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Las ayudas directas a autónomos y pymes no llegarán antes de septiembre

Las ayudas directas a autónomos y empresarios dispuestas por el Gobierno, que para las Islas Baleares ascienden a un total de 855 millones de euros, no llegarán a sus destinatarios antes de septiembre. La gestión de la concesión de dichas ayudas, que fue delegada por el Ejecutivo a cada comunidad autónoma, amén de que los criterios y requisitos para la concesión han variado desde un principio -al menos en las baleares- está provocando dilación en la entrega de las cantidades. Con todo ello, Baleares es una de las que tienen más avanzado el proceso de concesión de ayudas. Pese a que, como se ha avanzado, el importe líquido de las ayudas no llegará hasta más adelante, de entre todas las solicitudes presentadas en nuestra comunidad, el Govern balear ha ido publicando en el BOIB la relación de beneficiarios a quien se ha aprobado conceder las ayudas, que puedes consultar en los siguientes enlaces aquí y aquí.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), a través de su secretario general, José Luis Perea, ha señalado: “El proceso es lento. Las ayudas no van a estar este verano”.

Si quieres más información, lee ea continuación el artículo de Vozpópuli que da cuenta de la noticia:

Las ayudas directas a autónomos y pymes llegarán como mínimo en otoño

FUENTE: Vozpópuli AUTORA: Nerea San Esteban FECHA: 07/08/2021

Según los plazos de las convocatorias establecidas por las comunidades autónomas, los empresarios ya descartan recibir el dinero antes de que acabe el verano

Los 7.000 millones en ayudas directas prometidos por el Gobierno para pymes y autónomos no llegarán antes de septiembre. Aunque las inyecciones monetarias fueron anunciadas por el Ejecutivo el pasado mes de marzo, que la gestión sea a través de las comunidades autónomas está dilatando el proceso, puesto que los plazos son diferentes en cada una de ellas.

Las líneas de ayudas anunciadas están compuestas de dos compartimentos. El primero, uno de 5.000 millones, que se destinará al conjunto de comunidades autónomas. El segundo, de 2.000 millones, será para Canarias y Baleares, por tratarse de los territorios más castigados por la pandemia por la caída del turismo.

No obstante, ninguna ha entregado aún las ayudas, confirman a Vozpópuli fuentes de la patronal CEOE y de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). “El proceso es lento. Las ayudas no van a estar este verano”, confirma José Luis Perea, secretario general de ATA, que apunta a que agosto suele ser un mes inhábil.

En este sentido, ni siquiera confían en que puedan entregarlas ya las comunidades que tienen más avanzado el proceso, como Murcia o Baleares, que terminaron a finales de junio de recibir la documentación de los interesados; Castilla-La Mancha, que hizo lo propio el 19 de julio; o Canarias y Madrid, esta misma semana. Con calendarios diferentes, Navarra tendrá el plazo abierto hasta el 20 de agosto, mientras que Aragón esperará hasta el 10 de septiembre.

De hecho, son varias las que han ampliado el plazo por la dificultad que está suponiendo. “Son ayudas que se tramitan siguiendo los criterios de la ley de subvenciones, son muy farragosas burocráticamente“, señala Perea, que insiste en que va a haber “pocos autónomos beneficiados”. Según sus cálculos, no superará el 12%.

Autónomos y pymes rechazan los criterios

Estas ayudas están destinadas a reducir el endeudamiento suscrito entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, que sirven para cubrir obligaciones de deuda y pagos a proveedores, acreedores financieros y no financieros, así como costes fijos incurridos, procedentes de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. Para recibirlas, las empresas deben registrar una caída de volumen de operaciones anual en 2020 de un 30% como mínimo con respecto a 2019.

