Desempleo, expediente de regulación de empleo (ERE), expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) y coronavirus

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REQUISITOS PARA PODER ACCEDER LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Se percibe tras la pérdida involuntaria,  definitiva o temporal, de un empleo o tras la reducción de la jornada diaria de trabajo.

Los afectados por un ERE o ERTE deben cumplir los siguientes requisitos para poder acceder a la prestación por desempleo:

  • Estar en situación de desempleo.
  • Inscribirse como demandante de empleo y mantener la inscripción mientras se reciba la prestación.
  • Haber trabajado y cotizado al menos 360 días dentro de los 6 meses anteriores a la situación de desempleo. En caso de haber cotizado un tiempo inferior, se podrá acceder al desempleo en caso si se cumplen el resto de requisitos, y no se obtienen rentas superiores al 75% del SMI (712,50€) sin tener en cuenta el prorrateo de las pagas extras.
  • No haber cumplido la edad ordinaria para jubilarse, excepto si el contrato de la persona está suspendido o afectado por una reducción de jornada.
  • No cobrar por parte de la Seguridad Social una pensión incompatible.
  • En caso de suspensión de contrato, ésta debe haberse hecho por el procedimiento correspondiente, ser temporal y justificada en una causa ETOP (económicas, técnicas, organizativas o de producción).
  • En caso de reducción de jornada, ésta se debe haber reducido entre un 10-70%, con su correspondiente reducción de salario, a través del procedimiento correspondiente y justificándose en la concurrencia de una causa ETOP.

EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) VERSUS EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE)

PROCEDIMIENTO ERTE (ART. 47 ET)

El empresario puede suspender el contrato de trabajo o reducir la jornada de trabajo cuando concurra alguna de las causas ETOP (Económicas, Técnicas, Organizativas, Productivas).

Este procedimiento del ERTE es aplicable independientemente del número de trabajadores de la empresa y del número de afectados.

Se inicia mediante la comunicación a la Autoridad Laboral y simultáneamente la apertura de un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores si los hay (sino con todo el personal que forma la plantilla), con una duración inferior a los 15 días.

En los casos de fuerza mayor, las empresas pueden saltarse esos 15 días y pedir a las Consejerías que se decidan en un plazo máximo de 5 días.

La consulta se hará en una única comisión negociadora, aunque de existir varios centros de trabajo afectados, se suscribirá a todos ellos. Su composición es máximo de 13 personas en representación de ambas partes.

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa se rige por las reglas del art. 41.4 del Estatuto. En función de si se tienen o no representantes de los trabajadores y si el proceso afecta a uno o a varios centros.

En los casos en que no se disponga de representantes de los trabajadores, la comisión representativa estará integrada por quienes sean elegidos por y entre los miembros de las comisiones designadas en los centros de trabajo afectados conforme a lo dispuesto en la letra a), en proporción al número de trabajadores que representen. La comisión debe constituirse previamente a la comunicación de la apertura del periodo de consultas, el plazo máximo es de 7 días y si no se cuenta con representantes de los trabajadores 15 días desde la comunicación de la intención de iniciar un periodo de consultas.

De no haberse constituido la comisión en los plazos referenciados, se podrá continuar con el procedimiento sin perjuicio de su constitución posterior y sin tener el procedimiento carácter retroactivo.

La autoridad laboral dará traslado de la comunicación empresarial a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de dicha comunicación y sobre el desarrollo del periodo de consultas. El informe deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de quince días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado al procedimiento.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas y solo podrá impugnarse ante la jurisdicción laboral por concurrencia de fraude, dolo, abuso de derecho, coacción.

Se debe negociar de buena fe y el acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales o miembros de la comisión paritaria siempre que representen a la mayoría de los centros afectados.

Tras la finalización del periodo de consultas el empresario notificará a los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de contratos, que surtirá efectos desde la fecha de su comunicación a la autoridad laboral y ésta a su vez a la entidad gestora del desempleo.

ERTE POR FUERZA MAYOR

Es aquél que se produce cuando por causas sanitarias las empresas se ven obligadas a suspender la actividad empresarial. A día de hoy para velar por la salud y seguridad de los trabajadores. Ejemplo: detección de algún caso de coronavirus en la plantilla que obligue al cierre para evitar contagios.

En estos casos la Autoridad Laboral una vez presentada la solicitud y recabado el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, deberá dictar en el plazo de 5 días la resolución limitándose a constatar la concurrencia o no de la fuerza mayor alegada. Si no se constata la fuerza mayor, la empresa podrá iniciar un ERTE por concurrencia de causas ETOP.

ERTE POR CAUSAS ETOP

Es aquél que se produce por descenso de la actividad como puede ser por una disminución de pedidos y ventas, o la imposibilidad de continuar con la actividad por la falta de demanda o de materiales de los proveedores (casos por tanto, en los que no haya habido infectados en la propia empresa).

En estos casos se debe hacer constar en la comunicación del empresario:

  • Las causas de las suspensiones o reducciones de jornada.
  • El número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por la medida.
  • Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente por la empresa en el último año de actividad.
  • Concreción de las medidas de suspensión o reducción.
  • Criterios tenidos en cuenta para la designación de los afectados.
  • Representantes de los trabajadores integrantes de la comisión negociadora.

Simultáneamente a la entrega de la comunicación de apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores, la empresa deberá hacer llegar a la autoridad laboral una copia de la misma a la autoridad laboral, junto con la memoria explicativa de las causas, la solicitud del informe a los representantes de los trabajadores y la documentación que acredite las causas alegadas.

