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Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia (elaborada por el Consejo General de Economistas y CEPYME, julio 2021)

Ante un aumento de estos procesos concursales del 45% en el primer semestre del año frente al de 2019 y con el afán de que los empresarios que están siendo azotados por la crisis económica traída por la pandemia del Covid-19 puedan anticiparse y disponer de toda la información necesaria para afrontar de la mejor manera posible una eventual situación de insolvencia en su empresa, el Consejo General de Economistas junto con la patronal CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) han elaborado una la GUÍA DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA ANTE LA INSOLVENCIA, que puedes descargar en formato pdf aquí

Si te interesa este tema, además puedes leer el artículo del digital CincoDías con un resumen de la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia del CGE y CEPYME:


Cómo se debe afrontar la insolvencia de la empresa, paso a paso

Guía de actuación de Cepyme y CGE para pymes

FUENTE: CincoDías AUTOR: Marta Yoldi

La necesidad de los empresarios, especialmente si son pequeños, de disponer de la información necesaria para afrontar la temida situación de insolvencia es cada vez mayor en el contexto de la crisis del Covid. Ante un aumento de estos procesos del 45% en el primer semestre de 2021 frente al de 2019, el Consejo General de Economistas y la patronal Cepyme han editado la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia, un recorrido paso a paso del proceso que se ha de seguir y que se resume a continuación.

Alerta temprana

La Guía aconseja, en primer lugar, detectar con anticipación la futura insolvencia para ganar tiempo y recursos. Se trata de realizar un control económico-financiero de la compañía y de observar riesgos tales como caída de facturación o márgenes, la necesidad de convertir en dinero bienes del activo inmovilizado, la pérdida de concesiones o retrasos en los pagos.

Insolvente pero viable

Los controles permiten conocer si la empresa sigue siendo solvente o no. En caso de insolvencia, cabe la posibilidad de que haya viabilidad, coyuntura en la que hay que reorganizar costes, reconducir la empresa, buscar financiación y reestructurar deudas. Para esto último, hay que negociar con los acreedores mediante acuerdos de refinanciación o pactos extrajudiciales o concursales (propuestas de convenio y acuerdos laborales).

Insolvente e inviable

Todavía se recomienda estudiar las posibilidades de acuerdos extrajudiciales para liquidar la empresa, lo que se conoce como liquidación voluntaria. Si no es posible, se solicita el concurso de liquidación.

Comunicar los acuerdos

Al abrir la negociación con los acreedores, es necesario comunicarlo al juzgado competente. Durante los siguientes tres meses, se suspenden las posibles ejecuciones contra el deudor o las ya iniciadas. En el caso de personas naturales (físicas), el plazo es de dos meses.

Acuerdos de refinanciación

Los acuerdos de refinanciación son de dos tipos: colectivos y singulares. En los primeros, el deudor llega a un pacto con sus acreedores, con o sin homologación judicial. En los singulares, el acuerdo puede ser con uno o con varios acreedores y nunca son homologados por el juez.

Pactos extrajudiciales de pagos

Este tipo de acuerdos pretenden desjudicializar los procesos y requieren la intervención de un mediador concursal. Las personas físicas no empresarias o las personas jurídicas cuya entidad no es inscribible en el Registro Mercantil deben solicitar el mediador ante notario. El resto lo harán ante el Registro Mercantil o cámara de comercio correspondiente. Hay que advertir que el mediador tiene menos responsabilidades y obligaciones que un administrador concursal.

Papel del mediador

Como primer paso, el mediador convoca al deudor y a sus acreedores, dentro de los 10 días siguientes a la aceptación del cargo, con el propósito de alcanzar el acuerdo extrajudicial de pagos. Remite una propuesta a los acreedores, con el visto bueno del deudor, que puede contemplar cualquiera de estas medidas: esperas no superiores a 10 años; quitas; conversión de créditos en acciones o participaciones de la empresa o en otros instrumentos financieros; o cesión de bienes y derechos. Si los acreedores aceptan el plan presentado, se firma en escritura pública.

No se aprueba el plan

En caso de que los acreedores no aprueben la propuesta, el mediador presenta concurso, llamado consecutivo. Las personas físicas lo hacen ante el Juzgado de Primera Instancia y el resto de deudores, ante un Juzgado Mercantil.

Concurso consecutivo

A este concurso se llega después de no haber alcanzado ni el acuerdo de refinanciación ni el extrajudicial de pagos, por haberlos incumplido o bien porque se haya declarado la nulidad o la ineficiencia judicial de alguno de los dos acuerdos.

Exoneración del pasivo insatisfecho

Cuando una persona física llega al concurso consecutivo aún puede recurrir al sistema se segunda oportunidad o beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho por el que el deudor se libera de las deudas existentes, con ciertas limitaciones.

Proceso del concurso consecutivo

El juez nombra administrador concursal al mediador como regla general. Si el concurso se hubiera declarado a solicitud del acreedor, el concursado podrá presentar una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que le hubiera sido notificada esa declaración. Las personas físicas solo podrán presentar un plan de liquidación de la masa activa (bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor). Para el supuesto de falta de presentación o de inadmisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio, de la falta de aprobación del convenio, y de incumplimiento del convenio aprobado, el juez acordará directamente la apertura de la fase de liquidación.

