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Leído en el diario EXPANSIÓN: “Una mujer sin pareja puede acumular el permiso de maternidad y de paternidad”

En la versión digital del diario EXPANSIÓN podemos leer -dentro de la sección Laboral-: “Una mujer sin pareja puede acumular el permiso de maternidad y paternidad“. Y es que el juzgado de lo social Nº 16 de Valenacia ha dictado una sentencia por la que se reconoce el derecho de una madre sin pareja (familia monoparental) a disfrutar, tras el alumbramiento, de los permisos de maternidad y paternidad de forma acumulada.

Lee este interesante artículo transcrito a continuación y recuerda que en Moya y Emery podemos brindarte todo el asesoramiento que precises sobre permisos de nacimiento y cuidados del menor y las prestaciones de maternidad y paternidad, así como otros subsidios y su solicitud o tramitación.


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FUENTE: Expansión

La sentencia también se refiere a la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que las normas en materia de protección de la maternidad han de ser interpretadas a la luz del principio general del interés superior del menor.

El juzgado de lo social número 16 de Valencia ha hecho pública una sentencia en la que reconoce el derecho de una madre sin pareja, en situación de familia monoparental, a disfrutar de los permisos de maternidad y paternidad, tras dar a luz.

En la resolución, ganada por CSIF Comunidad Valenciana, el tribunal condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General, que se negaron a conceder el permiso de paternidad.

Esta es la segunda sentencia en España sobre este mismo asunto (el TSJ del País Vasco se pronunció en la misma línea en 2020) que contradice los criterios de la Seguridad Social, organismo que hasta el momento ha denegado estas peticiones.

Los fallos, en concreto, reconocen el derecho de una mujer sin pareja a disfrutar de sus 16 semanas de maternidad a las que se sumarían las 8 adicionales que le corresponderían al padre (en 2020 a los padres les correspondían 12 semanas, de las que se descontarían 4 que se deben disfrutar de manera inmediata tras el parto).

Según explican desde CSIF, los tribunales están dando la razón a las madres atendiendo a la Convención sobre los Derechos del Niño, norma que prevalecerá sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico en caso de conflicto con ellas. En concreto -apunta la sentencia-“si se deniega la prestación a la beneficiaria en los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de la igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (…) por cuanto que la atención, cuidado y desarrollo del menor afectado va a sufrir una clara merma respecto a la que van a recibir otros que en situación semejante, encuadrados dentro de un modelo familiar biparental”.

La sentencia también se refiere a la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que las normas en materia de protección de la maternidad han de ser interpretadas a la luz del principio general del interés superior del menor. Además, concluye que en el caso de denegación “se puede suscitar una quiebra del principio de Igualdad del artículo 14 de la Constitución Española”.

FUENTE: Expansión

La presunción de certeza de los informes elaborados por la Inspección de Trabajo admite prueba en contrario

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de octubre de 2020, aclara que la presunción de certeza de los informes y de las actas de infracción, se aplica sin perjuicio de su posterior contradicción en el procedimiento por los interesados, siendo lo relevante la constatación o comprobación que se desprende de los informes de la Inspección y de otras pruebas practicadas.

El TS señala en la sentencia referida que lo realmente esencial (al margen de las valoraciones jurídicas contenidas en los mismos introducidas por sus redactores o emisores) es en qué medida lo que en esos informes se haya podido constatar o comprobar quedó desvirtuado por la prueba practicada en ese proceso judicial concreto y que la presunción de veracidad decayó por los errores o inconcreciones advertidos en los mismos, por lo que dichos informes no han sido relevantes para dictar la resolución judicial que se trataba de recurrir ante el TS y que finalmente este Tribunal ha ratificado. Dichos errores o inconcreciones en los informes de Inspección de Trabajo en el caso concreto no han contribuido a que por el Tribunal se tomaran como documentos relevantes y preferentes respecto del resto de material probatorio, que ha prevalecido para dictar la resolución. EL TS, por tanto, ha entendido que aquella presunción de certeza se ha visto desvirtuada por otras pruebas.

