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El Gobierno acuerda de nuevo la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, de medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID, por el que se establece el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, con independencia de la distancia de seguridad, como respuesta al incremento de contagios y de la incidencia acumulada.

Uso de la mascarilla en el exterior

  • Será obligatorio el uso para las personas mayores de 6 años en todos los espacios en el exterior.
  • No será obligatoria la mascarilla en la práctica de deporte individual y en los paseos en espacios naturales (campo, playa, etc.) siempre y cuando se mantenga una distancia de 1,5 metros

Mascarilla en espacios cerrados

  • Todavía será obligatorio llevar la mascarilla en espacios cerrados de uso público, en espacios cerrados abiertos al público, en los medios de transporte público de cualquier tipo, así como privado complementario de hasta 9 plazas, si los ocupantes no conviven en el mismo domicilio.
  • La mascarilla no será obligatoria para pasajeros de buques en su camarote, tampoco en espacios cerrados de uso público que formen parte del lugar de residencias de los colectivos que allí se reúnen (instituciones de personas mayores, instituciones de atención a personas de diversidad funcional, y dependencias destinadas a personas que sean trabajadores esenciales), si bien, como requisito a esta exención -que no será aplicable a los trabajadores ni a los visitantes a estos centros- se establece tener coberturas vacunales con pauta completa superior al 80% y la dosis de refuerzo.

Refuerzo de los recursos humanos

El Real Decreto-ley aprobado recoge dos medidas extraordinarias, que estarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022, y contribuirán a apoyar a las comunidades autónomas:

  • se habilita a los centros sanitarios públicos y privados para que puedan contratar a profesionales de la medicina y de la enfermería para la realización de actividades asistenciales relacionadas con la COVID, manteniendo las prestaciones de jubilación, a la vez que se garantizan los derechos de las personas jubiladas.
  • permite que las comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y el Ministerio de Defensa puedan contratar profesionales sanitarios con título de especialista obtenido en los Estados no miembros de la Unión Europea que cuenten con un informe del Comité de Evaluación conforme a la normativa aplicable.

Otras medidas tendentes a acelerar la vacunación

  • Puesta a disposición de las CCAA de toda la red sanitaria militar de hospitales, para su uso como centros adicionales de vacunación.
  • Suma de 150 equipos de unidades móviles de vacunación con el personal necesario para grabar las vacunas que se van inoculando.

Más medidas y recursos para la atención primaria

El Gobierno ha anunciado que se dotará con más recursos humanos y económicos a la atención primaria, incluso con apoyo de las Fuerzas Armadas. En concreto, se destinarán 7.000 millones de € adicionales a los Servicios de Salud de las comunidades autónomas y 300 millones al Plan de Atención Primaria.

Importancia de seguir manteniendo los usos y medidas preventivas previos

Desde el Gobierno se insiste en que, además del uso de la mascarilla impuesto de nuevo en exteriores, deben seguir manteniéndose el resto de medidas preventivas de distancia, ventilación de espacios e higiene de manos, especialmente en estas fechas de reuniones, desplazamientos y aglomeraciones en las ciudades.

Aumento de las pensiones en 2022

El Real Decreto-ley aprobado incorpora una modificación técnica sobre la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), tal y como ayer quedó aprobado en las Cortes Generales. Concretamente, ha explicado la portavoz, el próximo año las pensiones contributivas subirán un 2,5% y las pensiones mínimas y no contributivas un 3,4%..


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Nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno balear sobre niveles de alerta sanitaria, modificación del plan de medidas de prevención frente al Covid-19 y prórroga de medidas expecionales de contención de la pandemia.

