Los bancos aplauden la decisión del Supremo: “Preserva la seguridad jurídica”
  • “Un mazazo para un millón y medio de personas”
  • “La Justicia pierde su crédito por ayudar a los bancos”
  • “El Supremo rectifica y rechaza por la mínima que la banca pague el impuesto hipotecario”
  • “Hasta un millón y medio de hipotecados se queda sin recuperar el importe del impuesto AJD”
  • “Un mazazo para un millón y medio de personas”

La pregunta es clara, ¿Por qué el Supremo ha cambiado tan radicalmente de postura? 

Para poder entender esta decisión, debemos analizar qué suponía esta sentencia. La nueva doctrina hacía que todas aquellas hipotecas que no estuvieran prescritas fiscalmente (de 2014-2018) estuvieran afectadas. Eso suponía la devolución del impuesto a más de 1 millón de hipotecas. La media del pago de este impuesto se encontraba en los 4000 €. Hacer las cuentas es sencillo: La Banca tendrían que desembolsarse más de 4mil millones de euros. Estas cifras son abismales, y si tenemos en cuenta que la sentencia dejó la puerta abierta da casi 12 millones de prestamos, podemos comprender el caos que podría llegar a generarse. (48mil millones de euros).

La Banca española no vive su mejor momento. No hace tantos meses sufrió un desplome en bolsa de 15 mil millones de euros. El análisis del mes pasado que realizó el Banco de España tuvo que replantearse a la baja y confirmar la desaceleración económica que sufre nuestro país, tanto por las situaciones políticas conflicitvas que hemos vivido (Cataluña o la moción de censura), como por las situaciones internacionales que nos afectan económicamente. Seguir adelante con la esta doctrina marcada por el Supremo hubiera supuesto otro duro golpe para la salud económica de los Bancos.

Sin embargo, ¿es este hecho suficiente para echar para atrás una sentencia que proponía dar una solución a más de un millon y medio de afectados? No sólo no se devolverá el dinero a las hipotecas firmadas a partir de 2014, si no que el cambio de criterio implica que tendrán que ser los clientes quien hagan frente a este impuesto. En definitiva, volvemos al punto de partida.

Puede que esta sentencia sea un duro mazazo para los afectados, pero todavía no ha intervenido el Tribunal de Justicia Europeo. Tal y como ya hizo con las clausulas suelo, puede que el TJUE intervenga en la causa y las más de 1 millon de hipotecas afectadas puedan ver la luz al final del tunel. Las respuestas han sido inmediata por todos los partidos políticos: desde la solicitud de la movilización ciudadana hasta promesas de suprimir el impuesto. De momento sólo nos queda resignarnos y estar pendiente de las noticias que surigirán alrededor del tema.

 

 

AJD: el único impuesto del que querrás oír hablar.

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Abrimos un nuevo capítulo para las reclamaciones hipotecarias. Después de la Cláusula Suelo llega el “AJD”, el único impuesto del que querrás saber más.

El AJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) es un impuesto que se debe pagar a la Agencia Tributaria al constituir una hipoteca. Al constituir una hipoteca, lo normal era que el deudor hipotecario se encargara de cubrir los gastos del AJD, pero con la reciente sentencia del 16 de octubre del Tribunal Supremos, las cosas cambian.

La Sala de los Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dicta una sentencia por la que declara que deberá ser la entidad financiera la que se encargue de pagar este impuesto.

La cosa tiene su miga, ya que el Tribunal, que es experto en materia tributaria, anula el artículo 68.2 del reglamento del impuesto AJD por considerarlo contrario a la Ley que lo desarrollaba, ya que, el sujeto pasivo de este impuesto que nace del otorgamiento de la escritura de la hipoteca, debe ser a favor de quien se otorga, siendo esta la entidad financiera, ya que es ella a quien le interesa que el préstamo hipotecario se otorgue en escritura pública y se inscriba en el registro de la propiedad, porque si es así, tendrá carácter ejecutivo en el caso de impago por el deudor hipotecario.

Este criterio causa controversia ya que se opone al criterio que ya se encontraba consolidado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS y por lo tanto, pone en entredicho la última sentencia de la Sala de lo Civil del propio TS de febrero de 2018 que establecía en su fallo justo lo contrario.

Ahora que tenemos un poco más claro que es el AJD, viene lo más importante:

¿Quiénes pueden reclamar?

Podrás reclamar si has suscrito una hipoteca en los últimos 4 años. La Asociación de Usuarios Financieros calcula que hay alrededor de 8 millones de prestamos hipotecarios afectados por este fallo del TS, así que es muy posible que puedas reclamar. Si firmaste tu hipoteca antes de 4 años, puedes revisar que exista una cláusula abusiva por gastos impuestos al consumidor que no tendrías que asumir, como otros gastos que ya se vienen reclamando a los juzgados como los gastos de notaría, registro, tasación, etc.

Vale pero… ¿Qué es lo que puedo reclamar?

Podrás reclamar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que seguramente pagaste al constituir una hipoteca. Ahora, tendrá que pagarlo el banco. Este impuesto es gran parte de los gastos relacionados con la firma del préstamo hipotecario.

Y ¿Cuánto dinero se puede reclamar?