Además, al respecto de la presunción de certeza de los hechos constatados por Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, te reproducimos este interesante artículo de IBERLEY a continuación:


Presunción de certeza de los hechos constatados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social gozan de presunción de certeza (siempre que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación observando los requisitos legales pertinentes), sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados. (art. 23 Ley 23/2015, de 21 de julio)

Como hemos reiterado, el procedimiento sancionador por infracciones en el orden social y de liquidación de cuotas de la Seguridad Social se iniciará, siempre de oficio, en virtud de acta de infracción o acta de liquidación, previas las investigaciones y comprobaciones que permitan conocer los hechos o circunstancias que la motivan.

La Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, otorga a los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la presunción de certeza (1), sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados.

La presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección se encuentra en la imparcialidad y especialización, que en principio, debe reconocerse al Inspector actuante; presunción de certeza perfectamente compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia, ya que la legislación se limita a atribuir a tales actas el carácter de prueba de cargo, dejando abierta la posibilidad de practicar prueba en contrario. En consonancia con esto, reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo ha limitado el valor atribuible a las Actas de la Inspección, limitando la presunción de certeza a solo los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquellos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma. (TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, de 02/07/2004 y TS, Sala de lo Social, de 17/11/2009, Rec. 2893/2008))

La citada presunción de veracidad de las actas de inspección puede ser, según los Tribunales, destruida mediante prueba en contrario (STSJ Pais Vasco, de 02/11/1999). No obstante, la presunción “iuris tantum” de veracidad no se refiere sólo a las actas de infracción o de liquidación sino que comprende también los informes o requerimientos en cuanto se trate de hechos que respondan a una comprobación directa efectuada por la Inspección de Trabajo  (STS 22/05/2012, Rec. 76/2011).

Recalcando el valor probatorio de las actas de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social:

Art. 1216 Código Civil(

“Son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley”.

Art. 1218 Código Civil

“Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste.

También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros.”

Art. 319 LEC (Fuerza probatoria de los documentos públicos)

“1. Con los requisitos y en los casos de los artículos siguientes, los documentos públicos comprendidos en los números 1.º a 6.º del artículo 317 harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella.

2. La fuerza probatoria de los documentos administrativos no comprendidos en los números 5.º y 6.º del artículo 317 a los que las leyes otorguen el carácter de públicos, será la que establezcan las leyes que les reconozca tal carácter. En defecto de disposición expresa en tales leyes, los hechos, actos o estados de cosas que consten en los referidos documentos se tendrán por ciertos, a los efectos de la sentencia que se dicte, salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza de lo documentado.

3. En materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo.”

Art. 15 Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo:

“Las actas extendidas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tienen naturaleza de documentos públicos. Las actas formalizadas con arreglo a los requisitos establecidos en el artículo anterior estarán dotadas de presunción de certeza de los hechos y circunstancias reflejados en la misma que hayan sido constatados por el funcionario actuante, salvo prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”

Art. 23 Ley 23/2015, de 21 de julio:

“Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia de comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables.

No se verá afectada la presunción de certeza a que se refieren los párrafos anteriores por la sustitución del funcionario o funcionarios durante el periodo de la actuación inspectora, si bien se deberá comunicar en tiempo y forma a los interesados dicha sustitución antes de la finalización de aquella, en los términos que se establezcan reglamentariamente.”

A lo anterior puede añadirse, únicamente, algún argumento relacionado con la presunción de certeza de las Actas de Infracción establecida en el art. 53.2 LISOS, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, según el cual los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. (2)

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables.

La presunción de certeza y la inversión de la carga de prueba

Los hechos relatados en el acta de infracción gozan de una presunción de certeza o veracidad en cuanto que han sido constatados directa y personalmente por el funcionario actuante, lo que es perfectamente compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, ya que el citado artículo 52.2 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, se limita a atribuir a tales actas el carácter de prueba de cargo, dejando abierta la posibilidad de practicar prueba en contrario, si bien queda limitada a solo los hechos que por su objetividad hubiera percibido directamente el inspector o controlador laboral, o a aquellos inmediatamente deducibles de los primeros o acreditados en virtud de medios de prueba referidos en la propia acta, sin que se reconozca la inicial infalibilidad o veracidad a las simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas, si bien, la presunción de que se trata, por su misma naturaleza “iuris tantum”, cede y decae cuando se aportan pruebas acreditativas de la falta de correspondencia entre lo consignado en el acta y la realidad de los hechos, en la medida que las que sean valoradas por el Tribunal posibiliten jurisdiccionalmente asentar su discrepancia con el soporte fáctico del acto controvertido; no se excluye así un control judicial de los medios empleados por el inspector o controlador, requiriéndose asimismo que el contenido de las actas, de infracción o de liquidación, determinen ” las circunstancias del caso” y los ” datos”· que hayan servido para su elaboración, cuyo detalle deviene imprescindible para conformar la base del valor probatorio de las actas inspectoras. Por tanto, la presunción de certeza despliega la carga de la prueba al administrado, de modo que es este quien debe acreditar con las pruebas precisas que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la inspección. STSJ Madrid Nº 1287/2005, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 631/2004 de 8 de noviembre de 2005