Concurso de acreedores

Este concurso tiene como objeto repartir la masa activa del deudor entre los acreedores. Se presenta en dos meses desde la insolvencia y cuando no hay acuerdo previo. Es voluntario cuando lo presenta el propio deudor y necesario cuando lo hacen los acreedores. Los necesarios son los que los que no se pueden presentar hasta el 31 de diciembre de 2021 en virtud de la moratoria concursal. Consta de tres fases. La fase común es la de solicitud de concurso, el auto de declaración y el informe del administrador concursal. La fase de convenio incluye, entre otras cosas, la presentación y admisión de las propuestas, la aprobación judicial de la propuesta aceptada mayoritariamente y su posterior cumplimiento o incumplimiento. La de liquidación es en la que se liquida la masa activa y se procede al reparto entre los acreedores.

Calificación

En esta fase del proceso se depuran las posibles responsabilidades y se determina si el concurso es culpable o fortuito

Conclusión y rendición de cuentas

El concurso se concluye por: cumplimiento del convenio aprobado; liquidación de los bienes y derechos y pago a los acreedores hasta donde alcance; inexistencia de la insolvencia por pago o por satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio; desistimiento o renuncia de los acreedores; o insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa. Esta última es la causa más frecuente de conclusión. La rendición de cuentas se presentará junto con el informe final de liquidación


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Cuestiones de procedimiento sobre la gestión de los ERTE y la protección de los trabajadores fijos discontinuos a partir de los Reales Decretos leyes 30/2020, 2/2021, 11/2021

Estas fichas de procedimiento , disponibles para su consulta y descarga a través del documento facilitado por el SEPE (en formato powerpoint aquí o en formato pdf aquí) informan de manera general sobre situaciones que pueden afectar a las prestaciones por ERTE COVID-19.

Habrá que tener siempre en cuenta que la Dirección Provincial del SEPE correspondiente puede tener establecido otro mecanismo de comunicación o de tramitación que modifique o complemente lo expuesto aquí. Si ese fuera el caso tendría prevalencia lo que se haya comunicado desde la unidad administrativa provincial.

En el documento informativo disponible para su descarga podrás encontrar el siguiente índice de temas:

Índice temático

  1. XML: Cuándo SÍ y cuándo NO enviar ficheros XML de períodos de actividad por certific@2.
  2. SUBROGACIÓN: trabajadores de una empresa en ERTE que pasan a otra empresa.
  3. TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS sin actividad a la fecha teórica de llamamiento (y 3 bis).
  4. TRABAJADORES INDEFINIDOS A T/PARCIAL con trabajos en fechas ciertas y repetidas.
  5. TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS con incorporación efectiva a la actividad – interrupciones.
  6. TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS con medidas extraordinarias COVID-19 que finalizan campaña.
  7. TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS: SÍNTESIS para la gestión de las prestaciones ERTE o FD por las empresas.
  8. IT: ¿Quién abona y cómo se comunica la baja médica durante el ERTE?
  9. IT: Información al SEPE por parte del trabajador que cae en baja médica.
  10. BAJA de la prestación ERTE: cómo comunicar el fin del cobro de la prestación.
  11. BAJA de la prestación ERTE: otras causas distintas de la reincorporación a la actividad.
  12. BAJAS en la prestación ERTE COVID-19 – ejemplos de cómo comunicar la baja.
  13. DÍAS FESTIVOS EN EL MES: cómo se comunican y quién los paga.
  14. Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: continuidad de las prestaciones extraordinarias.
  15. Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: diferencias de procedimiento ERTE FM y ETOP.
  16. Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: comunicaciones para ERTE ETOP prorrogados.
  17. Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: nuevos ERTE ETOP tras ERTE FM.
  18. Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: ERTE de limitación o impedimento tras ERTE FM.
  19. Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: casos de remisión de la solicitud colectiva.
  20. Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: contenido y remisión de ficheros XML.
  21. Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 11/2021: observaciones sobre los ficheros XML.

¡Ya están aquí las ayudas para empresas y autónomos en las Islas Baleares y puedes recibir hasta 500.000 € a fondo perdido!

¡Ya están aquí las ayudas para empresas y autónomos en las Islas Baleares y puedes recibir hasta 500.000 € a fondo perdido! El Estado ha dispuesto una importante partida de fondos y las Comunidades Autónomas son las encargadas de hacerlos llegar a empresas y trabajadores.

Si has sufrido una minoración de tu facturación que alcance un 30% o más en 2020 con respecto al año anterior, puedes recibir tu ayuda.

¿Tienes dudas? No te preocupes, en Moya & Emery te ayudamos en la tramitación de todas las ayudas que te pertenecen y lo hacemos todo por ti.

¿Quieres saber más de las ayudas? Mira este vídeo del socio y gerente de Moya & Emery, Nicolás Emery, explicando la norma balear que pone en marcha estas ayudas, sus destinatarios, las condiciones de su concesión, los plazos para solicitarlas.

