La ministra de Trabajo reformará los contratos temporales para limitar su uso
El Gobierno destinará en los próximos siete años casi 5.000 millones a impulsar el empleo entre los jóvenes para luchar contra la alta tasa de paro que tiene este colectivo en España, la mayor de Europa, con casi cuatro de cada diez menores de 25 años en paro. El Consejo de Ministros aprobó el martes pasado el Plan de Garantía Juvenil Plus (PGJ+) para el periodo 2021-2027, dotado con 3.263 millones de euros, que garantiza a los inscritos una oferta de empleo o de formación antes de cuatro meses y les ofrece microcréditos sin avales para montar su propia empresa.
Además de la garantía juvenil, el Plan Estratégico Juventud Avanza dedicará otros 937 millones de euros a diversas inversiones para el empleo juvenil contempladas en el Plan de Recuperación, 600 millones a programas de formación con alternancia en el empleo y 150 millones al convenio con la Secretaría de Estado de Digitalización de Inteligencia Artificial. «Estamos ante la mayor inversión del Gobierno de España en la historia de la democracia para abordar el problema del desempleo juvenil, con una inversión que alcanza casi los 5.000 millones de euros», destacó en la rueda de prensa posterior al consejo la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que denunció que los jóvenes, por el mero hecho de serlo, no merecen sueldos y trabajos «indignos», sino todo lo contrario.
Para conseguir los objetivos de mejora de la empleabilidad y del emprendimiento de los jóvenes, el plan se sustenta sobre la orientación y el seguimiento personalizados de los usuarios en todas las actuaciones de apoyo; la formación dirigida a la adquisición de competencias y la mejora de la experiencia profesional teniendo en cuenta las necesidades de transformación del modelo productivo; la mejora de las oportunidades de empleo a través de incentivos dirigidos, especialmente, a las personas que necesiten una especial consideración; igualdad de oportunidades; emprendimiento y fomento de la iniciativa empresarial y mejora de la gestión.
Teléfono gratuito
Las personas inscritas en el plan de garantía juvenil tendrán una atención inmediata con el compromiso de que en un plazo máximo de cuatro meses hayan recibido una oferta de empleo o de formación que contará con un seguimiento especial en este período. Además, dispondrán de una línea de teléfono gratuita que permitirá resolver las dudas de la atención además de la disponibilidad de sistemas digitales complementarios.
Asimismo, con el objetivo de impulsar el emprendimiento, se concederán ayudas para afrontar el pago de cuotas a la Seguridad Social durante seis meses y también para la publicidad y transformación digital del negocio, además de formación en marketing digital y comercialización a las personas emprendedoras.
Pero no solo eso, sino que estas personas emprendedoras que no puedan acceder a un crédito ordinario podrán obtener financiación sin necesidad de avales a gracias al Programa emprende con microcréditos. Además de la aportación económica, las personas beneficiarias recibirán apoyo de orientación y asesoramiento tras la recepción del préstamo.
Golpe a los contratos temporales
Yolanda Díaz también advirtió que se realizará una reforma «de calado, estructural» para reducir el uso de los contratos temporales con una mayor justificación de las causas que permitan hacer este tipo de acuerdos laborales. «Solo se va a acudir a una modalidad temporal cuando exista una causa que lo justifique», ha defendido Díaz, quien ha dicho que el principio de contratación será la estabilidad, es decir, el indefinido. «Hay uso y abuso de ciertas modalidades contractuales», ha añadido en alusión a los contratos de obra y servicio, uno de los temporales más usados en España.
Díaz ha evitado concretar más sobre esta reforma, enmarcada en los objetivos comprometidos ante la Unión Europea, y que se debate junto a los agentes sociales. Según publica Expansión, el Gobierno quiere limitar la duración del contrato temporal por causas productivas a seis meses, o un año como máximo, si así lo establece el convenio sectorial.
Quiere obligar también a las empresas a explicar por escrito las causas, las circunstancias y la duración del contrato, y que incumplirlas suponga tener que hacer indefinido al trabajador.
Fuente: La Voz de Galicia
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