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Nulidad del despido de una trabajadora en tratamiento de fecundación in vitro

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una reciente sentencia, ha extendido la protección de derechos, asimilándolos a los de una embarazada, a una trabajadora que fue despedida mientras se encontraba en tratamiento de reproducción asistida, hecho este del que estaba al corriente su empleador. Así, el Tribunal ha declarado nulo su despido por discriminación de género de la trabajadora, que se encontraba de baja por incapacidad temporal debido al tratamiento de fecundación in vitro unido a su alto riesgo de sufrir un aborto y lo declara nulo por resultar discriminatorio por razón de sexo, ya que, razona la sentencia, quien está en tratamiento de fecundación in vitro no está en situación de embarazo, pero es probable que lo esté si prospera el tratamiento.

En este caso, la sentencia confirma la nulidad del despido por discriminación de género y, además, concede una indemnización por daños morales causados a la trabajadora.

¿Te interesa este tema? Lee más acerca de este caso y la sentencia recaída en la noticia del portal Noticias Jurídicas que transcribimos a continuación:


La justicia declara nulo el despido de una trabajadora en tratamiento de fecundación in vitro

El tribunal extiende la protección de la mujer durante el embarazo al periodo de fertilización

FUENTE: Noticias Jurídicas AUTOR: Silvia León

Un paso más allá en la protección de los derechos de la mujer. Y es que, se consolida la tendencia de extender la protección del embrazo al momento previo, como es el caso de la inseminación artificial o la fecundación in vitro. Así lo ha considerado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una reciente sentencia, que confirma la nulidad de un despido de una trabajadora de una escuela infantil municipal que, a la fecha de tramitación del despido, se encontraba en tratamiento de reprodución asistida. La Sala entiende que hay discriminación de género.

Según comenta la abogada que llevó la defensa, Sara del Carmen Romero Díaz, del sindicato CSIF Huelva, “la sentencia, de forma brillante, declara la nulidad del despido, y extiende la protección de la mujer durante el embarazo al tratamiento de fecundación in vitro al que estaba sometida y que el Ayuntamiento conocía perfectamente.”

La trabajadora, que era técnico especialista en la escuela infantil municipal desde el año 2011, fue encadenando sucesivos contratos de obra y servicio con el ayuntamiento, hasta que a principios de 2016 causó baja por incacidad temporal, por encontrarse en tratamiento de reproducción asistida y tener alto riesgo de aborto.

Según consta en la sentencia, la causa de la incapacidad temporal era bien conocida por el ayuntamiento demandado, ya que, se organizaron las bajas laborales con sus compañeras para atender correctamente a la escuela infantil.

Causas despido

El 25 de marzo de 2016, el ayuntamiento decidió extinguir su contrato de trabajo, alegando causas objetivas al amparo del artículo 52 del Estatutos de los Trabajadores (ET). El organismo justificó el despido en la necesidad de amortizar puestos de trabajo para superar la deficitaria situación económica que atravesaba la administración.

Sin embargo, con independencia de la existencia de necesidades de ajuste económico, la trabajadora fue despedida para contratar a otros en su lugar, lo que reafirma la nulidad de su cese a juicio del tribunal, habida cuenta del conocimiento por parte el ayuntamiento de su situación de embarazo.

Relación laboral

Por otro lado, y no solo a los efectos de cómputo de la antigüedad, la Sala estima que ha existido una relación continua con el ayuntamiento enmascarada en una pluralidad de contratos fraudulentos, ya que la demandante realizó una actividad habitual y ordinaria y no temporal.

Igualmente, puntualiza el tribunal que el hecho de que “el ayuntamiento carezca de la cualidad de empresa ello no la priva de su condición de empleadora conforme al Derecho Laboral, pues, la relación con sus trabajadores no funcionarios se sustenta en el art. 1º del ET, quedando de esta forma asimilada a cualquier otra empresa a todos los efectos contemplados en el Derecho del Trabajo”.

Discriminación 

Respecto a la causa de fondo del despido, es cierto que no existe una protección directa sobre el tratamiento de fertilidad, ni en el Estatuto de los Trabajadores, ni en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sin embrago la jurisprudencia mayoritaria hace extensible la protección de la nulidad del despido (vía protección del sexo femenino), protegiendo no solo el embarazo, sino también los tratamientos de fecundación.