Y no dudes en ponerte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de Palma – 971728010 – o Calvià – 971132359 – o a través del correo electrónico emery@moyaemery.com


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Gobierno y agentes sociales alcanzan un principio de acuerdo para extender la protección de los ERTE hasta el 30 de septiembre

• El preacuerdo permite mantener mecanismos especiales de protección de las personas trabajadoras y de las empresas

• Es el quinto consenso que se alcanzan Gobierno y agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia

• En los ERTE para sectores ultraprotegidos se incentiva la reactivación con mayores exoneraciones para los trabajadores activados que para los suspendidos

La Vicepresidencia tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han alcanzado un principio de acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre de 2021, con el objeto de extender esta medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la pandemia.

El preacuerdo permite prorrogar la aplicación de las medidas de flexibilidad que se han adoptado desde el comienzo de la crisis sanitaria y en los términos previstos en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, y las medidas extraordinarias en materia de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas. También prorroga las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo y, por último, prorroga todas aquellas medidas complementarias de protección necesarias para garantizar la estabilidad en el empleo, evitando despidos
y destrucción de puestos de trabajo.


Mantendrán su vigencia las medidas extraordinarias recogidas en el Real
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, relativas a las medidas
extraordinarias de protección del empleo relacionadas con extinciones y
despidos, la interrupción del cómputo de los contratos temporales, la
salvaguarda de empleo, así como los límites relacionados con el reparto
de dividendos y transparencia fiscal y el uso de horas extraordinarias y
nuevas externalizaciones.


Sectores ultraprotegidos

Estos sectores, indicados en la lista de códigos CNAE adjunta y su cadena
de valor, tendrán exoneraciones diferentes en los casos de trabajadores
en suspensión de empleo frente a los que se activen en un contexto de
mayor recuperación que en meses anteriores. Con el objetivo de incentivar
la activación de empleo, en esta ocasión se incluyen unas exoneraciones
mayores para los casos de los trabajadores que se reincorporen a la
actividad: del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del
85% para las que tienen 50 o más en los meses de junio, julio, agosto y
septiembre.


Cuando mantengan a los trabajadores suspendidos, habrá una
exoneración del 85% en junio, julio y agosto y del 70% en septiembre si la
empresa tiene menos de 50 trabajadoras. En el caso de contar con 50
trabajadores o más, las exoneraciones serán del 75% en junio, julio y
agosto y del 60% en septiembre.


En esta lista se incluyen tres nuevos sectores (1419 –Confección de otras
prendas de vestir y accesorios –, 4637 –Comercio al por mayor de café, té,
cacao y especias– y 7420 –Actividades de fotografía–). Y salen cinco (1811
–Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas–, 2670 –
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico–, 4741 –
Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas
informáticos en establecimientos especializados–, 5122 –Transporte
espacial– y 7734 – Alquiler de medios de navegación–).

Se han incluido en este listado aquellas empresas cuya CNAE entre finales
de abril de 2020 y finales de mayo han recuperado la actividad en
porcentaje inferior al 75% y tengan un porcentaje de afiliados cubiertos por
los ERTE igual o superior al 15%.


Limitación e impedimento


Por su parte, los ERTE por limitación de su actividad se verán prorrogados
con un nuevo esquema de exoneraciones: si la empresa tiene menos de
50 trabajadores, será del 85% en junio y julio, y del 75% en agosto y
septiembre. Si la empresa tiene 50 trabajadores o más, la exención será
del 75% en junio y julio y del 65% en agosto y septiembre.


Por su parte, las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad
en los próximos cuatro meses en alguno de sus centros de trabajo como
consecuencia de las restricciones administrativas para luchar contra la
pandemia podrán solicitar un “ERTE de impedimento”. Estas empresas
tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante
el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre 2021, que será del 100%
de la aportación empresarial durante el periodo de cierre si tienen menos
de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.


Actualmente hay alrededor de 558.000 trabajadores en situación de ERTE.
Del total, unos 137.000 se encuentran en ERTE por limitación y cerca de
16.300, por impedimento. Del resto, poco más 233.000, se encuadran
entre los sectores ultraprotegidos o vinculados a ellos.

Garantías de los ERTE

El sistema de ERTE vigente a partir del 1 de junio mantiene las
características de flexibilidad del modelo anterior y se ajusta al ciclo de
actividad del tejido productivo acorde con la evolución de la pandemia. Las
condiciones de cierta incertidumbre y el restablecimiento de la actividad
empresarial, en estos momentos asimétrica y sectorizada, exige mantener
las medidas excepcionales previstas en las diferentes normas adoptadas

desde el comienzo de la crisis sanitaria, todo ello sin perjuicio de la
previsible y paulatina normalización de la situación sanitaria.
La norma dispone, para el colectivo de fijos discontinuos y aquellas
personas que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas
ciertas, la obligación de que las empresas procedan a su incorporación
efectiva durante los períodos teóricos de llamamiento de las personas
trabajadoras. En caso de que no puedan desarrollar su actividad en el
periodo de llamamiento, se dispone su afectación por los expedientes de
regulación temporal de empleo vigentes a fecha de entrada en vigor de
esta norma o autorizados con posterioridad.


El denominado contador a cero continuará vigente en los términos del
artículo 8.7 del RDL 30/ 2020 de 29 de septiembre.


Los profesionales de las artes en espectáculos públicos que tuvieran derecho al acceso extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo, en los términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, podrán continuar percibiéndolas hasta el 30 de septiembre de 2021.


