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La Subdirección de Tributos nos aclara el límite EXENTO a percibir por el trabajador con la nómina mensual por concepto de dietas, kilometraje y gastos de locomoción

Consulta Vinculante V2496-20, de 22 de julio de 2020 de la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

DESCRIPCIÓN

Se remite a la cuestión planteada.

Límite máximo que puede percibir un trabajador en concepto de dietas

CUESTIÓN

Cuál es el límite máximo que puede percibir un trabajador en concepto de dietas respecto al total de su salario obtenido, para que su importe esté exento de gravamen (pudiendo justificar el desplazamiento).

CONTESTACIÓN

En lo que a la materia tributaria concierne, cabe señalar que las «asignaciones para gastos de locomoción y para gastos de manutención y estancia» se incluyen con carácter general entre los rendimientos íntegros del trabajo, pero, excepcionalmente y al amparo de la habilitación contenida en el artículo 17.1.d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), el artículo 9 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en adelante RIRPF, exonera de gravamen estas asignaciones cuando las percibe el trabajador por cuenta ajena que, en virtud del poder de organización que asiste al empresario, debe desplazarse fuera de su centro de trabajo para desarrollar el mismo; ello bajo la concurrencia de determinados requisitos reglamentarios, entre los que se encuentra, básicamente, que el empleado o trabajador se desplace fuera del centro de trabajo para realizar su trabajo en un lugar distinto.

De acuerdo a ello, las cantidades que abone la empresa y que deriven del desplazamiento de los trabajadores a un municipio distinto de su lugar de trabajo habitual y del que constituya su residencia, no estarán sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni a su sistema de retenciones a cuenta, en la medida que cumplan de acuerdo al artículo 9.A.3 del RIRPF, los siguientes requisitos:

a) Que traten de compensar gastos de manutención y estancia en establecimientos de hostelería.

b) Que en cada uno de los municipios distintos del habitual del trabajo no se permanezca por el perceptor más de nueve meses (límite temporal) y,

c) Que tales dietas no superen los límites cuantitativos señalados en dicho artículo 9.A.3, letra a), del Reglamento del Impuesto, y que actualmente en vigor son:

a.- Cuando se haya pernoctado

– Por gastos de estancia, los importes que se justifiquen.

– Por gastos de manutención, 53,34 euros diarios por desplazamiento dentro del territorio español, o 91,35 euros diarios por desplazamiento al extranjero.

b.- Cuando no se haya pernoctado

Se considerarán exceptuadas de gravamen las asignaciones para gastos de manutención que no excedan de 26,67 ó 48,08 euros diarios, según se trate de desplazamiento dentro del territorio español o al extranjero, respectivamente.

La norma reglamentaria exige que tiene que tratarse de desplazamientos a un municipio distinto del lugar habitual del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia. Toda cantidad que se satisfaga por este concepto de asignaciones para gastos de manutención y estancia que no responda a los términos reglamentarios señalados, estaría sometida en su totalidad a tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Debe insistirse que tiene que tratarse de desplazamientos a un municipio distinto del lugar habitual de trabajo, interpretando dicha expresión o término en el sentido de que el trabajador debe estar destinado en un centro de trabajo y salir o desplazarse fuera del mismo para realizar en otro centro de trabajo su labor.

Además de lo anterior, debe precisarse al respecto que a efectos de lo dispuesto en el artículo 9.A.3 del Reglamento del Impuesto, las cantidades satisfechas por gastos de manutención en desplazamientos con pernocta o no dentro del territorio español o al extranjero, a municipios distintos del lugar de trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia, no necesitan acreditación en cuanto a su importe, en referencia a los límites cuantitativos que en dicho precepto se señalan, para su consideración como asignaciones para gastos normales de manutención exceptuadas de gravamen, sin perjuicio de la acreditación por parte del pagador del día y lugar del desplazamiento, así como su razón o motivo.

Respecto a la justificación que deberá efectuarse por el pagador de la realidad de los desplazamientos, la misma podrá realizarse por medio de cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho, si bien corresponderá a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria su valoración.

En referencia a las cuantías que tienen la consideración de asignaciones para gastos normales de manutención y estancia en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de hostelería, para los casos en que se pernocta en municipio distinto, el Reglamento del Impuesto considera exceptuadas de gravamen los gastos de estancia los importes que se justifiquen.