Cada comunidad autónoma gestiona el impuesto de forma distinta. El AJD representa un porcentaje sobre la escritura notarial en la que se formaliza la hipoteca. Este porcentaje varía en función de la comunidad autónoma en la que se haya firmado la hipoteca. En Baleares, el tipo general en documentos notariales se encuentra en el 1’2%. Así pues, nos encontramos ante una media de 4000€ que puedes llegar a reclamar.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Se recomienda interponer una reclamación por escrito a la propia entidad financiera y posteriormente al Banco de España, es decir, acudir a la vía extrajudicial. Sin embargo los bancos están derivando estas reclamaciones a la vía Administrativa.

La vía administrativa consiste en acudir a las oficinas de hacienda de las distintas comunidades autónomas. Podrás acudir conforme lo indicado en el artículo 120.3 de la Ley General Tributaria pero sólo podrás recuperar el impuesto de actos jurídicos documentados.

La otra alternativa es acudir a la vía judicial, interponiendo una demanda en la que podrás reclamar no sólo el impuesto AJD si no también todos los gastos derivados de la hipoteca como los de notaria, de gestoría, de tasación, etc.

Si quieres ponerte en marcha y recuperar lo que te pertecene, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estudiaremos tu caso y elaboraremos un plan para conseguir el éxito en tu reclamación. Puedes pedir cita previa en el 971 72 80 10 o venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca, estaremos encantados de atenderte.

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La LOPD cambia de nombre: Nuevo proyecto de ley.

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El pasado 25 de mayo vivimos el “boom” de la protección de datos con la entrada en vigor del nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD). La LOPD quedó anticuada por lo que se ha lanzado un nuevo Proyecto de Ley que cambia el nombre de la ley de protección de datos a : “Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales”

La nueva norma cambia de nombre para reflejar los nuevos derechos que se han adquirido tras la publicación del reglamento. El contenido de la LOPD se actualiza para plasmar las nuevas necesidades que surgen con el uso diario de internet tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida laboral.

Entre las principales novedades que trae esta nueva norma encontramos nuevos derechos para los trabajadores, el derecho al olvido, ayudas para acceder a internet, el acceso a fichero públicos, etc. Vamos a comentar cada uno de estos temas:

DERECHOS PARA LOS TRABAJADORES:

  • Desconexión digital de los trabajadores: los trabajadores con cargos públicos tendrán derecho a la desconexión digital con la finalidad de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto del tiempo de descanso y vacaciones y por otra parte el respeto a su intimidad personal y familiar.  En cuanto a las empresas, serán estas mismas las que deberán elaborar una política de uso responsable de dispositivos con el fin de respetar el derecho a la desconexión laboral en los casos en los que se trabaje de forma total o parcialmente a distancia y sobre todo cuando sea en el domicilio del trabajador y se vinculen dispositivos digitales con finalidad laboral.
  • Acceso de la empresa a contenidos del trabajador: La normativa permitirá a las empresas a acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a sus trabajadores con la finalidad de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales y poder garantizar la integridad de estos dispositivos. Sin embargo existen ciertos requisitos para poder acceder a esta información:
    • Se deberá crear un protocolo de uso de los dispositivos digitales y se comunicará su alcance y límites directamente con los trabajadores.
    • Los protocolos de uso deberán regular con precisión el alcance de la privacidad del trabajador que no pueden anular las expectativas mínimas de protección de la intimidad de los trabajadores con los usos constitucionalmente reconocidos.
    • Para que la empresa pueda acceder a esta información será necesario que el protocolo de uso indique los casos en los que está admitido el acceso a esta información y las garantías previstas para garantizar la intimidad de los trabajadores.
  • Uso de cámaras de vigilancia: La ley contempla que la empresa pueda utilizar las grabaciones obtenidas por cámaras fotográficas y de video. En los casos en los que se necesiten datos relacionados con la localización del trabajador, se podrán obtener siempre y cuando sea para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores que se encuentran en el Estatuto de los trabajadores y se ejerza dentro de la ley. Es importante hacer incapié que la nueva LOPD indica que no podrá haber cámaras en las zonas de descanso, los baños, los vestuarios y los aseos. Por su puesto será obligatorio informar a sus empleados de la existencia y localización de estos dispositivos de grabación y de lo que supondrá descubrir determinadas actuaciones a través de ellos.

DERECHO AL OLVIDO:

El derecho al olvido es eso de lo que tanto hemos oído hablar pero que no tenemos muy claro. En el proyecto de ley se regula también este derecho por el cual los usuarios pueden exigir que se eliminen sus datos personales.

Para que los datos sean eliminados, deberá ser el usuario el que se ponga en contacto con la empresa y podrán hacer uso del derecho al olvido:

  • Cuando los datos recogidos ya no son necesarios para la finalidad para la que fueron obtenidos.
  • Cuando el usuario interesado retire el consentimiento para que se sigan usando esos datos.
  • Cuando los datos de hayan obtenido de forma ilícita.

Pero también existen situaciones en las que este derecho no podrá ser ejercitado:

  • En los casos en los que se establezca que debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión e información.
  • Cuando existan razones de interés público.

MENORES Y EDUCACIÓN DIGITAL:

Con la nueva ley se fija la edad mínima de acceso de los menores a redes sociales sin consentimiento de los padres en los 14 años. El RGPD regula que cada Estado miembro debe poner la fijación de esta edad y debe ser entre los 13 y los 16 años.