Esta prestación será incompatible con la realización de actividades por cuenta propia o por cuenta ajena, o con la percepción de cualquier otra prestación, renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.


Anexo
Códigos de la Clasificación Nacional de Actividades. Económicas –CNAE-09– de empresas ultraprotegidas


710 Extracción de minerales de hierro

1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas

1820 Reproducción de soportes grabados

2051 Fabricación de explosivos

2441 Producción de metales preciosos

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares

3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares

3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial

4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles

4634 Comercio al por mayor de bebidas

4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias

4932 Transporte por taxi

4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5010 Transporte marítimo de pasajeros (2)

5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores (2)

5110 Transporte aéreo de pasajeros

5223 Actividades anexas al transporte aéreo

5510 Hoteles y alojamientos similares

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia

5530 Campings y aparcamientos para caravanas

5590 Otros alojamientos 5610 Restaurantes y puestos de comidas

5630 Establecimientos de bebidas

5813 Edición de periódicos

5914 Actividades de exhibición cinematográfica

7420 Actividades de fotografía

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros

7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos

7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico

7735 Alquiler de medios de transporte aéreo

7911 Actividades de las agencias de viajes

7912 Actividades de los operadores turísticos

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina

8230 Organización de convenciones y ferias de muestras

9001 Artes escénicas

9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas

9004 Gestión de salas de espectáculos

9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento

9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel 9604 Actividades de mantenimiento físico


Puedes ver la nota de prensa, en formato pdf, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al respecto del principio de acuerdo alcanzado, aquí.


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Nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno balear sobre niveles de alerta sanitaria, modificación del plan de medidas de prevención frente al Covid-19 y prórroga de medidas expecionales de contención de la pandemia.

Hoy desde Moya & Emery te acercamos dos recientes normas aprobadas en Consejo de Gobierno que vienen a modificar los niveles de alerta sanitaria en las Islas Baleares, modifican también el plan de medidas de prevención contra el Covid-19, y prorrogan y modifican las medidas de prevención excepcionales aplicables de forma temporal a las islas:

  • Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de mayo de 2021 por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas, se modifica puntualmente el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2021, por el cual se aprobó el nuevo Plan de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las islas, aquí en versión pdf
  • Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2021 por el que se prorrogan y modifican las medidas excepcionales establecidas mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021 para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante el mes de mayo de 2021, aquí en versión pdf

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Self-employed: Deadline for waiver of the covid-associated stopped activity benefit ends 31 January 2021 and provisional rulings to be reviewed

SELF-EMPLOYED. DEADLINE FOR WAIVER OF THE COVID-ASSOCIATED STOPPED ACTIVITY BENEFIT ENDS 31 JANUARY 2021 (unless extensions are approved in the next few days).

Article 13 of Royal Decree-Law 30/2020, of 29 September on employment protection measures, anticipating possible breaches of the requirements for access to the benefit by the self-employed, established two aspects to be taken into account: the possibility for the interested party to renounce the benefit or its refund.

Thus, after setting a series of requirements such as being registered and up to date in the payment of contributions, not being entitled to the “ordinary” unemployment benefit, not having income from self-employed activity in the last quarter of the 2020 financial year that exceeds the minimum interprofessional wage, or suffering, in the fourth quarter of 2020, a reduction in income from self-employed activity of at least 50% in relation to the income in the first quarter of 2020; the regulation allows the self-employed who have applied for payment of the benefit to renounce it at any time, and to do so at the same time as the self-employed who have applied for payment of the benefit:

  • – To renounce it at any time before 31 January 2021, with the renunciation taking effect the month following its communication.
  • – To return the benefit for cessation of activity on their own initiative, without having to wait for a claim from the mutual society collaborating with the Social Security or the managing body, when they consider that the income received during the fourth quarter of 2020 or the drop in turnover in the same period will exceed the established thresholds with the corresponding loss of entitlement to the benefit.

SELF-EMPLOYED. FROM 1 MARCH 2021, ALL PROVISIONAL RULINGS WILL BE REVIEWED.

The mutual insurance companies are already reviewing whether the self-employed who have been receiving unemployment benefits since 2020 meet the requirements, they have verified or will verify this in different periods and could request the return of the benefits if they do not meet the requirements.

From 1 March 2021, article 13.2 of Royal Decree-Law 30/2020, of 29 September, empowers the mutual insurance companies collaborating with the Social Security, or the Social Marine Institute, as the competent bodies for the recognition of the benefit, to request from the Ministry of Finance the tax data corresponding to the year 2019 and 2020 of the self-employed workers who are granted this extraordinary benefit.

Once the data has been checked by the collaborating or managing entity competent to recognize the benefit, it will proceed to claim the benefits received by those self-employed workers who exceed the income limits established in this provision, or who do not accredit a reduction in turnover during the fourth quarter of 2020 of at least 75% in relation to the same period in 2019.

The competent entity for the claim will set the date for payment of the amounts claimed, which must be made without interest or surcharge. Once the deadline has passed, the General Treasury of the Social Security will proceed to claim the outstanding debt, with the appropriate surcharges and interest.