Debe señalarse que, a estos efectos, los justificantes admisibles son únicamente los correspondientes a estancia en hoteles y demás establecimientos de hostelería, sin que puedan asimilarse a los mismos las cantidades destinadas al alquiler o arrendamiento de una vivienda.

Por otro lado, la regulación de los gastos de locomoción que pueden estar exonerados de gravamen se recoge en la actualidad en el artículo 9.A.2 del RIRPF, que establece lo siguiente:

“Se exceptúan de gravamen las cantidades destinadas a compensar los gastos de locomoción del empleado o trabajador que se desplace fuera de la fábrica, taller, oficina, o centro de trabajo, para realizar su trabajo en lugar distinto, en las siguientes condiciones e importes:

a) Cuando el empleado o trabajador utilice medios de transporte público, el importe del gasto que se justifique mediante factura o documento equivalente.

b) En otro caso, la cantidad que resulte de computar 0,19 euros por kilómetro recorrido, siempre que se justifique la realidad del desplazamiento, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen”.

A su vez, el apartado 5 señala que “las cuantías exceptuadas de gravamen en este artículo serán susceptibles de revisión por el Ministro de Economía y Hacienda, en la proporción en que se revisen las dietas de los funcionarios públicos”, mientras que el apartado 6 señala que “las asignaciones para gastos de locomoción, manutención y estancia que excedan de los límites previstos en este artículo estarán sujetas a gravamen”.

Respecto a la justificación de la realidad de los desplazamientos, la misma podrá realizarse por medio de cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho, según dispone el artículo 106 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), si bien corresponderá a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria su valoración.

Por último, el exceso percibido, en su caso, sobre las cantidades que se acaban de indicar en los apartados 2 y 3 del artículo 9.A. del RIRPF, está plenamente sujeto a gravamen en concepto de rendimientos del trabajo, y en lo que se refiere a la retención aplicable, al tratarse de rendimientos del trabajo, la misma se determinará de acuerdo con el procedimiento general establecido en el artículo 82 y siguientes del Reglamento del Impuesto.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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Coste de instalación de un ascensor en una comunidad de propietarios para facilitar la accesibilidad a un vecino. ¿Aumenta el coste de adquisición de una vivienda transmitida a los efectos de calcular la ganancia patrimonial del vendedor?

Una señora ha transmitido una vivienda en cuya finca fue necesaria la instalación de un ascensor para facilitar la accesibilidad de un vecino. El coste de la obra se distribuye entre todos los vecinos, correspondiéndole a la señora una determinada cantidad.

La cuestión planteada es si el coste de la obra que sufraga la señora forma parte del valor de adquisición de la vivienda a efectos del cálculo de la ganancia patrimonial.

La DGT concluye que, en el caso planteado, la instalación de un ascensor, como elemento nuevo, en un edificio no se puede considerar en ningún caso como gasto de reparación y conservación del edificio (un gasto de reparación y conservación no formará parte del valor de adquisición).

En este caso, se trata de una mejora del edificio en su conjunto, la cual repercute en los propietarios del mismo, los cuales por la normativa reguladora de la propiedad horizontal están obligados a costear. Y como tal mejora, aumentará el valor de adquisición de la vivienda a efectos de la ganancia o pérdida patrimonial que se haya podido producir en dicha venta. Dicho aumento será en el importe sufragado exclusivamente por la señora.

TEXTO DE LA CONSULTA:

NUM-CONSULTA

V1992-20

ORGANO

SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

FECHA-SALIDA

17/06/2020

NORMATIVA

LIRPF, Ley 35/2006, Art. 33 a 35.

DESCRIPCION-HECHOS

La consultante ha transmitido una vivienda en cuya finca fue necesaria la instalación de un ascensor para facilitar la accesibilidad de un vecino. El coste de la obra se distribuyó entre todos los vecinos, correspondiéndole a la consultante una determinada cantidad.

CUESTION-PLANTEADA

Si el coste la obra que sufragó la consultante forma parte del valor de adquisición de la vivienda a efectos del cálculo de la ganancia patrimonial.

