El próximo 17 de diciembre entrará en vigor en toda la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, también conocida con Directiva Whistleblowing o, lo que es lo mismo, la nueva normativa que regula la obligatoriedad de la implantación de un sistema o canal de denuncias dentro de las empresas, a fin de que puedan aflorar las conductas irregulares o las infracciones que se estén cometiendo y de una forma que cualquiera tenga garantizado el acceso a dicho canal, la confidencialidad o anonimato de las denuncias, garantizando a su vez los derechos de todas las partes que se vean implicadas por la revelación.
Ya sean públicas o privadas, solo las empresas de más de 50 trabajadores tendrán la obligación de implantar en su seno un Canal de Denuncias, aunque se ha de tener en cuenta que si la empresa se encuentra en el rango de entre 50 y 249 trabajadores esta gozará de un período transitorio de dos años para instaurarlo de forma operativa.
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