In this mutual insurance company verification form, the self-employed person must attach – as a general rule – the income and expenditure ledger that includes all the invoices corresponding to the months in which they received the benefit and which they must compare to verify the drop of 75% or more in turnover with respect to the six months prior to the state of alarm (from September 2019 to February 2020).

In any case, the documentation to be provided will be required by the form itself, once you have entered and chosen the parameters that identify your type of taxation. In the event that the interested party is not entitled to the benefit, the procedures for claiming the amounts unduly received will be initiated.

To this end, the aforementioned entities will issue a decision setting the amount to be reimbursed, which must be made without interest or surcharge within the period indicated in the notification to the interested party.

Once the period established in the decision has elapsed, the Social Security General Treasury will proceed to claim the outstanding debt, with the appropriate surcharges and interest in accordance with the administrative collection procedure established in Royal Decree 939/2005, of 29 July, which approves the General Collection Regulations.

The institution would require the self-employed to pay a minimum of 2,000 euros – corresponding to 661 euros per month for three months at 70% of the minimum contribution base – together with the exemptions from contributions for the same period of time, which would amount to around 800 euros – once again, in the case of paying the minimum contribution base.

The refund must be made at once and within a period of around 10 days.

El Gobierno acuerda con los agentes sociales prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo

Protección por la COVID-19

  • Este compromiso renueva el objetivo de proteger a las personas trabajadoras y a las empresas.
  • Es la tercera prórroga que alcanza el consenso con los interlocutores sociales.
  • Se mantiene la flexibilidad del modelo actual de ERTE por COVID y se simplifica la tramitación.
  • La salvaguarda del empleo se prorroga en los términos que rigen en la actualidad.

Haz clic en este enlace para ver en formato pdf la nota de prensa conjunta del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que se da cuenta de todos los detalles del acuerdo alcanzado.


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Nueva declaración de estado de alarma. Breve resumen del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, a cargo de Marga de Matos

Frente a los últimos datos obtenidos sobre la evolución de la pandemia en nuestro país que denotan un aumento en el número de casos (segunda ola de la pandemia), el Gobierno de la Nación en fecha 25 de octubre de 2020 publicó, el Real Decreto 926/2020 en el que vuelve a declararse el Estado de Alarma afectando a la totalidad del territorio nacional.

A continuación, se expone un breve resumen de su contenido:

El contacto social tanto en espacios públicos como cerrados se ha convertido a día de hoy en uno de los principales focos de contagio (un tercio de los brotes, lo que implica casi  una cuarta parte de los casos).

Es por ello que en este Real Decreto quiere manifestarse la importancia de reducir las reuniones familiares y sociales entre personas no convivientes, el permanecer en el domicilio, evitando desplazamientos si no son de vital importancia y el restringir la actividad nocturna que es donde se han detectado los mayores incumplimientos o relajaciones en cuanto a las medidas adoptadas inicialmente para afrontar el COVID-19.

¿Qué implica la declaración del Estado de Alarma? Que la autoridad competente será el Gobierno nacional (centralización).

¿Quiere decir eso que las CCAA (Comunidades Autónomas) no pueden decidir nada? NO, evidentemente los gobiernos autonómicos y las autoridades sanitarias de las CCAA conocen específicamente la situación de la CCAA con lo cual están mejor posicionados para la toma de ciertas decisiones en función de los datos.

Es por ello que el Gobierno Nacional permite a las autoridades competentes delegadas, poder dictar las resoluciones, disposiciones u órdenes que estimen necesarias sin necesidad de pasar por un procedimiento administrativo.

Por tanto, se trata de una centralización de decisiones con matices y dejando la puerta abierta a ciertas decisiones a las autoridades delegadas de las CCAA.

¿Hasta cuando se mantiene en vigor el nuevo Estado de Alarma?

Hasta el 9 de mayo de 2021 a las 0:00 horas, sin perjuicio de su posible prórroga o derogación previa en función de la evolución de la pandemia. Con lo cual es una fecha referencial.

¿Qué limitaciones introduce el nuevo Real Decreto 926/2020?

Como se ha comentado, los datos han demostrado que la mayoría de los brotes de contagio provienen de las reuniones familiares/sociales tanto en público como en privado y que las actividades realizadas durante el horario nocturno son en las que se han relajado las medidas de seguridad o donde se encuentran la mayor parte de los incumplimientos.

Es por ello que se ha limitado la libertad de circulación entre la franja horaria de 23:00 a 06:00 horas, pudiéndose únicamente circular por alguno de los siguientes motivos:

a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.

d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado.

f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.

Matiz a tener en cuenta: la autoridad competente de cada CCAA podrá flexibilizar dicha franja horaria de la siguiente manera determinar que la hora de inicio de dicha restricción sea entre las 22:00 -00:00 horas y la de finalización sea entre las 05:00-07:00 horas.

¿Hay limitaciones para desplazarse entre CCAA? Sí, los desplazamientos que se entienden como justificados para poder moverse entre CCAA son los siguientes:

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.

g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

La autoridad competente de la CCAA podrá determinar si caben dichas restricciones para ámbitos geográficos inferiores a la CCAA (por ejemplo, a nivel provincial).

¿Cómo quedan las limitaciones de las reuniones en grupo tanto en el ámbito publico como privado?