CONTESTACION-COMPLETA

La transmisión de la vivienda generará en la transmitente una ganancia o pérdida patrimonial, al producirse una variación en el valor de su patrimonio que se pone de manifiesto con ocasión de una alteración en su composición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF.

La ganancia o pérdida patrimonial vendrá dada por la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de la vivienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la LIRPF, valores que vienen definidos en los artículos 35 y 36, para las transmisiones onerosas y lucrativas respectivamente.

El artículo 35 de la LIRPF establece lo siguiente:

“1. El valor de adquisición estará formado por la suma de:

a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiera efectuado.

b) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por el adquirente.

En las condiciones que reglamentariamente se determinen, este valor se minorará en el importe de las amortizaciones.

2. El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado. De este valor se deducirán los gastos y tributos a que se refiere el párrafo b) del apartado 1 en cuanto resulten satisfechos por el transmitente.

Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste”.

De acuerdo con este precepto, a efectos de la determinación de la ganancia o pérdida patrimonial, formarán parte del valor de adquisición el importe real por el que dicha adquisición se hubiere efectuado, así como el correspondiente a las inversiones y mejoras efectuadas en la vivienda y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por la adquirente.

El concepto de mejora no aparece contemplado expresamente en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ahora bien, la Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (BOE de 8 de marzo de 2013), en el apartado 3 de su norma segunda entiende por “mejora” el conjunto de actividades mediante las que se produce una alteración en un elemento del inmovilizado, aumentando su anterior eficiencia productiva.

Asimismo, el apartado 3 de la norma segunda de la citada Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas define el concepto de ampliación, que consiste en un proceso mediante el cual se incorporan nuevos elementos a un inmovilizado, obteniéndose como consecuencia una mayor capacidad productiva.

Por el contrario, no formarán parte del valor de adquisición los gastos de reparación y conservación de la vivienda a los cuales sí hace referencia el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, BOE de 31 de marzo, en adelante RIRPF, en su artículo 13, al señalar los gastos deducibles en la determinación del rendimiento del capital inmobiliario, entre los que incluye los gastos de conservación y reparación, que define como “los efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los bienes materiales, tales como el pintado, revoco o arreglo de instalaciones”, así como “los de sustitución de elementos, como instalaciones de calefacción, ascensor, puertas de seguridad y otros”.

De acuerdo con estos preceptos, debe entenderse que constituyen reparaciones y conservaciones las destinadas a mantener la vida útil del inmueble y su capacidad productiva o de uso, mientras que cabe considerar como ampliaciones o mejoras las que redundan, bien en un aumento de la capacidad o habitabilidad del inmueble, bien en un alargamiento de su vida útil.

En el caso planteado, se debe señalar que la instalación de un ascensor, como elemento nuevo, en un edificio no se puede considerar, en ningún caso, como un gasto de reparación y conservación del edificio, circunstancia que implicaría, en determinados casos, la deducibilidad del mismo en el IRPF.

En definitiva, se trata de una mejora del edificio en su conjunto, la cual repercute en los propietarios del mismo, los cuales por la normativa reguladora de la propiedad horizontal están obligados a costear.

Por lo tanto, como tal mejora aumentará el valor de adquisición de la vivienda de la consultante a efectos de la ganancia o pérdida patrimonial que se le haya podido producir en dicha venta. Dicho aumento será en el importe sufragado exclusivamente por la consultante.

Finalmente, resta por indicar que la ganancia patrimonial se integrará en la base imponible del ahorro, en la forma prevista en el artículo 49 de la ley del Impuesto.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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Aclaración de la Dirección General de Tributos (DGT) sobre la retribución en especie que supone la cesión de los vehículos de empresa a los trabajadores durante el estado de alarma, a pesar de estar inmovilizados.

Debe considerarse retribución en especie imputable al trabajador a efectos contributivos la cesión del uso del vehículo por parte de la empresa durante el estado de alarma, aunque el particular/trabajador considere que el vehículo está inmovilizado.

En primer lugar, señalar que la DGT aclara que el estado de alarma no implica por sí la inmovilización del vehículo, sino la limitación de los desplazamientos a los permitidos en dicho estado.

