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¿Cómo será el nuevo impuesto de la Plusvalía con los cambios normativos previstos tras su declaración de inconstitucionalidad y nulidad?

Se van conociendo detalles del futuro impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbanaPlusvalía-. En la nueva plusvalía se introducirán los cambios normativos necesarios tras haber sido declarada la inconstitucionalidad y nulidad del impuesto la semana pasada por parte del Tribunal Constitucional, debido al método de cálculo de la base imponible del impuesto que resultaba confiscatorio.

La nueva plusvalía, a fin de ser fiel a la situación del mercado inmobiliario en cada momento y gravar la ganancia real, constará de nuevos coeficientes aplicables al valor catastral que se actualizarán cada año y permitirá al contribuyente optar por dos modos alternativos de cálculo del tributo.

Lee más acerca de los cambios futuros en el impuesto de plusvalía en el artículo del diario ElPaís que te reproducimos a continuación:


El Gobierno aprueba el nuevo impuesto de plusvalía con dos métodos de cálculo

Los contribuyentes podrán elegir si calcular el tributo sobre el valor catastral del terreno o emplear la diferencia entre el valor de compra y de venta del inmueble

FUENTE: ElPaís AUTOR: L. Delle Femmine 08-11-2021

El Gobierno ha aprobado este lunes en el Consejo de Ministros el nuevo cálculo del impuesto de plusvalía, que había quedado anulado tras una reciente sentencia del Tribunal Constitucional. La fórmula diseñada por el Ministerio de Hacienda pretende reflejar la evolución del mercado inmobiliario, como exige el fallo, evitando que el tributo se tenga que abonar en ausencia de ganancia para el contribuyente. “Es una muy buena noticia para todos los ayuntamientos y también para la ciudadanía”, ha resaltado Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al cónclave ministerial.

La solución de Hacienda, aprobada por decreto ley, pasa por ofrecer dos opciones de cálculo: usar el valor catastral del terreno en el momento del traspaso, aplicando unos nuevos coeficientes que se actualizarán cada año para reflejar la evolución del mercado, o emplear como base imponible la plusvalía real que se obtiene ―es decir la diferencia entre el valor de compra y el de venta de la vivienda―.

Los contribuyentes podrán elegir la fórmula que más les beneficie ―en la mayoría de los casos será la segunda―, y los ayuntamientos tendrán a su vez capacidad para rebajar el valor catastral del terreno hasta un 15% únicamente para este tributo, con el objetivo de acercarlo lo más posible a la realidad inmobiliaria municipal.

Coeficientes

El departamento dirigido por María Jesús Montero también ha decidido fijar un coeficiente para las transmisiones que se lleven a cabo en menos de un año, que suelen ser las más especulativas, y que hasta ahora no estaban gravadas por este impuesto. El nuevo sistema entrará en vigor con la publicación de la norma, pero los consistorios tendrán seis meses para adaptarse.

Los coeficientes máximos fijados por el ministerio, que varían en función del número de años transcurridos desde la adquisición del inmueble, oscilarán desde el 0,13 para las operaciones de compraventa que tengan lugar en un periodo de entre uno y dos años, hasta el 0,45 que se aplicará cuando la tenencia del inmueble haya sido de dos décadas o superior. A las transmisiones realizadas en un plazo inferior al año se aplicará una penalización con un coeficiente de 0,14. La base imponible del tributo que se calcule a través de este método se obtendrá multiplicando estos coeficientes al valor catastral del suelo en el momento de enajenación del inmueble.

Rodríguez ha insistido en que la solución ofrecida por el Gobierno permitirá a los consistorios evitar recortes en la prestación de servicios y que los ciudadanos paguen por el impuesto cuando no les corresponde. Es decir, cuando no hayan obtenido ganancias por la venta de su vivienda: “La norma devuelve certidumbre a los ayuntamientos y a los contribuyentes”.