FUENTE: www.iberley.es.  Última revisión 25/05/2020


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El impuesto AJD: El Supremo rectifica.

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ha sido sin duda, del impuesto que más se ha hablado en las últimas semanas. La decisión del Supremo generó mucha polémica, a partir de ahora serán los bancos quien deban asumir el pago del impuesto AJD. El revuelo fué generalizado: Banca, clientes, medios… Todos estabamos ansiosos por comprender la nueva doctrina que marcaba el Supremo.

A raíz de estos acontecimientos, el Supremo decidió debatir la retroactividad de la sentencia. En un primer momento se fijo en 4 años desde la publicación de la sentencia y ¡empieza la controversia! Los Bancos a disgusto por tener que desembolsar millones de euros, los afectados descontentos por el corto periodo en el que se aplica la retroactividad. Las presiones de unos y otros hizo que el Supremo se reuniera el pasado lunes de 5 de noviembre para dar una solución.

La reunión no fue nada fácil, después de 8 horas debatiendo se tuvo que postergar hasta el martes, cuando ya por fín obtenimos el fallo. “El Supremo rectifica y obliga al cliente a pagar el impuesto de las hipotecas” titula la agencia EFE la noticia.

En la prensa encontramos titulares tan contundentes como estos:

  • “El Tribunal Supremo da la razón a los bancos y falla que el cliente pague el impuesto de las hipotecas”
  • “Una guerra en el Tribunal Supremo con más perdedores que ganadores”
  • “Los bancos aplauden la decisión del Supremo: “Preserva la seguridad jurídica”
  • “Un mazazo para un millón y medio de personas”
  • “La Justicia pierde su crédito por ayudar a los bancos”
  • “El Supremo rectifica y rechaza por la mínima que la banca pague el impuesto hipotecario”
  • “Hasta un millón y medio de hipotecados se queda sin recuperar el importe del impuesto AJD”
  • “Un mazazo para un millón y medio de personas”

La pregunta es clara, ¿Por qué el Supremo ha cambiado tan radicalmente de postura? 

Para poder entender esta decisión, debemos analizar qué suponía esta sentencia. La nueva doctrina hacía que todas aquellas hipotecas que no estuvieran prescritas fiscalmente (de 2014-2018) estuvieran afectadas. Eso suponía la devolución del impuesto a más de 1 millón de hipotecas. La media del pago de este impuesto se encontraba en los 4000 €. Hacer las cuentas es sencillo: La Banca tendrían que desembolsarse más de 4mil millones de euros. Estas cifras son abismales, y si tenemos en cuenta que la sentencia dejó la puerta abierta da casi 12 millones de prestamos, podemos comprender el caos que podría llegar a generarse. (48mil millones de euros).

La Banca española no vive su mejor momento. No hace tantos meses sufrió un desplome en bolsa de 15 mil millones de euros. El análisis del mes pasado que realizó el Banco de España tuvo que replantearse a la baja y confirmar la desaceleración económica que sufre nuestro país, tanto por las situaciones políticas conflicitvas que hemos vivido (Cataluña o la moción de censura), como por las situaciones internacionales que nos afectan económicamente. Seguir adelante con la esta doctrina marcada por el Supremo hubiera supuesto otro duro golpe para la salud económica de los Bancos.

Sin embargo, ¿es este hecho suficiente para echar para atrás una sentencia que proponía dar una solución a más de un millon y medio de afectados? No sólo no se devolverá el dinero a las hipotecas firmadas a partir de 2014, si no que el cambio de criterio implica que tendrán que ser los clientes quien hagan frente a este impuesto. En definitiva, volvemos al punto de partida.