En cuanto a la difusión de imágenes de menores en redes sociales, en los casos en los que pueda suponer una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales, puede terminar en una intervención del Ministerio Fiscal.

Sobre la educación digital, se establece la necesidad de que en el ámbito educativo se garantice un uso seguro de los medios digitales, y sobre todo que se respeten los derechos reconocidos en la Constitución española. Con este propósito se insta a los profesores a que se formen en esta materia.

También deberá incluirse el uso seguro de medios digitales dentro de las materias a estudiar en las Universidades y en los temarios de oposiciones a cuerpo superiores de la Administración pública cuando esté relacionado con el ejercicio de sus funciones.

AYUDAS PARA ACCEDER A INTERNET

En el proyecto de ley se menciona también el bono social para facilitar el acceso a internet a todos los sectores de la población. Son varias las razones que existen para establecer este bono, desde la falta de tecnología en zonas poco pobladas, los precios, la obligatoriedad de los trámites por la sede electrónica,… El bono ofrece descuentos sobre las cuotas de acceso a internet en función de las rentas familiares.

  • Derecho a la neutralidad de Internet: en la ley se establece que los proveedores deben proporcionar una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos. También se establece que se deberá garantizar la seguridad de las comunicaciones que los usuarios tengan, tanto si son receptores o emisores, a través de la red.
  • Derecho a testamento digital: Los familiares o herederos de fallecido pueden trasladar a los servicios de la sociedad de información la voluntad sobre el destino o la supresión de los datos, salvo que la persona fallecida lo hubiera prohibido expresamente. Con este nuevo derecho se permite a los ciudadanos designar en sus testamentos a sus herederos digitales para que reclamen ante las empresas de la información facilitada por la persona difunta.

ACCESO A FICHEROS PÚBLICOS Y ECLESIÁSTICOS

La nueva normativa facilitará el acceso de las familias del colectivo conocido como bebés robados a ficheros con sus datos, incluidos los eclesiásticos. Además, se incluye una disposición adicional que hace referencia expresa para que se atiendan las peticiones de acceso a archivos públicos y eclesiásticos que sean objeto de investigaciones policiales o judiciales. Se añade una apartado en el que se garantiza que el derecho a la privacidad no perjudicará a la investigación biomédica.

Estas son las novedades que trae el proyecto de ley para la actualización de la LOPD. Estaremos atentos a las novedades y a su publicación.

Puedes ver el proyecto de ley haciendo click aquí.

Nuevo Real Decreto de Protección de Datos

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El pasado 27 de julio se aprobó en el BOE un Real Decreto-ley por el que entran en vigor “medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos”.

Este nuevo Real Decreto-ley modifica nuestro derecho para que se adapte al nuevo reglamento europeo de protección de datos que tanto ha dado que hablar.

El tratamiento de datos afecta únicamente a las personas físicas, es decir, sólo se verán afectados los datos de personas físicas y no los de empresas. En este caso hablamos de los datos personales y su libre circulación según la nueva normativa europea después de la entrada en vigor del RGPD el pasado 25 de mayo. Este nuevo Real Decreto-ley supone una modificación de nuestra LOPD para adecuarla a los nuevos aspectos que se incorporan en el nuevo reglamento de protección de datos.

De forma muy resumida comentamos los aspectos más interesantes de este Real Decreto-ley:

  1. Capítulo I: hace referencia a la necesidad de identificar al personal competente para el ejercicio de poderes de investigación que el Reglamento otorga a las autoridades de control.
  2. Capitulo II: trata todo el régimen sancionador y reemplaza los tipos infractores actuales de la LOPD. Hay dos temas muy importantes a tener en cuenta:
    • Los sujetos que son responsables del tratamiento de datos.
    • Los plazos de prescripción de las infracciones y las sanciones.
  3. Capítulo III: regula el procedimiento es los casos en los que exista una posible vulneración del Reglamento. En los casos de los datos transfronterizos, el reglamento prevé una serie de trámites en caso de reclamación ante la AEPD.

En este Real Decreto-ley se designa a al AEPD (Agencia Española e Protección de Datos) como la autoridad representante de España en el Comité Europeo.

¿Necesitas asesoramiento para implantar la protección de datos en tu empresa? Puedes ponerte en contacto con nosotros y te daremos asesoramiento para cumplir con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Puedes pedirnos cita previa en el 971 72 80 10 o venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca. 

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Los whatsapp: como convertirlas en la prueba definitiva.

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¡Ay el whatsapp! Qué aplicación tan fantástica, ¿no? Y cuantos quebraderos de cabeza nos da: que si la hora de conexión, que si el doble check, que si ahora en azul,…
Desde que aparición en 2009 se ha convertido en nuestra forma más cotidiana de comunicarnos, tanto es así que a los juzgados ya llegan “despidos por whatsapp”. Pero como bien sabemos, los whatsapps pueden falsearse, por lo tanto ¿pueden servir como una prueba veraz para un juicio?

No es poco frecuente ya encontrar casos en los que las redes sociales y la mensajería tienen protagonismo, ya que las nuevas tecnologías están instaladas en nuestra vida cotidiana. Los juzgados han tenido que “modernizarse” ya que en algunos casos la mensajería instantánea ha sido determinantes para resolver un litigio hacía un sentido u otro.