Evolución del mercado

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), mejor conocido como impuesto de plusvalía, es un tributo municipal que tiene que abonar quien venda un inmueble, lo herede o lo reciba en donación por la supuesta ganancia extra que consigue gracias a la revalorización del suelo público sobre el que la vivienda está construida. Es el gravamen local que más ingresos aporta a los ayuntamientos, solo por detrás del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), y hasta el fallo del Constitucional su base imponible se calculaba multiplicando el valor catastral del terreno por los años de tenencia del inmueble, aplicando después un coeficiente en función de los años.

Este sistema de cálculo es lo que el alto aribunal ha considerado inconstitucional, en un fallo conocido el pasado 26 de octubre, “por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica”. En concreto, el tribunal concluyó este método objetivo de determinación de la base imponible no puede ser el único legalmente admitido. Este descansaba sobre unos valores fijos que siempre daban como resultado una revalorización del terreno, aunque la evolución del mercado inmobiliario hubiera ido en la dirección opuesta, como dejó patente el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El Constitucional ya se había pronunciado en contra del esquema cálculo del impuesto en dos anteriores fallos. El primero se remonta a 2017: con ello, eximió del pago del tributo a aquellos contribuyentes que hubiesen cerrado con pérdidas la transmisión del inmueble. En 2019 llegó el segundo revés: el pleno del alto tribunal, por unanimidad, declaró inconstitucional cobrar el gravamen cuando su importe supera el beneficio real obtenido por el contribuyente.

Este tercer fallo, que ha anulado el sistema de cálculo y obligado a Hacienda a buscar contrarreloj una alternativa, cierra sin embargo la puerta a cualquier reclamación, salvo los casos ya recurridos antes de la sentencia. Los ayuntamientos evitarán así una avalancha de demandas, pero no podrán cobrar lo que hayan dejado de ingresar desde la fecha de la sentencia ―que impidió en la práctica cobrar el impuesto―, ya que el decreto no tiene carácter retroactivo.

El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista Abel Caballero, se ha dicho este lunes confiado en que el nuevo tributo “será justo en términos de ciudadanos”, mostrándose más favorable al método de cálculo que recoge la diferencia entre los valores compra y de venta del inmueble. Caballero ha lamentado que el sistema aplicado hasta ahora era “sumamente deficiente” y “confiscatorio”, y ha recordado que en 2015 ya había pedido reformarlo, debido a que era “injusto e infinidad de veces, excesivo, calculado para una plusvalía creciente”, quedando “totalmente invalidado” con la crisis financiera.


Así será el nuevo impuesto de plusvalía: dará dos opciones a los ciudadanos y les permitirá elegir la más favorable

El real decreto que el Gobierno aprobará el próximo lunes da margen a los Ayuntamientos para rebajar un 15% la base imponible del impuesto que anuló el Constitucional
FUENTE: ElPaís AUTORES: J. SÉRVULO /JOSÉ LUIS ARANDA 06-11-2021

El Ministerio de Hacienda ya tiene listo el impuesto de plusvalía después de que la semana pasada el Tribunal Constitucional declarase nulo el método utilizado para calcular la base imponible. El departamento que dirige María Jesús Montero adaptará el tributo a las fluctuaciones del precio de la vivienda para reconocer la ganancia real y la realidad del mercado inmobiliario, como reclamaba el alto tribunal. Creará unos nuevos coeficientes que se aplicarán sobre el valor catastral y que actualizará cada año para recoger la verdadera situación del mercado. Además, ofrecerá a los contribuyentes dos alternativas para calcular el tributo y les permitirá acogerse a la más beneficiosa.

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como impuesto de plusvalía municipal, es un tributo directo que depende de los Ayuntamientos. Se paga cuando una persona vende, dona o hereda una vivienda. Esta figura fiscal grava en realidad la revalorización que han sufrido los terrenos urbanos sobre los que está construida una casa desde el momento de la compra hasta que se ha traspasado.

Adiós (de momento) al impuesto de plusvalía: ¿qué es este tributo? ¿Qué significa la sentencia? ¿Hasta cuándo dejará de cobrarse?

