V0824-21 (descárga este documento en formato pdf aquí)
NORMATIVA
LIRPF. Ley 35/2006, arts., 14, 22, 23 y 27.
CUESTIÓN
Tributación de las cantidades impagadas.
DESCRIPCIÓN
El consultante es propietario junto con su mujer de una residencia que tiene alquilada. El arrendatario no paga las rentas del alquiler desde marzo de 2020, habiendo iniciado el consultante un procedimiento de desahucio.
CONTESTACIÓN
No se manifiesta en la consulta que se den los requisitos para la consideración del arrendamiento como actividad económica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), por lo que se parte de la consideración de que dicho arrendamiento genera rendimientos del capital inmobiliario.
El artículo 22.2 de la Ley del impuesto establece que “se computará como rendimiento íntegro del capital inmobiliario el importe que por todos los conceptos deba satisfacer el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario, incluido, en su caso, el correspondiente a todos aquellos bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario”.
El artículo 23.1 de la citada Ley incluye entre los gastos que considera necesarios para la obtención de los ingresos y, por tanto, deducibles para la determinación del rendimiento neto “los saldos de dudoso cobro en las condiciones que se establezcan reglamentariamente”.
En su desarrollo, el artículo 13 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), determina en su párrafo e) la deducibilidad de “los saldos de dudoso cobro siempre y cuando esta circunstancia quede suficientemente justificada. Se entenderá cumplido este requisito:
1º Cuando el deudor se halle en situación de concurso.
2º Cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la finalización del período impositivo hubiesen transcurrido más de seis meses, y no se hubiese producido una renovación de crédito.
Cuando un saldo dudoso fuese cobrado posteriormente a su deducción, se computará como ingreso en el ejercicio en que se produzca dicho cobro”.
No obstante, el artículo 15 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE de 23 de diciembre) establece que:
Reglamentariamente podrá modificarse el plazo previsto en este artículo.”
De lo anteriormente expuesto cabe concluir lo siguiente:
1º. El consultante deberá imputar en el año 2020, como rendimiento íntegro del capital inmobiliario, las cantidades correspondientes al arrendamiento del inmueble, incluso aunque no hayan sido percibidas.
2º. Del rendimiento íntegro computado podrá deducir como gasto los saldos de dudoso cobro una vez transcurrido el plazo antes referido, dado que no parece que el deudor se haya encontrado en situación de concurso.
En el caso de que la deuda fuera cobrada posteriormente a su deducción como gasto, deberá computar el ingreso en el año en que se produzca dicho cobro.
En el presente caso, se parte de la hipótesis de que las gestiones de cobro se inician en 2020, reclamándose las deudas existentes a la fecha y no cobradas, por lo que dichas deudas podrán considerarse como gasto deducible imputable al ejercicio 2020 cuando desde el inicio de la gestión de cobro hasta el 31 de diciembre de 2020 hayan transcurrido más de 3 meses. Respecto a las deudas vencidas con posterioridad al inicio de las gestiones de cobro, debe tenerse en cuenta por un lado que las gestiones de cobro iniciales no podían referirse a dichas deudas, al ser inexistentes a esa fecha, y por otro, la extensión de la reclamación judicial a dichas deudas conforme éstas fueran naciendo, por lo que el plazo debe computarse para estas últimas deudas a partir de su vencimiento.
En consecuencia, podrán imputarse al ejercicio 2020 como gastos deducibles del rendimiento del capital mobiliario las deudas comprendidas en la gestión de cobro iniciada en 2020 (se parte, como se ha referido, de la hipótesis de que las gestiones para el cobro se inician en ese ejercicio), cuando hubieran transcurrido más de 3 meses desde el inicio de dichas gestiones hasta el final de dicho ejercicio, imputándose al ejercicio 2021 en el caso de que el referido plazo finalice en el ejercicio 2021.
Respecto a las deudas que hubieran nacido con posterioridad al inicio de las gestiones de cobro, podrán imputarse como gasto deducible al ejercicio en el que finalice el plazo correspondiente contado a partir de su vencimiento.
Por último, en cuanto a las cuestiones relativas a la cumplimentación del modelo 100, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Declaración anual”, se manifiesta que los aspectos relacionados con la referida cumplimentación corresponden a la competencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por lo que este Centro Directivo carece de competencias para contestar a dichas cuestiones.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Consulta Vinculante
V2496-20, de 22 de julio de 2020 de la Subdirección General de Impuestos sobre
la Renta de las Personas Físicas
DESCRIPCIÓN
Se remite a la cuestión
planteada.