De entre todas las opciones que existen para comunicarse, los españoles somos más de Whatsapp, y además la utilizamos a diario. Por lo tanto es muy importante tener en cuenta que existen unos procedimientos para poder aportar “los whatsapps” como una prueba esencial para determinar el fallo a tu favor y que no pueda ser impugnada.

Hay dos motivos por los que un whatsapp aportado en un juicio como una prueba pueda ser impugnado:

  • LICITUD: habrá que demostrar que la obtención del contenido de la conversación habrá sido de forma correcta.
  • AUTENTICIDAD: habrá que demostrar que los whatsapps son auténticos.

Como hemos dicho antes, los whatsapps se pueden falsear, pero como vemos no es el único inconveniente para presentarlos como pruebas, también deben haberse obtenido de forma correcta. ¿Qué significa esto? En este punto entra en juego el artículo 90.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en el que se nos dice que no serán admitidas las pruebas que se haya obtenido de forma directa o indirectamente a través de procedimientos que supongan una violación de los derechos fundamentales. ¿Por qué es este artículo interesante? Porque es el desencadenante de muchos alegatos en contra de estas pruebas ya que se suele apelar a que la empresa ha violado el derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones. Pero esto acudir a este artículo no garantiza la seguridad de la impugnación de la prueba ya que existen muchas sentencias que descartan que se hayan vulnerado derechos fundamentales para la obtención de dichas pruebas.

Hay que tener en cuenta que, en caso de impugnación estas pruebas no se retirarían del proceso ni del examen judicial valorativo, si no que el tribunal podrá valorarlas siguiendo las normas de la sana crítica como nos indica la Ley de Enjuiciamiento Civil.

¿Qué hacer? Pues la solución es sencilla. Lo recomendable es aportar medios que aprueben la autenticidad de los mensajes de whatsapp, mediante una prueba pericial. Sin embargo, también puede admitirse como prueba de autenticidad la testifical de alguno de los interlocutores de la conversación.

Otra opción es aportar el teléfono al letrado de la Administración de Justicia o a un notario para que levante acta de su contenido, con los números de teléfono involucrados y la hora de la conversación.

¿Te encuentras ante un despido por whatsapp? Si necesitas asesoramiento sobre cómo actuar con pruebas obtenidas por mensajería instantánea o redes sociales puedes ponerte en contacto con nosotros. Nuestros equipo de abogados te asesorará sobre todos las precauciones que tomar para demostrar la validez de las pruebas.

Puedes pedirnos cita previa en el 971 72 80 10 o venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca.

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¿Puedo alquilar mi vivienda para uso turístico? Nueva propuesta del Consell sobre estancias turísticas.

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A principio de este año 2018, se publicó una propuesta del Consell de Mallorca sobre las estancias turísticas donde se proponía delimitar las zonas con el fin de limitar la comercialización de las estancias turísticas en las viviendas de uso residencial en Mallorca.

No ha sido hasta ahora cuando por fin se ha publicado una propuesta definitiva, elaborada por el Departamento de Territorio e Infraestructuras del Consell de Mallorca, ya que esta propuesta ha tenido que someterse a los procesos de los actos administrativos, con sus periodos de informes, alegaciones, objeciones, etc…

Sin embargo, todavía no está todo dicho, ya que actualmente dicha propuesta se encuentra bajo la revisión de la Comisión Balear de Medio Ambiente que tendrá un mes para emitir un informe vinculante. Así pues, tendremos que esperar hasta el 31 de julio para que el Consell decida si se aprueba o no esta propuesta.

Esta propuesta pretende cambiar el actual sistema de licencias, de una común para todos los tipos de estancias turísticas a diferenciarlas en dos tipos:

  • Alquiler por un máximo de 60 días al año: esta licencia se otorgará a los solicitantes que tengan su residencia habitual en la propiedad que desea alquilar.
  • Alquiler hasta 365 días al año: En este tipo de licencias se hará una distinción entre viviendas unifamiliares y plurifamiliares. También podrá solicitarse en los casos en los que el solicitante no tenga su residencia habitual en la propiedad que se desea alquilar.

Como hemos visto, se hace una distinción entre viviendas unifamiliares y viviendas plurifamiliares (como por ejemplo los edificios de apartamentos). Esta división repercutirá en la división por zonas ya que en algunas sólo se permitirá el alquiler de viviendas unifamiliares. En los casos en los que se alquilen apartamentos se deberá obtener la autorización de la comunidad de propietarios.

Teniendo en cuenta estas divisiones de licencias y tipos de viviendas, vamos a ver en cuantas zonas se ha dividido la isla y su clasificación:

  1. Núcleos litorales turísticos vulnerables. (Zona 1)
  2. Resto de núcleos litorales turísiticos. (Zona 2)
  3. Núcleos de interior con mayor presión turística vulnerables. (Zona 3)
  4. Resto de núcleos de interior no vulnerables. (Zona 4)
  5. Suelo rústico Protegido. (Zona 5)
  6. Suelo rústico Común. (Zona 6)
  7. Zonas excluídas. (Zona 7)

ZONA 1: NÚCLEOS LITORALES TURÍSITOCS VULNERABLES:

En la zona 1 encontramos a Palmanova, Magaluf, Santa Ponça, Paguera, Bellavista, Cala Blava y Son Verí Nou.
En la zona del Arenal de Llucmajor sólo se permitirá el alquiler vacacional en las viviendas de tipo unifamiliar.

