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Aprobado el Real Decreto-ley que plasma el acuerdo entre Gobierno, sindicatos (CCOO y UGT) y organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) para la reforma estructural del mercado laboral

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley que recoge el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME para reformar estructuralmente el mercado laboral.

Puedes ver la nota de prensa del Ministerio de Trabajo aquí.

Los aspectos fundamentales del Real Decreto-ley, todavía no publicado en el BOE, son los siguientes:

Negociación Colectiva

La nueva norma recupera la ultraactividad indefinida, es decir, que las condiciones establecidas en un convenio colectivo seguirán en vigor aún después de que se termine su vigencia expresa.

Se deroga la prevalencia salarial del convenio de empresa, evitando convenios a la baja en materia salarial que rompan el suelo salarial de los convenios sectoriales y, por tanto, la devaluación salarial que posibilita el modelo hasta ahora vigente.

La contratación estable como norma

Desaparece el contrato por obra o servicio. Los contratos se presumen concertados por tiempo indefinido y se reducen, por tanto, las modalidades de contratación disponibles.

En el sector de la construcción los contratos ordinarios también serán los indefinidos. La empresa, una vez finalizada la obra, deberá ofrecer una propuesta de recolocación a la persona trabajadora, previo desarrollo, si es preciso, de un proceso de formación a cargo de la empresa. Si la persona trabajadora rechaza la oferta o motivos inherentes a la misma determinan la imposibilidad de recolocación, por no existir puesto adecuado, se produce la extinción del contrato, con una indemnización del siete por ciento calculada sobre los conceptos salariales establecidos en las tablas del convenio colectivo. Tanto la finalización de la obra como la extinción debe ser comunicada a la representación legal de las personas trabajadoras.

Solo existirá un contrato de duración determinada, que podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora.

Contratación de duración determinada

Para celebrar este contrato, será necesario que se especifiquen con precisión la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista.

• En el caso del contrato de duración determinada por circunstancias de la producción, estas se entienden como el aumento ocasional e imprevisible o aquellas oscilaciones que generan un desajuste temporal de empleo en la empresa. Este tipo de contrato no podrá durar más de seis meses, ampliables hasta otros seis meses más.

• Estos contratos de duración determinada por circunstancias de la producción también contemplan contratos para situaciones ocasionales, previsibles y de duración reducida y delimitada. Podrán utilizarse durante un total de 90 días, nunca de manera continuada, durante los cuales se permitirá la contratación para estas situaciones, debidamente identificadas en el contrato. En este tiempo, las empresas podrán realizar contratos temporales con causas que, aun siendo previsibles, tengan una duración reducida y limitada dentro de la contratación fija.

• También podrá celebrarse el contrato de duración determinada para sustituir a personas durante una suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo, para cubrir la jornada reducida por causa legal o convencional, así como para cubrir vacantes durante un proceso de selección. En este último supuesto la duración del contrato no podrá exceder de tres meses.

Contrato fijo discontinuo

Deberá concertarse para trabajos de naturaleza estacional o actividades productivas de temporada, así como aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.

Las personas trabajadoras sujetas a este tipo de contratos serán colectivo preferente para las acciones formativas. Los convenios sectoriales podrán establecer bolsas de empleo para favorecer su contratación y para mejorar su formación durante los periodos de inactividad.

Subcontratación

Un cambio fundamental es que siempre habrá un convenio colectivo sectorial aplicable, una cuestión decisiva ya que permite cubrir vacíos legales existentes hasta ahora.

El convenio sectorial aplicable puede ser el de la actividad desarrollada en la empresa principal u otro si así lo determina la negociación colectiva sectorial dentro de sus normas generales.

El convenio de empresa solo podrá aplicarse por la contratista si determina mejores condiciones salariales que el sectorial que resulte de aplicación

La nueva norma regula, por tanto, en base a la actividad propia de la empresa. En el caso de que realice actividades esenciales para el desarrollo de la empresa se aplicar a las personas trabajadoras el convenio sectorial de la actividad que desarrolla la contrata o subcontrata.

Contratos formativos

Se opera un cambio de modelo respecto al contrato formativo que tendrá dos modalidades: formación en alternancia y obtención de la práctica profesional

El contrato de formación en alternancia redefine los límites aplicativos, retributivos y temporales para responder a un nuevo objeto: adquirir la competencia profesional adecuada correspondiente a un determinado nivel de estudios (FP, universidad o catálogo de cualificaciones profesionales del Sistema Nacional de Empleo).

Podrán concertarse con personas de cualquier edad salvo en el caso del Catálogo de Cualificaciones Profesionales, con límite de hasta 30 años y tendrán una duración máxima de dos años.

Las jornadas serán no superiores al 65% el primer año y 85% el segundo año sin poder realizar horas extra, trabajo a turnos o jornadas nocturnas. La retribución se adaptará al convenio y no podrá bajar de 60% (el primer año y del 75% el segundo año). Nunca será menor al SMI proporcional a la jornada.

