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Empresarios y trabajadores. Su responsabilidad ante contagio por covid-19

EMPRESARIOS

Las responsabilidades que pueden recaer sobre los empresarios en caso de omisión de las medidas de prevención y protección de los trabajadores frente al contagio por Covid-19 son variadas, por ejemplo, pueden causar responsabilidades administrativas.

En concreto, el RD Legislativo 5/ 2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social prevé como infracción grave el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales si este incumplimiento crea un riesgo grave para la salud de los trabajadores.

Las consecuencias derivadas de un contagio por coronavirus pueden llegar a ser muy graves, por lo que, si el trabajador acredita que el contagio se ha producido en el centro de trabajo como consecuencia de la omisión de las medidas de seguridad, podría derivarse para el empresario una infracción de carácter muy grave que, si se denunciara a la Inspección de Trabajo, daría lugar a la imposición de una sanción administrativa, con la multa proporcionada a la gravedad de los hechos.

El RD-Ley 21/2020, de 9 de junio, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge las principales medidas que tendrían que adoptarse en los centros de trabajo para los trabajadores que realizan su trabajo de forma presencial y el RD- Ley 26/2020, de 7 de julio de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, habilitó de forma especial y extraordinaria a la Inspección de Trabajo y a los funcionarios autonómicos para la realización de labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales (vigilancia, requerimientos y propuestas de sanciones ante los eventuales incumplimientos empresariales).

Estas sanciones no agotan otras responsabilidades laborales exigibles en el ámbito de la Ley General de Seguridad Social, por ejemplo si un trabajador sufre un perjuicio en su salud derivado de la falta o insuficiencia de las debidas medidas de seguridad, la empresa podría afrontar la obligación de hacerse cargo del pago de recargo de prestaciones que correspondiera, así como de abonar una indemnización adicional.

En el ámbito penal se podría atribuir a los empresarios esa responsabilidad si se pusiera a los trabajadores en peligro grave para la vida, la salud o la integridad física por no haberse facilitado las medidas de seguridad e higiene adecuadas, basta con que se haya permitido el riesgo, aunque no haya habido un resultado dañino para el empleado. Han de ser infracciones muy graves que impliquen un riesgo muy grave para la vida, salud o integridad física del trabajador. Las penas varían, dependiendo si ha sido un acto consciente de infracción o si ha sido una imprudencia grave, por haber adoptado medidas insuficientes o defectuosas y si desgraciadamente la salud del trabajador resultará gravemente dañada o falleciera.
Además, derivada de la responsabilidad penal, podría surgir responsabilidad civil e incluso cabe la responsabilidad civil contractual, aun sin responsabilidad penal, con base en lo que se establece en el Código Civil: “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”. Esta responsabilidad consistiría en satisfacer al perjudicado una indemnización de daños y perjuicios, que sería fijada en atención a las circunstancias concurrentes y a los daños realmente producidos.

La actual situación requiere una especial diligencia por parte de los empresarios tanto en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales como en la atención a las normas específicas dictadas con ocasión del Covid-19, con sus continuas modificaciones y las aplicaciones concretas en cada comunidad autónoma e incluso en cada municipio en función del avance de la pandemia

TRABAJADORES

Los trabajadores tienen obligaciones en relación al cumplimiento de la normativa general de prevención y de las instrucciones que el empresario les haya indicado, además, corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional.

Entre las obligaciones propias del trabajador se indican las siguientes: no acudir al centro de trabajo si presenta síntomas compatibles con Covid-19, deberán cumplir con el aislamiento domiciliario pertinente si recibe un diagnóstico por Covid-19 o guardar un periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con Covid-19;

El trabajador deberá informar inmediatamente a la empresa y/o delegados de prevención Covid-19 para que puedan llevarse a cabo las medidas de prevención y protección que se consideren oportunas para proteger al resto de los trabajadores y así el empresario tomar las medidas pertinentes, inclusive el aislamiento del resto de los trabajadores si estuviera realizando trabajo presencial.

Si el trabajador incumple lo anterior, puede llegar a ser sancionado por la dirección de la empresa de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable, y si su irresponsabilidad dañase a terceros, estaría obligado a responder por la vía civil e incluso el propio empresario podría causar responsable civilmente por el daño a terceros de su trabajador.

Ya ha habido varias resoluciones en el ámbito de la jurisdicción social en las que, principalmente en casos de trabajos con especial riesgo de contagio, se ha reconocido la vulneración por parte de la empresa del derecho a la integridad física de los trabajadores, al no disponerse de medidas preventivas o equipos de protección.

FUENTE: EAL – Consejo General de Economistas

Preguntas frecuentes sobre las nuevas medidas del III Acuerdo Social En Defensa Del Empelo (prórroga de los ERTEs hasta el 31 de enero de 2021)

FAQ SOBRE LAS NUEVAS MEDIDAS DEL ASDE III.

¿Se produce la prórroga automática de todos los ERTE de fuerza Mayor vigentes a 30 de septiembre?
Sí, se prorrogan automáticamente todos los ERTE de fuerza mayor vigentes a 30 de septiembre hasta el 31 de enero de 2021.