En la zona 1 el tipo de alquiler será el de 60 días.  Tanto en las viviendas unifamiliares como en  las plurifamiliares situadas en estas zonas, sólo podrán comercializarse las estancias turísiticas durante 60 días al año y siempre y cuando el propietario tenga su residencia habitual en la propiedad. En los casos en los que se desee alquilar un apartamento se deberá obtener la autorización de la Comunidad de Propietarios.

ZONA 2: RESTO DE NÚCLEOS LITORALES TURÍSITCOS.

En esta zona, tal y como indica su nombre, encontraremos el resto de núcleos litorales turísticios: Sant Elm, Costa d’en Blanes, Portals Nous, Illetas, Cala Vinyes, Puerto de Andratx, Camp de mar, El Toro, Costa de la Calma, Portals Vells, Sa Torre, Bahía Grande, El Dorado, Bahía Azul, Cala Pi, Vallgonera, S’Estanyol, Ses Covetes, La Rápita, Colonia de Sant Jordi, Cala Santanyí, Cala Llombards, Cala Figuera, Cala Mondragó, Portopetro, Cala d’Or, Cala Ferrera, Cala Marçal, Portocolom, Cala Murada, Es Domingos, Calas de Mallorca, S’Estany d’es mas, Cala Mendia, Cala Anguila, S’Illot, Porto Cristo, Sa Coma, Cala Millor, Cala Bona, Port Vell, Costa dels Pins, Canyamel, Font de sa Cala, Cala Ratjada, Cala Mesquida, Betlem, Colonia de Sant Oere, Son Serra de Marina, Can Picafort, Puerto de Alcudia, Puerto de Pollensa, Bonaire, Es Barcarés, Formentor, Cala Sant Vicenç,…
En cuanto a la Playa de Muro que también se encontraba en esta categoría, pasa a tener totalmente prohibido el alquiler turístico en las viviendas plurifamiliares.
El Puerto de Soller se Mantiene en esta categoría pero excluyendo el Centro Histórico que quedará limitado el alquiler vacacional a los 60 días al año.

Para esta zona se podrán aplicar ambos tipos de alquiler:

  • 60 días al año, para viviendas unifamiliares y plurifamiliares siempre y cuando el propietario tenga su residencia habitual  en dicha propiedad.
  • 365 días al año en viviendas unifamiliares y plurifamiliares, para este último siempre con la aprobación de la Comunidad de Propietarios.

ZONA 3: NÚCLEOS DE INTERIOR CON MAYOR PRESIÓN TURÍSTICA – VULNERABLES

Son las zonas de Alcuida, Banyalbufar, Port des Canonge, Orient, Ullaró, Deià, Llucalcari, Sa Cala, S’Empeltada, Estellencs, Fornalutx, Marratxinet, Pollença, Es Vilá, La Font, Santanyí, Ses Salines, Soller, Biniaraix, L’Horta, Valldemosa, Es port de Valldemosa, S’Arxiduc y Son Ferrandell.

En estas zonas sólo se podrán comercializar las estancias turísticas durante 60 días al año con las condiciones propias de este tipo de alquiler.

ZONA 4: RESTO DE NÚCLEOS DE INTERIOR – NO VULNERABLES

Igual que en la zona 2, el propio nombre indica que en esta zona encontraremos el resto de zonas de interior como son Felanitx, Llucmajor, S’Arracó, Andratx, Capdellá, Calviá, Galilea, Son Serralta, Puigpunyent, Esporles, Bunyola, Palmanova, Sa Coma, Santa María, Sa Cabana, Pont d’Inca, Pla de na Tesa, Portol, Consell, Binissalem, Biniamar, Lloseta, Mancor, Selva, Inca, Caimari, Sa Pobla, Alaró, Lluc, Búger, Sencelles, Santa Eugenia, Costitx, Lloret, Pina, Algaida, Montuiri, Manacor, Sant Llorenç, Son Servera, Artà, Capdepera, Santa Margalida, Petra, Vilafranca, Sant Joan,…

En la zona cuatro se podrán alquilar las viviendas unifamiliares y plurifamiliares en ambas modalidades siempre y cuando se cumplan las condiciones típicas de cada una de ellas.

Excepciones:
*En cuanto a los cambios que encontramos con respecto a la propuesta inicial es que se incorporan a esta categoría S’Esgleieta, Ruberts, Es Carritxó, Ses Coves, Ariany, Es Llobards y Randa que salen de la zona tres. Además estas zonas podrán tener el alquiler vacacional de hasta 365 días al año en viviendas unifamiliares y plurifamiliares.
*Para Marratxí el alquiler tiene dos tipos de modalidad: si se quiere alquilar un piso podrá aplicarse el alquiler de hasta 60 días al año. Para las viviendas unifamiliares se permite el alquiler durante los 365 días al año.
*En Muro sólo se permitirá el alquiler vacacional para viviendas unifamiliares.

ZONA 5: SUELO RÚSTICO PROTEGIDO

La ley turística Balear prohíbe la comercialización de las estancias turísticas en esta zonas.

Entendemos como suelo rústico protegido las Áreas Naturales de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (AANP), las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI), las Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP), las Áreas de Prevención de Riesgos (APR) y las Áreas de Protección Territorial (APT).