Un tutor o una tutora con la formación adecuada se encargará de monitorizar el plan formativo individual que se diseñe para cada persona y el correcto cumplimiento del objeto del contrato que deberá.

Se atienden, además, las necesidades específicas de las personas con discapacidad.

Los Contratos para la obtención de la práctica profesional podrán celebrarse hasta un máximo de tres (o cinco años en el caso de personas con discapacidad) después de obtenida la certificación. Tendrán entre seis meses y un año de duración.

La retribución será la propia del convenio para el puesto salvo previsión específica y también contarán, como en los formativos, con seguimiento tutorial.

La acción protectora de la Seguridad Social de las personas que suscriban un contrato formativo en cualquiera de las modalidades anteriores comprenderá las contingencias protegibles y prestaciones incluido el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

Rediseño de los desincentivos a los contratos de muy corta duración

Además, en el ámbito de la contratación se han rediseñado desincentivos para penalizar la excesiva rotación en los contratos de muy corta duración. En concreto, se introduce una penalización o malus de importe fijo por cada baja en un contrato temporal, de forma que se sustituye la penalización existente hasta ahora, lineal, por una que introduce un desincentivo mayor cuanto más cortos sean los contratos. Los contratos temporales inferiores a 30 días tendrán una cotización a la Seguridad Social adicional de 26 euros cuando se den de baja. Esto supone, además, una penalización creciente (cuantos más contratos cortos, mayor es el desincentivo: con un contrato corto de 10 días la penalización sería de 26 euros; si el mismo tiempo de trabajo se cubriera con dos contratos de cinco días, de 52 euros…).

Excepcionalmente, esta cotización no se aplicará a los regímenes especiales de trabajadores por cuenta ajena agrarios, de empleados de hogar, de la minería del carbón y tampoco a los contratos por sustitución.

Flexibilidad interna

Además, la reforma incluye la puesta en marcha de los nuevos mecanismos para favorecer la flexibilidad interna en las empresas, con el objetivo de fomentar la continuidad de las relaciones laborales estables, evitando el tránsito por el desempleo, lo que beneficia tanto a trabajadores como empresas. De esta forma, se revisa el modelo de ERTE ya existente y se crea el mecanismo RED.

• ERTE ETOP

Los cambios introducidos pretenden una mayor facilidad en su tramitación y flexibilidad en su aplicación, especialmente para las pymes. Así, el periodo de consultas se reduce a siete días para las empresas con menos de 50 trabajadores, previa constitución de la comisión representativa.

Se refuerza la información a la representación de las personas trabajadoras durante la aplicación de los ERTE. Se incorporan las prohibiciones de horas extra y externalizaciones de los actuales ERTE COVID.

• ERTE POR FUERZA MAYOR (impedimento y limitación)

A la fuerza mayor clásica se añade, como causa específica el impedimento o las limitaciones a la actividad normalizada determinadas por decisiones de la autoridad gubernativa.

Requerirán de un informe preceptivo de la Inspección de trabajo. La autoridad laboral deberá resolver en cinco días, con silencio positivo. La reducción de jornada será entre un 10 y un 70 por ciento. Durante el periodo de vigencia del ERTE la empresa podrá afectar y desafectar personas trabajadoras (como en los ERTE ETOP) previa información a la representación legal de las personas trabajadoras y comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social. Mantienen las garantías en el empleo de los actuales ERTE COVID.

Para ambas modalidades, se incorporan varios elementos novedosos, recogidos de la experiencia de la pandemia: la posibilidad de afectar o desafectar trabajadores en función de la actividad de la empresa, incrementando la flexibilidad de estos instrumentos; la posibilidad de obtener bonificaciones en las cotizaciones sociales y financiación si desarrollan actividades formativas para los trabajadores en ERTE; y las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de los ERTE ETOP serán del 20%, condicionadas a la realización de acciones formativas, y en el caso de los de Fuerza Mayor, del 90%. Estarán vinculadas al mantenimiento del empleo de los actuales ERTE COVID y las empresas verán aumentado el crédito disponible para la formación.

• MECANISMO RED DE FLEXIBILIDAD Y ESTABILIZACIÓN EN EL EMPLEO

Debe ser activado por el Consejo de Ministros, previa información a las organizaciones más representativas, a propuesta de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; que se encarga de abrir la puerta pero no de dirimir si las empresas, de manera individual, se pueden acoger. La autoridad laboral dará luz verde si la empresa ha desarrollado un periodo de consultas y si hay concurrencia de causas, por tanto, habrán de justificarse los motivos. 2 modalidades:

Cíclica: proporcionará a las empresas un marco estable ante una caída transitoria o cíclica de su demanda por causas macroeconómicas, para evitar despidos inmediatos al shock. Las empresas podrán suspender a parte de sus trabajadores durante un plazo máximo de un año en lugar de despedirles. Durante ese periodo de suspensión, se incentivará la formación de los trabajadores y se establecen exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social decrecientes en el tiempo.