El periodo de consultas, con una duración máxima de 15 días, tiene por objeto alcanzar un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores sobre las medidas de suspensión o reducción. 

Durante el desarrollo del mismo, ambas partes deberán negociar de buena fe.

A la finalización del periodo de consultas, la empresa deberá comunicar a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si no hubiese sido posible llegar a un acuerdo, la empresa comunicará a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral en el plazo máximo de 15 días desde la última reunión del periodo de consultas cuál es su decisión sobre las medidas de suspensivas o de reducción.

En cualquier caso, la comunicación debe prever el calendario de suspensiones de los contratos de trabajo o de las reducciones de jornada, individualizando los días concretos en que se verán afectados cada uno de los trabajadores.

Tras dicha comunicación, el empresario podrá proceder a notificar individualmente a los trabajadores afectados la aplicación de las medidas de suspensión o reducción. La autoridad laboral competente deberá trasladar esta comunicación empresarial  al Servicio Público de Empleo que se haga cargo de las prestaciones por desempleo y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, sin perjuicio de la ejecutabilidad de la decisión empresarial, evacuará informe en el plazo máximo de 15 días

Summary of the economic, social, sanitary, labor and regarding leisure measures approved in the extraordinary Council of Ministers of march 12th to fight the coronavirus

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The economic measures included in today’s Royal Decree Law are a first package of urgent measures, which will take effect immediately. But these will not be the last measures.

This afternoon I will have a videoconference, as you know, with the Social Agents, specifically with the leaders of the main unions and employers, to explain the measures adopted and discuss with them other possible necessary actions, which would be approved in the following days, such as benefits for working families for the care of children due to the closure of the educational centres to which I have previously referred (or others such as internal adjustment measures for staff to protect employment or temporary postponements of social contributions for PYMES).

Naturally, the economic response to this emergency would be facilitated if we could already count on new General State Budgets, which are increasingly urgent. Some General Budgets that will have to be no longer social, because they will have to alleviate the ravages of an emergency that is sanitary but is also economic. If new budgets were necessary a month ago, the crisis we are going through makes them urgent.

IN THE TAX FIELD

  • Deferrals and instalments of your tax debts with the Administration for a period of six months, without interest. In other words, we are going to grant deferrals of their tax debts with the Administration for 6 months without interest
  • Deferral of repayment of loans from the Ministry of Tourism, Industry and Commerce to industrial companies

IN THE SCHOOL FIELD

Cancellation of educational activities (kindergartens, schools and universities) and encouraging distant and online training.

IN THE WORK FIELD THE FOLLOWING IS RECOMMENDED

  • Promotion on behalf of the companies to carry work out by teleworking.
  • Preparation and updating, when appropriate, of business continuity plans of the company where the updates to be carried out due to the situation originated by the coronavirus.
  • Promotion of flexibility of hours and staggered shifts
  • Teleconference meetings are better alternatives to conventional meetings.

IN THE TRANSPORT FIELD

  • Avoid trips which are not essential.

IN THE SANITARY FIELD

  • All people who start having respiratory symptoms and / or fever should remain at home, avoiding going to their workplace and health centres as long as their clinical condition allows it.
  • All elderly people or those who suffer from chronic or multipathological diseases or with states of congenital or acquired immunosuppression, should avoid leaving their home or residence except in cases of strict need and, in any case, should avoid crowded places where it is not possible maintain an interpersonal safety distance of at least one meter.
  • Promote home care for the elderly.
  • Restriction of access to the patient’s companions in hospital emergencies and social and health centres. It is recommended to reduce visits to elderly people who are in social and health centres.

IN THE LEISURE FIELD

  • All cultural events and activities involving more than 1.000 assistants in closed spaces will be cancelled.
  • All cultural events and activities involving less than 1,000 assistants must reduce their capacity to 1/3 to ensure a distance of at least 1 meter between assistant.
  • All national and international sports events, professional and non-professional, will be held behind closed doors or cancelled.
  • Suspend Imserso travel for one month, as they are the most vulnerable group to this disease, our elderlies, and we have established that all major sporting events, professional and non-professional, in national or international competitions, are held behind closed doors in all our country.

IN THE WORK FIELD

  • Expanding the Social Security bonuses in discontinued fixed contracts, so that these bonuses now cover the months of February to June 2020.
  • Infected people – or in preventive isolation – are considered to be temporarily disabled due to professional contingencies. This implies that, from the day following the sick leave, these people receive 75% of the regulatory base charged to the Public Administration.
  • Recommend teleworking to avoid displacement. Or, in the case, the organization of staggered shifts in companies to reduce concentrations of people and the consequent risk of infection.

Given the economic-labour-work measures that the President of the Government has communicated after today’s Extraordinary Council of Ministers, it seems that the most effective measure that the company will have to do will be the processing of the CRISIS file consisting in the suspension of employment contracts of its workers temporarily. This file is better known as ERTE- Temporary Business Regulation File.

The ERTE allows various actions, such as:

  • Suspension of employment contracts temporarily. They go on to collect unemployment benefit (PARO)
  • Reduction of the working day and jointly share with the SOIB the payment of the wages with the payment of the employment subsidy (PARO).
  • Negotiate new salary conditions (salary reduction without touching the working day).
  • Dismissal of Workers for economic reasons.

PROCEDURE

Documentation for temporary suspension of employment contracts or reduction of working hours.

The procedure begins by communicating the opening of the consultation period through a letter from the employer to the legal representatives of the workers, a copy of which will be sent, together with the communication, to the Labour Authority.

