Iniciar una actividad económica conlleva una serie de requisitos y obligaciones fiscales para las personas que quieran emprender un negocio y, por ello, el abogado y economista 𝙉𝙞𝙘𝙤𝙡á𝙨 𝙀𝙢𝙚𝙧𝙮 ha querido repasar las más importantes junto con la audiencia de Radio Calvià FM en el consultorio jurídico de este martes. Dar de alta nuestra actividad económica, darnos de alta como autónomos, presentar correctamente una 𝙙𝙚𝙘𝙡𝙖𝙧𝙖𝙘𝙞ó𝙣 𝙘𝙚𝙣𝙨𝙖𝙡 a la Agencia Tributaria con toda la información relativa a nuestra actividad: indicar la fecha de inicio de la actividad (fecha que tomará la Seguridad Social para dar de alta de autónomos); también el lugar de la actividad; dar cuenta de qué obligaciones tributarias serán las relativas a nuestra actividad: si tenemos personal asalariado, si pagaremos un alquiler en nuestro negocio, si existe o no la obligación de presentar el IVA, el tipo de contabilidad que se aplicará a nuestra actividad (estimación objetiva/módulos o estimación directa); etc.
Las ayudas directas a autónomos y empresarios dispuestas por el Gobierno, que para las Islas Baleares ascienden a un total de 855 millones de euros, no llegarán a sus destinatarios antes de septiembre. La gestión de la concesión de dichas ayudas, que fue delegada por el Ejecutivo a cada comunidad autónoma, amén de que los criterios y requisitos para la concesión han variado desde un principio -al menos en las baleares- está provocando dilación en la entrega de las cantidades. Con todo ello, Baleares es una de las que tienen más avanzado el proceso de concesión de ayudas. Pese a que, como se ha avanzado, el importe líquido de las ayudas no llegará hasta más adelante, de entre todas las solicitudes presentadas en nuestra comunidad, el Govern balear ha ido publicando en el BOIB la relación de beneficiarios a quien se ha aprobado conceder las ayudas, que puedes consultar en los siguientes enlaces aquí y aquí.
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), a través de su secretario general, José Luis Perea, ha señalado: “El proceso es lento. Las ayudas no van a estar este verano”.
Si quieres más información, lee ea continuación el artículo de Vozpópuli que da cuenta de la noticia:
Las ayudas directas a autónomos y pymes llegarán como mínimo en otoño
Según los plazos de las convocatorias establecidas por las comunidades autónomas, los empresarios ya descartan recibir el dinero antes de que acabe el verano
Los 7.000 millones en ayudas directas prometidos por el Gobierno para pymes y autónomos no llegarán antes de septiembre. Aunque las inyecciones monetarias fueron anunciadas por el Ejecutivo el pasado mes de marzo, que la gestión sea a través de las comunidades autónomas está dilatando el proceso, puesto que los plazos son diferentes en cada una de ellas.
Las líneas de ayudas anunciadas están compuestas de dos compartimentos. El primero, uno de 5.000 millones, que se destinará al conjunto de comunidades autónomas. El segundo, de 2.000 millones, será para Canarias y Baleares, por tratarse de los territorios más castigados por la pandemia por la caída del turismo.
No obstante, ninguna ha entregado aún las ayudas, confirman a Vozpópuli fuentes de la patronal CEOE y de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). “El proceso es lento. Las ayudas no van a estar este verano”, confirma José Luis Perea, secretario general de ATA, que apunta a que agosto suele ser un mes inhábil.
En este sentido, ni siquiera confían en que puedan entregarlas ya las comunidades que tienen más avanzado el proceso, como Murcia o Baleares, que terminaron a finales de junio de recibir la documentación de los interesados; Castilla-La Mancha, que hizo lo propio el 19 de julio; o Canarias y Madrid, esta misma semana. Con calendarios diferentes, Navarra tendrá el plazo abierto hasta el 20 de agosto, mientras que Aragón esperará hasta el 10 de septiembre.
De hecho, son varias las que han ampliado el plazo por la dificultad que está suponiendo. “Son ayudas que se tramitan siguiendo los criterios de la ley de subvenciones, son muy farragosas burocráticamente“, señala Perea, que insiste en que va a haber “pocos autónomos beneficiados”. Según sus cálculos, no superará el 12%.
Autónomos y pymes rechazan los criterios
Estas ayudas están destinadas a reducir el endeudamiento suscrito entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, que sirven para cubrir obligaciones de deuda y pagos a proveedores, acreedores financieros y no financieros, así como costes fijos incurridos, procedentes de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. Para recibirlas, las empresas deben registrar una caída de volumen de operaciones anual en 2020 de un 30% como mínimo con respecto a 2019.
Este requisito de deuda es uno de los que más rechazan los empresarios y autónomos, puesto que consideran que es injusto. “Hay que presentar documentos contables justificativos que acrediten una deuda, así que están penalizando a todos aquellos autónomos que son buenos pagadores y han cogido sus ahorros para pagar a suministradores, proveedores…”, reclaman desde ATA. Lo mismo apuntan desde la patronal Hostelería de España, que reseña que estas inyecciones “benefician a quienes tienen deudas frente a quienes han arriesgado su patrimonio para ir pagando esas deudas”
Con todo, no creen que durante el verano vayan a recibir ninguna de las inyecciones. “Si se agilizan mucho, nos llevaríamos una grata sorpresa, pero contamos con que al menos hasta septiembre no empezarán a pagar“, concluye Perea.
El plazo de concesión de las ayudas es hasta el 31 de diciembre de este año y se reparten por comunidades según una serie de criterios: dos tercios dependen de la caída del PIB en 2020, moderado en función de la prosperidad relativa de cada autonomía; algo más de un 20% se distribuye en función de la tasa de desempleo y una novena parte según el paro juvenil.
Como se ha convertido en costumbre ya, el pasado viernes tuvo lugar la comida de verano del despacho Moya & Emery. En ella, los miembros del equipo de profesionales que integran ambas oficinas de Palma y de Palmanova, junto con algunos de los estrechos colaboradores de nuestro despacho de asesores, consultores y gestores, pudimos disfrutar, en un distendido ambiente, de los platos dispuestos por los huéspedes de la cita, nuestros amigos del ristorante Il Carpaccio de Santa Ponça.
Echamos de menos, como no podía ser de otro modo, a las compañeras y compañeros que no pudieron asistir al evento por deber atender otros compromisos. En la próxima seguro que estaremos todos juntos.
El Gobierno ha puesto en marcha la nueva cotización por ingresos reales de los autónomos, de cara al 2023, cuando se produzca la recuperación económica, tras la salida de la crisis provocada por la situación actual sociosanitaria.
Se pretende aprobar un periodo de transitoriedad de 9 años para que tanto los autónomos que vayan a cotizar menos como los que tengan que cotizar más, vayan adaptándose. Los trabajadores por cuenta propia podrán seguir eligiendo su base de cotización en previsión de sus rendimientos netos, las cuotas irán entre los 90 y los 1.220 euros al mes.
Hoy, la base mínima de cotización de los autónomos es de 944 euros y la máxima es de 4.070 euros. Los que cotizan por la mínima pagan una cuota de unos 286 euros al mes al Estado, mientras que los que lo hacen por la máxima desembolsan unos 1.208 euros. Ahora, el autónomo decide la base en la que quiere tributar y el 86% de las personas físicas elige hacerlo por la mínima. Es decir, decide pagar 286 euros.