Sectorial: las organizaciones sindicales y empresariales más representativas podrán solicitar la convocatoria de la Comisión Tripartita del Mecanismo RED. Irá, en este caso, acompañado de un plan de recualificación. Esta modalidad proporciona apoyo a la recualificación de trabajadores de empresas y sectores en transición que requieren cambios permanentes. En ese caso, para evitar el ajuste de empleo tradicional, la empresa puede activar este mecanismo durante un plazo máximo de un año (seis meses, con posibilidad de prorrogar seis meses más) y facilitar el paso de sus trabajadores a otra empresa mediante su recualificación. Para ello, además, la empresa de destino accederá a una bonificación del 50% durante seis meses.

Como novedades:

• Incorpora el Fondo RED: Adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social. Financiará las necesidades del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exoneraciones, Incluida la formación.

• Las empresas formularán solicitudes colectivas en la sede electrónica del SEPE.

• Las personas trabajadoras percibirán el 70% de la base reguladora durante TODO EL PERIODO (hasta un máximo del 225% del IPREM).

• En ambas modalidades, se podrán acceder a exoneraciones a la Seguridad Social. En concreto, en la modalidad cíclica, durante los primeros cuatro meses tendrán una exoneración del 60%, entre el quinto y el octavo mes, del 30% y del 20% a partir del noveno. En la modalidad sectorial, serán del 40%, condicionadas a la realización de actividades de formación.

Auditoría sobre los resultados

El Gobierno efectuará una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas previstas mediante el análisis de los datos de la contratación temporal e indefinida en enero del año 2025, procediendo a la publicación oficial, a estos efectos, de la tasa de temporalidad general y por sectores, una evaluación que deberá repetirse cada dos años.

ANEXO: TABLA EXONERACIONES ERTE

EXONERACIONES ERTE:

  • 20% ERTE ETOP
  • 90% ERTE Fuerza mayor temporal
  • 90% ERTE impedimento o limtación

MECANISMO RED CÍCLICO

  • 60% en los cuatro primeros meses de activación
  • 30% en el período inmediatamente posterior de cuatro meses
  • 20% en los siguientes cuatro meses

MECANISMO RED SECTORIAL 40%

Las exoneraciones del mecanismo RED están vinculadas a acciones formativas


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Las empresas no podrán superar el 15% de empleados con contratos temporales

Las nuevas propuestas del Ministerio de Trabajo en el marco de la negociación con los agentes sociales para la reforma del Estatuto de los Trabajadores (ET) incluyen, entre otrasdos novedades significativas:

  • la implantación de un límite máximo del 15% de contratos temporales en las empresas y la obligación de que cada año las que hayan excedido ese porcentaje presenten un plan para la creación de puestos indefinidos hasta rebajar el porcentaje por debajo del máximo permitido.
  • la obligación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) de contratar indefinidamente -negando la posibilidad de contratarlos temporalmente- a los trabajadores que éstas cedan a sus clientes.

Lee a continuación y al respecto un artículo de ElEconomista sobre las novedades en las propuestas del Gobierno para la reforma del ET:


Las empresas no podrán tener más de un 15% de su plantilla en temporal

Las ETT tendrán que hacer fijos a los trabajadores que cedan a sus clientes
FUENTE: ElEconomista AUTOR: Juan Ferrari

El Ministerio de Trabajo presentó el miércoles a los agentes sociales un nuevo documento de negociación para la modernización del Estatuto de los Trabajadores (ET), según comunicó la UGT. Entre las novedades propuestas respecto al anterior borrador -que data del 14 de julio- el Gobierno quiere limitar por ley que una empresa pueda tener más del 15% de su plantilla contratada de forma temporal. Además, según la información proporcionada por el sindicato, las ETT (Empresas de Trabajo Temporal) ya no podrán contratar de forma temporal a trabajadores para ser cedidos a sus clientes y deberán mantener una relación indefinida con los empleados que cedan.

En un comunicado tras la reunión que mantuvieron los representante de los sindicatos y las patronales con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, UGT adelantó que Trabajo ha introducido propuestas para los contratos formativos, los contratos temporales del nuevo artículo 15 ET, la incardinación del contrato fijo de obra de la construcción en la contratación indefinida, una nueva definición del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (similar al Erte), así como una nueva regulación de las ETT que permita encajar los trabajos de temporada con una mejor protección de las personas trabajadoras a través de la contratación indefinida en las propias empresas de trabajo temporal.

Respecto al 15% del límite de temporalidad, UGT señala que los contratos estructurales, -los ligados a razones productivas por el incremento ocasional e imprevisible de la actividad; los ligados a razones organizativas para sustituir a un trabajador de plantilla en baja y las dos modalidades formativas, el de prácticas y el contrato de formación dual- que serán legales tras la reforma laboral, no podrán superar tras la nueva propuesta del Gobierno un 15% de la totalidad de la plantilla, según el límite que establece el Ministerio de Trabajo.