En segundo lugar, teniendo en cuenta el concepto de retribución en especie del art. 42.1 Ley 35/2006 (Ley IRPF), que exige “la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda“, la imputación al contribuyente de la retribución en especie deriva de la obtención del derecho de uso del vehículo, existiendo dicha retribución en la medida en que éste tenga la facultad de disponer del vehículo para usos particulares, con independencia de que exista o no una utilización efectiva para dichos fines. Con lo cual, procede la imputación de un rendimiento de trabajo en especie por el vehículo.

TEXTO DE LA CONSULTA:

NUM-CONSULTA

V1387-20

ORGANO

SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

FECHA-SALIDA

13/05/2020

NORMATIVA

LIRPF, 35/2006, Art. 42 y 43.

DESCRIPCION-HECHOS

La empresa para la que trabaja el consultante le ha cedido un vehículo para su uso particular.

CUESTION-PLANTEADA

Si debe reflejar un rendimiento de trabajo en especie por la cesión del uso del vehículo por la empresa durante el tiempo de confinamiento correspondiente al estado de alarma derivado del COVID-19, al considerar el consultante que el vehículo está inmovilizado.

CONTESTACION-COMPLETA

El artículo 42.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), en adelante LIRPF, determina que “constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda”. A lo que añade —en su segundo párrafo— que “cuando el pagador de las rentas entregue al contribuyente importes en metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o servicios, la renta tendrá la consideración de dineraria”.

A la valoración de las rentas en especie se refiere el artículo 43.1 de LIRPF estableciéndola con carácter general en el valor normal de mercado. A continuación, el mismo precepto recoge unas especialidades, de las que procede reseñar aquí la regulada en el número 1º.b) de ese mismo apartado, donde se dispone la siguiente valoración para los rendimientos del trabajo en especie consistentes en la utilización o entrega de vehículos automóviles:

En el supuesto de entrega, el coste de adquisición para el pagador, incluidos los tributos que graven la operación.

En el supuesto de uso, el 20 por ciento anual del coste a que se refiere el párrafo anterior. En caso de que el vehículo no sea propiedad del pagador, dicho porcentaje se aplicará sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo.

La valoración resultante de lo previsto en el párrafo anterior se podrá reducir hasta en un 30 por ciento cuando se trate de vehículos considerados eficientes energéticamente, en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente.

En el supuesto de uso y posterior entrega, la valoración de esta última se efectuará teniendo en cuenta la valoración resultante del uso anterior”.

En relación con la cuestión consultada, y con independencia de señalar que el estado de alarma no implica la inmovilización del vehículo, sino la limitación de los desplazamientos a los permitidos en dicho estado; partiendo del concepto de retribución en especie previsto en el artículo 42.1 de la LIRPF, que exige “la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda”, debe señalarse que la imputación al contribuyente de la retribución en especie deriva de la obtención del derecho de uso del vehículo, existiendo dicha retribución en la medida en que éste tenga la facultad de disponer del vehículo para usos particulares, con independencia de que exista o no una utilización efectiva para dichos fines, por lo que procede en consecuencia la imputación de un rendimiento de trabajo en especie en el caso consultado.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Moya & Emery – información de contacto

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New labor regulations. Official responses from authorities (DGT) regarding ERTEs most common questions

There are numerous questions that generated the new labor regulations related to the remedial measures of the effects of the Covid-19 pickups, especially about ERTEs.

In front of the General Directorate of Labor -DGT-, the directive organ of the Ministry of Labor, any administrator can raise doubts about the application or scope of labor regulations. That is why that from Moya & Emery have collected some of those questions and the answers offered by the DGT setting its interpretive criteria and application guidelines.

Before the doubts planned about the interpretation of the transition from total ERTE to partial ERTE in a RESTAURANT as a consequence of the publication of RDL 18/2020, of May 27, the General Directorate of Labor has responded to the following questions (you can have access to all responses with the full text of the consultation with the DGT of 05-27-2020 , ref 726).