Este requisito de deuda es uno de los que más rechazan los empresarios y autónomos, puesto que consideran que es injusto. “Hay que presentar documentos contables justificativos que acrediten una deuda, así que están penalizando a todos aquellos autónomos que son buenos pagadores y han cogido sus ahorros para pagar a suministradores, proveedores…”, reclaman desde ATA. Lo mismo apuntan desde la patronal Hostelería de España, que reseña que estas inyecciones “benefician a quienes tienen deudas frente a quienes han arriesgado su patrimonio para ir pagando esas deudas”

Con todo, no creen que durante el verano vayan a recibir ninguna de las inyecciones. “Si se agilizan mucho, nos llevaríamos una grata sorpresa, pero contamos con que al menos hasta septiembre no empezarán a pagar“, concluye Perea.

El plazo de concesión de las ayudas es hasta el 31 de diciembre de este año y se reparten por comunidades según una serie de criterios: dos tercios dependen de la caída del PIB en 2020, moderado en función de la prosperidad relativa de cada autonomía; algo más de un 20% se distribuye en función de la tasa de desempleo y una novena parte según el paro juvenil.


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Economía aclara: Las ayudas directas para empresas y profesionales llegarán a las empresas, aunque no sean morosas

Las estadísticas que brindan las asociaciones de autónomos y pymes no son alentadoras: el 90% de empresarios y profesionales afectados por caídas de facturación quedan excluidos de las ayudas directas dispuestas hace ya 4 meses por el Gobierno de España y gestionadas por las Comunidades Autónomas (855 millones de € en el caso de Baleares) y, además, a día de hoy, no se han desembolsado ni la mitad de esos siete 7.000 millones de €. Hay dudas entre las CCAA y entre los solicitantes y posibles beneficiarios al respecto de qué costes pueden cubrirse con las ayudas.

Por todo lo anterior el Ministerio de Economía ha querido solventar dichos inconvenientes a través de un documento informativo (que no se ha hecho público) en el que aclara a las CCAA que las ayudas directas de que los empresarios hagan uso si les corresponden podrán destinarse por los mismos al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros (la ayuda debe destinarse primero a pagar la deuda financiera y, dentro de ella, primero a la que tiene aval público) y, por último, a abonar pérdidas contables, excluidas las pérdidas por deterioro del valor puntuales, justificando la existencia de las mismas y siempre que vengan referidas al período entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021 (que es el que cubre el decreto de las ayudas).


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Si quieres más información, lee un interesante artículo en que se da cuenta de esta noticia que te transcribimos a continuación (y pincha los enlaces directos para acceder a ellos en su lugar original de publicación):

FUENTE: LaInformación (y europapress) AUTOR: Fernando H. Valls FECHA: 19.07.2021

Calviño blinda las ayudas a empresas con pérdidas aunque no sean morosas

Economía aclara a las comunidades autónomas que el fondo de 7.000 millones puede ir también destinado a empresas con pérdidas contables por el Covid. Más de la mitad del dinero está sin repartir, según ATA.

El Gobierno dará de 4.000 a 200.000 € en ayudas a empresas y autónomos

Economía quiere que las ayudas directas lleguen ya a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia y se solucionen los inconvenientes que existen. Porque problemas hay, según han hecho saber varias comunidades autónomas al Ministerio y según han denunciado en público Cepyme y ATA. Para intentar avanzar en una solución el Gobierno aclara que aquellas compañías que hayan registrado pérdidas contables con motivo de la pandemia también pueden acceder al fondo de 7.000 millones. Aunque no tengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

Son ya cuatro meses desde la aprobación, en Consejo de Ministros, de ese paquete de ayudas directas a pymes repartidos entre Canarias y Baleares, a los que les correspondió 2.000 millones, y el resto de autonomías, con 5.000. Pero varios gobiernos autonómicos han expresado “dudas” sobre cuáles son los costes de las empresas afectadas por la pandemia que se pueden financiar con este fondo. No era una cuestión que quedaba totalmente clarificada.PUBLICIDAD

Por ello, en aras de la comprensión, Economía emitió un documento para despejar las dudas. Se llama “Aclaraciones al Título I del Real Decreto-ley 5/2021” y ya está en poder de los gobiernos autonómicos. No es un documento público pero sirve, en efecto, para blindar y clarificar qué tipo de situaciones puedes ser susceptibles de estas ayudas.