La nueva norma mejora el cálculo de la base imponible para garantizar que los contribuyentes que no obtengan una ganancia por la venta del inmueble queden exentos de pagar el tributo, según fuentes ministeriales. Hacienda establecerá dos opciones para determinar la cuota tributaria permitiendo que los ciudadanos opten por la que consideren más beneficiosa. Por un lado, se podrá calcular mediante el valor catastral en el momento del traspaso, con unos nuevos coeficientes que fijará el ministerio y que reflejarán la realidad inmobiliaria. La otra opción consistirá en valorar la diferencia entre el valor de compra y el de venta.

En la mayoría de los casos será más favorable para los ciudadanos optar por la segunda opción. En cualquier caso, Hacienda actualizará los coeficientes cada año para tener en cuenta las fluctuaciones de valor de los bienes inmuebles.

La normativa dará margen a los Ayuntamientos para que puedan corregir hasta el 15% a la baja el valor catastral del suelo en función de la situación de su mercado inmobiliario solo para este tributo. Lo que permitirá adaptar el impuesto a la verdadera situación de cada municipio.

Penalizar la especulación

También se fijará un coeficiente para gravar las plusvalías generadas en menos de un año, es decir, las que se producen cuando entre la fecha de adquisición y de transmisión ha transcurrido menos de un año y que, por tanto, pueden tener un carácter más especulativo.

Hasta ahora para calcular el tributo había que multiplicar el valor catastral del suelo por el número de años que se había sido titular de la propiedad. A esta cifra se le aplicaba un coeficiente anual, en función de los años, que no solía superar el 3,5%. Y a la cantidad resultante se le aplicaba el tipo impositivo, que tampoco podía superar el 30%. Como el valor catastral era el parámetro fundamental del impuesto y los coeficientes tampoco variaban, el Constitucional considera nulo este método objetivo de determinación de la base imponible, ya que presuponía que siempre existe un aumento de valor con independencia de la evolución del mercado.

Por eso, Hacienda sustituye los porcentajes anuales aplicables sobre el valor catastral por unos coeficientes máximos fijados en función del número de años transcurridos desde la adquisición. Y actualizará cada año estos multiplicadores.

El real decreto-ley recalca que el método para calcular el impuesto será optativo. Se dejará al contribuyente la posibilidad de elegir el método más favorable. Podrá tributar en función de la plusvalía real obtenida al traspasar el inmueble —la diferencia entre el precio de venta y el de compra— o por el valor catastral y los nuevos coeficientes. Si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior a la calculada con el valor catastral, podrá aplicarse el primer método. La norma permitirá a los Ayuntamientos comprobar estos cálculos para evitar errores o fraudes.

La reforma del tributo era necesaria para no estrangular las finanzas municipales. Esta figura fiscal es la segunda que más aporta a las arcas locales, por detrás del IBI. Los Ayuntamientos españoles ingresaron por este tributo más de 1.700 millones en 2020. En 2019, antes de que la pandemia afectase a la recaudación, supuso 2.519 millones para las arcas locales.

Varias sentencias

Desde el 26 de octubre, fecha en que fue firmada la sentencia, los consistorios no podían exigir la liquidación del gravamen al ser considerado inconstitucional su método de cálculo. No era el primer revés judicial para las plusvalías, ya que otras dos sentencias de 2017 y 2019 habían cuestionado algunos aspectos del impuesto. La reforma de Hacienda intenta ahora solventarlos todos de una vez.

El principal reparo, porque suponía el meollo de la cuestión y fue lo que llevó a la anulación de facto del tributo, era cómo determinar la base imponible del mismo. El reciente fallo señalaba que este era “ajeno a la realidad del mercado inmobiliario”, lo que se había hecho particularmente palpable cuando los precios de las casas se desplomaron durante la Gran Recesión. En esos años, era frecuente que incluso vendiendo una casa a pérdidas (es decir, por menos de lo que había costado) hubiera que pagar el impuesto. Esto ya fue cuestionado por el Constitucional en 2017.

El pasado miércoles, durante el debate del proyecto de Ley de los Presupuestos del Estado para 2022, la ministra Montero sostuvo que la modificación que preparaba su departamento aportaría “tranquilidad y seguridad” tanto a los contribuyentes como a los Ayuntamientos. Estos, que llevan ya 10 días sin poder cobrar el impuesto, tendrán seis meses para adaptar su normativa al nuevo marco legal. Lo que han dejado de ingresar desde el 26 de octubre no podrán recuperarlo. Aunque el ministerio ya había estudiado fórmulas para ello, el decreto no será retroactivo. Pero a la vez, los consistorios no se verán obligados a enfrentarse a una avalancha de reclamaciones porque la sentencia del Constitucional estableció un blindaje contra esa posibilidad.