Límite máximo que puede
percibir un trabajador en concepto de dietas
CUESTIÓN
Cuál es el límite máximo que
puede percibir un trabajador en concepto de dietas respecto al total de su
salario obtenido, para que su importe esté exento de gravamen (pudiendo justificar
el desplazamiento).
CONTESTACIÓN
En lo que a la materia
tributaria concierne, cabe señalar que las «asignaciones para gastos de
locomoción y para gastos de manutención y estancia» se incluyen con carácter
general entre los rendimientos íntegros del trabajo, pero, excepcionalmente y
al amparo de la habilitación contenida en el artículo 17.1.d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre),
el artículo 9 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de
30 de marzo, en adelante RIRPF, exonera de gravamen estas
asignaciones cuando las percibe el trabajador por cuenta ajena que, en virtud
del poder de organización que asiste al empresario, debe desplazarse fuera de
su centro de trabajo para desarrollar el mismo; ello bajo la concurrencia de
determinados requisitos reglamentarios, entre los que se encuentra,
básicamente, que el empleado o trabajador se desplace fuera del centro de
trabajo para realizar su trabajo en un lugar distinto.
De acuerdo a ello, las
cantidades que abone la empresa y que deriven del desplazamiento de los
trabajadores a un municipio distinto de su lugar de trabajo habitual y del que
constituya su residencia, no estarán sujetas al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas ni a su sistema de retenciones a cuenta, en la medida que
cumplan de acuerdo al artículo 9.A.3 del RIRPF, los siguientes requisitos:
a) Que traten de compensar
gastos de manutención y estancia en establecimientos de hostelería.
b) Que en cada uno de los
municipios distintos del habitual del trabajo no se permanezca por el perceptor
más de nueve meses (límite temporal) y,
c) Que tales dietas no
superen los límites cuantitativos señalados en dicho artículo 9.A.3, letra a),
del Reglamento del Impuesto, y que actualmente en vigor son:
a.- Cuando se haya
pernoctado
– Por gastos de estancia,
los importes que se justifiquen.
– Por gastos de manutención,
53,34 euros diarios por desplazamiento dentro del territorio español, o 91,35
euros diarios por desplazamiento al extranjero.
b.- Cuando no se haya
pernoctado
Se considerarán exceptuadas
de gravamen las asignaciones para gastos de manutención que no excedan de 26,67
ó 48,08 euros diarios, según se trate de desplazamiento dentro del territorio
español o al extranjero, respectivamente.
La norma reglamentaria exige
que tiene que tratarse de desplazamientos a un municipio distinto del lugar
habitual del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia.
Toda cantidad que se satisfaga por este concepto de asignaciones para gastos de
manutención y estancia que no responda a los términos reglamentarios señalados,
estaría sometida en su totalidad a tributación por el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
Debe insistirse que tiene
que tratarse de desplazamientos a un municipio distinto del lugar habitual de
trabajo, interpretando dicha expresión o término en el sentido de que el
trabajador debe estar destinado en un centro de trabajo y salir o desplazarse
fuera del mismo para realizar en otro centro de trabajo su labor.
Además de lo anterior, debe
precisarse al respecto que a efectos de lo dispuesto en el artículo 9.A.3 del
Reglamento del Impuesto, las cantidades satisfechas por gastos de manutención
en desplazamientos con pernocta o no dentro del territorio español o al
extranjero, a municipios distintos del lugar de trabajo habitual del perceptor
y del que constituya su residencia, no necesitan acreditación en cuanto a su
importe, en referencia a los límites cuantitativos que en dicho precepto se
señalan, para su consideración como asignaciones para gastos normales de
manutención exceptuadas de gravamen, sin perjuicio de la acreditación por parte
del pagador del día y lugar del desplazamiento, así como su razón o motivo.
Respecto a la justificación
que deberá efectuarse por el pagador de la realidad de los desplazamientos, la
misma podrá realizarse por medio de cualquiera de los medios de prueba
admitidos en Derecho, si bien corresponderá a los órganos de gestión e
inspección de la Administración Tributaria su valoración.