¿Se prorrogan también automáticamente las exoneraciones a la Seguridad Social vigentes a 30 de septiembre para los ERTE de Fuerza mayor?
Únicamente se prorrogan las exoneraciones para aquellas empresas que pertenecen a determinados sectores, con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad.
Las empresas pertenecientes a estos sectores, identificados a través de una serie de CNAE 2009 que se relacionan en el anexo del Real Decreto Ley 30/2020, de 29 de septiembre, prorrogan su ERTE junto con las exoneraciones previstas en la norma, sin necesidad de realizar trámite alguno.
También podrán acceder a las exoneraciones previstas en la norma para estas CNAE, las empresas que sean calificadas como integrantes de su cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas, previa solicitud presentada al efecto ante la autoridad laboral.

¿Cuáles son las empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes de las empresas pertenecientes a los sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad?
Son empresas con un ERTE por fuerza mayor prorrogado cuya facturación, durante el año 2019, se haya generado, al menos, en un cincuenta por ciento, en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09 referidos en el anexo indicado, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en dichos códigos CNAE-09.

¿Cómo pueden acreditar las empresas su condición de dependientes o integrantes de la cadena de valor de empresas pertenecientes a los sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad?
La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor de una empresa perteneciente a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad debe presentarse ante la autoridad laboral competente, junto con un informe o memoria explicativos y toda aquella documentación acreditativa que se considere oportuno.
Además, la empresa debe comunicar dicha circunstancia a las personas trabajadoras de su empresa y trasladar toda la documentación a la representación de las mismas, en caso de haberla.

¿Cuál es la autoridad laboral competente para acreditar que una empresa tiene la condición de pertenecer a la cadena de valor o ser económicamente dependiente de empresas pertenecientes a los sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad?
La autoridad laboral competente es la autoridad laboral que resolvió favorablemente, bien por resolución expresa, bien por silencio administrativo positivo, el ERTE de fuerza mayor prorrogado.

¿Cuándo se puede solicitar la condición de empresa incluida en la cadena de valor o económicamente dependiente de una empresa perteneciente a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación?
El plazo para solicitar dicha condición es del 5 al 19 de octubre de 2020.

¿Cuál es el ámbito de las exoneraciones tanto de las empresas pertenecientes, a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación, como de las que pertenecen a su cadena de valor y las que son económicamente dependiente de ellas?
El ámbito de las exoneraciones tanto de las empresas pertenecientes a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación, como de las que pertenecen a su cadena de valor y las que son dependientes de ellas, es el ERTE de fuerza mayor prorrogado por cuyas personas trabajadoras se aplican las exoneraciones.
Si el ERTE afectaba únicamente a uno o varios centros de trabajo de una empresa, este será su ámbito.

¿Cuál es el plazo que tiene la autoridad laboral para resolver sobre la declaración de empresa incluida en la cadena de valor o económicamente dependiente de una empresa perteneciente a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación?
El plazo para que la autoridad resuelva la solicitud de empresa incluida en la cadena de valor o dependiente de empresas pertenecientes a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación es de 5 días hábiles, con silencio administrativo positivo.

¿Cuál es la cuantía de las exoneraciones de los ERTE de Fuerza Mayor tanto de las empresas pertenecientes, a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación, como de las que pertenecen a su cadena de valor y las que son económicamente dependiente de ellas?
El porcentaje de exoneración de los ERTE de Fuerza Mayor de las empresas pertenecientes, a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación, como de las que pertenecen a su cadena de valor y las que son económicamente dependiente de ellas:
• El 85% de la cotización a la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta para las empresas de menos de 50 personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020.
• 75 % de la cotización a la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta para las empresas de 50 y más personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020.
Estos porcentajes se aplicarán a todos las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de octubre, o que la hubieran reiniciado desde el 12 de mayo, así como a aquellos que se mantengan en situación de suspensión de contrato o reducción de jornada hasta el 31 de enero de 2021, en los porcentajes de jornada afectados por la suspensión.

¿Se prevé que se puedan solicitar nuevos ERTE vinculados a exoneraciones por fuerza mayor derivada de la Covid-19?
Las empresas, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan, afectadas en su actividad por la Covid-19 podrán acceder a nuevos ERTE exonerados. Concretamente los supuestos previstos son los siguientes:

  1. Las empresas que en alguno de sus centros de trabajo vean impedido el desarrollo de su actividad como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de octubre de 2020, por autoridades españolas o extranjeras y por los centros de trabajo afectados por el cierre, previa tramitación de un ERTE por fuerza mayor.
  2. Las empresas que en alguno de sus centros de trabajo vean limitado el desarrollo de su actividad económica normalizada como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, por los centros de trabajo donde sufran esas limitaciones y por las personas trabajadoras en situación de suspensión de contrato o reducción de jornada, previa tramitación de un ERTE por fuerza mayor.

¿Cuál es el procedimiento para que las empresas que vean impedida o limitada su actividad económica puedan exonerarse de las cuotas de la Seguridad Social?
Las empresas cuya actividad económica se vea impedida por nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria o se vean limitadas en el desarrollo de su actividad normalizada por decisiones o medidas de las autoridades competentes en los términos descritos en el Item anterior y por los centros de trabajo afectados, deberán tramitar un expediente de regulación temporal de empleo, conforme a lo previsto en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores.

¿Cuáles son los porcentajes a aplicar en los ERTE por impedimentos o limitaciones de actividad derivados de las nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria?