Se limitan a 6 dichas reuniones tanto en ámbito público como privado, salvo entre convivientes y excepciones en instalaciones, dependencias o establecimientos abiertos al público.

En función de los datos y evolución de la pandemia, la autoridad competente podrá determinar que el límite de 6 personas sea aún inferior, salvo cuando se trata de convivientes.

Fuera de estas limitaciones quedan las actividades laborales, profesionales e institucionales.

IMPORTANTE: todas estas medidas de podrán flexibilizar, modificar o suspender en función de la evolución de la pandemia a nivel nacional y en función de la situación en que se encuentre cada territorio.


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Sobre la ampliación de los ERTEs más allá del 30 de septiembre

¿SE PRORROGARÁN LOS ERTES MÁS ALLÁ DEL 30 DE SEPTIEMBRE?

La respuesta a esta pregunta es la que están esperando muchos empresarios y trabajadores para saber qué deben hacer y en qué situación van a quedar. Y es que a quince días de la fecha fijada para el fin de los ERTES -el 30 de septiembre- todavía no se ha hecho publicación oficial de si éstos van a ser o no prorrogados y las condiciones en que se va a producir esa prórroga en caso de darse.

Lo único que se conoce por el momento es que el Gobierno parece contemplar la posibilidad de alargar los ERTES no hasta final de año sino hasta finales de enero de 2021, es decir, una vez pasadas las fechas de Navidad. Algo a lo que las patronales han mostrado su oposición, entendiendo que determinados sectores como el turístico necesitan de una prórroga mayor, hasta Semana Santa. Se insiste que los ERTES se mantendrán el tiempo que resulten necesarios.

De ser así, quedarían por concretar las futuras exoneraciones y bonificaciones a la Seguridad Social a partir del próximo mes de octubre, así como algunos  temas relativos a las prestaciones por desempleo como el importe que deben recibir las personas afectadas por los ERTES a partir del sexto mes. 

En relación con este último punto, parece haber consenso en cuanto a mantener que el importe a recibir continúe siendo del 70% de la base reguladora y no del 50%, al carecer de sentido dejar a los trabajadores en una situación vulnerable cuando necesitan ayuda más que nunca.

Ahora bien, mantener esta prestación al 70% implica un mayor gasto público con lo cual se plantea la posibilidad de que consuma otras prestaciones como el paro, prestación hasta ahora intacta. Es decir, personas, que tengan o hayan tenido suspendido su empleo más de 6 meses, empezarán a ver como su paro se consume.

¿SE REGULARÁ POR SECTORES ESTA POSIBLE PRÓRROGA Y CONDICIONES?

Es evidente que la incidencia del COVID-19 ha tenido un impacto a nivel general para todo el tejido empresarial, sin embargo, su incidencia no ha sido la misma en todos los sectores. Es manifiesto que las actividades más afectados han sido y son las del sector turístico.

No obstante, las empresas prefieren una regulación general que no por sectores. Se entiende que todas las empresas que mantienen su ERTE es por necesidad no porque así lo deseen.


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Guía de OTRAS MEDIDAS frente al covid-19: desahucios, alquileres, sector de la abogacía, sanitarios, empleadas del hogar, contratación pública

PROHIBICIÓN DE LOS DESAHUCIOS

Quedan paralizados los desahucios durante el plazo de 6 meses después del levantamiento del Estado de Alarma para los alquileres de casas de hasta 900€.

Tampoco los contratos de alquiler que venza dentro del periodo de Estado de Alarma.

ALQUILERES

¿Qué pasa con los pagos de las cuotas de alquiler?

Para los arrendatarios: Se crea una línea de microcréditos avalados al 100% por el Gobierno al tipo intereses del 05, sin comisiones de apertura, para hacer frente al pago de los alquileres. Estos podrán devolverse en plazo máximo de 6 años y existen dificultades económicas este plazo se podrán prorrogar durante 4 años más.

¿Qué pasa con los arrendadores?

En este punto se ha de distinguir entre los:

Pequeños arrendadores: Los pequeños arrendadores de viviendas tiene asegurado el cobro de sus rentas. Se entenderá pequeño arrendador aquel que alquile 9 o menos viviendas. 

Grandes arrendadores: El arrendador posee más de 10 viviendas, deberá elegir entre conceder una moratoria de cuatro meses del pago del alquiler, a devolver en 3 años; o rebajar el 50% del alquiler al inquilino durante cuatro meses.

SECTOR ABOGACÍA

ABOGADOS AUTÓNOMOS

1- ¿La labor que realiza un abogado se considera servicio o actividad esencial?

Sí, de acuerdo con el artículo 1 del RD 10/2020 de 29 de marzo el permiso retribuido no resulta de aplicación a despacho profesionales, empresas dedicadas a asesoramiento legal, fiscal, empresarial y socio-laboral. Además de las personas trabajadoras que prestan servicios esenciales para la administración de justicia.

Por tanto, los abogados autónomos (independientemente de su régimen de previsión RETA o Mutua), no se verán afectados por el permiso retribuido.

2- ¿Puede un abogado por ejemplo ir a su despacho o celebrar un juicio?