Cuando el impuesto se paga mediante una autoliquidación (como sucede en la mayoría de grandes municipios), el contribuyente tiene un plazo teórico de cuatro años para pedir una revisión de la suma que ha abonado. El fallo judicial, sin embargo, determinó que no será posible reclamar cantidades que no se encontrasen ya recurridas antes de dictarse la sentencia.

La nueva norma no tendrá carácter retroactivo

El real decreto con la nueva normativa sobre el impuesto de plusvalía que prevé aprobar el lunes el Consejo de Ministros no tendrá carácter retroactivo. Eso dejará una especie de vacío legal desde que se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional, que lleva fecha del 26 de octubre (el día en que se supo el sentido del fallo), hasta que entre en vigor el decreto. 

El texto íntegro, sin embargo, se desveló el miércoles de esta semana, cuando el alto tribunal publicó la sentencia en su web. Otra fecha importante es la de su publicación en el BOE, porque algunas fuentes jurídicas señalan que hay dudas sobre si algunos efectos del fallo surten efecto desde ese momento.

En cualquier caso, parece claro que los ayuntamientos se enfrentarán a un periodo en el que no podrían exigir la liquidación del tributo. Si se toma como referencia el 26 de octubre, la fecha que cuenta con más consenso, y teniendo en cuenta que el decreto entre en vigor el martes (el día siguiente del Consejo de Ministros), ese periodo sería de 15 días.

Traducido en recaudación sobre la base de 2019, cuando el gravamen aportó 2.519 millones a las arcas municipales, eso supone que los consistorios podrían dejar de ingresar algo más de 100 millones. Se trata de una pérdida abultada, pero no lo suficiente como para comprometer sus finanzas. El año pasado, sin ir más lejos, la pandemia provocó una merma en la recaudación del impuesto de plusvalías del 32%. O lo que es lo mismo, dejaron de ingresar unos 800 millones de euros. 


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El Supremo considera deducibles los gastos de representación sin necesidad de que vengan vinculados a la obtención de ingresos, corrigiendo así el criterio de Hacienda

En una reciente sentencia el Tribunal Supremo señala que este tipo de gastos de atención a clientes o representación -comidas con futuros clientes, regalos a proveedores, entradas a espectáculos deportivos y culturales, estancias en hotel o spa- no pueden considerarse donativos ni liberalidades -como pretende Hacienda-, ya que tienen por objeto incrementar los resultados y hacer crecer el negocio, a través de la promoción y marketing y, en cualquier caso, son un plus para el negocio que generará beneficios, a veces inmediatos, si no medio o a largo plazo.

Lee más sobre esta sentencia a través de la noticia del digital crónica económica que te transcribimos a continuación:


El Supremo abre una vía para sumar deducciones en Sociedades

FUENTE: crónicaeconómica

La pandemia del coronavirus ha dejado en una situación económica crítica a un porcentaje elevado de autónomos y cerca de 225.000 siguen recibiendo algún tipo de ayuda, fundamentalmente la derivada de las exenciones en las cuotas.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dado un alivio al colectivo, que desde ahora podrá desgravarse en el Impuesto de Sociedades los gastos de representación, que el Ministerio de Hacienda no consideraba deducibles ya que no estaban vinculados de forma directa al negocio y los ingresos. El Fisco se mostraba muy rígido a la hora de aplicar desgravaciones en el tributo, que debían estar claramente acreditadas. Sin embargo, el Supremo, con una sentencia que sienta jurisprudencia, va mucho más allá y acaba con un debate continuo, que finalmente perjudicaba a las pequeñas empresas y trabajadores por cuenta ajena, que en muchas ocasiones daban marcha atrás a estas iniciativas de márquetin y básicas para el desarrollo de su negocio -eventos, conferencias o reuniones- o asumían el coste de realizarlas conscientes que no podían llevarlas a la Agencia Tributaria para reducir su factura fiscal.