De esta forma, según esa “aclaración, y en virud de lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal de Ayudas de Estado en relación con los costes fijos, las empresas que cumplan los requisitos para percibir estas ayudas, establecidos en el mencionado Real decreto-ley, pueden destinar las ayudas a compensar pérdidas contables originadas durante la pandemia. Por ejemplo, pueden solicitar ayudas para pagar un préstamo que tuvieran contraido.

El periodo que abarca el decreto es claro: entre el 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021. Si las empresas han tenido pérdidas contables en ese periodo pueden destinar las ayudas directas del fondo a cubrir los costes fijos generados durante ese año y tres meses, costes, eso sí, que no estén cubiertos por la contribución a los beneficios (es decir, los ingresos menos los costes variables) ni por otras fuentes como seguros, medidas temporales u otro tipo de ayudas.

Es decir, por resumir, las ayudas directas pueden destinarse por las comunidades autónomas al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros (la ayuda debe destinarse primero a pagar la deuda financiera y, dentro de ella, primero a la que tiene aval público) y, por último, a abonar pérdidas contables, excluidas las pérdidas por deterioro del valor puntuales, justificando la existencia de las mismas.

Mira también Las CCAA exigen sentarse con Montero para aclarar el lío de las ayudas directas

Cuatro meses después de la aprobación del decreto de ayudas directas la confusión entre comunidades autónomas y posibles beneficiarios de las mismas siguen las dudas. Las asociaciones de autónomos y pymes denuncian que no se han desmobolsado ni la mitad de esos 7.000 millones y que más de un 90% de los afectados por caídas de facturación quedan excluidos. Es una cifra que aporta la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

El Gobierno fijó que las ayudas directas a las empresarias serían de 3.000 y 200.000 euros y que, para recibirlas, las interesadas tendrían que acreditar una caída de sus ingresos de, cómo mínimo, un 30% de sus ingresos.

Reforma laboral: el Gobierno propone que el despido sea nulo cuando se extinga un contrato temporal sin causa justificada

Podíamos leer en elEconomista.es, haciéndose eco a su vez de la noticia publicada por Europa Press, que el despido será nulo (y dejará, por tanto, de ser considerado un despido improcedente, que es lo que ahora sucede) cuando el empresario extinga un contrato temporal sin causa justificada, según ha planteado el Gobierno en el borrador o propuesta presentada a los agentes sociales en el marco de las negociaciones de la reforma laboral. La consecuencia más importante de calificación de un despido como nulo es que conlleva la obligación de readmitir al trabajador de forma inmediata y, además, la obligación por parte del empleador de abonar los salarios atrasados. Además, se plantea que sólo cabrán los contratos temporales cuando existan picos en la demanda o vengan justificado por la necesidad de una sustitución.

El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales que el despido de los trabajadores con contrato de duración determinada sea considerado nulo, en lugar de improcedente, si dicho contrato no está debidamente justificado o no se ha realizado por escrito, y todo ello con independencia de la causa que alegue la empresa para extinguir la relación laboral.

Así figura en el borrador, con fecha 2 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa que aborda una parte de la reforma del mercado laboral, la referida a los contratos temporales, los convenios colectivos y la subcontratación.

La calificación de despido nulo de los contratados bajo una modalidad de duración determinada no justificada implicaría la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir.

Lo que hace el Ejecutivo en el borrador es proponer la adición de un nuevo apartado en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores en la parte relativa al despido nulo para el caso de los trabajadores que hayan suscrito un contrato de duración determinada no justificado.


FUENTE: elEconomista.es y Europa Press


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elEconomista: “El endurecimiento de requisitos por parte del Gobierno traba la prórroga de las ayudas a Autónomos”

El Gobierno se planea endurecer las ayudas para autónomos, las cuales vencen en breve y cuya prórroga se está negociando en estos momentos.