En referencia a las cuantías
que tienen la consideración de asignaciones para gastos normales de manutención
y estancia en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de hostelería,
para los casos en que se pernocta en municipio distinto, el Reglamento del
Impuesto considera exceptuadas de gravamen los gastos de estancia los importes
que se justifiquen.
Debe señalarse que, a estos
efectos, los justificantes admisibles son únicamente los correspondientes a
estancia en hoteles y demás establecimientos de hostelería, sin que puedan
asimilarse a los mismos las cantidades destinadas al alquiler o arrendamiento
de una vivienda.
Por otro lado, la regulación
de los gastos de locomoción que pueden estar exonerados de gravamen se recoge
en la actualidad en el artículo 9.A.2 del RIRPF, que establece lo siguiente:
“Se exceptúan de
gravamen las cantidades destinadas a compensar los gastos de locomoción del
empleado o trabajador que se desplace fuera de la fábrica, taller, oficina, o
centro de trabajo, para realizar su trabajo en lugar distinto, en las
siguientes condiciones e importes:
a) Cuando el empleado o
trabajador utilice medios de transporte público, el importe del gasto que se
justifique mediante factura o documento equivalente.
b) En otro caso, la cantidad
que resulte de computar 0,19 euros por kilómetro recorrido, siempre que se
justifique la realidad del desplazamiento, más los gastos de peaje y
aparcamiento que se justifiquen”.
A su vez, el apartado 5
señala que “las cuantías exceptuadas de gravamen en este artículo serán
susceptibles de revisión por el Ministro de Economía y Hacienda, en la
proporción en que se revisen las dietas de los funcionarios públicos”,
mientras que el apartado 6 señala que “las asignaciones para gastos de
locomoción, manutención y estancia que excedan de los límites previstos en este
artículo estarán sujetas a gravamen”.
Respecto a la justificación
de la realidad de los desplazamientos, la misma podrá realizarse por medio de
cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho, según dispone el artículo 106 de la Ley General Tributaria (Ley
58/2003, de 17 de diciembre), si bien corresponderá a los órganos de gestión e
inspección de la Administración Tributaria su valoración.
Por último, el exceso
percibido, en su caso, sobre las cantidades que se acaban de indicar en los
apartados 2 y 3 del artículo 9.A. del RIRPF, está plenamente sujeto a gravamen
en concepto de rendimientos del trabajo, y en lo que se refiere a la retención
aplicable, al tratarse de rendimientos del trabajo, la misma se determinará de
acuerdo con el procedimiento general establecido en el artículo 82 y siguientes
del Reglamento del Impuesto.
Una señora ha transmitido una vivienda en cuya finca fue necesaria la
instalación de un ascensor para facilitar la accesibilidad de un vecino. El
coste de la obra se distribuye entre todos los vecinos, correspondiéndole a la
señora una determinada cantidad.
La cuestión planteada es si el coste de la obra que sufraga la señora forma
parte del valor de adquisición de la vivienda a efectos del cálculo de la
ganancia patrimonial.
La DGT concluye que, en el caso planteado, la instalación de un
ascensor, como elemento nuevo, en un edificio no se puede considerar en ningún
caso como gasto de reparación y conservación del edificio (un gasto de
reparación y conservación no formará parte del valor de adquisición).
En este caso, se trata de una mejora del edificio en su conjunto, la cual
repercute en los propietarios del mismo, los cuales por la normativa reguladora
de la propiedad horizontal están obligados a costear. Y como tal mejora,
aumentará el valor de adquisición de la vivienda a efectos de la ganancia o
pérdida patrimonial que se haya podido producir en dicha venta. Dicho aumento
será en el importe sufragado exclusivamente por la señora.
SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas
FECHA-SALIDA
17/06/2020
NORMATIVA
LIRPF,
Ley 35/2006, Art. 33 a 35.
DESCRIPCION-HECHOS
La
consultante ha transmitido una vivienda en cuya finca fue necesaria la
instalación de un ascensor para facilitar la accesibilidad de un vecino. El
coste de la obra se distribuyó entre todos los vecinos, correspondiéndole a la
consultante una determinada cantidad.
CUESTION-PLANTEADA
Si
el coste la obra que sufragó la consultante forma parte del valor de
adquisición de la vivienda a efectos del cálculo de la ganancia patrimonial.
CONTESTACION-COMPLETA
La transmisión de la vivienda
generará en la transmitente una ganancia o pérdida patrimonial, al producirse
una variación en el valor de su patrimonio que se pone de manifiesto con
ocasión de una alteración en su composición, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF.