The consultation period with the legal representatives of the workers will last no more than 15 calendar days (if there is an agreement between the workers and the company, the process can be started immediately)

COMMON DOCUMENTATION TO ALL PROCEDURES FOR SUSPENSION OF CONTRACTS OR REDUCTION OF WORKING HOURS

A) Official forms duly completed, specifying the causes of the suspension of contracts or reduction of working hours.

B) Official annexes of affected workers duly completed, indicating their number and professional classification, for the purposes of their future referral to SEPE. When the regulation file affects more than one work centre, this information must be broken down by centres, and in the case, province and Autonomous Community.

C) Number and professional classification of workers regularly employed in the last year. When the regulation file affects more than one work centre, this information must be broken down by centres, and in the case, province and Autonomous Community.

D) Power of Attorney that proves the legitimacy of the representative who formulates the communication on behalf of and representing the company. In the event that it is a natural person, D.N.I. of the person making the communication.

E) Specification and detail of the measure of suspension or reduction of working hours.

F) Criteria taken into account for the appointment of the workers affected by the suspension or reduction measure.

G) Report explaining the cause of the suspension or reduction of working hours of the contracts.

H) Documentation accrediting the conjunctural situation of the company’s activity.

I) Information on the composition of the workers’ representation, as well as the negotiating committee for the procedure, specifying in the event of several work centres affected if the negotiation is carried out globally or differentiated by work centres. Likewise, the work centres without unitary representation and communication document referred to in the section must be informed. 4, Art. 26, Royal Decree 1483/2012, of October 29, or, where appropriate, minutes relating to the attribution of representation to the commission mentioned in the aforementioned provision.

J) Request for a report to the legal representatives of the workers, in accordance with letters a) and b) of section. 5, Art. 64, Statute of Workers.

K) Accredit delivery of the documentation collected in Art. 17, Royal Decree 1483/2012, of October 29th.

Resumen del paquete de medidas (económicas, sociales, sanitarias, laborales y sobre ocio) aprobadas este Jueves 12 de Marzo contra el coronavirus

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Las medidas económicas incluidas en el RD-Ley aprobado hoy son un primer paquete de medidas urgentes, que entrarán en vigor de forma inmediata. Se estima que no serán estas las últimas medidas al respecto.

Esta misma tarde se prevé una reunión mediante videoconferencia entre el Presidente del gobierno con los Agentes Sociales y líderes de los principales sindicatos y patronales, para explicarles las medidas adoptadas y abordar otras posibles acciones a aprobar en los próximos días, como pueda ser la prestación para familias trabajadoras para el cuidado de los menores ante el cierre de los centros educativos u otras como medidas de ajuste interno de las plantillas para proteger el empleo o aplazamientos temporales de las cotizaciones sociales para las PYMES.

Naturalmente, la respuesta económica a esta emergencia ocasionada por el coronavirus se hubiera visto facilitada de contar ya con unos Presupuestos Generales del Estado ya aprobados, que resultan cada vez más urgentes. Unos próximos Presupuestos Generales que tendrán que ser no ya sociales sino extra-sociales, porque deberán paliar los estragos de una emergencia que es sanitaria pero también es económica. Si hace un mes unos nuevos presupuestos eran necesarios, la crisis que estamos atravesando los convierte en apremiantes.

Pasamos a continuación a resumir las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros, según su distinto ámbito de aplicación:

EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO

  • Aplazamientos y fraccionamientos de sus deudas tributarias con la Administración por un plazo de seis meses, sin intereses. Es decir, vamos a otorgar a las pymes aplazamientos de sus deudas tributarias con la Administración por 6 meses sin intereses
  • Aplazamiento del rembolso de préstamos del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio a las empresas industriales

EN EL ÁMBITO ESCOLAR

  • Cancelación de las actividades educativas (guarderías, colegios y universidades) y fomento de la formación a distancia u online.

EN EL ÁMBITO LABORAL, SE RECOMIENDA

  • Promoción o fomento por parte de las empresas para realizar la actividad laboral mediante teletrabajo.
  • Elaboración y actualización, en su caso, de planes de continuidad de actividad de la empresa donde se prevean las actualizaciones a llevar a cabo ante la situación originada por el coronavirus.
  • Fomento de flexibilidad horaria y turnos escalonados
  • Fomento de reuniones por videoconferencia.

EN EL ÁMBITO DE TRANSPORTE

  • Evitar los viajes que no sean imprescindibles.

EN EL ÁMBITO SANITARIO:

  • Todas las personas que inicien síntomas respiratorios y/o fiebre deberán permanecer en su domicilio, evitando acudir a su lugar de trabajo y a centros sanitarios siempre que su condición clínica se lo permita.
  • Todas las personas mayores o que padecen enfermedades crónicas o pluripatológicas o con estados de inmunosupresión congénita o adquirida, deberán evitar abandonar su hogar o residencia salvo por casos de estricta necesidad y, en cualquier caso, deberán evitar lugares concurridos en los que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro.
  • Fomentar el cuidado domiciliario de los mayores.
  • Restricción de acceso a los acompañantes del paciente en emergencias hospitalarias y centros sociales y de salud. Se recomienda reducir las visitas a las personas mayores que se encuentran en centros sociales y de salud.