ZONA 6: SUELO RÚSTICO COMÚN

Comprende el resto de zonas de suelo rústico no consideradas como protegidos. El alquiler en estas zonas podrá ser de 60 días o de 365 días.

ZONA 7: ZONAS EXCLUIDAS.

Las zonas excluidas son los polígonos industriales, una zona de servidumbre aeroportuaria próxima al aeropuerto y Ses Casetes des Capellans.

Queda totalmente prohibido el alquiler vacacional para cualquier tipología de vivienda.

Por lo tanto, con esta nueva propuesta así quedaría dividida la isla en cuanto a las distintas posibilidades de comercialización de las estancias turísticas.

Quedamos a la espera de las próximas resoluciones para manteneros actualizados sobre el nuevo régimen de estancias turísticas.

Si deseas tener más información sobre esta propuesta de estancias turísticas, ponte en contacto con nuestro departamento jurídico de Moya&Emery. Estaremos encantados de atenderte.
Puedes ponerte en contacto con nosotros llamándonos al 971 72 80 10, o puedes venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca.
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La publicación de las RPT en conflicto con la Ley de Protección de Datos

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La publicidad de los actos del gobiernos es una de las garantías de nuestro estado constitucional. Sin embargo es sencillo que esta garantía entre en conflicto con la Ley de Protección de Datos. Este es el caso que trataremos hoy en nuestro artículo de hoy ya que la Consejería del Gobierno de Aragón, condena a retirar la publicación de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de empleados en públicos en el boletín oficial por contener “información excesiva”.

Esta resolución viene de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y declara que la Consejería infringió la Ley de Protección de Datos porque considera que los datos que si difundieron era excesivos y se requirió que se retirara de su página web la publicación de las RPT denunciadas.

Esta resolución vino motivada por una denuncia presentada por un anónimo contra la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón. Al llegar a manos de la AEPD puso manos a la obra para examinar el tratamiento de los datos de carácter personal por parte de la Administración y la difusión de los mismos. Los hechos ocurrieron en 2015 con la publicación del Boletín Oficial de Aragón de la Relación de Puestos de Trabajo de todos sus trabajadores.

Los datos que se publicaron por cada trabajador incluían su nombre y apellidos, NIF, denominación del puesto, características y tareas encomendadas, la titulación académica de cada uno, la formación específica que tenían, los complementos salariales y algunas observaciones. Estos datos de la RPT se encontraban subidos en la página web del boletín de Aragón.

Estos datos personales, no fueron acreditados ante la AEPD contando con el consentimiento de los trabajadores para su publicación, por lo que la Administración incumplió el deber de secreto con revelación de datos personales a terceros, lo que supone una vulneración de lo establecido en el artículo 10 de la LOPD.

EL CONFLICTO:

La Ley 8/2015, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón entra en conflicto con la LOPD. Esta ley de transparencia establece que la Administración autonómica está obligada a facilitar y mantener actualizada la información específica sobre su organización y actividad. Para ello tiene que publicar las relaciones actualizadas de las RPT, con indicación de sus retribuciones anuales y desglose de complementos. Sin embargo, hay límites en estas obligaciones de transparencia y uno de ellos es la LOPD. Para poder respetar ambas leyes, tiene que haber una relación de importancia en la que se tendrá que valorar la necesidad de la información publicada y si afecta a la protección de datos personales. En este caso en concreto, la AEPD considera que la publicación en la página web de los datos personales, con la información “excesiva” que hemos mencionado anteriormente, no está previsto en la ley de transparencia y que además se ha procedido con falta de habilitación legal. Para poder subsanar este error se debería haber adoptado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley de protección de datos, mandando una notificación previa a los interesados con un plazo de posibilidad de oposición.

INFRACCIÓN:

Todo lo que hemos mencionado con anterioridad supone una doble vulneración de la LOPD por parte de la Consejería Autonómica. En primer lugar, se incumple el deber de secreto con revelación de los datos personales a terceros. Por otro lado, se viola la custodia de los datos de cientos de empleados públicos. Al haber doble vulneración, y por los fundamentos de derecho del non bis in idem, la deberá sancionar la infracción más grave o específica. En este caso, la comisión de una implica necesariamente la comisión de la otra, es decir si se publican en la web documentos con datos personales a la vista y con acceso de cualquiera, se están tratando datos sin consentimiento de los afectados y también conociéndose por terceros.

La Agencia Española de Protección de Datos declaró finalmente el incumplimiento por parte de la Consejería de la normativa de la protección de datos y por tanto deberá adoptar las medidas necesarias que impidan en el futuro que pueda producirse una nueva infracción. Además procedió a retirar de la página web la publicación de las RPT denunciadas, por lo que los datos personales de los empleados públicos afectados son anónimos.

Cumplir necesariamente con la LOPD es una obligación que nos acomoda el camino para la próxima entrada en vigor del Reglamento General de Protección de datos. Si quieres leer más al respecto del RGPD puedes visitar nuestro artículo “Empieza la cuenta atrás para actualizarse en Protección de Datos”.

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Un banco obligado a devolver 17.000€ a un cliente a quien suplantaron la identidad

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Hoy estamos contentos de poder comentarte una noticia en la que hemos participado activamente ya que uno de nuestros abogados colaboradores ha llevado el caso que vamos a comentar en el artículo de hoy.