Es por ello, que los magistrados consideran que no se trata de un despido por embarazo, pero si discriminatorio por razón de sexo, ya que quien está en tratamiento de fecundación in vitro no esta en situación de embarazo, pero es probable que lo esté si prospera.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso interpuesto por la Diputación de Andalucía y confirma la nulidad del despido por discriminación de genéro con derecho a una indemnización por daños morales causados.

FUENTE: Noticias Jurídicas AUTOR: Silvia León


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Grabar a los trabajadores en su tiempo de descanso está justificado según el Tribunal Supremo

En Galicia, un Juzgado de lo Social consideró lícita las grabaciones -usadas para fundar un despido disciplinario- que fueron realizadas desde las cámaras del propio vehículo al chófer de autobús y que captaron no sólo los trayectos fijados o rutas, sino que también comprendía la grabación de los períodos de descanso entre ruta y ruta. En ellos podía observarse como el conductor en diversas ocasiones no cobró el billete a una mujer a quien realizó tocamientos, que fumó varias veces en el interior del autobús y orinó hacia fuera del vehículo.

Recurrido por el trabajador el pronunciamiento del Juzgado de lo Social, el Tribunal Superior de Justicia Gallego no admitió las grabaciones porque consideró que vulneraban los derechos de los conductores entender que no recibieron una información adecuada de la videovigilancia de la que iban a ser objeto y también del tratamiento de sus datos personales. Por todo ello declaró el despido del conductor nulo.

Finalmente y tras un nuevo recurso de parte de la empresa, el Tribunal Supremo ha sentenciado que estaba justificada la limitación de los derechos fundamentales de los trabajadores en este caso, a quienes considera informados expresamente de la instalación del sistema de grabación y de su ubicación, el cual tenía por objetivo la vigilancia de actos ilícitos, tanto de empleados como de terceros, y, en definitiva, de la seguridad del centro de trabajo.

¿Quieres saber más sobre este tema? Lee a continuación la reseña realizada por el portal de la Abogacía Española:


El TS considera justificadas las grabaciones en el tiempo de descanso de los trabajadores

El Tribunal Supremo ha considerado que la grabación de trabajadores en su tiempo de descanso está justificada para probar actos ilícitos de los empleados.

FUENTE/AUTOR: Abogacía Española

La cuestión es en qué circunstancias puede considerarse legítima la utilización por parte del empresario de este sistema al amparo del poder de dirección que le reconoce el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, respetando siempre el derecho a la intimidad personal que protege el artículo 18.1 de la Constitución Española.

“Cuando hay una infracción, debe prevalecer la persecución del delito al derecho a la privacidad”, afirma Gonzalo Vázquez Martínez, abogado que ha conseguido la resolución, pero aclara, que “hay que analizar caso por caso”.

Este caso concreto trataba de un trabajador que prestaba servicios como conductor de un autobús de una empresa de transporte público y que fue despedido disciplinariamente porque, según recoge el fallo, en varias ocasiones no cobró el billete a una mujer, a la que “realizó tocamientos”, fumó varias veces en el interior del autobús y orinó hacia fuera del vehículo.

“Los autobuses estaban provistos de tres cámaras que todos los trabajadores conocían y cuya existencia se indicaba en las pegatinas del autobús debidamente señaladas”, aclara Vázquez.

El Supremo considera que “algunas de aquellas conductas antijurídicas grabadas por las cámaras se produjeron tras finalizar una ruta y antes de empezar la siguiente. Pero ello no excluye que un conductor de autobús urbano, tras finalizar una ruta y antes de empezar la siguiente, cuando se encuentra dentro de su autobús, pueda incurrir en incumplimientos contractuales graves y culpables que afecten a sus obligaciones laborales, lo que justifica que las cámaras continuaran grabando durante esos lapsos temporales”.

Para el abogado, el estar en el tiempo de descanso “no excluye que el conductor, cuando se encuentra dentro de su autobús, pueda incurrir en incumplimientos contractuales graves que afecten a sus obligaciones laborales y que deriven en infracciones graves”.

El Supremo ha sentenciado que “estaba justificada la limitación de los derechos fundamentales en juego”. Y añade que los trabajadores “estaban informados expresamente de la instalación del sistema y de su ubicación”, que tenía por objetivo “la vigilancia de actos ilícitos de los empleados y de terceros y en definitiva de la seguridad del centro de trabajo, pero excluye otro tipo de control laboral que sea ajeno a la seguridad”.