Lo cierto es que, con la fórmula del Ministro Escrivá, muchos autónomos pagarán una mensualidad menor, pero otros tantos verán hasta quintuplicada su cuota mensual. Para 2023, primer año de la entrada en vigor de la medida, el Gobierno ha establecido:
200 euros al mes para los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o menos.
215 euros para quienes tengan ingresos que oscilen entre 3.000 euros y 6.000 euros.
230 euros para quienes tengan unos ingresos superiores a 6.000 euros, pero inferiores a 9.000 euros.
245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.
260 euros para los de 12.600 a 17.000 euros de ingresos anuales.
275 euros para los de 17.000 euros a 22.000 euros.
290 euros para los de 22.000 a 27.000 euros.
305 euros para los de 27.000 a 32.000 euros.
320 euros para los de 32.000 a 37.000 euros.
340 euros para los de 37.000 a 42.000 euros.
360 euros para los de 42.000 a 47.000 euros.
380 euros para los de 47.000 a 48.841 euros.
400 euros si se tienen unos rendimientos superiores a 48.841 euros anuales.
Vemos que, durante el primer año del periodo transitorio de aplicación de esta reforma (2023), se establecerá una cotización intermedia por tramos cuyo número se irá incrementando progresivamente para quienes más ganan. Así, los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o menos tendrán una cuota de 200 euros al mes en 2023, primer año de aplicación del nuevo sistema, que será de 215 euros para quienes tengan ingresos que oscilen entre 3.000 euros y 6.000 euros, de 230 euros para quienes tengan unos ingresos superiores a 6.000 euros, pero inferiores a 9.000 euros, y de 245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.
Con este primer planteamiento, vemos que los autónomos que ganen hasta 22.000 euros verán reducida su cuota. Ellos serán los grandes beneficiados de la reforma de Escrivá.
Sin embargo, a partir de esa cuantía, todos los autónomos pagarán más. Dicho de otra forma, el Gobierno pretende subirle los impuestos a todos los autónomos que ganen más de 22.000 euros en 2023 y que coticen por la base mínima. Ante este sistema nos podemos preguntar si va a afectar realmente a las rentas más altas, según datos del INE, el salario bruto medio anual en España es de 24.009 euros, por lo que ni siquiera se le podría considerar clase media a los autónomos que ganan 22.000 euros.
La siguiente tabla muestra los rendimientos que obtuvo cada uno de los 3 millones de autónomos que hay en España.
Para los autónomos que ganen de 22.000 a 27.000 euros la subida sería de 4 euros al mes, o 48 euros al año, que puede suponer una cantidad insignificante, pero cuanto más se incrementan los ingresos, las cuotas se disparan. Por ejemplo, los que ganen entre 32.000 y 37.000 euros tendrán que pagar 34 euros más al mes dentro de dos años, mientras que los que tengan unos rendimientos superiores a 48.841 euros anuales pagarán 114 euros. Dicho de otra forma, casi 280.000 autónomos pagarán un 40% más de impuestos en menos de dos años. Este golpe al bolsillo de los autónomos que más ganan podría suponer un desincentivo a la generación de riqueza e incluso, una invitación a la economía sumergida.
Una reforma que en un primer momento se dijo que sería de trece tramos, pero ahora se están barajando entre 5 o 7” y unas cuotas que oscilarán entre un mínimo de 90 euros y un máximo de 1.220 euros una vez finalizado el periodo de 9 años de despliegue total de la reforma.
Las intenciones del Gobierno han incendiado a las organizaciones de autónomos.
Una vez que finalice el periodo de despliegue de la reforma de 9 años, a partir de 2031 las cuotas correspondientes a cada uno de los tramos (con ajustes vinculados a la inflación) serán de 90 euros al mes para quienes ganen menos de 3.000 euros, de 120 euros para quienes ingresen de 3.000 a 6.000 euros netos al año, de 185 euros para los autónomos con rendimientos de entre 6.000 y 9.000 euros y de 235 euros para quienes ganen entre 9.000 y 12.600 euros al año.
La idea que maneja Escrivá es que los autónomos puedan elegir provisionalmente su base de cotización entre los tramos que se aprueben, en función de sus previsiones de rendimientos con la posibilidad de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos. Si existen diferencias una vez hecha la regularización anual, el trabajador deberá proceder a su ingreso en caso de haber cotizado menos de lo que le correspondía y podrá solicitar la devolución si la cotización realizada fue superior.
Además, el documento detalla que los autónomos que tengan rendimientos fiscales declarados inferiores a la base mínima de cotización vigente cotizarán por los mismos. «Sin perjuicio de ello, a efectos de la acción protectora se reconocerá la base mínima correspondiente durante un periodo máximo de dos años», señala.
También destaca que los autónomos cuyos rendimientos fiscales derivados de la actividad por cuenta propia estén por encima de la actual base mínima de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cotizarán por los mismos y que esta base mínima se equiparará progresivamente a la del Régimen General de la Seguridad Social.
Aunque el Ejecutivo de Sánchez se escude en el bien de los autónomos para vender su reforma, ya que más de la mitad de ellos pagará menos, hay que dejar claro que la reforma se hace para recaudar más, por lo que los impuestos de los autónomos que menos paguen quedarán compensados de lejos con los perjudicados. El Gobierno prevé que la reforma del Reta eleve en un 20% la recaudación de la Seguridad Social a través de las aportaciones que realizan los trabajadores por cuenta propia, es decir, unos 2.000 millones de euros más cada año, que se sumarían a los 10.000 millones de media que suponen las cotizaciones de todos los autónomos a lo largo de un año para las arcas públicas del Estado.
Aunque, todavía no hay nada cerrado y están pendientes del diálogo social. A las asociaciones de autónomos, aunque apoyan la cotización por ingresos reales, les ha indignado la medida por su contenido y porque no había sido informados previamente. “
Las estadísticas que brindan las asociaciones de autónomos y pymes no son alentadoras: el 90% de empresarios y profesionales afectados por caídas de facturación quedan excluidos de las ayudasdirectas dispuestas hace ya 4 meses por el Gobierno de España y gestionadas por las Comunidades Autónomas (855 millones de € en el caso de Baleares) y, además, a día de hoy, no se han desembolsado ni la mitad de esos siete 7.000 millones de €. Hay dudas entre las CCAA y entre los solicitantes y posibles beneficiarios al respecto de qué costes pueden cubrirse con las ayudas.
Por todo lo anterior el Ministerio de Economía ha querido solventar dichos inconvenientes a través de un documento informativo (que no se ha hecho público) en el que aclara a las CCAA que las ayudas directas de que los empresarios hagan uso si les corresponden podrán destinarse por los mismos al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros (la ayuda debe destinarse primero a pagar la deuda financiera y, dentro de ella, primero a la que tiene aval público) y, por último, a abonar pérdidas contables, excluidas las pérdidas por deterioro del valor puntuales, justificando la existencia de las mismas y siempre que vengan referidas al período entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021 (que es el que cubre el decreto de las ayudas).