La ganancia o pérdida patrimonial
vendrá dada por la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de
la vivienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la LIRPF,
valores que vienen definidos en los artículos 35 y 36, para las transmisiones
onerosas y lucrativas respectivamente.
El artículo 35 de la LIRPF
establece lo siguiente:
“1. El valor de adquisición estará
formado por la suma de:
a) El importe real por el que dicha
adquisición se hubiera efectuado.
b) El coste de las inversiones y
mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes
a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por el
adquirente.
En las condiciones que
reglamentariamente se determinen, este valor se minorará en el importe de las
amortizaciones.
2. El valor de transmisión será el
importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado. De este valor se
deducirán los gastos y tributos a que se refiere el párrafo b) del apartado 1
en cuanto resulten satisfechos por el transmitente.
Por importe real del valor de
enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte
inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste”.
De acuerdo con este precepto, a
efectos de la determinación de la ganancia o pérdida patrimonial, formarán
parte del valor de adquisición el importe real por el que dicha adquisición se
hubiere efectuado, así como el correspondiente a las inversiones y mejoras
efectuadas en la vivienda y los gastos y tributos inherentes a la adquisición,
excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por la adquirente.
El concepto de mejora no aparece
contemplado expresamente en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Ahora bien, la Resolución de 1 de marzo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas
de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias (BOE de 8 de marzo de 2013), en el apartado 3 de su norma segunda
entiende por “mejora” el conjunto de actividades mediante las que se produce
una alteración en un elemento del inmovilizado, aumentando su anterior
eficiencia productiva.
Asimismo, el apartado 3 de la
norma segunda de la citada Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas define el concepto de ampliación, que consiste en un proceso
mediante el cual se incorporan nuevos elementos a un inmovilizado, obteniéndose
como consecuencia una mayor capacidad productiva.
Por el contrario, no formarán
parte del valor de adquisición los gastos de reparación y conservación de la
vivienda a los cuales sí hace referencia el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo, BOE de 31 de marzo, en adelante RIRPF, en su artículo 13, al señalar los
gastos deducibles en la determinación del rendimiento del capital inmobiliario,
entre los que incluye los gastos de conservación y reparación, que define como
“los efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los
bienes materiales, tales como el pintado, revoco o arreglo de instalaciones”,
así como “los de sustitución de elementos, como instalaciones de calefacción,
ascensor, puertas de seguridad y otros”.
De acuerdo con estos preceptos,
debe entenderse que constituyen reparaciones y conservaciones las destinadas a
mantener la vida útil del inmueble y su capacidad productiva o de uso, mientras
que cabe considerar como ampliaciones o mejoras las que redundan, bien en un
aumento de la capacidad o habitabilidad del inmueble, bien en un alargamiento
de su vida útil.
En el caso planteado, se debe
señalar que la instalación de un ascensor, como elemento nuevo, en un edificio
no se puede considerar, en ningún caso, como un gasto de reparación y
conservación del edificio, circunstancia que implicaría, en determinados casos,
la deducibilidad del mismo en el IRPF.
En definitiva, se trata de una
mejora del edificio en su conjunto, la cual repercute en los propietarios del
mismo, los cuales por la normativa reguladora de la propiedad horizontal están
obligados a costear.
Por lo tanto, como tal mejora
aumentará el valor de adquisición de la vivienda de la consultante a efectos de
la ganancia o pérdida patrimonial que se le haya podido producir en dicha
venta. Dicho aumento será en el importe sufragado exclusivamente por la
consultante.
Finalmente, resta por indicar que
la ganancia patrimonial se integrará en la base imponible del ahorro, en la
forma prevista en el artículo 49 de la ley del Impuesto.
Lo que comunico a Vd. con efectos
vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Debe considerarse retribución en especie imputable al trabajador a
efectos contributivos la cesión del uso del vehículo por parte de la empresa
durante el estado de alarma, aunque el particular/trabajador considere que el
vehículo está inmovilizado.
En primer lugar, señalar que la DGT aclara que el estado de
alarma no implica por sí la inmovilización del vehículo, sino la limitación
de los desplazamientos a los permitidos en dicho estado.