  1. Para las empresas que tengan su actividad impedida por nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria:
    a) Empresas con menos de 50 personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020.
    El 100% de la aportación empresarial por la cotización a la Seguridad Social, así como la relativa a las cuotas de aportación conjunta, durante el periodo de cierre con el límite del 31 de enero de 2021, respecto de las personas trabajadoras, los centros de trabajo afectados y por el período de duración de las nuevas medidas.
    b) Empresas con 50 o más personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020.
    El 90 % de la aportación empresarial y cuotas por conceptos de recaudación conjunta, durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021, respecto de las personas trabajadoras, los centros de trabajo afectados y por el período de duración de las nuevas medidas.
  2. Para las empresas que tengan limitaciones en el desarrollo normalizado de su actividad:
    a) Empresas con menos de 50 personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020.
    La exención respecto de la aportación empresarial y las cuotas de recaudación conjunta devengadas en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021 será el 100 %, 90 %, 85 % y 80 %, respectivamente, para las personas trabajadoras que tengan sus jornadas suspendidas o reducidas en los centros de trabajo donde esté limitada la actividad y por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión.
    b) Empresas con 50 o más personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020.
    La exención respecto de la aportación empresarial y las cuotas de recaudación conjunta devengadas en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021 será el 90%, 80%, 60% y 50% respectivamente, para las personas trabajadoras que tengan sus jornadas suspendidas o reducidas en los centros de trabajo en los que esté limitada la actividad y por los periodos y porcentajes de jornada afectados por a suspensión.

¿Se pueden transformar ERTE por Fuerza mayor vigentes en ERTE por causas económicas organizativas y de producción -ETOP-?
Sí, se puede tramitar un ERTE ETOP mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor, y en el caso de que el ERTE ETOP se inicie tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.

¿Se pueden prorrogar los ERTE ETOP una vez finalizado el plazo pactado por las partes?
Sí, se pueden prorrogar ante la autoridad laboral receptora de la comunicación final del ERTE, siempre que se llegue a un acuerdo durante el periodo de consultas. La prórroga deberá ser tramitada conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre y con las especialidades incluidas en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.


¿Tienen derecho a exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social los ERTE ETOP?
Los ERTE ETOP que tienen derecho a exoneraciones son los siguientes:

  1. Los ERTE ETOP, posteriores al 1 de octubre de 2020 que provengan de una transformación de ERTE por fuerza mayor o que se iniciaran al finalizar un ERTE por fuerza mayor, siempre y cuando el ERTE por fuerza mayor del que provienen tuviera derecho a exoneraciones de cuotas a partir del 1 de octubre de 2020 y en la misma cuantía que correspondiera a dicho ERTE.
  2. Los ERTE ETOP que tuvieran derecho a exoneraciones a 30 de septiembre de 2020, siempre que cumplan los mismos requisitos establecidos en los ERTE de fuerza mayor para ser considerados empresas pertenecientes a un sector con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación, o empresas dependientes o integrantes de la cadena de valor de aquellas.

¿Existe alguna diferencia en la protección por desempleo de las personas trabajadoras incluidos en ERTE por Fuerza Mayor previstos en el artículo 22 del RDL 8/2020, los ERTE ETOP del artículo 23 del RDL 8 /2020 y por ERTE por suspensión o limitación de actividad previstos en el artículo 2 del RDL /20?
No. La protección por desempleo de las personas trabajadoras es idéntica con independencia del ERTE en el que se encuentren incluidos, siempre que éste, ya sea por fuerza mayor, ETOP o de suspensión o limitación de actividad económica derive de la crisis del COVID-19.

¿Existe un nuevo compromiso de mantenimiento del empleo?
Sí, para aquellas empresas que reciban exoneraciones conforme a lo previsto en el RDL 30/2020, de 29 de septiembre, se abre un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo que comienza a contar desde la primera reincorporación al trabajo de un trabajador afectado por el ERTE.
o desde que finalizara el anterior compromiso del empleo de ser esa fecha posterior.

Puedes descargar la guía de Preguntas frecuentes sobre las nuevas medidas del III Acuerdo Social En Defensa Del Empelo (prórroga de los ERTEs hasta el 31 de enero de 2021) formato pdf en este enlace.

Resumen actualizado del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. Explicación por artículos y dudas planteadas.

Artículo 1:

ERTES FUERZA MAYOR.

Los ERTES suspensivos y por reducción de jornada por Fuerza Mayor autorizados hasta la fecha se prorrogan automáticamente hasta el próximo 31 de enero de 2021.

  • Dudas: ¿Habrá exoneraciones a la Seguridad Social para esta prórroga? Si es así, ¿Cuáles son los % de exoneración? ¿Se prorrogan los % de exoneración previstos hasta 30 de septiembre? ¿Es el mismo % para trabajadores recuperados y para los afectados por reducciones de jornada?

Artículo 2:

ERTES POR REBROTE.

Concepto ERTE por Rebrote y empresas que se pueden ver beneficiadas por el mismo:

  • Empresas o entidades que independientemente del sector o actividad vean impedido el desarrollo de su actividad como consecuencia de las nuevas restricciones o medidas de contención sanitarias adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020 por autoridades españolas o extranjeras y tengan previamente autorizado un ERTE.
  • Empresas o entidades que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de las decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, previa autorización de un expediente de regulación temporal de Fuerza Mayor por limitaciones (este inciso da pie a pensar que es un nuevo tipo de ERTE no un complemento del anterior, ya que, en caso contrario, entendemos que debería poner previa autorización de un ERTE por FM en base al artículo 22 del RD 8/2020.