Si quieres más información, lee un interesante artículo en que se da cuenta de esta noticia que te transcribimos a continuación (y pincha los enlaces directos para acceder a ellos en su lugar original de publicación):
Calviño blinda las ayudas a empresas con pérdidas aunque no sean morosas
Economía aclara a las comunidades autónomas que el fondo de 7.000 millones puede ir también destinado a empresas con pérdidas contables por el Covid. Más de la mitad del dinero está sin repartir, según ATA.
Economía quiere que las ayudas directas lleguen ya a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia y se solucionen los inconvenientes que existen. Porque problemas hay, según han hecho saber varias comunidades autónomas al Ministerio y según han denunciado en público Cepyme y ATA. Para intentar avanzar en una solución el Gobierno aclara que aquellas compañías que hayan registrado pérdidas contables con motivo de la pandemia también pueden acceder al fondo de 7.000 millones. Aunque no tengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
Son ya cuatro meses desde la aprobación, en Consejo de Ministros, de ese paquete de ayudas directas a pymes repartidos entre Canarias y Baleares, a los que les correspondió 2.000 millones, y el resto de autonomías, con 5.000. Pero varios gobiernos autonómicos han expresado “dudas” sobre cuáles son los costes de las empresas afectadas por la pandemia que se pueden financiar con este fondo. No era una cuestión que quedaba totalmente clarificada.PUBLICIDAD
Por ello, en aras de la comprensión, Economía emitió un documento para despejar las dudas. Se llama “Aclaraciones al Título I del Real Decreto-ley 5/2021” y ya está en poder de los gobiernos autonómicos. No es un documento público pero sirve, en efecto, para blindar y clarificar qué tipo de situaciones puedes ser susceptibles de estas ayudas.
De esta forma, según esa “aclaración, y en virud de lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal de Ayudas de Estado en relación con los costes fijos, las empresas que cumplan los requisitos para percibir estas ayudas, establecidos en el mencionado Real decreto-ley, pueden destinar las ayudas a compensar pérdidas contables originadas durante la pandemia. Por ejemplo, pueden solicitar ayudas para pagar un préstamo que tuvieran contraido.
El periodo que abarca el decreto es claro: entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021. Si las empresas han tenido pérdidas contables en ese periodo pueden destinar las ayudas directas del fondo a cubrir los costes fijos generados durante ese año y tres meses, costes, eso sí, que no estén cubiertos por la contribución a los beneficios (es decir, los ingresos menos los costes variables) ni por otras fuentes como seguros, medidas temporales u otro tipo de ayudas.
Es decir, por resumir, las ayudas directas pueden destinarse por las comunidades autónomas al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros (la ayuda debe destinarse primero a pagar la deuda financiera y, dentro de ella, primero a la que tiene aval público) y, por último, a abonar pérdidas contables, excluidas las pérdidas por deterioro del valor puntuales, justificando la existencia de las mismas.
Cuatro meses después de la aprobación del decreto de ayudas directas la confusión entre comunidades autónomas y posibles beneficiarios de las mismas siguen las dudas. Las asociaciones de autónomos y pymes denuncian que no se han desmobolsado ni la mitad de esos 7.000 millones y que más de un 90% de los afectados por caídas de facturación quedan excluidos. Es una cifra que aporta la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
El Gobierno fijó que las ayudas directas a las empresarias serían de 3.000 y 200.000 euros y que, para recibirlas, las interesadas tendrían que acreditar una caída de sus ingresos de, cómo mínimo, un 30% de sus ingresos.
Baleares amplía los supuestos y destinatarios de las ayudas de 855 millones de Euros dirigidas a empresas y autónomos: hoy, sábado 26 de junio, se ha publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares la norma que amplía las bases de dichas ayudas directas:
Con MÁS CNAEs INCLUIDOS: se ha ampliado el abanico de actividades económicas incluidas en la convocatoria a todos los sectores productivos.
Con MÁS PLAZO PARA SOLICITAR LAS AYUDAS: se ha ampliado el plazo para presentar solicitudes dos semanas más, hasta el lunes 12 de julio.
Con MÁS CONCEPTOS O SUPUESTOS PARA LOS QUE SOLICITAR LAS AYUDAS: se amplían los conceptos por los cuales una empresa o un empresario autónomo podrá pedir ayudas en base a una justificación de pérdidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Este supuesto amplía el actual criterio por el cual las ayudas solo se autorizaban para reducir deuda.
Consulta el BOIB con los cambios en las bases reguladores de la convocatoria de ayudas directas a empresa y autónomos ampliadas hoy, en formato pdf, aquí.
Por otro lado, si tu empresa que desarrolla actividad en el municipio de Palma había solicitado previamente las ayudas extraordinarias de la Fundación Mallorca Turismo, puedes consultar si tu solicitud ha sido aprobada en esta resolución, en formato pdf, publicada también hoy en el BOIB.
Lee a continuación nuestra anterior entrada del blog 𝐌𝐨𝐲𝐚&𝐄𝐦𝐞𝐫𝐲 en que dábamos cuenta del acuerdo para ampliar las ayudas directas:
AFECTADOS POR EL COVID19: Baleares amplía los supuestos para la distribución de las ayudas de 855 millones dirigidas a empresas y autónomos
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presidido hoy una Mesa de Diálogo Social para hacer un seguimiento de la convocatoria de ayudas a empresas y autónomos para hacer frente a las consecuencias derivadas de la COVID19, de 855 millones. Durante la reunión, se han planteado una serie de medidas para ampliar los supuestos para la distribución de este fondo estatal y conseguir así un mayor número de solicitudes, que a día de hoy ya eran 5.202 en el conjunto de las Islas.
Tres son los principales aspectos que se han abordado: se amplía el abanico de actividades económicas incluidas en la convocatoria a todos los sectores productivos; se amplía el plazo para presentar solicitudes dos semanas más, hasta el lunes 12 de julio, y se ampliarán los conceptos por los cuales una empresa o un empresario autónomo podrá pedir ayudas en base a una justificación de pérdidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Este supuesto amplía el actual criterio por el cual las ayudas solo se autorizaban para reducir deuda.
El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, han explicado las novedades de esta convocatoria de ayudas durante una comparecencia posterior a la reunión de la Mesa de Diálogo Social.
Ampliación a todos los CNAE de actividades productivas
En primer lugar, la Mesa de Diálogo Social ha decidido ampliar al máximo el abanico de actividades económicas incluidas en las ayudas. Así, todas las empresas de prácticamente todos los CNAE podrán acogerse a ellas, a excepción del sector de entidades financieras y de seguros, y para Actividades de los hogares.
De este modo, se repescan aquellos sectores que hubieran podido quedar descuadrados en la anterior clasificación. Por lo tanto, las ayudas se hacen extensivas a todos los sectores de actividades productivas de las islas, a todas las empresas y a todos los empresarios autónomos.
Ampliación del plazo de solicitudes
Finalmente, y para dar margen a las empresas y autónomos a estudiar estos nuevos supuestos, la Mesa de Diálogo Social ha acordado ampliar quince días más la presentación de las solicitudes de ayudas. De este modo, el plazo se alarga hasta el 12 de julio. Se prevé que los primeros pagos se inicien a finales del mes de julio.
Posibilidad de justificar pérdidas
Además, la convocatoria ampliará los conceptos por los cuales una empresa o un autónomo podrá acogerse a las ayudas si cayó su facturación más de un 30% el 2020 respeto el año anterior, incluyendo como nuevo concepto la justificación de pérdidas en el periodo mencionado.