EN EL ÁMBITO DEL OCIO

  • Todos los eventos y actividades culturales que involucren a más de 1.000 asistentes en espacios cerrados serán cancelados.
  • Todos los eventos y actividades culturales que involucren a menos de 1,000 asistentes deberán reducir su capacidad a 1/3 para asegurar la distancia de al menos 1 metro entre los asistentes.
  • Todos los eventos deportivos nacionales e internacionales, profesionales y no profesionales, se realizarán a puerta cerrada.
  • Suspender los viajes del IMSERSO durante un mes, por ser el grupo más vulnerable a esta enfermedad, nuestros mayores, y hemos establecido que todos los grandes eventos deportivos, profesionales y no profesionales, de competiciones nacionales o internacionales, se realicen a puerta cerrada en todo nuestro país.

EN EL ÁMBITO DE TRABAJO

  • Ampliando las bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos discontinuos, de modo que dichas bonificaciones cubran ahora los meses de febrero a junio de 2020.
  • Las personas infectadas -o en aislamiento preventivo- sean consideradas en situación de incapacidad temporal por contingencias profesionales. Lo que implica que, desde el día siguiente a la baja laboral, estas personas perciban el 75% de la base reguladora con cargo a la Administración Pública
  • Recomendar el teletrabajo para evitar desplazamientos. O, en su caso, la organización de turnos escalonados en las empresas para disminuir las concentraciones de gente y el consiguiente riesgo de contagio.

Tras el paquete de medidas económicas y laborales aprobadas y comunicadas por el Presidente del gobierno tras el consejo de Ministros Extraordinario de hoy, entendemos que la medida más efectiva a la que podrán acudir las empresas será la tramitación de expediente de CRISIS consistente en la suspensión de los contratos de trabajo de sus trabajadores de forma temporal. Este expediente es más conocido con ERTE o Expediente Regulación de Empresa Temporal.

El ERTE permite realizar varias actuaciones, tales como:

  • Suspensión de los contratos de trabajo de forma temporal. Pasan a cobrar el subsidio del desempleo (PARO).
  • Reducción de la jornada de trabajo y compartir conjuntamente con el SOIB el pago de la nómina con el abono del subsidio de empleo (PARO).
  • Negociar nuevas condiciones salariales (reducción de salario sin tocar la jornada laboral).
  • Despido de Trabajadores por motivos económicos. 

PROCEDMIENTO PARA TRAMITAR UN ERTE

El procedimiento se inicia mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a través de escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores, copia del cual se hará llegar, junto con la comunicación, a la Autoridad Laboral.

El periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores tendrá duración no superior a los 15 días naturales (si hay acuerdo entre los trabajadores y empresa se puede iniciar la tramitación de inmediato)

DOCUMENTACIÓN COMÚN A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS O REDUCCIÓN DE JORNADA

A) Impresos oficiales debidamente cumplimentados, con especificación de las causas de la suspensión de contratos o reducción de jornada.

B) Anexos oficiales de trabajadores afectados debidamente cumplimentados, indicando número y clasificación profesional de los mismos, a efectos de su futura remisión al SPEE. Cuando el expediente de regulación afecte a más de un centro de trabajo, esta información deberá estar desglosada por centro de trabajo, y en su caso, provincia y Comunidad Autónoma.

C) Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año. Cuando el expediente de regulación afecte a más de un centro de trabajo, esta información deberá estar desglosada por centro de trabajo, y en su caso, provincia y Comunidad Autónoma.

D) Poder Notarial que acredite la legitimación del representante que formula la comunicación en nombre y representación de la persona jurídica. En el caso de que sea una persona física, D.N.I. de la persona que formula la comunicación.

E) Concreción y detalle de la medida de suspensión o reducción de jornada.

F) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por la medida de suspensión o reducción.

G) Memoria explicativas de la causa de la suspensión o reducción de jornada de los contratos.

H) Documentación acreditativas de la situación coyuntural de la actividad de la empresa.

I) Información sobre la composición de la representación de los trabajadores, así como de la comisión negociadora del procedimiento, especificando en el supuesto de ser varios los centros de trabajo afectados si la negociación se realiza a nivel global o diferenciada por centros de trabajo. Igualmente se deberá informar sobre los centros de trabajo sin representación unitaria y escrito de comunicación a que se refiere el apdo. 4, Art. 26, Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, o en su caso, actas relativas a la atribución de la representación a la comisión mencionada en dicho precepto.

J) Solicitud de informe a los representantes legales de los trabajadores, de conformidad con las letras a) y b) del apdo. 5, Art. 64, Estatuto de los Trabajadores.

K) Acreditar entrega de la documentación recogida en los Art. 17, Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.

Nicolás Emery

Moya & Emery en el consultorio jurídico de Ràdio Calvià sobre Coronavirus y trabajadores fijos discontinuos

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Nicolás Emery Middleton y Marga De Matos Pascual por parte del despacho de abogados MOYA & EMERY Asesoría y Consulting acudieron al consultorio jurídico de Ràdio Calvià, que en esta ocasión versó sobre la incidencia desde el prisma empresarial y laboral del CORONAVIRUS en la economía del país y sobre todo la Balear y qué sucede si un trabajador es afectado por esta enfermedad. Se trataron las medidas previstas por el gobierno para incentivar que los trabajadores no acudan a su puesto de trabajo, la modificación de la normativa respecto a los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) y las cotizaciones.

Moya & Emery en clave laboral sobre el coronavirus y los trabajadores fijos discontinuos

Al hilo del tema principal, el consultorio jurídico trató ampliamente los TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS, qué son, cuándo debe producirse el llamamiento de este tipo de trabajadores, cuáles son los períodos garantizados de ocupación para ellos o sus normas comunes sobre fiestas laborales y vacaciones, además de otros aspectos.

