Aprobado el anteproyecto de Ley de la Directiva de Canal de denuncias europea o conocida como Whistleblowers
El día 17 de diciembre de 2021 finalizó el plazo para trasponer la directiva europea en materia de protección de las personas que informen sobre infracciones y delitos dentro de su propia empresa.
No ha sido hasta el 4 de marzo cuando el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley que desarrolla esta norma comunitaria.
Habrá que esperar a analizar a fondo el texto del anteproyecto, pero da la sensación que se ha aprobado rápido, corriendo y con prisas dado que la Comisión Europea le abrió expediente a España por no haber traspuesto la directiva europea dentro del plazo establecido.
Las sanciones pueden alcanzar los 50.000 € por impedir o dificultar el seguimiento de la denuncia, por no cumplir con el derecho de confidencialidad o por practicar represalias, o de hasta 25.000 € por no disponer de un canal de denuncia interno.
Esta normativa es fundamental para la protección de aquellas personas que denuncian conductas ilícitas, poco éticas o incluso delitos en el seno de una empresa u organización y que no reciban consecuencias por hacer, lo que en teoría debería ser, lo correcto.
El Compliance Officer:
Dentro de las empresas, se ha creado la aún desconocida figura del Compliance Officer o técnico de cumplimiento normativo.
Una figura, general alguien con conocimientos de derecho, que debe gozar de independencia y medios, con el fin de auditar el funcionamiento de todos los departamentos internos y trabajadores de la empresa y denunciar aquellas conductas que se consideren poco éticas o incluso ilegales a los máximos responsables de la empresa con el fin de estudiar acciones contra la comisión de delitos.
Ello puede suponer en ocasiones, que los denunciados, sean personas con una gran responsabilidad y poder dentro de la empresa y organización, como puede ser un CEO, un administrador o un consejero, por ejemplo, cuando la Compliance Officer del F.C. Barcelona denunció el barçagate y las conductas poco éticas de algunos miembros de la junta deportiva de Bartomeu.
Esto supuso un enfrentamiento interno que se materializó en un despido disciplinario de la Compliance Officer y que la justicia ha tumbado obligando al club a pagar la correspondiente indemnización por despido improcedente.
El Canal de Denuncias:
El anteproyecto fija también la obligación de implantar un Canal de denuncias a aquellas empresas y organizaciones con más de 50 trabajadores, y obligando a los partidos políticos a disponer de un canal de denuncias.
Pero sin duda, la clave estará en que se permite la externalización de este servicio a técnicos especializados independientes (Compliance Officers) y que, en dichos canales, permitirán las denuncias anónimas, lo que garantizará aún más la protección de aquellas personas que quieran denunciar conductas ilícitas o sospechosas, pero que temen sufrir consecuencias por parte de los perjudicados si estos fuesen sus superiores.
No olvidemos que la corrupción entre particulares, el nepotismo, los sobornos o los delitos contra los trabajadores (mobbing), son delitos que, aunque muchos no lo crean, se cometen más a menudo de lo que la gente se piensa y la razón por la que se cometen de forma tan habitual es que salvo denuncia, es muy difícil castigarlos.
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