Se accederá a estas exoneraciones a instancia del empresario y previa comunicación por su parte a los organismos competentes de los trabajadores afectados y los periodos de suspensión y reducción de jornada afectados. Todo ello, mediante declaración responsable.

La renuncia expresa al ERTE determina el fin de las exoneraciones desde la fecha de efectos de la renuncia, debiéndose comunicar a la TGSS y a la Autoridad Laboral.

Estas exoneraciones no afectarán a la cotización de los trabajadores, es decir, ni los que se vean afectados por suspensiones ni por reducciones de jornada verán mermadas sus cotizaciones, sino que seguirán cotizando al 100% de su jornada habitual previa al ERTE. Ejemplo: Trabajador reducido a un 50% de su jornada, su cotización es del 100% es decir, como si hiciera una jornada del 100%.

Artículo 3:

ERTE POR CAUSAS ETOP.

Estos ERTEs se tramitarán manteniendo las particularidades del artículo 23 del RD 8/2020. Ejemplo: el periodo de consultas no se puede extender más allá de los 7 días.

Estos ERTEs pueden iniciarse:

  • Mientras está vigente el de FM: en este caso, si el ERTE ETOP es finalmente autorizado, su fecha de efectos se retrotrae a la fecha de solicitud.
  • Después de finalizar el ERTE de FM: la fecha del ERTE ETOP se retrotrae a la fecha de fin del ERTE de FM.

ERTEs ETOP tramitados antes de la entrada en vigor de este RD 30/2020:

  • Mantienen su vigencia hasta la fecha prevista de fin de los mismos con posibilidad de prorrogarse en caso de que la fecha de fin cayera durante la vigencia del RD 30/2020, siempre que se consiga acuerdo en periodo de consultas.
  • La prórroga se tramitará ante la Autoridad Laboral receptora de la comunicación final del ERTE ETOP inicial.
  • Duda: ¿Cuál será el % de exoneración de estos ERTES?

Artículo 5:

SALVAGUARDA DE EMPLEO.

Se mantiene la garantía de empleo de los 6 meses para los trabajadores afectados por el ERTE.

Cabe recordar que el acceso a las bonificaciones y el no retorno de las ya aplicadas depende de cumplir con este mantenimiento de empleo, ya que en caso de incumplimiento pese a ser un solo trabajador, implica el retorno completo (todos los meses y todos los trabajadores) del importe exonerado.

Las empresas que se beneficien de las exoneraciones anteriormente referenciadas quedan sujetas a un nuevo periodo de mantenimiento de empleo de 6 meses.

Si la empresa afectada por un compromiso de mantenimiento de empleo previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo de 6 meses se producirá cuando aquél haya terminado.

Artículo 6:

PROHIBICIÓN DE DESPEDIR EN BASE A CAUSAS ETOP O FUERZA MAYOR DERIVADAS DEL COVID-19 (al declararse improcedentes e implicar, si es una persona afectada por ERTE, el retorno de las exoneraciones al no cumplirse con el mantenimiento de empleo de 6 meses).

EXTENSIÓN DE LOS CONTRATOS EVENTUALES QUE VENCEN DENTRO DEL PERIODO AFECTADO POR EL ERTE POR EL TIEMPO QUE EL CONTRATO HAYA RESTADO SUSPENDIDO ENTRE EL INICIO DE LA AFECTACIÓN AL ERTE Y LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL MISMO.

Artículo 7:

PROHIBICIÓN DE LA REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS, EXTERNALIZACIONES Y NUEVAS CONTRACTACIONES, se EXCEPTUAN personas afectadas que no puedan por formación, capacitación o razones objetivas justificadas desarrollar las funciones encomendadas. También en el caso de que la empresa no tenga ninguna persona contratada o con la categoría para la función concreta a desarrollar

No cumplir con lo dispuesto implica cometer una infracción sujeta a Inspección de Trabajo.

Artículo 8:

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO.

Se extienden al igual que los ERTEs hasta el 31.01.2021 las prestaciones por desempleo.

IMPORTANTE: las empresas afectas por las prórrogas y las que apliquen un ERTE por causas ETOP a fecha de entrada en vigor de esta norma, deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del 20.10.2020.

Las empresas que desafecten a todos o algunos de los trabajadores del ERTE, lo deben comunicar con CARÁCTER PREVIO a su efectividad a la entidad gestora. Igualmente la renuncia total y definitiva del ERTE requiere su previa comunicación.

IMPORTANTE: se mantiene el importe a percibir, sin perjuicio de los topes en función de la situación familiar concreta, del 70% de la base reguladora de los 6 meses previos al ERTE inicial, todo ello hasta 31 de enero de 2021.

Casos de regularización de las prestaciones por desempleo cuando en un mes natural se alternen periodos de actividad e inactividad, así como reducciones de jornada, la empresa deberá comunicar la información sobre los días trabajados en el mes anterior (periodos de actividad).

En el caso de las reducciones de jornada se convertirán en días equivalentes de actividad, (2 días a jornada del 50%, son 1 día a jornada completa). Todo ello con carácter previo a la aplicación de la reducción de jornada.