Fuentes conocedoras del documento señalan que cada año las empresas que hayan excedido ese 15% deberán presentar a los sindicatos un plan que implique la creación de puestos indefinidos para reconducir el porcentaje de temporales por debajo del 15% de la plantilla.

En referencia a las Empresas de Trabajo Temporal, UGT señala que la propuesta “permite la celebración de los contratos de puesta a disposición para trabajos temporales siempre que la relación laboral de la persona cedida esté concertada por tiempo indefinido, ya sea a tiempo completo o tiempo parcial, modificando los artículos 6 y 10 de la ley de ETT”. Actualmente, estas empresas pueden optar por contratar de forma temporal a personal que va a ceder bajo la modalidad de obra y servicio o bien la propuesta del Gobierno de contratar fijos a las personas que luego cede de forma temporal a sus clientes. Dado que el contrato de obra y servicios se elimina, solo les queda la posibilidad de contratar de forma indefinida.

Entre las modificaciones de Trabajo se incluye una nueva redacción del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), similar al Erte. Ahora se permitirá usarlo para la recualificación de la plantilla y la se aclara que las causas ETOP justificarán el mecanismo.

UGT adelanta que Trabajo introducirá flexibilidad en la contratación temporal de la construcción. Así, según el sindicato en vez de derogar el contrato fijo de obra en la construcción, como pretendía, lo modificará. No obstante, pretende con la nueva redacción encajar este contrato específico del sector dentro de la contratación indefinida, tal como demanda UGT.


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Neus Lafuente sobre cláusulas bancarias abusivas y cómo reclamar, en Ràdio Calvià FM

Neus Lafuente, asesora jurídica en materia mercantil y contractual de Moya & Emery, en el consultorio jurídico de Ràdio Calvia Fm, sobre las últimas novedades en relación a las CLÁUSULAS BANCARIAS ABUSIVAS en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria y otros productos financieros, tratando los siguientes temas:

• ¿Qué es una cláusula abusiva en un contrato?
• ¿Cuáles son las consecuencias de insertarlas en un contrato?
• Algunos ejemplos de las que más pueden interesarte.
• La prescripción de los gastos de hipoteca y comisiones de hipoteca (IRPH)
• ¿Cuál es la tendencia actual de los tribunales?
• ¿Qué se puede recuperar de los gastos de hipoteca?
• ¿Qué se puede recuperar si tenías IRPH?
• ¿Cómo reclamar?


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La importancia de la aplicación a raíz de la pandemia de la cláusula “rebus sic stantibus” en los contratos, por Neus Lafuente

Lo que hasta ahora era una cláusula jurídica contractual prácticamente inutilizada y olvidada, la denominada rebus sic stantibus, se ha convertido en la esperanza de muchas familias y, especialmente, de empresarios con contratos de arrendamiento vigentes a quienes, debido a la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 y la consecuente paralización económica, les es imposible hacer frente a las rentas negociadas previamente al coronavirus.

Y, precisamente, esa es la clave de esta construcción doctrinal de una cláusula que se traduce literalmente del latín como “estando así las cosas” y que implica que las estipulaciones recogidas en los contratos tienen en cuenta las circunstancias que concurren en el momento de su firma o celebración, si bien, cualquier alteración sustancial de esas circunstancias iniciales puede dar lugar a la modificación de dichas estipulaciones contractuales iniciales.  

Sobre la base de esta cláusula, la jurisprudencia española permite –en los casos de imposibilidad sobrevenida de cumplir el contrato con motivo de la imprevisibilidad del cambio de las circunstancias– la modificación de los términos en que fue inicialmente pactado un contrato. Esta posibilidad de cambiar los términos pactados se fundamenta en que, en caso contrario, se podrían estar vulnerando los principios jurídicos de la equidad y la buena fe, de ahí que pueda derivar en una modificación de las obligaciones inicialmente asumidas por las partes, como puede ser el pago de la renta. La cláusula viene a ser una corrección y contraposición del principio jurídico histórico pacta sunt servanda, que establece que los pactos deben cumplirse en los términos convenidos.

Al ser fundamentalmente una construcción doctrinal y jurisprudencial, son en último término los Tribunales quienes están estableciendo los requisitos para aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, si bien no existen una lista tasada o estándares de aplicación. En todo caso, los principales criterios para su aplicación son:

  1. Que se produzca una alteración extraordinaria de las circunstancias en que se pactó el contrato la cual suponga un cambio radical de la base fáctica del contrato.
  2. Que exista una desproporción entre las prestaciones de ambas partes del contrato, es decir, que las bases del negocio jurídico-contractual se hayan alterado de tal forma que supongan una ruptura total de los términos de reciprocidad y equivalencia entre las prestaciones en los que el contrato se perfeccionó.
  3. La causa de desproporción debe ser calificada como imprevisible y ninguna de las dos partes podría haberla tenido en cuenta a la hora de perfeccionarse el contrato. Además, los efectos no pueden ser imputables a la parte perjudicada.
  4. No puede existir otro remedio o pacto para conseguir el reequilibrio. Y se debe acreditar que la nueva situación ha generado un desequilibrio en las obligaciones de ambas partes, como podría ser el caso de negocios que han tenido que permanecer cerrados al público por imperativo legal, pero que sin embargo se les ha mantenido la obligación de pago de la renta.