El Juzgado de Lo Social consideró lícitas las grabaciones en las que se justifica el despido disciplinario, pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia inadmitió la prueba de videovigilancia y declaró la nulidad del despido.  Consideraba estas pruebas “contrarias a derecho” argumentando que “no se había dado a los conductores una información previa, expresa, precisa e inequívoca sobre el tratamiento de los datos personales obtenidos”.

FUENTE/AUTOR: Abogacía Española


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El despido de una trabajadora que había sustraído dinero de la caja y a cuyo bolso se accedió de manera ilícita para recabar pruebas del delito es improcedente pero no nulo

Un compañero de la trabajadora despedida, también empleado de la misma sucursal bancaria, movido por las sospechas, abrió el bolso sin su consentimiento mientras estaba ausente e hizo fotografías del mismo y de parte del dinero sustraído. Tras la personación de la policía en la oficina, la trabajadora mostró el interior del bolso por propia voluntad y confesó el delito.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que se pronuncia ante un recurso de suplicación de la trabajadora (pincha aquí para tener acceso al contenido de la Sentencia en formato pdf), señala que, aunque la vulneración de sus derechos fuera llevada a cabo por otro compañero-trabajador (con la condición de particular) y no por la empresa, es la propia empresa quien se aprovechó de los resultados para proceder al despido disciplinario. La trabajadora sufrió en el proceso un quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva por la inclusión de elementos probatorios obtenidos de forma ilícita. Entiende el Tribunal que la actuación de la policía se vio condicionada por la toma ilícita de una fotografía del interior del bolso de la despedida y que no puede aprovecharse como una prueba autónoma, de igual forma que dicha fotografía también determinó la presencia de la policía en el lugar, la exhibición del bolso por parte de trabajadora y la confesión del delito. Todos los medios de prueba derivan en su conjunto de una prueba inicial ilícita.  

No obstante lo anterior, que el descubrimiento de los hechos traiga cuenta del acceso ilícito al bolso por parte del compañero y la posterior presencia policial, no justifica una nulidad del despido, como pretende la trabajadora, a pesar del aprovechamiento de una prueba irregularmente obtenida. El TSJ señala que su despido no es nulo sino improcedente y, por ello, brinda a la empresa la posibilidad de o bien readmitir a la trabajadora o bien de indemnizarla en cantidad cercana a los 65.000 €. El TSJ entiende que la reacción de la empresa de despedir a la trabajadora es consecuente y viene estrictamente referida al descubrimiento de la realización por parte de su empleada de una irregularidad. También entiende que la exclusión de la prueba ilícita es ya garantía bastante para la trabajadora en orden a la protección de sus derechos fundamentales, pero fuera de esto, no puede pretenderse una especie de blindaje de la interesada frente a las consecuencias de sus actos.

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Reforma laboral: el Gobierno propone que el despido sea nulo cuando se extinga un contrato temporal sin causa justificada

Podíamos leer en elEconomista.es, haciéndose eco a su vez de la noticia publicada por Europa Press, que el despido será nulo (y dejará, por tanto, de ser considerado un despido improcedente, que es lo que ahora sucede) cuando el empresario extinga un contrato temporal sin causa justificada, según ha planteado el Gobierno en el borrador o propuesta presentada a los agentes sociales en el marco de las negociaciones de la reforma laboral. La consecuencia más importante de calificación de un despido como nulo es que conlleva la obligación de readmitir al trabajador de forma inmediata y, además, la obligación por parte del empleador de abonar los salarios atrasados. Además, se plantea que sólo cabrán los contratos temporales cuando existan picos en la demanda o vengan justificado por la necesidad de una sustitución.

El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales que el despido de los trabajadores con contrato de duración determinada sea considerado nulo, en lugar de improcedente, si dicho contrato no está debidamente justificado o no se ha realizado por escrito, y todo ello con independencia de la causa que alegue la empresa para extinguir la relación laboral.

Así figura en el borrador, con fecha 2 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa que aborda una parte de la reforma del mercado laboral, la referida a los contratos temporales, los convenios colectivos y la subcontratación.

La calificación de despido nulo de los contratados bajo una modalidad de duración determinada no justificada implicaría la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir.

Lo que hace el Ejecutivo en el borrador es proponer la adición de un nuevo apartado en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores en la parte relativa al despido nulo para el caso de los trabajadores que hayan suscrito un contrato de duración determinada no justificado.