Sí, los abogados podrán desplazarse desde su domicilio hasta su despacho profesional conforme al artículo 7.1 c) del RD 463/2020 de 14 de marzo: únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

No obstante, se recomienda en la medida de lo posible el teletrabajo, quedando limitados los desplazamientos a los estrictamente necesarios, urgentes e indispensables. Recordar que los abogados no podrán recibir personalmente a sus clientes en los despachos.

Respecto a la celebración de juicios, de acuerdo a la disposición adicional segunda del mismo RD quedan suspendidos los plazos procesales para todas las órdenes jurisdiccionales, existiendo excepciones muy limitadas y tasadas (procedimientos de protección de derechos fundamentales, procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de la jurisdicción social, medidas o disposiciones de protección para los menores, autorizaciones judiciales para el internamiento no voluntaria por razón de trastorno psíquico).

Por tanto, con carácter general y fuera de los supuestos enumerados los abogados no podrían acudir a juicio, quedan restringidos a aquellas actuaciones procesales que no estuvieran suspendidas.

ABOGADOS POR CUENTA AJENA

1- ¿Se verán afectados los abogados por cuenta ajena del permiso retribuido?

Sí, excepto en aquellos casos que deban asistir a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/202 y por tanto, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas

SERVICIOS ABOGACÍA Y REGISTROS:

  • Continuará la prestación de servicios esenciales del Registro Civil.
  • Colegios de abogados en las siguientes actividades:
  • Asistencia jurídica gratuita
  • Servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.
  • Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

LA ABOGACÍA Y EL TELETRABAJO:

A medida que el coronavirus avanza, más son las empresas que optan por el teletrabajo, entre ellas se encuentran los despachos de abogados.

Y es que el mundo de la abogacía está muy bien dotado de servicios tecnológicos de manera que se pueda seguir prestando un servicio de calidad a los clientes de forma eficaz y evitando los tiempos de inactividad, pudiendo ser productivos independientemente de la situación y el lugar de trabajo.

¿Cómo pueden los abogados mantener la productividad?

  • Asegurarse que se tiene acceso a todos los archivos y expedientes, así como aquellos datos que se requieran.
  • Tener acceso a la nube teniendo acceso 24 horas a todos los documentos, correos… sin necesidad de complejas conexiones de red.
  • Comprobación de que se tiene el sistema correcto en los casos de tener que trabajar vía remoto, ya que pueden existir limitaciones o incompatibilidades.
  • Eliminar dispositivos, aplicaciones y actualizaciones innecesarias que gasten recursos para evitar problemas de conectividad.

SANITARIOS Y CENTROS DE MAYORES, DISCAPACITADOS O DEPENDIENTES

¿Pueden estos servicios elaborar un ERTE?

No, puesto que son considerados servicios esenciales, por tanto, deben mantener su actividad pudiendo únicamente proceder a reducir o suspender la misma parcialmente en los términos en que así lo permitan las autoridades competentes.

EMPLEADAS DEL HOGAR

El RD 11/2020 prevé un subsidio para las empleadas del hogar que estuvieran de alta antes de la entrada en vigor del Estado de Alarma.

Se podrán beneficiar de ese subsidio, las empleadas del hogar que hayan tenido que dejar de prestar sus servicios total o parcialmente de forma temporal en aras a reducir las posibilidades de contagio por causas ajenas a su voluntad e uno o varios domicilios, todo ello debido al COVID-19.

¿A cuánto asciende la prestación?

al 70% de su base reguladora.

¿A qué periodo se extiende la prestación?

El derecho a la prestación será desde la fecha de baja en la Seguridad Social o desde la fecha que figure en la declaración responsable firmada por el empleador.

EFECTOS SOBRE LOS 3 SECTORES DE ACTIVIDAD

EFECTOS SOBRE EL SECTOR PRIMARIO

Se incluyen: las materias primas, agricultura, ganadería, pesca y acuicultura. Al tenerse que garantizar los productos de primera necesidad y servicios de producción en este sector no se pueden presentar ERTE por fuerza mayor, excepto que concurra alguna de las situaciones urgentes o extraordinarias reguladas en el artículo 22.1 del RD 8/2020.

Incluidas en este sector también están la explotación forestar y silvicultura que, pese a no orientarse al abastecimiento de productos alimentarios, se consideran de suministro de materias primas y por tanto tampoco se podrán ver afectadas por ERTE a no ser que se acrediten como en el caso anterior las circunstancias urgentes o extraordinarias.

EFECTOS SOBRE EL SECTOR SECUNDARIO (INDUSTRIAL):

Este sector no está incluido en las actividades de los artículos 9, 10 y anexo del RD 463/2020 que deben suspender sus actividades, con lo cual con carácter general seguirán prestando sus servicios, respetándose en todo caso el resto de las medidas.

Las empresas de este sector que quieran reducir jornadas o suspender contratos deberán hacerlo con carácter general por causas económicas y/o productivas.

Las empresas de este sector que quieran reducir jornadas o suspender contratos deberán hacerlo con carácter general por causas económicas y/o productivas por el procedimiento del artículo 23 del RD 8/2020, al entenderse que no son causa directa sus posibles pérdidas del COVID-19.

¿Nunca se puede presentar un ERTE por fuerza mayor en este sector?