Los subsidios y ayudas puestas en marcha durante la pandemia destinados a trabajadores autónomos están a escasos días de vencer y las negociaciones entre Gobierno y representantes de los trabajadores para proceder a una prórroga de las mismas están encontrando serias dificultades debido a la férrea posición del Gobierno, que plantea un endurecimiento de condiciones para optar a las nuevas ayudas:  se deberán acreditar pérdidas de ingresos en los dos trimestres anteriores del 75% (hasta ahora bastaba acreditar el 50%) para acceder a la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo.

Lee el completo artículo de elEconomista, a continuación, respecto de las negociaciones para la prórroga de las ayudas a autónomos:


FUENTE: El Economista AUTOR: Gonzalo Velarde

  • Tendrán que acreditar una pérdida de ingresos de nuevo del 75%
  • Todas las asociaciones de autónomos rechazan la primera propuesta

El Gobierno y las asociaciones de autónomos avanzan en la negociación para ampliar el esquema de ayudas y bonificaciones vigente desde el inicio de la pandemia, y que al menos se extenderá hasta el próximo 31 de septiembre. Eso sí, siempre y cuando se solventen ciertos flecos de la negociación que están trabando el acuerdo, como el del endurecimiento de los requisitos para que los trabajadores por cuenta propia puedan compatibilizar el cobre de la prestación extraordinaria por cese de actividad con el desarrollo de su negocio, según una serie de condiciones.

En este sentido, según la propuesta de renovación de ayudas para autónomos del Gobierno a la que ha tenido acceso elEconomista, que recoge cuatro supuestos en los que los trabajadores del colectivo podrán acogerse a una bonificación de la cuota o a una prestación, para el supuesto de compatibilización del cese y la actividad, el Ejecutivo plantea que a partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos que a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia y no hubieran agotado los periodos de prestación previstos en el artículo 338.1 de la Ley General de la Seguridad Social (el cese de actividad ordinario), podrán continuar percibiéndola hasta el agotamiento del período pendiente de consumir o en su caso, hasta el 30 de septiembre de 2021, siempre que, durante el segundo y tercer trimestre de 2021 cumplan los requisitos que se indican en este precepto.

Es decir, según la propuesta del Ejecutivo en este punto, aquellos autónomos que vinieran cobrando la prestación compatible con la actividad, pero que ya hayan agotado el cese ordinario (que se ha descontado durante los meses de compatibilización) ya no podrían acceder a esta modalidad de ayuda. Y además, el acceso a la prestación exigirá acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 una reducción de los rendimientos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 75% de los habidos en el segundo semestre de 2019; así como no haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre de 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 6.650 euros. Mientras que en el periodo anterior se requería una disminución de más del 50% de los rendimientos de la actividad en el primer semestre de 2021 en relación al segundo semestre de 2019, además de no haber obtenido rendimiento netos superiores a 7.900 euros.

Por ello, los autónomos han exigido al Gobierno en la reunión mantenida este miércoles que se flexibilice por un lado el supuesto en el que el autónomo que agota el cese de actividad deja de poder compatibilizar la prestación con el desempeño de su actividad por un lado, al tiempo que se pide que este porcentaje de caída de ingresos repercutido sea similar tanto para el que accede de nuevas a la prestación (75%) y al que se le prorroga (50%), siendo la petición del colectivo en este caso la de alinear el volumen de caídas en ese 50% que venía operando hasta este momento.

Sobre esta reunión con el Gobierno y el posible acuerdo para la prórroga del esquema de ayudas, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, apunta que se han producido avances sustanciales con la propuesta del Gobierno para ampliar el cese extraordinario hasta el 31 de septiembre si bien reconoce que el endurecimiento de algunos requisitos para acceder a las mismo ha hecho establecer ciertas líneas rojas en la negociación. Con esta prestación, su cobro, consume días del periodo de protección pero no del periodo de carencia para acceder a una futura prestación.

