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Resumen del acuerdo definitivo de la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos del ayuntamiento de Calvià

El pasado 8 de diciembre se publicó en el BOIB el acuerdo definitivo de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial pública no tributaria para la prestación del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos del ayuntamiento de Calviá.

La entrada en vigor de dicha ordenanza será a partir del día 1 de enero de 2021 y afectará a todo el término municipal de Calviá, una vez tenga fuerza vinculante, quedarán derogadas la vigente ordenanza fiscal núm. 9 reguladora de la tasa por el servicio de recogida de residuos, y la núm. 45 reguladora de la tasa por el servicio de tratamiento y eliminación de residuos.

Estas son algunas de las cuestiones más importantes de la nueva ordenanza publicada por el ayuntamiento de Calviá:

El ayuntamiento de Calviá será competente para la recogida de los residuos municipales generados y depositados en el municipio en la forma que se establezca en esta Ordenanza y en las formas previstas en la legislación de residuos estatal y autonómica y en la legislación de régimen local.

Además, será competente para aprobar su propio programa de gestión de residuos y/o su programa de prevención de residuos, recoger los residuos comerciales no peligrosos en los términos que se establecen en esta Ordenanza y recoger los residuos domésticos generados en las industrias en las formas que se establecen en esta Ordenanza.

También será el Ayuntamiento de Calviá el que tendrá la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.

Según el artículo 5 de esta nueva ordenanza constituye el hecho de la prestación del servicio de recepción obligatoria, la recogida y transporte de las basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos, lugares de amarre en puertos deportivos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

También constituye supuesto de hecho de la prestación del servicio, de carácter voluntario y previa solicitud de los interesados, la recogida y transporte, de muebles, enseres y colchones no procedentes de viviendas particulares, restos de jardinería y poda, y animales muertos.

Con respecto a la prestación del servicio, una vez iniciada, el devengo se producirá el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural.

Esta ordenanza, además, trae aparejada una serie de excepciones y bonificaciones que grosso modo son:  tendrán una bonificación del 50 % del importe de la tarifa por la prestación patrimonial pública de carácter no tributario en la vivienda que constituya residencia habitual de la persona obligada, cuando las personas obligadas al pago por la prestación sean pensionistas o discapacitadas y los ingresos de la unidad familiar sean inferiores al Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI). La aplicación de la tarifa bonificada se efectuará a instancias de los interesados y tendrá carácter anual.

Finalmente, la liquidación y recaudación de la prestación patrimonial se llevará a cabo por la empresa municipal CALVIÀ 2000 SA, que además con una periodicidad mínima bienal procederá a la revisión de los costes de eliminación de los residuos, y la modificación de las tarifas contenidas en esta ordenanza, en todo caso, cuando estos costes sean inferiores a los contemplados en el estudio que sustente las tarifas vigentes.

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Resumen actualizado del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. Explicación por artículos y dudas planteadas.

Artículo 1:

ERTES FUERZA MAYOR.

Los ERTES suspensivos y por reducción de jornada por Fuerza Mayor autorizados hasta la fecha se prorrogan automáticamente hasta el próximo 31 de enero de 2021.

  • Dudas: ¿Habrá exoneraciones a la Seguridad Social para esta prórroga? Si es así, ¿Cuáles son los % de exoneración? ¿Se prorrogan los % de exoneración previstos hasta 30 de septiembre? ¿Es el mismo % para trabajadores recuperados y para los afectados por reducciones de jornada?

Artículo 2:

ERTES POR REBROTE.

Concepto ERTE por Rebrote y empresas que se pueden ver beneficiadas por el mismo:

  • Empresas o entidades que independientemente del sector o actividad vean impedido el desarrollo de su actividad como consecuencia de las nuevas restricciones o medidas de contención sanitarias adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020 por autoridades españolas o extranjeras y tengan previamente autorizado un ERTE.
  • Empresas o entidades que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de las decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, previa autorización de un expediente de regulación temporal de Fuerza Mayor por limitaciones (este inciso da pie a pensar que es un nuevo tipo de ERTE no un complemento del anterior, ya que, en caso contrario, entendemos que debería poner previa autorización de un ERTE por FM en base al artículo 22 del RD 8/2020.

Se accederá a estas exoneraciones a instancia del empresario y previa comunicación por su parte a los organismos competentes de los trabajadores afectados y los periodos de suspensión y reducción de jornada afectados. Todo ello, mediante declaración responsable.