NO. Existen 2 excepciones, que deben ser acreditadas por la empresa:

  • Falta de suministros por parte de proveedores para el proceso productivo de forma que no se pueda seguir con la actividad.
  • Suspensión o cancelación de actividades (pérdida de todos los clientes que provoque la cancelación o suspensión de actividades).

SECTOR CONSTRUCCIÓN

Tampoco está incluido en las actividades vetadas o suspendidas de actividad, por tanto con carácter general también continuarán prestando sus servicios. OJO: tener en cuenta las paralizaciones del 30 al 9 de abril prevista por el  RD 11/2020. Estos días sí se verá suspendida su actividad.

Por tanto, en el caso de quererse presentar un ERTE en este sector deberá ser por causas productivas y/o económicas.

EXISTE UNA EXCEPCIÓN: falta de proveedores que impida la continuación de la actividad, algo que tendrá que ser acreditado por la empresa.

SECTOR TERCIARIO (SERVICIOS)

El artículo 10 del RD 463/2020 se establece un listado de actividades que pueden mantener su actividad al considerarse de primera necesidad, por tanto, los ERTES en estas actividades no se entenderán como fuerza mayor sino como causa productiva o económico (descenso de demanda e ingresos).

¿Qué establecimientos y actividades deben permanecer cerrados al público?

Aparecen establecidas en los artículos 9 y 10 del RD 463/2020 así como en su Anexo. Estas actividades son las que por imposición legal deben mantenerse cerradas. En su caso, las empresas comprendidas en estas actividades sí podrán presentar un ERTE por fuerza mayor al ser la causa directa de las suspensiones y reducciones el COVID-19. No obstante, no se considerará fuerza mayor aquella actividad que pudiera seguir realizándose sin abrirse al público (restaurar obras de arte).

Los trabajadores que presten servicios de entrega a domicilio tampoco se verán afectadas por la fuerza mayor.

Los talleres de reparación, mantenimiento de vehículos a motor y actividades adicionales tienen permitida su apertura (no entre el 30-9 de abril) pero de forma limitada.

¿Hasta dónde llega la restricción de movilidad de las personas del artículo 7 del RD 463/2020?

Los ciudadanos no pueden acceder a la vía pública para actividades diferentes a las previstas en el artículo 7 ni acceder a lugares diferentes a los previstos en ese artículo.

Se apreciará la fuerza mayor en actividades que sus reducciones o suspensiones tengan su causa directa en las restricciones en el transporte público y movilidad de las personas (ejemplo: agencias inmobiliarias), pese a tenerse que valorar la posibilidad de seguir trabajando mediante alternativas como el teletrabajo.

OTROS SUPUESTOS DE FUERZA MAYOR

  • Paralización de la actividad por riesgo grave e inminente.
  • No poder proveer a los trabajadores de los EPIS o no tener los suficientes para toda la plantilla.
  • Cierre de instalaciones por recomendaciones sanitarias o del Gobierno.

CONTRATAS Y SUBCONTRATAS (EXCLUÍDAS DEL SECTOR PÚBLICO)

Las empresas contratistas cuya empresa estuviera afectada por un ERTE por fuerza mayor podrán igualmente presentar un ERTE por fuerza mayor, se entiende que la contratista no puede prestar los servicios para los que fue contratada y con ello es una pérdida directa y justificada en el COVID-19. A sensu contrario, si la empresa principal puede seguir desarrollando su actividad, la contratista no se entenderá afectada por fuerza mayor.

Ahora bien, si la contrata va a percibir los ingresos igualmente pactados en contrato no cabría ERTE, ya que en caso contrario sería un enriquecimiento injusto. Por tanto, se ha de analizar caso por caso.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Existen medidas específicas en el artículo 34 del RD 8/2020 para cada tipo de contrato:

  • Casos donde la ejecución sea imposible como consecuencia del COVID-19 quedan automáticamente suspendidos desde que se produjo el hecho causante que provoca dicha suspensión y hasta que pueda reanudarse.  El contratista tiene acreditar la situación y la entidad adjudicadora abonará a la contratista una indemnización por los daños y perjuicios sufridos (incluye gastos de personal afectado durante todo el periodo de suspensión). Los contratos de estos trabajadores no se verán afectados ni por fuerza mayor ni por otra causa.
  • Contratos de obra pública: pertenecientes al Sector Público y cuya finalidad no hubiera desaparecido, pero sean imposibles de llevar cabo durante esta situación, se podrán suspender y darán lugar a una indemnización de la contratista al personal vinculado a esta obra, por tanto, sus contratos no se pueden ver suspendidos ni por fuerza mayor ni por otra causa.
  • Contratos públicos de servicios y suministros: en estos casos se prevé el aplazamiento de las obligaciones del contratista, por tanto, se podrán suspender los contratos de los trabajadores afectados teniendo en cuenta el sector y supuesto concreto.
  • Contratos de seguridad, limpieza, mantenimiento de sistemas informáticos  entre otros: no existe normativa alguna que contemple estos supuestos por tanto se deberá estar al caso concreto. Si se acredita la imposibilidad de prestar los servicios y pérdidas se podrá apreciar fuerza mayor. En caso contrario, no cabrá suspensión de los contratos ya que en caso contrario (abono del precio sin reducción) se daría un enriquecimiento injusto.

Por Marga de Matos

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