Nº horas trabajadas efectivamente/nº de horas de una jornada habitual sin reducción de jornada.

PROTECCIÓN AL CONSUMO DEL DESEMPLEO.

Con el fin de proteger a las personas afectadas por la crisis socio sanitaria y ERTES, NO se computarán en ningún momento como consumidas de cara al desempleo durante el ERTE antes del 01.01.2022 que accedan a un nuevo derecho a percibirlo y sea como consecuencia de el fin de un contrato temporal, despido individual o colectivo por causas ETOP o despidos declarados improcedentes.

Artículo 9:

PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS DE LOS FIJOS DISCONTINUOS.

Los beneficiarios serán los FIJOS DISCONTINUOS afectados durante todo o parte del periodo de actividad por un ERTE cuando dejen de estar afectados por el ERTE por fin temporada.

Asimismo, los fijos discontinuos que hayan sido beneficiarias de cualquiera de las medidas siempre que las hayan agotado, continúen desempleadas y sin derecho a percibir las prestaciones por desempleo o las agoten antes del 31.01.2021.

Se exige que la empresa presente la solicitud de prestaciones extraordinarias incluyendo a todos los fijos discontinuos que dejen de estar afectados por el ERTE.

 El plazo de presentación es de 15 días siguientes al fin temporada o para las situaciones previas a este RD, 15 días desde la entrada en vigor del mismo.

La prestación se prevé hasta el 31.01.2021 y podrá interrumpirse por reincorporación total en cuyo caso la empresa debe comunicar la baja de dicha prestación

Será el trabajador quien deberá comunicar dicha baja cuando inicie una actividad como autónomo o por cuenta ajena en una empresa diferente en la que está contratado como Fijo Discontinuo.

Dicha prestación se puede reanudar cuando el trabajador acredite el cese involuntario como autónomo o se encuentre de nuevo en desempleo, eso siempre previo al 31.01.2021.

Dicha prestación es compatible con el trabajo a tiempo parcial por cuenta ajena que se tenga al nacer el derecho a recibir dicha prestación o aquel iniciado a posteriori, previa deducción en su importe por la parte proporcional del tiempo trabajado.

EMPRESAS PERTENENCIENTES A SECTORES CON ELEVADA TASA DE COBERTURA POR ERTE Y REDUCIDA TASA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVIDAD:

CONCEPTO: Las empresas con ERTE por FM prorrogados hasta el 31.01.2021 y que se incluyan en la lista expuesta en el Anexo I del RD 30/2020.

También aquellas empresas cuyo negocio dependa indirectamente y en su mayoría de las empresas referidas en este Anexo o que formen parte de la cadena de valor de éstas.

Se entiende por ser integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente aquellas cuya facturación durante el año 2019 se haya generado, al menos un 50% en operaciones hechas de forma directa con las incluidas en el Anexo I, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada por empresas incluidas en dichos códigos CNAES del Anexo I.


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Nicolás Emery, repasando la actualidad laboral y dando pautas a empresarios y trabajadores sobre ERTEs, despidos y más, en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM

De nuevo Nicolás Emery, gerente de Moya & Emery asesores, en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM para dar un repaso a la actualidad laboral con un resumen de la situación actual y dar ciertas pautas acerca de cómo deben afrontar la nueva situación los empresarios, qué deben hacer con los contratos que finalizan o cómo actuar ante un trabajador que sistemáticamente da positivo en los test de detección del covid-19 y todo al hilo del anuncio por parte de la Ministra de Trabajo en su reciente visita a Baleares sobre la intención del Gobierno de extender los ERTEs más allá del 30 de Septiembre.

También, desde el prisma opuesto, el del trabajador, el abogado y economista Nicolás Emery ha expuesto su parecer acerca de qué debe hacer un empleado ante un despido por parte de la empresa en circusntancias y supuestos diferentes.

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Artículo de opinión de Marga de Matos para Canal4diario

¿Cuántos platillos pueden hacer girar en el aire los malabaristas inspectores de Trabajo?

El Gobierno dice que uno más: el control del cumplimiento de las normas de salud e higiene en el trabajo.

Por si los inspectores de Trabajo no tuvieran ya suficiente carga de trabajo con la campaña específica de inspecciones presentada el pasado 1 de julio de 2020 por parte del Ministerio de Trabajo en aras a controlar y evitar fraude en los ERTES, el Gobierno ha otorgado una nueva facultad extraordinaria a la Inspección de Trabajo: la disposición final duodécima del Real Decreto 26/2020, 7 de julio otorga a los inspectores competencias propias de Sanidad, haciendo caso omiso a las quejas por parte de los sindicatos de la Inspección sobre su falta de medios, recursos y tiempo material para asumir la ingente cantidad de trabajo generada por la pandemia del COVID-19, quienes han facilitado la exorbitante cifra media de 268 ERTES asignados a cada inspector. Ahí es nada.

Concretamente la disposición final duodécima del Real Decreto 26/2020, 7 de julio, establece en su apartado 4:

Se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrantes del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de Seguridad y Salud Laboral para vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) del artículo 7.1, y en el párrafo d) del mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras.

Dicha habilitación se extiende a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas para realizar funciones técnicas comprobatorias, a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con las facultades que tienen atribuidas.