La renuncia expresa al ERTE determina el fin de las exoneraciones desde la fecha de efectos de la renuncia, debiéndose comunicar a la TGSS y a la Autoridad Laboral.

Estas exoneraciones no afectarán a la cotización de los trabajadores, es decir, ni los que se vean afectados por suspensiones ni por reducciones de jornada verán mermadas sus cotizaciones, sino que seguirán cotizando al 100% de su jornada habitual previa al ERTE. Ejemplo: Trabajador reducido a un 50% de su jornada, su cotización es del 100% es decir, como si hiciera una jornada del 100%.

Artículo 3:

ERTE POR CAUSAS ETOP.

Estos ERTEs se tramitarán manteniendo las particularidades del artículo 23 del RD 8/2020. Ejemplo: el periodo de consultas no se puede extender más allá de los 7 días.

Estos ERTEs pueden iniciarse:

  • Mientras está vigente el de FM: en este caso, si el ERTE ETOP es finalmente autorizado, su fecha de efectos se retrotrae a la fecha de solicitud.
  • Después de finalizar el ERTE de FM: la fecha del ERTE ETOP se retrotrae a la fecha de fin del ERTE de FM.

ERTEs ETOP tramitados antes de la entrada en vigor de este RD 30/2020:

  • Mantienen su vigencia hasta la fecha prevista de fin de los mismos con posibilidad de prorrogarse en caso de que la fecha de fin cayera durante la vigencia del RD 30/2020, siempre que se consiga acuerdo en periodo de consultas.
  • La prórroga se tramitará ante la Autoridad Laboral receptora de la comunicación final del ERTE ETOP inicial.
  • Duda: ¿Cuál será el % de exoneración de estos ERTES?

Artículo 5:

SALVAGUARDA DE EMPLEO.

Se mantiene la garantía de empleo de los 6 meses para los trabajadores afectados por el ERTE.

Cabe recordar que el acceso a las bonificaciones y el no retorno de las ya aplicadas depende de cumplir con este mantenimiento de empleo, ya que en caso de incumplimiento pese a ser un solo trabajador, implica el retorno completo (todos los meses y todos los trabajadores) del importe exonerado.

Las empresas que se beneficien de las exoneraciones anteriormente referenciadas quedan sujetas a un nuevo periodo de mantenimiento de empleo de 6 meses.

Si la empresa afectada por un compromiso de mantenimiento de empleo previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo de 6 meses se producirá cuando aquél haya terminado.

Artículo 6:

PROHIBICIÓN DE DESPEDIR EN BASE A CAUSAS ETOP O FUERZA MAYOR DERIVADAS DEL COVID-19 (al declararse improcedentes e implicar, si es una persona afectada por ERTE, el retorno de las exoneraciones al no cumplirse con el mantenimiento de empleo de 6 meses).

EXTENSIÓN DE LOS CONTRATOS EVENTUALES QUE VENCEN DENTRO DEL PERIODO AFECTADO POR EL ERTE POR EL TIEMPO QUE EL CONTRATO HAYA RESTADO SUSPENDIDO ENTRE EL INICIO DE LA AFECTACIÓN AL ERTE Y LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL MISMO.

Artículo 7:

PROHIBICIÓN DE LA REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS, EXTERNALIZACIONES Y NUEVAS CONTRACTACIONES, se EXCEPTUAN personas afectadas que no puedan por formación, capacitación o razones objetivas justificadas desarrollar las funciones encomendadas. También en el caso de que la empresa no tenga ninguna persona contratada o con la categoría para la función concreta a desarrollar

No cumplir con lo dispuesto implica cometer una infracción sujeta a Inspección de Trabajo.

Artículo 8:

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO.

Se extienden al igual que los ERTEs hasta el 31.01.2021 las prestaciones por desempleo.

IMPORTANTE: las empresas afectas por las prórrogas y las que apliquen un ERTE por causas ETOP a fecha de entrada en vigor de esta norma, deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del 20.10.2020.

Las empresas que desafecten a todos o algunos de los trabajadores del ERTE, lo deben comunicar con CARÁCTER PREVIO a su efectividad a la entidad gestora. Igualmente la renuncia total y definitiva del ERTE requiere su previa comunicación.