FUENTE: elEconomista.es y Europa Press


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De los ERTEs a los EREs

Frente al temor ante el vencimiento de los ERTEs en mayo de 2021, anticipación y estrategia por parte de las empresas

A tres meses de la fecha de vencimiento de vigencia de los actuales Expedientes de Regulación de Empleo -en adelante ERTEs- vinculados a la pandemia mundial de la covid-19, urge a las empresas empezar a pensar una estrategia para mantener su actividad a flote y asegurar su viabilidad, lo cual deberá pasar necesariamente por realizar ajustes de su personal.

Se ha de recordar que los ERTEs, pese a llevar un año acompañándonos, son instrumentos de naturaleza temporal que permiten suspender los contratos de trabajo (que no extinguir o finalizarlos) o reducir las jornadas de trabajo por causas de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas y/o productivas. Con los ERTEs el objetivo es salvar los puestos de trabajo por encima de otras consideraciones.

No obstante, la pandemia de la COVID-19 tiene un componente adicional, que es la inestabilidad, ya que, lo que hasta ahora era un instrumento que ayudaba a las empresas a afrontar una situación transitoria o temporal, se ha convertido en una especie de salvavidas continuado para los trabajadores mediante la protección que se les otorgan en forma de prestaciones y a las empresas por las exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social. El futuro y no muy lejano vencimiento de los ERTEs crea temor ante la incertidumbre de lo que sucederá tras ellos.

Desde la Inspección de Trabajo se ha criticado el mantenimiento de estos ERTEs en sectores de poca viabilidad por el enorme efecto que ha tenido la pandemia sobre ellos. Entiende la Inspección que es totalmente incompatible usar un instrumento de naturaleza temporal, como es un ERTE, en empresas que ya están sentenciadas y que no tienen salvación posible. Prolongar inútilmente la vida de una empresa inviable es lo que se conoce como crear empresas zombis.

Es cierto que la enorme flexibilidad que otorgan los ERTEs hace difícil distinguir cuando se está ante un problema estructural o ante un problema transitorio y salvable en la empresa y cierto es también que la actual pandemia es una situación nueva, sin precedentes en todas las actividades.

Después de casi un año conviviendo con la pandemia y vislumbrándose en el horizonte el fin de las medidas proteccionistas, las empresas ya deberían haber reflexionado o hacerlo sin dilación sobre los próximos pasos o estrategia a seguir que faciliten su viabilidad ante cualquier posible escenario.

AJUSTES DE PERSONAL. DESPIDOS EN EMPRESAS CON ERTE: MARZO, MES CLAVE.

En noviembre de 2020 se empezaron a ver los primeros despidos en empresas acogidas a ERTE, ya que, en mayo, tras el fin del confinamiento, el inicio de la desescalada y el retome de la actividad, empezaron las reincorporaciones de los primeros trabajadores y, con ello, el cómputo de los 6 meses de obligación de mantenimiento de empleo desde esa primera reincorporación (disposición adicional sexta del Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19).

DESPIDOS: INDIVIDUALES O COLECTIVOS (ERE).

En aras a evitar una destrucción masiva de empleo apareció lo que parece una prohibición de despedir, al no entenderse como causa justificativa del despido aquellas que se basaran en causas ETOP o de fuerza mayor que ampararan las reducciones de jornada y suspensiones de contrato, así como la protección del empleo temporal, mediante la prórroga o extensión de los contratos por el tiempo que dicho contrato temporal hubiera estado suspendido.

Superados estos dos obstáculos cualquier empresario puede plantearse la posibilidad de realizar despidos de forma individual (artículo 49.1 k del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores TRLET) o de forma colectiva (ERE previsto en el artículo 51 del TRLET) si las necesidades y la viabilidad de la empresa así lo justifican. ¡Pero ojo con los despidos individuales! Y es que ir despidiendo trabajadores de forma individual, pero en breves lapsos de tiempo, basándose en la misma causa puede llegar a considerarse despido colectivo, ya que el artículo 51 fija los umbrales para entender que se está ante un despido colectivo. Concretamente, se entiende que se está ante un despido colectivo cuando, en un período de 90 días, la extinción afecte, al menos, a:

  • 10 trabajadores, en las empresas que ocupen a menos de 100 trabajadores.
  • El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.
  • 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores.

También se considerará despido colectivo si se afecta a la totalidad de la plantilla cuando el número de afectados sea superior a 5, extinguiéndose la actividad empresarial por causas ETOP.