En segundo lugar, teniendo en cuenta el concepto de retribución en
especie del art. 42.1 Ley 35/2006 (Ley IRPF), que exige “la
utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos
o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun
cuando no supongan un gasto real para quien las conceda“, la
imputación al contribuyente de la retribución en especie deriva de la obtención
del derecho de uso del vehículo, existiendo dicha retribución en la medida
en que éste tenga la facultad de disponer del vehículo para usos
particulares, con independencia de que exista o no una utilización efectiva
para dichos fines. Con lo cual, procede la imputación de un rendimiento
de trabajo en especie por el vehículo.
SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas
FECHA-SALIDA
13/05/2020
NORMATIVA
LIRPF, 35/2006, Art. 42 y 43.
DESCRIPCION-HECHOS
La empresa para la que trabaja el consultante le ha
cedido un vehículo para su uso particular.
CUESTION-PLANTEADA
Si debe reflejar un rendimiento de trabajo en
especie por la cesión del uso del vehículo por la empresa durante el tiempo de
confinamiento correspondiente al estado de alarma derivado del COVID-19, al
considerar el consultante que el vehículo está inmovilizado.
CONTESTACION-COMPLETA
El artículo 42.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes
y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), en adelante LIRPF, determina que “constituyen
rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares,
de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al
normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda”.
A lo que añade —en su segundo párrafo— que “cuando el pagador de las rentas
entregue al contribuyente importes en metálico para que éste adquiera los
bienes, derechos o servicios, la renta tendrá la consideración de dineraria”.
A la valoración de las rentas en especie se refiere
el artículo 43.1 de LIRPF estableciéndola con carácter general en el valor
normal de mercado. A continuación, el mismo precepto recoge unas
especialidades, de las que procede reseñar aquí la regulada en el número 1º.b)
de ese mismo apartado, donde se dispone la siguiente valoración para los
rendimientos del trabajo en especie consistentes en la utilización o entrega de
vehículos automóviles:
“En el supuesto de entrega, el coste de
adquisición para el pagador, incluidos los tributos que graven la operación.
En el supuesto de uso, el 20 por ciento anual del
coste a que se refiere el párrafo anterior. En caso de que el vehículo no sea
propiedad del pagador, dicho porcentaje se aplicará sobre el valor de mercado
que correspondería al vehículo si fuese nuevo.
La valoración resultante de lo previsto en el
párrafo anterior se podrá reducir hasta en un 30 por ciento cuando se trate de
vehículos considerados eficientes energéticamente, en los términos y
condiciones que se determinen reglamentariamente.
En el supuesto de uso y posterior entrega, la
valoración de esta última se efectuará teniendo en cuenta la valoración resultante
del uso anterior”.
En relación con la cuestión consultada, y con
independencia de señalar que el estado de alarma no implica la inmovilización
del vehículo, sino la limitación de los desplazamientos a los permitidos en
dicho estado; partiendo del concepto de retribución en especie previsto en el
artículo 42.1 de la LIRPF, que exige “la utilización, consumo u obtención,
para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o
por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real
para quien las conceda”, debe señalarse que la imputación al contribuyente
de la retribución en especie deriva de la obtención del derecho de uso del
vehículo, existiendo dicha retribución en la medida en que éste tenga la
facultad de disponer del vehículo para usos particulares, con independencia de
que exista o no una utilización efectiva para dichos fines, por lo que procede
en consecuencia la imputación de un rendimiento de trabajo en especie en el
caso consultado.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
There are numerous questions that generated the new
labor regulations related to the remedial measures of the effects of the
Covid-19 pickups, especially about ERTEs.
In front of the General Directorate of Labor -DGT-, the directive organ of the Ministry of Labor, any administrator can raise doubts about the application or scope of labor regulations. That is why that from Moya & Emery have collected some of those questions and the answers offered by the DGT setting its interpretive criteria and application guidelines.
Before the doubts planned about the interpretation of
the transition from total ERTE to partial ERTE in a RESTAURANT as a consequence
of the publication of RDL 18/2020, of May 27, the General Directorate of Labor has responded
to the following questions (you can have access to all responses with the full
text of the consultation with the DGT of 05-27-2020 , ref 726).