IMPORTANTE: se mantiene el importe a percibir, sin perjuicio de los topes en función de la situación familiar concreta, del 70% de la base reguladora de los 6 meses previos al ERTE inicial, todo ello hasta 31 de enero de 2021.

Casos de regularización de las prestaciones por desempleo cuando en un mes natural se alternen periodos de actividad e inactividad, así como reducciones de jornada, la empresa deberá comunicar la información sobre los días trabajados en el mes anterior (periodos de actividad).

En el caso de las reducciones de jornada se convertirán en días equivalentes de actividad, (2 días a jornada del 50%, son 1 día a jornada completa). Todo ello con carácter previo a la aplicación de la reducción de jornada.

Nº horas trabajadas efectivamente/nº de horas de una jornada habitual sin reducción de jornada.

PROTECCIÓN AL CONSUMO DEL DESEMPLEO.

Con el fin de proteger a las personas afectadas por la crisis socio sanitaria y ERTES, NO se computarán en ningún momento como consumidas de cara al desempleo durante el ERTE antes del 01.01.2022 que accedan a un nuevo derecho a percibirlo y sea como consecuencia de el fin de un contrato temporal, despido individual o colectivo por causas ETOP o despidos declarados improcedentes.

Artículo 9:

PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS DE LOS FIJOS DISCONTINUOS.

Los beneficiarios serán los FIJOS DISCONTINUOS afectados durante todo o parte del periodo de actividad por un ERTE cuando dejen de estar afectados por el ERTE por fin temporada.

Asimismo, los fijos discontinuos que hayan sido beneficiarias de cualquiera de las medidas siempre que las hayan agotado, continúen desempleadas y sin derecho a percibir las prestaciones por desempleo o las agoten antes del 31.01.2021.

Se exige que la empresa presente la solicitud de prestaciones extraordinarias incluyendo a todos los fijos discontinuos que dejen de estar afectados por el ERTE.

 El plazo de presentación es de 15 días siguientes al fin temporada o para las situaciones previas a este RD, 15 días desde la entrada en vigor del mismo.

La prestación se prevé hasta el 31.01.2021 y podrá interrumpirse por reincorporación total en cuyo caso la empresa debe comunicar la baja de dicha prestación

Será el trabajador quien deberá comunicar dicha baja cuando inicie una actividad como autónomo o por cuenta ajena en una empresa diferente en la que está contratado como Fijo Discontinuo.

Dicha prestación se puede reanudar cuando el trabajador acredite el cese involuntario como autónomo o se encuentre de nuevo en desempleo, eso siempre previo al 31.01.2021.

Dicha prestación es compatible con el trabajo a tiempo parcial por cuenta ajena que se tenga al nacer el derecho a recibir dicha prestación o aquel iniciado a posteriori, previa deducción en su importe por la parte proporcional del tiempo trabajado.

EMPRESAS PERTENENCIENTES A SECTORES CON ELEVADA TASA DE COBERTURA POR ERTE Y REDUCIDA TASA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVIDAD:

CONCEPTO: Las empresas con ERTE por FM prorrogados hasta el 31.01.2021 y que se incluyan en la lista expuesta en el Anexo I del RD 30/2020.

También aquellas empresas cuyo negocio dependa indirectamente y en su mayoría de las empresas referidas en este Anexo o que formen parte de la cadena de valor de éstas.

Se entiende por ser integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente aquellas cuya facturación durante el año 2019 se haya generado, al menos un 50% en operaciones hechas de forma directa con las incluidas en el Anexo I, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada por empresas incluidas en dichos códigos CNAES del Anexo I.


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TRABAJO A DISTANCIA. RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL REAL DECRETO-LEY 28/2020, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE TRABAJO A DISTANCIA

Ya se ha publicado el RDL 28/2020, de 22 de septiembre, que regula el trabajo a distancia, conocido hasta ahora como TELETRABAJO. A continuación, os pasamos un resumen de los aspectos más importantes de los aspectos que recoge el RDL. La nueva regulación entra en vigor a los 20 días de su publicación y NO tendrá efecto sobre trabajo a distancia implantado excepcionalmente como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria.

Las modalidades de trabajo que especifica la ley:

  • «Trabajo a distancia»: forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.
  • «Teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
  • «Trabajo presencial»: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

Ley de teletrabajo: ámbito de aplicación

Se entenderá que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.