“1.- With the passage to Phase 1 of the de-escalation, the opening of those bars and restaurants that have a terrace or outdoor space has been allowed, allowing a maximum capacity of 50%, and guaranteeing the distance at all times of security. This means that many businesses only available with one, two or three tables L to provide the service. In this case, given the reduced number of meals that can be offered, it is not profitable for the business to open its premises in response to the new measures adopted with the publication of Royal Decree-Law 18/2020, of May 12.

a) Do these businesses have the obligation to open to the public and restart their activity, EVEN THOUGH YOU CAN ONLY OPEN A TABLE AND THAT SITUATION?

b) Can it be considered that, as the government has allowed the opening of such businesses, with the aforementioned restrictions, the cause of force majeure that founded the ERTE carried out disappears – even partially?

Both questions can be answered as follows:

The art. 1.2 of Royal Decree-Law 18/2020, of May 12, on social measures in defense of employment, establishes the following:

“2. They will be in force majeure partial derivative of the COVID-19, those companies and entities with a record of temporary employment regulation authorized based on Article 22 of Royal Decree-Law 8 / 2020 of 17 March, from moment in which the causes reflected in said precept allow the partial recovery of its activity, until June 30, 2020.

These companies and entities must reincorporate the workers affected by temporary employment regulation measures, to the extent necessary for the development of their activity, prioritizing the adjustments in terms of shorter working hours ”

In this sense, the explanatory memorandum states that “In this way, companies can recover all or part of their activity if, for the aforementioned reasons, workers return to perform their tasks fully or partially, resigning or modifying its application the unexceptional measures l is adopted at a stage of interruption of business or more rigorous confinement, with the only requirement to communicate, prior to the labor authority competent total renunciation the same, and to the Public Service of State Employment those variations that refer to the termination of the application of the measure with respect to all or part of the people affected. ”

Therefore, as deduced from this provision and as reiterated in the explanatory memorandum of said royal decree-law, companies that have a temporary employment regulation file authorized on the basis of article 22 of Royal Decree-law 8 / 2020, of March 17, will be in a situation of partial force majeure when two conditions are met:

1) that the causes described in said precept, and for which reason the different flexibility measures in the form of suspensions or reductions in working hours were applied , allow the partial recovery of its activity, until June 30, 2020 .

2) that these companies reincorporate the affected workers , to the extent necessary for the development of the activity, prioritizing the adjustments in terms of shorter working hours.

It is the responsibility of the company to assess, based on its particular circumstances, 1) at what point in time the ERTE was authorized due to force majeure, allow the partial recovery of its activity and 2) to what extent the reinstatement of the affected workers, and in what percentage of your day is necessary for the development of the activity.

“c) Can the decision not to open the business lead to the return of all the contributions of the workers that have not been paid by the exemption applicable to the ERTE due to Force Majeure?”

It is understood that companies that have ERTES due to force majeure derived from the COVID-19 authorized, will be in a situation of total or partial force majeure as long as the company does not notify the labor authority of the total resignation to ERTE. In the event that workers have not been reinstated, the company will continue in a situation of total force majeure .

On the other hand, it should be remembered that the reimbursement of contributions is linked to the obligation of commitment to employment provided in the sixth additional provision of Royal Decree-Law 8/2020, in the wording given by Royal Decree-Law 18/2020.

For more information on the cases of return of the exonerated contributions, you should contact the General Treasury of Social Security under the Ministry of Inclusion , Social Security and Migration.

“d) If no opening for being a ruinous decision, or failure to generate sufficient income to meet basic expenses, are we to understand that the fact” to open “and the ERTE passes s er part?”

“e) In that case, even if we cannot open due to being a deficit at this time, would we have to pay (with the corresponding exemption ) the social insurance of the suspended workers?”

In relation to these two questions, as has been said, only when workers are reinstated to the extent necessary for the development of the activity from the moment in which the force majeure of the authorized ERTE allows the partial recovery of the activity, the company will be in a situation of partial force majeure.

However, questions about contributions must be raised before the Secretary of State for Social Security and Pensions under the Ministry of Inclusion. Social Security and Migrations.

“2.- Since the beginning of Phase O, some businesses have been allowed to open, even partially, which is why many companies have been rescuing some of the workers included in them from the ERTE.

a) Does the Royal Decree-Law apply retroactively to these companies? If so, should the exemption percentages set out in the aforementioned Royal Decree-Law be applied from the date of reinstatement of the first worker? ”

For labor purposes, the reinstatement of a worker included in the ERTE entails the qualification of the company’s situation as “partial force majeure” , regardless of whether it had occurred before the entry into force of Royal Decree-Law 18/2020 .