“1.- With the passage to Phase 1 of the de-escalation, the opening of
those bars and restaurants that have a terrace or outdoor space has been
allowed, allowing a maximum capacity of 50%, and guaranteeing the distance at
all times of security. This means that many businesses only available with
one, two or three tables L to provide the service. In this case,
given the reduced number of meals that can be offered, it is not profitable for
the business to open its premises in response to the new measures adopted with
the publication of Royal Decree-Law 18/2020, of May 12.
a) Do these businesses have the obligation to open to the public and
restart their activity, EVEN THOUGH YOU CAN ONLY OPEN A TABLE AND THAT
SITUATION?
b) Can it be considered that, as the government has allowed the opening
of such businesses, with the aforementioned restrictions, the cause of
force majeure that founded the ERTE carried
out disappears – even partially?
Both
questions can be answered as follows:
The
art. 1.2 of Royal Decree-Law 18/2020, of May 12, on social measures in
defense of employment, establishes the following:
“2. They
will be in force majeure partial derivative of the COVID-19, those companies
and entities with a record of temporary employment regulation authorized based
on Article 22 of Royal Decree-Law 8 / 2020 of 17 March, from moment
in which the causes reflected in said precept allow the partial recovery
of its activity, until June 30, 2020.
These
companies and entities must reincorporate the workers affected by
temporary employment regulation measures, to the extent necessary for
the development of their activity, prioritizing the adjustments in terms of
shorter working hours ”
In
this sense, the explanatory memorandum states that “In this way, companies
can recover all or part of their activity if, for the aforementioned
reasons, workers return to perform their tasks fully or partially, resigning or
modifying its application the unexceptional measures l is adopted at
a stage of interruption of business or more rigorous confinement, with the
only requirement to communicate, prior to the labor authority competent total renunciation
the same, and to the Public Service of State Employment those variations that
refer to the termination of the application of the measure with respect to all
or part of the people affected. ”
Therefore,
as deduced from this provision and as reiterated in the explanatory
memorandum of said royal decree-law, companies that have a temporary
employment regulation file authorized on the basis of article 22 of Royal
Decree-law 8 / 2020, of March 17, will be in a situation of partial force
majeure when two conditions are met:
1)
that the causes described in said precept, and for which reason
the different flexibility measures in the form of suspensions or
reductions in working hours were applied , allow the partial
recovery of its activity, until June 30, 2020 .
2)
that these companies reincorporate the affected workers , to the
extent necessary for the development of the activity, prioritizing
the adjustments in terms of shorter working hours.
It is the responsibility of the company to assess,
based on its particular circumstances, 1)
at what point in time the ERTE was authorized due to force
majeure, allow the partial recovery of its activity and 2) to what extent
the reinstatement of the affected workers, and in what percentage of your day
is necessary for the development of the activity.
“c) Can the decision not to open the business lead to the
return of all the contributions of the workers that have not been paid by the
exemption applicable to the ERTE due to Force Majeure?”
It
is understood that companies that have ERTES due to force majeure derived
from the COVID-19 authorized, will be in a situation of total or partial
force majeure as long as the company does not notify the labor authority
of the total resignation to ERTE. In the event that workers
have not been reinstated, the company will continue in a situation of
total force majeure .
On
the other hand, it should be remembered that the reimbursement of contributions
is linked to the obligation of commitment to employment provided in
the sixth additional provision of Royal Decree-Law 8/2020, in the
wording given by Royal Decree-Law 18/2020.
For
more information on the cases of return of the exonerated contributions, you
should contact the General Treasury of Social Security under the Ministry
of Inclusion , Social Security and Migration.
“d) If no opening for being a ruinous decision, or failure
to generate sufficient income to meet basic expenses, are we to understand
that the fact” to open “and the ERTE passes s er
part?”
“e) In that case, even if we cannot open due to being a deficit at
this time, would we have to pay (with
the corresponding exemption ) the social insurance of the
suspended workers?”
In
relation to these two questions, as has been said, only
when workers are reinstated to the extent necessary for the
development of the activity from the moment in which the force majeure
of the authorized ERTE allows the partial recovery of the activity, the company
will be in a situation of partial force majeure.
However,
questions about contributions must be raised before the Secretary of State
for Social Security and Pensions under the Ministry of
Inclusion. Social Security and Migrations.
“2.- Since the beginning of Phase O, some businesses have been allowed
to open, even partially, which is why many companies have been rescuing some of
the workers included in them from the ERTE.
a) Does the Royal Decree-Law apply retroactively to these
companies? If so, should the exemption percentages set out in the
aforementioned Royal Decree-Law be applied from the date of reinstatement of
the first worker? ”
For
labor purposes, the reinstatement of a worker included in the ERTE
entails the qualification of the company’s situation as “partial
force majeure” , regardless of whether it had occurred before the
entry into force of Royal Decree-Law 18/2020 .