En base a la Sentencia del Tribunal Supremo 5/2019 de 9 de enero de 2019, la imprevisibilidad es la clave para determinar si procede o no la aplicación de esta cláusula, y difícilmente una pandemia mundial pueda ser mejor ejemplo de situación imprevisible e inevitable.

Rigiéndose por estos criterios, se han dictado las primeras resoluciones judiciales en las que se modifican sustancialmente las condiciones del contrato inicialmente pactado, como son:

  • La dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 81 de Madrid, con fecha del 25 de septiembre de 2020, en el que por Auto se acuerda la adopción de medidas cautelares con aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. En este caso, el arrendatario de un local, concretamente una discoteca, cuya apertura no se le permite desde la declaración del Estado de alarma, solicitó la suspensión del pago de la renta hasta la reapertura de la misma y esa petición fue denegada por el arrendador alegando la obligación del cumplimiento de los pactos. Sin embargo, el Magistrado entendió que la prohibición de apertura de los establecimientos debido al Estado de alarma no puede ser considerado como un incumplimiento del arrendatario. Por lo que resolvió que “mientras estén así las cosasse suspende el pago de la renta pactada teniendo que pagar únicamente los gastos comunes del local mientras no pueda retomar la actividad; además, también falló que una vez se le permita abrir únicamente deberá pagar la mitad de lo pactado hasta que se celebre el juicio.
  • Algo parecido ocurre con la resolución 1/2021, 8 de enero, del Juzgado de Primera Instancia 20 de Barcelona  en el que rebajan al arrendatario, dedicado a la hostelería, la renta en un 50%.
  • De igual forma, el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 14 e Palma de Mallorca, en el que se exenta al arrendatario, FERGUS HOTELES, de abonar la renta hasta que transcurra un año desde que presentó su demanda.

Todas las resoluciones judiciales citadas se fundamentan en el mismo argumento: la disminución drástica e involuntaria de los ingresos a consecuencia de las restricciones impuestas frente al COVID19. Es por ello que, teniendo en cuenta la situación actual, estas decisiones judiciales son probablemente las primeras de muchas otras resoluciones que discurrirán en el mismo sentido.

Neus Lafuente

Asesora jurídica en Moya & Emery


Artículo original publicado en Canal4diario


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Moya & Emery imparte formaciones periódicas al personal de la inmobiliaria First Mallorca

Hace escasos días Neus Lafuente, de Moya & Emery, finalizó una de las series de formaciones periódicas llevadas a cabo al personal de la inmobiliaria FIRST MALLORCA. En este caso, la formación estaba dirigida al departamento de AlquileresRentals. En dicha formación se llevó a cabo un análisis de la modificación de la Ley 29/1994 de 24 de noviembre, de Arrenadamientos Urbanos (LAU) realizada el 5 de marzo de 2019, y que entró en vigor el 6 de marzo de 2019. Una modificación que afecta a los plazos y prorrogas de los contratos de alquiler, al derecho a resolución del contrato (resolver contrato), el incremento de la renta por mejoras, los gastos de las partes y la fianza.

Concretamente se hizo referencia también a los siguientes aspectos:

• Modificación de los plazos y prorrogas de los contratos: Actualmente es de 5 años en personas físicas, 7 en personas jurídicas; prorrogable anualmente por 3 años más. Si no se estipula el tiempo en el contrato se entiende que es de 1 año, y el tiempo mínimo sin indemnización que está el inquilino tiene de 6 meses, a partir de ahí con una anticipación de 30 días puede desistir del mismo;
• Derechos y obligaciones de las dos partes del contrato de alquiler.
• De la renta, la fianza y el depósito: sus máximos legales y las diferencias entre estos conceptos;
• La repartición legalmente establecida de los gastos;
• Las cláusulas abusivas más comunes que puedes encontrar en un contrato de arrendamiento;
• Los requisitos mínimos y obligatorios que deben aparecer en un contrato de arrendamiento;
• De los desahucios exprés y de la suspensión de los desahucios hasta el 9 de mayo de 2021.
• La tributación de los contratos de alquiler.


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El Tribunal Supremo matiza y actualiza su doctrina y declara que los contratos de obra o servicios determinados de duración inusualmente larga se convierte en indefinidos

La jurisprudencia hasta el momento había vinculado la duración de los contratos de obra o servicio determinado a la contrata, algo que ha sido modificado por el TS.

Aquellas empresas que prestan sus servicios a terceros desarrollan su actividad esencial a través de la contratación con éstos, siendo ilógico pensar que el grueso de la actividad se basa en la obra o servicio determinado que se deba atender.