But this is understood without prejudice to the effects that may arise regarding the application of Social Security regulations, about which the General Treasury of Social Security, dependent on the Ministry of Inclusion , should be consulted . Social Security and Migrations.

“3.- With regard to the exemption percentages in the contributions of workers in the cases of resignation from the partial ERTE established in article 4.2 of Royal Decree-Law 18/2020, in the event of the rescue of a worker at 50% of your working day, is it understood that I must contribute 15% of the part corresponding to the 50% of the day in which the worker is actively providing services, and 40% of the part corresponding to the remaining 50% of the day? Or only 15% of the 50% of the day? Or 15% of the total contribution base? ”

You should ask the General Treasury of Social Security under the Ministry of Inclusion. Social Security and Migrations.

“4.- In relation to article 1.3 of Royal Decree-Law 18/2020, is it only necessary to notify the Labor Authority of the renunciation of the total ERTE, or also in cases of resignation of the partial ERTE?”

In accordance with said art. 1.3, only the total resignation must be communicated to the labor authority , which establishes that “The companies and entities referred to in this article must communicate the total resignation to the labor authority. in its case, to the file of temporary regulation of authorized employment, within a period of 15 days from the date of effect of that ·.

In the same sense, the Explanatory Memorandum is pronounced by stating that not in this way, companies can recover all or part of their activity if, for the aforementioned reasons, workers return to perform their tasks fully or partially , renouncing or modifying in its application the exceptional measures that were adopted in a scenario of interruption of business activity or of greater rigor in confinement, with the only requirement to communicate. in advance. To the authority competent labor the complete surrender to them, and the Public Employment Service State variations those relating to l to completion of the implementation of the measure in respect of all or part of those affected “.

“5.- In relation to article 4.3 of Royal Decree-Law 1812020, which establishes that” for the exemption to be applicable, the communication will be made for each contribution account code “, and for the case of a company that has several businesses with different contribution account codes, can the total ERTE be maintained in one business by not starting the activity in it, and yet rescue part of the workforce in another business with a different CCC that will restart its activity? All this taking into account that everything has been processed in the same ERTE. And even more, the same company, which has a part with a terrace that can open, and one without a terrace that cannot open, can keep in the ERTE of Force Majeure the staff of the establishment that does not have a terrace (since it still cannot open in phase1)? ”

As stated, the interpretation of art. 4 of Royal Decree-Law 18/2020 corresponds to the General Treasury of Social Security under the Ministry of Inclusion. Social Security and Migrations.

“6.- In attention to the First Final Provision Three, Safeguarding employment:” 3. This commitment to maintaining employment will be valued based on the specific characteristics of the different sectors and the applicable labor regulations, taking into account, in particular, the specificities of those companies that present high variability or seasonality of employment. ”

a) How should this paragraph be interpreted? Can certain exceptions be applied to the hospitality sector as it is an activity conditioned by the variability and seasonality of employment?

b) In what terms will seasonality be taken into account? Can I communicate the end of the season to the discontinued landlines before the date that is normally communicated to them?

c) In what terms should job maintenance be calibrated ? Should the basic template to be maintained be the same as in 2019? Taking into account the records of tourism, occupation, reservation, etc.? Or can this basic template be relaxed, which must be respected?

In a hotel, where there are employees exclusively assigned to the swimming pool -for example · and the swimming pool is forbidden to open it, can these people be subject to a 100% exemption for being prohibited and continuing force majeure? Or all t orkers of the hotel, spend trading as part ERTE?

In those cases, it is not a matter of billing, occupation or workload (production), but there are parts of activity that are still prohibited and I have no legal possibility to occupy them or to rescue them from ERTE. Can I keep them 100% exonerated for continuing the ban? ”

It has already been pointed out that the companies in which the two conditions described above will meet in partial force majeure .

Questions about the sixteenth additional provision of Royal Decree-Law 8/2020 in the wording given by Royal Decree-Law 18/2020 should be asked before the General Treasury of Social Security.