But
this is understood without prejudice to the effects that may arise regarding
the application of Social Security regulations, about which the General
Treasury of Social Security, dependent on the Ministry of Inclusion ,
should be consulted . Social Security and Migrations.
“3.- With regard to the exemption percentages in the contributions
of workers in the cases of resignation from the partial ERTE established in
article 4.2 of Royal Decree-Law 18/2020, in the event of the rescue of a worker
at 50% of your working day, is it understood that I must contribute 15% of the
part corresponding to the 50% of the day in which the worker is actively
providing services, and 40% of the part corresponding to the remaining 50% of the
day? Or only 15% of the 50% of the day? Or 15% of the total
contribution base? ”
You
should ask the General Treasury of Social Security under the Ministry
of Inclusion. Social Security and Migrations.
“4.- In relation to article 1.3 of Royal Decree-Law
18/2020, is it only necessary to notify the Labor Authority of the renunciation
of the total ERTE, or also in cases of resignation of the partial ERTE?”
In
accordance with said art. 1.3, only the total resignation must
be communicated to the labor authority , which establishes that “The
companies and entities referred to in this article must communicate the total
resignation to the labor authority. in its case, to the file of temporary
regulation of authorized employment, within a period of 15 days from the date
of effect of that ·.
In
the same sense, the Explanatory Memorandum is pronounced by stating that not in
this way, companies can recover all or part of their activity if, for the
aforementioned reasons, workers return to perform their tasks fully or partially
, renouncing or modifying in its application the exceptional measures that were
adopted in a scenario of interruption of business activity or of greater rigor
in confinement, with the only requirement to communicate. in
advance. To the authority competent labor the complete surrender
to them, and the Public Employment Service State variations those relating
to l to completion of the implementation of the measure
in respect of all or part of those affected “.
“5.- In relation to article 4.3 of Royal Decree-Law 1812020, which
establishes that” for the exemption to be applicable, the communication
will be made for each contribution account code “, and for the case of a
company that has several businesses with different contribution account codes,
can the total ERTE be maintained in one business by not starting the activity
in it, and yet rescue part of the workforce in another business with a
different CCC that will restart its activity? All this taking into account
that everything has been processed in the same ERTE. And even more, the
same company, which has a part with a terrace that can open, and one
without a terrace that cannot open, can keep in the ERTE of Force Majeure the
staff of the establishment that does not have a terrace (since it still cannot
open in phase1)? ”
As
stated, the interpretation of art. 4 of Royal Decree-Law 18/2020
corresponds to the General Treasury of Social Security under the Ministry
of Inclusion. Social Security and Migrations.
“6.- In attention to the First Final Provision
Three, Safeguarding employment:” 3. This commitment to
maintaining employment will be valued based on the specific
characteristics of the different sectors and the applicable labor regulations,
taking into account, in particular, the specificities of those companies that
present high variability or seasonality of employment. ”
a) How should this paragraph be interpreted? Can certain exceptions
be applied to the hospitality sector as it is an activity conditioned by the
variability and seasonality of employment?
b) In what terms will seasonality be taken into account? Can I
communicate the end of the season to the discontinued landlines before the date
that is normally communicated to them?
c) In what terms should job maintenance be
calibrated ? Should the basic template to be maintained be the same
as in 2019? Taking into account the records of tourism, occupation,
reservation, etc.? Or can this basic template be relaxed, which must be
respected?
In a hotel, where there are employees exclusively assigned to the
swimming pool -for example · and the swimming pool is forbidden to open it, can
these people be subject to a 100% exemption for being prohibited and continuing
force majeure? Or all t orkers of the hotel, spend trading as
part ERTE?
In those cases, it is not a matter of billing, occupation or workload
(production), but there are parts of activity that are still prohibited and I
have no legal possibility to occupy them or to rescue them from ERTE. Can
I keep them 100% exonerated for continuing the ban? ”
It
has already been pointed out that the companies in which the two
conditions described above will meet in partial force majeure .
Questions
about the sixteenth additional provision of Royal Decree-Law 8/2020 in
the wording given by Royal Decree-Law 18/2020 should be asked before
the General Treasury of Social Security.
3.
Finally, it is recalled that the criteria set forth on the question raised is
not binding, but merely informative, as the Administration lacks
competence to make legal interpretations of that nature, which is exclusively
attributed to the courts.