El TS entiende que una empresa no puede fundamentar su actividad en una plantilla sujeta a la indeterminación de las relaciones laborales, ya que hacerlo puede menoscabar algunas de las garantías del DUE.

El TS matiza y actualiza su doctrina y declara que los contratos de obra o servicios determinados de duración inusualmente larga se convierten en indefinidos

Cuando una relación laboral se mantiene ininterrumpidamente y sin alteración durante un largo lapso, la autonomía e identidad de la contrata justificativa de la contratación se desdibuja convirtiéndose en una actividad que, por su extensión temporal, necesariamente se incorpora en la esencia de la empresa.

Es decir, cuando la celebración de un contrato temporal vinculado a una contrata se extiende en el tiempo esa temporalidad y, por tanto, la finalización del contrato se torna remota.

CUESTIÓN POR TRATAR:

La validez de un contrato para obra o servicio determinado cuya temporalidad viene anudada a la de una encomienda de servicios (“contrata”) que discurre entre la empleadora y una empresa cliente.

15.12.1998 suscripción del contrato entre empleadora y cliente que se prorroga varias veces.

15.11.2013 deseo de una de las partes de extinguir el contrato al terminar el año.

Durante la vigencia de la relación laboral las partes suscribieron diversos contratos de prestación de servicios.

Ante estos hechos, lo que se pretende es determinar si cuando se produce la finalización de una contrata y sin solución de continuidad se prorroga o se produce una nueva adjudicación del servicio a la misma empresa que venía realizándolo, en las mismas o similares circunstancias y sin que se produzca cese alguno en la prestación del servicio, suponiendo la extinción de los contratos de obra o servicio determinado suscrito con los trabajadores de la empresa contratista o por el contrario los mismos permanecen vigentes hasta la finalización total del servicio adjudicado.

1. El contrato para obra o servicio determinados es el que se concierta para la realización de una obra o la prestación de un servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta.

Cuando el convenio colectivo que resulte de aplicación haya identificado los trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con esta modalidad contractual, se estará a lo establecido en el mismo a efectos de su utilización.

Consideraciones por tomar en consideración de esta modalidad contractual:

a) El contrato deberá especificar e identificar suficientemente, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto.

b) La duración del contrato será la del tiempo exigido para la realización de la obra o servicio.

Si el contrato fijara una duración o un término, éstos deberán considerarse de carácter orientativo en función de lo establecido en el párrafo anterior.

Requisitos que deben concurrir en los contratos de obra y servicios determinados para considerarse ajustados a Derecho:

a) Que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa;

b) Que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta;

c) Que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto;

d) Que, en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas.

Doctrina legitimando contratos para obra o servicio por la existencia de una “contrata” entre empresas:

Se admite la validez de la contratación para obra o servicio cuyo objeto sea la realización de actividad contratada con un tercero por tiempo determinado, extendiéndose su duración por el tiempo que abarca la contrata, aunque su celebración no esté expresamente prevista en el convenio colectivo.

Si bien es cierto que al formalizar un contrato de obra o servicio determinado siendo su objeto una actividad contratada no existe un trabajo dirigido a la ejecución de una obra entendida como elaboración de una cosa determinada dentro de un proceso con principio y fin, y tampoco existe un servicio determinado entendido como una prestación de hacer que concluye con su total realización, sí existe una necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa y objetivamente definida, conocido ese límite temporal por las partes y operando como un marco de referencia temporal finito.

No cabe argumentar que la realización de este tipo de trabajos constituye la actividad normal de la empresa, porque esa normalidad no altera el carácter temporal de la necesidad de trabajo.

Novaciones de la contrata y dinamismo de las relaciones laborales:

La sucesiva renovación de contratas comporta:

 a) La paralela terminación de los contratos para obra o servicio adscritos a ella.

 b) La novación de los contratos y conversión en indefinidos.

c) El mantenimiento de tales vínculos, pero sin mutar su naturaleza temporal.

Abuso de la temporalidad:

La doctrina viene manteniendo esta Sala desde 1997 constituye una excepción a la regla general conforme a la cual la autonomía y sustantividad que legitima la contratación temporal de personas para acometer una necesidad empresarial de mano de obra debe valorarse atendiendo a los trabajos realizados en sí mismos. No es casualidad que surja, precisamente, al hilo de encargos para realizar tareas en el sector de la construcción.

Eso debiera impedir que, al amparo de esa consolidada doctrina, se considere posible que aparezcan indefinidamente como temporales quienes están adscritos a una empresa que trabaja para otra principal a virtud de un negocio jurídico renovado de forma sucesiva

Que los límites legales para evitar esa perpetuación de temporalidad (el tope de tres años para los contratos de obra o servicio, la regla del artículo 15.5 sobre transformación de los contratos temporales válidos) resulten inaplicables, por razones cronológicas, al presente caso no significa que ahí concluya el examen de validez.