Marga de Matos y Nicolás Emery fueron los profesionales a cargo del último consultorio jurídico en Ràdio Calvià

Introducción a la subida del SMI y sus efectos en las Bases Mínimas de Cotización

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Marga de Matos
Abogada y experta en Relaciones Laborales

Tras la formación del nuevo Gobierno de coalición, las primeras medidas empiezan a entreverse. Una de las más sonadas es la subida del salario mínimo interprofesional (en adelante SMI) a 950€, que se espera que se haga efectiva con la aprobación del Real Decreto el próximo 4 de febrero, con efecto retroactivo al 1 de enero.

Con dicha medida las bases de cotización se verán afectadas, puesto que su cálculo depende de la renta mínima obtenida. No obstante, no será el único campo afectado puesto que los importes límites para poder acceder a desempleo también variarán.

De este modo, si el SMI queda en 950€, anualmente se ganarían 13.300€ (doce mensualidades y dos pagas extras), la cual cosa llevaría a una base de cotización de 1.108€ (13.300/12 mensualidades, periodo de pago de las cotizaciones). Dicha base de cotización, de momento aproximada, sería la que afectaría del grupo 4 al 11, cuya base de cotización es igual o similar al SMI.

En cuanto a los 3 grupos principales, cuyas bases de cotización son superiores al SMI, quedarán posiblemente de la siguiente manera:

  • Grupo 3 (jefes administrativos y de taller): 1.1116€.
  • Grupo 2 (ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados): 1.282,7€.
  • Grupo 1 (ingenieros, licenciados, personal de alta dirección excluidos del art. 1.3c del ET): 1547€.

Pero no solo el régimen general queda afectado con dicha medida. El régimen de empleados del hogar y agrarios también incrementarán sus bases mínimas de cotización. Por ejemplo, en el régimen de empleados del hogar quedará en 7,43€ por hora efectivamente trabajada.

IMPORTANTE:

El SMI no permite que las retribuciones en especie dejen el importe dinerario por debajo de los 950€.

CONSECUENCIAS DE DICHA MEDIDA:

  • Incremento de la recaudación (previsión 247 millones más en el régimen general), lo que implicará unos ingresos de aproximadamente 158,9 millones de €.
  • 21,45 millones de € en el sistema agrario y 13,91€ millones de € en el sistema de empleados del hogar.
  • 52,5 millones de € más por parte del Estado en relación con las prestaciones y subsidios por desempleo.
  • Límites de renta para percibir las prestaciones y subsidios comentados (681,75€ y 909€ en agrario).

COMPLEMENTOS Y EXCEPCIONES:

Complementos: Este aspecto es el que todavía no tiene una respuesta clara ¿qué complementos salariales van a ser compensables? La Audiencia Nacional ya se ha pronunciado, entendiendo que todos los complementos son compensables, Sin embargo, habrá que esperarse al pronunciamiento del Supremo para determinarlo. 

Excepciones: en normas autonómicas y locales para la concesión de ayudas sociales y relaciones sociales, tendrá un valor diferente en función del momento de entrada en vigor:

  • Vigentes a 1 de enero de 2017: 655,2€.
  • Vigentes a partir del 1 de enero de 2017: 707,7€
  • Vigentes a partir del 1 de enero de 2018: 735,9€.

El impuesto AJD: El Supremo rectifica.

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El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ha sido sin duda, del impuesto que más se ha hablado en las últimas semanas. La decisión del Supremo generó mucha polémica, a partir de ahora serán los bancos quien deban asumir el pago del impuesto AJD. El revuelo fué generalizado: Banca, clientes, medios… Todos estabamos ansiosos por comprender la nueva doctrina que marcaba el Supremo.

A raíz de estos acontecimientos, el Supremo decidió debatir la retroactividad de la sentencia. En un primer momento se fijo en 4 años desde la publicación de la sentencia y ¡empieza la controversia! Los Bancos a disgusto por tener que desembolsar millones de euros, los afectados descontentos por el corto periodo en el que se aplica la retroactividad. Las presiones de unos y otros hizo que el Supremo se reuniera el pasado lunes de 5 de noviembre para dar una solución.

La reunión no fue nada fácil, después de 8 horas debatiendo se tuvo que postergar hasta el martes, cuando ya por fín obtenimos el fallo. “El Supremo rectifica y obliga al cliente a pagar el impuesto de las hipotecas” titula la agencia EFE la noticia.

En la prensa encontramos titulares tan contundentes como estos:

  • “El Tribunal Supremo da la razón a los bancos y falla que el cliente pague el impuesto de las hipotecas”
  • “Una guerra en el Tribunal Supremo con más perdedores que ganadores”
  • “Los bancos aplauden la decisión del Supremo: “Preserva la seguridad jurídica”
  • “Un mazazo para un millón y medio de personas”
  • “La Justicia pierde su crédito por ayudar a los bancos”
  • “El Supremo rectifica y rechaza por la mínima que la banca pague el impuesto hipotecario”
  • “Hasta un millón y medio de hipotecados se queda sin recuperar el importe del impuesto AJD”
  • “Un mazazo para un millón y medio de personas”

La pregunta es clara, ¿Por qué el Supremo ha cambiado tan radicalmente de postura? 