The s other responses to the query raised DGT 05/27/2020 ( ref 733), which can
access the link to the document DGT 2 are as follows:
1. “Is the transition from full ERTE to partial ERTE (which
therefore affects the bonuses) mandatory by type of activity?”
The
art. 1.2 of the Real De creto-ley 18/2020, of May 12, on social
measures in defense of employment, establishes the following:
“2. Those
companies and entities that have a temporary employment regulation file
authorized on the basis of article 22 of Royal Decree-Law 8/2020, of March 17,
will be in a situation of partial force majeure derived from COVID-19, from the
moment in which the causes reflected in said precept allow the partial recovery
of its activity, until June 30, 2020.
These
companies and organizations should proceed to reinstate the
workers affected by measures of temporary employment regulation, to the extent
necessary for the development of its activity, giving priority adjustments in
terms of reduced working hours. “
In
this sense, the explanatory memorandum states that “In this way, companies can
recover all or part of their activity if, for the aforementioned reasons,
workers return to perform their tasks fully or partially, resigning or
modifying in its application the exceptional measures that were adopted in a
scenario of interruption of business activity or of greater rigor in the
confinement, with the only requirement of communicating, in advance, to the
competent labor authority the total resignation to the same , and to the Public
State Employment Service, those variations that refer to the completion of the
application of the measure with respect to all or part of the people affected.
”
Therefore,
as deduced from this provision and as reiterated in the explanatory memorandum
of said royal decree-law, companies that have a temporary employment regulation
file authorized on the basis of article 22 of Royal Decree-law 8 / 2020, of
March 17, will be in a situation of partial force majeure when two conditions
are met:
1)
that the causes described in said precept, and for which reason the different
flexibility measures in the form of suspensions or reductions in working hours
were applied, allow the partial recovery of its activity, until June 30, 2020
and
2)
that these companies reincorporate the affected workers, to the extent
necessary for the development of the activity, prioritizing the adjustments in
terms of shorter working hours.
It
is the responsibility of the company to assess, based on its particular
circumstances, 1) at what point in time the reasons for the ERTE being
authorized by force majeure allow the partial recovery of its activity and 2)
to what extent the reinstatement of the affected workers, and in what
percentage of your day is necessary for the development of the activity.
2. “What happens to the companies that based on the criteria
of the General Directorate of Labor (although not binding) and the statements
of the Minister of Labor, dated May 1, 2020, which indicated that it was
possible without problem to pass within an ERTE of Force Majeure from
suspension to reduction of working hours, have they done it before May 13? ”.
For
labor purposes, the reinstatement of a worker included in the ERTE entails the
qualification of the company’s situation as “partial force majeure”,
regardless of whether it had occurred before the entry into force of Royal
Decree-Law 18/2020 .
But
this is understood without prejudice to the effects that may arise regarding
the application of Social Security regulations, about which the General
Treasury of Social Security, dependent on the Ministry of Inclusion, Social
Security and Migration, should be consulted.
3. “The companies that initially requested a Force Majeure ERTE
with part of the workforce with suspension of working hours and part of
the workforce with reduced working hours and have not modified their activity
conditions, are they considered to be still in a situation of total ERTE Or
should we communicate that it is partial? ”
Companies
that continue to apply the authorized measures of suspension or reduction of
working hours, affect all or part of the workforce, to the extent that the
causes referred to in article 22.1 of Royal Decree-Law 8 / will continue in a
situation of total force majeure. 2020, prevent the restart of their activity
and, in any case, until June 30, 2020.
To
the extent that the two conditions described in question 1 are met, it will be
considered that these companies will enter a situation of partial force majeure
in accordance with art. 1.2 of Royal Decree-Law 18/2020.
4. “If an ERTE worker is recovered due to force majeure (either
going from suspension to reduction or joining full time from a reduction)
because it is observed that the activity may pick up, but it is subsequently
observed that it does not there is some workload, can it be totally affected
again in the ERTE of Force Majeure while it continues in force, provided there
is justification? ”.
Yes,
this will be possible until 30.6.2020 unless the company communicates the total
resignation to the labor authority.
3.
Finally, it is recalled that the criteria set forth on the question raised is
not binding, but merely informative, as the Administration lacks competence to
make legal interpretations of that nature, which is exclusively attributed to
the courts.
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