Según la ley vigente, “los gastos de atención a clientes o proveedores serán deducibles siempre que se encuentren documentados en facturas que cumplan los requisitos formales y que se justifiquen como necesarios para la actividad, hasta el límite del 1% de los ingresos anuales (para evitar el fraude)”, un planteamiento que dejaba mucho margen a los responsables de Hacienda y que daba pie a criterios muy dispares, que en muchas ocasiones se derivaban a los tribunales. Ahora, el Alto Tribunal aclara que este tipo de gastos podrán desgravarse, aunque gracias a ellos no se consiga cerrar un acuerdo o negocio, como preveía la normativa como requisito. Los contactos con clientes y proveedores son un plus para el negocio que genera beneficios. Estas relaciones se podrán demostrar por un ’email’ o ‘whatsapp’
La base de su sentencia, que tiene gran trascendencia, es que este tipo de gastos de atención a clientes o representación, entre los que se pueden comidas con futuros clientes, regalos a proveedores, entradas a espectáculos deportivos -fútbol, baloncesto, tenis…- y culturales -cine, teatro, circo…-, estancias en hoteles e incluso invitaciones a spa, no pueden ser considerados donativos ni liberalidades, ya que tienen el objeto de incrementar los resultados y hacer crecer el negocio a través de la promoción y márquetin. Lo que hace el Tribunal es dejar patente que estos contactos con clientes y empleados y los gastos que generan son un plus para el negocio que generará beneficios a medio y largo plazo, a veces inmediato. La factura de un buen restaurante con un cliente o una invitación al palco VIP de un equipo de fútbol trasciende más allá de la apariencia y estos detalles con los clientes tienen como consecuencia acuerdos y mayores ventas y, por tanto, mayores ingresos, por lo que deben ser deducibles.

Acreditar este resultado ante Hacienda no resultaba fácil hasta ahora, por lo que habitualmente estos gastos caían en el ‘saco’ de donativos y liberalidades no deducibles, pero ahora el contribuyente no deberá probar la relación con los ingresos de estos desembolsos que para algunas empresas básicos y sí, si lo reclama el Fisco, los vínculos con el agasajado mediante estas atenciones, a través de un correo electrónico, un mensaje de ‘whatsapp’ o una llamada. El fallo también explica lo que no es deducible. La sentencia considera, ante recurso de casación contencioso-administrativo de una empresa viguesa suministradora de materiales de construcción, que los gastos predeterminados a favor de los accionistas o los partícipes de la sociedad no son desgravables, “puesto que cuando el objetivo no se integra en la propia actividad empresarial de optimizar los resultados empresariales, sino en beneficio particular de los componentes de la sociedad, decae cualquier consideración de gasto deducible excluido de los donativos o liberalidades“. Los intereses de demora también son deducibles, ya que no tienen carácter punitivo. “Están conectados con el ejercicio de la actividad“, asegura el TS. El pasado febrero también el Alto Tribunal avalaba que los intereses de demora son deducibles, puesto que no tienen carácter punitivo o sancionador -una de las causas de exclusión, como los donativos-, ya que tienen un carácter resarcitorio -financiero. “No vemos que los intereses de demora no estén correlacionados con los ingresos; están conectados con el ejercicio de la actividad empresarial y, por tanto, serán deducibles“, sentenciaba en contra del criterio de Hacienda. Varios tribunales superiores de Justicia, entre ellos los de Castilla y León y el de Aragón, ya se habían manifestado en la línea del último fallo del Alto Tribunal sobre el asunto.