“Cuando el autónomo ha generado esta prestación lo ha hecho porque tenía el periodo de carencia exigido en la normativa, periodo que ha consumido para generar ese prestación; ahora bien, una vez que ha sido beneficiario de la prestación compatible con el trabajo por cuenta propia, ha seguido cotizado por todos los conceptos, desde el primer día, independientemente de quien haya pagado la cuota, por lo que las cotizaciones correspondientes al periodo que el autónomo ha estado cobrando dicha prestación son computables para acumular un nuevo periodo de carencia a efectos de una futura prestación por cese de actividad ordinario o extraordinario, en su caso”, apunta Abad sobre la propuesta del Ejecutivo para este supuesto que afecta a miles de autónomos.

“Con esta prestación, su cobro, consume días del periodo de protección pero no del periodo de carencia para acceder a una futura prestación. Esto es lo que entendemos desde UPTA, ya que no se ha producido el cierre de la actividad (baja en Hacienda y en el RETA) y además, se ha seguido cotizando”, sentencia el líder de la entidad representante del colectivo sobre la reunión mantenida.

Elevar la prestación al 70%

Por otro lado, los autónomos han trasladado al Ejecutivo, representado por el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, la petición de que la cuantía de la prestación del 50% de la base mínima de cotización que corresponda por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus ascienda al menos hasta el 70% de la base mínima.

“Consideramos que tendría que ser el 70% de la base reguladora ya que tienen el negocio cerrado por causas ajenas a su voluntad pero tienen que seguir asumiendo costes (alquileres, préstamos, suministros….), como ya se trasladó para esta modalidad de prestación correspondiente al periodo anterior”, señala Abad, asegurando que si no se atiende a estas peticiones no apoyaran el esquema presentado por el Gobierno.

La propuesta del Gobierno

Sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos afectados por la suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de la aprobación de medidas para contener la pandemia, el documento dice que los autónomos deberán estar al menos 30 días naturales en alta antes de la fecha de la resolución que acuerde la suspensión de la actividad y en todo caso antes de la fecha de inicio de la misma cuando esta se hubiese decretado con anterioridad al 1 de junio de 2021 para acceder a esta prestación.

También deberán hallarse al corriente del pago de las cuotas. La cuantía será del 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada, pero puede incrementarse un 20% si el autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo proceden de su actividad suspendida.

El documento dice que a partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial Trabajadores por Cuenta Propia o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, que estuvieran de alta en estos regímenes y vinieran percibiendo el 31 de mayo alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional.

Así, se recoge una exención del 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de junio, del 75% de las que corresponden a julio, del 50% de las que corresponden a agosto y del 25% de las de septiembre. Para que sean aplicables estos beneficios en la cotización los trabajadores autónomos deberán mantener el alta en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social hasta el 30 de septiembre de 2021.

Según el borrador, la base de cotización a efectos de la determinación de la exención será la que resulte de aplicación en cada uno de los meses en los que se apliquen las exenciones. Además, la percepción de la prestación por cese de actividad en cualquiera de sus modalidades será incompatible con la exención en la cotización.

El texto también incluye la prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos de temporada. Para acceder a ella, se deberá acreditar que se ha estado dado de alta durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de seis meses de cada uno de los años 2018 y 2019, “siempre que ese marco temporal abarque un mínimo de dos meses entre los meses de junio y septiembre de estos años”.

No deberán haber estado en alta como trabajador por cuenta ajena en el régimen de Seguridad Social correspondiente más de 60 días durante el segundo y tercer trimestre del año 2021 y no deberán tener unos ingresos netos computables fiscalmente que superen los 6.650 euros durante el segundo y tercer trimestre del año este año.

La nuevas cuotas de autónomos tras la reforma: de 90 euros a 1.220 euros al mes según los ingresos

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización que le corresponda por la actividad desempeñada. La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de junio de 2021 y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 21 días naturales de junio. En caso contrario, los efectos quedan fijados al día primero del mes siguiente de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 30 de septiembre de 2021.

Por último, el texto dice que los autónomos que, a 31 de mayo de 2021, vinieran percibiendo la prestación extraordinaria de cese de actividad podrán continuar percibiéndola con los mismos requisitos y condiciones, durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida y hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida o hasta el 30 de septiembre de 2021 si esta última fecha es anterior.


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