Este hecho tiene dos implicaciones. Por un lado, se amplían los conceptos y, por tanto, la cantidad del importe que podrán recibir los solicitantes que ya habían iniciado el trámite por deudas. Por otro lado, aquellos solicitantes que cumplían todos los requisitos de la convocatoria excepto el de tener deudas pendientes ahora sí que podrán perdir la ayuda.
De este modo, se da entrada a aquellos empresarios que cancelaron sus deudas con recursos propios y que hasta ahora se encontraban excluidos de la ayuda, flexibilizando así uno de los requisitos importantes de la convocatoria.
Para acceder a las ayudas justificando pérdidas, habrá que presentar un informe de auditoría para acreditar la solicitud, que se tendrá que presentar en la fase de justificación, una vez cobrada la ayuda.
Publicaciones al BOIB
Este sábado se publicará en el BOIB el inicio de modificación de la Orden referida a la ampliación de CNAE y a la ampliación del plazo de solicitudes. Así mismo, y después de las consultas técnicas al Ministerio de Economía, está en fase de redacción y supervisión jurídica la parte que incluye la acreditación de pérdidas para acceder en las ayudas, aspecto que se publicará la semana que viene en el BOIB.
5.202 solicitudes en 10 días
Como balance, en estos primeros 10 días desde la apertura del plazo para presentar las peticiones, el sistema telemático habilitado por la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) en la web ajutscovid.atib.es ha contabilizado 5.202 solicitudes, actualizadas a mediodía de hoy miércoles. La distribución por islas es: 3.819 en Mallorca, 594 en Menorca, 674 en Ibiza y 103 en Formentera. Además, se han recibido 12 solicitudes correspondientes a empresarios con domicilio fiscal fuera de las Islas y con establecimiento permanente en la Comunidad.
La línea de atención telefónica específica para esta convocatoria (971 678 444) ya ha atendido 3.700 consultas. Al correo electrónico (ajutscovid@atib.es) han llegado otras 2.400 peticiones de información, que ya ha sido contestadas.
Se prorrogan automáticamente hasta el 30/09/2021 los ERTES por Fuerza Mayor basados en las causas del artículo 22 del RD 8/2020, los ERTES por REBROTE, Impedimento y Limitaciones.
Las exoneraciones para los ERTES DE LIMITACIONES (únicamente sobre la parte suspendida serán):
85% en junio y julio si la empresa tiene menos de 50 trabajadores y del 75% en agosto y septiembre.
75% en junio y julio si la empresa tiene 50 o más trabajadores y del 65% en agosto y septiembre.
Las exoneraciones para los ERTES POR IMPEDIMENTO- REBROTE:
100% en las empresas de menos de 50 trabajadores para el periodo de junio a septiembre.
90% en las empresas de 50 o más trabajadores para el periodo de junio a septiembre.
ARTÍCULO 2
se podrán solicitar entre el 01/06/2021 Y 30/06/2021 ERTES POR LIMITACIONES E IMPEDIMENTO, así como el cambio de uno a otro en función de las medidas socio sanitarias y situación epidemiológica en cada momento vigente.
El cambio de IMPEDIMENTO A LIMITACIONES o viceversa no precisará de nuevo ERTE, pero sí de comunicación a la Autoridad Laboral que comunicará los cambios a la inspección de trabajo para las correspondientes acciones de control.
De igual modo, se deberá informar a la TGSS para la aplicación de las correctas exoneraciones en función del tipo de ERTE, presentándose las correspondientes declaraciones responsables.
ARTÍCULO 3
Los ERTES ETOP iniciado tras un ERTE de Fuerza Mayor su fecha de efectos será retrotraerá a la fecha de fin del ERTE de Fuerza Mayor.
Se mantienen los límites del reparto de dividendos y transparencia fiscal para todos aquellos ERTES prorrogados (concedidos con anterioridad a la vigencia de este RD) como los que se concedan en virtud del mismo.
Se mantiene la cláusula del mantenimiento de empleo para las empresas que se vean beneficiadas con las exoneraciones previstas en el nuevo RD, debiéndose tomar en consideración los periodos de mantenimiento de empleo anteriores y pendientes de cumplimiento que se pudieran tener, es decir, se van a encadenar uno tras otro.
Se mantienen de igual modo los límites de nuevas contrataciones, externalizaciones y la imposibilidad de hacer horas extraordinarias.
Se vuelve a recodar que la Fuerza Mayor y las causas ETOP en las que se basaron las suspensiones y reducciones de contrato no serán justificativas de las extinciones de contrato ni de despido. Así mismo, los contratos temporales que se vean suspendidos por ser el trabajador afectado al ERTE, se prorrogarán por el tiempo que el contrato reste suspendido (fecha de suspensión hasta fecha de reincorporación o en caso de esta ser posterior al vencimiento del mismo – fecha de suspensión hasta fecha de fin vencimiento, empezando el cómputo del contrato una vez el trabajador sea reincorporado total o parcialmente).
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
ERTES por CNAE, elevada tasa de cobertura por los ERTES y reducida tasa de recuperación de actividad, así como las que pasen de ERTE Fuerza Mayor a ERTE ETOP.
Se prorrogan hasta el 30/09/2021.
Las exoneraciones serán las siguientes para la parte de la jornada TRABAJADA:
95% en empresas de menos de 50 trabajadores desde junio hasta septiembre.
85% en empresas de 50 o más trabajadores desde junio hasta septiembre.
Las exoneraciones serán las siguientes para la parte de la jornada NO TRABAJADA:
85% en empresas de menos de 50 trabajadores desde junio hasta agosto y de un 70% en septiembre.
75% en empresas de 50 o más trabajadores desde junio hasta agosto y de un 60% en septiembre.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
Las empresas deberán reincorporar efectivamente a los fijos discontinuos en su plantilla durante el periodo teórico de llamamiento (01/06/2019 y 30/06/2019 periodo de referencia del llamamiento). Si el llamamiento normalmente se produce después del 30/09 se tomará como referencia la fecha del llamamiento teórico de 2020.
En el caso de que los Fijos Discontinuos llamados no pueden desarrollar su actividad por estar su empresa en un ERTE POR IMPEDIMENTO/ REBROTE o no ser necesarios entre la plantilla efectiva, deberán ser llamados igualmente y quedar afectados por el ERTE.
Para realizar estos llamamientos se tendrán 15 días y se deberá en este periodo informar a la Autoridad Laboral y realizar la solicitud colectiva para recibir las correspondientes prestaciones por desempleo.
La prestación extraordinaria para los fijos discontinuos se mantiene vigente resultará aplicable en aquellos casos en que el llamamiento teórico de la persona no se diera entre el 01/06 y 30/09, así como en aquellos casos que se den interrupciones ordinarias en la actividad en aquellos casos en que se haya dado una reincorporación efectiva.
ARTÍCULO 5
A partir del 01/06/2021 los autónomos que recibieran alguna prestación por cese de actividad tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones en los siguientes %:
90% en junio, 75% en julio, 50% en agosto y 25% en septiembre.
Para ello, es necesario que el autónomo esté de alta y la base de cotización para determinar la exención será por la que venía cotizando antes de acceder a la prestación por cese de actividad. La percepción de la prestación por cese de actividad es incompatible con la exención en la cotización.