Puede que esta sentencia sea un duro mazazo para los afectados, pero todavía no ha intervenido el Tribunal de Justicia Europeo. Tal y como ya hizo con las clausulas suelo, puede que el TJUE intervenga en la causa y las más de 1 millon de hipotecas afectadas puedan ver la luz al final del tunel. Las respuestas han sido inmediata por todos los partidos políticos: desde la solicitud de la movilización ciudadana hasta promesas de suprimir el impuesto. De momento sólo nos queda resignarnos y estar pendiente de las noticias que surigirán alrededor del tema.

 

 

AJD: el único impuesto del que querrás oír hablar.

Abrimos un nuevo capítulo para las reclamaciones hipotecarias. Después de la Cláusula Suelo llega el “AJD”, el único impuesto del que querrás saber más.

El AJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) es un impuesto que se debe pagar a la Agencia Tributaria al constituir una hipoteca. Al constituir una hipoteca, lo normal era que el deudor hipotecario se encargara de cubrir los gastos del AJD, pero con la reciente sentencia del 16 de octubre del Tribunal Supremos, las cosas cambian.

La Sala de los Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dicta una sentencia por la que declara que deberá ser la entidad financiera la que se encargue de pagar este impuesto.

La cosa tiene su miga, ya que el Tribunal, que es experto en materia tributaria, anula el artículo 68.2 del reglamento del impuesto AJD por considerarlo contrario a la Ley que lo desarrollaba, ya que, el sujeto pasivo de este impuesto que nace del otorgamiento de la escritura de la hipoteca, debe ser a favor de quien se otorga, siendo esta la entidad financiera, ya que es ella a quien le interesa que el préstamo hipotecario se otorgue en escritura pública y se inscriba en el registro de la propiedad, porque si es así, tendrá carácter ejecutivo en el caso de impago por el deudor hipotecario.

Este criterio causa controversia ya que se opone al criterio que ya se encontraba consolidado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS y por lo tanto, pone en entredicho la última sentencia de la Sala de lo Civil del propio TS de febrero de 2018 que establecía en su fallo justo lo contrario.

Ahora que tenemos un poco más claro que es el AJD, viene lo más importante:

¿Quiénes pueden reclamar?

Podrás reclamar si has suscrito una hipoteca en los últimos 4 años. La Asociación de Usuarios Financieros calcula que hay alrededor de 8 millones de prestamos hipotecarios afectados por este fallo del TS, así que es muy posible que puedas reclamar. Si firmaste tu hipoteca antes de 4 años, puedes revisar que exista una cláusula abusiva por gastos impuestos al consumidor que no tendrías que asumir, como otros gastos que ya se vienen reclamando a los juzgados como los gastos de notaría, registro, tasación, etc.

Vale pero… ¿Qué es lo que puedo reclamar?

Podrás reclamar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que seguramente pagaste al constituir una hipoteca. Ahora, tendrá que pagarlo el banco. Este impuesto es gran parte de los gastos relacionados con la firma del préstamo hipotecario.

Y ¿Cuánto dinero se puede reclamar?

Cada comunidad autónoma gestiona el impuesto de forma distinta. El AJD representa un porcentaje sobre la escritura notarial en la que se formaliza la hipoteca. Este porcentaje varía en función de la comunidad autónoma en la que se haya firmado la hipoteca. En Baleares, el tipo general en documentos notariales se encuentra en el 1’2%. Así pues, nos encontramos ante una media de 4000€ que puedes llegar a reclamar.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Se recomienda interponer una reclamación por escrito a la propia entidad financiera y posteriormente al Banco de España, es decir, acudir a la vía extrajudicial. Sin embargo los bancos están derivando estas reclamaciones a la vía Administrativa.

La vía administrativa consiste en acudir a las oficinas de hacienda de las distintas comunidades autónomas. Podrás acudir conforme lo indicado en el artículo 120.3 de la Ley General Tributaria pero sólo podrás recuperar el impuesto de actos jurídicos documentados.

La otra alternativa es acudir a la vía judicial, interponiendo una demanda en la que podrás reclamar no sólo el impuesto AJD si no también todos los gastos derivados de la hipoteca como los de notaria, de gestoría, de tasación, etc.