Para poder entender esta decisión, debemos analizar qué suponía esta sentencia. La nueva doctrina hacía que todas aquellas hipotecas que no estuvieran prescritas fiscalmente (de 2014-2018) estuvieran afectadas. Eso suponía la devolución del impuesto a más de 1 millón de hipotecas. La media del pago de este impuesto se encontraba en los 4000 €. Hacer las cuentas es sencillo: La Banca tendrían que desembolsarse más de 4mil millones de euros. Estas cifras son abismales, y si tenemos en cuenta que la sentencia dejó la puerta abierta da casi 12 millones de prestamos, podemos comprender el caos que podría llegar a generarse. (48mil millones de euros).

La Banca española no vive su mejor momento. No hace tantos meses sufrió un desplome en bolsa de 15 mil millones de euros. El análisis del mes pasado que realizó el Banco de España tuvo que replantearse a la baja y confirmar la desaceleración económica que sufre nuestro país, tanto por las situaciones políticas conflicitvas que hemos vivido (Cataluña o la moción de censura), como por las situaciones internacionales que nos afectan económicamente. Seguir adelante con la esta doctrina marcada por el Supremo hubiera supuesto otro duro golpe para la salud económica de los Bancos.

Sin embargo, ¿es este hecho suficiente para echar para atrás una sentencia que proponía dar una solución a más de un millon y medio de afectados? No sólo no se devolverá el dinero a las hipotecas firmadas a partir de 2014, si no que el cambio de criterio implica que tendrán que ser los clientes quien hagan frente a este impuesto. En definitiva, volvemos al punto de partida.

Puede que esta sentencia sea un duro mazazo para los afectados, pero todavía no ha intervenido el Tribunal de Justicia Europeo. Tal y como ya hizo con las clausulas suelo, puede que el TJUE intervenga en la causa y las más de 1 millon de hipotecas afectadas puedan ver la luz al final del tunel. Las respuestas han sido inmediata por todos los partidos políticos: desde la solicitud de la movilización ciudadana hasta promesas de suprimir el impuesto. De momento sólo nos queda resignarnos y estar pendiente de las noticias que surigirán alrededor del tema.

 

 

AJD: el único impuesto del que querrás oír hablar.

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Abrimos un nuevo capítulo para las reclamaciones hipotecarias. Después de la Cláusula Suelo llega el “AJD”, el único impuesto del que querrás saber más.

El AJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) es un impuesto que se debe pagar a la Agencia Tributaria al constituir una hipoteca. Al constituir una hipoteca, lo normal era que el deudor hipotecario se encargara de cubrir los gastos del AJD, pero con la reciente sentencia del 16 de octubre del Tribunal Supremos, las cosas cambian.

La Sala de los Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dicta una sentencia por la que declara que deberá ser la entidad financiera la que se encargue de pagar este impuesto.

La cosa tiene su miga, ya que el Tribunal, que es experto en materia tributaria, anula el artículo 68.2 del reglamento del impuesto AJD por considerarlo contrario a la Ley que lo desarrollaba, ya que, el sujeto pasivo de este impuesto que nace del otorgamiento de la escritura de la hipoteca, debe ser a favor de quien se otorga, siendo esta la entidad financiera, ya que es ella a quien le interesa que el préstamo hipotecario se otorgue en escritura pública y se inscriba en el registro de la propiedad, porque si es así, tendrá carácter ejecutivo en el caso de impago por el deudor hipotecario.

Este criterio causa controversia ya que se opone al criterio que ya se encontraba consolidado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS y por lo tanto, pone en entredicho la última sentencia de la Sala de lo Civil del propio TS de febrero de 2018 que establecía en su fallo justo lo contrario.

Ahora que tenemos un poco más claro que es el AJD, viene lo más importante:

¿Quiénes pueden reclamar?

Podrás reclamar si has suscrito una hipoteca en los últimos 4 años. La Asociación de Usuarios Financieros calcula que hay alrededor de 8 millones de prestamos hipotecarios afectados por este fallo del TS, así que es muy posible que puedas reclamar. Si firmaste tu hipoteca antes de 4 años, puedes revisar que exista una cláusula abusiva por gastos impuestos al consumidor que no tendrías que asumir, como otros gastos que ya se vienen reclamando a los juzgados como los gastos de notaría, registro, tasación, etc.

Vale pero… ¿Qué es lo que puedo reclamar?

Podrás reclamar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que seguramente pagaste al constituir una hipoteca. Ahora, tendrá que pagarlo el banco. Este impuesto es gran parte de los gastos relacionados con la firma del préstamo hipotecario.

Y ¿Cuánto dinero se puede reclamar?

Cada comunidad autónoma gestiona el impuesto de forma distinta. El AJD representa un porcentaje sobre la escritura notarial en la que se formaliza la hipoteca. Este porcentaje varía en función de la comunidad autónoma en la que se haya firmado la hipoteca. En Baleares, el tipo general en documentos notariales se encuentra en el 1’2%. Así pues, nos encontramos ante una media de 4000€ que puedes llegar a reclamar.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Se recomienda interponer una reclamación por escrito a la propia entidad financiera y posteriormente al Banco de España, es decir, acudir a la vía extrajudicial. Sin embargo los bancos están derivando estas reclamaciones a la vía Administrativa.

La vía administrativa consiste en acudir a las oficinas de hacienda de las distintas comunidades autónomas. Podrás acudir conforme lo indicado en el artículo 120.3 de la Ley General Tributaria pero sólo podrás recuperar el impuesto de actos jurídicos documentados.

La otra alternativa es acudir a la vía judicial, interponiendo una demanda en la que podrás reclamar no sólo el impuesto AJD si no también todos los gastos derivados de la hipoteca como los de notaria, de gestoría, de tasación, etc.