En este caso, el origen del conflicto estaba en una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en la que reconocía un cambio de criterio a partir de 2010 en relación con el que se venía manteniendo anteriormente -tanto por el propio TEAC como por la Dirección General de Tributos (DGT)-, lo que provocó que los órganos de la AEAT modificaran el criterio en sus actuaciones y consideraran dicho gasto como no deducible en el Impuesto de Sociedades. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) señalaba, a raíz de esta sentencia, que “la deducibilidad de los intereses de demora en los ejercicios en los que resulta de aplicación la vigente Ley 27/2014 no debería ser objeto de controversia por varios motivos: En primer lugar, porque existe doctrina de la DGT que ampara dicha deducibilidad y mientras esta no se modifique -por la propia DGT o por el TEAC- los órganos de la AEAT se encuentran vinculados a ella, por lo que dicho gasto no debería cuestionarse en el seno de un procedimiento. En segundo lugar, porque aún en el hipotético caso en que esto ocurriera y el TEAC tuviera que pronunciarse, el Supremo deja claro que los intereses de demora no pueden considerarse gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico“.

FUENTE: crónicaeconómica


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#Renta2017: Novedades y fechas clave

La semana pasa diO comienzo a la campaña de la Declaración de la Renta más informatizada de la historia. Este año tenemos como novedad la nueva App que ha lanzado la Agencia Tributaria con la que poder presentar tu declaración de la renta 2017 por el móvil.

Hacienda intenta cada año que hacer la declaración de la renta sea de cada vez más sencilla y por ello cada año surgen novedades tecnológicas al respecto. Este año nos trae su  nueva app y también el “Plan le llamamos” con el que los trabajadores de Hacienda se pondrán en contacto con los conribuyentes para resolver las dudas que puedan surgir a la hora de hacer la declaración.

Sin embargo no todo el mundo podrá optar a hacer la declaración por esta app. Sólo algunas rentas afortunadas que sean sencillas, que no necesiten modificaciones y de las que Hacienda tenga toda la información, podrán optar por presentar la declaración de la Renta 2017 vía App. De los 20 millos de contribuyentes obligados a presentar la declaración, sólo 4’8 millones podrán hacerlo por esta aplicación.

La campaña de la declaración de la renta 2017 empezó el pasado 4 de abril, día en el que se inició el plazo de confirmación, modifciación y presentación de la declaración de la Renta. Como cada año, te recomendamos que no te precipites y presentes tu borrador “al tuntún”. No hay prisa, revísalo y comprueba que has aplicado todas las deducciones. ¡Y no te olvides de las específicas de tu comunidad autónoma!

El siguiente punto de nuestra línea de fechas clave es el 8 de mayo. A partir de este día podrás solicitar cita previa tradicional en la sede de Hacienda.Continuando con las fechas clave, la siguiente la encontramos el 10 de mayo y empezará el periodo de atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria.

Nosotros nos adelantamos y te ofrecemos la cita previa presencial del 1 de mayo. Te atenderemos personalmente para valorar tu borrador y comprobar que todos los datos son correctos. Además te asesoraremos para poder aplicarte todas las deducciones posibles para intentar conseguir un resultado “a devolver”.

Abierto ya el plazo de presentación, las últimas fechas clave son las más importantes.

El 27 de Junio es el último día para presentar la declaración de la renta 2017 con un resultado a ingresar en domiciliación a cuenta.

El 29 de Junio es el último día para solicitar cita previa en Hacienda, por lo que a partir de este día lo que te aconsejamos es que no lo dejes pasar ni un día más y acudas a tu asesoría más cercana a pedir cita, aunque también podemos atenderte nosotros.

Por útlimo, el 2 de Julio finalizará esta campaña de la declaración de la renta 2017 y será el último día para presentar la declaración de la renta siempre y cuando tu resultado sea a devolver y renuncias a la devolución negativa y a ingresar con domiciliación del primer plazo. También es importante recordar que es la fecha límite para el Impuesto de la Renta de no Residentes.

¿Qué te recomendamos? Que no lo dejes todo para el último momento. Revisar el borrador detenidamente y comprobar todos los datos puede suponer inclinar la balanza hacia un resultado a devolver en vez de a ingresar.

¿Quieres que hagamos tu declaración de la Renta? Nuestro periódo de atención personalizada para la declaración de la renta se abre el 1 de mayo pero puedes adelantarte y pedir cita previa. Puedes escribirnos a renta@moyaemery.com o llamarnos al 971 72 80 10.

También puedes venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca.

Consulta todos nuestros servicios en www.moyaemery.com