Recientemente, la Audiencia Provincial de Palma ha obligado a un banco a devolver 17.000€ a un cliente a quien le suplantaron la identidad vía email.  Dicha cantidad se corresponde a una transferencia que fue ordenada por correo electrónico, sin embargo el titular de la cuenta no pidió que se realizara dicha operación ya que la cuenta de correo electrónico fue intervenida y sometida a una suplantación de identidad. La sección tercera del Tribunal Provincial ha desestimado un recurso de la entidad bancaria y por lo tanto, ha confirmado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº14 de Palma que condenó al banco  a pagar los 17.000 euros más los intereses.

Los hechos que atañen a dicho caso ocurrieron en octubre de 2013. El empleado del banco que se encargaba de gestionar las cuentas del cliente, recibió un correo electrónico desde la dirección que había facilitado, con la que había realizado varias gestiones anteriormente. En dicho correo se solicitaba una transferencia de 17.000€ a una cuenta de un sobrino en un banco alemán. Horas más tarde, el empleado del banco respondió diciendo que había comprobado que el número de cuenta que le indicaban estaba bien y solicitó que le confirmara la suma de 17.000€. Poco después el empleado del banco recibió otro correo confirmando que esa era la cantidad y que procediera con la transferencia.

Al día siguiente, el empleado sospechó cuando recibió otro email desde la misma dirección solicitando un email con un código de confirmación, algo que sorprendió al empleado del banco por no ser habitual en el cliente, así que decidió llamarle por teléfono. Durante la conversación telefónica, la esposa del cliente fue quien confirmó las sospechas del empleado ya que le dijo que era imposible que su marido le mandara dicho correo ya que no tenían ningún sobrino. Después de la llamada el empleado del banco intentó frenar la transferencia.

Teniendo en cuenta los hechos, la sentencia destaca que el cliente firmó una carta de autorización al banco para ejecutar órdenes suyas que se recibieran por fax o por correo electrónico en relación con dos cuentas y asumiendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que esta forma de contratar pudiera causarle. El tribunal precisa que esta autorización carece de fecha, por lo que entiende que no deja en uben lugar a la persona que actuó en nombre de la entidad bancaria.

Al firmar la autorización, ambas partes aceptan como forma de actuación y de comunicación la posibilidad de ordenar transferencias vía fax o correo electrónico con el riegos que conlleva. Así pues, se considera que la entidad bancaria no puede “eximirse de responsabilidad atribuyendo al cliente la asunción en exclusiva de estos riesgos en cuanto que ella se beneficiaba de la tenencia de los depósitos.” .El tribunal recoge que el riesgo que se asume a esta forma de comunicación, obligaba a la entidad bancaria a extremas las precauciones y comprobar por otro medios la veracidad de la orden.

Sólo nos queda dar la enhorabuena a nuestro abogado colaborador Daniel Rotger por el éxito y seguir trabajando juntos para conseguir muchos más.

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Recurso Contencioso-Administrativos en Sociedades Mercantiles

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Lidiar con la Administración Pública nunca es fácil. Cuando queremos interponer un recurso contencioso-administrativo es porque se nos han agotado la vía administrativa y tenemos que optar por solucionar nuestros problemillas con la Administración mediante los juzgados. Cuando es una Sociedad Mercantil la que tiene que interponer el recurso la cosa se complica. Intentaremos responder a una de las preguntas que surgen cuando queremos interponer un recurso contencioso-administrativo, ¿puede el administrador de una sociedad mercantil interponer este tipo de recurso sólo justificando su condición como tal? ¿Debemos aportar documentación que acredite que tiene facultades para poder iniciar recursos en nombre de la sociedad?

Para poder aclarar todas estas dudas que surgen a raíz de quién es el responsable de interponer un recurso contencioso-administrativo en sociedades mercantiles, podemos acudir a la jurisprudencia en el que el Supremo da una respuesta para poder aclarar los puntos claves sobre los requisitos de interposición del recurso contencioso-administrativo.

En el artículo 45 de la LJCA encontramos todos los puntos necesarios para interponer el recursos contencioso-administrativo. En los supuestos para sociedades mercantiles, cuando se presente el documento de interposición, se debe presentar también el documento específico que acredite la representación del compareciente (lo que conocemos como el poder de representación). También se tiene que presentar el documento o los documentos que acrediten que se cumplen los requisitos exigidos para ese administrador para poder entablar acciones legales en nombre de la persona jurídico conforme a la aplicación de las normas o los estatutos que le correspondan.

Esta documentación es necesaria porque en ocasiones se puede poner en tela de juicio la capacidad del administrador para ejercitar acciones o interponer recursos, por eso no basta solo con acreditar solo su posición de administrador, si no también las facultades que tiene como tal.

Aquí es donde residían las dudas sobre este tema ya que puede darse por supuesto que sólo por ser administrador de una sociedad ya se tienen facultades para poder llevar a acabo este tipo de acciones judiciales, como promover un recurso contencioso-administrativo, pero esto no es siempre así, y puede incluso generar controversias durante el proceso. Estas controversias se solucionan fácilmente aportando la documentación que demuestre esas facultades como pueden ser los estatutos de la sociedad en los cuales se puede comprobar que no existe ninguna cláusula atributiva de competencia a la Junta General. Cada caso es un mundo, por lo que estará justificado que se tengan que presentar más documentos adicionales.