Se limita su aplicación a los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, solo cabrá un acuerdo de trabajo a distancia que garantice, como mínimo, un porcentaje del cincuenta por ciento de prestación de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático, en su caso, de la formación teórica vinculada a estos últimos.

Y tendrá la misma igualdad de trato, de oportunidades y no discriminación, que la persona trabajadora que preste los servicios en el centro de trabajo.

Es necesario un acuerdo del trabajo a distancia

El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma del acuerdo, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior.

La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia, no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

La decisión de trabajar a distancia desde una modalidad de trabajo presencial será reversible para la empresa y la persona trabajadora.

Obligaciones formales del acuerdo

El acuerdo debe realizarse por escrito. Podrá estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior, pero en todo caso deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia.

La empresa deberá entregar a la representación legal de las personas trabajadoras una copia de todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen y de sus actualizaciones, y posteriormente, dicha copia se enviará a la oficina de empleo ( Sepe), si no hubiera representación también debe de enviarse la copia básica al SEPE.

Contenido mínimo del acuerdo

  1. Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos.
  2. Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma.
  3. Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad.
  4. Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso.
  5. Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.
  6. Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia.
  7. Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso.
  8. Medios de control empresarial de la actividad.
  9. Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.
  10. Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
  11. Instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación legal de las personas trabajadoras, sobre seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia.
  12. Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

La modificación de las condiciones, incluido el porcentaje de presencialidad, deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose por escrito con carácter previo a su aplicación.

Derechos de las personas trabajadoras a distancia

Deberán garantizarse los mismos derechos que a los trabajadores presenciales en materia de formación, promoción profesional, registro horario y evaluación de riesgos con las especialidades propias de este trabajo.

Destacando particularmente la consideración a los siguientes derechos:

  • Derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario incorporado en el acuerdo referido en el artículo. Asimismo, se garantizará la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, especialmente en el caso de teletrabajo.
  • Derecho al abono y compensación de gastos. El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.
  • Derecho al horario flexible
  • Derecho a la intimidad y a la protección de datos, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados.

No se podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia.

Se deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos legal y constitucionalmente. En su elaboración deberá participar la representación legal de las personas trabajadoras. Los convenios o acuerdos colectivos podrán especificar los términos dentro de los cuales las personas trabajadoras pueden hacer uso por motivos personales de los equipos informáticos puestos a su disposición por parte de la empresa para el desarrollo del trabajo a distancia, teniendo en cuenta los usos sociales de dichos medios y las particularidades del trabajo a distancia.

Derecho a la desconexión digital. Las personas que trabajan a distancia, particularmente en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o convencional aplicables.

La empresa, elaborará una política interna dirigida a personas trabajadoras, incluidas los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga.

Facultades de organización, dirección, control empresarial en el trabajo a distancia y protección de datos.

  1. Las personas trabajadoras, en el desarrollo del trabajo a distancia, deberán cumplir las instrucciones que haya establecido la empresa en el marco de la legislación sobre protección de datos.
  • Las personas trabajadoras deberán cumplir las instrucciones sobre seguridad de la información específicamente fijadas por la empresa, previa información a su representación legal, en el ámbito del trabajo a distancia. Condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos o útiles informáticos.
  • Las personas trabajadoras deberán cumplir las condiciones e instrucciones de uso y conservación establecidas en la empresa en relación con los equipos o útiles informáticos, dentro de los términos que, en su caso, se establezcan en la negociación colectiva.

Facultades de control empresarial.

La empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad.

Situaciones de trabajo a distancia existentes a la entrada en vigor del real decreto-ley.

El real decreto-ley será íntegramente aplicable a las relaciones de trabajo vigentes y que estuvieran reguladas, con anterioridad a su publicación, por convenios o acuerdos colectivos sobre condiciones de prestación de servicios a distancia, desde el momento en el que estos pierdan su vigencia.

En caso de que los convenios o acuerdos referidos en el apartado anterior no prevean un plazo de duración, esta norma resultará de aplicación íntegramente una vez transcurrido un año desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que las partes firmantes de estos acuerden expresamente un plazo superior, que como máximo podrá ser de tres años.

En ningún caso la aplicación de este real decreto-ley podrá tener como consecuencia la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas que prestasen con carácter previo sus servicios a distancia.

Trabajo a distancia como medida de contención sanitaria derivada de la COVID-19.

Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria.

En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario.

En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados.

El presente real decreto-ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

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