Según el Gobierno, esta facultad está pensada para que se cumplan escrupulosamente las medidas de seguridad y salud impuestas hace un mes, en aras a prevenir el contagio del COVID-19. Y es que durante la desescalada, uno de los principales lugares en el que se corre el riesgo de contagio es en el centro de trabajo.

Por ello, el Gobierno ha facultado de manera extraordinaria y temporal a los a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social a través de las comunidades autónomas para vigilar a las empresas en la implantación de las medidas obligatorias de seguridad e higiene para la protección de sus trabajadores ante el Covid-19.  El Ejecutivo entiende que, de esta manera, se dará una respuesta rápida y eficiente para controlar la pandemia.

Hasta el momento la Inspección de Trabajo se limitaba a simplemente advertir a las empresas sobre la importancia de cumplir con las medidas de seguridad y salud en los centros de trabajo y a dar cuenta a Sanidad, organismo competente para la realización de este tipo de funciones.

A nuestro juicio habilitar a la Inspección de Trabajo para realizar funciones de vigilancia sobre las medidas de seguridad y salud es algo descabellado, puesto que, como se ha puesto de manifiesto, la labor de los Inspectores de Trabajo es actualmente excesiva. No daban abasto con lo que tenían y se les sobrecarga de forma añadida atribuyéndoles una nueva competencia que precisaría habilitar a unos 1.050 funcionarios, algo que a día de hoy es prácticamente imposible.

Si no se atienden las quejas y requerimientos de los sindicatos que representan a los inspectores, está nueva normativa y su consecuente habilitación para inspeccionar el cumplimiento de la normativa de higiene  y salud en la empresa se convertirá en papel mojado o no podrá ser llevada a cabo con la efectividad que se debería.

Junto a ello, no debe olvidarse el posible conflicto de competencias que esta nueva atribución puede suponer, puesto que las funciones que se pretenden asignadas a la Inspección de Trabajo son propias de las autoridades sanitarias, que son las que mejor conocen cómo realizar dichas funciones –para eso están-. Además, cabe recordar que la función de la Inspección de Trabajo es muy amplia, no reduciéndose a la prevención de riesgos laborales, sino que se extiende, entre otras a materias laborales de Seguridad Social y protección social, colocación, empleo, formación profesional para el empleo y protección por desempleo, economía social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en el empleo, funciones de asesoramiento, asistencia técnica y en su caso, de conciliación, mediación y arbitraje.

Parece evidente que la intención del Gobierno es asustar a las empresas, bajo la amenaza de elevadas sanciones, para que cumplan con las medidas de seguridad y salud. Unas sanciones que oscilan entre los 2.046 € y los 40.985 €, en función del número de trabajadores (a más trabajadores, mayor sanción) y también de si la empresa ya ha sido advertida o ha recibido un requerimiento previo. Conviene reseñar que un incumplimiento de las normas de salud e higiene tendrá la consideración de infracción grave de acuerdo con la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).

No obstante lo anterior, no acertamos a entender cómo el Gobierno atribuye otra función -y de vital relevancia- a la Inspección de Trabajo cuando el organismo competente es Sanidad, y mucho menos es comprensible cuando desde los propios sindicatos representantes de los implicados en la medida -los inspectores de trabajo- se ha puesto de manifiesto que la situación y carga de trabajo que están sufriendo es insostenible para cumplir con sus labores habituales, no disponiendo de los medios ni de la plantilla suficiente. El quid de la cuestión no debería radicar tanto en aprobar con bombo y platillos Reales Decretos repletos de medidas, por muy buen fin que pretendan, sino que las medidas aprobadas vinieran de la mano de una asignación de los recursos necesarios para hacerlas aplicables de forma efectiva. El mero deseo de que algo suceda, por grande que sea, desgraciadamente no lo convierte en realidad. Organismos como el SEPE, la INSPECCIÓN DE TRABAJO o la SEGURIDAD SOCIAL, y todos los funcionarios y personal que los componen, tendrán que hacer malabares con la excesiva carga de trabajo, haciendo girar en el aire con sus palillos multitud de platos, pero no podrán hacer la magia que el Gobierno les está pidiendo con la aprobación de esta medida que les habilita para inspeccionar también el cumplimiento de la normativa de salud e higiene frente al COVID-19. Alguno de esos platos caerá y se romperá. Esperemos que no todos.

Por Marga de Matos Pascual

Uso obligatorio de mascarilla en Baleares y nuevas medidas excepcionales de prevención, contención y coordinación frente al Covid-19

Se anunciaron cambios importantes por parte del Govern y finalmente han llegado, si bien de forma matizada: Ayer se publicaba la resolución de la Consejería de Salud y Consumo que modifica medidas previas concretas sobre prevención y contención del coronavirus y que ahora establece la obligatoriedad del uso de mascarilla en las Islas Baleares. Puedes leer la norma publicada en el BOIB aquí y buscar el apartado específico, que alterna la normativa previa, en lo referente a:

  • Distancia interpersonal y uso obligatorio de mascarilla
  • Aforo de reuniones familiares y sociales
  • Ceremonias y celebraciones nupciales
  • Actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas y centros de formación
  • Medidas específicas para la circulación de público espectador o asistente de actos y acontecimientos culturales en espacios cerrados o al aire libre
  • Medidas específicas en agrupaciones corales y bandas de música
  • Condiciones para la apertura de locales de ocio infantil
  • Medidas relativas al transporte público terrestre
  • Medidas relativas a establecimientos de juego y apuestas

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Entra en vigor en las Islas Baleares el régimen sancionador ante incumplimiento de las normas paliativas del covid-19

El pasado viernes entró en vigor el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, norma balear que fija las sanciones ante los incumplimientos de las normas dictadas para paliar los efectos del COVID-19. Haz clic aquí para ver el archivo en formato pdf

El Decreto Ley consta de tres capítulos, 13 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y dos finales.