Por lo tanto, cuando se inicien los procedimientos para interponer un recurso administrativos ten a mano toda la documentación necesaria que acredite que puedes interponer ese recurso. Si necesitas que te asesoremos, puedes contar con nosotros. En nuestro equipo contamos con abogados expertos en Derecho Societario y Administrativo que podrán indicarte qué documentación necesitas y cómo iniciar el procedimiento.

Puedes pedirnos cita previa en el 971 72 80 10 o puedes venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca. 

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Divorciarse después de las vacaciones

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Estamos en septiembre, ya se han terminado las vacaciones, volvemos a la rutina. Después de haber pasado las vacaciones, aumenta el número de divorcios. Pero…¿por qué? Bueno, ya sea después de las navidades o cuando termina el verano, las vacaciones afectan a la vida de pareja. Hoy te contaremos algunos de los motivos por los que uno decide optar por el divorcio.

La Rutina:
Aunque pueda parecer lo contrario, es la falta de rutina lo que hace que empecemos a plantear el divorcio. La Rutina nos mantiene a salvo en nuestro modo de vida: el trabajo, los hijos, los compromisos,… todo ello nos hace mantener un viaje en piloto automático, que hace que nos olvidemos de pensar y reflexionar sobre nuestra vida y nuestra vida en pareja. Tanto deseamos la llegada de las vacaciones que nos olvidamos que durante este tiempo de relax y desconexión podemos empezar a pensar en lo satisfechos que estamos con nuestra vida.

Comunicación:
La falta de comunicación puede suponer un frente de disputas. Tener una buena comunicación de pareja es fundamental para tener una buena vida de pareja, si no existe todo, puede que la mayor fuente de comunicación sean las disputas.

Conflictos:
Al pasar más tiempo con tu pareja durante las vacaciones ya que no tenéis que afrontar los deberes diarios, se pone a prueba la capacidad de pareja para llegar a consensuar decisiones de forma pacífica. Si no se saben resolver los conflictos de forma amistosa, no solo tendrás que enfrentarte a los conflictos que surjan durante las vacaciones, si no que también surgirán los que se han ido arrastrando durante todo el año.

“Los suegros”:
En esta categoría podríamos englobar a toda la familia política. No siempre hay una buena relación entre la familia política, a fin de cuentas uno elige a su pareja no a sus suegros. Las vacaciones suelen aprovecharse para estar con la familia, tanto de uno como de otros. Estas situaciones pueden provocar disputas que se pueden derivar en conflictos como hemos hablado en el punto anterior.

Las expectativas:
Muchas veces tendemos a pensar que las vacaciones serán esa oportunidad donde se podrán solucionar todos los roces que han ido surgiendo durante el año.  Sin embargo, tener altas expectativas sobre las vacaciones puede suponer una gran decepción cuando nos vemos estancados en la misma realidad de siempre, pero con más tiempo libre para discutir y sacar a relucir los fallos del otro.

Todos estos puntos hacen que el periodo de vacaciones sea un hervidero perfecto para sacar a relucir los conflictos de pareja. Entonces, ¿Cómo pido el divorcio?

Bueno lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay dos formas de plantear un divorcio: de mutuo acuerdo o de forma contenciosa.

  • De mutuo acuerdo: Si se llega al divorcio por esta medida es porque ambos cónyuges deciden tomar esta iniciativa. La segunda alternativa es que uno de los cónyuges decida plantear el divorcio y el otro le de el consentimiento. Sin duda es la forma más beneficiosa para ambas partes.
  • De forma contenciosa: No todos los casos de divorcio son iguales, y a veces aunque el divorcio venga planteado por uno de los cónyuges, puede que el otro no esté de acuerdo, ya sea con las condiciones del divorcio que se plantean o con el divorcio en sí. Por lo tanto se debería empezar a plantear el divorcio propuesto de forma unilateral.

En los casos en los que se pueda solicitar el divorcio por mutuo acuerdo, se deberán cumplir una serie de requisitos:

  1. Ambos cónyuges deben estar de acuerdo en deshacer el vínculo que los une y por lo tanto tendrán que solicitarlo al Juzgado.
  2. Deben haber pasado al menos 3 meses desde la celebración del matrimonio.
  3. Se debe realizar la solicitud a través de la denominada “demanda de divorcio”. Esta solicitud consiste en un escrito dirigido al Juzgado en el que se solicita la ruptura del vínculo matrimonial de los dos cónyuges conjuntamente o de solo uno y el otro se adhiere posteriormente a esta petición.
  4. Por último, junto con esta solicitud se deberá presentar el convenio regulador.

Cuando no se consigue elaborar un convenio regulador en el que los dos cónyuges estén de acuerdo, lo más común es iniciar los trámites para presentar el divorcio contencioso. Si es tu caso, te recomendamos que acudas a tu abogado de confianza para que te pueda asesorar en todo el trámite.

En Moya&Emery contamos con abogados especialistas en Derecho de Familia, si necesitas que te asesoremos en tu caso particular no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Puedes pedirnos cita previa en el 971 72 80 10 o puedes venir a visitarnos a nuestras oficias en Mallorca.
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