3. Finally, it is recalled that the criteria set forth on the question raised is not binding, but merely informative, as the Administration lacks competence to make legal interpretations of that nature, which is exclusively attributed to the courts.

The s other responses to the query raised DGT 05/27/2020 ( ref 733), which can access the link to the document DGT 2 are as follows:

1. “Is the transition from full ERTE to partial ERTE (which therefore affects the bonuses) mandatory by type of activity?”

The art. 1.2 of the Real De creto-ley 18/2020, of May 12, on social measures in defense of employment, establishes the following:

“2. Those companies and entities that have a temporary employment regulation file authorized on the basis of article 22 of Royal Decree-Law 8/2020, of March 17, will be in a situation of partial force majeure derived from COVID-19, from the moment in which the causes reflected in said precept allow the partial recovery of its activity, until June 30, 2020.

These companies and organizations should proceed to reinstate the workers affected by measures of temporary employment regulation, to the extent necessary for the development of its activity, giving priority adjustments in terms of reduced working hours. “

In this sense, the explanatory memorandum states that “In this way, companies can recover all or part of their activity if, for the aforementioned reasons, workers return to perform their tasks fully or partially, resigning or modifying in its application the exceptional measures that were adopted in a scenario of interruption of business activity or of greater rigor in the confinement, with the only requirement of communicating, in advance, to the competent labor authority the total resignation to the same , and to the Public State Employment Service, those variations that refer to the completion of the application of the measure with respect to all or part of the people affected. ”

Therefore, as deduced from this provision and as reiterated in the explanatory memorandum of said royal decree-law, companies that have a temporary employment regulation file authorized on the basis of article 22 of Royal Decree-law 8 / 2020, of March 17, will be in a situation of partial force majeure when two conditions are met:

1) that the causes described in said precept, and for which reason the different flexibility measures in the form of suspensions or reductions in working hours were applied, allow the partial recovery of its activity, until June 30, 2020 and

2) that these companies reincorporate the affected workers, to the extent necessary for the development of the activity, prioritizing the adjustments in terms of shorter working hours.

It is the responsibility of the company to assess, based on its particular circumstances, 1) at what point in time the reasons for the ERTE being authorized by force majeure allow the partial recovery of its activity and 2) to what extent the reinstatement of the affected workers, and in what percentage of your day is necessary for the development of the activity.

2. “What happens to the companies that based on the criteria of the General Directorate of Labor (although not binding) and the statements of the Minister of Labor, dated May 1, 2020, which indicated that it was possible without problem to pass within an ERTE of Force Majeure from suspension to reduction of working hours, have they done it before May 13? ”.

For labor purposes, the reinstatement of a worker included in the ERTE entails the qualification of the company’s situation as “partial force majeure”, regardless of whether it had occurred before the entry into force of Royal Decree-Law 18/2020 .

But this is understood without prejudice to the effects that may arise regarding the application of Social Security regulations, about which the General Treasury of Social Security, dependent on the Ministry of Inclusion, Social Security and Migration, should be consulted.

3. “The companies that initially requested a Force Majeure ERTE with part of the workforce with suspension of working hours and part of the workforce with reduced working hours and have not modified their activity conditions, are they considered to be still in a situation of total ERTE Or should we communicate that it is partial? ”

Companies that continue to apply the authorized measures of suspension or reduction of working hours, affect all or part of the workforce, to the extent that the causes referred to in article 22.1 of Royal Decree-Law 8 / will continue in a situation of total force majeure. 2020, prevent the restart of their activity and, in any case, until June 30, 2020.

To the extent that the two conditions described in question 1 are met, it will be considered that these companies will enter a situation of partial force majeure in accordance with art. 1.2 of Royal Decree-Law 18/2020.

4. “If an ERTE worker is recovered due to force majeure (either going from suspension to reduction or joining full time from a reduction) because it is observed that the activity may pick up, but it is subsequently observed that it does not there is some workload, can it be totally affected again in the ERTE of Force Majeure while it continues in force, provided there is justification? ”.

Yes, this will be possible until 30.6.2020 unless the company communicates the total resignation to the labor authority.

3. Finally, it is recalled that the criteria set forth on the question raised is not binding, but merely informative, as the Administration lacks competence to make legal interpretations of that nature, which is exclusively attributed to the courts.

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