El capítulo II contiene un régimen específico de infracciones y sanciones, así como las normas de graduación y de responsabilidad.

Del capítulo III destaca la regulación de la actividad inspectora que, en la Administración de la Comunidad Autónoma se encomienda a todo el personal inspector que tiene esta condición con independencia del órgano al que está adscrito y de las competencias materiales concretas atribuidas a este. Así mismo, se prevé que las actas o denuncias por las infracciones previstas en este Decreto Ley que formulen las policías locales, los servicios de inspección insulares y municipales, en el ámbito de sus competencias, se pueden enviar al órgano autonómico previsto para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, siempre respetando el ejercicio de las competencias atribuidas a los municipios y a los consejos insulares para sancionar los hechos y las conductas infractoras, cuando resulte oportuna. Al extender el acta o denuncia, el inspector podrá proponer la adopción de medidas provisionales o incluso adoptarlas de manera inmediata, en supuestos de riesgo grave para la salud de las personas.

La disposición final primera modifica el apartado 2 del artículo 3 del Decreto Ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad de zonas turísticas, y finalmente, la disposición final segunda establece, por una parte, la entrada en vigor inmediata del Decreto Ley, y por otra, la duración de los efectos del mismo hasta que el Gobierno central declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

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Nuevo artículo de opinión de Nicolás Emery en Canal4 Diario

Es la sangrante realidad que durante el confinamiento ordenado durante el estado de alarma los empresarios han visto paralizados sus ingresos y diferidos, en algunos casos congelados, sus costes fijos de funcionamiento. A los trabajadores por cuenta ajena se les han suspendido sus contratos laborales, contribuyendo el Estado al pago de sus salarios a través del mecanismo de los expedientes de regulación temporal del empleo – ERTE-.

Lejos de cumplirse los objetivos del gobierno con sus medidas paliativas, a día de hoy quedan todavía muchos trabajadores sin cobrar lo debido y además, el Gobierno español parece haber optado por la fórmula más “facilona” para dar solución a los problemas financieros de las empresas para afrontar los pagos: QUE SE ENDEUDEN. Para ello ha decidido avalar a través del Instituto de Crédito Oficial en un alto porcentaje los préstamos que los empresarios soliciten, amén de la situación generada por el Covid-19, a las entidades crédito. Pero se ha dejado en manos de los criterios y las condiciones de los bancos la distribución del ese dinero avalado por el ICO, lo que implica que esa pretendida liquidez no estará al alcance real de todas las empresas, dado que con esta medida los negocios nuevos o jóvenes que no estuvieron de alta o facturaron lo suficiente durante 2019 no podrán, en la mayoría de los casos, financiarse de igual modo que una empresa veterana.

Como profesional de la asesoría legal y financiera a empresas suelo advertir a las mismas que únicamente deberían financiar aquellas tensiones de tesorería futuras, paliando la falta de tesorería pasada mediante otras medidas o mecanismos jurídicos al alcance, como, por ejemplo, a través de la refinanciación de la deuda con los acreedores. Soy de la opinión que la estrategia de endeudamiento, como factor multiplicador (apalancamiento financiero) debe servir de estímulo para crecimiento empresarial con la implantación nuevos procesos de innovación en la gestión y de los procesos de producción de la empresa. La utilización de la estrategia de endeudamiento como factor de crecimiento de la empresa, la mantendrá en el mercado, supondrá la creación de empleo sostenible.  Considero que es la estrategia de sostenibilidad empresarial óptima dentro de un intervalo de proporcionalidad respecto a la inversión realizada por el titular de la empresa: SOSTENIBILIDAD DEL EMPLEO A TRAVES DEL ENDEUDAMIENTO.

Para muchas empresas, el endeudamiento sirve de apoyo para mejorar la rentabilidad financiera del propietario de la inversión empresarial.  Pero entiendo que no debería utilizarse el endeudamiento como solución a cualquier carencia previa relacionada con decisiones no adecuadas en la dirección o la gestión empresarial, evitando entrar en una situación de falta de liquidez la cual pondría en serio riesgo la continuidad de la empresa, con su consecuente destrucción de puestos de trabajo.  No hay que tomar atajos. SE DEBE TRABAJAR LA GESTION ECONOMICA DE LAS EMPRESAS.

A pocas semanas de reiniciarse la actividad económica con las restricciones impuestas por motivos sanitarios, las empresas volverán a estar con sus negocios abiertos nuevamente, pero deben ser conscientes de que tendrán que adaptar sus protocolos internos y externos a la nueva situación, de que hay volver a planificar sobre la base de los distintos escenarios -inciertos- que pueden augurarse y que es imprescindible adaptar el NEGOCIO a las circunstancias.