ARTÍCULO 6
Los autónomos que se vean obligados a suspender temporalmente su actividad o la mantengan suspendida, tendrán derecho a una prestación económica por cese de actividad siempre que cumplan los siguientes requisitos:
Estar afiliados al menos 30 días naturales de la fecha de resolución de la suspensión de la actividad.
Hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o ponerse al día con sus deudas en el plazo de 30 días naturales.
La cuantía de la prestación será del 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada. Si conviven en un mismo domicilio dos personas que tengan derecho a esta prestación, su importe para cada uno será del 40%.
El derecho nace al día siguiente de la adaptación de la medida de cierre o desde el 01 de junio si se mantiene la suspensión de la actividad con anterioridad a dicha fecha.
Pese a la exención de la obligación de cotizar, el autónomo que deberá mantenerse de alta, y se entenderá como periodo cotizado siendo asumidas las mismas por las entidades con cargo a los presupuestos.
El percibo de esta prestación es incompatible con el percibido de otra prestación por trabajo por cuenta propia, otra prestación de la seguridad social o percepción de alguna cuantía por trabajar por cuenta ajena, salvo que lo percibido por ese trabajo por cuenta ajena sea inferior a 1,25 veces el importe del SMI.
La gestión de las mismas corresponde a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y se extiende hasta el próximo 30 de septiembre de 2021.
Se debe solicitar dicha prestación dentro de los 21 días naturales posteriores siguientes a la resolución del cierre de actividad o antes del 21 de junio si la resolución de cierre de actividad fuera previa al 01/06/2021 y no se estuviera recibiendo dicha prestación.
• El preacuerdo permite mantener mecanismos especiales de protección de las personas trabajadoras y de las empresas
• Es el quinto consenso que se alcanzan Gobierno y agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia
• En los ERTE para sectores ultraprotegidos se incentiva la reactivación con mayores exoneraciones para los trabajadores activados que para los suspendidos
La Vicepresidencia tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han alcanzado un principio de acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre de 2021, con el objeto de extender esta medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la pandemia.
El preacuerdo permite prorrogar la aplicación de las medidas de flexibilidad que se han adoptado desde el comienzo de la crisis sanitaria y en los términos previstos en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, y las medidas extraordinarias en materia de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas. También prorroga las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo y, por último, prorroga todas aquellas medidas complementarias de protección necesarias para garantizar la estabilidad en el empleo, evitando despidos y destrucción de puestos de trabajo.
Mantendrán su vigencia las medidas extraordinarias recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, relativas a las medidas extraordinarias de protección del empleo relacionadas con extinciones y despidos, la interrupción del cómputo de los contratos temporales, la salvaguarda de empleo, así como los límites relacionados con el reparto de dividendos y transparencia fiscal y el uso de horas extraordinarias y nuevas externalizaciones.
Sectores ultraprotegidos
Estos sectores, indicados en la lista de códigos CNAE adjunta y su cadena de valor, tendrán exoneraciones diferentes en los casos de trabajadores en suspensión de empleo frente a los que se activen en un contexto de mayor recuperación que en meses anteriores. Con el objetivo de incentivar la activación de empleo, en esta ocasión se incluyen unas exoneraciones mayores para los casos de los trabajadores que se reincorporen a la actividad: del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 85% para las que tienen 50 o más en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
Cuando mantengan a los trabajadores suspendidos, habrá una exoneración del 85% en junio, julio y agosto y del 70% en septiembre si la empresa tiene menos de 50 trabajadoras. En el caso de contar con 50 trabajadores o más, las exoneraciones serán del 75% en junio, julio y agosto y del 60% en septiembre.
En esta lista se incluyen tres nuevos sectores (1419 –Confección de otras prendas de vestir y accesorios –, 4637 –Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias– y 7420 –Actividades de fotografía–). Y salen cinco (1811 –Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas–, 2670 – Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico–, 4741 – Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados–, 5122 –Transporte espacial– y 7734 – Alquiler de medios de navegación–).
Se han incluido en este listado aquellas empresas cuya CNAE entre finales de abril de 2020 y finales de mayo han recuperado la actividad en porcentaje inferior al 75% y tengan un porcentaje de afiliados cubiertos por los ERTE igual o superior al 15%.
Limitación e impedimento
Por su parte, los ERTE por limitación de su actividad se verán prorrogados con un nuevo esquema de exoneraciones: si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, será del 85% en junio y julio, y del 75% en agosto y septiembre. Si la empresa tiene 50 trabajadores o más, la exención será del 75% en junio y julio y del 65% en agosto y septiembre.
Por su parte, las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en los próximos cuatro meses en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de las restricciones administrativas para luchar contra la pandemia podrán solicitar un “ERTE de impedimento”. Estas empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre 2021, que será del 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.
Actualmente hay alrededor de 558.000 trabajadores en situación de ERTE. Del total, unos 137.000 se encuentran en ERTE por limitación y cerca de 16.300, por impedimento. Del resto, poco más 233.000, se encuadran entre los sectores ultraprotegidos o vinculados a ellos.
Garantías de los ERTE
El sistema de ERTE vigente a partir del 1 de junio mantiene las características de flexibilidad del modelo anterior y se ajusta al ciclo de actividad del tejido productivo acorde con la evolución de la pandemia. Las condiciones de cierta incertidumbre y el restablecimiento de la actividad empresarial, en estos momentos asimétrica y sectorizada, exige mantener las medidas excepcionales previstas en las diferentes normas adoptadas
desde el comienzo de la crisis sanitaria, todo ello sin perjuicio de la previsible y paulatina normalización de la situación sanitaria. La norma dispone, para el colectivo de fijos discontinuos y aquellas personas que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, la obligación de que las empresas procedan a su incorporación efectiva durante los períodos teóricos de llamamiento de las personas trabajadoras. En caso de que no puedan desarrollar su actividad en el periodo de llamamiento, se dispone su afectación por los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a fecha de entrada en vigor de esta norma o autorizados con posterioridad.
El denominado contador a cero continuará vigente en los términos del artículo 8.7 del RDL 30/ 2020 de 29 de septiembre.
Los profesionales de las artes en espectáculos públicos que tuvieran derecho al acceso extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo, en los términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, podrán continuar percibiéndolas hasta el 30 de septiembre de 2021.
Esta prestación será incompatible con la realización de actividades por cuenta propia o por cuenta ajena, o con la percepción de cualquier otra prestación, renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.
Anexo Códigos de la Clasificación Nacional de Actividades. Económicas –CNAE-09– de empresas ultraprotegidas
710 Extracción de minerales de hierro
1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas
1820 Reproducción de soportes grabados
2051 Fabricación de explosivos
2441 Producción de metales preciosos
3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares
3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares
3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial
4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles
4634 Comercio al por mayor de bebidas
4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias
4932 Transporte por taxi
4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
5010 Transporte marítimo de pasajeros (2)
5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores (2)
5110 Transporte aéreo de pasajeros
5223 Actividades anexas al transporte aéreo
5510 Hoteles y alojamientos similares
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
5530 Campings y aparcamientos para caravanas
5590 Otros alojamientos 5610 Restaurantes y puestos de comidas
5630 Establecimientos de bebidas
5813 Edición de periódicos
5914 Actividades de exhibición cinematográfica
7420 Actividades de fotografía
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos
7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico
7735 Alquiler de medios de transporte aéreo
7911 Actividades de las agencias de viajes
7912 Actividades de los operadores turísticos
7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina
8230 Organización de convenciones y ferias de muestras
9001 Artes escénicas
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas
9004 Gestión de salas de espectáculos
9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales
9200 Actividades de juegos de azar y apuestas
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos
9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento
9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel 9604 Actividades de mantenimiento físico
Puedes ver la nota de prensa, en formato pdf, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al respecto del principio de acuerdo alcanzado, aquí.