Si quieres ponerte en marcha y recuperar lo que te pertecene, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estudiaremos tu caso y elaboraremos un plan para conseguir el éxito en tu reclamación. Puedes pedir cita previa en el 971 72 80 10 o venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca, estaremos encantados de atenderte.

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La LOPD cambia de nombre: Nuevo proyecto de ley.

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El pasado 25 de mayo vivimos el “boom” de la protección de datos con la entrada en vigor del nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD). La LOPD quedó anticuada por lo que se ha lanzado un nuevo Proyecto de Ley que cambia el nombre de la ley de protección de datos a : “Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales”

La nueva norma cambia de nombre para reflejar los nuevos derechos que se han adquirido tras la publicación del reglamento. El contenido de la LOPD se actualiza para plasmar las nuevas necesidades que surgen con el uso diario de internet tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida laboral.

Entre las principales novedades que trae esta nueva norma encontramos nuevos derechos para los trabajadores, el derecho al olvido, ayudas para acceder a internet, el acceso a fichero públicos, etc. Vamos a comentar cada uno de estos temas:

DERECHOS PARA LOS TRABAJADORES:

  • Desconexión digital de los trabajadores: los trabajadores con cargos públicos tendrán derecho a la desconexión digital con la finalidad de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto del tiempo de descanso y vacaciones y por otra parte el respeto a su intimidad personal y familiar.  En cuanto a las empresas, serán estas mismas las que deberán elaborar una política de uso responsable de dispositivos con el fin de respetar el derecho a la desconexión laboral en los casos en los que se trabaje de forma total o parcialmente a distancia y sobre todo cuando sea en el domicilio del trabajador y se vinculen dispositivos digitales con finalidad laboral.
  • Acceso de la empresa a contenidos del trabajador: La normativa permitirá a las empresas a acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a sus trabajadores con la finalidad de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales y poder garantizar la integridad de estos dispositivos. Sin embargo existen ciertos requisitos para poder acceder a esta información:
    • Se deberá crear un protocolo de uso de los dispositivos digitales y se comunicará su alcance y límites directamente con los trabajadores.
    • Los protocolos de uso deberán regular con precisión el alcance de la privacidad del trabajador que no pueden anular las expectativas mínimas de protección de la intimidad de los trabajadores con los usos constitucionalmente reconocidos.
    • Para que la empresa pueda acceder a esta información será necesario que el protocolo de uso indique los casos en los que está admitido el acceso a esta información y las garantías previstas para garantizar la intimidad de los trabajadores.
  • Uso de cámaras de vigilancia: La ley contempla que la empresa pueda utilizar las grabaciones obtenidas por cámaras fotográficas y de video. En los casos en los que se necesiten datos relacionados con la localización del trabajador, se podrán obtener siempre y cuando sea para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores que se encuentran en el Estatuto de los trabajadores y se ejerza dentro de la ley. Es importante hacer incapié que la nueva LOPD indica que no podrá haber cámaras en las zonas de descanso, los baños, los vestuarios y los aseos. Por su puesto será obligatorio informar a sus empleados de la existencia y localización de estos dispositivos de grabación y de lo que supondrá descubrir determinadas actuaciones a través de ellos.

DERECHO AL OLVIDO:

El derecho al olvido es eso de lo que tanto hemos oído hablar pero que no tenemos muy claro. En el proyecto de ley se regula también este derecho por el cual los usuarios pueden exigir que se eliminen sus datos personales.

Para que los datos sean eliminados, deberá ser el usuario el que se ponga en contacto con la empresa y podrán hacer uso del derecho al olvido:

  • Cuando los datos recogidos ya no son necesarios para la finalidad para la que fueron obtenidos.
  • Cuando el usuario interesado retire el consentimiento para que se sigan usando esos datos.
  • Cuando los datos de hayan obtenido de forma ilícita.

Pero también existen situaciones en las que este derecho no podrá ser ejercitado:

  • En los casos en los que se establezca que debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión e información.
  • Cuando existan razones de interés público.

MENORES Y EDUCACIÓN DIGITAL:

Con la nueva ley se fija la edad mínima de acceso de los menores a redes sociales sin consentimiento de los padres en los 14 años. El RGPD regula que cada Estado miembro debe poner la fijación de esta edad y debe ser entre los 13 y los 16 años.

En cuanto a la difusión de imágenes de menores en redes sociales, en los casos en los que pueda suponer una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales, puede terminar en una intervención del Ministerio Fiscal.

Sobre la educación digital, se establece la necesidad de que en el ámbito educativo se garantice un uso seguro de los medios digitales, y sobre todo que se respeten los derechos reconocidos en la Constitución española. Con este propósito se insta a los profesores a que se formen en esta materia.

También deberá incluirse el uso seguro de medios digitales dentro de las materias a estudiar en las Universidades y en los temarios de oposiciones a cuerpo superiores de la Administración pública cuando esté relacionado con el ejercicio de sus funciones.

AYUDAS PARA ACCEDER A INTERNET

En el proyecto de ley se menciona también el bono social para facilitar el acceso a internet a todos los sectores de la población. Son varias las razones que existen para establecer este bono, desde la falta de tecnología en zonas poco pobladas, los precios, la obligatoriedad de los trámites por la sede electrónica,… El bono ofrece descuentos sobre las cuotas de acceso a internet en función de las rentas familiares.