Una vez solucionadas las tensiones de liquidez y tras la desaparición de los ERTE fuerza mayor, es aconsejable que las empresas durante el mes de junio y con efectos 1º de julio negocien con sus trabajadores un ERTE por motivos objetivos (económicos, técnicos, organizativos y productivos). El objetivo principal del ERTE ETOP será descargar, de manera temporal, parte del coste de la plantilla -mediante la suspensión de contratos de trabajo y/o la reducción de la jornada laboral- sin prescindir de ningún trabajador. NO HAY QUE DESPEDIR. Debe ser una solución NEGOCIADA con la plantilla. Será una medida TEMPORAL y ante todo debe ser una solución FLEXIBLE, de forma que sea posible recuperar trabajadores y devolverlos al desempleo cuando la empresa sufra altibajos de producción o de demanda. Además, la medida deberá tratar igual a todos los trabajadores, sin penalizar a unos por encima de otros.

Al igual que ha ocurrido en otros países, el virus no ha desaparecido y hasta que no exista una vacuna con que combatir eficazmente el COVID–19 la empresa deberá tener un plan de contingencia por si se vuelve a paralizarse la actividad económica en España. HAY QUE ESTAR PREPARADO. El empresario ha de intentar abstraerse del flujo constante y en vivo de información mundial, que además es dispar, para concentrarse en su propio negocio, dejando de lado las políticas económicas nacionales. No debe caer en la tentación de diseñar su nuevo plan de acción de acuerdo con las noticias económicas diarias y debe implantar su personalidad propia siendo fiel a sus propias políticas de financiación y configurar una plantilla de trabajadores acorde a las necesidades del negocio. SUERTE A TODOS EN LA NUEVA ERA EMPRESARIAL.

Por Nicolás Emery, para el diario digital Canal4 Diario de Grup 4. Enlace directo a la publicación del diario digital, aquí

Criterios para la inspección de los ERTEs tramitados

Desde Moya & Emery hemos venido advirtiendo de que los inspectores de trabajo han dado inicio a su labor inspectora con respecto a los ERTEs aprobados para comprobar que se ajustan a derecho y, por ello, que las exoneraciones o bonificaciones que conllevan han sido correctamente aplicadas por las empresas o, por contra, deberán ser devueltas.

De cara a clarificar y unificar criterios de actuación, el Área de Coordinación del Ministerio de Trabajo ha elaborado una NOTA INFORMATIVA que fija pautas de actuación a la Dirección Especial y a las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social en los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) tramitados como consecuencia del impacto económico y social causado por el COVID-19, como documento complementario del previamente elaborado por la Dirección General de Trabajo y dirigido a las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas.

En palabras de la propia nota, el objeto del documento “es procurar que las actuaciones de la Dirección Especial y de las Inspecciones Provinciales en los ERTE derivados del COVID-19 sean homogéneas en todo el territorio nacional. Esa homogeneidad implica que las argumentaciones mantenidas en los informes de la ITSS han de ser coherentes, sin perjuicio de que la valoración de las circunstancias de cada caso ha de corresponder a cada funcionario actuante, que conserva su autonomía técnica y funcional a todos los efectos.”

Los aspectos generales más importantes que deben valorarse por la inspección quedan resumidos en los siguientes:

  • Se considera necesaria la motivación, la justificación y la acreditación de las circunstancias invocadas por la empresa, tanto más cuanto la apreciación de la fuerza mayor dependa de conceptos jurídicos indeterminados (“falta de suministros que impidan gravemente…”, restricciones en el transporte público y… de la movilidad de las personas “que queden debidamente acreditados”, etc.)
  • Se entiende preciso valorar la proporcionalidad de la medida y el equilibrio en el reparto de cargas. No puede olvidarse que el ERTE por fuerza mayor persigue liberar al empresario de la carga de abonar el salario, cuando la prestación laboral deviene imposible como consecuencia de un hecho externo al círculo de la empresa, imprevisible o, en todo caso, inevitable.

    Por tanto, cuando el empresario no tiene una merma de ingresos como consecuencia del hecho externo, no procede la apreciación de fuerza mayor, pues ello provocaría un enriquecimiento injusto del empresario y un perjuicio, tanto para el trabajador, como para el erario público.
  • Debe tenerse siempre en consideración, a efectos de la existencia de una imposibilidad de mantenimiento del trabajo, la previsión del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, según el cual, “se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a
    distancia, debiendo para ello la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario es proporcionado
    ”.
  • Resulta necesario que la actuación no sólo se centre en la apreciación de la fuerza mayor, sino en la constatación de que no existe fraude, bien porque no se haya producido un cese real de la actividad, bien porque se incluyen trabajadores que no deberían estarlo, o bien por cualquier otra causa.

Puedes ver la nota informativa completa en este enlace.

Publicadas las GUÍAS PARA EL SECTOR TURÍSTICO del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con los requisitos para la prestación de servicios

Como empresario en Baleares puede que te interese saber que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha elaborado una serie de GUÍAS para el SECTOR TURÍSTICO a fin de evitar contagios por Covid-19, las cuales reúnen los requisitos necesarios tanto materiales, como de prestación del servicio, de limpieza y desinfección para ejercer las actividades de (haz clic para descargar cada una de ellas):

Estas guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico han contado para su elaboración con la participación de Comunidades Autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los agentes sociales, las asociaciones de cada subsector, expertos participantes en los grupos de trabajo y la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA), coordinados por el Instituto de Calidad Turística, entidad a la que la Secretaría de Estado de Turismo ha encomendado esta labor.