Guia dels ajuts directes de l’Estat per a les empreses que han patit les conseqüències de la COVID-19 a les Illes Balears (Desplegament dels RDL 5/2021 i 6/2021)
El 12 de març de 2021, el Butlletí Oficial de l’Estat publicava el Reial decret llei 5/2021 através del qual s’establien les condicions per donar suport a les empreses més afectades per la COVID-19, amb un import global d’11.000 milions d’euros. D’aquest import, un important fons de 7.000 milions d’euros s’han de distribuir en ajuts directes per contribuir a la viabilitat de les empreses, dels quals les Illes Balears percebrà 855,7 milions.
El Govern de les Illes Balears, conscient que es tracta d’un fons sense precedents, va obrir el diàleg social a través del Pacte de Reactivació Econòmica, i va estudiar conjuntament amb els agents econòmics i socials de les illes el text del Govern de l’Estat, a fi de concretar les necessitats de les empreses balears, amb especificitats de cada illa, i permetre una distribució més òptima d’aquests ajuts.
Va ser així que, en virtut del RDL 6/2021 que modificava el Reial decret llei anterior per facilitar la participació de les comunitats autònomes en el disseny dels ajuts, a la llista de 92 CNAE aprovada inicialment pel Govern d’Espanya, el Govern de les Illes Balears hi va afegir gairebé 50 activitats més, i va ajustar així el teixit productiu propi, per la qual cosa s’arriba a un total de gairebé 140 activitats diferents.
A més, també acordà apujar el topall de 200.000 € d’ajuda màxima inicial fins a 500.000 €, sempre amb l’objectiu de facilitar la viabilitat de les empreses i millorar-ne la solvència.
Finalment, s’acordà obrir el ventall dels ajuts a quatre tipus d’empreses amb situacions concretes de les Illes Balears:
Empresaris autònoms de temporada
Empreses afectades per Thomas Cook
Empreses de nova creació
Empreses que van dur a terme fortes inversions el 2019
Objecte dels ajuts
Els ajuts de l’Estat tenen una finalitat molt concreta: ajudar les empreses i els empresaris autònoms a fer front a deutes pendents, a fi de millorar la seva solvència mitjançant la reducció o la supressió de deutes que han hagut d’adquirir a causa de la davallada d’activitat econòmica.
Són, per tant, uns ajuts de caràcter finalista: eixugar el deute bé a proveïdors o bé al crèdit.
En concret, es preveu cobrir deutes pendents provinents de prestacions de serveis o de subministrament, així com tributs, salaris, arrendaments o reducció del deute financer, inclosos els deutes amb socis o administradors i, en general, qualsevol altre deute amb un creditor. Aquests deutes s’han d’haver meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021.
Cal ressenyar que el disseny de l’Estat preveu cobrir deutes a les empreses pels imports que superin el 30 % de la caiguda de facturació l’any 2020 respecte de 2019, atribuïble a les mesures restrictives adoptades per fer front a la pandèmia.
Col·lectius beneficiaris
L’ajut s’estableix en dues línies:
LÍNIA 1. Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva sobre la renda de les persones físiques (estimació per mòduls). (Màxim de 3.000 €)
LÍNIA 2. Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa sobre la renda de les persones físiques i empresaris que apliquin l’impost de societats o l’impost sobre renda de no residents. (De 4.000 a 500.000 €)
Després d’haver determinat la quantia per al grup d’empresaris i autònoms de la línia 1 (màxim 3.000 €), per determinar les quanties de la línia 2 es prorratejarà l’import restant entre tots els sol·licitants que s’ajusten a totes les condicions de la convocatòria.
Es prorratejarà el 100 % dels recursos disponibles, seguint la regla d’assignació per la qual el percentatge de cobertura de pèrdues serà del doble per a les empreses de fins a 10 treballadors, respecte de les empreses de més de 10 treballadors. (Amb un màxim de 500.000 €)
Per tant: TOTES les empreses i els autònoms que compleixin els requisits tindran ajuda.
L’ajut de les empreses de la línia 2 no es podrà determinar fins que es tanqui el període de sol·licituds i s’integrin totes les
Requisits principals
La convocatòria és complexa i presenta un seguit de requisits per poder-se acollir als ajuts. Aquí se’n destaquen els més específics.
PER A LES DUES LÍNIES
Que l’empresa o l’autònom sol·licitant estiguin inclosos en algun dels gairebé 150 CNAE recollits en el RDL 5/2021 i els específics determinats a les Balears.
PER A LA LÍNIA 2.
Acreditar el 2020 més d’un 30 % de caiguda en el volum d’operacions respecte de 2019, exceptuant les empreses de nova creació (entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020).
Acreditar que la base imposable de 2019 va ser positiva (amb l’excepció de les empreses afectades per la fallida de Thomas Cook i les que han duit a terme fortes inversions el 2019).
OBLIGACIONS.
A més, les empreses o els autònoms beneficiaris s’han d’obligar a:
Mantenir-se d’alta en el cens d’empresaris fins al dia 30 de juny de 2022.
No tenir un repartiment de dividends ni en el 2021 ni en el 2022.
No aplicar increments en la retribució del personal d’alta direcció en dos anys.
Calendari tramitació (I)
CALENDARI DE SOL·LICITUDS I PAGAMENT
24 de maig. Autorització de despesa – Consell de Govern.
29 de maig. Publicació de la convocatòria.
14 de juny. Inici del termini de sol·licituds. (*)
28 de juny. Finalització del termini de sol·licituds per a les dues línies (1 i 2) i establiment del prorrateig d’ajudes per a TOTES empreses i persones autònomes per a la línia 2
Pagaments:
Línia 1. A partir del 20 de juliol. Els beneficiaris de la línia 1 començaran a cobrar abans perquè la tramitació no requereix més documentació ni càlculs addicionals.
Línia 2. A partird el adarrerase tman ad e juliol.
(*)L’inici devalidaciópera la concessiód’ajutsdelalínia 1 començarà abans de finalitzar el període de sol·licituds, per poder avançar els pagaments.
Calendari tramitació (II)
CALENDARI DE JUSTIFICACIÓ
A partir del cobrament dels ajuts, les empreses i els autònoms beneficiaris hauran de justificar el pagament dels deutes bonificats pels ajuts.
Període de pagament de deutes. S’hauran de fer des del 14 de juny fins als dos mesos posteriors comptadors des del dia en què es va ingressar l’ajut al beneficiari.
Període de justificació de la subvenció. S’hauran de justificar els pagaments dels deutes entre l’endemà de la data del pagament de l’ajut i el 31 de març de 2022.
Segons l’import del deute:
Fins a 6.000 €: la justificació s’ha de fer amb una declaració responsable.
