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Ampliación de las ayudas para autónomos

AMPLIACIÓN DE LAS AYUDAS PARA LOS AUTÓNOMOS

Ayer quedábamos a la espera de la publicación de la nueva norma que extendiera los efectos de los ERTES por Fuerza Mayor hasta el próximo 30 de septiembre, medida acordada entre Gobierno y agentes sociales, pero de igual forma se esperaba la ampliación por parte del Gobierno de las ayudas para los autónomos que se hayan visto afectados por la crisis socio sanitaria del COVID-19. Pues bien, efectivamente hoy ha sido publicado en el BOE el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad en el sector industrial que recoge la extensión de los ERTEs y que fija prestaciones para los autónomos.

¿Y EN QUÉ CONSISTEN ESTAS AYUDAS?

Los autónomos cuyas actividades no puedan ser reiniciadas o tengan dificultades para hacerlo podrán disponer de una nueva ayuda similar a la prestación extraordinaria.

Para solicitar esta prestación por cese de actividad (art. 9 del RD-L), los potenciales beneficiarios tendrán que acreditar una reducción de la facturación del 75% del tercer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo de un año antes entre otros requisitos que se irán haciendo públicos. Entre esos requisitos consta el de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y que los rendimientos netos de la actividad que no superen 1,75 veces el salario mínimo interprofesional, esto es 1.939,58 euros al mes, o lo que es igual, no superar en el último trimestre de 2020 unos rendimientos netos de 5.818,75 €.

Para acceder a esta ayuda no será necesario esperar al final del trimestre, sino que podrá solicitarse en cualquier momento siempre que el autónomo estime que cumple con los requisitos exigidos y pueda probarlo de forma documental al finalizar el trimestre.

A esa prestación se le ha de unir, la continuidad de poder acceder a las exoneraciones en el pago de la cuota a la Seguridad Social (artículo. 8 del RD-L). De dichas exoneraciones se podrán beneficiar tanto los autónomos que no hayan podido reiniciar su actividad como aquellos que recuperen en parte o totalmente su actividad en el próximo semestre.

Sin embargo, debemos matizar que las exoneraciones de las cuotas hasta la fecha (30 de junio) eran del 100%, algo que se va a mantener durante el mes de julio, pero se reducirá en agosto al 50% y al 25% en septiembre.

Importante: la exención en el pago de cuotas será incompatible con la percepción de la prestación ordinaria por cese de actividad, con lo cual, quien se beneficie de la prestación ordinaria deberá pagar las cuotas a la Seguridad Social.

AMPLIACIÓN DEL COLECTIVO DE BENEFICIARIOS: LOS TRABAJADORES DE TEMPORADA

Se ha recordar que uno de los requisitos para poder acceder a la prestación extraordinaria era estar dado de alta en la Seguridad Social, algo que en el caso de los autónomos de temporada no se daba y que no les ha permitido acceder a dicha prestación. Pues bien, con el nuevo paquete de medidas, se incluye a los autónomos de temporada, es decir, aquellos con una actividad estacional o cíclica que concentran la gran parte de su actividad durante los meses de verano (autónomos vinculados al turismo, hostelería). El artículo 10 del nuevo Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, que amplia las prestaciones a autónomos recoge los requisitos para acceder a dicha ayuda extraordinaria, entre ellos el fundamental de haber estado de alta o cotizado en el RETA o RETM como trabajador por cuenta propia durante al menos 5 meses en el período comprendido entre marzo y octubre de los años 2018 y 2019.

Moya & Emery – información de contacto

Criterios para la inspección de los ERTEs tramitados

Desde Moya & Emery hemos venido advirtiendo de que los inspectores de trabajo han dado inicio a su labor inspectora con respecto a los ERTEs aprobados para comprobar que se ajustan a derecho y, por ello, que las exoneraciones o bonificaciones que conllevan han sido correctamente aplicadas por las empresas o, por contra, deberán ser devueltas.

De cara a clarificar y unificar criterios de actuación, el Área de Coordinación del Ministerio de Trabajo ha elaborado una NOTA INFORMATIVA que fija pautas de actuación a la Dirección Especial y a las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social en los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) tramitados como consecuencia del impacto económico y social causado por el COVID-19, como documento complementario del previamente elaborado por la Dirección General de Trabajo y dirigido a las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas.

En palabras de la propia nota, el objeto del documento “es procurar que las actuaciones de la Dirección Especial y de las Inspecciones Provinciales en los ERTE derivados del COVID-19 sean homogéneas en todo el territorio nacional. Esa homogeneidad implica que las argumentaciones mantenidas en los informes de la ITSS han de ser coherentes, sin perjuicio de que la valoración de las circunstancias de cada caso ha de corresponder a cada funcionario actuante, que conserva su autonomía técnica y funcional a todos los efectos.”

Los aspectos generales más importantes que deben valorarse por la inspección quedan resumidos en los siguientes:

  • Se considera necesaria la motivación, la justificación y la acreditación de las circunstancias invocadas por la empresa, tanto más cuanto la apreciación de la fuerza mayor dependa de conceptos jurídicos indeterminados (“falta de suministros que impidan gravemente…”, restricciones en el transporte público y… de la movilidad de las personas “que queden debidamente acreditados”, etc.)
  • Se entiende preciso valorar la proporcionalidad de la medida y el equilibrio en el reparto de cargas. No puede olvidarse que el ERTE por fuerza mayor persigue liberar al empresario de la carga de abonar el salario, cuando la prestación laboral deviene imposible como consecuencia de un hecho externo al círculo de la empresa, imprevisible o, en todo caso, inevitable.

    Por tanto, cuando el empresario no tiene una merma de ingresos como consecuencia del hecho externo, no procede la apreciación de fuerza mayor, pues ello provocaría un enriquecimiento injusto del empresario y un perjuicio, tanto para el trabajador, como para el erario público.
  • Debe tenerse siempre en consideración, a efectos de la existencia de una imposibilidad de mantenimiento del trabajo, la previsión del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, según el cual, “se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a
    distancia, debiendo para ello la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario es proporcionado
    ”.
  • Resulta necesario que la actuación no sólo se centre en la apreciación de la fuerza mayor, sino en la constatación de que no existe fraude, bien porque no se haya producido un cese real de la actividad, bien porque se incluyen trabajadores que no deberían estarlo, o bien por cualquier otra causa.

Puedes ver la nota informativa completa en este enlace.