Si quieres ponerte en marcha y recuperar lo que te pertecene, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estudiaremos tu caso y elaboraremos un plan para conseguir el éxito en tu reclamación. Puedes pedir cita previa en el 971 72 80 10 o venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca, estaremos encantados de atenderte.

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EL TJUE confirma que la excedencia por cuidado a los hijos no cuenta en las vacaciones

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  ha sacado una sentencia el pasado jueves 4 de octubre en la que dictamina que la excedencia que se tome por cuidado de hijos, no cuenta como periodo de trabajo efectivo para el cálculo de los días de vacaciones anuales retribuídas.

La excedencia por cuidado de hijos es un tiempo adicional a la baja por maternidad o paternidad y que ambos progenitores pueden solicitar para cuidar a sus hijos. En España la legislación ya especifica que estos periodos no computan para las vacaciones. Tal y como indica la norma, durante esta excedencia, no se genera nigún tipo de derecho a salario, ni si quiera de la parte proporcional de las pagas extraordinarias ni de las vacaciones.

Con esta sentencia, el TJUE no hace más que recordar que existe un derecho comunitario que garantiza un periodo de al menos 4 semanas de vacaciones anuales retribuidas para cualquier trabajador, teniendo en cuenta de que el trabajador ha trabajado durante el periodo pertinente.

Esto no quita que existan situaciones excepcionales que sí deben considerarse en el cálculo de los días de vacaciones. Estas situaciones son la baja por efermedad, por maternidad o paternidad.

La justicia europea hace un inciso para concretar que el permiso parental no tiene la misma categoría que las situaciones de excepción ya que en el permiso parental el trabajador no está sujeto a limitaciones psíquicas o físicas. Así pues, este periódo no debe contar para el cálculo de vacaciones.

La sentencia del TJUE tiene su origen en Rumanía, ya que una trabjadora le denegaron días de vacaciones retribuidas. Después de impugnar la resolución en los tribunales rumanos se trasladó el caso a Luxemburgo donde el jueves pasado se dictó la sentencia en base a la legislación comunitaria.

En Moya&Emery somos expertos en Derecho Laboral así que si necesitas asesoramiento sobre cómo coger una excedencia por cuidado de hijos o sobre cualquier otro aspecto, puedes pedirnos cita previa en el 971 72 80 10. También puedes venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca.

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Los whatsapp: como convertirlas en la prueba definitiva.

¡Ay el whatsapp! Qué aplicación tan fantástica, ¿no? Y cuantos quebraderos de cabeza nos da: que si la hora de conexión, que si el doble check, que si ahora en azul,…
Desde que aparición en 2009 se ha convertido en nuestra forma más cotidiana de comunicarnos, tanto es así que a los juzgados ya llegan “despidos por whatsapp”. Pero como bien sabemos, los whatsapps pueden falsearse, por lo tanto ¿pueden servir como una prueba veraz para un juicio?

No es poco frecuente ya encontrar casos en los que las redes sociales y la mensajería tienen protagonismo, ya que las nuevas tecnologías están instaladas en nuestra vida cotidiana. Los juzgados han tenido que “modernizarse” ya que en algunos casos la mensajería instantánea ha sido determinantes para resolver un litigio hacía un sentido u otro.

De entre todas las opciones que existen para comunicarse, los españoles somos más de Whatsapp, y además la utilizamos a diario. Por lo tanto es muy importante tener en cuenta que existen unos procedimientos para poder aportar “los whatsapps” como una prueba esencial para determinar el fallo a tu favor y que no pueda ser impugnada.

Hay dos motivos por los que un whatsapp aportado en un juicio como una prueba pueda ser impugnado:

  • LICITUD: habrá que demostrar que la obtención del contenido de la conversación habrá sido de forma correcta.
  • AUTENTICIDAD: habrá que demostrar que los whatsapps son auténticos.

Como hemos dicho antes, los whatsapps se pueden falsear, pero como vemos no es el único inconveniente para presentarlos como pruebas, también deben haberse obtenido de forma correcta. ¿Qué significa esto? En este punto entra en juego el artículo 90.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en el que se nos dice que no serán admitidas las pruebas que se haya obtenido de forma directa o indirectamente a través de procedimientos que supongan una violación de los derechos fundamentales. ¿Por qué es este artículo interesante? Porque es el desencadenante de muchos alegatos en contra de estas pruebas ya que se suele apelar a que la empresa ha violado el derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones. Pero esto acudir a este artículo no garantiza la seguridad de la impugnación de la prueba ya que existen muchas sentencias que descartan que se hayan vulnerado derechos fundamentales para la obtención de dichas pruebas.