Porque al tiempo que legitima el recurso a contratos para obra o servicio por existir una “contrata” entre empresas, nuestra doctrina sigue recalcando que ello no exime de cumplir con los presupuestos generales de esta modalidad contractual.

Una cosa es la mera prórroga de la contrata y otra la sucesiva renegociación de sus términos, desde el temporal hasta el funcional. Ello, por tanto, con independencia de que la trabajadora siempre haya desempeñado las mismas funciones, porque lo que legitima su inicial (y válida temporalidad) no es la duración determinada de sus concretas tareas sino, como reiteradamente venimos exponiendo, la acotada duración de la colaboración entre las empresas.

En ese sentido, matizando y actualizando nuestra doctrina, hemos de advertir que la “autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa” pedida por el legislador para legitimar el recurso a esta modalidad contractual deja de concurrir cuando la contrata se nova y es sucedida por otra diversa. Lo contrario acaba desembocando en un abuso de derecho (art. 7.2 CC), que deslegitima lo inicialmente válido.

Sostener la tesis contraria tampoco parece acorde con uno de los predicados esenciales del contrato de trabajo: la prestación de servicios “por cuenta ajena” (art. 1.1 ET). La ilimitada sucesión de renovaciones de la contrata traslada el riesgo empresarial a quienes aportan su actividad asalariada y desdibuja los perfiles típicos de quienes vienen vinculados por ese tipo de contrato.

Un contrato válidamente celebrado como temporal por estar vinculado a la contrata mantiene esa naturaleza cuando, ante la prologada duración de la colaboración empresarial, la expectativa de finalización del mismo se torna excepcionalmente remota.

No puede bastar con alegar que la relación laboral, mantenida ininterrumpidamente y sin alteración alguna a lo largo de más de 14 años, estaba ligada a las vicisitudes de la contrata y, a la vez, pretender que es ésa una circunstancia de delimitación temporal del vínculo.


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Prohibición de desahuciar o reclamar las rentas del local arrendado como medidas cautelares justificadas por la pandemia del Covid-19

Si tienes un local alquilado como establecimiento para tu negocio y estás sufriendo los efectos del covid lee esta sentencia que te acerca Moya & Emery a sobre la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus“.

La pandemia generada por el covid ha deparado un cambio imprevisible y sustancial con respecto a las circunstancias en que se pactó o que fueron tenidas en cuenta por las partes que firmaron un contrato de arrendamiento. Ello ha deparado un aumento significativo de los costes para alguna o ambas partes del contrato que debe ser ponderado en cada caso concreto. En el caso de esta reciente sentencia de un Juzgado de primera instancia de Barakaldo (que puedes ver haciendo clic aquí) se responde a una demanda de quien tomó en alquiler (arrendatario) un local de negocio, quien solicitó la adopción de medidas de forma cautelar que impidieran al arrendador resolver el contrato, ejecutar las garantías prestadas, impedir el desahucio y reclamar el impago de rentas.

La resolución ha atendido la petición del demandante y fija, de manera cautelar, un periodo de carencia en el pago de la renta durante el Estado de Alarma (y para el caso de un nuevo rebrote) y fija una renta de alquiler con carácter provisional que va ligada porcentualmente a las ventas del arrendatario. Además, de igual forma, la sentencia reduce al 50% de la totalidad de los gastos y contribuciones relacionadas con el Centro Comercial donde se ubica el local alquilado.

Si eres arrendador o arrendatario de un local de negocio y precisas soluciones a tu caso concreto, infórmate con Moya & Emery.


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Nicolás Emery en Radio Calvià FM sobre la nueva instrucción del Govern Balear: empresas en ERTE y trabajadores fijos discontinuos

Nicolás Emery en Radio Calvià FM

Nicolás Emery, socio y gerente de Moya y Emery, con Jaime Mora Bosch en los micros de Radio Calvià FM para dar cuenta de la nueva norma, en forma de INSTRUCCIÓN, del Govern Balear en la que ordena cómo deben actuar las EMPRESAS EN ERTE con los trabajadores FIJOS DISCONTINUOS, cuyo incumplimiento puede salir muy caro en forma de pérdida de las exoneraciones a las que las empresas se hubieran acogido.

Como experto en ofrecer asesoría y consultoría a las empresas del sector turístico en Baleares, en el que mayor incidencia tiene esta medida por el gran número de trabajadores fijos discontinuos con que cuenta el sector hotelero y la restauración, Nicolás Emery ha dado su visión y propuesto las soluciones que considera más ventajosas para dichas empresas a lo largo de la entrevista.

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Opinión: Contratar a personas en riesgo de exclusión

Nuestro artículo de hoy dista un poco de lo que estamos acostumbrados a publicar. Normalmente publicamos artículos de hechos, sentencias y reglamentos, donde intentamos explicar como nos afecta en nuestra vida cotidiana y profesional. Hoy, hablaremos sobre la contratación, pero en esta ocasión hablaremos sobre la contratación de personas en riesgo de exclusión social.