  • Derecho a la neutralidad de Internet: en la ley se establece que los proveedores deben proporcionar una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos. También se establece que se deberá garantizar la seguridad de las comunicaciones que los usuarios tengan, tanto si son receptores o emisores, a través de la red.
  • Derecho a testamento digital: Los familiares o herederos de fallecido pueden trasladar a los servicios de la sociedad de información la voluntad sobre el destino o la supresión de los datos, salvo que la persona fallecida lo hubiera prohibido expresamente. Con este nuevo derecho se permite a los ciudadanos designar en sus testamentos a sus herederos digitales para que reclamen ante las empresas de la información facilitada por la persona difunta.

ACCESO A FICHEROS PÚBLICOS Y ECLESIÁSTICOS

La nueva normativa facilitará el acceso de las familias del colectivo conocido como bebés robados a ficheros con sus datos, incluidos los eclesiásticos. Además, se incluye una disposición adicional que hace referencia expresa para que se atiendan las peticiones de acceso a archivos públicos y eclesiásticos que sean objeto de investigaciones policiales o judiciales. Se añade una apartado en el que se garantiza que el derecho a la privacidad no perjudicará a la investigación biomédica.

Estas son las novedades que trae el proyecto de ley para la actualización de la LOPD. Estaremos atentos a las novedades y a su publicación.

Puedes ver el proyecto de ley haciendo click aquí.

EL TJUE confirma que la excedencia por cuidado a los hijos no cuenta en las vacaciones

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  ha sacado una sentencia el pasado jueves 4 de octubre en la que dictamina que la excedencia que se tome por cuidado de hijos, no cuenta como periodo de trabajo efectivo para el cálculo de los días de vacaciones anuales retribuídas.

La excedencia por cuidado de hijos es un tiempo adicional a la baja por maternidad o paternidad y que ambos progenitores pueden solicitar para cuidar a sus hijos. En España la legislación ya especifica que estos periodos no computan para las vacaciones. Tal y como indica la norma, durante esta excedencia, no se genera nigún tipo de derecho a salario, ni si quiera de la parte proporcional de las pagas extraordinarias ni de las vacaciones.

Con esta sentencia, el TJUE no hace más que recordar que existe un derecho comunitario que garantiza un periodo de al menos 4 semanas de vacaciones anuales retribuidas para cualquier trabajador, teniendo en cuenta de que el trabajador ha trabajado durante el periodo pertinente.

Esto no quita que existan situaciones excepcionales que sí deben considerarse en el cálculo de los días de vacaciones. Estas situaciones son la baja por efermedad, por maternidad o paternidad.

La justicia europea hace un inciso para concretar que el permiso parental no tiene la misma categoría que las situaciones de excepción ya que en el permiso parental el trabajador no está sujeto a limitaciones psíquicas o físicas. Así pues, este periódo no debe contar para el cálculo de vacaciones.

La sentencia del TJUE tiene su origen en Rumanía, ya que una trabjadora le denegaron días de vacaciones retribuidas. Después de impugnar la resolución en los tribunales rumanos se trasladó el caso a Luxemburgo donde el jueves pasado se dictó la sentencia en base a la legislación comunitaria.

En Moya&Emery somos expertos en Derecho Laboral así que si necesitas asesoramiento sobre cómo coger una excedencia por cuidado de hijos o sobre cualquier otro aspecto, puedes pedirnos cita previa en el 971 72 80 10. También puedes venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca.

Conoce todos nuestros servicios en www.moyaemery.com

Todos tus trámites de autónomo por vía telemática.

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A partir de hoy, 1 de octubre, empieza una nueva era para los autónomos ya que a partir de ahora todos los trámites que tengan que realizar que estén relacionados con la afiliación, cotización y recaudación de cuotas se deberán hacer por vía electrónica.

Con la entrada en vigor de la Orden ministerial ESS/214/2018 de 1 de marzo de 2018, y después de finalizar el plazo de 6 meses de adaptación (del 1 de abril hasta el 1 de octubre), será obligatorio presentar los trámites por la sede electrónica. Estos trámites son los relacionados con la afiliación, la cotización y la recaudación de cuotas. Además se incluyen la recepción, por comparecencia en la sede electrónica de la Seguridad Social, de las notificaciones y comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La nueva medida afecta a todos los trabajadores por cuenta propia, pero los autónomos no son los únicos que deberán incorporar la sede electrónica a sus trámites. Esta medida también afecta a los trabajadores del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA) y a los trabajadores del grupo 1 del Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Este cambio, en teoría, no debería suponer un gran trastorno para los autónomos ya que hasta el momento, el 85% de las gestiones que realizaban los autónomos ya se hacían por medios electrónicos.

A partir de ahora, los autónomos podrán llevar a cabo sus obligaciones por medio de dos vías: El Sistema Red (Sistema de Remisión Electrónica de Datos) y a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Para poder realizar los trámites a través del Sistema RED deberá hacerse a través de un autorizado que actuará en representación del autónomo.

Para utilizar la sede electrónica, se debe disponer de un sistema de autenticación que garantice la identidad del autónomo, un certificado electrónico admitido por la Seguridad Social, el DNI electrónico y el Sistema Cl@ve. Con estos medios de autenticación, el autónomo puede acceder a todos los servicios que ofrece la sede electrónica de la Seguridad Social.

Sin embargo, puede que este nuevo cambio no sea del todo sencillo para ti. No te preocupes, nosotros podemos llevar a cabo todos estos trámites para ti. En nuestro despacho Moya&Emery somos especialistas en Derecho del Trabajo y trabajamos día a día con la sede electrónica de la Seguridad Social. Si estás interesado en que te asesoremos en estos trámites, o en cualquier otros, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el 971 72 80 10 para pedir tu cita previa. También puedes venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca.

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