Hay que tener en cuenta que, en caso de impugnación estas pruebas no se retirarían del proceso ni del examen judicial valorativo, si no que el tribunal podrá valorarlas siguiendo las normas de la sana crítica como nos indica la Ley de Enjuiciamiento Civil.

¿Qué hacer? Pues la solución es sencilla. Lo recomendable es aportar medios que aprueben la autenticidad de los mensajes de whatsapp, mediante una prueba pericial. Sin embargo, también puede admitirse como prueba de autenticidad la testifical de alguno de los interlocutores de la conversación.

Otra opción es aportar el teléfono al letrado de la Administración de Justicia o a un notario para que levante acta de su contenido, con los números de teléfono involucrados y la hora de la conversación.

¿Te encuentras ante un despido por whatsapp? Si necesitas asesoramiento sobre cómo actuar con pruebas obtenidas por mensajería instantánea o redes sociales puedes ponerte en contacto con nosotros. Nuestros equipo de abogados te asesorará sobre todos las precauciones que tomar para demostrar la validez de las pruebas.

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Nuevas puertas abiertas para las reclamaciones por cláusula suelo

El Tribunal Supremo nos trae una nueva sentencia sobre cláusulas suelo que supone nuevas perspectivas para los afectados por las cláusulas suelo. El Tribunal anuló una cláusula suelo de una hipoteca que fue revisada por la prestataria y por el banco años después por una novación.

El caso corresponde a una negociación donde la clienta aceptó expresamente la cláusula abusiva por la entidad que emitió el préstamo, el Banco Popular. A pesar de ello, el Tribunal Supremo considera aún habiendo firmado y aceptado la cláusula existía un déficit de información, por lo que este motivo le hico revocar el fallo de la Audiencia de Sevilla que el pasado 2014 le dio la razón al banco.

Esta sentencia supone un antes y un después en la historia de las cláusulas suelo y también para ls hipotecas con Euribor, abriendo un precedente para la jurisprudencia y creando nuevas vías de reclamación para los afectados.

El punto clave de la sentencia es el déficit de información en las cláusulas suelo. Este caso ha estado dando vueltas entres los distintos juzgados, ya que antes de llegar al Tribunal Supremo, había pasado por la Audiencia de Sevilla dándole la razón al banco, oponiéndose al criterio inicial del juzgado mercantil de Sevilla que en 2014 había fallado a favor de la demandante y anulado la cláusula suelo por falta de transparencia.

La Audiencia dio la razón al banco por considerar que la afectada había aceptado una cláusula suelo “clara, concreta y sencilla”. Sin embargo la afectada decidió recurrir esta casación y el TS le da la razón por considerar que ni en ninguna ocasión, ni en la hipoteca principal ni en la novación, se realizó un “plus de información y tratamiento principal de la cláusula suelo que permitía a la clienta adoptar su decisión con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que comportaba dicha cláusula”. Con esta afirmación el TS nos abre una nueva puerta ya que firmar una novación no significa consentimiento expreso. por lo tanto, se considera que el banco siempre mantuvo un “déficit de información, que no queda suplido por la lectura de la escritura o por la claridad gramatical que pueda resultar de la redacción de la cláusula suelo”.

Uno de los motivos principales por los que muchos de los afectados no se iniciaban en el proceso de reclamación de cláusulas suelo se debía a que se habían realizado modificaciones a sus préstamos hipotecarios iniciales, pero con esta nueva sentencia se abre una nueva vía para todas aquellas personas afectadas por la cláusula suelo, ya que a partir de ahora se entiende que el consumidor siempre estará en desventaja con la entidad bancaria.

¿Eres un afectado de la cláusula suelo? ¿Tenías miedo a reclamar por haber firmado una novación de tu hipoteca? Llámanos y te asesoraremos para que te devuelvan lo que es tuyo. 

Pide tu cita previa en el 971 72 80 10 o en nuestras oficinas en Mallorca.

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