Contrariamente a la realidad, la opinión generaliza de contratar a personas en riesgo de exclusión suele ser negativa. Se da por sentado que es un coste excesivo para la empresa porque los recursos que tiene que invertir en este tipo de personas parecen a simple vista mayores que contratar a alguien “normal y corriente”. Sin embargo, esta opinión suele ser errónea ya que los beneficios que pueden aportar suelen ser mayores que el “coste” que suponen.

El hecho de que las personas con dificultades al acceso laboral y en riesgo de exclusión social, puedan incorporarse al mercado laboral no solo tiene un impacto positivo en ellos mismos, si no en la familia, la propia empresa, el Estado e incluso la sociedad. ¿Por qué decimos esto? Incorporar en tu empresa personas que suelen tener problemas para acceder al mercado laboral no sólo nos ofrece beneficios a nivel de la Seguridad Social, si no también a nivel empresarial.

Favorecer este segmento de la población hace que este sector de personas activas, no se conviertan en un sector inactivo y suponga un coste extra para el Estado. Pero dejando a un lado lo económico, las ventajas a nivel personal de estas personas es altísimo. El poder obtener un trabajo y desarrollar actividades por sí mismo puede beneficiarles en el autoestima y provocar a su vez una ola de proactividad, favoreciendo el compañerismo y la motivación de los empleados, dando como resultado un aumento de la productividad empresarial.

Hoy nos proponemos hacer un articulo concienciador, animando a las empresas a apostar por la contratación de personas en riesgo de exclusión social y dificultad de entrar en el mercado laboral. Es algo que nos beneficia a todos.

Si estás interesado en este tipo de contratos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Somos expertos en temas laborales y podremos asesorarte de la mejor manera adecuándonos a tu empresa. Puedes pedirnos cita previa en el 971 72 80 10. También puedes venir a visitarnos en nuestras oficinas en Mallorca.
Conoce todos nuestros servicios en www.moyaemery.com

Guía de Contratos 2017

Para este 2017 el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ha publicado unas guías que tratan de un tema bastante a tener en cuenta: “Los contratos”. Estas guías tratan sobre Los Contratos de Trabajo y Las Bonificaciones y Reducciones a la contratación.

Analizaremos brevemente lo que podemos encontrar en cada una de ellas y también dejaremos unos enlaces con el texto completo para que puedas revisar toda la información que te sea necesaria.

GUÍA DE CONTRATOS: (click aquí)

En la Guía de Contratos encontraremos especificadas las modalidades de contratos, ya bien sean de tipo indefinido, de tipo temporal, contratos de formación o contratos de prácticas.

  • Contrato Indefinido: Es aquel contrato por el que se acuerda que no habrá límite de tiempo en la duración del contrato. Son a jornada completa, parcial o para los servicios de los “fijos discontinuos”. (modelo pdf)
  • Contrato Temporal: son aquellos contratos en los que la relación laboral entre empresario y trabajador tiene una caducidad, es decir, en el contrato se fijan la fecha de inicio y la de finalización del contrato. También en este caso pueden ser a jornada completa o parcial. (modelo pdf)
  • Contratos de Formación y aprendizaje: Estos contratos surgen con la iniciativa de favorecer la integración laboral a los jóvenes, en los que se combinan dos cosas de gran importancia: por un lado la actividad laboral del trabajador y por otro recibir una formación reglada. (modelo pdf)
    Sobre este tipo de contratos puedes encontrar más información en nuestro artículo “Contratos de formación y aprendizaje”.
  • Contrato en Prácticas: por último pero no menos importante encontramos los contratos en prácticas. Estos contratos permiten al trabajador, (sin límite de edad), obtener práctica profesional que se corresponderán con su nivel de formación. Estos tipos de contrato podrán hacerse a aquellos que tengan un título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, y también a títulos oficialmente reconocidos como equivalentes. (modelo pdf)

GUÍA DE BONIFICACIONES Y REDUCCIONES A LA CONTRATACIÓN LABORAL: (click aquí)

Por otro lado, el SEPE también publica una guía sobre las bonificaciones que se pueden aplicar a los contratos con la intención de favorecer que se incremente la contratación. Aquí encontraremos divididas las bonificaciones:

  • Bonificaciones de carácter general.
  • Bonificaciones para jóvenes.
  • Bonificaciones para ámbitos específicos.
  • Bonificaciones para el mantenimiento de empleo.
  • Bonificaciones al trabajador autónomo.

En Moya&Emery nos dedicamos al asesoramiento integral de empresas. Si estás pensando en aumentar la plantilla de tu empresa y quieres que te aconsejemos sobre qué tipo de contrato es el que mejor se adapta a tus necesidades o qué tipo de bonificaciones podrás aplicarte en caso de contratar, no dudes en pedirnos cita previa en el 971 72 80 10. También puedes venir a visitarnos a nuestras oficinas en Mallorca.
Conoce todos nuestros servicios en www.moyaemery.com