Si el empresario ha sido cauto y ha tenido en cuenta todo lo estipulado en la normativa COVID-19, entonces no tendrá problema a la hora de seguir con lo previsto en el artículo 51 y podrá realizar el correspondiente ERE, cumpliendo con los requisitos de su trámite:

  • Período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, con una duración no superior a 30 días naturales, o 15 en caso de empresas de menos de 50 trabajadores.
  • Debatir sobre las posibilidades de evitar o mitigar los efectos de la decisión (despidos, medidas de acompañamiento (formación, reciclaje, recolocación…)
  • Constituir una única comisión negociadora compuesta por un máximo de 13 miembros en representación de ambas partes.
  • La comunicación de la apertura del período de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores (con copia a la Autoridad laboral), consignando:
    • causas del despido colectivo
    • número y clasificación profesional de los trabajadores afectados, así como de los empleados habitualmente en el último año,
    • periodo previsto para los despidos,
    • criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados, etc.
    • Al escrito se unirá una memoria, más la correspondiente documentación contable y fiscal y los informes técnicos.
  • Recibida la comunicación, la Autoridad laboral dará traslado de la misma a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (que deberá ser evacuado en quince días).

El período de consultas puede ser sustituido en cualquier momento, de común acuerdo, por un procedimiento de mediación o arbitraje.

  • Transcurrido el período de consultas, el empresario comunicará a la Autoridad laboral el resultado del mismo. Si no hay acuerdo, remitirá a dicha Autoridad y a los representantes de los trabajadores su decisión sobre el despido colectivo.

Alcanzado el acuerdo o comunicada la decisión, el empresario podrá notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados, debiendo transcurrir al menos 30 días entre la fecha de comunicación de la apertura del periodo de consultas a la Autoridad laboral y la fecha de efectos del despido.

  • Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa. Pueden establecerse prioridades de permanencia a favor de otros colectivos (trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad).
  • La decisión empresarial podrá ser objeto de impugnación a través de las acciones previstas para este despido (la interposición de demanda por los representantes de los trabajadores paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta la resolución de aquella).

CONSIDERACIONES SOBRE LA JURISPRUDENCIA SOBRE DESPIDOS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID.

Pese a todo ello, el empresario que decida realizar ajustes de personal en la empresa debe asumir el riesgo de que los despidos llevados a cabo puedan considerarse improcedentes por contravenir la normativa COVID-19 u otras normas del ordenamiento laboral. Hasta la fecha, las decisiones de Jueces y Tribunales se han decantado por considerar que los despidos que incumplían la normativa COVID eran improcedentes y en pocas ocasiones nulos. Solo en un caso, debido a la grave situación por la que pasaba la empresa, se obvió el ERTE que ésta solicitó, declarando procedente el despido de los trabajadores.

Por Marga de Matos Pascual

Abogada de Moya & Emery


Recuerda que en Moya y Emery podemos ayudar a tu empresa a planificar un ajuste de personal y que para ello sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros aquí:


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Sin duda te interesa escuchar este consultorio jurídico, tanto si eres empresario como trabajador, porque Moya & Emery habla del DESPIDO.

La abogada de Moya & Emery Marga de Matos estuvo ayer en los estudios de Radio Calvià FM para explicarnos el concepto de despido, decirnos qué modalidades de despido hay (despido disciplinario, despido objetivo, colectivo) contarnos las implicaciones que tienen cada uno de ellos, tanto para la empresa como para el trabajador o trabajadores que lo sufran, mostrarnos las diferentes calificaciones que pueden tener los despidos (procedente, improcedente o nulo) y, por último, volver a explicar las obligaciones de mantenimiento del empleo para las empresas acogidas a ERTE (y sus nuevas modalidades) y las implicaciones que tiene no cumplir con la obligación de mantenimiento del empleo que conllevan, en concreto sobre la calificación del despido.

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Un juzgado declara, a favor de los intereses del cliente de Moya & Emery, que fumar porros en las instalaciones de la empresa, incluso fuera del horario laboral, es motivo válido para fundamentar la procedencia de un despido disciplinario al trabajador por transgresión de la buena fe contractual.

El equipo de Moya & Emery, bajo la dirección letrada del socio y gerente Nicolás Emery, consigue una sentencia favorable a los intereses de su cliente, un establecimiento hotelero con cafería y restaurante.