Entre 6.001 i 60.000 €: caldrà presentar una declaració classificada de despeses satisfetes mitjançant l’import concedit, amb identificació del creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i la data de pagament.
Més de 60.000 €: s’obliga a un informe d’auditoria.
Més CNAE incorporats
D’acord amb el RDL 6/2021, el Govern de les Illes Balears va iniciar una ronda de conversacions amb bona part del teixit productiu de les Illes Balears per incloure més activitats que havien quedat excloses en la llista de CNAE que l’Estat proposava.
Fruit d’aquesta tasca, s’han incorporat gairebé 50 noves activitats que es podran beneficiar dels ajuts directes, que se sumen a les 93 de l’annex del RDL 5/2021.
Criteris d’inclusió de nous CNAE:
a Subsectors amb una caiguda molt rellevant de l’activitat que no tenien un encaix clar dins la classificació dels CNAE i necessitaven d’una inclusió particular.
a Sectors estratègics de l’economia balear, molts lligats a la indústria pròpia.
a Sectors que conformen la cadena de valor de l’activitat turística i que, malgrat això, quedaren exclosos en la primera llista. Aquests sectors s’evidencien perquè hagueren de sol·licitar un ERTO per cadena de valor.
a Sectors econòmics que s’han vist subjectes a decisions del Govern per reduir la seva activitat al llarg dels mesos posteriors a juny de 2020 per
CNAE incorporats CAIB
INDUSTRIA TRADICIONAL
Processat i conservació de carn
Elaboració de productes carnis i de volateria
Fabricació d’oli d’oliva
Fabricació de formatges
Preparació de llet i altres productes lactis
Elaboracions de vins
Elaboració d’altres begudes no destil·lades
Fabricació de cervesa
Fabricació de begudes no alcohòliques
Fabricació d’articles de marroquineria, viatge
Fabricació de calçat
Fabricació de terra de fusta acoblats
Fabricació d’altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
Fabricació d’altres productes de fusta; articles de goma, cistelleria i esparteria
Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament
Fabricació de perfums i cosmètics
Fabricació d’altres productes químics NCAP
Fabricació d’altres productes de goma Fabricació d’envasos i embalatges de plàstic
Fabricació d’altres productes de plàstic
Tractament i revestiment de metalls Fabricació de productes de perns
Fabricació de mobles d’oficina
Fabricació de mobles de cuina
Fabricació d’altres mobles
ACTIVITATS AMB RESTRICCIONS DES DE JULIOL 2020
Educació preprimària. (escoletes)
Educació esportiva i recreativa
Educació cultura
Activitats de les escoles de conducció i pilotatge
Altes educacions NCAP. Acadèmies, centres de formació i centres privats d’ensenyament no reglat
Activitats de radiodifusió
Serveis de representació de mitjans de comunicación
INFORMÀTICA
Activitats de programació informàtica
Activitats de consultoria informàtica
Gestió de recursos informàtics
Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica
Processos de dades, allotjament i activitats relacionades
Portals web
Activitats de les agències de notícies
Altres serveis d’informació NCAP
COMERÇ
Comerç a l’engròs de fruites i hortalisses
Comerç a l’engròs de carns i productes carnis
Comerç a l’engròs de productes làctics, ous, olis i greixos comestibles
Comerç a l’engròs de productes del tabac
Comerç a l’engròs de productes de perfumeria i cosmètica
Comerç a l’engròs de productes químics
Comerç al detall de ferreteries, pintura i vidre (souvenirs)
Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats
Edició de libres
CNAE RDL 5/2021
Extracció de minerals de ferro
Elaboració de gelats
Elaboració de cafè, te i infusions
Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques
Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a base de fruita
Confecció d’altres peces de roba exteriors
Confecció d’altres peces de roba i accessoris
Fabricació d’articles de pelleteria
Confecció d’altres peces de roba de punt
Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes
Altres activitats d’impressió i arts gràfiques
Serveis preimpressió i preparació de suports
Enquadernació i serveis relacionats
Reproducció de suports gravats
Fabricació d’explosius
Fabricació de metalls preciosos
Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic
Fabricació de cables de fibra òptica
Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars
Reparació i manteniment aeronàutic i espacial
Subministrament de vapor i aire condicionat
Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de roba, pelleteria, calçat i articles de cuir
Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac
Comerç majorista de cuir i pells
Comerç majorista de begudes
Comerç majorista de sucre, xocolata i confiteria
Comerç majorista de peix, marisc i altres productes alimentaris
Comerç majorista, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac
Comerç majorista de porcellana, cristalleria i articles de neteja
Comerç majorista d’articles de rellotgeria i joieria
Altre comerç minorista a establiments no especialitzats
Comerç minorista de pa i productes de forn, confiteria i pastisseria a establiments especialitzats
Comerç minorista de begudes a establiments especialitzats
Comerç minorista d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics a establiments especialitzats
Comerç minorista de tèxtils a establiments especialitzats
Comerç minorista de diaris i articles de papereria a establiments especialitzats
Comerç minorista de peces de roba a establiments especialitzats
Comerç minorista de calçat i articles de cuir a establiments especialitzats
Comerç minorista d’articles de rellotgeria i joieria a establiments especialitzats
Comerç minorista de productes tèxtils, peces de roba i calçat a llocs de venda o mercats ambulants
Comerç minorista d’altres productes a llocs de venda o mercats ambulants
Altres comerços minoristes no realitzat ni a establiments, ni a llocs de venda ni a mercats ambulants.
Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers
Transport per taxi
Tipus de transport terrestre de passatgers NCAP
Transport marítim de passatgers
Transport de passatgers per vies navegables interiors
Transport aeri de passatgers
Activitats annexes al transport terrestre
Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors
Activitats annexes al transport aeri
Hotels i allotjaments similars
Allotjaments turístics i altres allotjaments de llarga estada
Càmpings i aparcaments per a caravanes
Altres allotjaments
Restaurants i establiments de menjars
Provisió de menjar preparat per a esdeveniments
Altres serveis de menjar
Establiments de begudes
Edició de diaris
Activitats d’exhibició cinematogràfica
Activitats de fotografia
Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers
Lloguer de camions
Lloguer d’articles d’oci i esportius
Lloguer de cintes de vídeo i discs
Lloguer d’altres productes personals i articles d’us domèstic
Lloguer de maquinària i d’equip d’oficina, inclosos ordinadors
Lloguer de mitjans de navegació
Lloguer de mitjans de transport aeri.
Lloguer de maquinària, equips i béns intangibles NCAP
Activitats de les agències de viatge
Activitats dels operadors turístics
Altres serveis de reserva i activitats relacionades amb aquestes
Activitats de fotocòpies, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina
Organització de convencions i fires de mostres
Altres activitats de suport a les empreses
Arts escèniques
Activitats auxiliars a les arts escèniques
Gestió de sales d’espectacle
Activitats de museus
Gestió de llocs i edificis històrics
Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
Activitats de jocs d’atzar i apostes
Gestió d’instal·lacions esportives
Activitats dels gimnasos
Altres activitats esportives
Activitats dels parcs d’atraccions i dels parcs temàtics
Altres activitats recreatives i d’entreteniment
Reparació de calçat i articles de cuir
Reparació de rellotges i joieria
Neteja de peces de roba de tèxtil i de pell
Activitats de manteniment físic
Com s’ha de demanar l’ajut
La tramitació per a la sol·licitud dels ajuts serà exclusivament telemàtica.