Hoy desde Moya & Emery te acercamos dos recientes normas aprobadas en Consejo de Gobierno que vienen a modificar los niveles de alerta sanitaria en las Islas Baleares, modifican también el plan de medidas de prevención contra el Covid-19, y prorrogan y modifican las medidas de prevención excepcionales aplicables de forma temporal a las islas:

  • Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de mayo de 2021 por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas, se modifica puntualmente el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2021, por el cual se aprobó el nuevo Plan de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las islas, aquí en versión pdf
  • Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2021 por el que se prorrogan y modifican las medidas excepcionales establecidas mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021 para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante el mes de mayo de 2021, aquí en versión pdf

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Empresarios y trabajadores. Su responsabilidad ante contagio por covid-19

EMPRESARIOS

Las responsabilidades que pueden recaer sobre los empresarios en caso de omisión de las medidas de prevención y protección de los trabajadores frente al contagio por Covid-19 son variadas, por ejemplo, pueden causar responsabilidades administrativas.

En concreto, el RD Legislativo 5/ 2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social prevé como infracción grave el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales si este incumplimiento crea un riesgo grave para la salud de los trabajadores.

Las consecuencias derivadas de un contagio por coronavirus pueden llegar a ser muy graves, por lo que, si el trabajador acredita que el contagio se ha producido en el centro de trabajo como consecuencia de la omisión de las medidas de seguridad, podría derivarse para el empresario una infracción de carácter muy grave que, si se denunciara a la Inspección de Trabajo, daría lugar a la imposición de una sanción administrativa, con la multa proporcionada a la gravedad de los hechos.

El RD-Ley 21/2020, de 9 de junio, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge las principales medidas que tendrían que adoptarse en los centros de trabajo para los trabajadores que realizan su trabajo de forma presencial y el RD- Ley 26/2020, de 7 de julio de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, habilitó de forma especial y extraordinaria a la Inspección de Trabajo y a los funcionarios autonómicos para la realización de labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales (vigilancia, requerimientos y propuestas de sanciones ante los eventuales incumplimientos empresariales).

Estas sanciones no agotan otras responsabilidades laborales exigibles en el ámbito de la Ley General de Seguridad Social, por ejemplo si un trabajador sufre un perjuicio en su salud derivado de la falta o insuficiencia de las debidas medidas de seguridad, la empresa podría afrontar la obligación de hacerse cargo del pago de recargo de prestaciones que correspondiera, así como de abonar una indemnización adicional.

En el ámbito penal se podría atribuir a los empresarios esa responsabilidad si se pusiera a los trabajadores en peligro grave para la vida, la salud o la integridad física por no haberse facilitado las medidas de seguridad e higiene adecuadas, basta con que se haya permitido el riesgo, aunque no haya habido un resultado dañino para el empleado. Han de ser infracciones muy graves que impliquen un riesgo muy grave para la vida, salud o integridad física del trabajador. Las penas varían, dependiendo si ha sido un acto consciente de infracción o si ha sido una imprudencia grave, por haber adoptado medidas insuficientes o defectuosas y si desgraciadamente la salud del trabajador resultará gravemente dañada o falleciera.
Además, derivada de la responsabilidad penal, podría surgir responsabilidad civil e incluso cabe la responsabilidad civil contractual, aun sin responsabilidad penal, con base en lo que se establece en el Código Civil: “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”. Esta responsabilidad consistiría en satisfacer al perjudicado una indemnización de daños y perjuicios, que sería fijada en atención a las circunstancias concurrentes y a los daños realmente producidos.

La actual situación requiere una especial diligencia por parte de los empresarios tanto en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales como en la atención a las normas específicas dictadas con ocasión del Covid-19, con sus continuas modificaciones y las aplicaciones concretas en cada comunidad autónoma e incluso en cada municipio en función del avance de la pandemia

TRABAJADORES

Los trabajadores tienen obligaciones en relación al cumplimiento de la normativa general de prevención y de las instrucciones que el empresario les haya indicado, además, corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional.

Entre las obligaciones propias del trabajador se indican las siguientes: no acudir al centro de trabajo si presenta síntomas compatibles con Covid-19, deberán cumplir con el aislamiento domiciliario pertinente si recibe un diagnóstico por Covid-19 o guardar un periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con Covid-19;

El trabajador deberá informar inmediatamente a la empresa y/o delegados de prevención Covid-19 para que puedan llevarse a cabo las medidas de prevención y protección que se consideren oportunas para proteger al resto de los trabajadores y así el empresario tomar las medidas pertinentes, inclusive el aislamiento del resto de los trabajadores si estuviera realizando trabajo presencial.