La reciente sentencia declara, en contra de lo pretendido por el trabajador, su despido disciplinario por parte de la empresa como despido procedente, sin vulneración de sus derechos y absolviendo por completo a la misma, a consencuencia del consumo de drogas reconocido por el trabajador en las instalaciones de la empresa (fumar porros), incluso fuera del horario laboral, en lo que considera una transgresión grave de la buena fe contractual.

Puedes ver la sentencia, expurgada de los datos de carácter personal, haciendo clic en este enlace.

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Despidos durante baja por enfermedad. El TJUE abre debate

Despedir a alguien nunca es fácil. No sólo hablamos del tema personal, si no también del profesional que es el que nos lleva a nuestro artículo de hoy. El trabajador tiene que estar protegido y por eso existen una serie de “normas” que nos dificultarán el despido. El Tribunal de Justicia Europeo abre el debate sobre los despidos nulos y las bajas por accidente.

Como suele ser habitual, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a meter sus narices en el mercado español. En esta ocasión ha querido reabrir debate en el ámbito laboral, un tema que ya había quedado zanjado para los tribunales españoles, incluso en la jurisprudencia del Tribunal Supremos. Nos referimos a los despidos de los trabajadores que se encuentran de baja médica. El debate se centra en si estos despidos deberían ser nulos o no, lo que supondría que en el caso que fueran nulos, se tendrían que readmitir al trabajador en las mismas condiciones. Actualmente, según los tribunales españoles, estos despidos se consideran (de forma general) despidos improcedentes, lo que supone que el trabajador sólo obtendría una indemnización por este despido.

Esta tónica general desmiente el famoso mito de “no se puede despedir durante la baja por enfermedad”.

Ante esta situación, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha permitido al juzgado de lo social número 33 de Barcelona declarar nulo un despido hacia un trabajador que se produjo durante su incapacidad temporal de baja médica. En este caso, el trabajador se encontraba bajo una incapacidad temporal de baja médica por accidente de trabajo, en el que se rompió varios huesos.

En este caso en concreto, se despidió a dicho trabajador “por no alcanzar las expectativas establecidas por la empresa ni el rendimiento que la empresa considera adecuado o idóneo para el desempeño de sus tareas en su puesto de trabajo”. En este caso, el trabajador recurrió el despido para que se considerara nulo debido a lo “discriminatorio por razón de discapacidad”.

Por norma general, en España, los despidos que se producen durante la baja médica y que tengan una justificación de causas objetivas que no estén relacionadas con la baja, suelen ser declarados despidos improcedentes. Esta actuación la seguían tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional. Por esta razón el juzgado de lo Social número 33 de Barcelona pidió consejo al TJUE para ver si en este caso se podía considerar que existía discriminación por encontrarse en situación de discapacidad, que en estos caso si que son considerados nulos.

La respuesta que se recibió del TJUE introdujo una interpretación más flexible que la de la directiva europea, que es la que se encarga de regular estas situaciones.  Para entender mejor cada caso, tendremos que analizarlo teniendo en cuenta lo que entiende el tribunal por discapacidad: se trata de padecer dolencias físicas, mentales o psíquicas que supongan una limitación duradera para que el trabajador pueda desempeñar un trabajo en condiciones de igualdad con el resto de trabajadores. A esto hay que añadir el deber de comprobar que dicha limitación de capacidad del trabajador tenga carácter duradero. Si es así, se podrá considerar como despidos nulos en lugar de despidos improcedentes, ya que se podrá entrar en el terreno de la discriminación. Así pues, el TJUE abre la posibilidad de que estos despidos sean declarados nulos, en los casos en que “la incapacidad temporal pueda ser considerara de carácter duradero, por lo que sí podría considerarse como una discapacidad y entrar en el terreno de la discriminación”. 

Como conclusiones de este debate reabierto podemos sacar que la decisión recaerá en el juez para cada caso. El TJUE recalca que corresponderá al juez en cada caso evaluar la perspectiva de baja, y considerar si esta discapacidad es de carácter duradero o no para poder calificar como despido nulo o improcedente. Así pues, podemos decir que se añade una protección para los trabajadores que se encuentren en incapacidad temporal que se alargue en el tiempo.

En Moya&Emery nos dedicamos al asesoramiento integral de empresas. Si te encuentras en esta situación y quieres saber qué posibilidades hay de que consideren tu despido nulo o improcedente no dudes en contactar con nosotros, tanto si eres trabajador como empresa. Puedes pedir cita previa llamándonos al 971 72 80 10. También puedes venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca.
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