Serà un procés àgil, dissenyat per facilitar la tramitació de la sol·licitud.
Una vegada emplenades les dades obligatòries per a cada cas, s’inicia el procés de validació per atorgar o no l’ajut a cada empresa o autònom sol·licitant.
El Govern de les Illes Balears obrirà un centre d’atenció telefònica per atendre els dubtes sobre la convocatòria. Aquest número de telèfon es facilitarà quan la convocatòria estigui en funcionament.
Així mateix, les conselleries de Model Econòmic, Turisme i Treball i d’Hisenda i Relacions Exteriors obriran una pàgina web específica en la qual es donarà informació sobre aquests ajuts i els formularis per cursar les sol·licituds.
Un altre instrument d’informació que s’habilitarà serà un compte de correu electrònic específic per als ajuts.
Pese a que el pre-pack no se halla expresamente regulado en nuestra normativa, parece que se incorporará cuando se transponga la Directiva de reestructuraciones.
El Pre-pack concursal es una figura de creación jurisprudencial, actualmente no regulada de manera expresa en nuestra regulación, consistente en el nombramiento de un experto independiente, designado por el Juzgado del futuro concurso, con objeto de que lidere las negociaciones para la venta de una unidad productiva en un momento preconcursal. El objetivo que persigue esta figura es que, una vez declarado el concurso de acreedores, y con el nombramiento formal de Administración Concursal, el profesional pueda instar de manera ágil y rápida esa venta, aprovechando todo lo avanzado en las negociaciones, a la vez que hace uso de las posibilidades legales del concurso para hacer más atractiva la venta.
En España esta figura no se recoge de manera expresa en la normativa vigente por lo que, a la espera de la transposición de la Directiva 2019/1023, y en plena crisis económica derivada de la pandemia, con una moratoria concursal prolongada hasta 31 de diciembre próximo, la práctica ha llevado a la reciente solicitud de su uso en los juzgados de lo mercantil de Barcelona, y a la aceptación por parte de estos, que no se quedaron en su mera aplicación, sino que, incluso, redactaron unas pautas a seguir en futuros casos. Así, en un seminario que celebraron estos jueces de lo mercantil en Barcelona el pasado 20 de enero, emitieron unas directrices, con una serie de criterios que pueden consultarse aquí.
Posteriormente, los juzgados de lo mercantil de Madrid también presentaron su Guía de Buenas Prácticas para la venta de unidades productivas, ciñéndose al artículo 530 del TRLC, y por lo tanto a procedimientos concursales ya iniciados. La diferencia es clara, con respecto a los criterios de Barcelona, que se sitúan en una fase preconcursal.
Les toca ahora el turno a los juzgados de lo mercantil de Baleares, que recientemente han aprobado también su propio protocolo, propugnando un objetivo similar al de las directrices catalanas: “maximizar el precio de venta de los bienes y derechos de las empresas insolventes que no han sido todavía declaradas en concurso de acreedores, con unidad productiva en funcionamiento, evitar la destrucción del tejido empresarial, aprovechar estructuras e instalaciones de pequeño comercio (hostelería, comercio minorista, etc.), conservar el empleo y, con todo ello, conseguir una mejor satisfacción de los acreedores respecto a la que que tendría la venta de la unidad productiva dentro del procedimiento concursal sin haberse acudido a este mecanismo preconcursal, que viene a facilitar y agilizar el proceso con las debidas garantías de publicidad, transparencia, concurrencia y audiencia a los principales interesados: acreedores privilegiados, acreedores públicos y trabajadores, al haber contado el proceso con la supervisión de un experto independiente o administrador en materia de reestructuración (futuro administrador concursal) designado por el Juzgado de lo Mercantil a petición del deudor”.
Quizá, por tratar de compararlo con los criterios de Barcelona, cabría destacar los siguientes puntos de diferencia:
1. En primer lugar, que este nuevo Protocolo no incluye remisión alguna a organismo público de la Comunidad Autónoma, equivalente a la Conselleria d’Industria catalana. Recuérdese que las directrices de Barcelona exigen que la solicitud del pre-pack se acompañe de un justificante de haber cumplimentado debidamente el formulario virtual publicado en el portal del Canal Empresa de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña, a efectos de informar y de publicitar los datos esenciales de las unidades de negocio o activos en situación de crisis empresarial. Además, el solicitante catalán se compromete a informar a los potenciales postores de la existencia de un Registro de interesados donde aquellos podrán inscribirse, en el portal del Canal Empresa de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña:
2. En Barcelona se dice que el inicio del procedimiento se realiza “En el mismo escrito de comunicación al Juzgado Mercantil de la apertura de negociaciones con sus acreedores del art. 583 TRLC o en escrito posterior, dentro de los tres meses siguientes a dicha comunicación”; mientras que en Baleares se habla también de a comunicación por parte del deudor al Juzgado Mercantil de la apertura de negociaciones con sus acreedores del art. 583 TRLC, indicándose que puede solicitarse “en dicho escrito o en escrito posterior, dentro del plazo previsto en dicho precepto”.
3. En la fase concursal, Baleares hace expresa remisión a las reglas de la VUP (art. 218 TRLC), mientras que las directrices de Barcelona se remiten al 530 TRLC. No obstante, en ambos casos se prevé el plazo de 10 días para traslado de las propuestas.
En lo demás, las funciones del “experto independiente o administrador en materia de reestructuración” son prácticamente idénticas a las del protocolo catalán, y consisten en las siguientes funciones:
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“1º. Asistir y supervisar al deudor en la preparación de operaciones tendentes al proceso de búsqueda de inversores y oferentes para articular la futura venta de la Unidad Productiva.
2º. Familiarizarse con el funcionamiento empresarial de la Unidad Productiva. Para la consecución de este objetivo el deudor deberá colaborar facilitando la información de todo tipo que el experto le solicite para el adecuado desarrollo de su función y elaboración de su informe.
3º. Informar a los acreedores del proceso, participando, en su caso, en las negociaciones, especialmente, con los acreedores privilegiados y públicos, así como con los representantes de los trabajadores.
4º. Verificar y supervisar la regularidad, publicidad y transparencia en la preparación de operaciones sobre los activos de la empresa, especialmente garantizando la igualdad de acceso a la misma información y oportunidades entre los potenciales interesados o postores y la justa competencia.
5º. Emitir un informe final de la gestión realizada y, en particular, de las ventas preparadas sobre los activos de la empresa, haciendo constar sus observaciones técnicas sobre el proceso de búsqueda de oferentes e inversores y su valoración sobre la idoneidad de la propuesta de venta realizada por el deudor, incluyendo el precio y las condiciones de pago incluidas en dicha oferta.
Este informe final debería emitirse dentro del plazo de tres meses previsto en los arts. 583 ss. TRLC, a contar desde su nombramiento, salvo causa justificada y previa autorización de prórroga de dicho plazo por parte del Juzgado a petición del experto”.
A la espera de la transposición de la citada Directiva de reestructuraciones, queda por ver si más sedes de juzgados de lo mercantil optarán por esta figura del pre-pack; o lo harán por guías similares a la de las buenas prácticas de ventas de unidades productivas dentro del concurso, como las de Madrid.