Si el trabajador incumple lo anterior, puede llegar a ser sancionado por la dirección de la empresa de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable, y si su irresponsabilidad dañase a terceros, estaría obligado a responder por la vía civil e incluso el propio empresario podría causar responsable civilmente por el daño a terceros de su trabajador.

Ya ha habido varias resoluciones en el ámbito de la jurisdicción social en las que, principalmente en casos de trabajos con especial riesgo de contagio, se ha reconocido la vulneración por parte de la empresa del derecho a la integridad física de los trabajadores, al no disponerse de medidas preventivas o equipos de protección.

FUENTE: EAL – Consejo General de Economistas

Sobre la ampliación de los ERTEs más allá del 30 de septiembre

¿SE PRORROGARÁN LOS ERTES MÁS ALLÁ DEL 30 DE SEPTIEMBRE?

La respuesta a esta pregunta es la que están esperando muchos empresarios y trabajadores para saber qué deben hacer y en qué situación van a quedar. Y es que a quince días de la fecha fijada para el fin de los ERTES -el 30 de septiembre- todavía no se ha hecho publicación oficial de si éstos van a ser o no prorrogados y las condiciones en que se va a producir esa prórroga en caso de darse.

Lo único que se conoce por el momento es que el Gobierno parece contemplar la posibilidad de alargar los ERTES no hasta final de año sino hasta finales de enero de 2021, es decir, una vez pasadas las fechas de Navidad. Algo a lo que las patronales han mostrado su oposición, entendiendo que determinados sectores como el turístico necesitan de una prórroga mayor, hasta Semana Santa. Se insiste que los ERTES se mantendrán el tiempo que resulten necesarios.

De ser así, quedarían por concretar las futuras exoneraciones y bonificaciones a la Seguridad Social a partir del próximo mes de octubre, así como algunos  temas relativos a las prestaciones por desempleo como el importe que deben recibir las personas afectadas por los ERTES a partir del sexto mes. 

En relación con este último punto, parece haber consenso en cuanto a mantener que el importe a recibir continúe siendo del 70% de la base reguladora y no del 50%, al carecer de sentido dejar a los trabajadores en una situación vulnerable cuando necesitan ayuda más que nunca.

Ahora bien, mantener esta prestación al 70% implica un mayor gasto público con lo cual se plantea la posibilidad de que consuma otras prestaciones como el paro, prestación hasta ahora intacta. Es decir, personas, que tengan o hayan tenido suspendido su empleo más de 6 meses, empezarán a ver como su paro se consume.

¿SE REGULARÁ POR SECTORES ESTA POSIBLE PRÓRROGA Y CONDICIONES?

Es evidente que la incidencia del COVID-19 ha tenido un impacto a nivel general para todo el tejido empresarial, sin embargo, su incidencia no ha sido la misma en todos los sectores. Es manifiesto que las actividades más afectados han sido y son las del sector turístico.

No obstante, las empresas prefieren una regulación general que no por sectores. Se entiende que todas las empresas que mantienen su ERTE es por necesidad no porque así lo deseen.


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Nicolás Emery, repasando la actualidad laboral y dando pautas a empresarios y trabajadores sobre ERTEs, despidos y más, en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM

De nuevo Nicolás Emery, gerente de Moya & Emery asesores, en el consultorio jurídico de Radio Calvià FM para dar un repaso a la actualidad laboral con un resumen de la situación actual y dar ciertas pautas acerca de cómo deben afrontar la nueva situación los empresarios, qué deben hacer con los contratos que finalizan o cómo actuar ante un trabajador que sistemáticamente da positivo en los test de detección del covid-19 y todo al hilo del anuncio por parte de la Ministra de Trabajo en su reciente visita a Baleares sobre la intención del Gobierno de extender los ERTEs más allá del 30 de Septiembre.

También, desde el prisma opuesto, el del trabajador, el abogado y economista Nicolás Emery ha expuesto su parecer acerca de qué debe hacer un empleado ante un despido por parte de la empresa en circusntancias y supuestos diferentes.

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